Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Tras la autorización para la instalación de una base militares estadounidense cerca del yacimiento petrolífero Vaca Muerta y ante el decreto que otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de intervenir en asuntos de seguridad interior, conversamos con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén.
“Esta noticia que anunció el presidente se suma a todo un estado de preocupación, porque se ha dibujado una imagen de terrorismo, de violencia extrema, de atentando que no tiene nada que ver con la realidad. Porque acá, si hay alguien que está actuando al margen de la ley y violando todos los preceptos constitucionales y legales, es la industria petrolera que ingresa con total libertad y protegida por la fuerza pública que sea necesaria y que le permite a estos grupo corporativos explotar a plena luz del día”, manifestó.
“Nosotros tenemos a Gendarmería apostada. Hay un contingente de 400 gendarmes para proteger Vaca Muerta, el Municipio de Añelo ya ha otorgado un predio para construir una base de operaciones para Gendarmería”.
“Entonces, cuando se suma eso, la base militar que ya también tiene un terreno otorgado, más el anuncio presidencial, sentimos todo verde oliva acá alrededor”, enfatizó.
Nahuel explicó que “lo que se sabe es la información pública que ha hecho el Gobernador anunciando como una verdadera burla al sentido común de que, acá se va a instalar una base del Comando Sur de Estados Unidos, para realizar tareas humanitarias”.
“Esta base no tiene ninguna lógica más que, poder generar una base militar que controle y proteja todos los interés que el fracking hoy está aplicando. Recordemos que el fracking, hoy es una técnica que está manejada, fundamentalmente, por empresas norteamericanas. Entonces, toda es inversión es la que, se supone, vienen a proteger semejante destacamento militar”, aseguró.
El secretario nacional del Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, se refirió en FM De la Calle al Decreto 683/2018 que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de la seguridad interior.
“Se recoge en las primeras horas mucha sensibilidad, mucha voluntad de rechazarlo. Nosotros aportamos una mirada un poco larga y un poco más amplia. La decisión de Macri se debe contextualizar en el tiempo, los milicos fueron inhibidos al final de la dictadura. Menem intentó un camino de profesionalismo, una camino de crear una fuerza pequeña, moldeable para las cooperaciones internacionales”, manifestó.
“Pero luego, cuando empezaron las luchas populares, el Estado, el menemismo primero y los gobiernos que lo sucedieron, todos apelaron a un truco que todavía muchos callan, que es usar a la Gendarmería como fuerza armada. ¿Por qué entonces esta decisión de Macri? Yo creo que hay dos temas fundamentales: uno simbólico-cultural de revancha de reivindicar al ejército asesino y otra cuestión es la internacional, es evidente que no puede enviar junto con el Comando Sur a Gendarmería a Venezuela”, aseguró.
En ese sentido, Schulman sostuvo que “hay que empezar a hablar de Macri-fascismo, no será el fascismo de Videla, no lo es, no será el fascismo de Onganía, no lo es. Pero esto tampoco es un gobierno burgués de derecha. Esto es un gobierno que no tiene límites y que ya hemos comprobado no tiene límite en matar”.
“Yo creo que hay un cambio social y también hay un cambio político (en las fuerzas armadas). No todos los militares están felices con esto. Como en tantas otras cosas, es un momento de prueba en el que se verá que es lo que es cada uno. Hasta ahora, lamentablemente en el país, pocas veces las personas que tienen armas han obrado con dignidad y con decoro. En principio, yo diría que las actitudes de los militares han sido bastantes complacientes con las concesiones en términos de soberanía”.
Le otorga un rol en la seguridad interior, bajo la figura de “integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”. Se multiplican las voces de rechazo.
El presidente Mauricio Macri firmó este martes el decreto 638/2018 que reestructura las Fuerzas Armadas y oficializó de esta manera los anuncios que hizo ayer en Campo de Mayo.
El texto publicado en el Boletín Oficial y suscripto por el presidente, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, sustituye el artículo 1° del decreto 727 estableciendo que las Fuerzas Armadas en el caso de las misiones establecidas en la Ley de Seguridad Interior, el Ministerio de Defensa “considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, establece que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea “conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas fuerzas”.
De esta manera se modifica el decreto 727/06 emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se deroga el decreto 1691 de noviembre de 2006.
La misión primaria del Instrumento Militar “consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa”, sostiene el texto oficial. En ese marco, el Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos.
Macri encabezó el lunes un acto en Campo de Mayo, desde donde anunció la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional, donde las Fuerzas Armadas cumplirán un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
“Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior”, anunció el primer mandatario, habilitando que los militares puedan intervenir en el futuro en un área que hasta ahora les está vedada.
El jefe de Estado señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas actuarán como “apoyo logístico en la zona de fronteras”, así como ante “eventos de carácter estratégico”.
El decreto incluye párrafos que abren la puerta a una actuación interna de las Fuerzas Armadas. Dice, por ejemplo, que “este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”.
Fuente: En Estos Días.
El martes 17 de julio ocurrió en Bahía Blanca un nuevo femicidio. Aída Rosa Caballín de 42 años fue encontrada en un descampado aledaño al barrio Los Chañares, luego de ser estrangulada con una soga.
Rosa Caballín es ahora una de las tantas víctimas de las redes de prostitución y proxenetas que profundizan y extreman las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que sufren muchas mujeres, travas y trans en nuestro país.
El fiscal de la UFIJ 5, Jorge Viego, está a cargo de la causa caratulada como “homicidio calificado por mediar violencia de género” la cual tiene como principal sospechoso a Diego Hernán Rogero, alojado en la Comisaría de Carmen de Patagones luego de haberse negado a declarar por recomendación del defensor oficial, Germán Kielf.
La acusación de Rogero se produjo luego de la recopilación de imágenes provenientes de cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo que lo señalaban subiendo a su camioneta a la víctima. Además, las huellas del vehículo coincidieron con aquellas halladas donde Rosa Caballín fue encontrada.
A menos de un día de haberse conocido el femicidio un conjunto de organizaciones de mujeres y feministas brindaron una conferencia de prensa para pedir por el esclarecimiento del caso.
“No queremos hacer uso y abuso de la palabra víctima, pero la verdad es que la historia de Rosa es muy triste. Con este desenlace que tenemos, es la cuarta mujer asesinada en Bahía Blanca, que se suma a todos estos casos donde esperamos que no sea una caso más impune”, expresó Verónica Bajo de Acciones Feministas a FM De la Calle.
