Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El intendente Héctor Gay designó al conductor Rubén García como director coordinador de Cultura en el Espacio Público. El flamante funcionario estuvo a cargo de las propuesta “Bahía Joven” y “Bahía Emergente”.
El concejal del Frente de Todos, Carlos Quiroga, presentó un pedido de informes solicitando al ejecutivo que exprese detalles de dos órdenes de compra cuyo proveedor figura a nombre de Rubén Eduardo García.
“Vimos que había órdenes de compra por contratación de servicios porque aludía a actividades culturales en los barrios y no encontramos dónde, cuándo y por qué se hicieron. Le preguntamos a qué obedecen, son casi 350 mil pesos, dinero con el que se podría haber monetizado una veintena de espectáculos de artistas locales como se propuso en su momento”, dijo el concejal a FM De la Calle.
Agregó que “la Municipalidad abrió una plataforma, dijo mandáme lo que tengas y demasiado que te lo paso. En cambio había recursos. Nos encontramos que la misma persona beneficiada con esa locación de servicios es nombrada funcionario político y durante dos meses va a tener una incompatibilidad manifiesta porque un funcionario político no puede ser proveedeor del Estado. El señor García va a cobrar las órdenes de compra pendientes por agosto y septiembre y va a cobrar el sueldo de funcionario”.
La iniciativa inquiere sobre “las charlas y talleres organizados bajo la orden de compra 466/2020, barrios en los que se desarrollaron dichas actividades, conocer cómo se adaptaron las acciones de este proveedor en los primeros meses de la pandemia, detalles de la plataforma web según orden de compra 466/2020, acciones realizadas en el mes de junio según orden 1792/2020, informe planificación de actividades para los meses de agosto y septiembre según orden 1792/2020, plataformas virtuales se utilizaron y que eventos culturales se generaron hasta la fecha según orden de compra 1792/2020 y protocolo de salud utilizado”.
Quiroga mencionó que “como el funcionario político es full time no sabemos en qué momento va a hacer el otro trabajo si es que verdaderamente existe. Esperamos que acompañe el proyecto el oficialismo y que respondan”.
(Por Astor Vitali) A partir de la sanción de la Ley de Teletrabajo, comenzaron levantar la voz las voces que dicen lo que siempre dicen: “los que damos trabajo no podemos llevar adelante nuestros proyectos en este país”. Una de las voces más altisonantes fue la del empresario Mario Pergolini, quien sostuvo, dirigiéndose al congreso: “ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad: hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo”.
¿Qué plantea la normativa? Cuestiones de sentido común como que quienes trabajan bajo esta modalidad tengan los mismos derechos y obligaciones que quienes lo hacen de manera presencial, que pasar de la modalidad presencial a la de teletrabajo debe ser con acuerdo voluntario de quien trabaja, que existe la reversibilidad de una forma de trabajo a la otra, que la remuneración no sea inferior a la que se percibía de manera presencial, el derecho a la desconexión para garantizar una jornada máxima, que los horarios sean compatibles con quienes lleven adelante tareas de cuidado, que el empleador deberá proporcionar el equipamiento y el soporte necesario para el desempeño de las tareas -o que se compense a quien trabaja si lo obtiene él mismo por la compra de estos elementos-, la compensación de gastos que puede generar llevar el trabajo a la casa, y la ratificación de otros derechos como capacitación así como el ejercicio pleno de derechos sindicales y la protección de datos personales y de su intimidad. La norma comenzará a regir a partir de los 90 días luego de la finalización del periodo de vigencia de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
En términos generales, lo que plantea esta legislación es que quienes trabajan gocen de sus derechos por llevar adelante una tarea que resulta necesaria para que una empresa pueda llevar adelante su actividad. Es decir, hasta aquí, más o menos se trata de no retroceder en materia de derechos laborales.
Ocurre que los empresarios del siglo XXI, tan orientados a pensarse como el futuro, tienen tendencias a pensar en tecnología de futuro con reglamentación laboral del pasado. Son medievales. Y los son porque buscan producir bienes y servicios para quienes tienen la capacidad adquisitiva para consumirlos a través de mecanismos laborales que no les generen ningún compromiso con quienes trabajan en sus empresas. Es la doble vara del pensamiento oportunista: libertad para la empresa y semi-esclavitud para el trabajo.
Su mentalidad es totalmente reaccionaria porque se asumen como el sector social que “mueve la economía” y se piensan como “generadores de trabajo”. Ellos son los que “dan trabajo”. En rigor, en economía lo que existen son necesidades y hay tareas que realizar (trabajos) para la obtención y procesamiento de recursos que devienen servicios o bienes. Si la forma en que se da es capitalista o asociativista son dos mangos aparte. Es decir, los trabajos deben realizarse para morfar, tener agua, en fin, vivir.
Me voy a dirigir al empresariado argentino: quienes dan su trabajo son quienes lo realizan. ¿Cómo es esto de que “das trabajo”? Vos lo que hacés es contratar a alguien para que lleve adelante una tarea (trabajo) que es necesaria, imprescindible, esencial para que tu empresa desarrolle su actividad y a cambio de ello, en Argentina, pagás un salario módico, muchas veces inferior a lo necesario para llevar adelante una vida digna, pesificado y con legislación laboral que ya fue flexibilizada durante los años noventa. Vos necesitás de ese trabajo que hacen otros -que reciben poco- para obtener los resultados que esperás. En síntesis: no das trabajo, recibís el beneficio de los trabajos que realizan laburantes y con eso facturas. A cambio, pagás una suma fija nimia. En buena medida además, en negro.
Vamos a otro tipo de empleos. Los que “dan trabajo” por ejemplo doméstico. Lo que te pasa a vos es que no querés agachar la espalda para limpiar la mierda del inodoro. No das trabajo, alguien realiza una tarea que vos no querés hacer y por esa tarea –salvo que reivindiquen el esclavismo de manera explícita (no se animan)- pagas una retribución, muchas veces miserable.
No das trabajo. Te beneficiás del trabajo mal pago que realiza otro por una tarea que no querés o no podés hacer. Porque si no la podés hacer por falta de tiempo y entonces contratás, muy bien, pagá por el servicio lo que corresponde. Pero no te engañes en el asado del domingo con tus amigos diciéndote que sos muy buena gente y luchas contra la pobreza porque le “das trabajo” a María que, pobrecita, no llega a fin de mes. Porque a María no le regalás nada. Le pagas por un servicio. Así como querés que te paguen a vos por los servicios que da tu empresa o, como te gusta decir, tu emprendimiento. Muchas veces, María también hace cosas por las que no le pagás, como criar a tu prole, por ejemplo.
Y si no llegás a pagar todo y te cuesta porque sos PyME y estás complicado. ¿Por qué no te la agarrás con el modelo de concentración de la riqueza que está dado para que las grandes empresas hagan más o menos lo que quieran y a las PyMES les cueste despegar? ¿Por qué pensás que el problema está en las “cargas laborales”?
Capaz que no te da el piné para ser empresario. Capaz que no sos tan bueno en los que hacés pero te la agarrás con el que labura y recortás por ahí. Capaz que lo que tenés que hacer es laburar.
Tenemos un serio problema conceptual. Los únicos que “dan trabajo” son quienes trabajan.
Dicho esto, habría que pensar en por qué no cierran los números. Por qué se quejan los empresarios que se quejan de que no se puede crecer en el país. De Martínez de Hoz hasta aquí, más o menos se encuentra la razón en un gran empresariado prebendario que fustiga al estado pero vive de él. Empresariado que no invierte y recibe subsidios.
Pero si hablamos del gran empresariado, hablamos de que los números no cierran porque la guita que falta está en sus propias arcas. Basta con analizar cómo en plena pandemia, los Galperines duplicaron sus fortunas y a la vez se llenan la boca hablando de que “dan trabajo”.
¿Qué trabajo quieren cuando hablan de modernizar? Un trabajo sin derechos laborales. Por ejemplo, un trabajo en el que el dueño recibe la paga y vos que trabajas distribuyendo te comprás la bici, te pagás el celular, el uniforme, la cajita infeliz, y a otra cosa. Quieren un sistema de trabajo sin obligaciones patronales, sin regulación, en el que la vida de millones que trabajan no vale nada, no está asegurada, no tiene perspectivas de crecimiento, no se rige por normas que respeten sus derechos básicos. Ah, eso sí, también quieren que “te pongas la camiseta” de la empresa porque “somos una gran familia”. Hay que ser verdaderamente jodido y cínico. Lo son.
