Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
La Procuración General de la Nación designó hoy a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.
En una resolución firmada hoy, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo.
La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación.
El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo “un trato humano” para con ella.
En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Télam, la madre de Facundo dijo que el fiscal Ulpiano Martínez “estaba filtrando información” y que “toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales ‘La Brújula’ y ‘La Nueva'”.
“Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía”, dijo Cristina Castro, quien agregó que “el fiscal es el mejor abogado de los policías” supuestamente involucrados en la causa.
En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que “en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin”, precisamente cuyo jefe fue designado hoy para trabajar en el marco de la investigación.
La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.
En su pedido, los abogados plantearon el apartamiento del fiscal al considerar que la “lentitud”, la “incapacidad” y “la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía” ya “bordea la actitud dolosa”.
Sin embargo, la jueza Marrón lo rechazó por “improcedente” ya que entendió que, “al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos”.
Fuente: Télam.
Antes de la aprobación del pliego de licitación de los carritos del Parque de Mayo por parte del Concejo Deliberante, el edil del Frente de Todos, Gustavo Mandará, comentó las gestiones para la recuperación de los locales gastronómicos y la tarea de reforestación del sector.
“Partimos de la premisa que hay que abordarlo de manera integral. Hay que valorar que se está trabajando, que el tema está en manos de personas que tienen criterio”, dijo a FM De la Calle.
Agregó que “el parque tal y como lo conocemos ha dejado de existir y es irrecuperable, hay que meter mano seria. Me refiero al arbolado. Hace un tiempo recorrimos con Pablo Bianco (Director de Espacios Públicos), con Norman Dicek (División Educación Ecológica Urbana) y vimos que lo que falla en el parque es el suelo”.
“El suelo está agotado, no da más. Hay que empezar por recuperarlo. A partir de allí todo lo que hay arriba tiene escasas o nulas posibilidades de desarrollarse. Desde el punto de vista forestal hay que pensarlo de nuevo. Los resultados se van a ver en 15 o 20 años tal vez”.
En relación a los espacios gastronómicos destacó que el Municipio “se ha manejado mal. Una manera de manejarlo es con transparencia y una de esas maneras es llamar a licitación. Hubo situaciones de maltrato innegables por parte del Municipio. Hay cosas que podrían haber sido más humanas. Muchos carritos son irrecuperables, hay que hacer una licitación transparente donde todos puedan participar”.
Por último, comentó que la intención es que el local de La Isla quede en manos del Ejecutivo y que las concesiones se realicen por diez años.
Mediante un DNU el gobierno nacional estableció esta semana que “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.
“Declara que son servicios prestados por empresas privadas. Lo que se califica de público es el servicio no la empresa, a diferencia de otros servicios que eran monopolio estatal y en la privatización de los noventas se generaron dos oligopolios y fueron marcando tendencia en cómo iba las comunicaciones”, dijo a FM De la Calle, el presidente de Internauta (Asociación Argentina de Usuarios de Internet) Sergio Salinas Porto.
Insistió en que “este decreto los ponen bien en su lugar, porque el servicio es público en sí mismo pero quien lo presta no lo es. Han intentado confundir a la gente, el grupo Clarín y Movistar”.
A partir de ahora las empresas “van a tener que presentarse ante el ENACOM y demostrar que el aumento que quieren tiene que ver con incrementos en los costos. Cuando amagás con irte del cable, los tipos te bajan hasta el 70%. Eso significa que hay un 70 que es choreo y un 30 que es el valor real. Esto tiene que ver con las privatizaciones. Se factura un 400% más de lo que vale”.
Respecto de la calidad del servicio, Salinas Porto agregó que “en la velocidad de Internet estamos muy por debajo de la media mundial. Cuando vemos los costos del paquete comunicación, te das cuenta que hay mala prestación con un excesivo costo en el servicio y la calidad es mala”.
“Tenemos todos los servicios puestos en el centro de nuestras ciudades, donde están los edificios altos. Te vas alejando a un barrio que tiene casas bajas, con terrenos baldíos y te empezás a dar cuenta que la empresa no prestó la telefonía fija en su momento y, por lo tanto, el proceso de internet Dial Up no llegó, tampoco la vía ancha, porque dependía del cobre por el cual venía el teléfono fijo, menos ahora el entramado de fibra óptica. Tenés ciudadanos de primera y de segunda en términos digitales: aquel que accedió y aquel que quedó varado. Lo que seguramente tenga es un celular con datos carísimos, cuando los costos que pagan (las empresas) son bajos”, comentó Salinas Porto.
El dirigente aclaró que “el decreto no habla de infraestructura”. Hace hincapié en el tema tarifario. La medida “habla de una conectividad que podríamos asimilarla como tarifa social, pero eso no alcanza cuando no hay infraestructura suficiente. Lo bueno de esto es que se instala un tema que tiene que ser parte de una agenda pública y ciudadana”, finalizó.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la concesión de los cinco carritos del Parque de Mayo para su explotación gastronómica, a cambio de un canon mensual a entidades de beneficencia determinadas por el Municipio.
Entre el 9 de noviembre y el 18 de diciembre se recibirán las ofertas y se conocerán las propuestas. El pago mensual será de 40 mil pesos y lo recibirán durante los primeros tres años del contrato el Hogar del Anciano -presidido por la senadora provincial de JxC Nidia Moirano-, Ayuda Le, Cottolengo, Don Orione y El Nido. Luego se seleccionaran otras cinco entidades por el mismo período y, por último, otras cinco por cuatro años.
Se trata de los carritos conocidos actualmente como Resto Bar y Café Parque -ubicados dentro del playón de estacionamiento cercana la pista de ciclismo-, Tijuana y Negro el 11 -a la vera del arroyo Napostá- y el restobar La Revancha, el único que continúa abierto frente al monumento de “La Loba”.
El pliego habilita la refacción o la demolición de las construcciones existentes y la posterior construcción de nuevas unidades.
Al momento de analizar las propuestas se reconocerá la puesta en valor en relación al espacio público circundante y la utilización “en su cadena de elaboración o en la venta de productos finales a los consumidores, productos de la zona de Bahía Blanca y alrededores”.
El servicio deberá prestarse durante toda la semana, durante todo el año y con un horario mínimo desde las 8 hasta las 24. Los precios deberán responder a valores de mercado, “no pudiendo abusarse de la posición dominante de la que gozan” y estará prohibido cobrar estacionamiento en sus adyacencias.
El 27 de diciembre de 1990 la Municipalidad otorgó las cantinas del Parque de Mayo a instituciones de beneficencia “por un plazo de 120 días prorrogables por un máximo de un año, atento a que iba a llevar un tiempo prudencial tomar la decisión en cuanto al destino del Parque de Mayo”.
Desde entonces se sucedieron “innumerables renovaciones por los breves plazos antes mencionados, o como máximo por un año de duración” hasta el año pasado, cuando ordenó el desalojo de los carritos. En septiembre de 2012 la Subsecretaría de Planificación había advertido el carácter deficitario de las cantinas.
El martes se realizó un allanamiento dispuesto en la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca. En la medida participó personal de la PFA junto con efectivos de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación con canes de búsqueda de la División Canes de Bomberos.
