Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas

Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.

“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.

Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”.  Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.

“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.

El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.

“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.

Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.

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“Creo que la cuarentena no solamente termina ayudando al sistema de salud para darle tiempo sino que, fundamentalmente, disminuye el costo en vida y en enfermedad. Los pacientes que vamos teniendo tampoco se recuperan fácilmente, lleva 15 o 20 días. Sumado al temor que tienen varios de que se pueden morir en el medio y en la gente que tiene enfermedades existe la posibilidad cierta de que esto ocurra. La cuarentena sirve”.

El balance corresponde al médico Horacio Romano, quien se sumó como columnista de FM De la Calle en las emisiones de la undécima temporada de En Eso Estamos por la 87.9.

“Algunos están especulando con que llegado un 5% de la población afectada se disminuiría bastante la población de contagio. No tenemos otra, hay que quedarse adentro. A la gente joven parece irle bastante mejor. Este virus está relacionado siempre a la cantidad de personas”.

Romano repasó que “se sabe que es un virus ARN, bastante simple en su estructura, y que en Asia, en China, puede tener el origen. Este tipo de virus es de animales que se han visto cada vez más invadidos y empezaron a vivir cada vez más en contacto con humanos. Si este tipo de virus tiene contacto con otros animales, en general mamíferos, y esto son llevados a un mercado que a parte es visitado por mucha gente, entre tanta prueba y error finalmente entra”.

A poco de ingresar en época invernal, el médico comentó que “todo cuadro respiratorio es un Covid positivo hasta que se demuestre lo contrario”.

“Va a llegar un momento que los cuadros van a ser muchos y va a ser difícil descartar. La respuesta sanitaria va a ser tener algún tipo de control personal, sea telefónico, por videollamada, a la población afectada a ver si hace o no síntomas. Hacerle a todo el mundo los tests es una cuestión que podría llegar a hacer Corea del Sur pero para nosotros es casi imposible, ni siquiera tenemos muchos test. Eso implica insumos y capacidad para hacerlo”, afirmó.

El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto analizó la renegociación de la deuda entre el gobierno nacional y los bonistas.

En primer lugar destacó que “la semana pasada se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Una cuestión que resonó fue el informe del Banco Central con datos que mostraban que el 90% de lo que había ingresado por deuda se había fugado, esto es importante porque tuvo un reconocimiento institucional”.

Cantamutto afirmó que “la negociación está centrada en el 20% de la deuda total, que es la deuda del Estado argentino con privados pero bajo legislación extranjera. La mayor parte, que tiene que ver con legislación nacional, se pateó para fin de año y la del Club de París y FMI está en stand by. Esta deuda es importante porque en caso de desacuerdo se dirime en el extranjero y acá podemos tener otra vez esa larga secuencia los 15 años que tuvimos con los fondos buitres”.

El fin de semana Horacio Verbitsky publicó en El cohete a la luna el listado de las primeras 100 personas que formaron activos externos. “En gran medida parece que estamos dirimiendo una disputa con poderes externos y no es cierto, gran parte de los acreedores son personas que viven en este mismo suelo”.

En cuanto a la oferta del gobierno nacional, el economista opinó que “se están dando ‘endulzantes’ que hacen que la propuesta se haga más atractiva. En vez de tres años de gracia están tratando de que sea uno, que no se paguen intereses, capitalizar intereses antes, suba de interés, etcétera”.

Cantamutto aseguró que la Argentina no esté queriendo discutir el trasfondo de la deuda: “Algo que se insinúa en la Bicameral pero, por otro lado, se avanza en renegociar la deuda. Es un sinsentido, cómo podés avanzar en discutir la legalidad de la deuda y al mismo tiempo querer pagarla”.

Señaló que hay una contradicción en el desarrollo de la negociación, “al mismo tiempo que el Banco Central informa que se utilizó para fugar se avanza en reconocerles más derechos a los acreedores, reconociéndoles más ingresos de capital”.

¿Qué puede pasar?

“Que lleguen a un acuerdo. No está claro cuál es la probabilidad de que los acreedores acepten de manera tal que las cláusulas de acción colectiva obliguen a que se dé por cerrado el canje. Y puede pasar que queden algunos tramos de bonos que sean judicializados. Si no se llega a un acuerdo y se cae en default, el acceso a fondos igual estaba trabado, lo reconoció Guzman, así que no habría un gran costo en ese sentido”.

Concluyó que “si la Argentina no logra acordar sería mérito de las inconsistencias del propio sistema financiero internacional. Ahora, si logra acordar es un error muy grueso, se siguen los términos de una negociación de mercado, no se está pensando en un Comité de Acreedores que se siente a la mesa a negociar con un sistema de reglas, con un árbitro que dirimiera, cosas que incluso ha propuesto el FMI. Se está tratando una deuda estatal como una deuda de privados. Esto no está discutiendo nada del sistema financiero internacional”.