El empresariado ha salido a decir: “esto (la ley de Teletrabajo) no alienta la creación de nuevas fuentes laborales”. ¿Qué es lo que les desalienta? La regulación de una modalidad de trabajo sobre la que forjaron parte de su riqueza. En Argentina, hace más de quince años.
Esta no es una ley de fomento, es una de regulación. Lo que no quieren estos tipos (y digo explícitamente tipos porque en general hablamos de varones) es que se planteen los derechos laborales porque la guita la sacan de quienes dan su trabajo. Lo que quieren es que trabajes pagándote tus propias herramientas de laburo, que estés a disposición las veinticuatro horas, que hagas de cuenta que no es relación de dependencia, que te sientas “parte de la empresa” pero que no participes de sus ganancias, que ellos no paguen más por todo lo que implica un lugar de trabajo y que vos te pagues los gastos haciendo tu propio lugar de trabajo (trabajando para beneficio de ellos). No es un debate nuevo: la desregulación del teletrabajo fue la oportunidad para que muchos empresarios se hayan beneficiado con un sistema que, en ocasiones, es esclavista.
Si alguna crítica cabe a la ley votada, es en aquello que se queda corta en materia de protección de derechos. En este sentido, hay que prestar mucha atención a la reglamentación en función de la capacidad de lobby que ese empresariado tiene.
No caben dudas: les jode profundamente la protección de derechos laborales porque no les cierra su modelo empresarial si no es a través de la superexplotación laboral. Te dicen “en otros países la regulación es menor”. ¿Es una competencia a ver quién tiene menos derechos?
Son quienes son, por el trabajo que otros realizaron de una manera totalmente precaria. De fondo, los que dicen que no pueden “dar trabajo” a partir de esta ley, deberían ir a laburar.
El Sindicato Argentino de Televisión local se prepara para festejar el Día de la Niñez en contexto de pandemia. Hoy, en tanto, se celebra Día de las trabajadoras y los trabajadores de la Televisión.
“Decidimos hacer una entrega de una suma para cada afiliado que tenga hijos para que cada uno le haga no solo un regalo personal sino también de parte del sindicato”, dijo el secretario general, Horacio Tolza, a FM De la Calle.
Agregó que “en el Día del Niño siempre hacemos un festival en el predio, este año no se puede hacer así que nos pareció lógico que lo charlemos en la comisión directiva y le entreguemos esta suma de dinero”.
En cuanto a las condiciones laborales en el sector durante el aislamiento, el dirigente mencionó que “en el circuito cerrado tenemos gente que entra a las casas, por lo cual hasta que no se tomaron las medidas no entraban. Se logró un acuerdo con las empresas para que entren con un equipo especial. Tuvimos solo un caso positivo”.
Tolza señaló que en el circuito abierto ocurrió “un caso de un periodista que no es del gremio, los compañeros están cuidándose y cumpliendo el protocolo”.
Foto: Luis Ángel Salomón
Vecinos y vecinas del barrio Nueva Belgrano denuncian que las obras de las cloacas están mal hechas y que el sector se inunda de desechos cada tres meses. Desde ABSA no hay explicación, desde el Municipio tampoco.
“Esto es una situación que se repite desde el mismo día que hicieron las cloacas del barrio. Están todos los registros llenos hasta arriba. Ahora que tenés que lavar todo tenés que agarrar un fuentón y tirar el agua afuera, no hay derecho a vivir de esta manera cuando se está pagando un servicio”, dijo Gladys Girotti.
Relató que “el 2 de julio elevamos un reclamo, llamamos muchos vecinos, empezó a desbordar la cloaca sobre Bonnat y Agustín Álvarez. Empezamos a hacer los reclamos el 1 de agosto, nos fijamos nos figura como solucionado, cuando en realidad no podríamos usar la calle. Había varias calles comprometidas, vecinos que no podían usar el baño, que tenían que sacar afuera la manguera del lavarropas”.
Señaló que el sábado concurrió ABSA a revisar las cañerías, “destapan la esquina de Álvarez y Bonnat, paran en mi casa, me preguntan si anda bien el baño y cuando les digo que no, me dicen ‘entonces es un problema suyo’. Era posible que después de 36 días sin drenar bien hubiera una obstrucción”.
“Con mi marido empezamos a chapotear en la caca, llamamos a una empresa de destapado y cuando vinieron comenzó a levantarse la tapa de Alvarez y Rizzo por la presión. No era un problema nuestro. Seguimos insistiendo en ABSA, nuevo reclamo, llamé ayer para reactivar el reclamo, acá no se acercó nadie y la tapa de Rizzo se sigue levantado y las familias están inundadas”, agregó.
Girotti mencionó que “es una falta de respecto tan grande, desde el 2011 que se iniciaron la cloacas, cada tres meses vivimos un mes en la cloaca. Cada vez que reclamamos, cuando llega a 11 o 12 veces de reclamo lo ponen como solucionado”.
(Por Astor VItali) Iniciamos la segunda temporada de Un grillo en tu almohada en medio del desarrollo de la pandemia por COVID-19. Desarrollo que trae ciertos interrogantes profundos respecto de qué cosas permanecerán como antes de la pandemia y cuáles comportamientos sociales arrojan verdaderas certezas.
En Argentina, allá por el 20 de marzo, la sensibilidad que despertó el primer impacto nacido del conocimiento de las consecuencias que podría traer una situación sanitaria de estas características, imprimía en comentarios de todo tipo la idea de que ahora sí, esta nos tocaba a todos y a todas y que por ende, habría reflexión sobre el modo de vida, la concentración de la riqueza, el acceso a la salud, el problema de la vivienda digna. En fin, el modelo de vida que aceptamos, que cuestionamos o que supimos conseguir.
Sin embargo, estas primeras lecturas fueron meras reacciones ante el peligro inminente. Las acciones, por su parte, fueron de otro tipo. Y en las acciones de los distintos sectores sociales se corrobora que, pese a la perorata, nada ha cambiado sustancialmente.
Aparecen las certezas. La certeza de que los que más tienen, lejos de acceder a una situación de distribución, hicieron más guita que antes. La certeza de que quienes menos tienen, aun perdiendo más y más por sus dificultades para obtener recursos en la economía del día a día, generaron sistemas solidarios que bancan la situación en lo profundo.
Según la Forbes las personas más ricas del mundo han aumentado su riqueza durante la crisis del coronavirus. Ya no somos todos iguales, entonces. En nuestro continente, por caso, quienes tienen fortunas aumentaron en 48.200 millones de dólares sus arcas entre marzo y julio. ¿Y ese número qué dice? Representa el equivalente a un tercio de lo erogado por los países de la región en materia de estímulo.
En Argentina, por ejemplo, Marcos Galperín pasó de 2 mil millones de dólares a 4.5 mil millones. Son los efectos del mercado libre: ganan quienes tienen espalda y ponen la espalda quienes no ganan.
Como contrapartida, el aumento de la pobreza en este marco es significativo. Sucede esto en un país donde además existe una pobreza estructural que no permite atravesar de igual forma las consecuencias de las medidas de aislamiento.
De la ilusión inicial de la generosidad capitalista y de estar “igualados por la pandemia” pasamos a la realidad de la especulación empresarial y una brutal desigualdad para encarar todas las dificultades que impone una situación sanitaria sin parangón.
Por si cabe aclarar, las medidas sanitarias no son objeto de esta columna ni quien suscribe está capacitado más que para entrevistar a quienes se especializan en ello. Las medidas sanitarias han sido elogiadas globalmente. Pero las medidas sanitarias no se viven igual en el cantri que en el resto de la ciudad.
Hoy comienza el pago del tercer IFE. Desde marzo hasta hoy, quienes no tienen nada han recibido 30000 pesos argentinos, lo relativo a 411 dólares. Huelga decir que lo necesario para subsistir un mes, súpera ese número.
