Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
Consejeras y consejeros del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur presentaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal en la cual piden la implementación del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Pretenden “contribuir con los derechos de los jóvenes” bonaerenses “para que no encuentren vedado su derecho a recibir una educación plena, y en este caso, gratuita”.
El texto lleva las firmas de Dorina Linda Perez, Carolina Jesica Orieta, Nicolás Alan Paggi y Matías Barrón, integrantes de Grupo Académico, y advierte “sobre la falta de reglamentación de la Ley 14.735, que expresa que desde el ciclo lectivo 2016 el boleto inicial, primario, secundario, terciario y universitario debe ser gratuito en toda la provincia. La historia del boleto gratuito, que en los momentos más oscuro de nuestros país se llevó la vida de muchos compañeros, hoy nos exige no conformarnos solo con la APROBACIÓN DE LA LEY sino trabajar firme y mancomunadamente para transformarlo en una realidad efectiva. Esto requiere la participación activa de nosotros, los estudiantes, para que este reclamo no sea invisibilizado”.
“La reglamentación de dicha ley permitiría que los estudiantes de diversas clases sociales puedan a acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional se encarga de reconocer y proteger, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a la misma. Por eso, creemos que de no ser reglamentada antes del inicio del ciclo lectivo de este año no podría ser implementado en la totalidad del territorio provincial, causando grandes perjuicios a la población estudiantil”, agrega la carta.
Carolina Orieta aseguró esta mañana en FM De la Calle que el financiamiento “ya está dispuesto porque en el presupuesto del año pasado se estableció una partida”.
“Actualmente nos estamos comunicando con distintas agrupaciones de la provincia, donde ellos en La Plata teniendo la posibilidad de tener un contacto más directo con las autoridades están formando una mesa de trabajo con el secretario para poder reglamentar o establecer os parámetros básicos para lograr la reglamentación”, manifestó.
Con la ausencia del ex presidente de Bahía Transporte Sapem, Fabián Lliteras, y el silencio del gerente Adrián Saschgorodsky, se realizó el viernes la reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte del HCD para analizar la estafa concretada por la “utilización irregular” de tarjetas urbanas. Para el edil Pablo Rosenfelt, flamante representante de la oposición en la empresa, el encuentro dejó “más dudas que certezas” mientras que para el oficialista Fernando Compagnoni “fue una jornada muy positiva”.
El actual titular de la Sapem, Tomás Marisco, difundió un comunicado “atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial”. También acudieron a la cita Juan Carlos, Claudio y Cristian Curcio por EYCON y el abogado de la firma, Maximiliano Gorg.
“Creo que tuvimos menos certezas que dudas, arrancamos ya con el gerente de la Sapem que se autoexcluyó de dar respuestas aduciendo que no podía ventilar datos que tenían que ver con la justicia. Eso nos limitó porque teníamos un montón de preguntas que obviamente él como responsable tenía que haber contestado”, aseguró Rosenfelt a FM De la Calle.
El concejal interrogó a los empresarios whitenses sobre “si cuando las tarjetas estaban en blanco y salían sin crédito de la Sapem, no había controles que son elementales y que no había limitantes respecto a la carga, se podía cargar cifras siderales sin que nadie pusiera un tope. EYCON lo que dice es que ellos simplemente proporcionaban el sistema, son los dueños del software, y que no estaban en el tema del monitoreo ni del control que es una responsabilidad de la Sapem”.
“Creo que EYCON tiene muchísima responsabilidad respecto a los controles, cuando se les pregunta por qué hubo posibilidades de que estas 28 famosas tarjetas salieran con créditos exorbitantes, estamos hablando de 45 mil millones de pesos, ellos aducen que le ponen muchos dígitos a la tarjeta por el tema inflacionario”, explicó.
“Fue una jornada muy positiva y que nos permitió ampliar con la totalidad de los concejales, lo que ya había ocurrido en el despacho del intendente, Héctor Gay, en ocasión de haberse reunido con los diferentes presidentes de los bloques para ponerles en consideración todo lo que está sucediendo”, dijo el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte, Fernando Compagnoni y aclaró que “lo que se buscó fue disipar dudas de la totalidad de los concejales, sin alterar el cauce de la causa penal”.
Por su parte, el secretario del intendente y actual presidente de Sapem Transporte, Tomás Marisco entregó a lxs concejalxs y a la prensa el siguiente comunicado.
Bahía Transporte SAPEM entiende necesario transmitir a la comunidad de Bahía Blanca información clara y objetiva acerca de los acontecimientos de público conocimiento que se encuentran en instancia investigativa por parte de la Fiscalía n° 10 a cargo del doctor Gustavo Zorzano. En tal sentido, atento la multiplicidad de versiones que desde ámbitos políticos y mediáticos ha trascendido, y con las limitaciones naturales en cuanto a revelación de detalles para no entorpecer la tarea judicial, informamos:
* Que con fecha 11 de enero del corriente esta empresa, representada por su gerente y con acuerdo previo del intendente municipal, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía número 10 a cargo del Dr. Gustavo Zorzano; en forma conjunta con el representante de la firma EYCON S.A.
* Que en dicha denuncia se describe una situación por la cual terceros ajenos a la empresa habrían empleado fraudulentamente tarjetas Bahía Urbana destinadas al pago de viajes en el transporte público de pasajeros, las cuales contenían saldos extremadamente elevados, que no correspondían al adquirido por ningún usuario.
* Que la maniobra consistía básicamente en la aplicación de un mecanismo doloso para la conversión de aquellos saldos en dinero efectivo a través de la comercialización y distribución del mismo a usuarios finales, en forma de carga de crédito para viajar en colectivo.
* Que el crédito que detentaban aquellas tarjetas excede ampliamente el rango de valores que desde los sistemas de Bahía Transporte SAPEM puede asignarse a una tarjeta Bahía Urbana.
* Que si bien el monto de la estafa es de gran significatividad absoluta y resulta de imperativa prudencia aguardar la conclusión de la investigación penal para pronunciarse sobre su definitiva cuantificación, debemos reconocer que el fraude fue advertido por esta empresa co-denunciante como consecuencia del control y alertas internos al operar el sistema mencionado.
