Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 498 y Resolución 260, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la Fase 4.
Es decir?
Fase 4: los municipios que presenten casos confirmados autóctonos de COVID-19 en los últimos 21 días y que no pertenezcan al AMBA.
? Mediante el Decreto se autorizaron y habilitan nuevas actividades y servicios:
?️ Comercio de indumentaria y calzado. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Comercio de juguetes. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Servicio doméstico.
? Servicios de estética: tatuajes, peluquerías, manicura, maquillaje, depilación y similares.
?️ Hace 6 días consecutivos que no se registran nuevos casos positivos en la ciudad. Según los protocolos restan 15 días para pasar a la fase 5.
? Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus
El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.
Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.
“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.
Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.
Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.
Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.
YPF megaminera
Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.
“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.
La Subsecretaría de Gestión Ambiental presentará la denuncia penal “luego de detectar irregularidades en el relleno sanitario”. Es por “la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar”.
El comunicado agrega que”se han registrado denuncias por acciones violentas y amenazas hacia trabajadores en el predio y hacia el propio subsecretario Matías Insausti”.
El abogado de los recicladores, Leonardo Urruti dijo a FM De la Calle que”atacar a la propia víctima es desviar la atención de la mala conducta de la administración pública. Es un argumento contra la persona en vez de admitir que tienen una responsabilidad de esto que se ha denunciado”.
Insausti no atendió a los reiterados llamados de FM De la Calle y tampoco dieron resultados las gestiones mediante la Dirección de Comunicación a cargo de José Fernández Ardaiz.
El subsecretario dijo a Radio Altos: “El galpón era un espacio sucio y lleno de roedores, es municipal y todo lo que está en el relleno es municipal. Ahí tienen que trabajar las 40 familias de manera digna por eso lo limpiamos. Había que sanearlo y más en este contexto de pandemia”.
Urruti contestó que “primero reconocieron que ellos quitaron este material que era de los trabajadores y que lo enterraron, que no les importó el medioambiente ni el reconocimiento legal”.
“Por un lado se les da la autorización de recuperar el material que querían y después dicen que es del Municipio. El material que se deposita ahí no tiene propietario porque es una cosa mueble. A diferencia de un auto, por ejemplo, estas cosas son de quien las aprecia, las recupera y le agrega valor: limpiar, compactar, pasar a una forma que se pueda recuperar. Claramente el material es de los trabajadores que lo han recuperado, no es del Municipio”, dijo el abogado.
Finalmente,afirmó que los recicladores “tenían autorización para estar en el relleno o para utilizarlo y tenían llave. El Municipio les dijo trabajen ahí y cumplan determinadas pautas. Les daban una credencial que era un burla e iba cambiando con cada gobierno y con eso ellos entraban y realizaban sus tareas”.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano analizó las consecuencias de la contaminación aérea en la salud.
“En Bahía nos puede hacer reflexionar bastante. Hay algo que tuvo de bueno la pandemia, uno puede observar que hay cambios que se pueden hacer en el ambiente. Concretamente en la contaminación aérea, con cambios respecto a disminuir el tema vehicular e industrial y la cantidad de material particulado”, comentó.
Nuestra ciudad no fue la excepción, “los puntos donde se miden estas partículas muy pequeñitas están en la zona del polo industrial y podemos seguir bastante bien el nivel de particulado que hay en el aire, en los momentos donde casi no se movía nada ha caído a niveles bajísimos”.
Romano afirmó que “hay un mundo posible generando cambios importantes para eliminar esta contaminación, eliminando partículas chiquititas que se asocian a enfermedades respiratorias y que sabemos que va mucho más allá, relacionado con problemas cardíacos o ACV o diabetes. Estas partículas ingresan en el organismo y generan un estado de inflamación que favorece todos estos procesos, que se tapen las arterias, problemas renales, muchas partículas tienen plomo o metales pesados, que son causa de deterioro cognitivo en chicos”.
“Bahía tiene una ventaja que es que se mide, no pasa en todas las ciudades. Deberíamos hacer un uso más importante de los datos que se van obteniendo porque de allí se deberían fijar políticas públicas en tanto lo que se puede o no se puede hacer”, mencionó.
El médico dijo que una posible solución es buscar energías alternativas. “La pandemia demostró que tenemos que impulsar una energía más limpia. La contaminación aérea es una cuestión extendida que reviste gravedad. Hay una reglamentación que cambió para la provincia de Buenos Aires hace dos años. En material particulado para la OMS el límite es 50 y acá lo tenemos en 150. Alguien puede decir ‘sí, estamos en los valores normales’ pero cuando vemos cifras en valores internacionales vemos que no es así”.
Respecto del transporte terrestre, Romano concluyó: “Uno debería plantear que lo que vendría por delante es algún otro tipo de transporte y no el que conocemos como automóvil, tal vez eléctrico o que tenga estándares que no deterioren el medioamabiente. Indudablemente que el hombre exista sobre la tierra es una complicación para la tierra y sus seres. Tenemos que tratar de dañar lo menos posible”.
La asociación civil Talita Kum lanzó una propuesta para la reactivación de la economía en Villa Muñiz, Villa Buenos Aires y Oasis mediante la sistematización y difusión de servicios de diversos rubros que ofrecen vecinos y vecinas del sector.
Mariano Frola explicó a FM De la Calle que la intención es que “si una familia necesita un gasista que no llame a uno que vive lejos porque capaz tiene cinco en el barrio”.
