

Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Alfredo Grande) Señor presidente de la República Argentina
Ingeniero Mauricio Macri.
Por diferentes medios, que no puedo confirmar en forma fehaciente, encontré la mención de su deseo de restituir el cuadro de Jorge Rafael Videla en la galería de los presidentes de la Argentina. Alarmado por tal circunstancia, verifiqué que en la página web de la Casa Rosada figuran militares condenados por delitos de lesa humanidad como “presidentes de facto”. Ignoro y no me condeno por ello, quiénes lo asesoraron en este sentido.
Sugiero que los cambie inmediatamente, porque comprometen muy tempranamente su gestión republicana como presidente de jure. O sea: de derecho. “Presidente de Facto” es un neologismo, apto para la poesía, la política ficción, el realismo mágico o como me agrada decir, el alucinatorio política y social. Denominar presidente de facto a los militares genocidas es igual que denominar marido de facto a un violador. O dueño de facto a un ladrón.
No sigo porque temo que me roben las ideas. Para concretar, ya que su tiempo es de oro aunque hace tiempo que el mío es de lata. Si es Presidente no hay “facto”. Y si hay “facto” no hay Presidente. El hecho consumado rompe la necesaria continuidad entre legitimidad y legalidad. Sin esa fundante condición, lo legítimo puede ser ilegal y por cierto algo quizá más grave, lo ilegítimo puede ser legal. Mal presagio para cualquier Presidente de Derecho, especialmente en su caso que ha propuesto y triunfado en su propuesta de “Cambiemos”. Debo reconocer, con la humildad que no me caracteriza pero que ante su investidura no puedo menos que asumir el remanente que aún queda, que no lo voté ni en primera vuelta ni en balotaje porque no supo entender qué iba a cambiar y en qué dirección.
Lamento participarle de un recuerdo personal, pero que no he podido elaborar en mis 15 años de terapia psicoanalítica. Mi primera esposa, que no era mi primera mujer pero no quiero desviar el tema, mi primera esposa una mañana me dijo: “cambiemos”. Y tuvo relaciones sexuales con el portero. En esa época no eran encargados de edificio y mucho menos disfrutaban de una corporación con más poder que los propietarios, pero también es otro tema. El “cambiemos” me quedó marcado especialmente en mi frente. Pero si el cambiemos incluye una galería de presidentes donde incluye a asesinos seriales, ladrones, torturadores, es decir, mayoristas del crimen organizado, en ese cambiemos no puedo ni quiero acompañarlo. En otros “cambiemos” quizá tampoco, pero eso es otro tema.
Para colmo de males, aunque siempre me preocupó que nadie diga “para colmo de bienes”, aunque eso es otro tema, el rabino Bergman dijo, palabras más, palabras menos que:
“En una reciente entrevista con el portal Pura Ciudad, Bergman sostuvo que, en caso de ser presidente de la Nación “Mauricio no hubiera descolgado el cuadro. Me parece que una cosa es de ese tenor y otra institucional. Estoy de acuerdo en descolgarlo pero dentro de una decisión del tipo institucional. Honraría a las Fuerzas Armadas, que sean las propias Fuerzas Armadas las que tomen la decisión”, argumentó el diputado con respecto a los cuadros de los genocidas Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. (Diario Regstrado.7/1/2016)”.
“En el preámbulo de nuestra constitución
cuando arrasemos a la cultura represora
escribiremos que el pueblo delibera y gobierna
a pesar de sus representantes”
(Aforismo implicado A. G.)
Honrar a las Fuerzas Armadas que han hecho desaparecer a las fuerzas desarmadas de varias generaciones, no logra conmoverme. El informe del General Ratenbach recomendaba fusilar a los responsables militares de la Guerra (es un eufemismo, Usted comprenderá, quiero decir denominar Guerra a esa estrategia de perpetuarse en el poder a costa de la vida de conscriptos, pero también es otro tema) Por supuesto, no siguieron la conclusión del General Ratenbach. Lo lamento. El Código de Justicia Militar no contempla la obediencia debida.
Me lo enseñaron amigos militares del CEMIDA que recibieron atentados y expulsión de sus camaradas de armas por oponerse a la dictadura genocida. No fueron presidentes de facto sino asesinos con el agravante de ocupar el Estado Nacional transformando a las Fuerzas Armadas en una asociación ilícita y criminal. Siempre pensé que descolgar el cuadro de Videla no hacía olvidar que el ex Presidente Néstor Kirchner nada hizo para enfrentar el genocidio. Pero tantos otros y otras tampoco, que al menos tardíamente ese gesto aunque marcaba una reparación imposible, algún confort republicano traía. Recuerdo la moraleja de una fábula que mi padre me contaba: “si el bueno critica, es malo. Si el malo aplaude, es peor”.
Su medida de volver a colgar los cuadros, y mucho peor en la web que tiene mucho más sencillo acceso que el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada, en caso de ser aplaudida, será por los malos. Y si Usted se queda atrapado en ese aplauso, el “cambiemos” será en el mejor de los casos, gatopardismo liso y llano, tan bien descrito por Lampedusa. Y en el peor, una estafa cultural y política. No habrá cajas que pueden ser de Pandora. La Casa Rosada no tolera mezclar Presidentes con Asesinos. Por supuesto que algunos presidentes de derecho han asesinado. Y no poco. Pero eso es como ya dije, otro tema. Importante. Pero otro.
Como ciudadano no puedo tolerar que se ignore la memoria de los que lucharon entre otras cosas, para que Usted pueda ser presidente de una república democrática. No se puede servir a dos amos. Ni a tres. Poco he leído el evangelio, pero ese poco lo he leído bien. Su amo es el pueblo, incluso el que no lo votó.
Le acerco una idea que puede ayudarlo. No quiero ser amarrete porque lo que está en juego es demasiado importante. Puede dar prueba fehaciente de su convicción republicana que no puede disociarse de la constitución nacional. Dice el artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.