La Fiscalía tiene 15 días desde el momento de la detención, más otros 15 prorrogables, para solicitar la prisión preventiva y luego avanzar a la elevación a juicio, mientras tanto se les tomará declaración a otros/as testigos. La principal hipótesis que maneja esta unidad judicial es que Rosa fue asesinada dentro del rodado para luego ser abandonada en el lugar donde fue hallada.
Para Verónica Bajo la violencia en los cuerpos de las mujeres “no es solo el hecho en sí mismo sino que va cargado de un simbolismo; el de los cuerpos descartados, los cuerpos masacrados, los cuerpos desmembrados, ya sea en un contenedor de basura, en un poso de agua o en una vera de un camino vecinal, como es el caso de este último femicidio”.
“Este es un mensaje que lleva implícito, nosotras decimos, un terrorismo machista. Además del tratamiento mediático que ha sido bastante lamentable, principalmente en algunos medios de comunicación y también las expresiones vertidas por el fiscal el primer día, haciendo asociaciones sobre los efectos personales que Rosa tenía en la cartera, vinculándola con ciertas actividades… la verdad que han sido muy desafortunadas esas expresiones del fiscal”.
Un grupo de madres y padres de de niñxs con discapacidad presentó un amparo colectivo para que la obra social IOMA garantice las prestaciones que necesitan.
“IOMA tiene un retraso en todas las prestaciones de niños discapacitados tanto de psicología, fonoaudiología, transporte. Todo tipo de prestaciones que necesiten los niños discapacitados están siendo trabadas por el tiempo que tardan en aprobarla. Quizás de algunas niños no las aprueban, entonces nos vemos perjudicados ahí y sobre todo nuestros niños son los mayores perjudicados”, aseguró desde Miramar, María Laura Cela.
Agregó que “esto conlleva una demora muy grande en los pagos tanto de acompañantes terapéuticos, como de transporte. Hay transportes que hace un año les deben, entonces los prestadores tiene que dejar de trabajar porque no pueden seguir sosteniendo su situación y los niños se ven afectados porque no pueden asistir a sus terapias”.
Sobre su caso particular explicó que “por el momento psicología todavía no la tiene aprobada, la chica todavía no cobró y ni siquiera llegó la autorización de la plata. Y las otras las tengo autorizadas pero no han cobrado”.
“Dependo de la buena voluntad, del profesionalismo del profesional. Estamos como arriba de una bicicleta, tambaleando lamentablemente. Por eso estamos en esto que lo iniciamos en Mar del Plata, pero queremos que sea extensivo a toda la provincia”, manifestó.
“Somos muchas mamás y papás trabajando en este amparo y tenemos como estandarte la esperanza de que esta acción sirva para que se protejan y restituyan derechos vulnerados a todo el universo de afiliados y prestadores afectados”.
Cela aseguró que “las adhesiones y las firmas en los amparos colectivos revisten mucha importancia, ya que demuestran la magnitud del reclamo”. Quienes tengan interés en sumarse pueden escribir a [email protected]
Personalidades de la política y la cultura argentina firmaron una carta dirigida a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para advertirle que el acuerdo firmado con el gobierno nacional viola la Constitución argentina por no haber pasado por el Congreso.
En diálogo con FM De la Calle el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, sostuvo que “la intención claramente es hacer reserva de derechos, como se diría en término legal. Advertirle a Christine Lagarde y, a través de ella, a todo el directorio de ese organismo internacional que el supuesto acuerdo refrendado por el gobierno no reunió los requisitos que establece la Constitución por tratarse, en este caso, de una deuda que contrae el Estado Nacional”.
“Por otro parte se hace un pormenorizado análisis de cómo estos recursos que endeudan a la Nación argentina fueron utilizados para seguir sosteniendo la fuga de capitales que beneficia a unos pocos”.
El diputado por Unidad Ciudadana explicó que “el gobierno ha decidido seguir beneficiando a los sectores más poderosos de la economía. Ese pequeño y reducido núcleo se beneficia a tal punto que el gobierno se debate entre suspender o seguir bajando las retenciones a las exportaciones de soja cuando no duda un segundo en meterle la mano a los jubilados o hacer lo mismo con los maestros”.
“Está claro que el Fondo Monetario Internacional no es el que va a definir quienes son los que van a pagar el ajuste. Esto depende de decisiones que, si el gobierno las va a tomar, debería discutirlas por lo menos en el Congreso de la Nación. El gobierno ha decido unilateralmente volcar el peso del costo brutal de este ajuste sobre los más débiles, esto también se señala en la carta”, manifestó.
A CONTINUACIÓN TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:
Sra. Christine Lagarde
Directora Gerente
Fondo Monetario Internacional
Washington, D.C. 20431
EE.UU.
“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.
Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”,
Constitución Nacional de la República Argentina.
Sra. Lagarde:
El día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina. Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.
El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica.. Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo.
Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional “corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. El Presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.
También queremos trasmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.
Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorios y no debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación. De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y éste, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia.
Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en USD 25.092 millones el día de la asunción, 10/12/2015, sólo ascendían a USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018. Es decir que se incrementaron en sólo USD 23.000 millones. Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero, llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada a la denominada “fuga de capitales”. Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados.
Seguramente sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera.
También corresponde que el Directorio conozca los números que exhiben el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3% a 47% anual, el tipo de cambio creció de 20,16 a $/dólar 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton.
Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.
Queremos, además, alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas “salvaguardas” que establece el Acuerdo aplicables “en caso de que las condiciones sociales empeoren” parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como “salvaguarda” entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada.
Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como “odiosa o execrable”. Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.