“Hace más o menos un mes las donaciones de alimentos empezaron a caer, quizás porque la cuarentena esta más flexibilizada y la sociedad está en otra sintonía. Hay muchas familias que no tienen trabajo y un compañero tuvo la idea de hacer un registro único integral que consiste en agrupar por rubro todos los productos y servicios que se ofrecen en el barrio, construcción, logística, plomería, electricidad”, comentó.
Talita Kum está integrada por una docena de voluntaries actives que propician espacios de educación y acompañamiento a familias del barrio. “Solíamos abarcar a 60 familias y por la pandemia nos tuvimos que extender por motivos extraordinarios y llegamos a abarcar alrededor de 450. Estamos en Villa Muñiz hace más de diez años, antes era un brazo del Don Bosco y desde 2016 y 2017 nos separamos y obtuvimos la personería jurídica para darle nuestra impronta”.
El proyecto viene “excelente”: “Ya tuvimos muchas familias que nos agradecieron, que pudieron empezar a hacer changas y tuvo muy buena recepción de otras organizaciones que lo replicaron en sus barrios y ya están surgiendo nuevos proyectos para ampliarla. Se llegó a distintas empresas constructoras y nos pidieron si de todas estas familias que estaban en las construcción podíamos hacer un registro y curriculums”.
Frola aseguró que limitarse a la emergencia alimentaria “era tapar el sol con la mano” y que “este proyecto de generar trabajo es más sostenible”.
En cuanto a otras iniciativas de la agrupación destacó que “el invierno se está poniendo más duro que años anteriores porque quienes comparaban garrafa ahora no puede hacerlo. Por eso hacemos feria de ropa una vez por semana o cada quince días. Y, por otro lado, estamos reactivando un espacio de construcción para mejorar la infraestructura del barrio, que por ahí son familias que viven en condiciones inhumanas”.
La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los alcances del Ingreso Familiar de Emergencia en clave feminista.
La semana pasada, la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, señaló que “el IFE junto a transferencias de AUH y la tarjeta Alimentar representa que el 68% de lo que el Estado invierte, está llegando al 50% más pobre de la población. Son medidas progresivas que tienden a cerrar las brechas de desigualdad”.
Costantino destacó que “en la primera tanda lo cobraron ocho millones de personas. Es decir, ocho millones de familias cumplen con características que son muy restrictivas, familias donde no había otro ingreso. Esto es el 20% de la población argentina. No se tomaba total magnitud de la gran cantidad de familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad, son familias con ingresos super informales”.
D’Alessandro destacó la importancia de incluir a las trabajadoras domésticas en el cobro del ingreso.
“Otra novedad respecto a esta segunda tanda del IFE es que en aquellas familias que lo hayan solicitado lo van a cobrar las mujeres. Eso atiende a la desigualdad estructural que tiene la economía en donde las mujeres estamos sobre representadas en los deciles más bajos de ingresos, esto que llamamos feminización de la pobreza”, comentó Costantino.
Sin embargo, apuntó que “una cosa que no atiende y que desde la economía feminista se critica es que es familiar. Esta idea tiene como supuesto que la familia es una unidad armónica que decide democráticamente y sin conflictos cómo se distribuyen los recursos hacia adentro”.
“Sabemos que esto no esa así, que la familia es una unidad de conflicto y altamente desigual hacia adentro. También estamos discriminadas hacia adentro de los hogares en la distribución de tareas, lo más probable que vaya a suceder es que la decisión sobre qué hacer con esos recursos no la terminen tomando las mujeres”.
La economista afirmó que, por otro lado, “en el otorgar el IFE a quienes cobran AUH y a las mujeres por sobre lo varones, también parece haber una mirada maternal o maternalista por parte de las políticas sociales, se otorga en tanto madre no en tanto mujer, pareciera tener esa mirada”.
Además, hizo una salvedad, “más del 90% de las personas que cobran AUH son mujeres porque está condicionada a la asistencia de niños y niñas a la escuela y controles sanitarios y las que se encargan de esto son las mujeres”.
“Es importante que se pretenda esta mirada de género pero nos seguimos enfrentando a ese límite de la familia que resulta problemático. Es parte del problema de considerar a la familia como destinatario, ¿qué es la familia? ¿cómo la definimos?”, preguntó.
(Por CORREPI) La noticia pasó inadvertida para la mayoría de los “medios grandes”: “Rodrigo Etchudez, un joven músico y comerciante de la ciudad de Monte Quemado al norte de la Pcia de Santiago del Estero, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por una nutrida delegación policial que, sin orden judicial, lo esposó y se lo llevó detenido a la seccional local. El motivo: una publicación en su cuenta de Facebook rechazando la actitud represiva del gobierno provincial”.
Casi en simultáneo, en plena Ciudad de Buenos Aires, con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, se emitió la resolución 144/2020, que establece en cabeza de las fuerzas de seguridad la facultad de hacer tareas de “prevención sobre plataformas y fuentes digitales públicas que no constituyan violación a la intimidad”.
En términos menos académicos, bien podríamos calificarla como un Manual para el ciberpatrullaje o el “control legal” de la disidencia política e ideológica. Cuantas más facultades suma el aparato represivo del estado, más amenazado se encuentra el cuerpo social que administra.