* Que tanto la cuantía relativa del monto de la estafa – en comparación con los volúmenes de la operación normal – , como la independencia económica de la unidad de negocios afectada, descartan totalmente de plano, una incidencia negativa con respecto al valor del pasaje de colectivo tomado según el último estudio de costos.
* Que la magnitud económica relativa de la maniobra, y por la forma meticulosa del accionar delictivo que consistía en bajar pequeños saldos por día, la tornan virtualmente indetectable e inmune a los controles y auditorías contables legales y de rutina. Por ello, y más allá del pesar por lo ocurrido, valoramos como un hecho especialmente positivo el haber advertido la situación internamente y previo a la concreción de un daño económico mayor.
* Que la tarea de esta sociedad no se agotará en el hallazgo y la denuncia del delito descripto, sino que se promoverán las acciones de reparación económica pertinentes.
* Que esta Sociedad también ha activado sus mecanismos internos requiriendo una auditoría técnica de la totalidad del proceso desde la recepción de las tarjetas hasta la venta de las mismas al público, con profesionales de la Universidad Nacional del Sur a los efectos de evaluar si pueden prevenirse este tipo de contingencias.
Aguardamos el completo esclarecimiento de los hechos oportunamente denunciados, respetando en todo momento, el trabajo investigativo de la justicia. Comunicaremos en relación a este tema sin demora, toda novedad relevante.
(Por Laura García Vazquez) Este escrito comenzó hace unos días, en el medio sucedieron dos hechos que cambiaron la dimensión de lo que nos está pasando a los trabajadores. Un falaz anuncio sobre el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (en un acto aplaudido por las CGTs ) y una “equivocación” en el porcentaje ofrecido a la paritaria docente nacional que llevó a situación impredecible el comienzo de las clases. Hechos, ambos, en lo que mi memoria me permite, inéditos en este tipo de negociaciones. Increíbles, también.
Impuesto a las ganancias
Mucho se difunde, desde diferentes poderes, el argumento de que el porcentaje de aumento que “faltaría” en el resultado de las paritarias se “compensaría” con una readecuación del impuesto a las ganancias. Más que una falacia esto se transforma en una enorme mentira, en primer lugar, porque la inmensa mayoría de los trabajadores NO TRIBUTAMOS GANANCIAS ya que nuestros salarios están muy por debajo del mínimo no imponible. Cualquier negociación mezclando el porcentaje de aumento con dicho impuesto entre el presidente Macri y los dirigentes de las CGTes es, en principio, profundamente injusta.
Valga aclarar que el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores es una falacia, ya que el salario no es ganancia, pero además es una carga impositiva que recae sobre un sector (minoritario) de trabajadores que sufren los descuentos que debieran hacerse a las grandes empresas privadas y extranjeras. Por ejemplo las que practican la megaminería en la Argentina y que pagan 0 retenciones gracias a una medida de Cambiemos. Antes, pagaban muy poco.
Por lo tanto un cambio en Ganancias será una mejora sensible en los gremios con mejores salarios, pero con poco impacto en los gremios más populosos.
El descuento por ganancias llega a la totalidad de los trabajadores de algunos sindicatos y en otros apenas roza la masa de empleados, aquí algunos porcentajes:
Petroleros 100%, Bancarios 95%, Camioneros 85%, La Fraternidad 80%, Dragado 80%
En los gremios más populosos el tema es distinto el porcentaje de afiliados que pagan Ganancias: UTA 30%, ATE 15% , docentes 15%, Sanidad 10%, Gastronómicos 10%.
También es muy bajo el porcentaje que tributa Ganancias en Comercio y en UOM
Inflación y pérdida del poder adquisitivo
El origen último de la depreciación del salario fue la combinación de la devaluación del peso frente al dólar y la eliminación (y disminución en el caso de la soja) de las retenciones. Estas dos medidas resultan una transferencia brutal de recursos de los sectores asalariados hacia los exportadores. Recientemente se anunció la eliminación de las retenciones a las empresas mineras. Mientras, seguimos con una gran inflación en los productos de primera necesidad, aumentan las tarifas, el transporte, los impuestos y, también, de paso, el sueldo de los funcionarios.
Entre estos aumentos y los que logremos en los salarios siempre pasan muchos meses, y pareciera que esa pérdida no existiera. Por eso pensamos que los aumentos desdoblados son trampas, porque lo que hay que recuperar es lo que ya perdimos, y, en todo caso, volver a reclamar paritarias en cuanto los aumentos sean insuficientes. Estas son las negociaciones con mayor pérdida real acumulada de los últimos años, más allá de las cifras, cualquiera que administre su salario lo sabe.
Despidos
Los despidos en el estado no son los únicos que están sucediendo. Ya se habla de etapa recesiva en la economía y las consecuencias de esto son lamentablemente conocidas por los argentinos.
Un gobierno que se comprometió a pobreza 0 y a defender el trabajo toma medidas en sentido contrario. En el caso del Estado, en el nuestro no hay trabajadores de más, al contrario, como dice ATE en su consigna: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”, para garantizar todos los derechos a toda la población en cuanto a salud, educación y justicia.
Los llamados “ñoquis” (alguien que cobra sin concurrir al trabajo y sin tarea asignada) no deben
existir, pero su número real es escasísimo, por el contrario se han despedido a muchos trabajadores necesarios. Siempre se puede capacitar o readecuar funciones, pero los despidos
constituyen un gran daño y, lamentablemente, están ligados a amedrentar los pedidos de recuperación del salario. Así como la represión está dirigida a amedrentar la manifestación y participación popular.
Unidad, el principal desafío
Al terminar el escrito nos encontramos ante un primer paso hacia la unidad, el Paro Nacional de ATE anunciado para el miércoles 24 de febrero próximo y que ha tomado una importancia política significativa y al que han adherido no sólo las dos CTAs sino muchas organizaciones sociales y sindicales.
Ellos nos separan, nosotros nos uniremos.