La inflación de mayo sumó un 0,41% respecto al mes de abril. La variación de precios fue menor al registro anterior y acumula en 2020 un 9,09%, según IPC Online. La cifra interanual alcanza el 44,57% y es la más baja registrada desde enero de 2019.

“Nuevo mínimo histórico en el nivel general para este proyecto desde septiembre de 2014 con 0,41% de variación, añadiendo también el mínimo histórico del principal capítulo de Alimentos y bebidas con un variación de -0,14”, menciona el informe.

Cabe destacar que continuan las restricciones impuestas por el aislamiento obligatorio. “Las listas de precios en línea (no necesariamente los precios que enfrentan en góndola) mantenidas por la reglamentación de precios máximos de referencia junto con las condiciones restrictivas de la demanda llevan a escasa variación de precios”.

“En el caso de Alimentos y bebidas predominó fuertemente la escasa variación de precios entre los grupos de productos con pocas alzas que terminaron siendo compensadas también con bajas puntuales. Indumentaria vuelve a ser el capítulo con mayores alzas con 2,12%”.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Indumentaria (2,12%), Transporte y comunicaciones (1,08%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,69%), Vivienda y servicios básicos (0,27%), Esparcimiento (0,16%), Otros bienes y servicios (0,11%) y Educación (0,06%). Por su parte, Atención médica y gastos para la salud no registró variación mientras como ya se expresó Alimentos y bebidas marcó una baja del -0,14%.

Autoridades del Servicio Penitenciario local, personas privadas de su libertad en conjunto con representantes del Ministerio Público Fiscal y la defensa se reunieron virtualmente para conformar un Comité de Prevención y Solución de Conflictos.

En diálogo con FM De la Calle, el juez de Necochea Mario Juliano afirmó que la iniciativa comenzó en septiembre en la cárcel de Batán y señaló que está “orientado a resolver conflictos en la comunidad penitenciaria en búsqueda de la convivencia y de ir construyendo propuestas que hagan la vida intramuros más llevadera. En Batán hubo un descenso notable de los índices de conflictos y, a su vez, se promueven una serie de actividades”.

El integrante de la Asociación de Pensamiento Penal mencionó que se apunta a “trabajar ya mismo en desactivar las subculturas tumbera, pero también las penitenciarias, que tantas veces contribuyen a generar conflictos”.

“Son los prejuicios que tenemos en la vida habitual, en la vida penitenciaria. Por un lado, la cultura tumbera que es de beligerancia permanente y personas que se niegan aceptar y admitir que están privadas de la libertad y cualquier contacto con el Servicio Penitenciario es visto como un ortiba o buchón que dificulta mucho el avance. Del mismo modo, en el personal penitenciario, hay muchos que provocan conflictos con sus actitudes violentas de hostigamiento”.

Juliano destacó que se trata de una “herramienta de gobierno democrático, claramente las cárceles están gobernadas por el Estado, pero no implica que este gobierno tenga que ser autoritario y déspota sino actuar con un consenso más amplio que lejos de quitar autoridad, la legitima”.

Tras el debate por la morigeración de las modalidades de detención que se debatió semanas atrás, el juez opinó que “veníamos en un proceso interesante de excarcelación, de prisiones domiciliarias, sobre un tema absolutamente preocupante que es la alarmante sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. Los últimos días de 2019 nos convocó la Corte a jueces y juezas y nos exhortó de manera enérgica a solucionarla. Este proceso se agudiza cuando estalla la pandemia. Hemos llegado a niveles muy interesantes, todavía no los convenientes”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizó un relevamiento para elaborar un diagnóstico de la situación del Sistema de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del aislamiento. El organismo fue aceptado por la comuna para integrar el Comité de Crisis Municipal.

“Vimos la necesidad de seguir trabajando en el tema de alimentación, cómo trabajar en los convivenciales o en los hogares de abrigo para todo lo que tenía que ver con los procesos de revinculación. Y otros temas que empezaron a surgir fue el acompañamiento hospitalario, en caso de ser necesario, para niños y niñas en situación de abrigo y la continuidad pedagógica en chicos que tenían esta vulneración”, dijo a FM De la Calle Alba Picardi.

El Consejo Local solicitó información al Consejo Zonal, al Juzgado de Familia, al Consejo Escolar y a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Respecto de la continuidad pedagógica, Picardi mencionó que “había chicos que por sus recursos no contaban con lo necesario para tener hacerla y en los hogares de abrigo se veía mucho más esta situación”.

“Lo que nos planeta la Subsecretaría es que ha iniciado trabajos con otros organismos y dependencias del propio Municipio para la conectividad y para que puedan tener acceso a dispositivos y tener continuidad escolar”.