La decisión de su formulación constituye una inequívoca decisión política: el ciberespionaje, en tanto herramienta de control social, integra el menú de medidas persecutorias que, bajo la apariencia de una necesidad regulada, esconde una limitación inadmisible a derechos elementales de la población. Que la resolución pretenda que no tendrá validez si se vulnera la intimidad de los ciudadanos, no garantiza que no se atropelle su pública necesidad de protestar: Cualquier red social (ése es el nuevo “territorio” a invadir por el estado) es hoy empleada por organizaciones del pueblo para convocar, movilizar, reclamar, denunciar, exigir. El gobierno abrió la puerta para que expresamente ese avasallamiento se realice.
Desde 1983, son incontables las ocasiones en que el estado fue descubierto en tareas como las que ahora viene a regular. Como en los tiempos de Alfonsín, con su DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) convertido luego en División de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado, protegido por el menemato y la misma justicia que invocaba la categoría de “secreto de estado” para legitimar la información mal habida sobre más de 250 militantes del arco de la izquierda, o el despliegue de pinchaduras de teléfonos y seguimientos de la SIDE (hoy AFI) y de la inteligencia propia de la PFA, que fue un clásico de la época.
El año 2001 fue emblemático en materia de espionaje, como ocurrió sobre las organizaciones que se movilizaron ante la Casa de la Provincia de Salta en repudio a los asesinatos de dos piqueteros en un corte de ruta. “En función de tareas de inteligencia previa…” comenzaba cada sumario de detenciones producidas en medio de actos de protestas masivas a lo largo y ancho del país, como en agosto de 2004 o en diciembre de 2005. Infiltraciones, como la sufrida por la Agencia Rodolfo Walsh, listas negras de abogadxs en el servicio penitenciario, y el denominado Proyecto X que, descubierto en 2013, con los cuadros de Gendarmería encargados de escuchar, espiar, seguir e informar sobre todo activista sindical, estudiantil, social y político. En todos esos casos, CORREPI patrocinó junto a otras organizaciones las correspondientes denuncias, incluyendo cuando nos tocó ser víctimas directas. Ni hablar de las escuchas macristas por mano del “Fino” Palacios y Ciro James, causa en la que Mauricio fue sobreseído 12 días después de asumir como presidente.
Hoy se suman las redes sociales con el “ciberpatrullaje”, con un detalle que, sin embargo, no tiene nada de novedoso: La resolución firmada por la ministra Frederic se ampara en la “prevención de narcotráfico y terrorismo”, expresiones propias del andamiaje represivo con el que -desde la caída de las Torres Gemelas y agravada por la crisis capitalista del 2008- se justifican mundialmente todo tipo de persecuciones.
La nota periodística de Santiago del Estero amplía: “La simple opinión de un ciudadano expresada en una red social bastó para que las autoridades activen un importante operativo policial destinado a aprehender a Etchudez, detenido este domingo en su propia casa por una gran cantidad de efectivos que procedieron a esposarlo e ingresarlo a la comisaría de Monte Quemado, donde permaneció durante más de 9 horas.”
La paradoja más grande es que todo esto sale a la luz en simultáneo con la mega causa de espionaje, escuchas y otras canalladas que ponen al descubierto la verdadera naturaleza política y moral del macrismo y sus aliados. Un escándalo mayúsculo, del que nos enteramos –a diferencia de los episodios anteriores, descubiertos por las víctimas- por la denuncia efectuada ante la justicia por la interventora de la AFI, que aportó registros digitales y fichas que prueban el espionaje a organizaciones políticas, como el PTS; gremiales, como el SUTE (Sindicato Único de Trabajadorxs de la Educación de Mendoza); a trabajadorxs de prensa (más de 100 afiliadxs al SiPreBA) y a funcionarios y referentes públicos de la oposición y del propio partido de gobierno.
Lo que parecen no entender es que el problema no está en la legalidad o ilegalidad del espionaje, sino en la naturaleza misma del acto de espiar, que es acechar, amenazar, vigilar. Y que es siempre, en todos los casos, una repudiable decisión política.
Desde la CTA Bahía Blanca repudiamos y denunciamos los hechos de espionaje ilegal llevados adelante por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos (2015- 2019) a periodistas, militantes, trabajadorxs, académicos y referentes de organizaciones sociales y políticas.
Este accionar constituye un grave hecho de persecución y hostigamiento político sobre las instituciones sindicales, sociales y políticas, en un periodo democrático. Tales prácticas no constituyen procesos aislados, sino que forman parte de una deuda que tienen diferentes gobiernos con el pueblo argentino, en tanto falta de trasparencia y claridad sobre el accionar de los servicios de inteligencia y de seguridad.
Desde hace décadas se han denunciado los casos de espionaje ilegal de los servicios, como se planteó con el proyecto X de Gendarmería Nacional, la intromisión de inteligencia en diferentes modalidades de protesta o el caso Santiago Maldonado.
Exigimos al gobierno nacional y a la justicia que se investigue a los responsables del espionaje y que se terminen este tipo de prácticas nefastas sobre las organizaciones populares y de lxs trabajadorxs.
Por otro lado, manifestamos nuestra solidaridad con nuestro compañero Francisco Cantamutto, qué a través de sus investigaciones, propuestas y aportes, dentro del espacio de la Sociedad de Economía Crítica, contra el Tratado de Libre comercio y la organización de la cumbre de la OMC fue investigado, violentando sus derechos democráticos.
La misma situación tuvieron integrantes del PTS y otras organizaciones políticas y sindicales como la compañera de CD del SUTE (Mendoza), Laura Espeche. Queda de manifiesto de esta forma que el G20 como la cumbre de la OMC fueron encuentros realizados en la Argentina que sirvieron de manera encubierta para vigilar y seguir de cerca a militantes populares y sindicales.
