Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur devolvió ayer las actuaciones del Tribunal Académico que juzgó a la docente Gloria Girotti, ex secretaria del Juzgado Federal Nº1 durante el terrorismo de Estado imputada por crímenes de lesa humanidad. En su dictamen, el jurado propuso “mantener abierto el juicio académico” y aconsejó “analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.
Girotti asistió al juez muerto impune Guillermo Federico Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.
Para la ex consejera Telma Alonso “el tribunal está confundiendo las cosas (…) no entiendo por qué estuvo dos años dando vueltas con el tema y no resolvió nada. Dice ‘el Consejo debería tomar alguna medida cautelar’. Los que tienen que tomar la resolución son ellos, tiene que absolverla, suspenderla o separarla del cargo. Corresponde que se expida taxativamente sobre qué opina”.
El consejero por la Lista Azul No Docentes Roberto Cimatti fue el miembro informante del proyecto aprobado y repasó el recorrido del expediente abierto casi cuatro años atrás. Ahora el Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de veinte días hábiles.
El pedido de juicio académico fue solicitado a mediados de noviembre de 2011 con el respaldo de 59 miembros de la comunidad universitaria y recibió el aval del Departamento de Derecho en marzo del año siguiente. Girotti recurrió la decisión de sus colegas y el Consejo Superior rechazó su planteo permitiendo que en junio de 2012 se sorteen los jurados entre una lista de profesores eméritos o consultos quienes recién se constituyeron en octubre.
En marzo de 2013 la acusada hizo su descargo. Un mes después renunció un integrante del tribunal y fue reemplazado en mayo por otro futuro renunciante. En agosto el jurado quedó nuevamente listo aunque recién reanudó sus reuniones en septiembre para solicitar información a la justicia sobre las causas penales en las que Girotti está imputada. La documentación fue recibida en marzo de 2014 y doce meses después el jurado requirió a la Dirección General de Personal de la UNS sobre la situación laboral de la docente.
Luego de este riguroso trayecto burocrático, el mes pasado estamparon sus firmas en el dictamen final simplemente proponiendo “mantener abierto el juicio académico”.
La resolución que ayer llegó al plenario del Consejo con el acuerdo de lxs consejeros Cimatti, Julieta Gutiérrez y Gonzalo Rodríguez (Unidad), Brenda Russo (MNR Desafíos), Guido Beltrami (Generación UNS) y el decano de Medicina Pedro Silberman, propuso devolver las actuaciones al Tribunal Académico para que dicte sentencia en los próximos veinte días hábiles.
En su argumentación recuerdan que el Reglamento de Juicios Académicos establece que el tribunal “deberá pronunciar sentencia (…) la que debe contener una recensión de lo sustancial de la causa, el planteamiento de las cuestiones surgidas, un análisis razonado y pormenorizado de los elementos de ella considerados conducentes para la solución del caso juzgado, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, y unas conclusiones en las que se indicará claramente si el imputado debe ser absuelto, suspendido o separado”.
El director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que “lo resuelto por el Tribunal Académico no es, en términos jurídicos, un fallo” sino la suspensión del procedimiento y que esto no es una opción prevista en las normas.
A su vez, la iniciativa advierte que “no es óbice para tal pronunciamiento la inexistencia de una sentencia definitiva en sede penal, pues lo que juzga el Tribunal Universitario no son necesariamente la comisión de delitos (…) sino el reproche ético de conductas que vulneran el Estatuto de la UNS”. El jurado tuvo en cuenta “el carácter ético” de la instancia aunque eludió su responsabilidad y sugirió que “resultaría aconsejable analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.
La ex consejera y dirigente de ADUNS Telma Alonso recordó durante la sesión que Gloria Girotti, como secretaria del juez Madueño, “firmó la negativa a muchos habeas corpus de gente que estuvo detenida desaparecida y que después se demostró que evidentemente lo estaba y el Juzgado no hizo absolutamente nada para tratar de determinar si realmente era sí o no”.
La docente mencionó el testimonio en indagatoria del represor Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien declaró que “muchos de los detenidos estaban con los ojos vendados y algunos engrillados. Cuando el juez le pregunta por qué él no hace la denuncia dijo: ¿Y por qué voy a hacer la denuncia si la dra. Girotti estaba presente, si ella veía lo mismo que yo estaba viendo?”.
“Me da la impresión de que lo que está pidiendo la comunidad universitaria, representada a través de estos miembros que presentan el juicio académico, es que se analice la conducta ética de Gloria Girotti, no la cuestión judicial. (…) Está demostrado que firmó los habeas corpus, que fue secretaria de Madueño -que murió preso por delitos de lesa humanidad-, que fue nombrada por un represor que dice que estaba presente cuando se le tomaba declaración a los detenidos desaparecidos.