En relación a la salud de niños, niñas y adolescentes, comentó que en “los hogares de abrigo a veces hace falta acompañar a los niños a los hospitales. Por lo general, hay una persona que trabaja en la institución que acompaña pero a veces se utiliza la figura de cuidador intra hospitalario. Hay ciertas cuestiones de la salud cotidiana de los chicos que se tienen que seguir atendiendo. En el marco de la pandemia también se pudo operativizar la vacuna de la gripe para todos los chicos en hogares”.

Por último, Picardi mencionó que tras la reunión con las autoridades de la Subsecretaría de Niñez, “a diferencia de otras situaciones, vemos la disposición de trabajar de manera más unificada. Parte de esto es que el Consejo ha empezado a participar del Comité de Crisis del Municipio”.

Esto permitió que desde el Consejo se aporten otras miradas a la atención de la crisis alimentaria donde “predomina la visión de cómo resolverlo en el ámbito de los adultos y niños y adolescentes quedaban por fuera de esto”.

(Por Astor Vitali) “La dura carta de científicos e intelectuales”, tituló La Nación para hacer referencia a una solicitada publicada por lo poquito que el liberalismo (conservador) argentino puede reunir en materia gris.

Si algún señalamiento razonable cabe reconocer a este documento podría encontrarse en sus primeros párrafos, en los que expresan diferencias sobre “la primera reacción del gobierno argentino” que “fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Es cierto que González García la pifió en sus primeras declaraciones.

Luego expresan rápidamente, respecto de la cuestión metodológica que “se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”. Improvisar improvisaron todos los estados frente a una nueva experiencia. Por lo demás, uno no es infectólogo (tal como muchos de los firmantes) como para otorgar razón a unas estrategias complejas que, por otra parte, han dejado a muchos jefes de estado sin capacidad de acción o con una serie de medidas girando por calesitas errantes, marchas y contramarchas y sobre todo, la exposición de la incapacidad de los estados capitalistas para garantizar el cumplimiento de los derechos para el conjunto de la población: Papá Noé tiene guardados pocos asientos en su barca y sólo habrá lugar para quienes puedan pagarlo.

Luego, la carta cuestiona “la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional” e intenta construir la idea de que actuar “en nombre de la salud pública” equivaldría a “una versión aggiornada de la ´seguridad nacional´” por lo que “el gobierno encontró en la ´infectadura…”.

Un respiro, difícil de seguir.

“…El gobierno encontró en la infectadura sería un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”. Ciertamente uno se pregunta (y sugiere que se pregunte en general): si hay una pandemia ¿en manos de quienes deberían estar las decisiones en materia de salud pública? En serio eh… porque se suele decir que hay mucha influencia de científicos infectólogos en las medidas que se toman y la verdad es que uno dice ¡menos mal! Bueno sería que las medidas de salud pública en contexto de pandemia estuvieran en manos del sindicato de panaderos.

Para intentar ingresar el contenido de la carta en algún tipo de viso de tradición intelectual argentina liberal, el documento señala que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.

Cabe señalar que, si el enfoque del documento tuviera una sincera preocupación por el ejercicio de la violencia institucional, habría muchos más elementos de carácter represivo aplicado por fuerzas de seguridad en distintos estamentos estatales para denunciar. Como de pasada copiaron y pegaron dos nombres sin indagar (como solían hacer los intelectuales en las solicitadas), sin enumerar, sin denunciar casos concretos que no tengan estado público y sin articular una exposición que detalle el carácter policíaco dictatorial de su construcción teórica. Continúan señalando que: “miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales” y a punto seguido expone: “Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares”.

Finalmente, luego de rozar este tema sobre el que no profundizan, van a lo que les importa con certeza –al menos lo que le importa a quienes representan: “El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.

Sin más rodeos sostienen: “La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983 (¿se les pasó algún que otro intento de golpe de estado?). El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.

¿Por qué no hacen un esfuerzo por argumentar? Que el congreso no sesione es insostenible. Es correcto. A su vez, muestra cómo todo más o menos funciona sin el congreso funcionado. Es decir, ¿la política estaba ocupándose de la política? La centralidad del congreso estaba puesta en el reparto de territorios, recursos, cargos, prebendas y a lo sumo en medio de eso se daba alguna que otra discusión sobre lo público. El congreso debería reformular, en defensa de las instituciones democráticas, la percepción de prescindible que ofrece en la actualidad.  

Les autores se identifican como “ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general” y hacen un llamamiento “a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal”.

El último párrafo opera como auto refutación. Señalan que “la sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia” porque “acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes”. Acá sí que no se entiende: ¿acató las normas o fue sometida a una dictadura de la infectología? ¿Fue una opción “responsable” o producto del ejercicio de la coerción? Esta contradicción intrínseca no hubiese ocurrido en ningún documento revisado dos veces por algún intelectual interesado en señalar realmente la existencia de un estado represivo. El objetivo de esta carta es pegar utilizando ciertas ideas que –deberían tomar nota- ya no funcionan: antes era Argenzuela (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales) ahora la Infectadura (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales). Basta ya. El mundo de las ideas debe acudir a sus fuentes, es decir, al universo de las ideas en lugar de –como en esta carta- buscar en una suerte de usina de hashtags pontenciales las líneas de unos párrafos que no logran el estatus del pensamiento crítico.