El procedimiento culminó con el secuestro del libro habilitado para el registro de novedades de la guardia; un cuaderno con novedades de un móvil; un cuaderno de registro de presentismo y horas cores; hojas sueltas con listado completo de personal de meses de mayo y junio de 2020; órdenes de servicios especiales; un móvil Toyota Etios; y tres teléfonos celulares pertenecientes a agentes policiales de la dependencia. Los canes “Aramis” y “Branca” efectuaron el registro del móvil policial y sobre el perímetro del predio, con resultado negativo.
Según informó la Fiscalía, la comisión del área de Ciberdelito de la PFA se constituyó de Bahía Blanca. A los representantes de esa repartición se le entregaron los tres teléfonos celulares secuestrados a los efectivos policiales de la UPPL mencionada, para que practicaran la extracción de datos de los dispositivos con la tecnología UFED y efectuaran una impresión de toda la información obtenida, para remitirla a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA y a la DATIP, con el objeto de su análisis y verificación de posibles elementos que pudieran resultar de interés para la pesquisa.
Los libros incautados en la UPPL fueron remitidos al Gabinete Científico de la PFA, a fin de que practique un peritaje caligráfico y escopométrico, tendiente a verificar si se advierten adulteraciones o borrados sobre sus superficies. También se requirió que se efectuara un minucioso estudio pericial sobre el móvil policial Toyota Etios secuestrado, tendiente a constatar si se encuentran rastros biológicos, huellas dactiloscópicas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse a Facundo Astudillo Castro. Se indico que en la medida pueden participar los perros del Cuerpo de Bomberos de la PFA.
Se solicitó a la empresa de monitoreo Megatrans S.A. que designara personal para que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca, con el objeto de extraer el GPS o AVL del patrullero secuestrado y proceder al peritaje de rigor tendiente a determinar si el dispositivo ha sufrido modificaciones y/o desperfectos técnicos. Se requirió asimismo que explicara las anomalías advertidas en los registros, cómo es el funcionamiento del GPS incorporado al móvil, que indicara si el vehículo en cuestión posee cámara 360° y que aportara cualquier otra información que pudiera resultar de utilidad para la investigación.
En tanto, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) se le solicitó que aportara los registros de llamadas entrantes y salientes, entre el 30 de abril y el 30 de mayo pasados, de los números de teléfono de los celulares secuestrados.
Se solicitó a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PFA que profundizara las averiguaciones sobre la supuesta presencia de un móvil policial el 8 de mayo en las coordenadas -38.74265 -62.40827, como también que verificara la situación denunciada por la querella particular a raíz de los dichos de un testigo que habría manifestado haber visto luces en el lugar indicado.
Información sobre medidas de prueba
Se requirió al Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, la elaboración de un informe explicando el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, y el acompañamiento de los protocolos nacionales e internacionales que rigen esos procedimientos. Asimismo, se solicitó cualquier otra conclusión al respecto con las observaciones y sugerencias que estimare pertinentes para el avance de la pesquisa y todo otro elemento que pudiere resultar de interés teórico/práctico.
El secretario de Legal y Técnica del Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) puso en conocimiento que el personal dependiente del Centro de Monitoreo de Villarino (CeMoVi) se encontraba recopilando la información solicitada e informó que contaban con otra cámara ubicada en el acceso a Colonia La Merced, a escasos metros del límite entre los partidos de Bahía Blanca y Villarino, y que en ese sitio de control el Municipio tenía instalado un scanner facial.
La fiscalía le solicitó la remisión de las grabaciones de aquella cámara correspondientes al período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados y que informara pormenorizadamente respecto del funcionamiento del scanner facial, señalando desde qué fecha conservaba información ese soporte digital.
Se solicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación que aportara las imágenes satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes a las coordenadas 38°45´11.1´´S – 62°26´54.8´´W en el período comprendido entre el 30 de abril y el 9 de mayo pasados y entre el 1° y el 15 de agosto pasados.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF informó que concluyeron la extracción forense mediante sistema UFED respecto del teléfono celular perteneciente a uno de los agentes policiales y que se procedió a la desintervención y copia de la información contenida en los 31 DVD’s remitidos oportunamente. Además puso en conocimiento que el Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones fijó fecha para la desintervención del teléfono celular que le fuera secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza y el copiado de la extracción ya realizada con el objetivo de de realizar su análisis. La medida está prevista para el próximo martes 1° de septiembre a las 10.00.
La Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA) remitió las actas de inspección de la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como Villarino Viejo, donde se hallaron los restos esqueléticos.
Remitió también el acta de toma de muestras de ADN, relacionada con la medida practicada al señor José Luis Astudillo, padre de Facundo.
Asimismo, se enviaron las actas de relevamiento y barrido del terreno, referentes a las tareas realizadas en diferentes días en la zona indicada. Participaron de la medida personal del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA, efectivos de la Superintendencia Federal de Policía Científica, personal del Laboratorio Científico Mar del Plata de la Agencia Federal Mar del Plata y personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas.
Fuente: fiscales.gob.ar
Vecinos y vecinas que llevan adelante una toma de terrenos detrás del supermercado Jaguar se presentaron en el Municipio pero no les permitieron el ingreso ni fueron recibidos por ningún funcionario.
“Somos 150 familias, fuimos a ver si alguien nos podía atender y darnos una respuesta de algo, nos paró la Policía en la puerta y nos dijo que no podía ingresar nadie”, comentó a FM De la Calle Francisco Rodríguez.
Dijo que “las familias son vulnerables, generalmente numerosas, mujeres solas con chicos, que no tienen posibilidad de pagar un alquiler, al PRO.CRE.AR no pueden acceder porque no tienen recibo de sueldo y no te da el sueldo para pagar un alquiler. La única alternativa que tenemos es tomar un terreno”.
Rodríguez comentó que limpiaron los terrenos y comenzaron a aparecer más familias. Las tierras pertenecerían a Ferroexpreso Pampeano.
“Vamos a seguir insistiendo y nos vamos a quedar en los terrenos. Yo voy a a ser uno de los primeros que me voy a ir a vivir ahí. Estamos haciendo construcciones precarias porque todavía no hay luz, iba a empezar a hacerme algo de cerco recuperable, porque tengo dos hijos y mis señora y no tengo donde vivir”, señaló.
Aseguró que no quieren “conflictos con nadie, nos estuvieron ensuciando diciendo que vendíamos tierras, en redes sociales nos han tildado de chorros, no nos queremos meter en eso porque no queremos problemas, queremos soluciones”.
La jueza federal Gabriela Marrón informó que las conclusiones finales de la autopsia a los restos óseos hallados en Villarino Viejo se conocerá “en un plazo no menor a 40 días, más allá que la identificación de los restos podría saberse entre 10 a 15 días”.
Mediante un comunicado respondió a declaraciones de la querella y manifestó que “ni su juzgado ni ninguno de los peritos oficiales que participaron del examen (…) dio información a la madre del joven sobre las deliberaciones”.
“Solamente se le hizo saber en qué iba a consistir el procedimiento (pasos y plazos aproximados de producción de informes), sin ningún tipo de detalle sobre lo que ocurrió y lo que se iba hablando en el Laboratorio del EAAF”, agregó.