Los trabajadores mejores pagos (al menos en teoría) que tributan ganancias, los que no tributamos pero cobramos en blanco que necesitamos un salario digno, los que cobran en negro (muchísimos) y dentro de ellos muchos no llegan al salario mínimo, o los desocupados cuyo número empieza a crecer. Situaciones de desigualdad pero un objetivo común: solidarios y unidos entre nosotros.
Los trabajadores y las trabajadoras tenemos que trabajar profundamente en la imperiosa UNIDAD ya que somos los que producimos los bienes materiales y culturales, nada justifica los sectarismos, las especulaciones ni las mezquindades, no es momento. Es momento, también, de reconocer las limitaciones pero también las cualidades de muchos honestos y capaces dirigentes sindicales. Es momento de protagonizar los que tenemos convicciones e intereses en común señalando que la plata que nos falta a los trabajadores alguien la tiene y
que priorizar intereses privados y extranjeros es perjudicar al pueblo.
Ilustración: “Obreros” de Tarsila do Amaral 1933
La Oficina Municipal de Información al Consumidor es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y de la Ley Provincial número 13.133, denominada Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, entre otras.
La abogada y mediadora Mercedes Patiño fue designada directora del ente el 23 de diciembre del año pasado. Nació y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó durante 20 años en la Asesoría Letrada del municipio local y hace cuatro años cumple tareas de mediadora en este organismo.
La funcionaria acaba de participar de la 76° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC). “Fue una reunión muy fructífera. Estaban presentes 23 provincias de las 24. Fue una reunión que duró 11 horas y hubo mucho intercambio de experiencias y los distintos contextos de las provincias”, contó Patiño a FM De la Calle.
En la última semana, el órgano recibió más de 260 reclamos personales, a un promedio de 50 por día. Los principales temas registrados son sobre el servicio de agua, telefonía móvil y garantías de fábrica y extendidas.
Para comunicarse con la OMIC, acercarse a calle Donado 242 o comunicarse a los teléfonos 455-0383 o 0800-222-7024. También se puede escribir al correo electrónico [email protected]
Esta semana la funcionaria tendrá reuniones con los organismos que controlan los servicios.
Escuchá la nota completa:
En el día de ayer la ciudadanía boliviana se movilizó para participar del referéndum por la posibilidad de que el presidente Evo Morales pudiera presentar su candidatura para un nuevo mandato, a partir del 2016.
Por la noche, en conferencia de prensa, y tras conocer datos extraoficiales de encuestadoras privadas que arrojaban una diferencia entre el “No” y el “Sí” de dos puntos porcentuales, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió paciencia y recordó que en las anteriores elecciones los datos extraoficiales y oficiales variaron en ese porcentaje.
“Lo mejor y lo más sano es esperar por información oficial, pedimos paciencia a la población. Aún no tenemos los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, habrá que esperar horas y días”, dijo el funcionario.
FM De la Calle habló con la periodista y politóloga Micaela Ryan, quien viene siguiendo el tema a través del portal Notas.org
“Se presume que se va hacia un empate técnico. De todas maneras el recuento de votos ha sido muy parcial”, aseguró la analista.
“Esto de alguna manera lleva a que se haya montado una serie operaciones mediáticas sobre la especulación de este resultado basadas en un operativo que ha desplegado la oposición, presentándose como triunfadora, con festejos, un poco peligroso para lo que implica un proceso de estas características con un resultado tan cerrado”, agregó.
Escuchá la nota completa:
Desde abril de 2012 trabajadorxs de esa planta tomaron posesión de las instalaciones, ante el incumplimiento de un acuerdo de reinversión por parte de la empresa. Luego, según el abogado Claudio Lofvall, la propiedad fue determinada a favor de lxs manifestantes por “una ley de expropiación de la Cámara de Diputados que le otorgó propiedad del frigorífico a la Cooperativa Fortín Cuatreros”.
Como trasfondo del conflicto, “lo que se debate a partir del lunes es si la conducta de esos trabajadores constituye el delito de usurpación o se trata de una conducta que apuntaba a ejercer un derecho o a defender la fuente de trabajo o el derecho a manifestarse, a protestar”.
De esta forma, “es un conflicto netamente del derecho laboral. Es un reclamo sindical. El derecho penal es la última alternativa si el derecho administrativo, civil o laboral no lograron encontrar solución al conflicto. En el terreno laboral esto se hubiera resuelto hace rato”.
“La discusión se da ahora en terreno penal porque evidentemente en el derecho penal los poderosos sí tienen más chance de ganar. Seguramente en el derecho laboral el derecho a huelga amparado constitucionalmente hubiera tenido otra acogida”.
Para Lofvall, “cuando dos derechos se enfrentan prima el mayor jerarquía. En este caso y siempre, cuando un derecho que es más importante que el derecho de la propiedad se enfrenta con el derecho a la propiedad existe un remedio legal que es, justamente, una ley de expropiación por utilidad pública”.
“Eso no lo hace la justicia sino la Cámara de Diputados que dice: ‘mire por estas razones, para mantener las fuentes de trabajo y habiendo constituido una cooperativa, ahora expropiamos la propiedad y se la damos a la cooperativa conformada por los trabajadores’. Eso es lo que sucedió”.
“Ahora debatiremos, a partir del lunes, si estos trabajadores, que nunca de debieron haber necesitado un abogado penalista porque con un planteo laboral les hubiera alcanzado, van a hacer valer el derecho que por ley les corresponde (Ley 15505) o se va a aplicar el derecho penal para criminalizar la protesta y se los va a meter presos y se les va a sacar el frigorífico que por ley les corresponde”.
El contexto
El abogado de los trabajadores acusados de usurpación recordó que “en el año 2011 disminuyó la faena del frigorífico. En septiembre la firma decide cerrar y despedir a 187 trabajadores. Los obreros se plantan en la puerta. Se plantea el conflicto social. Entonces intervienen la política, la municipalidad, el Concejo Deliberante, legisladores, el Ministerio de Trabajo y finalmente se hace un acuerdo de paz social. En él se comprometían a poner en marcha el frigorífico, la municipalidad iba a ayudar, la provincia iba a poner una plata y mantener a las familias que estaban tomando las instalaciones manifestando de ese modo. El convenio no se cumplió. Sí la provincia y la municipalidad cumplieron pero el frigorífico no se puso en marcha sino que, por el contrario, empezó a haber un movimiento de camiones donde empezaban a sacar máquinas balanzas, todos los elementos de trabajo”.