Primeras firmas
Dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, DDHH, indígenas, mujeres
Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) – Juan Carlos Schmid (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Héctor Daer (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Esteban Castro (Secretario General Confederación de Trabajadores de la Economía Poular) – Lidia Miy Uranga “Taty Almeida” (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) — Víctor Santa María (Secretario General SUTERH) — Sergio Palazzo (Secretario General Asociación Bancaria) — Vanesa Siley (Secretaria General de FE.SITRAJU) – Hugo Yasky (Secretario General de la CTA de los Trabajadores) -Pablo Micheli (Secretario General de la CTA Autónoma) – Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros) Hugo Cachorro Godoy (Secretario General Asociación de Trabajadores del Estado) – Sonia Alesso (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) – Roberto Baradel (Sec. Gral. SUTEBA),Roberto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP – Subterraneo) -Daniel Catalano (ATE Capital) (Secretario General ATE Capital) – Sergio Sánchez (Secretario General Federación de Cartoneros y Recicladores) – Eduardo López (Sec. Gral. UTE) – Fani Espinola (Secretario General Federación de Cooperativas Textiles) – Jorge Hofffman, (Sec. Gral. ATE Santa Fe) -Rita Colli (Secretaria General Sindicato de Amas de Casa Reo Argentina Santa Fe) -Carlos De Feo, Sec. Gral. (Federación Nacional de Docentes Universitarios -CONADU)- Emilio Pérsico (Secretario General Movimiento Evita) – Daniel Menendez (Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie) -Juan Grabois (MTE/CTEP) – Deolinda Carrizo (Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC) – Eduardo Murua (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) – Walter Correa (Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores-CGT) – Cristian Miño (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) – Damian Gabriel Rojas (Cooperativa de Trabajo Gallo Rojo Ltda.) (Ingeniero Agronomo) – Nacho Levy (La Poderosa) – Maria Rachid (Secretaria General de la Federación LGBT de Argentina) – Fernanda Miño (Mesa Nacional de Barrios Populares) – Gervasio Muñoz (Federación de Inquilinos Nacional) -Luis Cáceres (Secretario Gral. UOLRA) – Flor Minici (Colectivo Ni Una Menos)- Susana Trimarco (Fundación María de los Ángeles contra la Trata de Personas) – Eugenio Zaffaroni (Jurista) – Sergio Maldonado y Andrea Antico – Josefina Arévalo (Karaí de Comunidad Guaraní Rincón Ava) – Ceferino Ríos (Karaí de Comunidad Guaraní Ñupy) – Miriam Sotelo (Pueblo Guaraní de Corrientes en el Consejo de Participación Indígena.) – Elida Barriga (Comunidad Mapuche Lafquenche Neuquén) – Luis Pilkiman (Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro ) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Jesica Millalonco (Nawe Wapy Ñgein) – Eduardo “Negro” Montes (Frente de Economía Social) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Ever García Lizarraga (MTE Rural CTEP) – Carlos Pissoni (H.I.J.O.S.) – Sergio Val (Fundación Che Pibe) – Gildo Onorato (Sec de politicas sociales Movimiento Evita) – Arnaldo Bocco (Ex Presidente del Banco Central, Director del Observatorio de la Deuda Externa) – Adrián Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires)- Mariel Fernández (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Carolina Brandariz (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Juan Manuel Abal Medina (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Gerardo Rico (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Raul “Pucho” Lorenzo (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Ernesto “Indio” Paillialef (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Lis Díaz (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Alejandro “Peluca” Gramajo (Secretario de Organización del Movimiento Evita) – Eduardo “Cholo” Ancona (Defensor del Pueblo Adjunto Buenos Aires) – Jonathan Thea (Seamos Libres) – Elizabeth Gomez Alcorta (Movimento de Profesionales por los Pueblos) – Natalia Vinelli (Barricada TV) Marina Cardelli (Seamos Libres) – Itai Hagman (Patria Grande) – Milagro Sala – Eleonora Pedot (Via Campesina) – Enrique Quique Viale (Abogado Ambientalista)
Dirigentes políticos
María Emilia Soria (Diputada Nacional) – Lucila de Ponti (Diputada Nacional) – Felipe Solá (Diputado Nacional) Máximo Kirchner (Diputado Nacional) – Axel Kicillof (Diputado Nacional) – Fernando Espinoza (Diputado Nacional) – Jorge Capitanich (Ex Jefe de Gabinete de la Nación/ Ex Gobernador del Chaco/ Intendente de Resistencia) – Verónica Magario (Intendenta de La Matanza) – Facundo Moyano (Diputado Nacional) – Daniel Arroyo (Diputado Nacional) – Agustín Rossi (Diputado Nacional) – Leonardo Grosso (Diputado Nacional) – José Luis Gioja (Diputado Nacional) – Silvia Horne (Diputada Nacional) – Fernando Pino Solanas (Senador Nacional) – Leopoldo Moreau (Diputado Nacional) Laura Alonso (Diputada Nacional) – – Martín Sabbatella (Presidente de Nuevo Encuentro) – Mario Mazzitelli (Secretario General Partido Socialista Auténtico) – Wado De Pedro (Diputado Nacional) – Fernando “Chino” Navarro (Secretario Político del Movimiento Evita) – Andres Larroque (Secretario General La Cámpora) – Josefina González (Diputada Nacional) – Cristina Britez (Diputada Nacional) – Juan Cabandie (Diputado Nacional) – Guillermo Carmona (Diputado Nacional) – Pablo Carro (Diputado Nacional) – Silvina Frana (Diputada Nacional) – Carlos Castagneto (Diputado Nacional) – Daniela Castro (Diputada Nacional) – Daniel Filmus (Diputado Nacional) – – Carlos Kunkel (Diputado Nacional) – – Gustavo Cardesa (Presidente Partido Intransigente) – Araceli Ferreyra (Diputada Nacional) – Nilda Garré (Diputada Nacional) – Mayra Mendoza (Diputada Nacional) – Horacio Pietragalla (Diputado Nacional) – Gabriela Estevez (Diputada Nacional) – Monica Macha (Diputada Nacional) – Analía Rach Quiroga (Diputada Nacional) – Oso Leavy (Diputado Nacional) – Fernanda Vallejos (Diputada Nacional) – Darío Martinez (Diputado Nacional) – Lucila Masín (Diputada Nacional) – Martín Pérez (Diputado Nacional) – Martín Doñate (Diputado Nacional) – Adrián Grana (Diputado Nacional) – Fernanda Raverta (Diputada Nacional) – Rodrigo Rodriguez 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(Senadora Provincial) – Santiago Carreras (Senador Provincial) – Juan M Pignocco (Senador Provincial) – Cecilia Comerio (Senadora Provincial) – Gervasio Bozzano (Senador Provincial) – Gustavo Barrera (Intendente Villa Gesell) – Malena Defuncio (Concejala 9 de julio) – Silvina Batakis (Ex ministra de Economia PBA) – Dario Díaz Perez Senador Provincial – Karina Nazabal Diputada Provincial (MC)
Dirigentes Religiosos
Padre Pepe Di Paola (Integrante del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia) – Jorge Elbaum (Presidente del Llamamiento Argentino Judío) – Marcos María García (Sacerdote COMUN UNION) – Padre Toto de Vedia (Sacerdote) – Diác. Ricardo Carrizo (Integrante del Grupo de curas en la Opción por los Pobres) – Eduardo de la Serna (Integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres) – Ernesto Narcisi (Sacerdote diocesano en Parroquia de Los Pirpintos, diocesis de Añatuya, Santiago del Estero) – Rodolfo Viano (Cura franciscano en Arquidiócesis de Bahía Blanca) – Pbro. Juan Carlos Di Sanzo (Parroquia Cristo Re, Diócesis de Chascomus) – Pbro. Ignacio J. Blanco (Parroquia Santa María Hudson, Diócesis de Quilmes) – Padre Carlos Gómez (Parroquia Stella Maris, Arquidiocesis de La Plata) – Pbro. Gustavo Ricardo Varela (Asesor Diocesano de Pastoral Social, Alto Valle de Rio Negro) – Padre Alejandro C. Llorente (Parroquia Ntra. Sra. de la Merced, Arquidiócesis de Bs. As.) – Pbro. Juan Ángel Dieuzeide (Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Bariloche, Río Negro) – Pbro. Juan D´Amico Parr (N. S. del Carmen dioc. B.Bca) – Natalia Noemí Rodríguez (Grupo Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Córdoba) – Movimiento de Misioneros de Francisco.