Por último, destacó que “todos los peritos actuantes, incluida la perito de parte, tienen el deber de confidencialidad (guardar secreto), que se hizo saber a todos antes, durante y después de la pericia. Su violación tiene consecuencias penales”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe Anual 2020, un balance de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, signada por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte.
Estos hechos fueron el exponente más atroz de las graves violaciones a los derechos humanos que genera el punitivismo. El XIV informe, primero tras la designación de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es también un diagnóstico de una crisis arrastrada por décadas y que requiere cambios profundos en la política criminal; más aún en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que agravó la crisis humanitaria en los lugares de encierro, la sobrepoblación récord en comisarías, la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro.
La presentación es este jueves 27 a las 18 horas y con transmisión en vivo por las páginas de youtube y facebook de la CPM.
La política criminal durante el 2019, último año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, mantuvo los lineamientos de años anteriores. A pesar de reconocer desde el principio la crisis del sistema penal, durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación. Ocurrió todo lo contrario, año tras año, y en sintonía con el gobierno nacional, se profundizó el perfil punitivista de las políticas de seguridad y con ello las graves violaciones a los derechos humanos.
El incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales y la negativa sostenida por todas las instancias gubernamentales a brindar información dan cuenta del nulo respeto a dos valores centrales de los principios republicanos de gobierno: el respeto a las órdenes judiciales -división de poderes- y el acceso a la información pública.
El informe anual Sistema de la crueldad XIV analiza las políticas de encierro (penitenciarias, de seguridad, de niñez y salud mental) y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Todos los indicadores empeoraron y se alcanzaron nuevos récords en los índices de prisionización, sobrepoblación, hacinamiento. También las muertes bajo custodia y los casos de torturas alcanzaron valores elevados. La cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9%. En diciembre de 2019, había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico. Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000.
El correlato directo del creciente encarcelamiento fue el hacinamiento en condiciones inhumanas: la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%. En este contexto, sumado a la falta de atención médica, el riesgo para la vida se naturalizó sin producir reacción alguna de la justicia ni el gobierno. Entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado; 11 muertes por mes. El 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.
Bajo la falta de reacción, complicidad o silencio judicial y político, también se extiende de manera generalizada y sistemática las torturas y/o malos tratos. En 2019 sólo la CPM registró y denunció 12.594 hechos, relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. En todo el período se presentaron 4.448 habeas corpus o acciones judiciales individuales urgentes y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos. El Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) relevó en detalle 10.709 hechos, 2.358 de ellos el año pasado.
Las comisarías también están atravesadas por otra marca de la ilegalidad y desprecio a los valores jurídicos y humanos. De las 270 dependencias policiales que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa, es decir no podían hacerlo; no obstante, el 36 % de la población en comisarías fue alojado allí.
Durante la última gestión la sobrepoblación en comisarías pasó de 159% a 217% y hubo dos masacres en donde 17 personas bajo cuidado del estado, murieron quemadas: Pergamino y Esteban Echeverría. Una vez más, estas muertes no generaron ninguna conmoción en el poder político y judicial.
La comisaría 3ª de Esteban Echeverría tenía al momento de la masacre seis clausuras judiciales y una ministerial, todas desoídas. El Poder Judicial fue benevolente con los delitos cometidos por los funcionarios públicos que declamaban la defensa de las instituciones republicanas, pero desobedecían sistemáticamente sus órdenes. Cada día el gobierno provincial incumplió 136 sentencias: 33 que establecían cupos en cárceles, y 103 que clausuraban y prohibían alojar personas en comisarías.
En el territorio, la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando. Con la legitimación de la “Doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la Provincia 485 muertes en cuatro años; 1 muerte cada 3 días. De éstas, 21 fueron femicidios. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.
Por la brutalidad, por la edad de las víctimas, la operación institucional de encubrimiento montada para proteger a los policías responsables, y el espionaje policial ilegal montado sobre sus familias, la masacre de San Miguel del Monte aparece como uno de los más impactantes del 2019.
A las niñeces y juventudes en peligro, la gestión saliente sólo le respondió con el brazo punitivo del Estado; los dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley también tuvieron una sobrepoblación récord, llegando a 651 jóvenes, lo que implicó un 23 % de sobrepoblación. A la par, los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos.
Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. Las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación. Los datos lo confirman: en el 2019, el 68% de los ingresos a los cuatro hospitales monovalentes de la provincia fueron re-internaciones. En ese contexto, no se cumplió con la Ley de Salud Mental, que disponía el cierre de los manicomios para este año. Las muertes ascendieron a 150 en hospitales neuropsiquiátricos.
Nada de esto es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Hace más de dos décadas los gobiernos de distintos signos políticos insistieron en la misma política criminal. Una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. La denominada “mano dura” ya ha demostrado de sobra la ineficacia para resolver los problemas de inseguridad, sólo provoca mayores violaciones a los derechos humanos, incrementa la violencia social y pone en riesgo a toda la población.
Presentación en vivo
Este jueves a las 18 horas, la CPM presentará públicamente el Informe Anual 2020—Sistema de la crueldad XIV; la transmisión se podrá seguir en vivo por el canal de youtube y la página de facebook.
De la presentación participarán Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la CPM, junto a otros integrantes como Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Roberto Cipriano García y Víctor de Gennaro. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.
El acto contará también con la presencia de los miembros de la CPM el padre Jose «Pepe» Di Paola, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Maria Sonderéguer y Carlos Sánchez Viamonte. Además, estará presente el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal.
Esta será la primera presentación del Informe Anual desde que la CPM fue designada el año pasado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a una tarea que el organismo realiza de hecho desde el 2002 cuando creó el Comité Contra la Tortura.
También se presenta con un nuevo gobierno provincial. En este sentido, si bien estos datos corresponden a la gestión anterior, el diagnóstico realizado en este informe persiste. Mucho más aún, la pandemia del coronavirus expuso como nunca antes la precariedad de la vida en los lugares de encierro, la violencia policial y la necesidad de reformas urgentes en el sistema penal.
Vale destacar que la presentación se da también en un contexto signado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. La causa que investiga la presunta desaparición forzada sigue reuniendo pruebas que vinculan cada vez más a la Policía bonaerense en el hecho.
La insistencia en presentar este diagnóstico cada año, y en reiterar las razones que provocan las violaciones a los derechos humanos que denunciamos, alberga la esperanza de que por fin los gobiernos tomen la decisión de encarar otra orientación de la política criminal. Sigue siendo una tarea pendiente para los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonar la demagogia punitiva, propia de las derechas. Esta nueva gestión tiene la posibilidad y el deber de hacerlo.
El abogado de la madre de Facundo Castro, Luciano Peretto, aseguró a FM De la Calle que con los resultados preliminares de la autopsia a los restos encontrados en Villarino Viejo “sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años”.
“Existe muchísima información -que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas- para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio”, explicó.
Esta tarde, Cristina Castro declaró ante el Procurador General de la Nación sobre la desconfianza hacia el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la falta de acompañamiento por parte del Ministerio Público.