En este contexto, “en abril de 2012 los trabajadores dijeron: no saquen nada más. Tomaron la planta. En realidad no entraron a las oficinas. Se quedaron en una galería y las oficinas del frigorífico estuvieron siempre cerradas hasta que salió esta ley de la Cámara de Diputados que le otorgó la propiedad”.
¿Qué es lo que dirimirá el juicio oral?
Hasta el día miércoles, “la discusión se circunscribe a ver si hubo usurpación en ese período en que ingresaron al hall (y no a las oficinas) en 2012 y el momento en que la ley les reconoce la propiedad”.
Sin embargo, Lofvall cree “que se está queriendo criminalizar la protesta social y mandar un mensaje a toda la sociedad: que las paritarias tienen techo y que ‘si protestan los hecho’ y si hacen lío los meten preso. Creo que es una revancha política”.
En este sentido, el abogado recalcó que “la fiscal dice por los medios que van a pedir la condena y la restitución del frigorífico. Realmente eso es lo que les interesa”.
En el ámbito político, también cuestionó que “antes de que este juicio suceda y de que haya una sentencia ya las nuevas autoridades municipales se sacan foto en el frigorífico anunciando que se va a abrir con nuevos inversores. No podría hacerse esto sin que haya una sentencia”.
Foto: Telam
La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.
Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.
La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.
“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.
Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.
Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.
En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.
“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.
El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.
“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.
Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.
“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.
La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.
“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”
En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.
“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.
Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.
“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.
Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.
(Por Julio Gambina) La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.
La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.
Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.
La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.
Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.
El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.
Anuncios en la disputa del consenso
La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.
Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.
Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.
El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.
La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.
Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.
Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.
En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.
No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.
Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.
Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.
Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.
Compensaciones insuficientes
Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.
Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.
Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.
Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.
El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.
Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.
Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.
Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.
El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.
En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.
Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.
“Primero que este es un proceso que han solicitado desde los movimientos sociales. En Bolivia existe la posibilidad de que las iniciativas populares y sociales sean tramitadas en la legislatura. Esos movimientos populares pidieron que la legislatura trate la reforma constitucional para permitir la re postulación del presidente y el vicepresidente”, dijo a FM De la Calle el Vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia para la Patagonia argentina, Guido González Paz
En el referéndum se gana por mayoría simple. Son dos opciones: por el sí o por el no. “Lo único que tiene que hacer el boliviano que vive fuera de Bolivia será acercarse al consulado, aquellos que ya se inscribieron en las elecciones del 2014 o el año pasado para este referéndum”.
Solamente se ejercerá el derecho al voto en las ciudades donde existe un Consulado permanente. Según cálculos oficiales, habría unxs “30 mil bolivianos en la Patagonia argentina”.
Para el funcionario, el motivo por el que los movimientos sociales impulsan la continuidad de Evo Morales como presidente es que “la situación de todos los compatriotas que viven en Bolivia con el gobierno del presidente Morales ha dado un giro de 180 grados. Si vemos las cifras económicas, sociales, educativas y de salud estamos hablando de otra Bolivia. La inversión pública se ha quintuplicado”.
Según el González Paz, el gobierno del MAS generó estabilidad para los distintos estratos sociales. “El presidente Morales, en lugares donde antes no tenía acceso su partido, ha ganado en las últimas elecciones. No solamente los beneficios han sido para las clases más olvidadas sino que el beneficio recibido durante esta última década alcanza a las regiones con mayor desarrollo económico”.
Por otra parte, el proceso político también sufrió desgajamientos internos dentro de los sectores que bregan por el socialismo comunitario boliviano. “Ha habido referentes del MAS originarios que se han ido retirando por intereses personales propios y otras veces porque no han estado de acuerdo con ciertas políticas del ejecutivo de ese momento”.
Consultado acerca de las deudas del programa de gobierno, el Vicecónsul dijo que “el presidente ha planteado todo el proyecto de la agenda del bicentenario donde fundamentalmente se habla de la inversión en recursos humanos. Esto es la profundización de los beneficios en los sectores más olvidados de la sociedad. Para eso se establece una Bolivia digna, soberana y autosuficiente. Bolivia como centro distribuidor de energía para toda la región. Y en el debate interno es el tema de la lucha contra la corrupción”.
Algunos procesos políticos progresistas de la región apostaron fuertemente a liderazgos unipersonales y no lograron o no quisieron construir cuadros en condiciones de asumir la continuidad del proyecto político. Al respeto, el funcionario sostuvo que “dentro del partido de gobierno, existe otro instrumento político que es el IP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). Éste fomenta los liderazgos políticos a nivel interno. Yo creo que existen liderazgos muy fuertes dentro del MAS, solamente que las caras más visible de ese movimiento son el presidente Morales y el vicepresidente García Linera. Entiendo que nuestros países son muy caudillistas. Todos: no solamente los movimientos populares o los gobiernos progresistas de la región”.
Por otra parte, González Paz recalcó que “esta posibilidad más que del caudillismo creo que es un ferviente deseo de los movimientos sociales: que el presidente Morales continúe en este camino, más allá de definir si hay o no otros liderazgos. Es importante destacar que esta es una propuesta desde los movimientos sociales y no desde el poder ejecutivo”.
Refiriéndose a la relación entre los gobiernos boliviano y argentino, el diplomático explicó que “el presidente Morales lo dijo: nosotros con la Argentina tenemos una unión fraternal que trasciende más allá de los gobiernos. La relación con el presidente Macri es la misma que tenía antes con el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Intentamos ir conociéndonos para afianzar más la relación. Los asuntos del país continúan por la misma vía. Por ejemplo, con el tema del gas”.
Escuchá la nota completa:
Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Dirige la Maestría en “Industrias Culturales: políticas y gestión” de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En diálogo con el programa En Eso Estamos, que esta semana comenzó su octava temporada en las mañanas de FM De la Calle, analizó las primeras medidas del gobierno nacional en el ámbito de las comunicaciones y sus consecuencias.