Como están las cosas, quedan pendientes miles de preguntas y cuestionamientos respecto de cómo será el regreso a la llamada normalidad, cuando la situación sanitaria se estabilice. Si es que esto se da de esta forma. ¿Cómo será la vuelta a la educación formal? ¿Qué pasará con la legislación laboral? ¿Cómo retomaremos los vínculos? ¿Qué elementos de la llamada nueva normalidad permanecerán y cuáles no? ¿Qué se modificó en la cultura de los vínculos a partir de esta situación? ¿Cómo volverán las actividades que implican conglomerados sociales?
Podríamos seguir enumerando muchas preguntas. A su vez, podemos establecer al menos tres certezas. Que quienes detentan la riqueza en el mundo, en el continente, en el país –y en esta ciudad- han sostenido su actitud de rapiña y que sus intereses están abiertamente contrariados con el bien común; que los sectores más complicados en su economía dan lo que no tienen en una actitud solidaria, sosteniendo en buena medida todo (desde los trabajos esenciales hasta los comedores barriales); y que el gobierno ha impulsado una serie de medidas que impactaron favorablemente en los sectores populares pero ha encontrado su límite en el hecho no haber tomado la decisión política de gravar la riqueza, la herencia y lo que habría sido necesario para sostener en los hechos que la ciudadanía goza de igualdad de derechos ante la ley.
La riqueza no se ha tocado.
La certeza de que la riqueza no es un asunto de capacidad y la pobreza de incapacidad. Sino que por el contario, la concentración de la riqueza es una cualidad del aprovechamiento de la miseria ajena. Una condición de funcionamiento del modelo de sociedad que padecemos.
Parecen perogrulladas las vertidas en estas líneas. Claro que sí. Ocurre que, desde este espacio, no quisiéremos naturalizar una realidad que nos venden como inevitable. Que haya lugar para todes depende de la acción política para generar esas condiciones. No se da por generación espontánea y mucho menos por la confianza en quienes manejan la economía. Que a buena parte del pueblo no le llegue lo necesario para sobrevivir y para afrontar el aislamiento, tiene su fundamento en la avaricia de sectores que se sienten bien donando algún respirador –y generando publicidad, de paso-, pero que no están dispuestos a devolver a la sociedad los recursos que le pertenecen.
Tan obvio, tan impostergable, tan evidente. Y sin embargo, la distribución de la riqueza –desde un punto de vista estructural-, está fuera de agenda.
Desde las 9 de la mañana continuará el debate oral y público del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias miércoles y jueves. Transmite el canal de youtube Audiovisuales UNS.
Más información en JUICIOBAHIABLANCA.WORDPRESS.COM
Fueron convocados trece testigos, entre los cuales figuran familiares y compañeros de las víctimas y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la época en que los imputados actuaron en esa sede bajo las órdenes del rector interventor Remus Tetu. Cinco de las declaraciones se brindarán por videoconferencia.
Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno como integrantes de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 24 homicidios agravados cometidos entre los años 1974 y 1975 en la zona de Bahía Blanca. Por su parte, Aceituno se encuentra sindicado como coautor del homicidio agravado del estudiante y militante estudiantil “Watu” Cilleruelo.
Esta semana comienza a desarrollarse la prueba de los casos de Salvador Julio Trujillo y José Manuel González. Trujillo, de 33 años, era obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” de la ciudad y, como integrante de la Asociación Obrera Textil, había sido propuesto como delegado de los trabajadores de aquella empresa para las elecciones gremiales que se realizarían en los meses posteriores a su asesinato.
La noche del 20 de septiembre de 1975, la víctima fue secuestrada por un grupo de personas de civil que lo introdujo en un Fiat 125. Su cadáver fue abandonado junto a la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en la espalda.
José Manuel González integraba el grupo de Scout de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y trabajaba como ayudante de obra en la construcción del complejo petroquímico de la ciudad, para la empresa McKee Techint -la misma que había empleado a otra de las víctimas de la causa, Luis Jesús “Negrito” García-. Elegido delegado de obra e integrante de la comisión directiva de la UOCRA, renunció al cargo tras las reiteradas amenazas recibidas.
El secuestro de la víctima se produjo el 23 de abril de 1975, cuando se trasladaba desde la obra a la parroquia San Roque donde habitaba. El cuerpo de González fue hallado en el kilómetro 720 de la ruta 22, con doce impactos de bala en la cabeza y espalda.
También se escucharán nuevos testimonios sobre el caso de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista atacado por un grupo armado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un nosocomio local. De acuerdo a uno de los testimonios prestados en las jornadas anteriores, antes de morir Pojomovsky alcanzó a informar al padre de la testigo que el ataque había sido ejecutado por la gente de Rodolfo Ponce, por entonces diputado nacional y secretario de la CGT local, sindicado por la acusación como uno de los jefes de la organización criminal.
El Colectivo de Trabajo Social presentó una nota al intendente Héctor Gay para visibilizar las dificultades de las políticas sociales municipales en el marco de la pandemia por Covid 19.
“Es síntesis de diferentes reclamos y expresiones que nos vemos obligades a colectivizar porque son transversales a todas las instituciones de las que formamos parte como así también porque no han sido tomados en cuenta para la confección de políticas sociales acordes a las necesidades y demandas de la ciudadanía bahiense”, afirmaron.
Agregaron que “la presencia de distintas instituciones aquí representadas denota el peregrinaje que realizan las personas para acceder a derechos básicos, como así también la fragmentación de la política social en programas que no han podido articularse”.
“La carta tiene como objetivo visibilizar lo que está sucediendo a pesar de las medidas tomadas y hacer una historicidad de lo que venimos viendo y haciendo desde la disciplina de Trabajo Social de los distintos sectores, educación, salud, servicio social”, dijo a FM De la Calle, Ana Biera desde el Hospital Penna.
Firman también sus colegas de las Unidades Sanitarias dependientes de la Secretaría de Salud, del Servicio Social comunal, el CPA y los Equipos de Orientación Escolar.
Biera manifestó que “estamos atendiendo reclamos de personas que nos dicen ‘no nos llega el bolsón, no nos llega la garrafa’. Hace frío, la gente necesita abrigarse, necesita colchones, no podemos no decir absolutamente nada de esto. Los recursos parecieran no poder superponerse. Existe un banco de nombres, no para ver quién recibe sino para ver si alguien recibe otra cosa y no dársela. Es excluyente”.
En el escrito mencionan que “no se han articulado otras estrategias, a pesar de las diferentes manifestaciones de diversos sectores, y se sigue insistiendo con prácticas re-burocratizadas que alargan los tiempos de espera o directamente disuelven intentos de pedidos/demandas”.
En este sentido, Biera dijo que les “comunicaron que tenían que mandar a otro mail los pedidos de bolsones, colchones y nos piden una reseña de la situación familiar. Es alargar los tiempos, presentar informes sobre una familia que necesita una garrafa por ejemplo”.
Desde el ámbito educativo destacaron “lo indigno que es que las personas tengan que hacer cola para recibir comida o un bolsón, casi no se ven alimentos frescos. Esto de que la gente tenga que ir a pedir por la comida y que en ningún momento se piense en algún tipo de propuesta que tenga que ver con aumentar la tarjeta que la mayoría de la gente tiene y no tenés que ocuparte de la logística”.
Por último, mencionó que no han sido convocadas a participar de ninguna instancia de articulación frente a la presentación de diferentes notas en el Municipio “las respuestas son indirectas o se hacen informes, pero no nos llaman ni a nosotros en salud ni a otros espacios profesionales”.
Con foto de la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, cargando bolsones, el Municipio informó la semana pasada que desde “la Red de Colaboración Social, hasta el 31 de julio fueron entregados más de 76 mil bolsones de mercadería y se aportaron alimentos secos para la elaboración de más de 60 mil viandas calientes”.
“Asimismo, se armaron 8 mil bolsones con artículos para la limpieza, 1500 kits con productos de higiene y se brindó asistencia a 120 comedores e instituciones que destinaron espacio y contención a vecinos en esta pandemia”.
Progresistas en Red elaboró una propuesta para regular la pauta oficial local con la intención de nutrirla con opiniones de otras organizaciones y transformarla en un proyecto de ordenanza. “Queremos llegar bien armados y con un consenso”, dijo Elias Ferán a FM De la Calle.