El querellante concluyó que, “con la información que tenemos, es la confirmación de un delito de desaparición forzada de personas que se realiza el 30 de abril, en circunstancias donde Facundo circulaba por Ruta 3 entre Buratovich y Origone, y que estos contactos no son declarados por la Policía Bonaerense y, a partir de ahí, comienza una serie de mecanismos de encubrimiento para dotar de impunidad la desaparición de Facundo”.
¿Cuál es el balance de la reunión con el presidente?
A la reunión que tuvo Cristina con el presidente hay que asignarle dos etapas. Una personal, que tiene que ver con una gestión institucional de recibir a la madre de un chico desaparecido. Me parece que es un gesto correcto, que predispone determinadas cosas, no solamente del Ejecutivo Nacional sino la interconexión entre poderes. Es muy importante para que destrabe algunas cuestiones, crea determinada predisposición para la investigación y para la celeridad y la exhaustividad que pide la ONU.
Lo que le planteamos al presidente es que el Estado argentino es responsable ante el mundo por el incumplimiento de la normativa internacional que prohíbe la aplicación de torturas y los convenios internacionales en materia de desaparición forzada de personas y que ha sido denunciado al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y ha pedido celeridad y exhaustividad, dos cuestiones que no se vienen cumpliendo en el caso y que nos ha llevado a plantear dos recusaciones.
En este momento estamos en la Procuración General de la Nación, Cristina está declarando ante el procurador todas estas irregularidades que generan desconfianza, esta falta de acompañamiento por parte de quien es titular de la acción del Estado contra los desaparecedores y planteamos que no hay acompañamiento a la víctima. La querella está sustituyendo ese rol del Estado a tracción a sangre, sobre todo Cristina, que traviesa el momento más doloroso de su vida y está lidiando y empujando del carro del Estado para el esclarecimiento de la causa de su hijo.
La segunda parte tiene que ver con nosotros como abogados, haberle pedido que se dispongan todos los mecanismos que sean resortes de su organigrama, para traer tranquilidad a Cristina y a los testigos. Son testigos vulnerables, hay fuerzas de seguridad involucradas, son las causas más complicadas para que una persona sostenga su testimonio y declare.
En ese sentido, empezamos a ver un giro y un tono especial en los últimos días que tiene que ver con el momento crucial en la causa.
¿Qué se puede conocer de la autopsia?
Queremos ser respetuosos con los tiempos. Lo que nos ha permitido que la perito de parte esté en la autopsia es que pueda nutrirse de algunos datos en bruto, sin procesar, y que pueda informarle a Cristina. Al momento de la finalización sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años. Existe muchísima información que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio.
Hay que trabajarlo, pero ha sido objetivo por parte de Virginia Creimer, de especialistas, ha sido indicado en el marco de la autopsia y compartido por el EAAF, que estaba en el lugar. Hoy a las 15 llegaron a Córdoba los elementos con cadena de custodia para la comparación genética, eso va a ser para los primeros días de septiembre. Pero los resultados conclusivos van a estar entre los 15 y 30 días a partir de ayer, hablamos quizás de finales de septiembre.
¿Qué valoración hacen del allanamiento de anoche en la sede de la Policía Local de Bahía Blanca?
Ayer leía muchos titulares, decían ‘allanan una comisaría, se cae la hipótesis de la desaparición forzada’. La verdad que uno no entiende nada. Para allanar una comisaría tiene que haber indicios de la posible comisión de un delito. Están allanando porque había un patrullero que estuvo el día 8 de mayo en el lugar donde se encuentra el cuerpo -presumiblemente de Facundo- fuera de su jurisdicción barrial, distrital, y estuvo 35 minutos detenidos ahí.
Esto quiere decir que tenemos la postura de que en delitos tan complejos interviene una conexión y comunicación entre fuerzas de seguridad. En esto interviene un entramado que vuelve a esta causa del tenor complejo que le conocemos.
En el marco de esa situación lo que puedo decir es que se ha cumplido un allanamiento con secuestro de libros y celulares, porque un patrullero se dispuso el 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, a una distancia de 800 metros de donde encontraron el cuerpo. Puede decirse que 800 metros es mucho, es mucho en Bahía, en la ciudad son ocho cuadras, 800 metros en un salitral, donde no debería haber nadie en tiempo de cuarentena y menos un patrullero fuera de su jurisdicción, no es mucho. Y 35 minutos detenido, es sugestivo.
Preliminarmente no tenemos información de lo que hay en los vehículos ni de lo que hay en los teléfonos ni en los libros. Son diligencias que se realizarán en las próximas horas y esperamos tener la mayor información posible.
¿Por qué cuestionan la incorporación de la Testigo H?
No cabe duda de que la testigo de identidad protegida no tiene vinculación con Facundo, no puede asegurar haber viajado el 30, dice que viajó a fines de abril, dice que lo hizo para atenderse en un centro médico y en ese centro médico no se atendió el día 30. Dice que llevó a un joven masculino desde la entrada Origone, mientras González que es el agente policial que trata de colocar a esa testigo, dice que lo levanta en el km 750, distante a 7 km de Origone. Dice que González estaba acompañado por un masculino, González dice que estaba solo. Dice que (el patrullero) estaba perpendicular a la ruta, González dice que estaba de manera paralela y que lo vio por el retrovisor.
Todas estas circunstancias desnutren la hipótesis de que la testigo haya levantado a Facundo en ese lugar y lo haya acercado hasta las vías. Sin lugar a duda forma parte de una trama siniestra de encubrimiento, no se descarta el hecho de colocar días posteriores un falso Facundo en la ruta para tratar de torcer estas circunstancia, es un mecanismo bastante usual cuando las fuerzas cometen este tipo de hechos y para nosotros ese testimonio se encuentra vacío de toda veracidad, de toda conexión con la causa.
¿Cómo es el acompañamiento de los organismos como la CPM o Amnistía Internacional?
El de la Comisión por la Memoria es permanente, y están como querellante institucional nuestro, de hecho estamos ahora trabajando juntos en Buenos Aires. Y el de Amnistía Internacional, si bien es reciente, ha colocado el caso en la agenda internacional para interpelar al Estado para que cumpla los mecanismos de garantías y obligaciones que Argentina ha consolidado a nivel internacional. Robustece la posición de la querella y su hipótesis porque no estamos ante un acompañamiento a un chico que se pudo haber patinado de un puente, para que exista este acompañamiento tiene que haber certezas de la hipótesis violatoria de los derechos humanos y en ese sentido, sobre todo Cristina se siente acompañada y respaldada por su postura.
El concejal del Frente de Todos, Gustavo Mandará, confirmó a FM De la Calle la intención del Ejecutivo Municipal de privatizar Bahía Ambiental Sapem.
“Ayer el presidente de Bahía Ambiental Sapem (BAS), Ernesto Aguirre, nos informó oficialmente al directorio de la empresa que hubo una comunicación con el intendente en la que le notificó la decisión de avanzar con la privatización de la empresa”, aseguró.
“Lo que pone de argumento para privatizar son supuestas objeciones del Tribunal de Cuentas, algo que ayer se habló en la reunión y se demostró que no hay ninguna objeción del Tribunal de Cuentas al funcionamiento de BAS. Sí las hay respecto de Bahía Transporte, pero Ambiental es una empresa que, mal o bien, viene cumpliendo el cometido para que fue creada hace 8 años”, explicó.