Intelectuales, académicos y dirigentes estudiantiles
Adrián Paenza – Adriana Puiggros – Alicia Castro – Daniel Campi – Ana Franchi – Marisa Herrera – Leandro Andrini – Carolina Mera (Decana Facultad de Ciencias Sociales UBA) – Graciela Morgade (Decana Filosofía y Letras UBA) – Fernando Salino (Rector de la Universidad de La Punta) – Adrián Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires) – Alejandro Villar (Rector Universidad Nacional de Quilmes) – Nicolás Trotta (Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) – Jaime Perczyk (Rector Universidad Nacional de Hurlingham) – Juan Castelucci (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) – Ana Catalano (Vice Decana de la Fac. Cs Sociales UBA) – Gabriela Dicker (Rectora Universidad de Gral. Sarmiento) – Ana Jaramillo (Rectora de la UN de Lanus) – Mauricio Erben (Decano Fac. Ciencias Exactas UNLP) – Fernando Porta (Economista / Docente UNQ) – Ana Castellani (Investigadora Conicet-UNSAM) – Arnaldo Bocco (Director Observatorio Deuda Externa UMET) – Emilce Mooler (Investigadora Peptis – Citra / UMET) – Marta Novick (Directora CITRA – CONICET / UMET) – Mariano De Miguel (Director del Instituto Estadístico de los Trabajadores) – María Mercedes Ferrero (CONICET) – Sergio F. Job (Abogado/ Docente UNC) – Candela de la Vega (Investigadora UCC/ CONICET) – Daniel Campi – Ana Franchi – Marisa Herrera – Leandro Andrini – Jose Paruelo – Hugo Aimar – Raquel Chan – Ayelen Petracca (Presidenta del Centro de Estudiantes Sociales UBA) – Fabiana Rios – Victoria Tolosa Paz – Paula Lenguita (Investigadores Autoconvocados) – Mara Brawer – Juan Manuel Valdes – Alberto Kornblihtt – Diego Tatian (ensayista, Universidad Nacional de Córdoba) – Marcelo Ruiz – Eduardo Dvorkin – Juan Pablo Paz – Sandra Carli – Rolando Gonzalez – Felix Requejo – Mirta Iriondo – Patricia Schilardi – Jorge Geffner – Osvaldo Uchitel – Dora Barrancos – Andres Kreiner – Federico Thea (UNPAZ) – Hugo Andrade – Juan Castelucci – Diego Hurtado – Oscar Galante (Secretario Vin.Tec. UNGS) – Sergio Angel (Inv Principal Conicet en INTECH) – Federico Machado (Secretario Ejecutivo FUA) – Gisella Cernadas (Presidenta de la Federación Universitaria de la Plata) Mariana Gotardo (Presidenta del Centro de estudiantes de Psicología UBA) – Lucas Tavolaro (Presidente de Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas UBA) – Silvina Pedraza (Secretaria General de la Federación Universitaria de Villa María) – Johana Gabriela Lacour Consejera Superior por el claustro estudiantil UNSE – Regina González (Presidenta del CESOC de la Facultad de CP y RRII – UNR) – Estefania Genesio (Presidenta del CEP Facultad de Psicología UNR) – Sabrina Márquez (Secretaria de Articulación Obrero Estudiantil de la Federación Universitaria de Córdoba) – Melanie Infante (Secretaria General de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNCo) – Juan Pablo Paz (científico) – Jorge Aliaga (CONICET) – Fernanda Beigel (CONICET – Mendoza) – María Litter (Comisión Nacional de Energía Atómica) – Andrés Kreiner (Comisión Nacional de Energía Atómica – UNSAM) – Alicia Motta (investigadora principal CONICET) – Verónica Vildosola (CONICET) – Araceli Bellota (historiadora) – Marcelo Ruiz (Universidad Nacional de Rio Cuarto) – Juan Carlos Suarez Sandin (científico) – Diego Hurtado (docente UNSAM) – Rolando González José (CENPAT –CONICET)
Artistas
Mempo Giardinelli (escritor) – Martín Kohan (Escritor)- Luciana Abad (Distribuidora de cortos) – Hugo Alvarez Rey (Actor) – Rodolfo Balocco (Docente) – Lola Berthet (Actriz) – Erna Elena Bonfiglioni – Luciano Borges (Actor) – Victor Alejandro Camba – Ivan Chernov – Martín Coman (Actor) – Guido D’Albo (Actor) – Ale Darin (Actriz) – Ramiro Daniel Diaz – Enrique Dumont (Actor) – Hugo Fernandez Panconi (Músico) – Debora Fideleff (Actriz) – Luisa Kuliok (Actriz) – Soledad Leone (Actriz) – Monica Lerner – Virginia Lombardi (Actriz) – Maria Gabriela Lombardi – Omar Lopardo (Actor y director) – Maria Jose Malvares (Fotógrafa) – Adriana Mareque (Titiritera) – Alejandra Marino (Directora de cine) – Sebastian Mogordoy (Actor) – Gabriela Moyano (Actriz) – Marina Olmi (Artista plástica/Actriz) – Juan Palomino (Actor) – Marcelo Panizza (Actor) – DANIEL Reyes (Actor) -Ximena Rijel (Actriz)- Mario Enrique Suarez (Actor) – Delia Tedin (Artista plástica) – Gimena Tur (Fotografa) -DANIEL Valenzuela (Actor)-Alex Vanelli -Representante)-Susana Varela (Actriz)-Coni Vera (Actriz)-Eliana Wasserman (Actriz)-Juan Pablo -lsson (Sociólogo – Activista ambiental)-Francisco Alejandro Muzzio (Abogado/Profesor)-Eduardo Hecker (Economista UBA) – Felix Herrero (Economista) – Guillermo Celaya (Abogado) – Cristina Banegas (Actriz) – Dolores Sola (Actriz y cantante)- Horacio Gonzalez (Filósofo) – Liliana Herrero (Cantante) – Carlos Berraymundo (Actor) -Juan Forn (Escritor)-Sergio Chejfec (Escritor)-Ricardo Straface (Escritor) – Ezequiel Adamovsky (Escritor) – Sergio Bizzio (Escritor) – Lucía Puenzo (Escritor) – Gustavo Ferreyra (Escritor) – Anibal Jarkowski (Escritor) – Marina Mariasch (Escritor) – Juan José Becerra (Escritor) – Paula Pérez Alonso (Escritor) – Rodolfo