Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El sábado 16 y domingo 17 de enero, más de 30 directores y directoras de radios comunitarias indígenas de Centroamérica así como representantes de organizaciones nativas participarán del Primer Encuentro Centroamericano de Radios Comunitarias Indígenas, que tendrá lugar en Panamá.
Según informa el sitio web de la Fundación Comunicándonos, de El Salvador, el encuentro tendrá como uno de sus fines iniciar el tejido de una Red Centroamericana que les permita fortalecer y visibilizar su labor diaria.
De este modo, explica, esperan sumarse a los esfuerzos de la región por la democratización de las comunicaciones, con particular enfoque en las necesidades de los pueblos indígenas.
Como escenario del encuentro se ha elegido la isla de Narganá, que se encuentra en la comarca de Guna Yala, en el litoral del Caribe panameño.
Para la realización de este primer evento se cuenta con el apoyo de organizaciones que trabajan en la región como Cultural Survival, AMARC Centroamérica, Voces Indígenas en Panamá, laAsociación Sobrevivencia Cultural en Guatemala y la Fundación Comunicándonos en El Salvador.
Dichas organizaciones promueven la creación de emisoras comunitarias indígenas que transmiten una programación al servicio de sus comunidades, explicó Teresita Orozco, promotora regional de Cultural Survival, en Managua, Nicaragua.
Las mismas, agregó, “consideran de interés articular esfuerzos para crear una Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas”.
De acuerdo a Orozco, “mediante el trabajo en Red, se pretende crear sinergia entre las emisoras participantes para que puedan compartir recursos, tecnologías, buenas prácticas y estrategias de incidencia.”
Esto con el propósito de lograr “el fortalecimiento del apoyo político y continuar con fuerza la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su identidad, cultura, tierra, derechos humanos y derechos indígenas”.
La representante de Nicaragua destacó la importancia de las mujeres en este proceso, las mismas que hoy piden mayor voz en los medios públicos para que atiendan a sus intereses y necesidades actuales.
Fuente: Servidini
Foto: Fundación Comunicándonos
La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata
A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.
Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”
“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.
Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.
La CTA Bahía Blanca – Crel. Dorrego manifestó hoy su rechazo a “la ola de despidos que se están produciendo en la administración estatal nacional, provincial y municipal” a través de un comunicado de prensa.
“El decreto 254 del gobierno de Mauricio Macri ordenaba revisar los concursos y los contratos de todas las áreas en un plazo de tres meses. Ahora están echando directamente, ni siquiera respetan su propio decreto que ya estaba marcando la política de avanzar sobre los puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos hasta el momento son: Estado nacional 3340 (gobierno Cambiemos), Santa Cruz 1000 (gobierno FpV),Salta 195 (gobierno FpV), Tierra del fuego 1000 (gobierno FpV), La Rioja 800 (gobierno FpV), Pcia de Buenos Aires 7397 (gobierno Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno FpV), Mendoza 1600 (gobierno Cambiemos)”
Según la central obrera, “en total son 16164 en menos de 30 días”.
Por otra parte, “en el ámbito privado se dan situaciones similares (Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo etc), alentadas además por el ejemplo de lo que ocurre en el Estado,s in alcanzar todavía esos números, pero sí avanzando sobre las condiciones y la intensidad de los trabajos”.
Sumado a esto, la CTA enumeró que “en la provincia de Buenos Aires a todo esto se agrega al decreto de la gobernadora para suspender la paritaria de los trabajadores municipales en toda la provincia”.
Lxs dirigentes sindicales también analizaron la situación en Bahía Blanca. “A nivel local en tanto se quita el subsidio de 2 mil pesos a los cartoneros mientras se suman nuevos cargos políticos y el intendente cobra 163 mil pesos por su trabajo”.
“No hay casualidad en estos números. Se trata de una política deliberada que merece una respuesta inmediata desde nuestro lugar de clase trabajadora”.
El otro relato
El argumento central desde los distintos estamentos gubernamentales es que las personas despedidas “no trabajan”, “son militantes” o simplemente “ñoquis”.
En este sentido, la organización sostuvo que “no defiende a quien cobra sin trabajar ni el clientelismo de última hora para realizar nombramientos, pero sí decimos rotundamente que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el Estado tiene que ver con la atención de derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la previsión y la seguridad social, la vivienda, las jubilaciones etc. Los trabajos de hombres y mujeres en el Estado son socialmente necesarios en tanto están dirigidos a la atención de esos derechos y necesidades”.
En consecuencia rechazan “por mentiroso y manipulador el intento de construir un sentido común que asocia a todo trabajador/a estatal con un vago o un ñoqui” y sostienen también “que la oleada de despidos está siendo facilitada por algo que nuestra CTA vino denunciando como política de las patronales, que el gobierno anterior convalidó: la gran extensión de la precarización laboral tanto en el trabajo público como en el privado. El ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad de todos quienes trabajan bajo las distintas formas de la precarización”.