“Analizamos en un contexto igualitario para que se los evalúe de la misma manera a distintos municipios de la provincia. Tomamos La Matanza y Mar del Plata, son dos extremos muy significativos en cuanto la cantidad de habitantes y a la masa de lo que es el presupuesto del 2019, sobre lo presupuestado, no por lo ejecutado”.
La Matanza con un presupuesto de 15 mil millones destinó el 0,55% a gastos de publicidad y Mar del Plata con 600 mil habitantes y un presupuesto de 16 millones apenas destinó el 0,16%. “En Bahía fue 1,19% con una sobre ejecución del 100% porque habían presupuestado el 0,45. Ya están sobrejecutando, de los 45 millones destinados hasta este mes estamos llegando a los 50%”.
Evalúan que la mejor alternativa sería crear una comisión donde “estén representados el Ejecutivo, el Legislativo y también los que intervienen en la discusión de la pauta”.
“Una comisión en donde se tenga en cuenta, a la hora de destinar esos valores, que el porcentaje final de pauta tiene que estar en relación estrecha con lo que se va a gastar en salud, educación y obras. No puede estar superando esas tres partidas y tiene que haber una justificación de pauta ordenada, un objetivo definido, una descripción clara de la pauta oficial, perspectiva de género para entender y contextualizar la información que se difunde”, agregó.
Las iniciativa propone “dejar una reserva del 10% para que sobre los cierres de ejercicio no se sobrejecute y un fondo para medios universitarios, comunitarios y de organizaciones sociales. Es mucho más positivo pensar que podemos depositar en esos medios los dineros públicos que terminar financiando los medios periodísticos”.
Por último, Ferán señaló que “la pauta tiene que estar regida por la finalidad de informar objetivamente sobre la gestión de gobierno, de los funcionarios, comunicar las informaciones, apuntar preservar el medioambiente, el derecho al usuario, difundir programas y políticas de interés ciudadano. La finalidad no tiene que ser financiar los medios periodísticos sino satisfacer las necesidades de Municipio a la hora de informar”.
La Fiscalía General informó que la Justicia Federal remitió actuaciones a la justicia provincial a los fines de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública respecto del accionar de policías de la Bonaerense, en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.
En concreto, los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de la ex novia del joven desaparecido en el marco de diligencias investigativas.
Ello dio origen a dos investigaciones que tramitarán por ante la UFIJ N° 8 a cargo del dr. Marcelo Romero Jardín y la UFIJ N° 12 de la dra. Leila Scavarda, de acuerdo al lugar donde se sucedieron los hechos que se denuncian.
Santiago Ulpiano Martínez había hecho referencia a los vejámenes este fin de semana al rechazar la detención de cuatro policías en relación al encubrimiento de la desaparición de Facundo denunciado por la querella
“El hostigamiento narrado” por la ex novia y su hermano, “claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo”.
“Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado”, agregó.
Finalmente, el comunicado de la Fiscalía Federal destacaba que “su hermano incluso ‘accedió’ –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista”.
(Por Mariela Dobal*) El debate de cómo, a quiénes y para qué se asigna y distribuye la pauta oficial no es nuevo. Desde hace dos décadas es motivo de discusión y reflexión de quienes entienden la comunicación como un derecho universal y una herramienta capaz de limar las profundas desigualdades de acceso a la información y participación de la ciudadanía.
Cómo contexto inicial recordemos que en 2004 cuando se acordaron los 21 puntos por una comunicación más democrática -que fueron terreno fértil para sembrar las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 – ya se pedía prohibir por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, más aún cuando ésta pueda oficiar como premio o castigo a opiniones editoriales sobre acciones de gobierno.
Ahora bien… ¿Qué derechos debe promover la asignación de recursos públicos, en la producción y circulación de mensajes e imágenes? Garantizar las expresiones plurales de realidades y opiniones, y el derecho de las audiencias de acceder libremente a la información, sin interpretaciones previas, ni atajos (publicitarios privados) de las plataformas. Crear y difundir datos de servicio comunitario, que igualen las posibilidades de participación ciudadana en las políticas públicas. Respetar la privacidad de las personas, y proteger a las infancias y adolescencias de los estereotipos existentes que vulneran su integridad. No auspiciar contenidos misóginos, discriminatorios y violentos sobre las diversas elecciones de vida en democracia.
Más acá…
Podríamos continuar con las enumeraciones, e incluso, hacerlas más descriptivas. Sin embargo creemos urgente y necesario enfocar en los actuales criterios y destinos de pauta oficial en Bahía Blanca, para visibilizar algunas contradicciones existentes. Por decisión política, en los primeros seis meses de este año (2020) se pagaron alrededor de 48 millones de pesos en publicidad oficial. Fiel a los criterios de masividad de audiencias y discrecionalidad, el gobierno local asignó ese dinero público a empresas periodísticas, producciones particulares y periodistas, con deliberada superposición de tareas y espacios mediáticos. Aquí (bahia.gob.ar/compras) puede consultarse el listado completo de proveedores hasta el momento, para comparar los rubros más esenciales (recolección de residuos, transporte público urbano, cooperativas de trabajo y vivienda, obra pública, etcétera,) con los medios que reciben publicidad del Estado.
Más allá de discusiones ideológicas sobre las prioridades de un gobierno de cara a las necesidades y derechos de la ciudadanía, entre los 50-60 primeros lugares aparecen medios y periodistas que recibieron mucho dinero del Estado para… ¿Para qué?
En principio para difundir las escasas producciones y piezas comunicacionales que emergen cómo política comunicacional de Héctor Gay, aunque en este caso esa precariedad es responsabilidad del gobierno local.
Luego quedaría implícito que ese dinero de pauta oficial es para financiar medios comerciales, espacios periodísticos en estos, y/o directamente la tarea de prensa de muchos y muchas. Estas consideraciones surgen de las propias voces de algunes comunicadores y empresarios mediáticos que aseguran que sin ese dinero no podrían continuar su labor.
La duda entonces es ¿cómo funcionan los espacios de libertad de expresión y elección de temas, para que la agenda periodística no esté formateada por los intereses del gobierno de turno? U ocultar datos precisos. O ampliar las voces y realidades de las comunidades. O no autocensurar preguntas y editoriales. Por eso, la pauta oficial nunca debe financiar periodistas. Los aportes en tal sentido, son para garantizar informaciones de servicio que de otra manera quedarían perdidas en el actual caos informativo. Observen, lean, escuchen… como audiencias tenemos derecho de revisar y denunciar.
Más allá…
En el plano nacional, las disputas sobre los criterios para asignar pauta oficial son explícitas, se multiplican y evidencian qué empresas mediáticas necesitan del Estado para ampliar sus ganancias (en contados casos, para subsistir). Aquí no parecería molestarles la intervención estatal para aliviar sus obligaciones.
El presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones parlamentarias fue muy claro: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las virtudes del gobierno de todos. (…) Convocaremos a empresarios y especialistas para mejorar el manejo de la pauta y su uso”. Y agregó que el sistema de medios públicos estará alcanzando por esta medida, al igual que todas las jurisdicciones. Todo está por verse.
Actualmente se impulsaron conversaciones desde distintos ministerios y el propio secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, hizo públicas autocríticas sobre los mecanismos desiguales de distribución de contenidos oficiales. Cabe mencionar que fueron muy prolíferas las producciones de campañas, videos, spots, manuales, placas fijas, afiches, folletos, banners, etcétera, tanto para gráfica, sitios digitales, vía pública o plataformas audiovisuales. Situación comunicacional muy distinta a la local. Por supuesto la pandemia por el COVID-19 concentró los esfuerzos para comunicar acciones de gobierno y políticas preventivas de cuidado comunitario.
Sin embargo, al momento de convocar profesionales, organizaciones y colectivos que representan otras formas de comunicación popular, autogestiva y/o cooperativa, capaz de reflejar las innumerables realidades tan diversas de todo el país, aún se quedan a mitad de camino. Quienes ya han participado de algunos encuentros virtuales, expresaron con preocupación el alto nivel de desconocimiento que algunas/os funcionarias/os tienen sobre estas múltiples expresiones político comunicacionales. Habrá que seguir explicando y mostrando el trabajo que se hace todos los días. E invitar, por ejemplo, a que las producciones que los FOMECAS fomentan sean conocidas por quienes tienen la decisión de reinvertir fondos públicos por una comunicación más democrática.