Rabanal (Escritor) – Selva Almada (Escritor) – Guillermo Saccomano (Escritor) – Guillermo Martínez (Escritor) – Fernanda García Lao (Escritor) – Daniel Link (Escritor) – Tununa Mercado (Escritor) – Noe Jitrik (Escritor) – Liliana Heer (Escritor) – Adriana Pérsico (Escritor) – Cecilia Palmeiro (Escritor) – Gabriela Bejerman (Escritor) – Diego Bentivegna (Escritor) – Esteban López Brusa (Escritor) – Daniel Krupa (Escritor) – Mariana Dimopulos (Escritor) – Ariel Magnus (Escritor) – Sebastián Bianchi (Escritor) – Juan Bautista Duzeide (Escritor) – Christian Kupchik (Escritor) – Jorge Consiglio (Escritor) – Luciana De Mello (Escritor) – José Pablo Feinmann (Escritor) – Virginia Feimann (Escritor) – Liliana Viola (Escritor) – Maristella Svampa (Escritor) – Horacio GonzáleZ (Escritor) – Norberto Galasso (Escritor) – Aurelio Narvaja (Escritor) – Ilda Lucchini (Escritor) – Ricardo Straface (Escritor)Daniel Devita (músico) – Carlos March (actor) – Horacio Peña (actor) – Marcela Ferradas (actriz) – Nicolas Pauls (músico) – Diego Frenkel (músico) – Ignacio Copani – Leo Vinci (artista plástico) – Marcelo Figueras (escritor) – Erika Halvorsen (escritora) – Hugo Urquijo (director de teatro) – Javier Margulis (director de teatro) – Liliana Herrero – Dady Brieva – Pablo Echarri – Darío Grandinetti – Adriana Varela – Cristina Banegas – Federica Pais – Viviana Saconne – Dolores Solá (cantante) – Eleonora Wexler – Mex Urtizberea – Jean Pierre Noher – Paola Barrientos – Osmar Nuñez – Luisa Kuliok – Pompeyo Audivert – Ingrid Pellicori – Maria Fiorentino (actriz) – Victoria Onetto – Horacio Roca – Beatriz Spelzini (actriz) – Ana María Picchio – Horacio Fontova – Claudio Villaruel – María Onetto – Benjamía Avila (director de cine) – Pedro Saborido – Luis Ziembrowski – Katya Alemann – Carlos March (actor) – Horacio Peña (actor) – Marcela Ferradas (actriz) – Nicolas Pauls (músico) – Diego Frenkel (músico) – Ignacio Copani – Leo Vinci (artista plástico) – Marcelo Figueras (escritor) – Erika Halvorsen (escritora) – Hugo Urquijo (director de teatro) – Javier Margulis (director de teatro) – Juan Benitez (músico) – Barbara Gravinsky (cantante) – Gabriel Torres (músico) – Mavi Diaz (cantante) – Ana Pauls – Raul Rizzo – Conrado Geiger – Cristina Fridman – Arturo Bonin – Ernesto Larrese – Roly Serrano – Gonzalo Urtizberea – Maria Glezer – Claudia Carpena – Coni Vera – Susana Cart – Lola Berthet (actriz) – Raquel y Jorge Witis – Mónica Scaparonne – Anabel Cherubito – Daniel Fanego (actor) – Celsa Mel Gowland (cantante) – Ariel Prat (músico) – Esteban Morgado (músico) – Bruno Signaroli (músico Non Palidece) – Bernarda Llorente (actriz) – Claudio Da Passano (actor) – Carlos Barragán – Sandra Russo (periodista) – Juan Benitez (músico) – Barbara Gravinsky (cantante) – Gabriel Torres (músico) – Mavi Diaz (cantante) – Ana Pau – Rolando Andrade Stracuzzi (fotógrafo) – Marian Farias Gomez – Marcelo Melingo (actor) – Roxana Randón (actriz) – Claudio Da Passano (actor) – Victor Hugo Morales – Jorge Alemán (psicoanalista) – Araceli Bellota (historiadora) – Edgardo Mocca (periodista) – Noralih Gago (comunicadora) – Hugo Paredero (periodista) – Gabriela Radice (periodista) – Enrique Masllorens (periodista) – Carlos Barragán – Sandra Russo (periodista) – –
…………………. Siguen las firmas –
El presidente de la ONG ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, se refirió en FM De la Calle a los cuestionamientos que realizaron al proyecto de ordenanza que regula los soportes para antenas de telefonía celular aprobado el jueves por el Concejo Deliberante.
“Le han dado un corte netamente orientado al aspecto civil de la antena, es decir, el montaje, la torre y demás, y dejaron en un segundo plano la cuestión ambiental, solamente abordando el tema paisajístico, cómo poder camuflar las antenas y el ruido del equipo que la hace funcionar, que es un aspecto menor”, opinó.
Agregó que en el deliberativo “parten de un concepto equivocado que es que el poder de policía solamente lo tienen ENACOM y el OPDS. Es cierto, pero hay ordenanzas locales que permiten hacer el control sin que eso implique que el municipio tenga el poder de policía”.
“La chicana es ‘los 24 concejales por unanimidad han aprobado una ordenanza’, con lo cual pareciera que los que opinamos distinto estamos en una vereda equivocada y no es así. La historia hay que contarla completa, todos los bloques tuvieron intervención porque el oficialismo abrió la discusión pero aportaron muchas más visiones que tampoco fueron tenidas en cuenta. Solamente se conformaron con participar y modificar cuestiones que no hacen al fondo”.
Uno de los artículos de la ordenanza prohíbe la instalación de soportes para antenas en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs aunque las permite en los clubes.
“¿En base a qué criterio, estudio, información o principio se establece dicha restricción? ¿Es una decisión política arbitraria? ¿Es atenuar el impacto de la norma evitando posibles focos de quejas? ¿O es aplicar el principio precautorio para algunos casos pero para otros no?”, preguntó la ONG por nota al presidente del Concejo, Nicolás Vitalini.