El motivo de la publicación es el motivo de carácter gorilón y rapiñero de algunas de las “personalidades e intelectuales” firmantes: Sebreli, Kovadloff, Brandoni, Sabsay, Lopérfido, para no abundar.

Si no hubiera sido ampliamente difundida, la nota en sí misma es una pérdida de tiempo y uno mismo se cuestiona si tiene sentido dedicarle estas líneas. En el fondo, parece que sí tiene sentido exponer el carácter maniquieo de su razonamiento: utilizan la idea de un estado policíaco y de funcionarios dictatoriales para poner a funcionar una economía que –ya ha quedado claro- no cuenta con las herramientas ni los dispositivos para proteger a los trabajadores ni a las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Quieren ganancia capitalista pero no pueden garantizar la salud de la población en el proceso de producción. ¿A quién protegería la producción en marcha? ¿A las ganancias de las clases acomodadas o a la salud de la población que no tiene cómo protegerse? Tras la máscara liberal se encuentra el verdadero rostro canallesco: si quisieran denunciar derechos no garantizados por el estado argentino hubieran empezado por las enormes dificultades padecidas por los sectores marginados, por lo que no llegan a fin de mes y por la enorme masa de víctimas de laburantes precarizados (universos conceptuales inexistentes en este documento). Estos liberales devaluados quieren poner en marcha la economía pero no explican cómo poner hacerlo sin lamentar las muertes de los y las de abajo.

Si la intención hubiera sido señalar cómo para millones de personas no hay estado que les garantice sus derechos humanos básicos, la carta encontraría motivos en la realidad política argentina en lugar de hacerlo en fabulaciones. Eso es para otro comentario, pero está claro que por más IFE, créditos especiales y subsidio al sector privado para pagar salarios, buena parte de las poblaciones de las ciudades la pasa mal y no hay parámetros igualitarios para sobrevivir en este contexto de emergencia. No es éste el tema que les ocupa.

La teoría de la Infectadura es la expresión más acabada de la situación del debate público argentino y sus referentes: dan pena. Otros señalamientos mucho más interesantes han establecido referentes sociales, barriales, comunitarios, inmersos en la realidad social argentina concreta, a diferencia del contenido de esta solicitada un poco jodida, un poco escrita sin mayor interés, un poco absurda, un poco lamentable y sobre todo, evitable.

De cambiar el sistema impositivo regresivo, de transformar las desigualdades para que no sufran quienes menos tienen y de que los derechos humanos básicos se vean garantizados a través de la financiación de quienes se benefician con la explotación capitalista: ni una palabra.

“Nos pareció muy desatinado realmente. Una tomada de pelo dado lo que se está viviendo en términos de políticas culturales”, dijo el integrante de IMPRO Delivery, Rubén Cordi, sobre la invitación municipal a enviar parte del material de la compañía para su uso en la plataforma “Cultura en casa” sin ningún tipo de remuneración.

En diálogo con FM De la Calle, el actor aseguró que “no vamos a entregarle justamente al Municipio lo que nosotros costeamos, una producción de manera independiente, entregárselo gratuitamente. Hace poco sí se lo dimos al Consorcio (del Puerto) porque fue algo remunerado, por poner solo un ejemplo”.

“El 21 de mayo recibimos un mensaje privado al Instagram de IMPRO Delivery, desde la Dirección de Turismo, al final el logo de Infinito por Descubrir -después nos enteramos que Infinito no estaba enterado- invitándonos al programa ‘Cultura en casa’, ofreciéndonos que les enviemos información  de los videos subidos a cambio de difusión”, contó.

Agregó: “Les respondimos que no había problemas, solo que nuestro trabajo era remunerado. A lo que nos responden que no, que el trabajo solo era de difusión”.

Cordi destacó todo el esfuerzo que hay dentro y fuera del escenario para que IMPRO Delivery sea posible. “En el caso nuestro como de otras compañías hay mucho trabajo, mucha inversión, el último registro que hicimos fue un Teatro Plaza con 890 personas viendo el show, todo el despliegue lo costeamos nosotros con producción independiente, contamos con tres artistas en escena, fotógrafo, director, sonidistas, gente de prensa, video, mucha gente que trabaja con nosotros”.

“La política actual todos la conocemos, sabemos que es una política de vaciamiento, de recorte”, señaló el actor. “Nos autoproducimos y después elegimos a quién entregarle el material. No tenemos subsidios, no lo hemos solicitado, en esta época que estamos viviendo no solamente pensamos en nosotros sino en el resto de los actores culturales que están en una situación compleja”.