Continuando con el análisis, la central sostiene que “con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los despidos masivos” que enumeraron de la siguiente forma:
- “ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el empleo”;
- “disciplinar no solo a estatales sino al movimiento obrero en su conjunto en el período previo a las paritarias. Cuando el ministro Prat Gay ha dicho como mensaje a los sindicatos ‘fíjense hasta que punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo’ cierra toda la ecuación: el imperativo es aceptar la baja de salarios o ponerse bajo riesgo de perder el trabajo”;
- “una forma de proclamar lo que son intereses propios (los de quienes ganan fortunas con remarcaciones y devaluaciones y otras yerbas) como si fueran intereses colectivos. Dicho de otra manera: de intentar disfrazar como de interés colectivo (de todos los trabajadores) lo que es interés específico de una minoría de grandes empresas que solo piensan en incrementar su tasa de ganancia”.
Respuesta de lxs trabajadorxs
La CTA señala “la necesidad de esclarecer los verdaderos objetivos de esta escalada de despidos y remarcaciones de precios a los que se acompaña con represión como ocurrió en La Plata, en Neuquén y antes en Cresta Roja. Y de organizarnos desde cada lugar de trabajo para resistir este avance sobre nuestros derechos. El segundo paso necesariamente será unir los reclamos y darle una expresión unificada, porque los de arriba apuestan a dividirnos. Saben que la fragmentación impide luchar con la fuerza necesaria para frenar el ajuste y cuentan para ello lamentablemente con la ayuda de buena parte de quienes deberían representar los intereses de los trabajadores y están encaramados y atornillados a los cargos sindicales”.
Finalmente, reclamaron “ningún trabajador/a despedido, la reincorporación inmediata de todos/as los que trabajan, la inmediata convocatoria a paritarias libres, rechazo al al chantaje para no otorgar los aumentos salariales que correspondan, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el aumento de emergencia a los jubilados y la no a la criminalización de la protesta”.
(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.
No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.
El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.
Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.
Empleo o salarios
Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.
En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.
La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.
Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.
El Estado en debate
Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.
La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.
Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.
Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.
Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.
Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.
Cuestión de poder
Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.
El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.
Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.
Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.
La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.
¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.
No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.
Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.
(Por Alfredo Grande) Señor presidente de la República Argentina
Ingeniero Mauricio Macri.
Por diferentes medios, que no puedo confirmar en forma fehaciente, encontré la mención de su deseo de restituir el cuadro de Jorge Rafael Videla en la galería de los presidentes de la Argentina. Alarmado por tal circunstancia, verifiqué que en la página web de la Casa Rosada figuran militares condenados por delitos de lesa humanidad como “presidentes de facto”. Ignoro y no me condeno por ello, quiénes lo asesoraron en este sentido.
Sugiero que los cambie inmediatamente, porque comprometen muy tempranamente su gestión republicana como presidente de jure. O sea: de derecho. “Presidente de Facto” es un neologismo, apto para la poesía, la política ficción, el realismo mágico o como me agrada decir, el alucinatorio política y social. Denominar presidente de facto a los militares genocidas es igual que denominar marido de facto a un violador. O dueño de facto a un ladrón.
No sigo porque temo que me roben las ideas. Para concretar, ya que su tiempo es de oro aunque hace tiempo que el mío es de lata. Si es Presidente no hay “facto”. Y si hay “facto” no hay Presidente. El hecho consumado rompe la necesaria continuidad entre legitimidad y legalidad. Sin esa fundante condición, lo legítimo puede ser ilegal y por cierto algo quizá más grave, lo ilegítimo puede ser legal. Mal presagio para cualquier Presidente de Derecho, especialmente en su caso que ha propuesto y triunfado en su propuesta de “Cambiemos”. Debo reconocer, con la humildad que no me caracteriza pero que ante su investidura no puedo menos que asumir el remanente que aún queda, que no lo voté ni en primera vuelta ni en balotaje porque no supo entender qué iba a cambiar y en qué dirección.
Lamento participarle de un recuerdo personal, pero que no he podido elaborar en mis 15 años de terapia psicoanalítica. Mi primera esposa, que no era mi primera mujer pero no quiero desviar el tema, mi primera esposa una mañana me dijo: “cambiemos”. Y tuvo relaciones sexuales con el portero. En esa época no eran encargados de edificio y mucho menos disfrutaban de una corporación con más poder que los propietarios, pero también es otro tema. El “cambiemos” me quedó marcado especialmente en mi frente. Pero si el cambiemos incluye una galería de presidentes donde incluye a asesinos seriales, ladrones, torturadores, es decir, mayoristas del crimen organizado, en ese cambiemos no puedo ni quiero acompañarlo. En otros “cambiemos” quizá tampoco, pero eso es otro tema.