Días antes de la entrevista, Marino firmó un manifiesto junto a un grupo de académicxs vinculados al estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política democrática, en el cual se sostiene que “el relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia”.
-¿Qué balance podrías hacer a modo de síntesis de lo que ha sido este verano en materia de políticas de comunicación?
Nos hemos manifestado muy preocupados con el conjunto de investigadores de distintas universidades, incluso algunos que residen en el exterior del país pero que trabajan estos temas, ante las decisiones que ha tomado Mauricio Macri en el momento de su asunción y hasta estos días en torno a la regulación del sistema de medios en general.
Si uno tuviera que hacer una síntesis, lo primero que diría es que por un lado se ha afectado el corazón de la ley audiovisual estableciendo cambios específicos sobre los topes a la concentración que planteaba aquella ley y sobre, por ejemplo, la composición institucional del organismo de aplicación que era la AFSCA y que tuvo esa novela de fin de año que conocimos que fue la permanencia de Sabbatella en el organismo defendiendo esta situación que está judicializada.
Pero mientras tanto el DNU avanzó y hoy tenemos un nuevo organismo de aplicación que su mayor problema es que tiene siete miembros: cuatro ya fueron designados directamente por el Ejecutivo y los otros tres serán designados por el Congreso cuando comience a funcionar. Uno de ellos corresponderá también a la minoría que representa el gobierno nacional allí, pero además, todos pueden ser revocados sin explicación de causa por el Poder Ejecutivo. Con lo cual hay una dependencia central del PE de este organismo de aplicación, hemos vuelto a una situación casi precámbrica.
El Ejecutivo controlando el organismo que administra la relación con el sistema de medios y tomando decisiones en torno a favorecer a los grandes grupos concentrados. En ese marco el gobierno de Macri anuncia que enviará, tal vez lo haga en próximos días en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, una nueva ley que reemplace tanto la ley audiovisual como la de Argentina Digital, que supuestamente estará basada en una visión novedosa en términos tecnológicos porque su argumento y el de su propio ministro es que Argentina está atrasada tanto el términos tecnológicos como regulatorios.
Ese es el tercer gran problema. No me parece mal que haya una nueva ley y que la ley salga por el Congreso, de hecho lo manifestamos en el documento, pero el problema es que los cambios que estableció el decreto a la ley audiovisual son cambios que van a ser permanentes, no momentáneos hasta que haya una nueva ley. Por ejemplo, haber frenado la adecuación de los grupos concentrados.
Pero el otro problema es que el gobierno opera sobre un argumento falaz que es el de la novedad o desarrollo tecnológico como central para la regulación. Porque si eso fuera así en el momento en que sancioné la ley va a quedar vieja, la tecnología cambia permanentemente.
Hay que interrogarse en torno a si el gobierno opera en base a una mirada comercial y privada de la comunicación y cierta ignorancia sobre el tema en el que están trabajando, sobre todo el ministro de Comunicaciones que no parece ser un experto en el área, o bien si tiene una mirada más compleja, que desconocemos su objetivo final, y que responde a una planificación integral cuyos elementos desconocemos.
-Respecto a las primeras medidas tomadas por el ENACOM, recién mencionabas el tratamiento de distintos proyectos de adecuación que habían presentado grandes grupos que estaban pendientes, ¿cuál fue el criterio que se tomó y qué se resolvió?
Lo que se decidió concretamente es dar de baja todos los planes de adecuación. Porque como el decreto 267, que es el más relevante, el que cambió centralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un lado cambia los topes a la concentración de la propiedad, allí donde había que tener diez licencias por medio ha sido cambiadas, pero además, excluye a la TV por cable de la ley audiovisual y ya no se regula más el mercado de distribución de televisión por cable por esa normativa sino que queda bajo la órbita de lo que todavía queda vigente de Argentina Digital. Mediante una resolución de ENACOM aprobada por los cuatro directores que designó el Poder Ejecutivo se dieron de baja toditos los planes de adecuación.
Ahí tendría que hacer una aclaración más que es quiénes son esos directores de ENACOM. No es un asunto personal con ellos, de hecho a algunos los conozco y pude intercambiar y dialogar sin ningún problema aunque no acordemos, pero si uno se fija de dónde vienen encontraremos que hay un representante de Cadena 3, uno del Grupo Clarín, uno de Telefónica y uno del gobierno concretamente. Cuando me refiero a representante me refiero al gerente hasta noviembre de Telefé. Este colectivo designado por el Poder Ejecutivo y con ese origen es el que tomó la decisión de dar de baja a los planes de adecuación de la ley audiovisual.
-Muy en línea con el resto de la composición del gabinete.
Claro, uno puede componer esa serie, gerentes y CEO’s de distintas cuestiones en el mismo marco. Uno se entera que el gobierno de Macri llamó a una licitación para importar petróleo por primera vez en su gestión y la gana frente a una compulsa de dos empresas aquella en la cual era gerente hasta diciembre el actual ministro de Energía, y entonces entiende de qué hablamos cuando hablamos del gerente de Telefé suspendiendo los planes de adecuación de la propia empresa.
-También hubo avances en algunos negocios que pretendía hacer Clarín en el marco de la convergencia.
Fue conocido a final del año pasado que Clarín compró la empresa Nextel, que provee el servicio de telefonía móvil con una tecnología peculiar que usa 2G y funciona también como sistema de radio, pero lo cierto es que fue el camino de entrada al mercado de telecomunicaciones que es donde no estaba y necesita estar prontamente el Grupo Clarín.
El ENACOM había aprobado en primera instancia esa compra, que no es tan significativa en términos económicos como simbólicos porque es el punto de entrada a ese mercado. Digo esto porque Nextel controla solo el tres por ciento del mercado de la telefonía móvil, el 97 restante se reparte entre las tres empresas Movistar, Claro y Personal, es decir, Telecom, la empresa mexicana y Telefónica España que además opera en TV abierta.