Imagínese el grado de infamia que sería que sea el propio Ejecutivo Nacional el que se concede a sí mismo esas prerrogativas. Eso se llama Golpe de Estado, donde el Estado es golpeado, molido a patadas, descuartizado, por una asociación ilícita de los delincuentes más peligrosos que en la historia hubo. Se autodenominó Junta Militar. Le acerco la idea: inaugure invitando a personalidades de la cultura, la política, el arte, incluso puede invitarme, a inaugurar El Salón de los Infames Traidores a la Patria. Eso anula lo de presidentes de facto, letal neologismo. Además, es más inclusivo porque han traicionado a la Patria muchos que no fueron Presidentes. Pero si brazos ejecutores. Por ejemplo: estatizar deuda privada. Pero eso es otro tema.
Lamento haber utilizado su tiempo que es oro. Y le escribo porque aunque no crea ser patriota, seguro estoy de no ser un infame que desde cualquier Poder, decide traicionarla.
Le deseo lo mejor para nuestra Patria.
(Por Laura Garcìa Vazquez) Vivimos en un mundo dónde las relaciones entre los países, entre las naciones, no son democráticas ni justas, ni de colaboración, ni de solidaridad. Por el contrario, y aún en esta época de globalización o multipolaridad hay países dominantes y países dominados. Es más, el neocolonalismo convive con el colonialismo, y hay opiniones diferentes sobre lo que diferenciaría estos conceptos. La evolución de las formas de producir de las empresas transnacionales tiene sus propias fronteras que pasan por encima de los límites de los países, de las naciones. En este orden injusto es importante señalar que la dominación cultural no es algo menor sino que es indispensable a la hora de mantener hegemonía. La tarea de descolonializar es permanente para quienes tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación institucional ya que todo está pensado desde la cultura dominante y tener una visión por fuera de estos conceptos grabados a fuego es un ejercicio dificilísimo y que hay que mantener constantemente. Hay que “dar lugar” tanto a aclarar cuando nos referimos a la “cultura occidental y cristiana” para no tomarla como “universal” como a incorporar pensamientos construidos desde nuestra identidad latinoamericana.
Por otro lado el termino nacionalismo ha sido tergiversado innumerables veces a lo largo de nuestra historia al servicio de la dominación, y se ha contrapuesto a lo universal señalando esto como lo más humanizado y deseable. Ni hablar del término Patria, que ha sido vapuleado innumerables veces. La reformulación de la dependencia de nuestra nación argentina ha sufrido un sinnúmero de manejos de este tipo, por citar uno, el del genocidio cometido por la dictadura cívico militar que decía incansablemente “la subversión apátrida” al referirse a los militantes que perseguía y desaparecía, mientras hizo crecer nuestra deuda externa y por lo tanto aumentar nuestro grado de dependencia. También es bueno recordar que en la larga historia de la Deuda Externa, desde el empréstito Baring Brothers en 1824 fue recién en el primer gobierno de Juan Perón donde esa deuda fue inexistente, es decir, pagada pero sin volver a endeudarnos (que es lo que los dominadores siempre quieren) y por lo tanto, nuestra nación más independiente.
Por todo esto, creemos que hay que defender las naciones desde un nacionalismo que busque la emancipación en todos los aspectos así como también la integración de latinoamérica como hermanos que somos y tenemos una historia común, y por supuesto, esto no excluye, al contrario, necesita de los pueblos originarios y un nuevo orden plurinacional en cada nación. Así fueron las batallas emancipatorias en nuestra región y eso deberíamos retomar las veces que sea necesario.
Valga una aclaración más, para contextualizar desde dónde hablamos, antes de pasar a las dos citas que consideramos importantes a la hora de preguntarnos qué significa la designación de Alberto Manguel como nuevo director de la Biblioteca Nacional invitando a que esto sea pensado por cada uno. Por un lado preguntarnos qué tan nacionalista fue la cultura oficial argentina en los últimos años que no impidió el saqueo de nuestros bienes mediante la acción de empresas transnacionales que utilizan prácticas extractivas peligrosas y contaminantes, y por otro si la “tradición de la cultura occidental”, que según Martín Caparrós recuperaríamos con la designación de Manguel no significa reformular, una vez más, la dependencia.
Invitamos a pensar cómo sería una cultura al servicio de la emancipación, nacional, social y latinoamericana. Cómo descolonializamos.
“Tras una década en que el nacionalismo dominó la cultura oficial argentina, en que la Biblioteca se transformó en el centro de la cultura política oficialista, el nombramiento de Manguel, un hombre que casi no ha vivido allí, que es más conocido fuera de su país que en él, que siempre escribió sobre temas universales, recupera la tradición borgiana que pretende que lo argentino no consiste en limitarse a lo supuestamente propio sino en abrazar como propio todo lo que el mundo puede dar. “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición”, dijo, aquella tarde, Borges.”
Martín Caparrós
“Es cierto, de hecho, que las dinámicas globales no producen igualdad universal, ni uniformidad que no sea superficial, ni mucho menos unidad del mundo. Lo que se afirma en la globalización es, según los casos y los puntos de vista, un universalismo mínimo e insignificante en cuyo interior se reproducen conflictos de todo tipo, o, al contrario, una hegemonía de la parte occidental del mundo sobre las otras. Y es también cierto que esas dinámicas quitan de en medio la centralidad política de lo común políticamente construido y espacialmente delimitado, es decir, del moderno estado nacional democrático. Es cierto por lo tanto que la relación entre particular y universal, entre lleno y vacío, está -en sus formas tradicionales- de hecho ausente. y que así como la verdad política de la globalización es más el conflicto caótico que la paz, y que su verdad ecológica es más el dominio destructivo del planeta que su salvaguardia, así también su verdad desde el punto de vista de la idea de humanidad es más la fragmentación y la desigualdad del poder, de la riqueza, del saber, que una sensata, articulada y fraterna unidad del género humano.”
Carlo Galli, La Humanidad multicultural
Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.
El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.
Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.
FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.
“Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.
El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.
La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.
La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.
“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.
El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.
“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.
Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.
“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.
Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.
Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.
“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.
“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.
Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.
Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.
(Por Helen Turpaud Barnes) El resultado de las últimas elecciones conlleva múltiples aspectos que ya a poco de haber asumido el nuevo gobierno se han vuelto totalmente evidentes (además de que eran esperables): medidas económicas que afianzan la brecha entre la clase trabajadora y quienes más poder adquisitivo tienen, represión en las calles, el planteo de una descarada dependencia de organismos financieros internacionales, etc.