Para colmo de males, aunque siempre me preocupó que nadie diga “para colmo de bienes”, aunque eso es otro tema, el rabino Bergman dijo, palabras más, palabras menos que:
“En una reciente entrevista con el portal Pura Ciudad, Bergman sostuvo que, en caso de ser presidente de la Nación “Mauricio no hubiera descolgado el cuadro. Me parece que una cosa es de ese tenor y otra institucional. Estoy de acuerdo en descolgarlo pero dentro de una decisión del tipo institucional. Honraría a las Fuerzas Armadas, que sean las propias Fuerzas Armadas las que tomen la decisión”, argumentó el diputado con respecto a los cuadros de los genocidas Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. (Diario Regstrado.7/1/2016)”.
“En el preámbulo de nuestra constitución
cuando arrasemos a la cultura represora
escribiremos que el pueblo delibera y gobierna
a pesar de sus representantes”
(Aforismo implicado A. G.)
Honrar a las Fuerzas Armadas que han hecho desaparecer a las fuerzas desarmadas de varias generaciones, no logra conmoverme. El informe del General Ratenbach recomendaba fusilar a los responsables militares de la Guerra (es un eufemismo, Usted comprenderá, quiero decir denominar Guerra a esa estrategia de perpetuarse en el poder a costa de la vida de conscriptos, pero también es otro tema) Por supuesto, no siguieron la conclusión del General Ratenbach. Lo lamento. El Código de Justicia Militar no contempla la obediencia debida.
Me lo enseñaron amigos militares del CEMIDA que recibieron atentados y expulsión de sus camaradas de armas por oponerse a la dictadura genocida. No fueron presidentes de facto sino asesinos con el agravante de ocupar el Estado Nacional transformando a las Fuerzas Armadas en una asociación ilícita y criminal. Siempre pensé que descolgar el cuadro de Videla no hacía olvidar que el ex Presidente Néstor Kirchner nada hizo para enfrentar el genocidio. Pero tantos otros y otras tampoco, que al menos tardíamente ese gesto aunque marcaba una reparación imposible, algún confort republicano traía. Recuerdo la moraleja de una fábula que mi padre me contaba: “si el bueno critica, es malo. Si el malo aplaude, es peor”.
Su medida de volver a colgar los cuadros, y mucho peor en la web que tiene mucho más sencillo acceso que el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada, en caso de ser aplaudida, será por los malos. Y si Usted se queda atrapado en ese aplauso, el “cambiemos” será en el mejor de los casos, gatopardismo liso y llano, tan bien descrito por Lampedusa. Y en el peor, una estafa cultural y política. No habrá cajas que pueden ser de Pandora. La Casa Rosada no tolera mezclar Presidentes con Asesinos. Por supuesto que algunos presidentes de derecho han asesinado. Y no poco. Pero eso es como ya dije, otro tema. Importante. Pero otro.
Como ciudadano no puedo tolerar que se ignore la memoria de los que lucharon entre otras cosas, para que Usted pueda ser presidente de una república democrática. No se puede servir a dos amos. Ni a tres. Poco he leído el evangelio, pero ese poco lo he leído bien. Su amo es el pueblo, incluso el que no lo votó.
Le acerco una idea que puede ayudarlo. No quiero ser amarrete porque lo que está en juego es demasiado importante. Puede dar prueba fehaciente de su convicción republicana que no puede disociarse de la constitución nacional. Dice el artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.
Imagínese el grado de infamia que sería que sea el propio Ejecutivo Nacional el que se concede a sí mismo esas prerrogativas. Eso se llama Golpe de Estado, donde el Estado es golpeado, molido a patadas, descuartizado, por una asociación ilícita de los delincuentes más peligrosos que en la historia hubo. Se autodenominó Junta Militar. Le acerco la idea: inaugure invitando a personalidades de la cultura, la política, el arte, incluso puede invitarme, a inaugurar El Salón de los Infames Traidores a la Patria. Eso anula lo de presidentes de facto, letal neologismo. Además, es más inclusivo porque han traicionado a la Patria muchos que no fueron Presidentes. Pero si brazos ejecutores. Por ejemplo: estatizar deuda privada. Pero eso es otro tema.
Lamento haber utilizado su tiempo que es oro. Y le escribo porque aunque no crea ser patriota, seguro estoy de no ser un infame que desde cualquier Poder, decide traicionarla.
Le deseo lo mejor para nuestra Patria.
(Por Laura Garcìa Vazquez) Vivimos en un mundo dónde las relaciones entre los países, entre las naciones, no son democráticas ni justas, ni de colaboración, ni de solidaridad. Por el contrario, y aún en esta época de globalización o multipolaridad hay países dominantes y países dominados. Es más, el neocolonalismo convive con el colonialismo, y hay opiniones diferentes sobre lo que diferenciaría estos conceptos. La evolución de las formas de producir de las empresas transnacionales tiene sus propias fronteras que pasan por encima de los límites de los países, de las naciones. En este orden injusto es importante señalar que la dominación cultural no es algo menor sino que es indispensable a la hora de mantener hegemonía. La tarea de descolonializar es permanente para quienes tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación institucional ya que todo está pensado desde la cultura dominante y tener una visión por fuera de estos conceptos grabados a fuego es un ejercicio dificilísimo y que hay que mantener constantemente. Hay que “dar lugar” tanto a aclarar cuando nos referimos a la “cultura occidental y cristiana” para no tomarla como “universal” como a incorporar pensamientos construidos desde nuestra identidad latinoamericana.