CTA Bahía Blanca
“Sorpresa no me causó. Ahora tomó una dimensión pública y me parece saludable porque permite debatir entre todes qué hacer con esta rémora de la democracia que hemos conquistado”, dijo el economista Francisco Cantamutto a FM De la Calle tras la confirmación de que es uno de las decenas de personas espiadas por el macrismo.
La titular de la AFI, Cristina Caamaño, realizó denunció a la conducción anterior del organismo, agentes, y al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje y la inteligencia realizada contra alrededor de 400 dirigentes sociales, militantes y académicos en el marco de la Cumbre de la OMC en 2017.
Cantamutto es columnista de Economía de En Eso Estamos e integra la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y militantes que impulsaron la “Confluencia Fuera OMC” y la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante 2017 y 2018 y que actualmente conforman el Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC.
“No es sorpresa porque nos prohibieron participar de la reunión interministerial de la OMC en el 2017 porque instábamos a la violencia. Esto llamó la atención, de dónde sacaban que nosotros hacíamos esto. Presentamos un recurso de habeas data para saberlo. Ese recurso avanzó, según las posibilidades personales de cada quien. En mi caso, junto a otras compañeras, la Cámara de Apelaciones nos dio la razón que el Ministerio de Seguridad debía responder, no así la AFI. Esto esta apelado ante la Corte Suprema”, detalló.
Según publicó Página/12, las fichas de Cantamutto y otro integrante de la Sociedad de Economía Crítica, destacan: “Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página/12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.
Cantamutto afirmó: “No puedo descartar ni aseverar que haya más información que esa. No hemos tenido acceso a las fichas porque nos han ido pateando con distintas excusas que han sido respondidas por la defensa que tenemos del CELS, porque más allá de la dimensión personal esto se trata de un problema de dimensión política. En un gobierno que se jactaba de su republicanismo hemos sido espiados”.
“Esto es profundamente antidemocráctico, me llama la atención ver a Bullrich defendiendo este espionaje cuando ha quedado claro que nuestras actividades no tenían nada de ilegal o delictivo sino poner en discusión de porqué venía la Organización Mundial del Comercio”.
Agregó que tras la denuncia de Caamaño “tenemos que ver si podemos anexarnos a la causa en carácter de querellante o de víctimas, tenemos que tener en claro las implicancias de cada caso. El CELS nos va a indicar los caminos posible, el recurso de habeas data ha seguido su curso en términos personales y ahora esta esta otra causa donde deberemos incorporarlo”.
Por último, mencionó que la UNS repudió la persecución ilegal a través de un comunicado.
Recicladores del relleno sanitario denunciaron penalmente al subsecretario de Gestión Ambiental, Matias Insausti, por daño a la propiedad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Señalaron que el 25 de marzo el funcionario ordenó enterrar materiales que los trabajadores acopiaron para su venta.
“Se inician dos expedientes, uno administrativo, en el que se reclama que responda por esta orden que se hizo al personal para que saquen este material y lo entierren en el relleno. Por otro lado, se hace una denuncia penal porque esta orden y este procedimiento implicó privar a todas las personas de la venta de este material, se los quitaron y lo destruyeron”, dijo a FM De la Calle el abogado Leonardo Urruti.
Agregó que “estamos hablando que se vulneran los derechos básicos a trabajar, a la dignidad humana y a la propiedad privada. El aislamiento sirvió de excusa para actuar sin control y sin ojos que los miren”.
El letrado señaló que el episodio ocurrió “cuando estábamos en la etapa más rigurosa del aislamiento. En la denuncia se hace referencia al delito de daño porque era propiedad de recolectores que trabajan hace muchos años. Este trabajo, además, es beneficioso para la sociedad porque en vez de enterrar los materiales ellos los reutilizan. A nivel social todos somos afectados cuando se perjudica el medioambiente y los derechos de todos”.
Urruti comentó que los tomó por sorpresa esta decisión: “Según todos mis clientes, no había ningún tipo de inconveniente, ellos tienen unas autorizaciones para trabajar bastante informales, un papelito y un sello. Este galpón se construyó específicamente para ellos en el 2010 y consta en un documento de la Municipalidad. El galpón es del Municipio, ellos tenían autorización y llave, si el Municipio hubiera cambiado de parecer tendría que haberles dado un aviso para retirar sus cosas. Es algo inimaginable que vengan, saquen todo y se las destruyan, sin proceso, sin ninguna garantía”.
El letrado afirmó que pedirán las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio para corroborar los hechos.
Por otro lado, destacó que una de las familias que trabaja en el relleno utilizaba un camión para transportar packs y bolsones y lo guardaba en el galpón. “Lo dejaron afuera, hasta que hace unos días lo pudieron retirar. Al haberlo dejado a la intemperie les habían robado las baterías”.
El caso tramita en la UFIJ Nº8 que deberá ser subrogada dado que se encuentra acéfala.