Estas características benefician ampliamente a sectores de poder, y responden a presiones y lobbies propios de quienes tienen injerencia en las decisiones de los gobiernos. Pero la arremetida represiva que toma el gobierno de Mauricio Macri responde no solo a intereses materiales, sino a las ansias generadas a partir de ciertas representaciones sociales sobre el lugar que deben ocupar los sujetos. Buena parte del electorado de Macri, y también sus propios/as candidatos/as manifestaban su disconformidad con que ciertos sectores accedieran a beneficios sociales: la atención médica y la educación gratuitas, la provisión de insumos para atender la salud reproductiva y sexual de inmigrantes o personas pobres, etc., son vistas como una desmesura que ha de “corregirse” con medidas económicas de austeridad (para quienes ya sabemos); los subsidios y la AUH es “mantener vagos/as” que deberían estar trabajando; el reconocimiento de derechos fundamentales para las personas trans o para las personas lesbianas y gays generarían “confusión” en la sensibilidad de la población, sobre todo para la juventud y la niñez a quien todavía hay gente que dice que es “difícil” explicarle la mera existencia de sujetos de sexualidades disidentes (como si la legitimidad de estas existencias dependiera de la posibilidad didáctica de ser “explicada a los niños y niñas” y no de un derecho humano básico). Más allá de que se puede plantear que hay buena cantidad de políticas que los gobiernos kirchneristas no llevaron adelante (como las deudas en materia de legalización del aborto, como impedir que se aprobara algo como la Ley Antiterrorista, etc.), una buena cantidad de la población y los medios de comunicación de derecha percibían que muchos sujetos estaban ocupando un lugar “indebido” y excesivo en la sociedad: inmigrantes, trabajadores/as, jóvenes, empleadas/os domésticas/os, personas trans, mujeres, etc.
En esta coyuntura, no faltaron quienes impugnaban el lugar de la presidenta Cristina Fernández con comentarios machistas y acusaciones que no se harían para con un mandatario varón. A lo largo de estos años se ha escuchado que la presidenta era tachada de “demasiado vehemente”, “autoritaria”, “de gestos muy duros para una mujer”, etc. Más allá de las críticas a las políticas del kirchnerismo, había una acendrada aversión a la propia figura de la presidenta Fernández. Y podríamos condensar esta crítica en la nota “Cristina, lejos de los atributos femeninos”, aparecida el día 14 de diciembre de 2015 en Perfil y firmada por Mariana Arias. Según esta nota, que recoge muchas opiniones bastante comunes en la sociedad argentina actual, Fernández habría carecido de la “sensibilidad” y del “amor” que aparentemente sería propio de las mujeres, y esto habría redundado en políticas erradas con cierta parte de la población. Fernández, dice Arias, tendría que haber echado mano de características más “femeninas” (de las cuales carecería la presidenta) para poder dar lugar a muchos reclamos de la sociedad. Es decir, las “fallas” de las políticas de Fernández responderían a una “deficiencia” personal propia de su “condición de mujer”, y, en este caso, más aún, a una falla doble: por ser mujer y por NO ser mujer a la vez.
No mejor papel que las críticas machistas opositoras hicieron algunas de las figuras que pretendieron “defender” la figura de Fernández. El lunes 1° de octubre de 2012 en Infobae, el filósofo José Pablo Feinmann intentó hacer una lectura de las razones por las cuales algunas personas en la sociedad “odiaban” a la presidenta. Curiosamente, la crítica de Feinmann se centraba en el supuesto “odio” de otras mujeres hacia la primera mandataria, y no de los hombres. Según el mentado pensador, las mujeres que odiaban a la presidenta lo hacían por “envidia”, porque no podían ser como ella, no eran tan “inteligentes” ni tan “lindas”. Contraponía su embelesamiento por la belleza de Fernández (comparable para él a la de Marilyn Monroe) a la supuesta “masculinidad” de Angela Merkel. Incluso señaló que Fernández tenía la posibilidad de aparecer como figura de una tapa erótica en una revista, pero otras mujeres no (ni las opositoras ni Merkel), porque –explica didáctico y simplista Feinmann-, “hay mujeres que no son mujeres, son políticas”. Es decir, al menos según la filosofía machista vernácula, mujeres y política tienen una distancia que hay que saber respetar so pena de perder la condición de “deseable” (huelga decir que aquí hay una gran confusión entre ser “deseable” y “linda” y ser objeto de tapas de revista degradantes y agresivas). Feinmann prefiere una mujer “deseable” que una mujer “política”. Nada dice el filósofo del probable escozor de una sociedad machista donde las masculinidades hegemónicas se ven amenazadas y resentidas por la figura de una mujer con poder.
En ambos casos, tanto el de Arias como el de Feinmann, la lectura sobre la figura de una mujer en el poder no puede desprenderse de sus consideraciones sobre el género de quien están haciendo objeto de su análisis. No vemos el mismo tipo de análisis hecho sobre los hombres en el poder. En definitiva, tanto para parte de la oposición al kirchnerismo como para cierto sector que era su oficialismo, la feminidad de una mandataria se hace objeto de disputa, material en discusión, condición negativa y positiva a la vez. Todo este análisis al cual vemos sometidas a las mujeres constituye un modo más de opresión no para un sujeto en particular (en el caso de la ex presidenta) sino en tanto reproducción de estereotipos que las mujeres y sujetos feminizados deben atravesar al hacer suyos reclamos de espacio y poder en la sociedad.
Durante su última semana a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que “permitan sin restricciones el acceso de los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal en las unidades carcelarias”. Para esto, hizo lugar al amparo presentado por el fiscal general y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal federal José Alberto Nebbia, luego de que no les permitieran acceder a la Unidad Carcelaria N°4, que forma parte del Complejo Penitenciario Sur.
En su presentación ante la justicia, los fiscales habían indicado que el 2 de septiembre, el fiscal coordinador del distrito Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso c, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N°27148), “dispuso la inspección de la Unidad Carcelaria N°4 del SPB, asignando a tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal para su efectivización, la que fue prevista para el día 3 del mismo mes”.