Por otro lado el termino nacionalismo ha sido tergiversado innumerables veces a lo largo de nuestra historia al servicio de la dominación, y se ha contrapuesto a lo universal señalando esto como lo más humanizado y deseable. Ni hablar del término Patria, que ha sido vapuleado innumerables veces. La reformulación de la dependencia de nuestra nación argentina ha sufrido un sinnúmero de manejos de este tipo, por citar uno, el del genocidio cometido por la dictadura cívico militar que decía incansablemente “la subversión apátrida” al referirse a los militantes que perseguía y desaparecía, mientras hizo crecer nuestra deuda externa y por lo tanto aumentar nuestro grado de dependencia. También es bueno recordar que en la larga historia de la Deuda Externa, desde el empréstito Baring Brothers en 1824 fue recién en el primer gobierno de Juan Perón donde esa deuda fue inexistente, es decir, pagada pero sin volver a endeudarnos (que es lo que los dominadores siempre quieren) y por lo tanto, nuestra nación más independiente.
Por todo esto, creemos que hay que defender las naciones desde un nacionalismo que busque la emancipación en todos los aspectos así como también la integración de latinoamérica como hermanos que somos y tenemos una historia común, y por supuesto, esto no excluye, al contrario, necesita de los pueblos originarios y un nuevo orden plurinacional en cada nación. Así fueron las batallas emancipatorias en nuestra región y eso deberíamos retomar las veces que sea necesario.
Valga una aclaración más, para contextualizar desde dónde hablamos, antes de pasar a las dos citas que consideramos importantes a la hora de preguntarnos qué significa la designación de Alberto Manguel como nuevo director de la Biblioteca Nacional invitando a que esto sea pensado por cada uno. Por un lado preguntarnos qué tan nacionalista fue la cultura oficial argentina en los últimos años que no impidió el saqueo de nuestros bienes mediante la acción de empresas transnacionales que utilizan prácticas extractivas peligrosas y contaminantes, y por otro si la “tradición de la cultura occidental”, que según Martín Caparrós recuperaríamos con la designación de Manguel no significa reformular, una vez más, la dependencia.
Invitamos a pensar cómo sería una cultura al servicio de la emancipación, nacional, social y latinoamericana. Cómo descolonializamos.
“Tras una década en que el nacionalismo dominó la cultura oficial argentina, en que la Biblioteca se transformó en el centro de la cultura política oficialista, el nombramiento de Manguel, un hombre que casi no ha vivido allí, que es más conocido fuera de su país que en él, que siempre escribió sobre temas universales, recupera la tradición borgiana que pretende que lo argentino no consiste en limitarse a lo supuestamente propio sino en abrazar como propio todo lo que el mundo puede dar. “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición”, dijo, aquella tarde, Borges.”
Martín Caparrós
“Es cierto, de hecho, que las dinámicas globales no producen igualdad universal, ni uniformidad que no sea superficial, ni mucho menos unidad del mundo. Lo que se afirma en la globalización es, según los casos y los puntos de vista, un universalismo mínimo e insignificante en cuyo interior se reproducen conflictos de todo tipo, o, al contrario, una hegemonía de la parte occidental del mundo sobre las otras. Y es también cierto que esas dinámicas quitan de en medio la centralidad política de lo común políticamente construido y espacialmente delimitado, es decir, del moderno estado nacional democrático. Es cierto por lo tanto que la relación entre particular y universal, entre lleno y vacío, está -en sus formas tradicionales- de hecho ausente. y que así como la verdad política de la globalización es más el conflicto caótico que la paz, y que su verdad ecológica es más el dominio destructivo del planeta que su salvaguardia, así también su verdad desde el punto de vista de la idea de humanidad es más la fragmentación y la desigualdad del poder, de la riqueza, del saber, que una sensata, articulada y fraterna unidad del género humano.”
Carlo Galli, La Humanidad multicultural
Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.
El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.
Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.
FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.
“Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.
El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.
La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.
La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.
“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.
El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.
“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.
Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.
“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.
Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.
Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.
“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.
“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.
Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.
Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.
(Por Helen Turpaud Barnes) El resultado de las últimas elecciones conlleva múltiples aspectos que ya a poco de haber asumido el nuevo gobierno se han vuelto totalmente evidentes (además de que eran esperables): medidas económicas que afianzan la brecha entre la clase trabajadora y quienes más poder adquisitivo tienen, represión en las calles, el planteo de una descarada dependencia de organismos financieros internacionales, etc.