Por último, en relación a la situación actual de la compañía teatral comentó que “estamos quietos, reuniéndonos una vez por semana, no es la idea de IMPRO Delivery salir a trabajar con este espectáculo virtual. Después cada uno ponerse a tono con estas virtualidades, ojalá pase pronto porque el teatro es una cuestión de cuerpo presente”.

Boughen agregó que “hay mucha presión sobre el personal de salud como si fuéramos los responsables de la diseminación del virus. En Bahía hubo una situación con el HAM, hubo un brote de casos. Ya se demostró que el personal de salud es el que más expuesto está”.

Consultado sobre las condiciones laborales en la ciudad aclaró que “estamos mejor que en muchos lugares. Lo que estamos conociendo del resto del país sí es preocupante, incluso con amenaza de los dueños de las clínicas a los médicos. Aquí recibimos el virus más tarde, cada hospital tiene su equipo de trabajo. Sin embargo, no tenemos una exposición de alta frecuencia o saturación de sistema, por ende nos vamos a dar cuenta cómo estamos cuando se necesiten más camas”.

“Desde el punto de vista asistencial estamos cómodos, hay una recepción que supera la demanda, o sea que el aplanamiento de la curva nos sigue favoreciendo. Se está poniendo en la balanza que los hospitales privados están viendo la sustentabilidad complicada porque solo atienden urgencias y pacientes oncológicos pero el gobierno no bajó un solo impuesto”, finalizó.

“¿Qué tienen en común el terraplanismo, lxs antivacunas, los movimientos antiderechos (con mis hijos no te metas, salvemos las dos vidas), lxs detractorxs del lenguaje no binario, lxs autodenominadxs libertarixs y, más recientemente, los movimientos anti-cuarentena?”, se preguntó Nicolás Dvoskin, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador posdoctoral en la universidad católica de Eichstätt, Alemania.

En diálogo con FM De la Calle afirmó que “después de la crisis del 2001 en Argentina, en América Latina hubo una expansión de derechos de la diversidad, derechos que no son los que piensan en una sociedad uniforme. A la vez, se conjuga con un momento en el cual crece la desigualdad en el mundo y hay fuertes crisis económicas”.

“Tenemos un movimiento que reclama derechos de inclusión y tenemos una crisis económica, que nada tienen que ver, pero rápidamente la respuesta a la crisis puede venir por el lado de cuestionar esos derechos inclusión”.

El autor de “El anarcoliberalismo como terraplanismo económico” destacó que “es fácil echarle la culpa a procesos concretos y ese fenómeno permite la expansión de ideas vinculadas a discursos de odio, los cuales virulentamente se oponen a los derechos de inclusión”.

Los movimientos mencionados en el interrogante inicial “surgen como un cuestionamiento a todo desde el odio y el resentimiento y tienen una perspectiva de cierta superioridad intelectual. Cierta ignorancia se expresa con aires de superioridad y para hacerlo tiene que deslegitimar la voz de espacios formalmente autorizados a emitir opiniones científicas”, como el Conicet.

En cuanto al impacto de la crisis sanitaria en el desarrollo de las ideas antiderechos, Dvoskin opinó que, al principio, “aparecía esta idea de que la pandemia convirtió a los neoliberales en keynesianos, que todos nos dábamos cuenta que el Estado era necesario. Con el tiempo la lógica política se impuso más, sobre todo a partir de que se desnudó que el Estado es necesario pero que eso implica tomar decisiones que van a perjudicar o beneficiar a unos u otros. En Argentina fue desde que se pensó en el impuesto a las grandes fortunas, más allá de que no se haya implementado”.

“Vivimos un contexto de mucha incertidumbre, nadie sabe cuándo va a terminar y las ideas más disparatadas tienen mayor capacidad de expansión porque se erigen sobre el descreer de lo que se nos presenta. Cuando el mundo que se presenta es incierto, obviamente surgen las dudas. Si le agregamos que la gente la está pasando económicamente peor y que hay gente aislada, angustiada por no ver a su familia y amigos y gente que ve que quienes toman decisiones dudan -que es lógico porque nadie está preparado para esto- empiezan a aparecer estas ideas”, detalló.

El investigador del Conicet agregó que como “tenemos un Estado que está tomando decisiones extrañas por este contexto particular, se nos obliga a confiar o creer en determinada voz científica. Ante una medida extraordinaria nos damos mucha más cuenta que hay decisiones conscientes: confiamos o no en quien toma la decisión”.

Por último, señaló que expresiones “anarcocapitalistas” como las de Milei o Espert, “no dejan de ser minoritarias en Argentina pero no en todo el mundo. No hay que dejar de prestarles atención. El debate es más político e irracional que científico y racional”.