A su vez, el concejal destacó que “no hay ninguna explicación. Habrá que pedirla. Bahía Ambiental Sapem da pequeñas utilidades: no está perdiendo plata el Municipio con Bahía Ambiental. No es habitual que se requieran inyecciones de capital como sí pasa en Bahía Transporte”.
“¿Si es una empresa que no tiene afán de lucro y trabaja con costos, cómo va a hacer una empresa que no trabaja al costo y que si tiene afán de lucro?”, se preguntó.
Respecto de los trabajadores, el concejal mencionó que “tienen garantizada su fuente de trabajo. Se tienen que hacer cargo en las mismas condiciones, categorías y remuneraciones. Cuando se liquida una empresa hay que indemnizarlos. Tienen que ser tomados por la empresa que venga en las mismas condiciones”.
“Son unos 180 millones de pesos en carácter de indemnización. El activo de Sapem Ambiental asciende a 105 millones, o sea que, liquidando toda la empresa, no alcanzan a pagar indemnizaciones. Por mas que se haga cargo el privado, ponen en duda qué ventaja se puede obtener de todo esto”, finalizó.
(Por Astor Vitali) Hay un intento de correr los límites de los acuerdos a los que la sociedad argentina ha llegado. Es un intento amparado en discursos que, hace pocos años, nadie hubiera pensado que podían tomar encarnadura en países de las dimensiones como Brasil. Uno de esos elementos es el retorno del militarismo, instaurado por estos días por el ex presidente Eduardo Duhalde.
Duhalde opinó “lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones. No va haber elecciones. Tenemos un record. Entre el 30 y el 83 catorce presidente militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico militar (sic). Sabemos lo que es Venezuela. Sabemos lo que es Bolivia. Sabemos que Chile… no sabemos quién porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y quedan nada más como factor de poder los carabineros, como antes y el ejército. Entonces, no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Para que haya elecciones tienen que ser unas elecciones consensuadas”.
Lo primero que hay que decir es que no se trata de exabrupto. Lo dijo durante días en distintos medios. Afortunadamente, el Jefe del Estado Mayor Conjunto salió a cuestionar las declaraciones. Y afortunadamente la democracia argentina está bastante más sólida, en cuanto a sistema de gobierno, que lo que unas minorías pretenden.
Pero lo que no cabe es descartar que, si bien es marginal, hay los que trabajan para generar clima, ir construyendo en un sentido. Que sea marginal no quiere decir que sea inexistente, por lo que, cabe (urge) poner límites claros desde el conjunto de la dirigencia.
Duhalde se basa, en su discurso, en que se va deteriorando el sistema de representación sobre la base de la falta de instrumentos para discutir acuerdos a largo plazo y que la acumulación de descontentos “puede terminar en una especie de guerra civil” sumado a una sociedad en donde se hace más visible “el avance espectacular de las adicciones”. Frente a esto “aparecen los salvadores”, en referencia a los modelos del tipo Bolsonaro.
Desde la presidencia de Menem, se ha sostenido que el partido militar se había terminado en Argentina por el simple hecho de la disminución de los recursos asignados. Por otra parte, el duro golpe simbólico que significó la pelea del movimiento por los derechos humanos en Argentina que devino juicios por la verdad, dieron la sensación de que la publicidad de la verdad sobre el horror que protagonizaron las fuerzas armadas -un horror puesto al servicio de los poderosos- hacían que la institución militar quedara desprestigiada.
Según una encuesta que citó Duhalde, las fuerzas militares serían de las que mejor calificación reciben por parte de la opinión pública.
Es por esto que hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia política actual que considera el sistema democrático un ordenamiento social capaz de interpretar la voluntad popular. Hay, por un lado, quienes insisten permanentemente en horadar esa representación porque sus intereses económicos tendrían mucha mayor capacidad de operación sin los escasos controles de este sistema. Pero también hay, por otro lado, la necesidad de que la dirigencia política interprete el riesgo del bolsonarismo como fenómeno y construya espacios de participación real (más allá del momento electoral) para dar vida concreta a la letra muerta de la normativa democrática.
La pregunta es: ¿consideramos que es reversible la falta de participación y de representatividad? Uno cree que la política sigue teniendo la capacidad de enamorar, si estuviera dispuesta a hacerlo. Que para eso no se puede vivir en un sistema de partidos de los amigos de los principales empresarios sino que debe haber un acercamiento a la enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que participan de millares de instancias media (comedores, educación formal e informal, salud, sociedades de fomento, instituciones deportivas, espacios culturales, etc.)
Y si es posible dar un contenido real a la cáscara formal de la práctica democrática: ¿qué se está haciendo y qué falta hacer?
Es cierto que hay sectores que buscan mostrar la democracia como un sistema inútil y que sus negocios serían más fáciles de llevar adelante en caso de desarrollarse bajo un gobierno de tipo autoritario. Lo que los sectores populares debemos tener en claro, es que, por más tentados que se puedan sentir algunos por personajes de este tipo (mesiánicos, autoritarios, mano dura) no hay lugar ni capacidad de juego en un esquema de esas características para las organizaciones populares. Sólo habrá lugar para quienes tengan mayor capacidad de recursos económicos y busquen disciplinar con consenso social a quienes luchan.
Para defender la democracia es preciso adoptar el camino de profundizarla, otorgando más poder a las organizaciones y construyendo más instituciones, dentro del sistema de representatividad, en el que tenga lugar la ciudadanía, la gente de a pie, aquellos y aquellas que luchan a diario activamente y muchas veces no tienen el reconocimiento debido por parte del marco actualmente instituido.
En el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro, hoy continúan las pericias al “material no biológico” encontrado el 15 de agosto junto a restos óseos en Villarino Viejo.
Los estudios se realizan en la sede de la Policía Científica de la Policía Federal de Parque Patricios. Ayer terminó la autopsia a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se anunció que la jueza María Gabriela Marrón brindará información oficial a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
Desde la querella se indicó que durante el martes se tomaron declaraciones testimoniales que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada del joven de Pedro Luro.
La Fiscalía Federal emitió este martes un nuevo comunicado en el cual informó sobre el allanamiento a la sede de la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y otras medidas que aquí se detallan.
En relación al patrullero sospechoso
También se requirió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que aportara las fotografías satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes al lugar ubicado entre las coordenadas Lat: -38.74265 Lon: -62.40827, correspondientes al 8 de mayo pasado.
Al área de Ciberdelito de la PFA se le solicitó que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca con el objeto de practicar las medidas que podrían surgir de esta línea de investigación.
Al Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad de Bahía Blanca se le requirió que, en el término de 24 hs., presentara las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentren en cercanías a la UPPL ubicada en el Barrio Noroeste de esta ciudad, correspondientes al 8 de mayo pasado.
Otras medidas
El Hospital General Juan A. Pradere de Pedro Luro informó que al igual que el Centro de Asistencia Primaria N° 1 de esa localidad, carecían de ficha odontológica de Facundo Astudillo Castro, por lo cual la fiscalía solicitó a la querella particular que, en caso de ser posible, indicara otro especialista o institución a la que pudiera serle solicitada esa ficha.