Ese ingreso le va a significar a Clarín una erogación importante de dinero para adecuarse al mercado porque la red de Nextel no está desarrollada plenamente para la tecnología 3 y 4G que es el futuro de la telefonía móvil pero es el mecanismo de un proceso que estimo culminará, en algún momento, con la compra de Telecom que es lo que pretende Clarín y supuestamente generó su pelea con el gobierno anterior y fundamentalmente con Néstor Kirchner.
-En cuanto a los medios sin fines de lucro el macrismo desde el principio y hace poco en una reunión con las redes de medios comunitarios decía que en varios aspectos no había habido modificaciones por lo cual debería quedar todo igual. Es muy difícil pensar en avanzar en la entrega de licencias ante un panorama como el que estás planteando y con un espectro finito por repartir.
Sí, dividiría la respuesta en dos planos. Por un lado, es cierto, los aspectos que regulan al sector comunitario o sin fin de lucro no fueron cambiados de la ley audiovisual pero también es cierto que el gobierno asegura que la va a reemplazar por otra, yo tengo una mirada negativa respecto a cuántos de los derechos reconocidos por la ley audiovisual para el sector sin fin de lucro se contemplen en esa nueva normativa.
También habría que dar cuenta que en esa reunión que tuvieron las organizaciones, si bien es cierto que lo que le plantearon es nada negativo en torno a sus demandas tampoco es que recibieron una respuesta positiva, les dijeron por ejemplo que los fondos concursables que se desarrollan para el sector comunitario y que tan bien funcionaron, es de lo poco que ha funcionado muy bien en la ley audiovisual, en la Universidad de Quilmes hemos hecho un estudio al respecto y lo destacamos, no están frenados, bueno, pero tampoco está abierta ninguna convocatoria de ninguna línea y algo que no se ha dicho en esa reunión y que me toca decirlo, lamentablemente, es que como el decreto 267 excluye a la TV por cable de la ley audiovisual también la excluye de los aportes que tiene que pagar en caso de multas, erogaciones, etcétera. Y eso es parte fundamental de lo que financiaba los Fomeca, con lo cual esperar que el Fomeca continúe del mismo modo que antes se me vuelve un tanto difícil.
En ese escenario estamos y sin embargo la reunión fue aparentemente amena y los reclamos fueron atendidos y supuestamente habrá respuesta en una próxima reunión. Insisto en que estaría muy advertido en tanto si efectivamente hay una nueva ley, cuánto de los elementos que reconoce la ley audiovisual serán contemplados.
Además, creo que la discusión sobre la finitud del espectro, que es cierto, se mantiene como finito, puede ser con la visión que manifiesta este gobierno respecto al desarrollo tecnológico puesta en duda u opacada a partir de que como la discusión será la convergencia y todo el mundo podrá tener triple play, no hay un problema para que los comunitarios tengan su licencia.
Tengo una mirada muy negativa respecto del futuro porque la ley audiovisual no solo establecía aquel reconocimiento sino que lo hacía en todas las bandas y frecuencias. ¿Por qué no podía haber una cooperativa que brinde todos los servicios? Es una asociación sin fin de lucro y que gestiona el proceso desde otro modelo económico. Creo que eso no se va a contemplar en la ley propuesta por el gobierno de la Alianza Cambiemos en tanto el decreto 267 estableció, por ejemplo, que se pueden transferir las licencias ahora, algo que prohibía la ley audiovisual, incluso planteó que si se transfieren hay que avisarle al Estado y si el Estado no responde en 90 días queda aprobado, pero las cooperativas no pueden vender servicios. Ese es un problema, hay una desigualdad ante la ley. Son el único actor que podría competir con un servicio de calidad a empresas que controlan el 97 por ciento del mercado.
Oscar de Isasi, secretario general provincial de ATE y la CTA Autónoma, dialogó con FM De la Calle sobre los despidos masivos de trabajadorxs del Estado, el contexto político y económico y el plan de lucha gremial para enfrentar el ajuste.
-¿Qué sectores fueron los más afectados por los despidos y cuántas personas han sido cesanteadas?
Los despidos más masivos fueron en los municipios, alrededor de ocho mil o nueve mil. Algunos fueron reincorporados porque son empleados hechos y derechos y también, por la presión de nuestra organización sindical.
-¿Y en provincia de Buenos Aires?
En la provincia, de los que nosotros hemos detectado, ha habido entre 200 y 300 despedidos, el pico fue en la Dirección de Escuelas donde tenemos 29 trabajadores con probadas condiciones laborales, no tienen con qué darle con el tema de ñoquis pero al día de hoy no han sido reintegrados. Estuvieron ocupando el organismo de manera pacífica para ir a una negociación que esperamos tenga el resultado que tenga que tener, que los trabajadores que trabajan tienen que seguir trabajando y cobrando su sueldo.
-Hay preocupación respecto a lo que pueda suceder a fines de marzo, ¿no?
Sí, porque en realidad lo que uno olfatea es que a fines de marzo se intente una nueva ofensiva en ese sentido. Estamos convencidos de que el gobierno nacional e irradiando a los gobiernos provinciales y municipales más allá de su signo político, porque también hay despidos en Santa Cruz donde gobierna Alicia Kirchner, algunos diciendo no me queda otra y otros de manera entusiasta, lo que se está haciendo es descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Si uno observa el presupuesto de la provincia de Buenos Aires uno va a ver como vuelve a reducirse la partida de salud, de desarrollo social, de niñez. ¿Quiénes son los que más necesitan las áreas sociales? Son los que menos tienen, que necesitan que se recupere a través del Estado el circuito de vida digna. Se ha reducido esas partidas, se ha precarizado las condiciones laborales, ni siquiera hay un cargo nuevo en el Estado provincial, más allá del operativo mediático que se hizo diciendo que iba a haber 40 mil cargos nuevos, lo cierto es que lo que hicieron fue blanquearlos. O sea, congelamiento de vacantes reales, sobrecarga de trabajo.
Estos dos datos duros hablan de que hay un desfinanciamiento en las áreas que más necesitan los que menos tienen y que hay un desfinanciamiento en el tema de los trabajadores. Si uno tiene en cuenta que la última oferta salarial es del 22.8 en cuatro cuotas, que termina siendo 14.7 anualizado y que no merece ni siquiera reflexionar sobre eso, uno se da cuenta que quieren que haya un aumento salarial muy por debajo de lo que fue la devaluación de los salarios. Los despidos son parte de este combo. En nombre de los ñoquis, están generando un fantasma, lo que se hace en realidad es trata de achicar el Estado en materia del número de trabajadores y se lo hace generando la sensación de que sobra personal y que esos son todos vagos.