Sin embargo, “al presentarse los autorizados en dicha unidad y hacer entrega del oficio del fiscal general al director de la Unidad, Prefecto Mayor Carlos Brunetti, se hizo presente el jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur, prefecto mayor Hugo Gauna, quien hizo saber a los representantes del Ministerio Público que impediría su ingreso al predio por carecer de competencia funcional para ello, negándose a suscribir el acta labrada en función de sus manifestaciones”.
En su resolución, Ramos Padilla precisó que “el artículo 20 inciso c) de la ley 27148 impone el deber del fiscal de distrito de concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Luego, destacó que “la ley no crea ninguna distinción entre establecimientos carcelarios provinciales y nacionales al establecer el deber de visitarlos periódicamente. Es sabido que los jueces no pueden crear distinciones no creadas por ley, y que la interpretación de las normas sobre derechos humanos fundamentales debe ser siempre la más amplia y favorable a la vigencia de tales derechos”.
Asimismo, el juez federal señaló que la “Procuración Penitenciaria está dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación (artículo 1º ley 25875) por lo que su organización y funciones ninguna relación tiene con las atribuidas al Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes dictadas a su respecto (por caso la ya citada ley 27148)”.
En ese contexto, concluyó que, “tal como lo sostienen los amparistas, atento a lo previsto en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y jurisprudencia citada, los derechos humanos en lugares de detención deben ser especialmente protegidos atento a la vulnerabilidad de las personas sometidas a encierro, a lo que cabe agregar que cualquier violación a esos derechos en lugares de encierro en el territorio nacional acarreará la responsabilidad del Estado Nacional”.
Por otra parte, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa y falta de personería que habían interpuesto los representantes del Servicio Penitenciario bonaerense, Ramos Padilla aclaró que, “en primer lugar […] las consideraciones sobre la falta de acuerdo del Senado y carácter de funcionario ad hoc sólo caben con respecto al Dr. Nebbia, mas no al Dr. Palazzani titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. A lo que cabe agregar, en cuanto a los fiscales ad hoc, que el régimen de designaciones y subrogancias es legal, tal como lo ha resuelto pacíficamente la jurisprudencia y recientemente el 11 de noviembre del corriente la Cámara Federal”.
Además, especificó que, “siendo que la conducta que se denuncia como lesiva de derechos constitucionales afectaría la actuación atribuida por ley al Ministerio Público Fiscal de la Nación, es obvio que los representantes del mismo tienen legitimación para ejercer la acción tendiente a obtener tutela judicial al respecto”.
Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia.
La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”.
Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia.
Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales.
Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos.
Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información como derecho humano, y no como mercancía.
Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.
Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios.
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina (REDCOM) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – Red de cooperativas de comunicación (Red Colmena) – Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) – Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) – RED PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias) – Barricada TV – Pares TV – Urbana TV
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó hoy una medida precautelar mediante la cual ordenó al Ejecutivo nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.
Arias tomó la decisión judicial tras recibir hoy un planteo del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que se solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.
Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.
Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no haya nuevo actos que agraven la situación”.
En el fallo, el magistrado sostuvo que si bien la materia es competencia de la justicia federal, actúa en las facultades que le otorga “el sistema de control constitucional difuso por el cual todos los jueces están llamados a defender la vigencia irrestricta de la Constitución nacional frente a los embates por parte de las autoridades públicas que detentan el poder político”.
“Estas razones fundamentan la posibilidad de los jueces de disponer medidas cautelares aún en causas ajenas a su competencia jurisdiccional, potestad que se encuentra prevista en los ordenamientos procesales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires”, graficó.
Por ello, resolvió que “en ejercicio de la competencia transitoria en materia cautelar se dispone –con carácter precautelar- la prohibición de innovar ordenando al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Arias explicó que la medida rige a partir del 29 de diciembre “por lo que además deja sin efecto todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional a partir de esa fecha”.
La medida precautelar fue dictada en el mismo día que el poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que absorberá las funciones de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Miguel de Godoy, anunció la eliminación de este organismo y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Asimismo anunció la propuesta de un debate en el Congreso para una nueva ley que regule la comunicación.
Luego de una introducción en donde habló de una “guerra contra los periodistas” llevada a cabo por decisión de la ex presidenta Cristina Fernández, destacó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 fue motivada por una “visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinaba era alguien que debía ser combatido, marginado, perseguido por el Estado”. Agregó además, que es una “ley vieja, concebida en una visión de la comunicación del siglo XX”.
Posteriormente, habló de la AFSCA, refiriéndose al organismo como una herramienta kirchnerista para imponer su pensamiento y controlar a los medios, a la vez que lo criticó porque “la mayoría de los objetivos de la ley no fueron llevados adelante”. Consideró también que la ley de telecomunicaciones (regulada por la AFTIC) tiene un espíritu controlador.
Retomando los tres objetivos que el Gobierno nacional viene planteando en su discurso, hizo referencia al de la “unión de los argentinos” para enmarcar el anuncio del DNU que saldrá en el Boletín Oficial el día 31 de diciembre de 2015.
“Hoy estamos firmando un DNU que tiene tres líneas principales: creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel de Godoy, que absorberá al AFSCA y el AFTIC, que desaparecen a partir de mañana”, afirmó. El segundo punto del decreto, según el funcionario, será que “se van a sacar los cepos a la industria para la necesidad de inversiones”. Por último, anunció la creación de una comisión bicameral del Congreso “con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes: la ley de medios y la ley de telecomunicaciones”.
Cuando el funcionario fue consultado sobre los objetivos de la nueva ley que pretenden proponer, haciéndose referencia al espíritu desconcentrador de la ley 26.522, respondió: “La desconcentración no tiene que ser el interés central; el objetivo tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura, y al mismo tiempo la inversión y la mejora de servicios. Es una visión distinta. El discurso de la desconcentración era un eufemismo para un disciplinamiento”.
Agregó además que “hay que sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación. No es tan determinante al final del día si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. La realidad es la realidad”.