(Por CTA Bahía Blanca) Es 28 de mayo, a horas del 51 aniversario del cordobazo la cúpula de la CGT realiza una reunión virtual con autoridades del FMI para pedir un “acompañamiento”en la renegociación de la deuda para hacerla “sustentable”.

No es nueva esta conducta rastrera de burocracias sindicales a espaldas de la base trabajadora. La misma conducta tenía buena parte de la dirigencia sindical ante la dictadura que encabezaba el general Onganía en el 69. Por eso brillaban con luz propia dirigentes como el inolvidable Agustín Tosco, capaz de comprometer toda la energía colectiva de su sindicato, el Luz y Fuerza cordobés, para confluir en la calle con miles de manifestantes de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil y protagonizar la jornada del cordobazo.

Un hito en las luchas obreras y el principio del fin de aquella dictadura.

Antes y ahora existía y existe esa cúpula encaramada en los sindicatos para disfrutar privilegios y prebendas y traicionar en toda la línea los intereses de quienes dicen representar.

Habráse visto tamaña impostura. Ir a mendigar acompañamiento al organismo internacional que ha propiciado e impulsado todos los planes de ajuste contra el pueblo.

Una conducta digna y soberana, dicha con la frente alta de quienes no saben de agachadas, impulsaría hoy una campaña que les diga en la cara en medio de la crisis, ni un peso de una deuda fraudulenta e ilegítima debe ir para ustedes mientras haya un trabajador o trabajadora sin laburo o un pibe o piba con hambre. Esa plata es la deuda con el pueblo en salud, alimentos, viviendas y educación.

Nada se puede esperar de esa gente que firma acuerdos con los patrones de la UIA para recortar los salarios de los miles de compañeros y compañeras suspendidos. Otro exponente de ese sindicalismo sumiso y genuflexo por propia conveniencia, como Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, dijo hace unos días luego de acordar un recorte del 25% de los salarios de los trabajadores/as suspendidos/as: “Tenemos que definir un nuevo país y pensar que les falta a los empresarios para decidir sus inversiones y qué costo laboral necesitan para la competitividad laboral”.

Es el mensaje de las grandes patronales que dicen si no rebajan los sueldos, si el Estado no nos aporta el 50% de los salarios vía ATP, dejamos de invertir. O dicho con más claridad, si no aceptás más explotación no tendrás laburo! Y el dirigente sindical hace suyo ese discurso! El cinismo de los Cavalieri, Daer y compañía echa luz sobre qué lado del mostrador ocupan. Por qué esa gente se preocuparía si el aumento a las jubilaciones es de un mísero 6% si ellos viven como ricos? Cómo van apoyar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las superganancias de banqueros y grandes empresarios si repiten como loros el discurso de los Rocca, Pérez Companc y cia.

A 51 años del Cordobazo será bueno tomar las mejores enseñanzas de aquel 29. Cuando la clase trabajadora se moviliza en función de sus propios intereses, que son los derechos sociales para las mayorías, no hay dictadura, patronal o burocracia capaz de contener esa fuerza colectiva.

Alcanza con ver al otro, a la otra, compañero, compañera, como alguien a quien sumar a la lucha, poner bien alto el valor de la solidaridad de clase y no subordinarse ante ningún poder político o económico que no represente nuestros intereses colectivos. Si los de arriba quieren descargar la crisis que nosotros no generamos sobre nuestras espaldas, hay que plantarse con toda la fuerza posible para defender nuestras vidas frente a la pandemia y para no aceptar ninguna extorsión que avance para pisotear nuestros derechos, ningún recorte, ningún despido, ningún convenio a la baja.

Por el contrario, afirmar que una salida a la crisis a medida de nuestros intereses sólo puede contener el anhelo de un país libre ataduras con el poder financiero internacional y que no se guíe por la lógica de la rentabilidad del capital sino por los valores de la solidaridad y la cooperación de la clase trabajadora.

La Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de nulidad de la sesión del 17 de enero planteada por las y los concejales del Frente de Todos. Habían denunciado que Fernando Compagnoni actuó de de manera “ilegal y arbitraria” al convocar a una concejala suplente para lograr el número suficiente de ediles para sesionar.

“No es misión de esta Corte por la específica vía del art. 196 de la Constitución provincial controlar cómo se conduce la labor deliberativa municipal en los términos de su reglamentación interna, sino sólo ante una extrema situación de transgresiones que impidan u obstruyan el regular funcionamiento del órgano, supuesto que, conforme lo antes expuesto, no se observa en el caso”, afirma la resolución.

El 17 de enero Juntos por el Cambio aprobó en soledad el presupuesto 2020 y el aumento del boleto de transporte. Les 11 ediles del peronismo y Gabriela Schieda no dieron quorum. Sin embargo, el oficialismo convocó como suplente de la concejala radical a Antonella Castillo, quien seguía en la lista de Cambiemos que supo integrar la titular.