El hecho
Según el relato del reciclador Néstor Prieto, la denuncia describe que “el 27 de marzo de 2020, a una semana del inicio del aislamiento obligatorio, tomamos conocimiento por parte del capataz de la empresa Ingeniería y Arquitectura SRL, sr. Gonzálo Bernardo Cabrera, que dos días antes, el 25 de marzo de 2020 el subsecretario de Gestión Ambiental, dr. Matías Insausti, había dado la orden, sin ningún tipo de aviso o notificación previa, aproximadamente a las 9:00 am, de retirar todos nuestros bolsones y paquetes almacenados en el galpón utilizando las palas y retroexcavadoras de la empresa y ordenando que ENTIERREN en el relleno TODO nuestro material reciclado (CARTÓN, NYLON, TRAPO, PLÁSTICO, COBRE Y METAL) y lo compactaron con tierra haciéndolo irrecuperable. Tenía en almacenados en el galpón un total de 20.000 kg de trapo, 40.000 kg de cartón, 10.000 kg de plástico y 150 kg de nylon todos ellos de mi propiedad. Asimismo, había dos bolsones de cobre de 500 kg cada uno de propiedad de mi padre, Carlos Enrique Prieto”.
Por vía administrativa se presentó otro reclamo ante el Municipio en el cual se estima que el valor del material perdido superaría el millón 700 mil pesos.
Ante la denuncia presentada recientemente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la Justicia Federal sobre la realización de actividades de espionaje ilegal realizadas por dicha Agencia sobre académicos, dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales, el rector de la UNS, doctor Daniel Vega, expresó su máximo repudio a este tipo de prácticas ajenas al Derecho. Entre los espiados figura el doctor Francisco Cantamutto, docente del Departamento de Economía e Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS).
“Entendemos que de comprobarse el accionar ilegal denunciado, debe ser objeto del repudio de toda la sociedad que ha elegido para nuestro país la vida democrática, la pluralidad de ideas y el respeto a la libertad, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Los responsables de poner esos valores en riesgo deberán ser sancionados con la mayor severidad prevista por nuestras leyes”, indicó Vega.
“Lamentablemente, las instituciones académicas han sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de prácticas, pero en la vida democrática, las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”, agregó.
Fuente: Prensa UNS.
Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) e integra una nómina de autores con “antecedentes ideológicos desfavorables” por la obra que inaugura el nuevo periodismo: “Operación Masacre”. Del escritor al militante, criptógrafo en Cuba, jefe de inteligencia de Montoneros luego. En plena dictadura militar, desde la clandestinidad, siguió haciendo periodismo hasta el final, hasta su muerte luego de enfrentarse con una patota militar. En un homenaje por el día del periodista, la Comisión provincial por la Memoria (CPM) compartió estos documentos que le fueron entregados a la hija de Rodolfo, Patricia Walsh.
Una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, la vida de Rodolfo Walsh cambia para siempre. La historia es bien conocida, un hombre le confiesa “hay un fusilado que vive” y Walsh pide hablar con él: “Livraga me cuenta su historia increíble; la creo en el acto”. Menos de seis meses después, entre mayo y julio de 1957, se publicó por entregas en “Mayoría” la investigación sobre los fusilamientos clandestinos en José León Suárez la noche del 9 de junio de 1956.
En lo estadístico, Operación Masacre inaugura el nuevo periodismo, antes incluso de la creación de esa corriente periodística en la década del 60 y con epicentro en Estados Unidos. En lo personal, Operación Masacre es el punto de inflexión en la obra de Walsh que, desde entonces, comenzará a volcarse a temas más políticos, a la denuncia de la violencia estatal y la opresión. Y la obra fue una continuación de la militancia. O viceversa.
A partir de 1973, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) produjo, recolectó y archivó material de Rodolfo Walsh y su labor como escritor, periodista y militante. Hasta el momento de su desaparición hubo un seguimiento focalizado de sus “antecedentes” e investigaciones sobre las agencias, semanarios y diarios donde trabajó o colaboró. Después de su secuestro y muerte, la persecución ideológica sobre el periodista continuó a través de la incorporación de su obra y de su nombre al corpus de producciones culturales que los organismos de inteligencia aconsejaron prohibir.
Todos los legajos sobre Rodolfo Walsh en la DIPPBA se reúnen en tres fichas personales: la primera se creó el 20 de diciembre de 1973, tiene sólo dos datos: la profesión periodista y Diario Noticias como antecedentes sociales. Esa ficha remite al legajo de Referencia N 16.509, su carátula dice, escrito a mano, Walsh Rodolfo, y tiene una única foja que destaca la pertenencia del periodista al directorio del periódico Noticias y hace un análisis de los “lineamientos ideológicos” del medio y del escritor.
Sobre Walsh, el legajo de inteligencia describe: “Se lo considera de neta extracción castrista. Participó en el “Congreso cultural de La Habana” —1967—, en el que emanaron directivas para el control de los medios de difusión en los países latinoamericanos”.
Lo que sigue no está en los documentos. La relación de Walsh con Cuba se remontaba a 1959, cuando fue junto a Jorge Ricardo Masetti cofundador de Prensa Latina; agencia a la que renunció en 1961. Aquel paso por la isla dejó otra historia muy conocida, una proeza táctica: descifró ocho teletipos de la CIA con información sobre un plan de Estados Unidos para invadir Cuba.
El legajo de Referencia N 16.509 afirma sobre los lineamientos ideológicos del Diario Noticias: “estarían signados por el marxismo-castrismo y seudo peronista, bajo la dirección de las organizaciones subversivas autodenominadas FAR-MONTONEROS, como así también sus periodistas serían elementos insurreccionales”. Según evaluación de la DIPPBA, Walsh compartía directorio con comunistas, castristas y marxistas-maoístas.