Propuestas de “protocolo”
Solo dos, a modo de ejemplos prácticos. Una, nacional: la diputada Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley para que un porcentaje mínimo obligatorio del 15% de la pauta oficial se destine a medios comunitarios, cooperativas y pymes. Mezcla todas esas realidades y la medida es de carácter excepcional en el marco de la actual emergencia sanitaria por Covid-19, afectando los fondos previstos solo para el ejercicio del año 2020.
Otra del orden local. En la sesión del pasado jueves 16 de julio en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, la concejala Gabriela Schieda realizó un pedido de informe (Nº 323) al Ejecutivo Municipal. Solicitaba explicaciones acerca del gasto que el gobierno realiza en pautas publicitarias y sus criterios de distribución. Los concejales del bloque oficialista Cambiemos (mayoría en el recinto) no apoyaron ese proyecto y ni siquiera pudo discutirse.
Propuestas estructurales
Según el investigador Martín Becerra, experto en la materia, “se pueden realizar algunas recomendaciones u observaciones para contribuir a un control más democrático de la pauta oficial que moldea (con su mal uso y relevante peso dentro del mercado publicitario total) al sistema de medios“.
A saber: discutir la regulación en el Congreso de la Nación, establecer que el principal objetivo de la publicidad sea la comunicación de información de interés público y no el fomento a la imagen de gobierno o de funcionarios, no otorgar publicidad a aquellos medios que no paguen de manera regular las obligaciones patronales, los aportes jubilatorios, las obras sociales y los sueldos de sus trabajadores, ampliar el registro de proveedores de publicidad oficial y facilitar el ingreso de medios comunitarios, que no deben ser segregados en el reparto de fondos.
Otra definición política que exigimos y celebraremos es que los medios receptores de pauta oficial tengan paridad de género en sus equipos de trabajo, en los cuales estén representadas además todas las orientaciones sexuales.
Cómo Becerra nos enseñara, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser un faro para iluminar futuras transformaciones en este mar de incertidumbres y mejores rumbos por descubrir.
*Periodista, docente e integrante del colectivo de FM De la Calle.
La Fiscalía Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez desarrolló las razones por las que, de momento, se pronunció en contra de los pedidos de detención de cuatro agentes policiales bonaerenses.
Se trata de Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. La medida fue requerida la semana pasada por Cristina Castro, la madre del joven desaparecido el 30 de abril.
Se aguardan los resultados de nuevas medidas de prueba y se requirió colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Comunicado oficial
Sosa y Curuhinca
En relación a los pedidos de detención de los agentes de policía Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se sostuvo que debía estarse a lo resuelto por la jueza federal en su decisión del 4 de agosto, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación.
González
La fiscalía tampoco acompañó el pedido intentado por la querella particular, tendiente a procurar la detención de Sr. Alberto González, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto no se advirtieron -en este segmento inicial- elementos suficientes que hicieran suponer que formó parte de un accionar orientado a la desaparición de Facundo Astudillo Castro o, subsidiariamente, al encubrimiento de una conducta semejante.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
En ese sentido, se recordó que González fue citado a testimonial por primera vez respecto de los hechos que se intentaron dilucidar por la Ayudantía Fiscal de Villarino, que le recibió declaración el 15/06/2020, en el marco de la IPP nº PP02-00-009503-20/00. En esa causa, por entonces, se tendía a dar con el paradero de Facundo.
En aquella ocasión explicó que el día 30/04/2020 recibió un llamado telefónico del Sr. E.P., quien le informó que habría una persona desplazándose por la vera de la Ruta Nacional n° 3 y que, dadas las características físicas observadas, podría tratarse de un menor de edad.
Señaló que, a fin de verificar dicha circunstancia, se trasladó a bordo del móvil policial hasta la citada ruta donde, a cinco kilómetros del acceso a Teniente Origone, habría tomado contacto con Facundo Astudillo Castro. Luego de conversar con este último, pudo saber que se dirigía a Bahía Blanca. Más precisamente a la casa de su novia -de quien aportó su domicilio-.
Luego corroboró que, pese a las medidas de aislamiento dictadas por el PEN, no tenía el respectivo permiso para circular. Ante esta situación, consultó telefónicamente a la dependencia policial de Médanos sobre cómo debería proceder. Sostuvo que sus superiores le informaron que Astudillo ya había sido infraccionado ese día por infringir la cuarentena y le indicaron que lo dejara seguir su viaje. Cumplido ello, mientras se alejaba lo habría visto subir a un vehículo que identificó como un Renault Duster Oroch color gris oscuro.
Alberto González depuso nuevamente ante la aludida Ayudantía el día 02/07/2020 y, si bien brindó algunos nuevos detalles respecto a su encuentro con Astudillo, lo hizo en similares términos que en su anterior declaración.
Puntualmente, agregó el número del móvil en el que se trasladó durante el episodio reseñado (R.O. 22788), incorporó las fotos que tomó de la licencia de conducir de Facundo (datadas el día 30/04/2020 a las 15.43hs) y exhibió las anotaciones que al respecto realizó en su agenda personal, que son materia de investigación.
Se consideró que sus manifestaciones resultaban por el momento verosímiles, pues se veían corroboradas por los testimonios de M.M., M.B. y E.P. Los primeros dos son quienes originalmente habrían visto a Astudillo caminado por la ruta –mientras se trasladaban en su vehículo particular, aproximadamente a las 15.00 de la fecha señalada- y al creer que se trataba de un menor de edad, dieron aviso a P. para que este a su vez informara de la circunstancia a González.
Todas las declaraciones mencionadas fueron corroboradas por elementos técnicos, como son los informes de la empresa de telefonía móvil Movistar. De las planillas remitidas por la compañía surgen no sólo las llamadas realizadas por los testigos -entre sí-, sino que además, de los impactos de sus celulares en las antenas se puede verificar que se habrían encontrado en los lugares donde refirieron estar. Asimismo, el Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) del móvil en el que González dice haberse trasladado arrojó geolocalizaciones y movimientos compatibles con sus declaraciones.
Es que, tal y como señala el informe incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina “8) Aproximadamente a las 15:00 horas en el Km 755 Facundo es visto por los testigos M.M. y su esposa M.N.B., quienes divisan a Facundo sobre la ruta (los abonados de estos testigos son captados por la antena de Teniente ORIGONE entre las 14:00 y 15:30 horas. Entre las 15:14 y 15:22 hay registros de comunicaciones entre B. y el abonado registrado a nombre de E.P., captadas en la zona de Teniente Origone, las que tienen relación con el aviso de este matrimonio al nombrado P., y este a las 15:16 entabla comunicación con el Teniente Primero Alberto GONZALEZ”.
Más adelante refiere que “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica en las coordenadas (…) entre las horas 15:27:27 a horas 15:41:57. Si calculamos la distancia desde la salida de Teniente Origone al punto de geolocalización del AVL del móvil de GONZALEZ la distancia es de 5,8 km desde la circunvalación hacia la posición en que el móvil estuvo detenido”. Luego “El AVL del móvil interno 22788 lo ubica entre las horas 15:51:18 hasta las horas 18:37:35 en las coordenadas (…), dentro de Teniente Origone”.
También se advirtió un impacto de la línea de Astudillo en una antena ubicada en Ingeniero White -denominada POLOPETROQUÍMICO UN- a las 16.06 del día 30/04/2020. De dicha circunstancia, informada por la empresa “Claro”, podría colegirse que el nombrado siguió su rumbo hacia Bahía Blanca, alejándose cada vez más de Origone.
Ello podría confirmar el testimonio de E.R., quien aseguró haber levantado a Facundo en una circunstancia que parecería ser la narrada por González. La testigo explicó que lo vio haciendo dedo cerca del camino de ingreso a Origone, próximo a un móvil policial.
Desde allí lo habría trasladado hasta las vías más cercanas a dicho pueblo, desde donde Facundo habría emprendido su camino hacia Bahía Blanca –lo que explicaría el impacto informado por la empresa “Claro”-.