“¿Esa persona tuvo un comportamiento ético compatible con su calidad de docente? ¿Puede estar formando a nuestros alumnos de derecho? Esa es la pregunta. No si tiene que estar presa o no”, aseguró Alonso y planteó que incluso el fallo es perjudicial para la acusada: “Gloria Girotti tiene un pedido de juicio académico, hay un tribunal que debe decir si es merecedora de ello, pero no tiene que tener la espada de Damocles en forma indefinida”.
Guillermo Lucanera de la Lista Blanca aseguró que “filosóficamente, teóricamente, estoy de acuerdo con lo que se pide pero tengo mis enormes reservas en relación al resultado de esta resolución. Son las que me van a llevar a abstenerme de votarlo porque no quiero votar en contra”.
“Este es un tema muy sensible para toda la universidad. Hemos designado un jurado que tiene que evaluar y realizar una sentencia hacia la persona en cuestión y la potestad de decidir o no sobre el trascurso de esta sentencia es por parte del tribunal y no del Consejo Superior”, opinó Guido Beltramini, representante del alumnado por Generación UNS.
Finalmente el cuerpo aprobó la devolución de las actuaciones al Tribunal Académico con una abstención y la exclusión de Javier Orozco de Línea PHI quien fue firmante de la solicitud del juicio.
La titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, procesó a un hombre, a quien además le impuso prisión preventiva, y a una mujer acusados de haber engañado y trasladado con fines de explotación sexual a al menos tres personas trans en un privado.
Se trata de una pareja acusada de captar mujeres transexuales extranjeras en situación de vulnerabilidad, llevarlas al lugar donde ellos vivían y obligarlas a prostituirse. Además de ser el propietario del lugar, el imputado habría sido el el encargado de retenerles el 50% de las ganancias de los “pases” realizados por las víctimas.
La causa estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño, quien subrogaba la Fiscalía Federal N°2 de la ciudad bonaerense, hasta julio de este año cuando José Nebbia fue puesto a cargo de esa dependencia del Ministerio Público.
La investigación había comenzado en febrero, cuando una de las víctimas denunció que una de las imputadas le había ofrecido viajar a Bahía Blanca para alojarse en su domicilio y prostituirse a cambio se conseguir dinero para acceder a prótesis mamarias. Además, indicó que los acusados se hicieron cargo del pasaje y que, una vez en el lugar, le retuvieron la cédula de identidad y que le retenían el 50% del valor de los “pases”.
Durante la pesquisa, se estableció que en las inmediaciones del domicilio, personas del colectivo trans ofrecían “servicios sexuales” e ingresaban al prostíbulo. Asimismo, se determinó que el propietario del lugar sería el hombre procesado con prisión preventiva y que era el encargado del lugar y de retener la recaudación.
El 4 de octubre pasado, se realizaron cuatro allanamientos de manera simultánea en el privado de Bahía Blanca, en un cabaret y en otras dos propiedades, ubicadas en la ciudad Ingeniero White, a pocos kilómetros. Durante los procedimientos, se rescataron nueve personas.
Fuente: Fiscales.gob.ar
El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.
El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.
“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.
Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.
“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.
La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.
“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.
Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.
El club local podría perder el próximo 11 de noviembre su histórica cancha ubicada entre Charcas, D’Orbigny y Haití producto de dos juicios laborales.
Roberto Achares, vicepresidente de la entidad contó en FM De la Calle que “nos enteramos por el diario local del remate, son dos juicios laborales, el primero es de Héctor Bustamente y el otro es de Lamas. Ellos eran dos empleados del club”. “Son gente con pocos códigos, en su momento quisimos arreglar, se ve que tenían al terreno en cuenta”, remarcó.
Achares resumió la situación de los clubes de barrio: “Lo real es que nos mantenemos con las cuotas sociales, las cuotas de los chicos y alguna publicidad. Se hace muy difícil, nosotros tenemos varias disciplinas, son 24 profes que trabajan y no podemos tener a todos como marca la ley, esa es la pura verdad”.
Con respecto a la multitudinaria asamblea que sucedió días atrás señaló que “los socios están más que preocupados, es la cancha de todo la vida. Vinieron de manera pacífica a apoyarnos a nosotros y a los ex directivos que están colaborando. Entre todos vamos a salir adelante”.