Esa primera ficha de Walsh remite a otro legajo también de la Mesa de Referencia, N° 7880, caratulado “Diario Noticias. Editorial Hoy” que se inicia con un memorando del 12 de diciembre de 1973 y se cierra el 29 de agosto de 1974 con dos recortes periodísticos sobre la clausura del diario ordenada mediante el decreto 630/74 del Poder Ejecutivo. Eran ya los tiempos de la Triple A y la interna por la conducción de un movimiento que el 1º de julio había perdido a su líder.
Lo que ocurrió entre 1974 y 1978, cuando se crea la segunda ficha personal de Walsh en la DIPPBA, también es historia conocida: el desmoronamiento del gobierno de Isabel de Perón, la radicalización de la lucha armada, la clandestinidad, el golpe de Estado de 1976 para la ejecución de un plan de exterminio. En ese tiempo, Walsh fue el jefe de inteligencia de Montoneros y creó ANCLA, la agencia de noticias clandestinas para romper el cerco de la censura y el silencio que quiso imponer el poder militar.
El 29 de septiembre de 1976 sufre el primer gran golpe: la muerte de su hija María Victoria durante un enfrentamiento. Walsh le escribe una carta de despedida: “Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más”.
En esa carta también preanuncia, de alguna manera, el círculo que comienza a cerrarse: “Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria”. La muerte, su muerte, estaba cerca. Pero faltaba su última gran obra, un hito en la historia del periodismo argentino: carta abierta de un escritor a la Junta Militar. El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer año del golpe de Estado, Walsh la envía a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales extranjeros. La carta no fue publicada en ningún medio local.
Un día después, en la intersección de las calles Humberto 1º y Entre Ríos de San Cristóbal, Constitución, Capital Federal, se enfrenta a tiros con un grupo de tareas. Herido lo cargan y lo llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Tenía 50 años y continúa desaparecido.
En la DIPPBA no hay nada directamente vinculado al secuestro y desaparición. En cambio, un archivo desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos aporta algo de información: en mayo de 1977, un agente —que firma como Chaplin— informa de la detención y posiblemente muerte de Walsh. Ese cable de la Embajada entrega, además, un dato sobre otra de sus proezas: “según los reportes tenía tres mujeres oficiales de la Policía Federal que trabajaban para él”.
Walsh, después de su desaparición
Como se mencionó, Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la DIPPBA: dos son posteriores a su muerte. La primera de ellas [la segunda con su nombre] se inicia el 28 de julio de 1978 y remite al legajo de Referencia N° 17470, caratulado “Antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina ”.Walsh aparece en una “nómina de autores de obras teatrales con antecedentes ideológicos desfavorables”.
En la foja 175 de ese legajo, la inteligencia bonaerense desglosa los antecedentes del escritor y periodista. Sobre sus únicas dos obras teatrales dice: La granada —estrenada el 22 de abril de 1965 en el teatro San Telmo— constituye una aguda crítica a las institucionales militares; La batalla señala “se basa en un enjuiciamiento a los regímenes militares”.
El legajo también agrega que Walsh escribió la obra periodística Operación Masacre y fue el libretista del filme homónimo: “Dicha película constituye un alegato a la subversión”, evalúa la DIPPBA.
Esa misma foja se completa con otros tres párrafos donde cuenta de manera apretada un breve repaso de su trayectoria: co-fundador de Prensa Latina, el semanario CGT de los Argentinos, que respondía al sector de Raimundo Ongaro y, por último, agrega integró el jurado del premio “Casa de las Américas 1974”.
Si bien el secuestro de Walsh no se encuentra asentado en el libro de registro de la DIPPBA, hay un informe donde aparece tangencialmente su desaparición. El 3 de mayo de 1977, con el número de orden 1038, el Batallón de Inteligencia 601 realiza un informe de seis fojas sobre los artículos 168 a 171 del “Parte de ANCLA”. Informe que se encarga de distribuir a las distintas agencias de la comunidad informativa.
El último de esos artículos de la agencia es del 25 de marzo y se titula: “Denuncia secuestro de renombrado escritor argentino”. Sobre ese parte, el informe de inteligencia dice: “Lo describe como el secuestro de un escritor y periodista (RODOLFO J WALSH) realizado por las FFSS el 25 Mar 77. El secuestrado sería peronista de izquierda, tal como lo presenta el contexto del artículo”.
Este registro integra el legajo 280 de la Mesa DE (factores religiosos y entidades comunales), caratulado “Agencia Noticiosa Clandestina ANCLA”, que se inicia el 16 de julio de 1976 y se cierra en mayo de 1977 tras ese último informe. El legajo se trata de una investigación “estrictamente confidencial” de la DIPPBA sobre la agencia creada por Walsh.
El informe exhaustivo contiene resúmenes de partes emitidos por ANCLA desde el 6 de julio de 1976. También realiza una apreciación completa de la agencia: la ideología, para quién “opera”, cómo se distribuyen, cuáles son los temas y objetivos políticos. El primero de esos informes que se irá complementando con nueva información, producido por la DIPPBA y la SIDE, señala que ANCLA “constituye un apéndice de la OPM [organización político militar] MONTONEROS, dedicada a la difusión de noticias relacionadas con la BDS [banda de delincuentes subversivos]”.
Epílogo y justicia
La tercera y última ficha personal de Rodolfo Walsh en el archivo de la DIPPBA es del 14 de abril de 1980 y remite a sólo dos legajos que se inician para solicitar información del paradero de personas desaparecidas, entre ellas el escritor. La ficha contiene los siguientes datos: “Walsh, Rodolfo Jorge. 50 años. Matrícula Nº 4380754. Localidad: Vte. López. Antecedentes sociales: sol paradero”.