Luego de recibirse en la sede de Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) el teléfono celular que le fuera oportunamente secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza, junto con los datos extraídos de dicho aparato, se autorizó al referido organismo para que compulsara el dispositivo y toda la información obtenida, para su posterior análisis e incorporación al informe integral oportunamente encomendado.
Se fijaron nuevas audiencias testimoniales.
La Dirección de Acompañamiento, Orientación, y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DOVIC) informó sobre las profesionales de esa dirección a cargo del acompañamiento de la señora Cristina Castro y remitió un informe interdisciplinario vinculado a las distintas entrevistas sostenidas con uno de los testigos.
La delegación local de Policía Federal Argentina (PFA) remitió actuaciones relacionadas con las tareas de cronometraje realizadas para verificar datos aportados por testigos.
La División Laboratorio Químico de la PFA informó la fecha de realización del peritaje en relación a los elementos encontrados el día 15 de agosto pasado en proximidades de los restos humanos levantados en Villarino Viejo.
El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió el acta de relevamiento y barrido efectuado sobre la zona donde se hallaran los restos esqueléticos que se encuentran siendo analizados. Durante toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider.
Se requirió a ese Gabinete que por su intermedio remitiera los objetos hallados a la División Laboratorio Químico de la PFA para que en conjunto con la División Rastros de esa fuerza efectuaran un peritaje sobre los mismos, tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.
En atención a la gran cantidad de medidas llevadas a cabo en este segmento inicial del proceso, el fiscal consideró que resultaba ilustrativo evaluar su estado de trámite y/o ejecución para con posterioridad reiterar o instar aquellas conducentes pendientes, reeditar las que fueren necesarias o impulsar nuevas, para lo cual dispuso que el actuario certificara al respecto.
A requerimiento de la querella institucional, se solicitó al Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) que remitiera las grabaciones por el período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados de las cámaras de video dispuestas en el kilómetro 714 de la ruta Nacional Nº 3, a los fines de poder individualizar los vehículos que hubieran transitado por esa zona en ese espacio temporal y con dirección al lugar en el que fueron encontrados los restos humanos.
Asimismo, se requirió a la Planta de Repotenciación de Gas ubicada en esa zona que informara si poseía cámaras de seguridad y, en ese caso, que acompañara las grabaciones correspondientes al período de tiempo señalado.
En la misma línea, se solicitó al Comité Técnico Ejecutivo del Puerto de Bahía Blanca y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que aportaran los videos grabados por las cámaras que poseían en el domo de seguridad que monitorea la zona de Ingeniero White.
Además, se requirió a la Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE) que acompañara las lecturas correspondientes a los satélites del 30 de abril pasado en la zona aledaña a las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.
En búsqueda de un patrullero que tuvo movimientos sospechosos en la zona donde aparecieron los restos óseos que hoy comenzaron a ser peritados por el EAAF, se realiza un allanamiento en la sede la Superintendencia de la Policía Local.
La Fiscalía solicitó la medida al Juzgado Federal a partir de un informe de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad sobre la geolocalización por AVL de la totalidad de los móviles que estuvieron en la zona de la desaparición de Facundo, “entre Teniente Origone y Gral. Cerri y adyacencias”.
“Del análisis perpetrado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios, número interno 20610, con patente OMP782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca sito en Pacífico 281”.
El documento agrega que “las señales de GPS emitidas por el patrullero referido, darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo del corriente año varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente, en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo el 15 de agosto. En el punto más cercano a dicho lugar, a unos 800 metros aproximadamente, se habría detenido el móvil durante unos 35 minutos”.
“Se advirtieron anomalías en los registros, en cuanto a que la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 km en apenas 41 segundos para volver con otro ‘salto’ luego de 3 horas y 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos”.
El secuestro fue ordenado dado que “de momento no se han podido evacuar los cuestionamientos técnicos al respecto” por parte de la Dirección General de Asistencia Operacional. Para el fiscal “existen elementos suficientes atento la gravedad del caso y los indicadores recientemente aportados”. Además del vehículo cuyo GPS deberá ser peritado, se buscan los libros de guardia del destacamento para revisar los movimientos y agentes que prestaron servicio o tenían asignado el móvil el 8 de mayo y los teléfonos celulares de dichos policías, “dispositivos electrónicos del lugar, handys, anotaciones y cualquier otro elemento que pueda resultar de estricto interés para la investigación”.
Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte las modulaciones de las comunicaciones del patrullero, individualice cuáles son los móviles asignados a la Policía Local bahiense y realice la geolocalización por AVL de todos los que hubieren estado en la zona de la desaparición de Facundo y aparición de los restos óseos.
Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional. Fue horas antes de la autopsia que se realiza a los restos óseos encontrados en Villarino Viejo y luego del encuentro con el presidente Alberto Fernández.
“Estamos conformes con el acompañamiento institucional y con los mecanismos que el presidente ha dispuesto. Pedimos independencia y celeridad en la investigación, que son los dos imperativos que internacionalmente se le está pidiendo al Estado argentino en la causa y que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material”, dijo Peretto.
La madre de Facundo afirmó que miró al jefe de Estado a los ojos “para saber si me estaba mintiendo, hablé con él, me ha dejado tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad”.
Tras una primera charla entre Fernández y Castro se sumaron los representantes de la querella y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En diálogo virtual con la prensa la querella repasó las pruebas de la desaparición forzada.
La testigo H
Aparicio afirmó que a la mujer que dice haber llevado a Facundo hasta el cruce entre la Ruta 3 y las vías, identificada como testigo H, “la metieron por la ventana de contrabando y falseando los datos Siomara Flores y Mario Sosa, que tendrían que estar presos”.
Peretto explicó que la testigo “no puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el día 30, habla de fines de abril, no se condice el lugar donde lo levanta, refiere que es el km 757 mientras González -el policía mal alumno que no se aprendió la lección y embarró la coartada- dice que lo levanta en el km 750, la testigo H dice que el patrullero estaba perpendicular a la ruta y con dos masculinos y González refiere -cuando se acuerda- que el patrullero estaba de culata a Facundo y estaba solo. Para nosotros es un plan para tratar de encubrir el hecho real que es que cuando llega al lugar González, Facundo está fuertemente golpeado y, para encubrir el hecho, lo traslada hasta el calabozo donde se encontró el objeto de Facundo en Origone”.
Para el letrado, el testimonio busca “derrumbar la hipótesis mayoritaria que, en palabras del juzgado que definió el fuero, es la única sustentable en pruebas hasta la fecha, aunque hacen esfuerzo para tratar de ubicar la hipótesis del accidente. Hay muchas situaciones que no dejan dormir a quienes están operando para que esta circunstancia sea archivada como un accidente como en tantos otros casos”.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
“Los teléfonos celulares hablan, los silencios dicen mucho más que las palabras; los diálogos que existen entre ellos; las actitudes que tomaron de manera informáticas como presenciales; la sandía en un calabozo de Origone; los AVL de los patrulleros; la falta de respaldo desde el punto de vista de los Motorola de los patrulleros – reconocido por el propio jefe seccional de la Policía, la frecuencia en que hablan milagrosamente se ha borrado-; las contradicciones enormes por parte de personal policial; sin dudas los testigos ubicados en Bahía Blanca, totalmente falaces, quienes tratan de desviar la investigación; y esta aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta de desesperación para tratar de fortalecer una hipótesis que día a día se está cayendo por falta de pruebas”.