Foto: http://bellavistabb.blogspot.com.ar/
(Por Francisco J Cantamutto) Muchas sorpresas dejó el domingo, pero también algunas escenas previsibles.
El escenario político que dejaron las elecciones es sin dudas novedoso en relación a las expectativas creadas, creadas por la abrumadora cantidad de encuestas, que indicaban incluso la posibilidad de que Scioli ganase en primera vuelta. Esta herramienta tiene problemas metodológicos (se siguen haciendo las encuestas por teléfono fijo para ahorrar costos), pero además un déficit de concepción: asume que el voto decidido por el individuo está fijo, y el instrumento sólo lo mide, no lo cambia. El hecho es que una gran mayoría de indecisos –y de votantes de Progresistas- ante la posibilidad de que Scioli ganara en primera vuelta, se decidió por dar el voto a Macri para evitar ese escenario. No sólo a Scioli se lo votó “desgarrado”.
Había también elementos previsibles del resultado, claros desde el inicio, como se denunció desde este espacio y que enfatizó la candidatura del FIT: el evidente giro a la derecha de los 3 candidatos principales y su defensa explícita de la agenda del capital. Cualquiera fuera el resultado, estos dos puntos estaban garantizados, y así lo festejó el mercado de capitales el lunes. La agenda común incluye, pero no se limita, a una nueva ronda de endeudamiento, mayor apertura a las inversiones extranjeras (con distintos socios), devaluación (a diferentes ritmos) y contención salarial, agenda represiva, mayor influencia de la Iglesia católica con su agenda anti-liberal (lo que incluye el discurso contra libertades de género, contra el aborto, etc.). El escenario que se abre es preocupante para las clases populares, y no hay novedad ni expectativas en esto.
Los sectores progresistas del kirchnerismo creían que si Scioli ganaba este domingo, podían condicionarlo en su gobierno. Pero el candidato oficial tomó por ganados estos votos y, de las PASO a esta parte, explicitó su agenda conservadora, buscando tentar un supuesto votante medio. El recurso no le sirvió: La Cámpora ni siquiera cerró los actos de campaña junto a él, y apenas creció en votos respecto de las PASO. Obligando al electorado a elegir entre opciones de derecha, los votantes se inclinaron por las versiones menos condicionadas, y arranca ahora la etapa de negociación.
Massa, el dueño del b(v)otín
El ganador del domingo fue, sin dudas, Massa. A pesar de haber salido tercero, logró retener sus votos, más de un quinto del electorado, y ahora tiene el botín preciado para el ballotage. Esto le abre las puertas para condicionar la agenda sin tener que responsabilizarse por los efectos de sus propias propuestas: será otro gobierno el que las implemente, pagando los costos políticos. Un dato importante es que los tres candidatos han mostrado su larga trayectoria de gatopardismo ideológico, por lo que ideas y valores no serán una traba en esta disputa por el gobierno. Massa tiene 3 grandes alternativas:
1) Aliarse con Macri, bajo el discurso del cambio. Massa ya hizo los guiños a Cambiemos en este sentido, que es el más fácil de justificar. A pesar de que grandes medios quieren vender esa alianza como obvia, tiene varios problemas. El mayor es que borraría a Massa de la escena política, porque le arrebataría las banderas de opositor, completando su círculo de veleta: del liberalismo al peronismo, luego al kirchnerismo, y vuelta al peronismo, y de ahí al liberalismo. Pero, para liberal, Macri lo hace mejor.
Los demás problemas son de aparatos. Por un lado, la alianza Cambiemos se basó en la promesa de cargos al aparato burocrático radical, pues en todo otro orden, fueron borrados de la campaña. Macri tiene casi todo el gabinete para prometer al massismo, pero no sabe hasta dónde esto entraría en conflicto con los radicales. Por otro lado, antes de las elecciones, una gran parte de los dirigentes del Frente Renovador (como Facundo Moyano e Ignacio De Mendiguren) declararon –sin abandonar el espacio- que en segunda vuelta irían por Scioli. Estas declaraciones públicas no fueron castigadas, pues Massa aumentó su caudal de votos. ¿Cómo convencerlos ahora de ir por Macri? Recordemos que tanto en aparato como en votantes, Massa tiene una fuerte composición peronista, a la que Macri no convence con una mala estatua del General.