Finalmente, le consultaron si tendría en cuenta medidas concretas respecto de los medios más chicos, a lo que aseguró que eso “es parte de la política del Estado, es parte de la ley de medios, ya lo hemos hecho en la Ciudad”.
Con respecto a este punto, el ministro Aguad aseguró: “Vamos a ayudar a los medios más chicos, a los que tienen dificultad para expresarse. También para conectarlos a Internet. Los recursos de la AFTIC, en alguna medida, van a ser utilizados para eso. Queremos que todas las voces se puedan escuchar y que todos los ciudadanos tengan el derecho a escuchar las voces que se quieren pronunciar”.
Para cerrar, resaltaron la importancia de las redes sociales y de las nuevas maneras de comunicar, y anunciaron que habrá dos años para la convergencia, “para que todos los actores puedan hacer todo, y romper con los compartimentos estancos”.
Fuente: Notas.org
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal federal José Nebbia y revocó la resolución de primera instancia que denegaba el llamado a indagatoria al ex juez provincial Francisco Bentivegna, imputado por crímenes de lesa humanidad.
En su momento, los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Nebbia y Miguel Palazzani, habían imputado penalmente a Bentivegna, “en su actuación como juez provincial a cargo del Juzgado en lo Penal Nº2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, una omisión de actuación funcional (incumplimiento del deber de investigar, de proteger a la víctima y de reprimir a los responsables); y la actividad lesiva a la que aquellos comportamientos estaban conectados (secuestros, torturas, violencia sexual, ultimaciones, desapariciones, etc.).
Allí, señalaron que “garantizando indebidamente una no interferencia y evitación por parte de la justicia–… [el encartado] permiti[ó] la continuidad … [del] curso del plan delictivo (secuestro, torturas, abusos sexuales, ultimación), y … asegur[ó] la impunidad de los demás responsables”.
Tras la imputación, solicitaron que el acusado sea llamado a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, la jueza federal de primera instancia se negó al pedido, “con base en que la evidencia aportada si bien permitía afirmar objetivamente la omisión del encartado de investigar los hechos denunciados (incumplimiento a sus deberes de funcionario público) era insuficiente para vincular dicho accionar con los comportamientos constitutivos de crímenes de lesa humanidad endilgados”, se detalla en la resolución de la Cámara.
Sin embargo, en el voto del magistrado de la Cámara Federal Jorge Ferro, al que adhirió la mayoría del tribunal, se señaló que “la declaración indagatoria es la primigenia oportunidad que tiene el imputado para que se lo escuche en el proceso, deviniendo, en esta inteligencia, la realización del acto que la dispone esencial para el desarrollo del proceso respecto de determinada persona, aunque el compareciente llegado el caso se niegue a declarar. En tal sentido, constituye el primer acto de defensa, voluntaria y personal en orden a las imputaciones que se le dirigen”.
Luego, precisó que “la calidad de imputado se adquiere desde el momento en que una persona es sindicada como autor o partícipe de un delito, momento a partir del cual se ponen en movimiento las garantías constitucionales”. Por esto, el juez Ferro destacó que, “una vez cumplido con el acto procesal de defensa material [en referencia a la declaración indagatoria], el juzgador tendrá la oportunidad de valorar la prueba obrante en contra del imputado […] y podrá adoptar una decisión de mérito sobre su situación procesal, o declarar la falta de mérito para procesar o sobreseer al encartado”.
Asimismo, especificó que el llamado a indagatoria, en primer término, “si bien es un acto privativo del juez –salvo las contadas excepciones que establece la norma procedimental–, en resguardo de la división tripartita del proceso penal, no podría oponerse a la petición de escuchar en indagatoria al sindicado, máxime cuando la instrucción se encuentra en cabeza del acusador público”. En segundo término, indicó que cuando el código procesal penal señala “motivo bastante” para llamar a indagatoria, “es sabido que no se requiere semiplena prueba, sino que constituye un presupuesto subjetivo del juzgador como para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, lo que no implica darle a la norma un alcance mayor ni asimilarla a las exigencias o motivos –elementos suficientes que prevé el artículo 306 para dictar el procesamiento del imputado”.
A continuación, aclaró que lo anterior “significa que existen elementos de juicio para valorar que él habría participado, de alguna manera, en el delito que se le enrostra hasta el momento y asimismo esa indagatoria, como medio de defensa que es, sirve para posibilitar su descargo material y al mismo tiempo, escuchar al indagado con la ventaja que está amparado con todas las garantías legales establecidas para esa declaración y además para investigar con los datos que pueda aportar”.
“Todo ello -concluyó el magistrado de la Cámara Federal- debe ser conjugado, al menos en el presente caso, sin perder de vista la particularidad de los delitos investigados –lesa humanidad– y que la investigación se encuentra a cargo” del Ministerio Público Fiscal.
Fuente: fiscales.gob.ar
(Por Alfredo Grande) Vicente Zito Lema reivindica el derecho al delirio. Hago propio ese derecho. Una de las marcas del delirio es crear sus propias palabras. Jerganofasia recibe esa habilidad desde la óptica de la psiquiatría. Neologismo sea quizá una denominación más piadosa. Inventar palabras suele tener un efecto chistoso y el chiste tiene la estructura de un delirio. Si uno tiene la prudencia de aclarar que “es un chiste” puede decir casi cualquier cosa con casi cualquier consecuencia.
Yo inventé la palabra “ternurador”. El envés del “torturador”. La tortura y la ternura las pienso como los extremos límite de una cultura represora y una cultura no represora. La tortura es una máquina pensada, y a veces sentida, para hacer sufrir. Implementa la crueldad, que es la planificación sistemática del sufrimiento. La violencia está relacionada con la autoconservación de la vida desde el nacimiento. La palabra “violencia” tiene muy mala prensa, especialmente para los que sostienen la crueldad. La violencia es la partera de la historia, como señalara Marx. La crueldad es el aborto de la historia. Masacres, exterminios, asesinatos, todos planificados, y todos camuflados para que siempre parezca un accidente.
“La inmortalidad no es
un privilegio de los dioses.
Es un derecho de los luchadores.”
(Aforismo implicado A. G.)