Aparicio aclaró que falta realizar pericias complementarias a las pruebas técnicas de los teléfonos. “No estamos conformes con las realizadas por la Policía Federal. Siguiendo los lineamientos de la PROCUVIN entendemos que hay que hacer un seguimiento integral. Hay mensajes borrados, una aplicación como Whatsapp desinstalada. Todo lo que podemos decir en ese contexto es parcial y aun así tenemos muchos elementos”.
¿Carta blanca para la policía?
Por estas horas, la querella investiga un nuevo componente del “protocolo de encubrimiento”. Explicaron que es “una especie de carta blanca que tenía la Policía para determinar si comunicaba a la señora jueza federal respecto a si habían o no detenido a una persona. Advertimos que esto fue delegado por la justicia federal a la Policía Bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo”.
“Creyéndoles a los policías, que no le creemos, hay una irregularidad en que a Facundo lo paren y lo dejen seguir. Es otra irregularidad que la hermanastra (de Curuhinca) lo pare y lo lleve a dedo. Es otra que después lo lleven hasta Origone y desde allí llamen a Médanos y le indiquen que lo dejen seguir. Eso en cuanto a lo que la policía dice que fue. Que no fue así”, dijo Aparicio.
Agregó que “tenemos teléfonos secuestrados, casualmente cuando viene Berni a Bahía Blanca y dice que los entregan voluntariamente. Debería saber que Flores desintaló el Whatsapp el 8 de mayo, ocho días después de la desaparición de Facundo, tendría que saber que Sosa y Curuhinca borraron entre veinte y treinta mensajes de texto y omitieron borrar otros. En ese contexto se entendería porqué el fiscal pidió la detención, aunque de manera incorrecta”.
Los testigos que vieron a Facundo y las amenazas de Berni
Aparicio se refirió a “las mentiras de Berni”. Respecto a que la querella “mete testigos porque les conviene” el abogado comentó respecto a quienes vieron a Facundo subirse a un patrullero el 30 de abril que “si (Berni) tiene acceso al expediente provincial habrá sabido que llamaron a la Comisaría de Pedro Luro el 19 de junio y desde ahí les dijeron que ya lo habían visto al chico en Bahía Blanca”. Después se comunicaron con Cristina Castro y luego fueron a declarar ante el fiscal federal.
En cuanto a que “no pasaron hacia Bahía Blanca”, Aparicio explicó que “hay un informe de lectura de patentes del 30 de abril presentado por la Municipalidad de Villarino donde consta la fecha de regreso cerca de las seis de la tarde, totalmente razonable y se puede corroborar con otros medios que ese día fueron a Bahía a hacer una mudanza y retornaron. En ese primer informe, que es incompleto y, por lo tanto, entiendo que es falso, no está la ida de ese coche. Como no se quedaron contentos con eso en el segundo informe no está el auto de los testigos ni yendo ni viniendo. Por eso denunciamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Pacheco, y al intendente Bevilacqua”.
Las afirmaciones del ministro son parte de un raid mediático en el cual amenaza a los abogados de la familia de Facundo y acusa a la querella de montar un “show”. Cristina Castro aseguró que “le diría al señor Sergio Berni que como me está tratando a mí está tratando a cientos de papás cuyos hijos han entrado a las comisarías y aparecieron suicidados”.
“Berni se ha encarnizado con nosotros, no le tengo miedo, en vez de andar haciendo un show en televisión debería ponerse a trabajar”, dijo y agregó que “el gobernador (Axel Kicillof) me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, mirarlo a la cara. Me parece que debería abrir los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro”.
¿Quién encontró el cuerpo?
Sobre el hallazgo de los restos que hoy son peritados por el EAAF, Peretto informó que “a la querella nos han notificado de un pescador que encontró el cuerpo y atemorizado concurrió a la Policía Federal directamente. Pero tomamos conocimiento informal que también hubo otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y habrían concurrido a una comisaría de la provincia de Buenos Aires”.
“Es un punto que se tiene que aclarar y va de la mano con el testigo que apareció de manera voluntaria en el marco del proceso y pide garantías para poder testimoniar, garantías que este fiscal sabemos no puede asegurarlas”. Se trata de un trabajador portuario que “habla de algunos movimientos y luces el día martes anterior, en la costa de la Cola de la Ballena. Esto es muy llamativo máxime en invierno, en un lugar absolutamente hostil, en cuarentena y de noche. Ningún pescador elegiría esa oportunidad para poder hacerlo”.
La periodista Sandra Crucianelli analizó los patrones que se repiten en los comunicados oficiales del fiscal Santiago Ulpiano Martínez sobre el desarrollo de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.
“Me llama la atención su rol, me parece que la querella actúa como fiscalía y el fiscal actúa como defensor de los sospechados”, señaló a FM De la Calle.
Este ejercicio la periodista lo había realizado con anterioridad cuando, junto a su par Mariel Fitz Patrick, localizaron más de 9 mil decretos secretos de la dictadura. “Se pone ese texto en una base de datos y se empieza a analizar por palabras clave y uso de tiempos de verbos”.
La marcación del perro del perito Herrero
“Una de las primeras cosas que me llamó la atención el 27 de julio es cuando la Fiscalía se refiere a una pericia con perros pedida por la querella sobre los coches de la policía. Participaron los perros de la Federal y el perro del perito de parte Marcos Herrero. Cuando se refiere al hallazgo de Herrero el fiscal dice ‘habría marcado algunos’, este uso potencial tiende un manto de duda sobre la marcación. Esto es un hecho que quedó registrado con cámaras: el perro no ‘habría marcado’, el perro marcó”, apuntó Crucianelli.
Agregó que “después la interpretación es otra cosa, distorsionar una prueba tan contundente como la marcación efectiva por parte del perito de la querella me pareció extraño”.
Testigos y antenas: “Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”
“Más extrañó todavía me pareció el comunicado del 7 de agosto en el cual da por cierto todo lo que dicen los testigos sospechados. Por ejemplo, en relación a (Alberto) González, ‘se consideró que sus manifestaciones resultaban verosímiles. Por el momento, pero verosímiles’. Acá dice yo a González le creo, se basa en el dato del AVL”.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
Crucianelli destacó “la forma en la que Martínez ‘defiende’ a los sospechados. Cuando la querella dice que hay contradicciones en la declaración de González, el fiscal dice ‘podría tratarse de una omisión y no es suficiente para desvirtuar su testimonio'”.
Respecto al testimonio de Siomara Flores dijo: “Declaró que lo levantó 12:30 cuando estaba en Buratovich y el fiscal dice ‘podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados y en realidad lo trasladó más tarde’. Justifica las contradicciones diciendo ‘no es tan grave, nada de eso pone en duda lo que dijeron'”.