La oposición planteó ante la Suprema Corte “que el procedimiento seguido para lograr quorum en una sesión extraordinaria resultó violatorio de las normas que rigen el reemplazo de los miembros del Concejo, porque no había ninguna vacante que cubrir en el cuerpo que habilitara el reemplazo por algún suplente. Los concejales no se hallaban ausentes, sino que hicieron ejercicio del derecho de no dar quorum, circunstancia que imponía el levantamiento de la sesión, tal como el Presidente del Concejo hiciera en la reunión inmediata anterior”.

Al momento de resolver, el máximo tribunal provincial afirma que “no se advierte la existencia de alguna disputa acerca de las atribuciones constitucionales o legales, esto es, de una efectiva contienda que pueda ser calificada de conflicto, o bien que lo actuado por el Concejo Deliberante en la sesión en cuestión altere, obstruya o impida el funcionamiento institucional del cuerpo o de la Municipalidad”.

El fallo sostiene que “conforme la documentación acompañada por el presidente del Concejo, el procedimiento seguido en este caso es análogo al que ese órgano utilizó en varias sesiones celebradas con anterioridad en ese cuerpo, en las que se procedió al reemplazo de concejales ausentes por sus suplentes, sin que por ello se hubiesen efectuado planteos como este”.

Destaca, además, manifiesta que “en relación a los conflictos internos de las municipalidades que se producen en el seno del Concejo Deliberante, se resolvió reiteradamente que las resoluciones susceptibles de cuestionarse en ese marco sólo eran aquéllas por medio de las cuales se destituía o suspendía preventivamente al Intendente Municipal o a algún concejal –excepto que se tratara de decisiones adoptadas ante la comisión de delitos dolosos-, así como también y en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones”.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumple quince años de lucha ininterrumpida por el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La abogada e integrante de la Campaña en Bahía Blanca, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que “muchas de quienes militamos el pedido de legalización del aborto, el primer paso que tuvimos fue este cambio de paradigma de que el aborto era una cuestión íntima a entenderlo como una cuestión pública. La democracia no es plena si hay niñas obligadas a ser madres o mujeres obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado”.

“Tengo 46 años y en mi adolescencia no era un tema que se hablaba públicamente. La democracia como manera de organizarnos socialmente debe respetar la libertad de autonomía de los cuerpos de las mujeres, no solo eso no había sido escuchado sino que era relacionando directamente a la muerte”, agregó.

El Código Penal establece causales por las cuales el aborto está permitido desde 1921. “Creemos que es una cuestión de salud pública pero necesitamos un marco legal para poder decidir si esta el recurso en un hospital o donde la mujer decida”.

En 2018 el proyecto de ley de la Campaña obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue desaprobado por el Senado. “Eso permitió ver que era una ley que se hizo desde la discusión, escuchando diferentes perspectivas: la médica, la social, la cultural y creo que eso es lo que deberemos seguir defendiendo, que se siga tratando legislativamente el proyecto”.

“En el medio de todo esto, como norte en la aprobación de la ley, se han ido sorteando deferentes situaciones: los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo, los fallos de la Corte Suprema, se han ido dando pasos en caminos de dar el marco legal, social y cultural. Se fue avanzando en otras cuestiones con la importancia de mantener viva de la lucha”.

Respecto al reciente caso de una niña a la cual le negaron una interrupción del embarazo en Santiago del Estero, Petersen afirmó que “el primer punto es la adhesión de las provincias a los protocolos de ILE. Después generar presupuestos y partidas para que esto se pueda cumplir. La capacitación de profesionales que intervienen en estos casos es fundamental, seguimos abordando estas situaciones como en otro tiempos, donde hay arraigada una cuestión feudal y patriarcal, de clase y género”.

La infusión de plasma de convaleciente ya se prueba con buenos resultados en un paciente internado en el Hospital Penna. Sin embargo, las personas recuperadas de Covid 19 todavía deben realizar su donación en La Plata.

Profesionales de terapia intensiva, clínica y hemoterapia del nosocomio interzonal participaron de una capacitación con especialistas del Ministerio de Salud y la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.

“A nivel mundial hay varios tratamientos. Una opción que empezó a aparecer con publicaciones en estudio es la utilización de plasma de personas convalecientes, es decir, que ya pasaron los 14 días y tienen dos PCR negativos. Se separa la sangre del plasma y se utiliza en personas que tienen Covid pero están en una situación moderada a grave. Metemos anticuerpos en una persona para que el virus se neutralice, no que retroceda”, explicó a FM De la Calle el director asociado Lauriano Alimenti.