El legajo 14.274 de la mesa Ds [delincuentes subversivos] se inicia el 29 de junio de 1979 y la solicitud se cierra con respuesta negativa sobre el paradero mediante un radiograma fechado el 8 de octubre del mismo año. El segundo de los legajos, Nº 19.660 y también de la Mesa Ds, comienza con un teleparte del 26 de octubre de 1981 y cierra, una vez más, con respuesta negativa mediante un radiograma recibido casi un mes después, el 25 de noviembre.
Si bien la ficha personal no remite a otros legajos, en el archivo de la inteligencia bonaerense se encuentra más documentación que da cuenta de la búsqueda emprendida por familiares de y organismos de derechos humanos a partir de su desaparición.
Estos documentos de la DIPPBA formaron parte de un informe técnico que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en la causa Nº 1271, conocida como causa ESMA. El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal N 5 condenó a prisión perpetua a Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Oscar Montes, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice por el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, Azucena Villaflor y las monjas francesas, entre otras víctimas.
Manuel García Tallada, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevilla y Juan Antonio Azic también fueron condenados con pena de entre 25 y 18 años de prisión.
Recordamos la figura de Walsh el día del periodista aunque, como él mismo remarcó, lo que hacía no era periodismo. Fue periodista y escritor como podría haber sido cualquier otra cosa: “He sido traído y llevado por los tiempos; podría haber sido cualquier cosa”, escribió.
Para volver al principio, a la obra que cambió para siempre y por azar su vida. Quizá, como dijo Osvaldo Bayer en el prólogo: Rodolfo Walsh no existe. Es sólo un personaje de ficción. El mejor personaje de la literatura argentina. Apenas un detective de una novela policial para pobres. Que no va a morir nunca.
Desde este viernes está disponible para su libre descarga el libro “¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadores y trabajadoras de prensa. Historias y miradas sobre el oficio”. El ejemplar reúne entrevistas a 11 trabajadoras y trabajadores de prensa de diez medios de comunicación, que “no se codean con el establishment ni salen en televisión”.
Su presentación virtual iba a realizarse en vísperas del Día de les Periodistas que se celebra este domingo aunque debió ser suspendida. DESCARGALO ACÁ.
Darío Aranda, uno de los autores del libro, dijo a FM De la Calle que “la idea surgió hace tres años, para un 7 de junio, en una movilización del SIPREBA frente a las cámaras patronales. Uno de los discurso fue de Carlos Rodríguez, histórico militante, en el que se preguntó ‘¿dónde están las grandes firmas reclamando por nuestros derechos? Acá estamos los que hacemos la noticia todos los días'”.
Si bien a los periodistas les va a interesar mucho, a cualquiera que le interese ver los diarios, las noticias y escuchar la radio le va a interesar porque hay mucho de la cocina de cómo un laburante de prensa ejerce el oficio día a día, sea en un medio comercial, estatal o un medio comunitario”, detalló.
Se trata de escuchar “las voces de a quienes les cuesta llegar a fin de mes, esos que lo hacen por militancia también, de los medios populares. Es un homenaje y un reconocerse en otros como pares y reconocer las cosas del oficio. Todos los entrevistados se reconocen como trabajadores de prensa”.
En cuanto a las fuentes a las que recurren, Aranda comentó: “Cuando voy a cubrir el tema petrolero habló no solo con el CEO de YPF sino que te cuente la gente afectada. Estamos vinculados a los que sufren, a los que luchan, a los que están en los territorios. Creo que atraviesa el libro la cuestión de clase, cuando uno escribe o llama a alguien se trata de pensar a qué fuentes estamos llamando para contar la realidad”.
El periodista mencionó que “no discutimos mucho el tema de la objetividad e independencia porque me parece que esto esta super saldado, pero si hay ciertos intocables, o referencias que me parecen o nos parece que no son nada nuevo. También la función de los auspiciantes, como silencian. Los matices que da la profesión, en algunos estamos todos de acuerdo, en otros no”.
“Algo que quedó pendiente es avanzar con medios de otras provincias y realidades. Fue hecho de manera militante y a pulmón y no nos dio el cuero pero ojalá podamos avanzar en la segunda parte”, finalizó.
El intendente Héctor Gay señaló que el Municipio espera la comunicación oficial del gobierno provincial para confirmar la fase en la cual se encuentra la ciudad en relación al aislamiento social.
Independientemente de dicha definición, se podrá hacer salidas recreativas todos los días por una hora, incluidos los grupos de riesgo. Los comercios habilitados también podrán abrir los sábados por la mañana.
“Suponemos que por lo dicho estaríamos en fase 4. El AMBA es fase 3, nosotros fase 4 y 60 distritos de la provincia que tienen cero casos estarían en fase 5 con el mayor grado de libertades. No nos quedó del todo claro anoche por la dualidad del mensaje del gobernador y el presidente”, afirmó el funcionario.
Actualmente, la ciudad cuenta con 72 casos confirmados de coronavirus, 28 activos, 40 recuperados y 4 decesos. Hay 7 personas sospechosas, 21 en aislamiento y 1646 en monitoreo diario.
“Hay un dato importante que tiene que ver con lo que consideramos positivo. A nivel nacional estamos con una media de 15.5 días para la duplicación de casos. En Bahía, afortunadamente y gracias al trabajo de todos, siempre hemos tenido una curva positiva. Pese a los casos del parque eólico y del geriátrico seguimos evolucionando y tenemos una duplicación de casos cada 35 días”.