Zerneri destacó que ante la falta de consenso sobre la afectación a la salud por parte de las radiaciones no ionizantes deben aplicarse como directrices de la política ambiental principios de congruencia, precaución y prevención.
Aplicar o no tales principios para la redacción del artículo mencionado, “estableciendo restricciones parciales a ciertos espacios sin aclarar de qué estudios científicos o de dónde surgen tales apreciaciones, constituye un claro motivo para judicializar el asunto, esta vez de nuestra parte”.
Por otra parte, desde la Unión 20 de Agosto criticaron la decisión política de eliminar el Consejo Asesor. “Es algo que no se comparte en absoluto, pero en todo caso debe ser motivo de análisis por parte de quienes poseen la mayoría de los votos en el recinto del HCD y los bloques restantes”, exigieron infructuosamente.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Trafigura y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles por la intención de la empresa de despedir a unos 200 trabajadores.
Sin embargo, la situación sigue siendo de incertidumbre y está semana habrá una nueva reunión entre sindicato, empresa y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.
Jorge Montero, trabajador petrolero jubilado de la Refinería Shell Dock Sud (Avellaneda), analizó la decisión de Trafigura y las políticas energéticas en FM De la Calle.
La situación de los trabajadores de la Refinería Elicabe no difiere de otros antecedentes históricos, “por la experiencia que hemos tenido esto realmente no nos sorprende. Esto lo vimos en la década del 90’ donde fundamentalmente las refinerías multinacionales del petróleo a lo que apuntaban eran a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a reducir los costos, iban a poder trabajar en mejores condiciones e iban a poder dotar al mercado de más gasoil, más nafta y más barata; y ya sabemos lo que resultó de todo eso. Yo lo que veo es que un poco es una historia que se viene repitiendo y hoy le toca a la refinería de los compañeros de Bahía Blanca”.
Respecto a las consecuencias de la política de despidos para Montero originaría “problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería sino para los que viven fuera de la refinería y creo que en ese aspecto Bahía Blanca ya tiene una historia bastante negra. Recuerdo bien cuando pasó los escapes de urea en el Polo Petroquímico y el enorme inconveniente que generaron esas nubes entre los habitantes de Bahía Blanca, y eso es un miedo que siempre está presente. Reducen la dotación de personal de tal manera que el mismo trabajador, que trabaja muchas horas y generalmente hace turnos rotativos, tiene que realizar dos o tres trabajos para los cuales muchos no están preparados para realizarlos; y eso origina accidentes dentro de los trabajadores e incidentes ambientales de una magnitud enorme”.
“El asunto, para ellos es sacar ganancias rápido y si no se puede sacar ganancias, amenazan con el cierre de la refinería, con despedir gente o lo que es peor, la amenaza de desabastecimiento; esa es una amenaza latente que ya han utilizado las grandes multinacionales del petróleo como para tratar de liberar el mercado, llevar el precio de las naftas al valor dólar y ahí perdemos todos. Es una pérdida total para que las multinacionales se lleven más plata”.
Jorge Montero contó a FM De la Calle que “la firma Trafigura realmente tiene una historia reciente bastante negra. Trafigura es un trader, tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo, combustible, de un lado al otro: son una especie de fondos buitres pero de las empresas petroleras. Es decir toman, compran, dejan las partes rentables, se deshacen de las partes no rentables o venden a un determinado precio y en realidad tienen poco manejo de la producción, de la refinación y menor manejo de la comercialización. Ellos se dedican a todo lo que sea rentable dentro de la industria petrolera, pero no están asentados como pueden ser otras multinacionales que tienen años de experiencia”.
“Acá en la Argentina uno de sus CEOS, José Latorraca, visita asiduamente la casa de gobierno y es uno de los más importantes aportantes a la campaña del PRO en política. O sea ellos van, vienen, se juntan, se abrazan con los gobiernos y siempre salen con algún negocio importante abajo del brazo y no importa quien caiga o no importa lo que cuesten esos negocios que se llevan adelante”.
Montero también expresó su análisis respecto a Vaca Muerta, “por un lado la problemática que genera el fracking, no únicamente por la fractura de tierra, sino también por la enorme cantidad de agua que se necesita y cómo esa agua con componentes químicos, que incluyen el cianuro, se contamina. Pero más allá de eso las famosas inversiones prometidas por las multinacionales extranjeras están prácticamente estancadas”.
“Yo lo que leo es que Vaca Muerta está produciendo muchísimo menos de lo que tendría que producir a esta altura del año, y que hay problemas por parte del gobierno con el tema de la infraestructura, que incluso incorporaba este famosos tren que iba a correr desde de Bahía Blanca hasta allá. Lo que sí es evidente es que el interés de los EEUU está vivo, porque por algo están montando ahí una base militar disfrazada de ayuda social a pocos kilómetros de Vaca Muerta”.
“Aparentemente la política es mantenerlo como una reserva estratégica y hacerlo operar cuando sea realmente operable, es decir que pese a los despidos, la flexibilización; la reducción de costo no es suficiente para que las multinacionales inviertan como se habían comprometido en ese famoso viaje de Macri donde se encontraría con Trump. Así que todavía el panorama de Vaca Muerta es bastante incierto y está muy lejos de generar algún tipo de autoabastecimiento en nuestro país”, concluyó.
(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.
La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.
En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.
La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.
El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.
Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.
La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.
Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.
Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.
Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.
“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.
Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle
El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.
La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.
Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.
Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.
Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.
Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.
“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.
Luego de que el Ministerio de Trabajo dictaminara a la conciliación obligatoria a los trabajadores de refinería Trafigura y el posterior envió de telegramas de despidos por parte de la empresa, el dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Fabio Pierdominici, conversó con FM De la Calle.
“Lo que pudimos avanzar es que, en el acta firmada quedan sin efecto todas esas cartas documento, sino creíamos que era imposible iniciar cualquier tipo de negociación. Después la conformación de una mesa de trabajo, porque a las claras quienes habían venido en representación de la empresa no tenían mandato para discutir cuestiones técnicas”, aseguró.
Consultado sobre si en el marco de esta conciliación están contemplados todos los trabajadores, incluyendo a los jerárquicos despedidos previo a esta situación, Pierdominici argumentó que “entendemos que sí porque es extraño porque la conciliación se la dicta a la institución de primer grado. Pero entendemos que así lo entendió la empresa y el Ministerio”.