La verosimilitud de la declaración de E.R. se ve fortalecida –al momento- con el informe aportado por el Municipio de Villarino, del que surge que su vehículo fue captado a las 16.03hs por la lectora de patentes emplazadas en el kilómetro 714 de la Ruta N° 3.
Se destacó que del análisis del teléfono celular de González no se desprenden elementos que permitan albergar sospechas respecto de su conducta. Las conversaciones extraídas, relativas al hecho de marras, parecieran –al menos hasta el momento- encontrarse en armonía con sus testimonios, pues vuelve a nombrar a P. como la persona que lo alertó sobre la presencia de un supuesto menor en la Ruta.
Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del móvil conducido por el oficial bonaerense, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha para esta parte.
Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.
La querella, por su parte, advirtió contradicciones en las que habría incurrido González quien, durante el rastrillaje practicado sobre la Ruta 3, refirió que vio a Astudillo irse caminando. En dicha ocasión no sostuvo haberlo visto subir a ningún vehículo.
Al respecto la fiscalía entendió que debía darse prevalencia a las declaraciones practicadas en sede judicial, en un contexto en el cual se encontraba brindando todos los detalles que recordaba del encuentro con Facundo. La aparente contradicción señalada podría tratarse más bien de una omisión y, si bien es tenida en cuenta y valorada por el Ministerio Público Fiscal, no revestía entidad suficiente -confrontada con las restantes pruebas- como para desvirtuar el resto de las constancias en las que se sostienen sus manifestaciones precedentemente reseñadas.
Asimismo, sostuvo el fiscal federal que no le escapaba el hallazgo de un elemento que habría pertenecido a Facundo Astudillo, en las inmediaciones del Destacamento Policial de Teniente Origone que, en los términos de su madre, “sería un amuleto de la suerte que su abuela le regalara (al mismo momento uno a cada nieto, estando en mi domicilio el de mi hijo Alejandro y Lautaro –el cual era una frutilla-) y que siempre llevaba con él en su mochila.”
Agregó que dicha circunstancia, de corroborarse, constituiría un dato indiciario atendible pues ubicaría a Facundo –o al menos a sus pertenencias- en Teniente Origone, pero restan medidas pendientes de producción -análisis de datos biométricos, ADN y testimoniales- que refuercen dicha tesis. Hasta entonces, a su entender, seguía prevaleciendo el cúmulo de elementos precedentemente señalados por sobre el hallazgo aludido.
Flores
En relación a Siomara Flores, también se solicitó su detención. Sin embargo, al igual que sucede con González, el titular de la acción pública entendió que, de momento, no se habían reunido elementos suficientes como para sostener que participó de la desaparición de Facundo o, al menos, en el encubrimiento de una conducta de esas características.
Recordó que fue involucrada en esta investigación por la Ayudantía Fiscal de Villarino -en el marco de la IPP nº PP-02-00-009503-20/00- donde presta declaración testimonial el día 10/06/2020, ocasión en la que relató que el día 30/04/2020 salió temprano desde Origone hacia Pradere, a realizar algunas tareas personales. De regreso pasó por Mayor Buratovich y, cerca del ingreso a dicha localidad, indicó haber visto a Facundo Astudillo Castro a la vera de la Ruta Nacional n° 3, en “horas del mediodía”. Agregó que el joven estaba haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca y Flores lo habría levantado y trasladado hasta el ingreso a Origone.
Flores indicó que durante el trayecto habrían mantenido una conversación, de la cual recordaba algunos detalles como: que se dirigía a Bahía Blanca a buscar trabajo, toda vez que había perdido su empleo –en una cervecería de Pedro Luro- por la situación de pandemia; que su madre trabaja en la estación de servicio Shell y que se había peleado con ella, por lo que no podía vivir en la misma casa; y que lo habían infraccionado en Mayor Buratovich por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La nombrada le manifestó conocer a su madre por lo que, al descender de su vehículo, Astudillo le habría solicitado que no le contara que lo vio.
El 30/06/2020 la numeraria volvió a prestar declaración en el marco de la IPP referida. En su nuevo testimonio, si bien brindó algunos detalles específicos respecto a su encuentro con Astudillo, se manifestó en similares términos a su anterior deposición. Indicó haber recibido un llamado telefónico de su padre en la fecha señalada –quien se encontraba en Origone -a las 12.34hs-; arrojó precisiones sobre el lugar donde habría levantado a Facundo (“pasando el parque eólico que está sobre la ruta, antes de curva y contracurva”); sostuvo que el nombrado le manifestó que “estaba haciendo dedo desde las 6 de la mañana”; y que cree que llegaron a Origone a eso de las 13.00hs.
El relato de Flores, hasta el momento, también resultó verosímil para la fiscalía. En principio, aparecía respaldado por los listados de comunicaciones entrantes y salientes de su línea, que remitió la empresa “Claro”.
En ese sentido, se observó una llamada y una conexión de datos móviles que, alrededor de las 11.30, impactaron en la antena de Pedro Luro. Esto la geolocalizaría próxima a la localidad de Pradere por la mañana. Asimismo, se encuentra constatada la comunicación que mantuvo con su padre a las 12.34hs y se ve reflejada una conexión de datos móviles a las 15.53hs. –ambos impactaron en la antena de Mayor Buratovich-. Como puede observarse, estos datos -técnicos y objetivos- resultan compatibles con las manifestaciones vertidas por Flores en sus dos declaraciones testimoniales.
El celular de la mujer fue peritado y, si bien no pudo extraerse toda la información pretendida, se observaron numerosas conversaciones relacionadas con el hecho. Además, de los teléfonos de Sosa y de Curuhinca pudieron obtenerse gran cantidad de diálogos en los que participó como interlocutora, todos orientados en un mismo sentido.
En general son apreciaciones respecto a la investigación sobre la desaparición de Facundo, trascendidos periodísticos y expresiones de sus emociones al respecto. A criterio de la fiscalía no resultaban incriminantes y reflejaban, más bien, la preocupación de Flores por que apareciera y su fastidio ante las sospechas que recaían sobre el accionar policial.
Algunas de sus manifestaciones fueron: “No sabes lo mal que la pasé ayer por este pibe que está desaparecido Porque fui la última que lo vi y los perros se quedaron en origone hoy arrancaban ahí más los vigis, quiero que aparezca para no sentirme culpable”; “Bueno yaaaaau quiero que aparezca el chicoooo”; “espero que aparezca por que la última en verlo fui yo, por quererle hacer una gauchada y acercarlo”.
Finalmente, en el reciente informe pericial remitido por la División Laboratorio Químico de la PFA, donde se cotejaron algunos de los rastros obtenidos del vehículo Chevrolet Corsa conducido por Flores, no surgieron elementos que generasen alguna sospecha. Si bien se trata de un informe parcial, pues aún resta examinar otros elementos levantados en la inspección del rodado, lo cierto es que de momento no arrojó resultados incriminantes en su contra.
Ahora bien, para la querella resultó motivo de sospecha que “la agente Flores manifiesta haberlo levantado en cercanías “a la curva peligrosa” (entre Buratovich y Origone) aproximadamente a las 12:30” circunstancia que no sería compatible con el llamado que Facundo mantuvo con su madre 13.33hs toda vez que “es por todos conocida la circunstancia de que en el mencionado punto y por varios kilómetros más (específicamente hasta el Fitosanitario) la empresa CLARO no posee cobertura de red, motivo por el cual, la llamada de Facundo debió haber partido indefectiblemente aún desde Mayor Buratovich”.
Sin embargo, podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados que indicó en sus declaraciones y en realidad trasladó luego de las 13.33hs a Facundo, lo que justificaría el pedido de este último de que no le contara a su madre que lo había trasladado. Dicha circunstancia será despejada a través la producción de elementos técnicos ordenados por la Fiscalía, cuya elaboración ya se encuentra en marcha.
También han advertido los querellantes cierta reticencia a aportar información por parte de Flores, toda vez que durante el rastrillaje habría eludido las preguntas que le efectuaran el Dr. Luciano Peretto y Cristina Castro.