Rubros y autorizaciones
En relación a los comercios habilitados en horario de lunes a viernes de 9 a 17, Gay afirmó que partir de mañana pueden abrir también los sábados de 9 a 13.
Respecto de las salidas recreativas comentó que “se extiende la autorización que regía para los fines de semana para todos los días de la semana durante una hora, de 8 a 12 y de 14 a 20 de acuerdo con la aplicación organiza tu salida. Agregamos la posibilidad de salidas para adultos mayores y personas de riesgo, también todos los días y ponemos 12 a 14 en el intervalo que dejamos con el resto de la gente”.
“Se solicitó la apertura de indumentaria y calzado, se incorpora la posibilidad de un paso intermedio, la compra presencial no está habilitada en ningún lugar de la provincia. Sí está la posibilidad del take away. De los gimnasios hemos recibido a las dos cámaras que ofrecieron un protocolo específico. Esto es lo que estamos esperando de la provincia”, dijo Gay.
El intendente anunció que “ayer nos aprobaron la apertura de 3 rubros: inmobiliarias, escribanías y todos los servicios jurídicos incluida la actividad de abogados. Con un protocolo ya habíamos habilitado las agencias de lotería”.
Por último, aseguró que “hay 30 profesionales de la salud trabajando en los accesos, en control de documentación, de dónde vienen, la temperatura, se toman los datos epidemiológicos y son cargados en tiempo real. Los accesos son controlados de 7 a 22. Teniendo cerrado el aeropuerto, la terminal, no hay transporte interprovincial. Esos datos son importantes”.
“Hay certeza de que hay un nexo entre el conglomerado de parque eólico y el conglomerado de la institución de adultos mayores. Seguimos con transmisión local por conglomerados, no tenemos certificación de circulación comunitaria”, afirmó el jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Ezequiel Jouglard.
Ayer se produjo el segundo deceso vinculado al conglomerado de contagios del geriátrico clandestino. Se trata de una anciana de 95 años que se encontraba internada. Cinco personas continúan internadas.
Jouglard señaló que el inicio de la cadena de contagios ocurrió a partir de un encuentro casual de alguien de la familia que administraba el asilo clandestino con un caso positivo vinculado al parque eólico de Mayor Buratovich.
“Fue casual, como si te encontrás con un amigo que hace mucho que no ves, y en el relato la persona no la considera contacto estrecho. En su momento con las personas del parque eólico a este contacto no lo habíamos identificado, seguramente por no ser más incisivos con las preguntas”, señaló el médico.
Agregó que a partir de la confirmación del caso del lunes, “todos los contactos que habían encontrado en las primeras entrevistas -son 30 o 35 personas- están en aislamiento”.
“Este último conglomerado nos muestra la afectación a población vulnerable y la transmisión que se da puertas adentro de los hogares. Aquellas personas jóvenes asintomáticas que conviven con adultos mayores deben tener los mismo cuidados de higiene”.
Respecto de los casos del parque eólico mencionó que están en aislamiento en habitaciones individuales, monitoreados telefónicamente y el estado de salud es bueno. Tenemos 40 personas recuperadas, seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener pacientes recuperados del conglomerado del parque eólico”.
La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, repudió el comunicado en el cual el PRO “condenaba” la violencia institucional ocurrida durante las últimas semanas.
“Que vengan ellos a rasgarse las vestiduras por la desaparición de Luis Espinoza, con Bullrich como presidenta del partido, cuando son los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, cuando tienen el fusilamiento de Rafael Nahuel y han estado matando una persona cada 19 horas con su gatillo fácil, francamente da asco”, dijo Verdú a FM De la Calle.
“El PRO exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no se indiferente pues el silencio es cómplice”, dice el texto que no lleva la firma de la ex ministra de Seguridad del macrismo.
Condenamos la violencia institucional en nuestro país y nos preocupan los hechos de los últimos días.
— PRO (@proargentina) June 3, 2020
Un mensaje de nuestro partido ? pic.twitter.com/uONQPT3h1M
Verdú mencionó que Cambiemos “públicamente impulsó el gatillo fácil como política de Estado, generó modificaciones normativas que han sido revocadas parcialmente. Hemos venido reclamando, le llevamos veintipico de puntos al gobierno que son necesarios modificar para volver atrás, por lo menos, lo que nos dejó el aparato represivo y en funcionamiento de política judicial el gobierno de Cambiemos”.
En relación a los hechos de represión, recordó que “el día que se publicó en el Boletín Oficial el decreto del aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país desde CORREPI lo primero que dijimos fue: cuidado. Porque para una medida acertada desde lo sanitario en lugar de darle una salida de implementación para políticas sanitarias y asistencia material a quién no podía bancar un aislamiento, pusieron la implementación en el aparato represivo. Esto va a llevar a un incremento exponencial de hechos represivos, tuvimos razón”.
Hay dos aspectos que se repiten en los barrios populares y en las cárceles: “el hacinamiento y la falta de recursos no solo de alimentación sino para lo básico de la higiene. Me mandan a lavar las manos pero no tengo agua en mi casa y quien tiene que garantizarlo es el Estado”.
“Si no se garantiza que haya un plato de comida, si no se garantizan los recursos de higiene y se evita la necesidad obvia de circular en el momento que ingrese el virus esto va a ser una masacre, y ¡cuál es la respuesta del Estado? Mandarlo a Berni con la policía”, finalizó Verdú.