Estas características benefician ampliamente a sectores de poder, y responden a presiones y lobbies propios de quienes tienen injerencia en las decisiones de los gobiernos. Pero la arremetida represiva que toma el gobierno de Mauricio Macri responde no solo a intereses materiales, sino a las ansias generadas a partir de ciertas representaciones sociales sobre el lugar que deben ocupar los sujetos. Buena parte del electorado de Macri, y también sus propios/as candidatos/as manifestaban su disconformidad con que ciertos sectores accedieran a beneficios sociales: la atención médica y la educación gratuitas, la provisión de insumos para atender la salud reproductiva y sexual de inmigrantes o personas pobres, etc., son vistas como una desmesura que ha de “corregirse” con medidas económicas de austeridad (para quienes ya sabemos); los subsidios y la AUH es “mantener vagos/as” que deberían estar trabajando; el reconocimiento de derechos fundamentales para las personas trans o para las personas lesbianas y gays generarían “confusión” en la sensibilidad de la población, sobre todo para la juventud y la niñez a quien todavía hay gente que dice que es “difícil” explicarle la mera existencia de sujetos de sexualidades disidentes (como si la legitimidad de estas existencias dependiera de la posibilidad didáctica de ser “explicada a los niños y niñas” y no de un derecho humano básico). Más allá de que se puede plantear que hay buena cantidad de políticas que los gobiernos kirchneristas no llevaron adelante (como las deudas en materia de legalización del aborto, como impedir que se aprobara algo como la Ley Antiterrorista, etc.), una buena cantidad de la población y los medios de comunicación de derecha percibían que muchos sujetos estaban ocupando un lugar “indebido” y excesivo en la sociedad: inmigrantes, trabajadores/as, jóvenes, empleadas/os domésticas/os, personas trans, mujeres, etc.
En esta coyuntura, no faltaron quienes impugnaban el lugar de la presidenta Cristina Fernández con comentarios machistas y acusaciones que no se harían para con un mandatario varón. A lo largo de estos años se ha escuchado que la presidenta era tachada de “demasiado vehemente”, “autoritaria”, “de gestos muy duros para una mujer”, etc. Más allá de las críticas a las políticas del kirchnerismo, había una acendrada aversión a la propia figura de la presidenta Fernández. Y podríamos condensar esta crítica en la nota “Cristina, lejos de los atributos femeninos”, aparecida el día 14 de diciembre de 2015 en Perfil y firmada por Mariana Arias. Según esta nota, que recoge muchas opiniones bastante comunes en la sociedad argentina actual, Fernández habría carecido de la “sensibilidad” y del “amor” que aparentemente sería propio de las mujeres, y esto habría redundado en políticas erradas con cierta parte de la población. Fernández, dice Arias, tendría que haber echado mano de características más “femeninas” (de las cuales carecería la presidenta) para poder dar lugar a muchos reclamos de la sociedad. Es decir, las “fallas” de las políticas de Fernández responderían a una “deficiencia” personal propia de su “condición de mujer”, y, en este caso, más aún, a una falla doble: por ser mujer y por NO ser mujer a la vez.
No mejor papel que las críticas machistas opositoras hicieron algunas de las figuras que pretendieron “defender” la figura de Fernández. El lunes 1° de octubre de 2012 en Infobae, el filósofo José Pablo Feinmann intentó hacer una lectura de las razones por las cuales algunas personas en la sociedad “odiaban” a la presidenta. Curiosamente, la crítica de Feinmann se centraba en el supuesto “odio” de otras mujeres hacia la primera mandataria, y no de los hombres. Según el mentado pensador, las mujeres que odiaban a la presidenta lo hacían por “envidia”, porque no podían ser como ella, no eran tan “inteligentes” ni tan “lindas”. Contraponía su embelesamiento por la belleza de Fernández (comparable para él a la de Marilyn Monroe) a la supuesta “masculinidad” de Angela Merkel. Incluso señaló que Fernández tenía la posibilidad de aparecer como figura de una tapa erótica en una revista, pero otras mujeres no (ni las opositoras ni Merkel), porque –explica didáctico y simplista Feinmann-, “hay mujeres que no son mujeres, son políticas”. Es decir, al menos según la filosofía machista vernácula, mujeres y política tienen una distancia que hay que saber respetar so pena de perder la condición de “deseable” (huelga decir que aquí hay una gran confusión entre ser “deseable” y “linda” y ser objeto de tapas de revista degradantes y agresivas). Feinmann prefiere una mujer “deseable” que una mujer “política”. Nada dice el filósofo del probable escozor de una sociedad machista donde las masculinidades hegemónicas se ven amenazadas y resentidas por la figura de una mujer con poder.
En ambos casos, tanto el de Arias como el de Feinmann, la lectura sobre la figura de una mujer en el poder no puede desprenderse de sus consideraciones sobre el género de quien están haciendo objeto de su análisis. No vemos el mismo tipo de análisis hecho sobre los hombres en el poder. En definitiva, tanto para parte de la oposición al kirchnerismo como para cierto sector que era su oficialismo, la feminidad de una mandataria se hace objeto de disputa, material en discusión, condición negativa y positiva a la vez. Todo este análisis al cual vemos sometidas a las mujeres constituye un modo más de opresión no para un sujeto en particular (en el caso de la ex presidenta) sino en tanto reproducción de estereotipos que las mujeres y sujetos feminizados deben atravesar al hacer suyos reclamos de espacio y poder en la sociedad.
Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.
En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.
Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.
En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.
Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.
En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.
Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.
Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.
Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.
La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.
Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.
Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.
Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.
Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.
Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.
Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.
Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.
Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.
Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.
En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.
“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.
Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.
La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Miguel de Godoy, anunció la eliminación de este organismo y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Asimismo anunció la propuesta de un debate en el Congreso para una nueva ley que regule la comunicación.
Luego de una introducción en donde habló de una “guerra contra los periodistas” llevada a cabo por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, destacó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 fue motivada por una “visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinaba era alguien que debía ser combatido, marginado, perseguido por el Estado”. Agregó además, que es una “ley vieja, concebida en una visión de la comunicación del siglo XX”.
Posteriormente, habló de la AFSCA, refiriéndose al organismo como una herramienta kirchnerista para imponer su pensamiento y controlar a los medios, a la vez que lo criticó porque “la mayoría de los objetivos de la ley no fueron llevados adelante”. Consideró también que la ley de telecomunicaciones (regulada por la AFTIC) tiene un espíritu controlador.
Retomando los tres objetivos que el Gobierno nacional viene planteando en su discurso, hizo referencia al de la “unión de los argentinos” para enmarcar el anuncio del DNU que saldrá en el Boletín Oficial el día 31 de diciembre de 2015.
“Hoy estamos firmando un DNU que tiene tres líneas principales: creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel de Godoy, que absorberá al AFSCA y el AFTIC, que desaparecen a partir de mañana”, afirmó. El segundo punto del decreto, según el funcionario, será que “se van a sacar los cepos a la industria para la necesidad de inversiones”. Por último, anunció la creación de una comisión bicameral del Congreso “con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes: la ley de medios y la ley de telecomunicaciones”.
Cuando el funcionario fue consultado sobre los objetivos de la nueva ley que pretenden proponer, haciéndose referencia al espíritu desconcentrador de la ley 26.522, respondió: “La desconcentración no tiene que ser el interés central; el objetivo tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura, y al mismo tiempo la inversión y la mejora de servicios. Es una visión distinta. El discurso de la desconcentración era un eufemismo para un disciplinamiento”.
Agregó además que “hay que sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación. No es tan determinante al final del día si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. La realidad es la realidad”.
Finalmente, le consultaron si tendría en cuenta medidas concretas respecto de los medios más chicos, a lo que aseguró que eso “es parte de la política del Estado, es parte de la ley de medios, ya lo hemos hecho en la Ciudad”.
Con respecto a este punto, el ministro Aguad aseguró: “Vamos a ayudar a los medios más chicos, a los que tienen dificultad para expresarse. También para conectarlos a Internet. Los recursos de la AFTIC, en alguna medida, van a ser utilizados para eso. Queremos que todas las voces se puedan escuchar y que todos los ciudadanos tengan el derecho a escuchar las voces que se quieren pronunciar”.
Para cerrar, resaltaron la importancia de las redes sociales y de las nuevas maneras de comunicar, y anunciaron que habrá dos años para la convergencia, “para que todos los actores puedan hacer todo, y romper con los compartimentos estancos”.
Fuente: Notas.org
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal José Nebbia y revocó la resolución de primera instancia que denegaba el llamado a indagatoria al ex juez provincial Francisco Bentivegna, imputado por crímenes de lesa humanidad.
En su momento, los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Nebbia y Miguel Palazzani, habían imputado penalmente a Bentivegna, “en su actuación como juez provincial a cargo del Juzgado en lo Penal Nº2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, una omisión de actuación funcional (incumplimiento del deber de investigar, de proteger a la víctima y de reprimir a los responsables); y la actividad lesiva a la que aquellos comportamientos estaban conectados (secuestros, torturas, violencia sexual, ultimaciones, desapariciones, etc.).
Allí, señalaron que “garantizando indebidamente una no interferencia y evitación por parte de la justicia–… [el encartado] permiti[ó] la continuidad … [del] curso del plan delictivo (secuestro, torturas, abusos sexuales, ultimación), y … asegur[ó] la impunidad de los demás responsables”.
Tras la imputación, solicitaron que el acusado sea llamado a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, la jueza federal de primera instancia se negó al pedido, “con base en que la evidencia aportada si bien permitía afirmar objetivamente la omisión del encartado de investigar los hechos denunciados (incumplimiento a sus deberes de funcionario público) era insuficiente para vincular dicho accionar con los comportamientos constitutivos de crímenes de lesa humanidad endilgados”, se detalla en la resolución de la Cámara.
Sin embargo, en el voto del magistrado de la Cámara Federal Jorge Ferro, al que adhirió la mayoría del tribunal, se señaló que “la declaración indagatoria es la primigenia oportunidad que tiene el imputado para que se lo escuche en el proceso, deviniendo, en esta inteligencia, la realización del acto que la dispone esencial para el desarrollo del proceso respecto de determinada persona, aunque el compareciente llegado el caso se niegue a declarar. En tal sentido, constituye el primer acto de defensa, voluntaria y personal en orden a las imputaciones que se le dirigen”.