Al respecto, de momento, el fiscal no observó una conducta elusiva por parte de la nombrada. Consideró que había brindado dos testimonios detallados bajo juramento respecto a su encuentro con Astudillo y había entregado voluntariamente su teléfono celular para que fuera pesquisado.
Sobre las consultas que se le hicieron durante el rastrillaje, advirtió que Flores interpretó la situación de manera diferente a como lo hacía la querella, toda vez que consideró haber contestado “normal” a los interrogantes que se le planteaban, explicando lo que sería su verdad sobre los sucesos investigados.
En sus propias palabras, tal como surge de los mensajes remitidos por ella al teléfono celular del oficial Sosa: “Me re hostigó el abogado y me creía hablar y hablar y yo conteste normal la verdad que solamente lo lleve hasta Origone, pero empezó a hacer más preguntas y me puso nerviosa y el jefe vino me agarró y me sacó de ahí, parecía un interrogatorio”.
Respecto de la agente Flores se señaló que restaba realizarse una nueva pericia sobre su teléfono celular, que podría arrojar elementos de cargo o bien corroborar este análisis preliminar.
El fiscal señaló que lo sostenido respecto de los oficiales, cuya detención a su criterio aún no encontraba suficiente sustento probatorio, se asentaba asimismo en la valoración disímil que efectuó de algunas de las constancias que obran en la investigación.
En ese sentido, advirtió que para la querella Facundo fue interceptado y desaparecido, conforme fuera sostenido por tres testigos de identidad reservada en forma “…certera, inequívoca y con sustento en pruebas objetivas…”, y luego se ejecutó un plan de encubrimiento que a los fines didácticos dividió en cinco etapas.
La lectura de las declaraciones de los aludidos testigos, como también la ratificación de sus dichos en las videoconferencias celebradas en la causa, no permiten aseverar en la forma que se ha efectuado, que Facundo fuera “ascendido”, “interceptado” y “desaparecido” (al menos por el momento).
Se destacó que las tres deposiciones fueron contestes en señalar que no habían visto subir a Astudillo a ningún patrullero, restando determinar si efectivamente se encontraba en el horario y lugar donde lo situaban. Ello por cuanto existen pruebas objetivas que, en principio, lo ubican en sector distinto al que refirieron.
Esta circunstancia es materia de una investigación profunda que se sigue realizando por estas horas y que procura arrojar luz sobre este aspecto.
En otro orden de ideas, advirtió el fiscal que la querella sustentaba una sospecha, en la manifestación de otro testigo de identidad reservada que indicó que Facundo no mandaba SMS.
Sin embargo, para la fiscalía dicha afirmación no encuentra correlato en las pruebas colectadas hasta el momento, por cuanto podía observarse en los registros remitidos por la empresa Claro que dicho medio de comunicación era habitualmente utilizado por el joven, circunstancia que, a su vez, fue confirmada en la declaración testimonial de quien fuera su ex pareja.
Asimismo, tampoco creyó que abonara la tesis sobre la desaparición forzada la conducta desplegada por los policías de la Provincia de Buenos Aires contra quien fuera la ex pareja de Astudillo y su hermano. El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo.
Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían “que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo”, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado. Su hermano incluso “accedió” –bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda.
Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso surgió a primera vista.
A la luz de lo expuesto, considerando el informe técnico incorporado por la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina, que efectúa un desarrollo minucioso de muchos de los hechos vinculados al trayecto seguido por Facundo Astudillo el día 30/04/2020, constatados objetivamente con datos técnicos, no surgió para la fiscalía actuante –de momento- una sospecha suficiente respecto de Siomara Flores ni de Alberto González como para solicitar su detención –o cualquier otra de las medidas de coerción pedidas por la querella-.
Se consideró que los datos técnicos aportados y la valoración conjunta del plexo indiciario con el que contaba la fiscalía -más allá de los argumentos brindados por la Sra. Juez de Instrucción-, sin mayor esfuerzo importaban –además- una clara disminución de la sospecha que fundamentó su requisitoria del 30/07/2020.
Destacó asimismo que lo expuesto lógicamente no importaba un juicio definitivo, pues se advertía la existencia de un cúmulo de medidas de prueba pendientes de ejecución, y otras tantas que habrán de orientar la pesquisa, de las que podían derivar nuevos elementos para confrontar -o confirmar- lo que preliminarmente se sostenía.
Medidas probatorias
A raíz de los hallazgos del miércoles 5 de agosto y a solicitud de la querella particular, se ordenó un rastrillaje en la zona. Se llevó a cabo este viernes con participación de personal de Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval Argentina, de los canes K9 de la Policía Federal Argentina y de los pertenecientes a la División de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, como también del instructor Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.
La División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina remitió un informe preliminar sobre el estudio practicado sobre las muestras tomadas de los móviles policiales y vehículo secuestrados. De allí surge que no se comprobó la presencia de sangre en las muestras de tela sometidas a peritaje, mientras que en el resto del material no se efectuó ensayo orientativo debido a la escasa cantidad de muestra.
Se solicitó a la compañía Claro que designe un técnico idóneo para que se constituyera en la delegación de la Policía Federal Argentina, a fin de prestar colaboración al personal de la División Búsqueda de Personas de la PFA, a cargo de confeccionar el informe técnico integral ordenado en la causa.
Se efectuó un nuevo requerimiento de información a la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE911), aportando mayores precisiones a tal fin.
En orden a lo informado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, si bien se requirió la medida a la Policía Federal Argentina, contando con recursos tecnológicos aptos al efecto, se encomendó a dicho organismo la confección de un mapeo con la geolocalización de todos los lugares en que se haya afirmado que se vio a Facundo Astudillo Castro, tendiente a sistematizar dicha información y, en su caso, remitirla a la fuerza de seguridad actuante para proseguir con las tareas investigativas dispuestas.
Igualmente, se solicitó a dicha repartición que por su intermedio se requiriera colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación.
Desde esta mañana se realizan rastrillajes en cercanías de Mayor Buratovich en búsqueda de rastros de Facundo Castro. Trabajan en el lugar los peritos de la querella Marcos Herrero y Lucas Maciel con los perros Yatel, Duke y Uma.
El abogado Luciano Peretto afirmó que se tratará de “agotar todo lo que Cristina indique que resultaría necesario”. El fiscal de la causa demoró la medida por un pedido de autorización a la jueza federal, quien le respondió que el propio Santiago Martínez tiene a su cargo la investigación por lo cual era innecesario el planteo.
“Estamos muy cerca del lugar donde Facundo fue ascendido”, dijo Peretto en relación a las declaraciones de los testigos que vieron al joven por última vez.
“Hubo una marcación de los tres perros” en un monte, “se encontraron algunos restos óseos, algunos grandes que no parecen ser de restos humanos, y un hueso quemado que se secuestró y se va a peritar”.
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Los canes se detuvieron ante un cactus. “Se presume que lo que puede haber creado alguna confusión es la sustancia putrefacta de la planta. Hay que ser prudentes y tomar la situación como lo que amerita, es un secuestro de restos óseos que no podemos identificar si corresponde o no a una persona”, insistió el letrado.
“Estamos en una geografía particular. La tierra es especialmente floja, no está asentado, (el hueso) estaba muy cerca de la superficie”.
Pasadas las 14:30, la delegación, compuesta además por efectivos de la Policía Federal, se dirigía hacia Mayor Buratovich. Rastrillarán un canal de drenaje cercano al acceso al pueblo. “La Fiscalía autorizó la diligencia hace minutos”. Martínez habilitó revisar “las zonas públicas de acceso irrestricto y lo que la dinámica de la diligencia vaya indicando. Si el perro marca algún rastro lo podemos continuar”.
Peretto agregó que “en diligencias anteriores se ha rastrillado zonas cercanas a Bahía Blanca y queremos agotar todas las instancias en la zona donde Facundo fue ascendido”.
Más temprano, “se secuestró una campera talle M, azul, que estaba en un desagüe, lo secuestró Prefectura, no ha sido reconocida a primera vista por Cristina. El talle correspondería a una persona de esas dimensiones pero va a ser peritada”.