Acabamos de salir Primera audiencia en el @mintrabajo donde el sindicato marco claramente su posición y convocó a una gran mesa de trabajo. Comparto acta de la misma @matarazzoga @delatorrej @hector_gay @JavierJiguacel pic.twitter.com/U2xTxFSY0W
— Fabio Pierdominici (@PierdominiciFa) 11 de julio de 2018
Respecto a la reunión con el Ministerio planteada para el próximo jueves 19 sostuvo que “esperamos que todos los actores vengan con las ganas de trabajar y aportar ideas. Nosotros estamos convencidos de que esta refinería tiene que estar en marcha”.
“Ningún espacio político manifiesta otra herramienta como camino para sacar Argentina que no sea tomar la materia prima de nuestro país, agregarle un valor agregado y dar empleo de calidad. Bueno, eso es lo que hace la refinería”, finalizó.
Veintinueva organizaciones civiles exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que de marcha atrás con sus intenciones de de impulsar un proyecto de ley que restringe las posibilidades de demandar judicialmente al Estado y empresas.
El proyecto se enmarca en el programa de Justicia 2020 y de ser aprobado por el Congreso de la Nación coartaría las acciones colectivas, herramienta legal que es amparada por nuestra Constitución.
En diálogo con FM De la Calle, el director de Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP, Pedro Sisti, comentó que el anteproyecto “establece una serie de requisitos para entablar un proceso de acción colectivo que claramente es incumplible para ongs y asociaciones civiles porque implica costos millonarios”.
“Esta es una serie de trabas que se ponen para beneficiar, justamente, a quienes van a ser demandadas, lo cual deriva en negación de acceso a la justicia”, aseguró.
Consultado sobre cómo afecta este proyecto a las medidas cautelares, Sisti argumentó que “este proyecto es restrictivo en distintas cuestiones. No nos olvidemos que ya tenemos una ley de medidas cautelares que de alguna manera pone algunas trabas para poder acceder contra el Estado”.
“Esto va más allá de lo que establece eso, sobretodo desnaturaliza muchas cuestiones sobre todo respecto de la gratuidad de manera que se garantice el impacto económico. Simplificando termina haciendo que casi nadie pueda demandar a las grandes empresas, salvo un estudio de los millonarios”, aseguró.
(Por Verónica Bajo – Acciones Feministas) Alicia Miyares plasmó días pasados en la “XV Escuela Feminista Rosario de Acuña” (Gijón, España), de forma brillante y con una encendida disertación, algunas cuestiones que vienen poniéndonos en alerta a muchas feministas, entre las cuáles me incluyo.
Doctora en Filosofía, escritora y docente a quien he tenido la suerte de escuchar personalmente en la misma escuela en 2011, elabora una serie de conceptos sencillos y clarificadores para ir dilucidando algunas de las nuevas tretas con las cuales el patriarcado intenta seguir consolidando su hegemonía.
Intentaré resumir la primera parte de su ponencia, incluyendo varias citas textuales:
Pone énfasis en diferenciar “discriminación” de “desigualdad estructural”. La primera es producto de un prejuicio que excluye a alguien por un motivo determinado, por ejemplo por opción sexual, por creencias religiosas, etc, mientras que la segunda es aquella que no nace de un prejuicio sino de una concepción estructural de cómo debe organizarse la sociedad. Las tres categorías que generan “desigualdad estructural” son las categorías de raza, sexo, y en menor medida, de clase social.
“Las mujeres no padecemos discriminación, padecemos desigualdad estructural”, dice Miyares.
Y acá es donde entran a jugar la “diversidad” y la “identidad”.
“Para combatir la desigualdad estructural no sirven los conceptos de “diversidad”/”identidad”. Sirven para combatir una discriminación, pero no sirven en absoluto para combatir la desigualdad estructural, más bien todo lo contrario”, prosigue Miyares.
Ese “más bien todo lo contrario” me inquietó ya que impulsé el “Mes por la Diversidad” y la palabra “identidad” aparece frecuentemente en voz y acciones. Sigo escuchando y Miyares explica que cuando se invoca la diversidad estamos construyendo una nueva pirámide jerárquica: en el punto alto está la masculinidad heterosexual, en el medio la masculinidad homosexual y transexual, y en la base estamos todas las mujeres seamos hetero, trans, homo, etc. La diversidad no diluye ni acaba con la desigualdad estructural de esa base de la pirámide.
Redobla diciendo que el concepto de “heteropatriarcado” está vaciado de contenido (a mí me parece redundante) y que no nos tenemos que olvidar que existe el “homopatriarcado”, con el alquiler de vientres como una de sus manifestaciones más concretas.
“Diversidad e identidad son inoperantes para combatir la desigualdad estructural; las instituciones políticas progresistas nos meten en el mismo saco las vindicaciones de colectivos discriminados que las vindicaciones del colectivo de las mujeres que padecemos desigualdad estructural” “dificultando e impidiendo la visibilización de los problemas específicos de la agenda de las mujeres”.
El uso inadecuado de ciertos conceptos, en este caso el de diversidad e identidad, lleva al “feminismo emocional”: el feminismo del “yo me siento”, que niega y desarma al sujeto político del feminismo: las mujeres, enfatiza Miyares. Y que muchas veces es un “feminismo” más ocupado en criticar al feminismo político que a la ideología patriarcal.
Existen tres riesgos políticos derivados de esta situación:
- La fragmentación: la imposibilidad de articular un sujeto político que luche contra las injusticias sociales y sexuales. En el fondo solamente acompaña al neoliberalismo como ideología dominante. No solo como una manera de entender la economía, sino como un sistema ideológico que organiza las sociedades de arriba a abajo. Si fragmentas el sujeto político, que es a lo que contribuyen el concepto de “diversidad”/ identidad, estás impidiendo que emerja un sujeto político que luche contra el neoliberalismo.
- El uso de las categorías diversidad e identidad produce el enmascaramiento de lo que realmente nos sucede a las mujeres. Esta descendiendo el nivel de percepción de desigualdad estructural padecida por las mujeres.
- Despolitización más absoluta: se invocan conceptos que han sido políticos y están siendo despolitizados. Por ejemplo el concepto de igualdad, visto desde la óptica del intercambio sin tener en cuenta las condiciones en las que ese sujeto intercambia o se ve obligado a intercambiar. También se despolitizó el concepto libertad, al que combatimos permanentemente asociándola a la instancia “deseante”.
Alquiler de vientres, reglamentación de la prostitución, feminismo como taxonomía.
Y una izquierda y un feminismo que van a los tropiezos en un pasadizo de espejos.
De colores del arco iris, o de tantos otros que el neoliberalismo conoce tan bien.
Por otro lado, ¿será el feminismo emocional la cuarta ola?
Las y les invito a pensarlo siguiendo con la ayuda de Alicia Miyares.