Luego, precisó que “la calidad de imputado se adquiere desde el momento en que una persona es sindicada como autor o partícipe de un delito, momento a partir del cual se ponen en movimiento las garantías constitucionales”. Por esto, el juez Ferro destacó que, “una vez cumplido con el acto procesal de defensa material [en referencia a la declaración indagatoria], el juzgador tendrá la oportunidad de valorar la prueba obrante en contra del imputado […] y podrá adoptar una decisión de mérito sobre su situación procesal, o declarar la falta de mérito para procesar o sobreseer al encartado”.
Asimismo, especificó que el llamado a indagatoria, en primer término, “si bien es un acto privativo del juez –salvo las contadas excepciones que establece la norma procedimental–, en resguardo de la división tripartita del proceso penal, no podría oponerse a la petición de escuchar en indagatoria al sindicado, máxime cuando la instrucción se encuentra en cabeza del acusador público”. En segundo término, indicó que cuando el código procesal penal señala “motivo bastante” para llamar a indagatoria, “es sabido que no se requiere semiplena prueba, sino que constituye un presupuesto subjetivo del juzgador como para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, lo que no implica darle a la norma un alcance mayor ni asimilarla a las exigencias o motivos –elementos suficientes que prevé el artículo 306 para dictar el procesamiento del imputado”.
A continuación, aclaró que lo anterior “significa que existen elementos de juicio para valorar que él habría participado, de alguna manera, en el delito que se le enrostra hasta el momento y asimismo esa indagatoria, como medio de defensa que es, sirve para posibilitar su descargo material y al mismo tiempo, escuchar al indagado con la ventaja que está amparado con todas las garantías legales establecidas para esa declaración y además para investigar con los datos que pueda aportar”.
“Todo ello -concluyó el magistrado de la Cámara Federal- debe ser conjugado, al menos en el presente caso, sin perder de vista la particularidad de los delitos investigados –lesa humanidad– y que la investigación se encuentra a cargo” del Ministerio Público Fiscal.
Fuente: fiscales.gob.ar
(Por Alfredo Grande) Vicente Zito Lema reivindica el derecho al delirio. Hago propio ese derecho. Una de las marcas del delirio es crear sus propias palabras. Jerganofasia recibe esa habilidad desde la óptica de la psiquiatría. Neologismo sea quizá una denominación más piadosa. Inventar palabras suele tener un efecto chistoso y el chiste tiene la estructura de un delirio. Si uno tiene la prudencia de aclarar que “es un chiste” puede decir casi cualquier cosa con casi cualquier consecuencia.
Yo inventé la palabra “ternurador”. El envés del “torturador”. La tortura y la ternura las pienso como los extremos límite de una cultura represora y una cultura no represora. La tortura es una máquina pensada, y a veces sentida, para hacer sufrir. Implementa la crueldad, que es la planificación sistemática del sufrimiento. La violencia está relacionada con la autoconservación de la vida desde el nacimiento. La palabra “violencia” tiene muy mala prensa, especialmente para los que sostienen la crueldad. La violencia es la partera de la historia, como señalara Marx. La crueldad es el aborto de la historia. Masacres, exterminios, asesinatos, todos planificados, y todos camuflados para que siempre parezca un accidente.
“La inmortalidad no es
un privilegio de los dioses.
Es un derecho de los luchadores.”
(Aforismo implicado A. G.)
Si la violencia sostiene la autoconservación de la vida, la crueldad garantiza la autoconservación de las jerarquías. Y su consecuencia: perpetuar privilegios. Muy tempranamente, cuando la sociedad se organizó con castas dominantes y clases dominadas, la crueldad fue necesaria para prolongar esa injusta división política y social. El terror, como lo enseñara León Rozitchner, es el organizador de las subjetividades sometidas. Terror con y sin nombre. Y agrego yo, los amores que matan hacen su letal aporte para la continuidad del terror con otro nombre. Esos amores matan porque en la cultura represora se adoctrina para amar y honrar a los verdugos. Nada de esto es natural. Pero sí podemos llamarla naturaleza cultural o segunda naturaleza. En la cultura represora el mal dura más de 100 años porque a los 99 el conteo empieza nuevamente.
Con cinismo, decretan que siempre que llovió paró. Pero volvió a llover y las inundaciones no son catástrofes naturales. Son masacres líquidas de personas, historias, memorias, recuerdos y de vidas y sueños construidos en generaciones. La crueldad recibe muchos nombres y todos bendecidos por la mortal moral de los torturados. Costo social del ajuste, honrar la deuda, impuestos al consumo, mínimo no vital y casi siempre inmóvil, no distribución de la riqueza pero permanente distribución de la pobreza.