A 141 días del comienzo del aislamiento “la gente está preocupada porque no hay laburo ni comida. Queremos que se vaya generando un contexto de trabajo. Vamos a tener que convivir con el Covid, de esto se sale con el trabajo a pequeña escala, con obra pública, con llevar los mejoramientos habitacionales”, dijo a FM De la Calle Rodrigo Bahía del Movimiento Evita.
La Corriente Clasista y Combativa, SOMOS Barrios de Pie, Movimiento Trabajadores Excluidos y el Movimiento Evita mantuvieron un encuentro en la Unidad Productiva del Evita en Villa Delfina.
Se cumplen cuatro años de la primera marcha de organizaciones sociales desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo que permitió impulsar la Ley de Emergencia Social.
Nucleadas bajo el lema “tierra, techo y trabajo”, realizaron hoy una jornada de lucha alentando la “organización comunitaria, protagonismo popular e inclusión real de la economía popular”.
“Esto nace desde la resistencia, a principios del gobierno de Macri, se organizó el 7 de agosto del 2016 la primera movilización, fuimos generando unidad y visibilizando las políticas nefastas del macrismo, reuniéndonos y proponiendo la Ley de Emergencia Social”, dijo Bahía.
Días atrás se presentó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Su objetivo es “conocer en profundidad cuántos trabajadores de la economía popular hay, qué actividades realizan, en qué condiciones están llevando la tarea, qué estudios tienen. Conocer esta gran masa laborar para poder direccionar políticas. Queremos establecer el tema de aportes jubilatorios, a través de los monotributos sociales con costo cero”, contó.
Respecto del proyecto para pintar escuelas en el marco del programa Argentina Unida por la Educación, mencionó que “es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Una es el convenio que se hizo con provincia y los consejos escolares. La idea era continuar con el trabajo en otras instituciones como edificios de la provincia. Son políticas del Estado Nacional, se ha coordinado con el Consejo Escolar, lamentablemente desde el Municipio no se ve nada”.
“La posibilidad de juntar cientos de miles de cabezas de ganado en un solo lugar aumenta exponencialmente el peligro de que se generen nuevas pandemias”, dijo en su columna de Salud de FM De la Calle el médico Horacio Romano.
La advertencia parte de las negociaciones del gobierno nacional con China para la cría de cerdos a gran escala en nuestro país.
“La viruela, la varicela, el sarampión, la influenza o el coronavirus son enfermedades zoonóticas, es decir, que son de animales. En general, los gérmenes no atraviesan especies pero cada tantos millones una ‘copia’ adquiere una característica distinta y puede pasar”, comentó.
El médico señaló que esta posibilidad “es muy concreta en el caso de aves y cerdos, por lo menos en lo que es la gripe. Entre otras cosas porque el cerdo es bastante parecido a los humanos, compartimos muchas cuestiones y en este compartir uno de estos virus puede mutar y saltar fácilmente a los seres humanos”.
Para una mutación de este tipo son necesarias dos cuestiones, la primera es “que haya muchos animales, se infectan muchos y crece la posibilidad de mutación y que sea factible saltar de especie, sobre todo si juntas criaderos de aves y cerdos, lo que incluso está prohibido”.
La segunda es que “para que engorden más rápido se les dan antibióticos a los animales. Casi el 60% de la venta de antibióticos es para ganado. Con lo cual se presume que en 10 o 15 años vamos a tener una situación peligrosa que son las ‘super bacterias’, bacterias ultra resistentes”.
La propuesta china surge por la circulación de un virus gripal que obligó a sacrificar miles de cabezas de ganado porcino. Hoy busca nuevos horizontes para la cría.
“Acá caemos en la trampa de que como somos países pobres, necesitamos dar mano de obra y con eso justificamos lo que querrámos, desaparición de pueblos mapuches por el fracking, miles de hectáreas por la soja”, argumentó Romano.
Por último, resaltó que “es una falsa opción cambiar divisas rápidas por un poco de contaminación. Va a haber mucha contaminación y vamos a estar batallando con esto que va a terminar convirtiendo territorios en zonas de exclusión”.
El fiscal Marcelo Romero Jardín archivó la denuncia del bloque de concejales/as del Frente de Todos contra Fernando Compagnoni y Anabela Castillo por la sesión del 17 de enero.
El presidente del Concejo Deliberante y la concejala suplente habían sido denunciades por “abuso de autoridad” y “usurpación de cargo público”, respectivamente. En aquella sesión Juntos por el Cambio aprobó el aumento del boleto de transporte y el Presupuesto 2020.
Tanto el Frente de Todos como la ex oficialista Gabriela Schieda habían negado el quórum, por eso JxC convocó a Castillo, habilitó la sesión y votó en soledad.
“Los actos realizados tanto por Compagnoni como por Castillo el día 17 de enero de 2020 son actos administrativos, la declaración de validez o no de tales actos no corresponde al Fuero Penal, sino al Contencioso Administrativo”, afirma la resolución del fiscal Romero Jardín.
Previamente había citado el fallo de la Suprema Corte que en mayo había rechazado otro planteo opositor surgido de la misma sesión.
En el marco de la búsqueda de Facundo, el abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, señaló a FM De la Calle que “a prima facie” descartan que los restos óseos que se encontraron ayer sean humanos y que la mochila y las zapatillas pertenezcan al joven desaparecido. Sin embargo, les llama la atención un buzo y un vaso de Boca.
“Facundo era de Boca. No queremos decir nada más que eso. Por ahora, más allá de la expectativa, estamos enfocándonos en averiguar qué pasó y para eso necesitamos un poco más de fluidez y rapidez de la Fiscalía y eso no se da”, destacó esta mañana el letrado.
Aparicio señaló que “estuvo toda la noche un móvil de consigna custodiando eso, hasta que el fiscal convoque a las fuerzas, a Prefectura, y autorice el rastrillaje y eventualmente el allanamiento en una casa de Vialidad que está abandonada pero que es una dependencia estatal y puede haber un rastro ahí”.
Destacó, además, que “en ese lugar habría que hacer una pasada de nuevo. Estamos esperando resultados de pruebas que ha solicitado la PROCUVIN que no se han efectuado. Es un sector que se supone que ya fue rastrillado, no nos avisaban cuando salían ni qué hacían, nos enterábamos por los medios”.
Desde la querella solicitaron la presencia de Marcos Herrero, sus perros y un colaborador para corroborar la procedencia de los objetos encontrados. Pidieron la intervención de Prefectura porque “es zona de riego, está lleno de canales, en ese sentido Prefectura tiene equipamiento para hacer la tarea con mayor precisión y comodidad”.
Respecto del trabajo sobre el WhatsApp de Facundo, Aparicio mencionó que “estamos esperando informes complementarios de los teléfonos. Entiendo que tal vez no arroje resultados relevantes porque no creo que haya tenido la posibilidad de mandar mensajes Facundo desde que lo agarraron, aunque sí podría haber mandado mensajes desde que lo detuvieron”.
“Sí me gustaría que algún genio instale el WhatsApp de Xiomara Flores ya que se borró y que se recuperen los mensajes entre Flores y Curruhinca”, agregó.
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En relación al trabajo del fiscal Ulpiano Martínez mencionó que “seguimos con una situación dilatoria de la Fiscalía Federal que por ahora podemos dejar constancia todos los días de la demora, y eventualmente reclamar ante el fiscal general, la jueza y el procurador”.
Consultado sobre la continuidad de las declaraciones testimoniales, el abogado afirmó: “Que el señor fiscal se dedique a tomarlas, la PROCUVIN hizo un trabajo loable, compartimos el procedimiento. Ahí estuvo el dr. Murillas que es el secretario, salvo en la primera audiencia el fiscal no estuvo, la PROCUVIN hizo el trabajo del fiscal, la PROCUVIN dice estos testigos tenés que tomarlos vos, el fiscal no se qué está haciendo”.
Por último, respecto al llamado que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a Cristina Castro, Aparicio mencionó que “si el viernes fue al rastrillaje un equipo del Ministerio de Justicia o Seguridad y se comprometió a acompañar una máquina, una sonda porque hay movimientos de suelo y todavía no llegó, en vez de preocuparse tanto el presidente correspondería que mande y que esté disponible esa máquina. El Ministerio formalmente es un brazo del Poder Ejecutivo y si estaban ahí y dieron un compromiso, son seis días, es importante que se agilice”.