Si la violencia sostiene la autoconservación de la vida, la crueldad garantiza la autoconservación de las jerarquías. Y su consecuencia: perpetuar privilegios. Muy tempranamente, cuando la sociedad se organizó con castas dominantes y clases dominadas, la crueldad fue necesaria para prolongar esa injusta división política y social. El terror, como lo enseñara León Rozitchner, es el organizador de las subjetividades sometidas. Terror con y sin nombre. Y agrego yo, los amores que matan hacen su letal aporte para la continuidad del terror con otro nombre. Esos amores matan porque en la cultura represora se adoctrina para amar y honrar a los verdugos. Nada de esto es natural. Pero sí podemos llamarla naturaleza cultural o segunda naturaleza. En la cultura represora el mal dura más de 100 años porque a los 99 el conteo empieza nuevamente.
Con cinismo, decretan que siempre que llovió paró. Pero volvió a llover y las inundaciones no son catástrofes naturales. Son masacres líquidas de personas, historias, memorias, recuerdos y de vidas y sueños construidos en generaciones. La crueldad recibe muchos nombres y todos bendecidos por la mortal moral de los torturados. Costo social del ajuste, honrar la deuda, impuestos al consumo, mínimo no vital y casi siempre inmóvil, no distribución de la riqueza pero permanente distribución de la pobreza.
Los verdugos ya no usan capucha. Los encapuchados son las víctimas. Por varios ensuciados de cerebro, que algunos se empeñan en denominar “lavado”. Y sabemos que aquello que los populismos / progresismos no resuelven del todo, las derechas lo terminan de empeorar del todo. Por eso la tortura es la constante de ajuste de la cultura represora. El antídoto más poderoso es la ternura, como antídoto para las víctimas y no como anestésico para los victimarios. Ternurando a las y los compañerxs, a los pobres de la tierra como cantara José Martí, a los que no tienen voz, ni tienen miradas alegres, ni suaves caricias. Ternurando fue la fiesta del 23 de diciembre en la Fundación Pelota de Trapo.
Varias decenas de niñas y niños, familias enteras, asistentes de la Casa del Niño y del Hogar, recibieron de los ternuradores caricias y abrazos en la forma de sonrisas, regalos, música, fuegos artificiales, comida nada artificial sino artesanal. Y para recibirnos, el entrañable Carlitos abrazando al Pibe, en una casita de juguete para grandes y chicos. La ternura en envase grande nos acarició toda la noche mientras disfrutábamos de la Agenda 2016 de Pelota de Trapo, diseñada por la Agencia de Noticias y que imprimió Manchita.
“La grieta es la forma encubridora y falsa
de ocultar la lucha de clases”
(Aforismo implicado A.G.)
No podremos vencer con ternura, si no luchamos con ternura. El sectarismo, el mesianismo, el iluminismo, el despotismo ilustrado y muchas veces poco ilustrado, son máquinas para torturar militantes en las propias organizaciones que luchan contra la cultura represora. La dimensión industrial de la política, eso que algunos llaman Estado, no permite que la ternura se asome. El “tierno” es blandito, débil, romántico, inmaduro, medio bobeta, infantil, poco viril, incluso afeminado. Los rambo que supimos conseguir cultivan la yerba mala de la tortura sistemática. Psíquica, social y corporal. Obviamente, los torturadores tienen rótulo para todo. Tortura psíquica: depresión, ataques de pánico, fobias. Tortura social: vínculos perversos, sociopatías extendidas, cordialidad en extinción, indiferencia absoluta. Tortura corporal: enfermedades autoinmunes, muerte súbita, corazones de trapo, cáncer fulminante, adicciones. Los torturadores nunca aceptarán que se dedican a torturar. Muchos lo denominan gestión.
Los ternuradores son los herbívoros en el Parque Jurásico. Pero colectivamente pueden enfrentar a cualquier predador. De eso se trata. De sostener colectivos de ternuradores porque es la única garantía no solamente de que otro mundo es posible, sino de algo aún más importante. Que ese otro mundo posible será un mundo deseable, donde sabremos endurecernos con el enemigo, pero no volveremos a perder la ternura con el compañero. Nunca Más. Y el Morla y el Che se abrazarán con ternura.
La Municipalidad infraccionó a la empresa Profertil por emisión de olores molestos y por no dar aviso del escape ocurrido el sábado 26 en su planta de urea. El evento fue advertido a las 18:20 por el detector de Amoníaco ubicado en el club náutico. Defensa Civil activó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas Nivel 1.
Según informó el Comité Técnico Ejecutivo, la presencia de dicho gas en el aire fue “en bajas concentraciones” aunque motivó la evacuación de quienes se encontraban en la pileta del Club Comercial. “La guardia del CTE se comunicó con la empresa Profertil la cual informó que estaban parando la planta de amoníaco”, aseguró el ingeniero César Pérez.
El titular del organismo de control agregó en un comunicado que “un guardia del CTE recorrió el sector del club náutico donde detectó la presencia de amoníaco en bajas concentraciones utilizando un medidor portátil por un corto período de tiempo” y que “la empresa informó que el problema se debió a una pérdida en un instrumento de planta y que la situación está controlada”.
La noche del sábado el municipio comunicó la infracción, la parada de la planta de urea de Profertil y que las mediciones que arrojaba el sistema de monitoreo constante eran “normales”.
El hecho repercutió este lunes en el Concejo Deliberante, donde la edila Paola Ariente (FpV) presentó una minuta de comunicación “considerando la preocupación que el mismo generó en las comunidades aledañas”. En la misma, se indaga sobre cuál es la conclusión respecto del escape, ante las manifestaciones fehacientes de muchos vecinos sobre la existencia de “olores extraños” que podrían denotar la existencia del algún escape de sustancias químicas, y si se pudo constatar esta situación a través del equipamiento tecnológico instalado para tal fin.
Asimismo, y ante la información que desde el Municipio se resolvió aplicar una sanción a la empresa por emisión de olores molestos y por el no aviso del evento mencionado, se requieren precisiones sobre si se podría aportar una fundamentación técnica sobre los datos que motivaron tal actuación, e informar el monto de dicha sanción y a qué se destinará dicho monto.