En el último encuentro de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, la escritora Myrtha Schalom, visitó nuestra ciudad para hablar de prostitución y explotación del cuerpo de las mujeres. FM De la Calle dialogó con la autora de “La Polaca” y “La sangre que corre”.
En su libro “La Polaca”, Schalom cuenta la historia de Raquel Liberman, joven inmigrante judía que llegó a la Argentina en la década del ‘30 con sus dos hijos para reunirse con su marido. Buscando trabajo como costurera fue atrapada por una red de proxenetas que la obligó a ejercer la prostitución forzada.
Raquel denunció a más de 300 tratantes y 108 fueron detenidos. La historia de “La Polaca” tiene similitudes con el caso de Alika Kinan: “Ha pasado un siglo y medio y es una mujer en Tierra del Fuego que se atreve a romper el silencio porque ese es el primer paso, como Raquel, quien dio ese paso tan valioso de una mujer que no sólo acusa al último proxeneta que las vuelve a meter en el prostíbulo del que había salido, sino que ella acusa a toda la organización, una de las más importante del principios del siglo XX”.
La red de proxenetas Zwi Migdal se escudaba bajo el nombre “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia” que en siglo XX traía mujeres de Europa para explotarlas sexualmente se desarticuló gracias al testimonio de Raquel, aunque años después muchos fueron absueltos. “Una de las ironías, de las hipocresías del juicio, de la sociedad, es que les van decir que no se presentaron víctimas para fortalecer la declaración de Raquel Liberman”, contó Schalom.
“Sabemos perfectamente cómo esa esclavitud en los prostíbulos, lo que provoca en ellas, todo un cierre de la garganta para poder hablar. Por eso es tan importante que aquellas que quieren salir, que quieren ser libres, que quieren respetar su propio cuerpo, puedan romper el silencio. Esto no es nada fácil, porque tampoco vamos a ser hipócritas, hay una sociedad que las naturalizó, hay una policía que sigue teniendo los edictos contravencionales, cuando en realidad la mujer no tiene porqué ser perseguida, sino que hay que perseguir al proxeneta que la explota, sabemos que siempre hay atrás un varón explotador”.
La historia de Raquel sigue vigente “pero eso no nos tiene que desanimar en la lucha que nos proponemos. Tenemos que mejorar la vida de las mujeres y no llamar ‘clientes’ a aquellos que son demandantes de la prostitución. Para mí lo fundamental es empezar desde la más tierna infancia con la educación sexual integral, porque primero tenemos que prevenir que una adolescente, niña acceda a la prostitución. Tenemos que solidarizarnos con las docentes para que tenga una mirada de género porque sabemos realmente que muchísimas escuelas esto no lo tratan”.
Organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazaron la decisión del Ministerio de Agroindustria de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario.
El MSA es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la tierra desde el año 2009 y que les permite entre otras cosas, poder acceder a una obra social, facturar y contar con aportes jubilatorios.
Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra sostuvo en FM De la Calle que “hace más de un año que el Ministerio de Agroindustria no estaba inscribiendo nuevos monotributos y en los últimos días nosotros presentamos un amparo para que reabran la inscripción para pequeños productos y, lejos de reabrir la inscripción, el Ministerio e Agroindustria anuncia formalmente que va a darlo baja a partir del primero de enero del año que viene. Esto significa dejar desamparados a miles y miles de pequeños productores que dependen de esa herramienta social básica para tener acceso a la salud”.
“Este gobierno lo que tiene son todas políticas a favor de generar las condiciones macroeconómicas para que los grandes exportadores ganen cada vez más plata, mientras que los pequeños productores que compran sus insumos en dólares para vender después en pesos estén cada vez más pobres”, aseguró.
Esta mañana trabajadores de la refinería iniciaron medidas de fuerza luego de saberse que 200 compañeros perderían sus puestos de trabajo. Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), se refirió al respecto en FM De la Calle: “Los telegramas no han llegado pero la empresa envió abogados, y a personal fuera de convenio se les está notificando personalmente”.
Desde la empresa aducen que los “números no cierran” pero según el sindicalista no hay ningún argumento válido para los despidos, “es una estupidez total, es tomarnos de idiotas a todos. […] Si la refinería tiene que ser ajustada en este número, quiero saber si echan a 200 trabajadores cómo van a poner en marcha la planta. No tienen ninguna intención de poner en marcha la planta”, concluyó.
También estimó que alrededor de mil familias están en relación directa con la actividad de la refinería, y aclaró que a pesar de que “la situación coyuntural -y más en la actividad energética- no ayuda, la misma situación ocurre en otras refinerías (Refi Pampa o Refinor) y ninguna despidió gente o paró. Claramente es una política de esta empresa de no venir a producir, de rebalsarnos de productos importados, cagandose en nosotros”.
Matarazzo indicó que tuvo contacto con el Intendente, quien se puso a disposición para intentar mediar, “contamos con que lleve el conflicto al gobierno, al Ministerio de Energía y nos acompañe. […] Recién termino de hablar con el Ministro de Trabajo, donde apuran una reunión de una mesa de trabajo que contenga organismos nacionales, provinciales, empresas y nosotros, para poder salir del conflicto”.
“Entiendo que el Ministerio va a convocar una audiencia, probablemente emitiendo alguna conciliación obligatoria que obligue a la empresa a retrotraer los despidos y nosotros las medidas”. Asimismo manifestó que entiende que hoy, en relación al valor del crudo y combustibles hay un problema, “pero hacer foco en los trabajadores, el menor de los costos que tienen, es tomarnos de giles”.
Al momento continuarán con el paro total, el bloqueo de despacho de combustibles por tiempo indeterminado y la planta tomada. Por otro lado, diferentes gremios expresaron su solidaridad y apoyo en comunicados a través de las redes sociales.
La mayoría de los represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad está libre y de los detenidos la mitad está en sus casas. Según un nuevo reporte estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 las personas condenadas por estos delitos y 115 las absueltas.
De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos. Los procesados son 715, 175 tienen falta de mérito y 76 fueron sobreseídos.
Ese cómputo comprende los juicios realizados desde la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado, período en el cual se dictaron 206 sentencias. En octubre comenzará un nuevo debate oral en Bahía Blanca.
El relevo, realizado en base a la información remitida por las fiscalías federales de nuestro país que intervienen en causas por estos crímenes, muestra que son 36 los prófugos y que existen unas 469 personas imputadas que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.
Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.
La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597. De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.
El 26 de octubre comenzará el sexto juicio en Bahía Blanca. Será el segundo tramo de la causa Armada la cual tiene 15 represores imputados y 68 casos de secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.
Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu reemplazarán a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.