Los números duros no mienten, Buenos Aires es una de las provincias que más necesita de la participación del Estado, porque hay miles de trabajadores sin trabajo que están por debajo de la línea de pobreza asentados en el conurbano bonaerense y al costado de las grandes ciudades del interior y además porque es uno de los Estados que tiene menor cantidad de trabajadores por habitante.
Cuando uno habla del Estado y de las áreas sociales y dice que es necesario más presencia en educación, salud, alimentación, uno no habla de robots, no puede reemplazar a un médico, un enfermero o un trabajador social por un robot, habla de privilegiar la incorporación de recurso humano para que los trabajadores sociales hagan encuesta en las barriadas, para que los médicos generalistas estén en las unidades sanitarias, para que los enfermeros en lugar de trabajar 14 o 16 horas para sacar un manguito más, solo por la falta de personal, estén trabajando seis horas con cuatro pacientes a cargo y puedan brindar mayor cantidad de atención.
-Más allá del 22.8% ofertado en la paritaria, ¿con qué demandas habían llegado?
Veníamos planteando que es necesario abordar políticas de recuperación del poder adquisitivo. Por un lado, hay que abordar la urgencia, lo que hemos perdido. En 2014 y 2015 con la carrera inflacionaria donde hemos perdido un 12% y contemplar una proyección inflacionaria mínima del 33 %, eso nos da el 44% de bolsillo que deberíamos recuperar. La mayoría de nuestros representados cobra 7300 pesos a partir de septiembre porque el último aumento fue en cuotas, la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, según la ciudad de Buenos Aires -o sea que no merecería discusión porque son del mismo signo político- está en 15600 pesos. Un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires puede comprar el 48% de la canasta para sobrevivir, entonces un 44% de aumento sobre ese salario todavía nos pone por debajo. A finales del 2007, el salario mínimo de un empleado de Provincia era igual a la canasta básica, esto lo ponía sobre la línea de pobreza.
-¿Cómo viene la construcción de la medida de fuerza del próximo miércoles y el camino que empieza a recorrerse en forma conjunta con la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Yasky? ¿Es posible empezar a ver la unidad con la Central Autónoma en la calle?
En primer lugar, el paro y movilización a la Plaza de Mayo que vamos a hacer el día 24, que va a ser masivo, que vamos a construir un dato que entendemos que debería hacer reflexionar a Macri y los gobernadores, es un paro de los gremios estatales de la CTA Autónoma y otros gremios también estatales que han decidido transitar el camino de la lucha por los salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos, contra la criminalización de la protesta y exigiendo la libertad de Milagro Sala y por la defensa de la seguridad social. Hay algo que no se habla pero en Córdoba y en Tierra del Fuego se está desguazando en pocos días de gestión.
Han adherido las centrales sindicales y muchos otros gremios y organizaciones sociales están dispuestas a solidarizare marchando con los gremios estatales. Ese va a ser un paro de estatales en construcción a lo que creo yo necesitamos que es un paro de las centrales si esto no cambia.
La unidad, lo que vos referías a las dos CTA que también podría ser aplicable a otras centrales, no se hace por arriba con dos dirigentes, hay que construirla por abajo, hay que trabajar con los compañeros docentes, estatales, empezar a hacer asambleas conjuntas que nos permitan fortalecer la unidad por arriba pero que no sea una unidad de supervivencia de algunos sino una unidad sólida donde en cada escuela, en cada hospital, en cada organismo, se tenga la fortaleza para poder sostener esa unidad en función de lo que necesitamos que es la masividad y la contundencia para parar el ajuste y para ir por una más justa distribución de la riqueza en un país donde el destino no es ser pobre sino un país inmensamente rico cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos.
Texto: Diego García.
(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado, el Gerente de la Nación Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.
El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.
La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra
El impuesto
El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.
Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.
Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.
La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.
Qué cambió
Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.
Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.
El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.
El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.
Hoy a las 22:00 vuelve “Uno nunca sabe” al Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544). Se trata de un trabajo en base al cuento homónimo de Roberto Fontanarrosa.
“Es una obra que tiene muchos años con diferentes elencos. Se estrenó en Buenos Aires (en 2008), en el Bar ‘El Tano de Arriba’, de Almagro. Fue con la participación de Rocío Ameri y otro actor de Bahía Blanca que se llama Adrián Mengarelli. Después yo me vine para acá y ellos siguieron. Pero, a su vez, yo la estaba montando acá con Alexis Mondelo y Cecilia Arnaudo” dijo a FM De la Calle el actor, director, docente y Delegado General de Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi.
La formación actual la constituyen Ricio Ameri, Alexis Mondelo y nuestro invitado.
“Hemos tenido muy buena temporada el año pasado y el anterior también”. La obra también giró por distintos festivales y desde la apertura del Centro Cultural La Panadería en Bahía Blanca se mantiene en cartel. “Son de esas obras que nunca te cansás de hacer”, ratificó.
La puesta se realiza en el Bar Don Osvaldo, lo que hace que tenga un escenario natural y el público participe un poco como parroquiano y otro poco como espectador. “El texto original propone todo en el mítico bar ‘El Cairo’, donde se juntaba el Negro Fontanarrosa con sus amigos en Rosario”.
Además, Fabrizi anunció que re estrenarán el 24 de marzo la obra Arturo Ui (Bretch) que “habla del ascenso de la derecha al poder”. Luego a partir de abril permanecerá en cartel los días sábados en la casa del grupo NuevoDrama.
Por último, en su calidad de Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, se refirió al estado de situación de la Ley del Actor y los debates actuales a nivel local luego del cambio de gobierno y de director de Instituto Cultural.
Escuchá la nota completa:
(Por Astor Vitali) Los días sábado 27 y domingo 28 de febrero se llevará a cabo el Festival Música en la Ventana en Saldungaray y Sierra de la Ventana, respectivamente.