Los verdugos ya no usan capucha. Los encapuchados son las víctimas. Por varios ensuciados de cerebro, que algunos se empeñan en denominar “lavado”. Y sabemos que aquello que los populismos / progresismos no resuelven del todo, las derechas lo terminan de empeorar del todo. Por eso la tortura es la constante de ajuste de la cultura represora. El antídoto más poderoso es la ternura, como antídoto para las víctimas y no como anestésico para los victimarios. Ternurando a las y los compañerxs, a los pobres de la tierra como cantara José Martí, a los que no tienen voz, ni tienen miradas alegres, ni suaves caricias. Ternurando fue la fiesta del 23 de diciembre en la Fundación Pelota de Trapo.
Varias decenas de niñas y niños, familias enteras, asistentes de la Casa del Niño y del Hogar, recibieron de los ternuradores caricias y abrazos en la forma de sonrisas, regalos, música, fuegos artificiales, comida nada artificial sino artesanal. Y para recibirnos, el entrañable Carlitos abrazando al Pibe, en una casita de juguete para grandes y chicos. La ternura en envase grande nos acarició toda la noche mientras disfrutábamos de la Agenda 2016 de Pelota de Trapo, diseñada por la Agencia de Noticias y que imprimió Manchita.
“La grieta es la forma encubridora y falsa
de ocultar la lucha de clases”
(Aforismo implicado A.G.)
No podremos vencer con ternura, si no luchamos con ternura. El sectarismo, el mesianismo, el iluminismo, el despotismo ilustrado y muchas veces poco ilustrado, son máquinas para torturar militantes en las propias organizaciones que luchan contra la cultura represora. La dimensión industrial de la política, eso que algunos llaman Estado, no permite que la ternura se asome. El “tierno” es blandito, débil, romántico, inmaduro, medio bobeta, infantil, poco viril, incluso afeminado. Los rambo que supimos conseguir cultivan la yerba mala de la tortura sistemática. Psíquica, social y corporal. Obviamente, los torturadores tienen rótulo para todo. Tortura psíquica: depresión, ataques de pánico, fobias. Tortura social: vínculos perversos, sociopatías extendidas, cordialidad en extinción, indiferencia absoluta. Tortura corporal: enfermedades autoinmunes, muerte súbita, corazones de trapo, cáncer fulminante, adicciones. Los torturadores nunca aceptarán que se dedican a torturar. Muchos lo denominan gestión.
Los ternuradores son los herbívoros en el Parque Jurásico. Pero colectivamente pueden enfrentar a cualquier predador. De eso se trata. De sostener colectivos de ternuradores porque es la única garantía no solamente de que otro mundo es posible, sino de algo aún más importante. Que ese otro mundo posible será un mundo deseable, donde sabremos endurecernos con el enemigo, pero no volveremos a perder la ternura con el compañero. Nunca Más. Y el Morla y el Che se abrazarán con ternura.
La Municipalidad infraccionó a la empresa Profertil por emisión de olores molestos y por no dar aviso del escape ocurrido el sábado 26 en su planta de urea. El evento fue advertido a las 18:20 por el detector de Amoníaco ubicado en el club náutico. Defensa Civil activó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas Nivel 1.
Según informó el Comité Técnico Ejecutivo, la presencia de dicho gas en el aire fue “en bajas concentraciones” aunque motivó la evacuación de quienes se encontraban en la pileta del Club Comercial. “La guardia del CTE se comunicó con la empresa Profertil la cual informó que estaban parando la planta de amoníaco”, aseguró el ingeniero César Pérez.
El titular del organismo de control agregó en un comunicado que “un guardia del CTE recorrió el sector del club náutico donde detectó la presencia de amoníaco en bajas concentraciones utilizando un medidor portátil por un corto período de tiempo” y que “la empresa informó que el problema se debió a una pérdida en un instrumento de planta y que la situación está controlada”.
La noche del sábado el municipio comunicó la infracción, la parada de la planta de urea de Profertil y que las mediciones que arrojaba el sistema de monitoreo constante eran “normales”.
El hecho repercutió este lunes en el Concejo Deliberante, donde la edila Paola Ariente (FpV) presentó una minuta de comunicación “considerando la preocupación que el mismo generó en las comunidades aledañas”. En la misma, se indaga sobre cuál es la conclusión respecto del escape, ante las manifestaciones fehacientes de muchos vecinos sobre la existencia de “olores extraños” que podrían denotar la existencia del algún escape de sustancias químicas, y si se pudo constatar esta situación a través del equipamiento tecnológico instalado para tal fin.
Asimismo, y ante la información que desde el Municipio se resolvió aplicar una sanción a la empresa por emisión de olores molestos y por el no aviso del evento mencionado, se requieren precisiones sobre si se podría aportar una fundamentación técnica sobre los datos que motivaron tal actuación, e informar el monto de dicha sanción y a qué se destinará dicho monto.
También se consulta sobre cuáles son los motivos que llevaron a decidir el desalojo de instalaciones deportivas cercanas a la planta siniestrada, y las acciones previstas desde el Municipio para evitar que incidentes similares puedan reiterarse.