También se consulta sobre cuáles son los motivos que llevaron a decidir el desalojo de instalaciones deportivas cercanas a la planta siniestrada, y las acciones previstas desde el Municipio para evitar que incidentes similares puedan reiterarse.
(Por Marco Teruggi) Fue real. La espera, el trayecto, la entrada a la casa, verla ahí, en la cocina, la espalda de mi padre abrazándola, los segundos hasta encontrar su mirada, agarrarla entre los brazos, apretar, dejar de pensar, vivir. Fue real. Observarla sin hacer otra cosa, sin necesidad de decir nada, viendo cada lágrima, cada alegría. Quedarme cerca. Solamente eso. Como si con su presencia partiera todo el fuego del tiempo.
Por unas horas estuvimos junto a Clara Anahí.
Luego vinieron las preguntas. Las dudas. La palabra que no dice lo que debe. Los juzgados, lo que se sabe: papeles, exámenes, datos cruzados, negaciones. El vacío. El comunicado, deshacerse de los abrazos, las fotos, la felicidad, todo lo construido en su mirada que ya no fue nuestra sino ajena, por certeza, por necesidad.
Dejamos de ser la familia entera, el almuerzo del día siguiente a punto de ser hecho, la vida en Clara, la verdad en Clara, nosotros mismos en Clara. El tiempo volvió a ser tiempo, con sus cenizas siempre en la boca, en los silencios quemados. Sobrevivientes todos, como el país.
Volvimos al punto de inicio. El ataque, resistencia y caídos del 24 de noviembre de 1976, el botín de guerra, la muerte en la puerta de cada casa. 39 años de búsqueda. En su centro una mujer: Chicha Mariani. Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, del camino de reconstrucción de la identidad de un pueblo. Volvimos a la imagen del bebé en el cochecito, en la cama junto a Diana, en los brazos de su abuela Kewpie, esas fotos que nos habitan como campanadas cada día.
Todo se movió. Un error. Nada cambió en lo que debe ser hecho: encontrarla.
Otra certeza fue nuevamente confirmada: la época de la soledad quedó atrás. Miles y miles de mensajes, correos, imágenes compartidas, llamados, abrazos, voces de Argentina, del mundo. Gracias a una lucha colectiva que enfrentó lo que muchos no pudieron. Señalada por quienes nunca intentaron, se dedicaron a juzgar desde la tranquilidad de las sillas. Como siempre en la historia.
Siguen ahora las pistas. Las personas que se han acercado y continuarán haciéndolo pensando ser ella. La verdad de los resultados científicos. La construcción del país que revierta el proyecto impuesto por las clases dominantes con el genocidio. Que le quite poder a quienes lo concentraron a través de la matanza programada. Que juzgue y encierre a todos los responsables directos, indirectos, los que saben dónde están nuestros más de 300 hermanos, primos, sobrinos, nietos que faltan.
Quedan también los cuerpos. Todo lo sentido, llorado, esas horas en que por primera vez en 39 años el tiempo fue libre de su fuego. El respiro. Porque fue real. Tan real como saber luego que no, así no. Que Clara Anahí sigue en alguna parte, sin saber su nombre, su Kewpie, su Chicha, nosotros, todos. Devolverle su identidad será la posibilidad de ser más libres.
La encontraremos o nos encontrará. No hay duda.
Juan Martín Ramos Padilla, colaborador de la Fundación Clara Anahí, confirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) descartó el vínculo entre María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y la joven que ayer se presentó ante ella con un informe privado con el que aseguraba ser Clara Anahí, la nieta apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida (foto). Padilla aclaró que la muchacha sabía del resultado del BNDG desde junio. Mañana al mediodía habrá una conferencia de prensa.
Por su parte, el fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de niños y niñas, emitió un comunicado en el que ratifica que dos análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos desmienten la información.
“Este jueves 24 de diciembre de 2015 se difundió una noticia que daba cuenta del hallazgo de Clara Anahí, nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. El anuncio se basaba en un informe efectuado por un laboratorio privado que supuestamente establecía un vínculo biológico entre Chicha Mariani y la joven que se presentó como su nieta.
Hoy, 25 de diciembre, Chicha Mariani se presentó ante el Juzgado Federal nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y ante el fiscal de la Unidad que interviene frente a crímenes del terrorismo de Estado en esa jurisdicción, Hernán Schapiro, y acompañó el estudio que le fue acercado ayer y que supuestamente acreditaba el vínculo con la persona que alegaba ser su nieta.
Asimismo, declaró la Directora Ejecutiva de la Comisión por el Derecho a la Identidad (CONADI), Claudia Carlotto, quien presentó dos estudios del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) respecto de esta misma joven, ambos con resultados negativos respecto de todas las familias cuya información genética obra en el BNDG, incluyendo las del grupo familiar de Chicha Mariani.
El primer estudio fue realizado a principios de este año y su informe negativo fue firmado por la anterior directora del BNDG, María Belén Rodriguez Cardozo. El segundo estudio fue elaborado hoy por la actual directora, Mariana Herrera Piñero, teniendo en cuenta la repercusión pública del caso. Ambos informes son concluyentes en cuanto a que no hay correspondencia entre el perfil genético de esta joven con el grupo familiar de Chicha Mariani ni con el resto de familias que aún buscan niños apropiados.
Chicha Mariani fue informada de estos estudios en la sede del juzgado. De esta manera, queda claro que la información difundida ayer era errónea, situación que pudo aclararse por la presentación efectuada por la propia Chicha Mariani ante el juez y el fiscal y por la actividad realizada tanto por el BNDG, como por la CONADI.
Cabe reiterar la importancia de seguir los pasos que establece la ley para la identificación de personas mediante el análisis de ADN. En este sentido, el BNDG es el único organo habilitado legalmente para establecer la identidad en estos casos, porque es la única institución que posee las muestras de las familias que buscan niños y niñas y que cuenta con procedimientos técnicos homologados internacionalmente.
La búsqueda de Clara Anahí y de todos los niños apropiados continúa. Es una búsqueda colectiva y también una política de Estado que debe ser profundizada cada día. Así lo haremos desde el Ministerio Público Fiscal”.
Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, logró encontrar a su nieta, apropiada por la dictadura cuando tenía apenas tres meses de vida. “Tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9 por ciento”, informó la Fundación Anahí. Es la nieta número 120 que recupera su identidad.
Casación revocó uno de los últimos fallos del suspendido camarista Néstor Luis Montezanti y volvió a procesar a un intendente y un comisario pampeano por el delito de trata. La medida, firmada también por Pablo Candisano Mera, había sido repudiada por distintas agrupaciones de mujeres y políticas por servirse de argumentos medievales tales como: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.
Si bien no forma parte del dictamen del Consejo de la Magistratura, la resolución prostituyente fue mencionada por varios testigos que la semana pasada declararon ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que juzga a Montezanti por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, sus vínculos con la Triple A bahiense y los malos tratos y decisiones arbitrarias y despóticas contra estudiantes y trabajadorxs. Los días 1 y 2 de febrero el juez declarará en el jury y se escucharán los alegatos del proceso de remoción.
Compartimos aquí la nota de PlanB Noticias sobre el procesamiento del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el excomisario Carlos Alanis por el delito de trata de mujeres para explotación sexual.
Procesaron otra vez al intendente de Lonquimay
Nuevamente Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.
El intendente de Lonquimay Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron otra vez procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.
La Sala 4 está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos.
El tribunal pulverizó el fallo de la Cámara bahiense con duros conceptos: por ejemplo no dieron “razones suficientes del procedimiento intelectual seguido por los jueces para adoptar su decisión (la anulación de los procesamientos)”.
También tuvieron en cuenta como “indicios” de delito los dichos públicos de Rogers en defensa del cabaré. Consideraron que los hechos estaban probados y que el Estado argentino tiene un compromiso con tratados internacional de lucha contra la trata de personas, según se consigna en el Diario de La Pampa.
El fallo de juez Gustavo Hornos dice que “por otro lado y en cuanto al agravio relativo a la arbitrariedad del pronunciamiento dictado para revocar el procesamiento de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers, conviene recordar que el Estado Argentino mediante la sanción de la ley nº 26.364 de abril de 2008, dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la Ley nº 25.632, en el año 2002)”.
Dice que “esos compromisos internacionales institucionalmente asumidos y la decisión política de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delito así como brindar la máxima asistencia a sus víctimas, deberán ser necesariamente contemplados por una visión realista y contextualizada del acontecer social, circunscripta a cada caso concreto, , pero que lejos de descartar la posible connivencia con autoridades y funcionarios de las áreas políticas o de seguridad, advierta que esa complicidad se presenta usual y eventualmente necesaria para la realización de las múltiples y complejas conductas que deben ser llevadas a cabo simultáneamente para la realización de este tipo de gravísimos delitos”.
Además piden que “debe profundizarse la investigación de los hechos investigados cuando se encuentren denunciados hechos de corrupción, que habrían facilitado o permitido la comisión del delito de trata de personas”.
Consideraron la fundamentación de los magistrados de la Cámara Federal de Bahía Blanca para revocar el procesamiento dispuesto respecto de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers cmo “arbitraria y carente fundamentación”. Acusaron a los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti de “formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento en autos ni profundizar en la valoraciones de los mismos, tarea que resultaba imprescindible a fin de dotar de la debida motivación al cambio de temperamento adoptado”.
El fallo dice que los jueces bahiense omitieron “considerar los distintos elementos probatorios reunidos en la causa”.
“Ello es así por cuanto en autos no se encuentra controvertido que en el local ”Good Night“, de propiedad de Carlos Fernández, habilitado como Salones de Baile, funcionaba una whiskería, en la que se encontraban siendo explotadas varias mujeres mayores de edad”, dice la Sala 4.
“De las denuncias que dieron origen a las presentes actuaciones, y en particular la efectuada por G.L.A., se desprende la posible existencia de una relación de connivencia entre las autoridades y funcionarios públicos, con el dueño del local ”Good Night“”, agrega.
“Particularmente y tal como lo mencionara anteriormente, el intendente de la localidad de Lonquimay, manifestó públicamente una defensa hacia la existencia del local ”Good Night“ y el posible veto que ejercería en caso de que una ordenanza municipal dictada por el Concejo Deliberante, prohibiera su funcionamiento”, dice el juez Hornos.
“Sobre el punto, manifestó el magistrado de la primera instancia, que se encuentra acreditada prima facie una relación de connivencia entre el dueño del local donde las mujeres eran sometidas a la explotación sexual y las autoridades policiales y el intendente de la localidad de Lonquimay. En este sentido, tuvo en cuenta la firma de libretas sanitarias por parte de Luis Rogers de las que resulta que las mujeres se hallaban exentas de enfermedades contagiosas, en efecto que no tenían enfermedades sexuales para el trabajo que realizarían en el local ”Good Night“”, enfatiza.
“Asimismo, y con respecto al jefe de policía Carlos Adrián Alanis, resaltó que en su calidad de comisario, firmó actas de exposición en las que dejó constancia que las mujeres que trabajaban en aquel local ”Good Night“, dejando a consignación sus prendas por tener una ”deuda“ con el dueño del local y que allí trabajaban con plena voluntad”, menciona sobre la instrucción.
“Consideró, además, el contenido de las actas de exposición y rúbrica de ellas por el subcomisario de la que se desprende que L.V.D. y M.M.L. trabajaban en la Whiskería ”Good Night“ y que tenían ”deudas“ con el dueño del local, de 432,05 y 499,95, respectivamente, en concepto de ”gastos, tales como análisis, libreta sanitaria, comida y mercadería razón por la que dejaban en consignación ”sus pertenencias“”, precisó.
El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense, que el 14 de noviembre pasado revocó los procesamientos a un intendente de Lonquimay (La Pampa), Luis Rogers, y del subcomisario Carlos Alanis, acusados como cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno de aquella localidad.
Cantaro y Colombo debieron presentar el recurso de queja ante el máximo tribunal penal del país luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca les rechazara el 12 de diciembre el recurso de casación contra la revocación de los procesamientos de los dos funcionarios que había dictado el propio tribunal de alzada.