En esta oportunidad realizarán una retrospectiva sobre la obra de José Luis Merlín que comprenderá clases e interpretación de algunas de las obras del repertorio del prestigioso compositor y guitarrista a cargo de diferentes formaciones de intérpretes (grupos de cámara, flauta y guitarra, voz y guitarra, guitarra solista, orquesta de guitarras).
El Seminario está dirigido a instrumentistas de las seis cuerdas y grupos de cámara que incluyan la guitarra en su formación, de todos los niveles, con repertorio libre y comprende dictado de clases, conferencias, presentaciones de discos y libros.
Se encuentra abierta la inscripción para el seminario hasta el día 19 de febrero de 2016 inclusive.
Este evento ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y de interés municipal por los municipios de Tornquist y Bahía Blanca.
El enfoque sobre los repertorios
El Maestro Alberto D´Alessandro es el creador y director artístico del festival. Esperando la séptima edición del seminario, el músico dijo a FM De la Calle que “uno ve los seminarios o encuentros internacionales con una tónica bastante común que es traer los grandes guitarristas del ambiente académico del mundo. Yo eh tratado de satisfacer algún tipo de anhelo diferente: dar a conocer música argentina y sobre todo latinoamericana, que por ahí no es tan conocida”.
En este sentido, cada edición del seminario abre con con una charla – debate abierta en la que participan docentes e instrumentistas abocada al problema de la “legitimación del repertorio”. ¿Por qué el mercado, la academia y los medios homogeneizan, canonizan y difunden unas obras y silencian, ocultan o deslegitiman otras? Es la pregunta que atraviesa el intercambio.
“Siempre en la educación formal hay una tendencia a estereotipos musicales y de pronto el que estudia y escucha siempre escucha los mismos intérpretes y compositores. Pero yo con esa impronta de dar a conocer compositores que todavía no están legitimados a nivel masivo o académico eh hecho todos estos encuentros”.
José Luis Merlín
El director Música en la Venta explicó que en el año 98 lo “llamaron de la Orquesta Sinfónica para hacer una obra de José Luis Merlín que se llama ´Travesía´. Es la historia de la guitarra en los 5 siglos. Me pareció maravillosa esa experiencia”.
José Luis Merlín “es un profuso compositor de obras para guitarra, en grupos de cámara y también con canto. Por ello me propuse hacer una retrospectiva” sobre su obra, “con el propósito de dar a conocer” las creaciones de Merlín.
Esta vez no estará presente el autor al que se dedica la clásica retrospectiva del seminario. Cuestiones de financiamiento acotaron el encuentro (cuya duración es, en general, de cuatro o más días de duración).
Por otra parte, “este seminario va a ser homenaje a Abel Carlevaro porque se cumplen los cien años del nacimiento”. A sus 28 años, D´Alessandro cursó estudios con el prestigioso Maestro uruguayo cuyo método formó generaciones de guitarristas.
La comisión organizadora del encuentro se ocupa también, año tras año, de gestionar becas para que lxs alumnxs que deseen asistir puedan hacerlo sin distinción de situación económica.
Escuchá la nota completa:
La Comisión Provincial por la Memoria y la gobernadora María Eugenia Vidal se reunieron esta tarde y acordaron continuar trabajando en una agenda que atienda las deudas pendientes en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Juicios de lesa humanidad, desclasificación de archivos de la represión, situación carcelaria, policía bonaerense, policía judicial, políticas de niñez y salud mental”, enumeró Pérez Esquivel sobre los temas que exigen una intervención inmediata y políticas estructurales que se sostengan en el tiempo.
Durante la reunión, la CPM expuso el trabajo que viene realizando como organismo de monitoreo de los lugares de encierro y control de las políticas de seguridad y prácticas judiciales, como así también su labor en la gestión y preservación de archivos, investigación y educación. Al mismo tiempo, le llevó a la gobernadora Vidal un documento que contiene seis puntos centrales de la agenda de derechos humanos y las políticas de memoria en la Provincia: política de seguridad democrática, política penitenciaria, niñez y adolescencia, salud mental, justicia y políticas de verdad, justicia y memoria. El acuerdo fue seguir cada tema en articulación con el ministerio correspondiente.
“Centralmente, le transmitimos la gravedad y preocupación permanente por los hechos de torturas como una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los institutos de jóvenes, los neuropsiquiátricos y en el despliegue policial en el territorio. Para transformar esta situación extrema de violaciones a los derechos humanos, es necesario democratizar las fuerzas de seguridad y generar ámbitos para su control, entre otras medidas que requieren de una firme decisión política para transformarlas”, explicó el integrante de la CPM, Roberto Cipriano García.
“También planteamos el desacuerdo con la designación de Fernando Díaz al frente del SPB y nuestro rechazo a las declaraciones de emergencia en seguridad, tanto a nivel provincial como nacional”, agregó Cipriano García.
Asimismo, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción policial y penitenciaria, y solicitó el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.
En el marco de esta reunión y atendiendo a los puntos conversados durante el encuentro, Pérez Esquivel precisó que “la Gobernadora nos encomendó que diseñemos tres propuestas concretas de nuestra agenda de trabajo para promover políticas públicas que puedan ser implementadas y evaluadas de acá a fin de año”. Al mismo tiempo, valoró el “compromiso de Vidal para acompañar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.
Entre los temas tratados, Pérez Esquivel también destacó la posibilidad de firmar “un convenio para que los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos sean digitalizados y preservados por la CPM”. Esta línea de trabajo ya había sido expresada durante la visita del Secretario Santiago Cantón a la CPM el martes pasado, así como también en la necesidad de seguir trabajando en la apertura de distintos archivos estatales vinculados con la dictadura.
En el documento presentado a la Gobernadora está expuesta también la preocupación por las políticas de niñez y adolescencia, el desfinanciamiento de todo el sistema de promoción y protección, la criminalización de la protesta social, la ley antiterrorista y un planteo de la creación de una comisión investigadora para saber qué pasó con Jorge Julio López.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.
La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.
En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.
El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.
El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.
Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.
Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.
Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.
Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.
Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.
A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.