Crucianelli subrayó que “lo mismo pasa con la testigo que presentan los policías que dice que lo dejó antes del fitosanitario. ¿En qué se basa para decir que le cree? En la lectora de patentes. Estas pruebas -la lectora de patentes, AVL, antenas- son indicadores de lo que pasa con los autos y teléfonos, no con las personas”.
En relación al impacto de la línea de Facundo en una antena en Ing. White, la periodista afirmó que el fiscal “hace una valoración, dice ‘se podría intuir que Facundo siguió rumbo a Bahía alejándose cada vez más de Origone’. En realidad se refiere a un teléfono y no a una persona, con lo cual esta valoración es una comunicación sesgada. Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”.
Aprietes y persecución policial a testigos
Lo que más llamó la atención de Crucianelli es que “en el hostigamiento que narran los testigos, el fiscal dice ‘pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo antes de ocultar la desparición forzada’. ¿De dónde saca la interpretación el fiscal? Eso es de un defensor no de un fiscal”.
“Si es Facundo el cuerpo que se encontró, creo que va hablar, va a ser la única palabra calificada y nadie va a poder poner en duda lo que ese cuerpo dice. Me da tranquilidad que el Equipo de Antropología Forense va a poder ir más allá, hay muchas cosas que el cuerpo va a decir”, sostuvo.
Filtraciones a los medios
“Los periodistas no tenemos acceso a las causas, podemos contar con filtraciones. Podés tener el expediente, escuchas, videos, pero cualquier documento puede decir la verdad o no. No podés cubrir un crimen si no hacés el trabajo de campo, la filtración no te cubre para hacer todo el trabajo. Ese es el punto de partida”, concluyó en referencia a la cobertura mediática del caso.
(Por Astor Vitali) El comentario editorial del día de hoy será breve. Creemos que no se trata, en este caso, de llenarnos de argumentos unos tras otros para justificar una posición determinada. Más bien, las propias declaraciones del funcionario público al que haremos referencia simplifican la tarea: no hace falta agregar más nada.
¿Por qué Berni debería retirarse? Se podrían buscar muchos motivos en sus antecedentes represivos. Pero, para no abundar, refiriéndonos al caso de Facundo Castro, se trata de la máxima autoridad en seguridad de la provincia de Buenos Aires, dedicándose a una feroz campaña sistemática contra la querella, contra las denuncias de Cristina Astudillo Castro, de sus abogados, siendo el responsable de la fuerza de seguridad denunciada por desaparición forzada.
En general, empieza sus declaraciones aclarando que no tiene acceso a la causa federal porque investiga la justicia federal (hecho que tuvo que ser solicitado por la querella) pero, acto seguido, en cada entrevista sostiene las posiciones de quienes buscan desviar el objetivo de la familia que es la investigación por desaparición forzada. Hasta el límite de decir que “fue un gran show haber insistido con una teoría de desaparición forzada” y, en franca contradicción con que no tiene acceso a la causa, sostiene que en los expedientes no hay ningún elemento para vincular a sus policías.
Berni comenzó su show asegurando a Cristina que le iba a “devolver” a su hijo con vida. Esto fue al comienzo de la búsqueda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sabía que le permitió escupir semejante aseveración? Si no sabía nada: ¿se pueden hacer declaraciones de este tenor con un tema de estas características? Como si todo lo que sea para la cámara fuera lícito.
Luego comenzó un derrotero sobre el que ya, en lo últimos días, desbarrancó, como hemos señalado. Para Berni, Faundo se tropezó con la vía donde se encontró un cuerpo aún no periciado, sobre el que la querella cuestiona cómo fue hallado y han denunciado la existencia de huellas de un vehículo que lo habría plantado así como la zapatilla en buen estado (a diferencia del excesivo grado de descomposición del cuerpo).
Casi al mismo tiempo que se producía el hallazgo de ese cuerpo, el Ministro jugaba a Los Extermineitor –la caradurez de Francella y el ridículo de Disi- en un videíto en el que se lo ve entrenando y alentando a la tropa (nada menos que a la Bonaerense).
Pero el hecho central es de carácter político. La diferencia del tratamiento estatal se dio hoy por una simple actitud: la empatía de los responsables políticos por las víctimas. A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que persiguió a las víctimas en su período –por caso al entorno de Santiago Maldonado-, el presidente Alberto Fernández hoy decidió recibir a Cristina Castro y darle su respaldo.
Según las declaraciones de Cristina la dejó, el jefe de estado la dejó “conforme, tranquila”. Agregó que “eso no quiere decir que no vaya a pedir que se sepa a la luz. Ha sido muy sincero. Hay muchas cosas que yo no les puedo contar”.
En cambio, la posición de la provincia de Buenos en boca de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, es la persecución mediática y el fustigamiento a la familia de la víctima. La posición que intenta Berni es imposible, cuando sostiene que no va a cuestionar el dolor de la madre pero ataca a los abogados, simplemente porque los abogados representan la voluntad de la madre.
En otras palabras, desde el punto de vista institucional, es insostenible que un gobierno democrático mantenga en su cargo a un Ministro que niega las prácticas violentas de su fuerza policial (La Bonaerense) y que fustiga a la querella que denuncia desaparición forzada. Sobre todo cuando va en franca contradicción a las declaraciones del propio gobernador, Axel Kicillof, quien sostuvo que no habrá encubrimiento.
Se ha dedicado a esta campaña mediática tiempo completo haciendo declaraciones que, como sostuvo la perito de parte Virginia Creimer, que no hacen más que “complicar la investigación, confundir a la audiencia y lastimar a esta madre y a todas las madres que pelean”. Es decir, opera interfiriendo con la labor judicial sembrando versiones que nada tienen que ver con lo probado por la actuación judicial en una causa bajo secreto de sumario. Está interfiriendo y esto es grave.
Por esos solos hechos, no puede permanecer adentro de un gobierno democrático. No se puede bancar su campaña y esa campaña no es compatible con la caracterización de un gobierno que se autodenomine popular. Las declaraciones que hizo ya las hizo. Las acciones que realizó ya las realizó.
Berni “no es humano”, dijo Cristina Castro, en el marco de la conferencia de prensa que tuvo lugar ayer bajo el amparo de la sede argentina de Amnistía Internacional.
La institucionalidad democrática debería actuar a través de sus anticuerpos. Se espera que la reunión entre Cristina Castro y sus abogados y el presidente sea una señal en ese sentido. Pero sobre todo la memoria popular -y especialmente el pueblo peronista, que conoce de poner el cuerpo- debería actuar a tiempo como anticuerpos sobre un agente nocivo para el rumbo que el gobernador Axel Kicillof señala que quiere tomar.
Berni va en un sentido. Las declaraciones de Alberto Fernández y las del gobernador en otro. Un funcionario de gobierno en un tema de estas características no puede permanecer en el mismo sosteniendo la posición de quienes persiguen a la víctima y su familia. Más claro: no se puede que el gobernador diga “no vamos a encubrir” y que su ministro de seguridad se aboque (en medio de una compleja situación pandémica) a una campaña full time por medios masivos de comunicación a estigmatizar a la familia de la víctima. No se puede.