El funcionario destacó que “tenemos la posibilidad del recurso humano y tecnológico en el Hospital Penna para realizar este tratamiento, necesitamos que se intente gestionarlo. Estoy poniendo el cuerpo para sintonizarme con La Plata y estudiarlo bien. Hemos creado un equipo con profesionales del Penna y el sector privado para armar bien los pasos y presentar esta propuesta. No se está tomando plasma pero si el recibido de La Plata se utiliza con pacientes de acá”.

Alimenti agregó que “hay un protocolo que hace unos días el Instituto de Hemoterapia que reside en La Plata armó con 3 fases. La primera es que cada donante voluntario tiene que ir hasta La Plata para hacer la extracción, sabemos que en la segunda fase se destraban dos hospitales más y en la tercera fase es en los hospitales de Mar del Plata”.

Trabajadores de la cooperativa de recicladores que se desempeña en el relleno sanitario afirmaron que no reciben ayuda para afrontar la falta de ingresos por el aislamiento obligatorio.

“El lunes vamos a ir a meternos en nuestro lugar de trabajo y si quieren apalearnos, que nos apaleen”, dijo a FM De la Calle Pedro Ruiz.

Denunciaron que el Municipio no da respuestas y que desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental vaciaron un depósito con elementos acopiados durante meses, los cuales fueron enterrados sin darles la posibilidad de comercializarlos.

Sebastián Nuñez afirmó que son “más de 50 personas que estamos en una situación crítica, si nos hacen un protocolo, como lo hacen en otros lugares, podemos trabajar”.

“Queremos trabajar, nadie nos da una respuesta de cuándo vamos a volver, qué vamos a hacer, lo que queremos es trabajar. Acción Social no sé para qué está, Medio Ambiente no sé para qué está, el intendente no sé para qué está. Él gana medio millón de pesos y nosotros no podemos ni pagar la luz”, comentó Ruiz.

Núnez se refirió al galpón de acopio: “Vino Insausti con la policía, sacaron todo para afuera y enterraron todo, según dice la empresa”. Allí se depositaban y clasificaban residuos para su posterior venta por parte de los integrantes de la Cooperativa Talleres 1.

“Me tienen que pagar lo que me tiraron, lo que estaba acopiado me lo tiraron todo. Nos consideran cirujas, yo vivo de esto. Sin esto no puedo pagar el seguro de la camioneta y si salgo a la calle me la sacan”, argumentó Ruiz.

Explicó que “todas las cooperativas están ganando en promedio de 16, 17 mil pesos. A nosotros nos dan 12 y nos descuentan el monotributo. Se pasan la pelota entre Municipio y Cooperativa”.

Por otro lado, mencionaron que no están recibiendo asistencia alimentaria: “A la semana que empezó todo me dieron una bolsa de mercadería, en casa somos cuatro, con dos paquetes de fideos, una botella de aceite, dos kilos de azúcar no alcanza”, comentó Núñez.

Incluser es una empresa social que emplea a 14 mozas y mozos con discapacidad intelectual, la cual está en proceso de “reinvención” en el marco del aislamiento por la pandemia de Covid 19.

Como los eventos de concurrencia masiva todavía no pueden llevarse a cabo proponen armar el evento en tu casa.

“La gente tiene la opción para adquirir una caja, que se llama dinner kit, con insumos para cocinar la cena con entrada, plato principal y postre. La idea es que haya una invitada especial, la primera es Maru Botana quien a través de un Zoom te enseña en vivo a hacer la receta. Van a estar los mozos, cada uno desde sus casas, cocinando con Maru. Esto va a ser el 10 de junio”, comentó Carolina desde Incluser.

En diálogo con FM De la Calle comentó que son “un equipo de cuatro o cinco personas que arrancamos de forma voluntaria en la gestión de la empresa y coordinando el trabajo de estos 14 mozos con discapacidad intelectual. Nuestro fuerte son los pequeños caterings, mozos y hace poco empezamos a incluir organización de eventos”.

Incluser, como iniciativa de INTEGRAR, continúa llevando adelante capacitaciones semanales “para que estén en contacto con el mundo laboral, para que no pierdan lo que se hizo estos años. Estamos coordinando con referentes de barrios para colaborar con la asistencia de la gente que la está pasando mal, elaboramos propuestas para que talleres protegidos puedan seguir existiendo”.

Por otro lado, mencionó que se puede colaborar mediante la compra de verduras de Productores del Sauce Chico. Es una propuesta de la mano del INTA: “Se venden bolsones de manera semanal, a un precio muy conveniente y de ese bolsón un porcentaje lo donan para asistencia. Con eso que se junta, se adquieren bolsones solidarios de más duración que se donan a las distintas Delegaciones”.

“Colaboramos siendo punto de entrega y hacemos una campaña para que la gente pueda donar su bolsón solidario y de esa manera, en contacto con distintos barrios, vamos haciendo entrega de lo que se va juntando. Llevamos más de 350 bolsones entregados. Esta semana se está juntando para familias de la Escuela Secundaria Nº 2”, finalizó Carolina.