2) Aliarse con Scioli, argumentando su perfil más peronista que kirchnerista. Massa rompió con el gobierno acusándolo por su estilo de conducción, que con el bonaerense sería muy diferente. Ha declarado en los medios que Scioli debe dejar de ser el “empleado de Cristina”, dando a entender que si rompe ataduras, la posibilidad está abierta. Si logra torcer el perfil de Scioli para lograr el acuerdo, Massa ganaría gravitación política, sin desaparecer como en el caso anterior. Las acusaciones de filo-kirchnerista no le hicieron mella durante la campaña, no hay razón para que lo hagan ahora. Esta ruptura no sería nada más que discursiva: a la oferta de dar lugar a Lavagna en Economía y a De la Sota en Cancillería –los dos cargos políticos más fuertes del gabinete-, Massa habría requerido la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto entra en conflicto con las expectativas de La Cámpora, que aumentó su presencia parlamentaria y esperaba que esta función la cumpla Wado de Pedro. Si Scioli no es capaz de convencer a la tropa que este sacrificio es necesario, aún le puede ofrecer a Massa algo diferente: celeridad legislativa de aquí a diciembre, mientras el kirchnerismo preserva mayoría en ambas Cámaras.
El Frente Renovador se compuso a partir de intendentes del Conurbano insatisfechos por el creciente peso de La Cámpora y otras agrupaciones no peronistas dentro del kirchnerismo. Scioli, con larga experiencia de arreglos con los barones del Conurbano, puede prometerles una revancha. La Cámpora no es orgánica a Scioli, pero sabe que es la única opción que tiene para mantener alguna gravitación futura: está en desventaja. El problema está en que Vidal ganó la gobernación y entonces la intermediación bonaerense no recaerá en el sciolismo. El avance de Cambiemos (ganó casi 70 municipios bonaerenses) puede ser una amenaza real que mueva a los barones.
3) No arreglar con ninguno y condicionar la agenda con sus propuestas. Esta estrategia le funcionó desde las PASO y sería una continuación obvia, simple: liberar a los votantes, pero condicionar a los candidatos con su programa. Sin costo político, habría ganado aún más, al poner la agenda. Ésta es la salida más probable, pues le da el mayor beneficio actual y proyección futura. El día de hoy Massa anunciará su “documento programático”, y se anticipó que no apoyaría explícitamente a ningún candidato.
Rodríguez Saá, con un caudal muy inferior, está en las mismas tratativas. Mientras tanto, Stolbizer ya liberó sus votantes, diciendo que no tendría la “soberbia” de decirles qué hacer. El FIT ha llamado al voto en blanco, lo que es consistente con su programa y discurso. En los hechos, el voto en blanco –al igual que la abstención, que se espera que crezca- favorece al que va primero, facilitándole la tarea a Scioli.
La disputa está abierta, pero también está claro: el capital concentrado y la derecha, ya se garantizaron su elección.
Foto: Chacabuco Noticias
El concejal del Encuentro Amplio Raúl Ayude terminará su mandato en diciembre de este año. Fue co fundador del Frente Integración Ciudadana. Hace pocos meses se alejó de esta fuerza por diferencias políticas. El referente de la centro izquierda analiza en esta entrevista realizada durante el programa Tarde Piaste de FM De la Calle los resultados electorales, la situación política de la ciudad, el balance de su experiencia política frentista y las perspectivas del espacio político del que es referencia.
En la ciudad de Bahía Blanca los resultados del escrutinio dieron la victoria electoral al referente de Cambiemos, Héctor Gay, con un 43.58%. En segundo término se ubicó el legislador del FpV Marcelo Feliú, quién alcanzó el 35.30% de los votos positivos. El reciente referente local de UNA Hernán González Bécares obtuvo un 9.30%. La propuesta de Progresistas encabezada por Raúl Woscoff no alcanzó los votos suficientes para que ingrese un edil por dicha fuerza tras obtener un 7.30%. El FIT logró un 4.45%, resultado con el cual tampoco logra entrar al cuerpo deliberativo.
De esta forma, serán 12 los nuevos legisladores locales en el Honorable Concejo Deliberante. Laura Biondini, Constanza Rivas Godio, Fernando Compagnoni, Tomás Marsico, María Soledad Pisani y José Santomássimo lo harán por Cambiemos (6 bancas). Maximiliano Nuñez, Pablo Rosenfelt, Paola Ariente, Ezequiel Gimeno y Betiana Gerardi serán ediles por el FpV (5 bancas). El actual jefe de gabinete municipal Roberto Ércoli lo hará por UNA (1 banca).
Los referentes de cada espacio se pronunciaron luego del resultado electoral.
Foto: Pablo Romera
El colectivo de Antena Negra TV festeja por estas horas el sobreseimiento de uno de sus integrantes, quien había sido imputado por el delito de interferencia en la comunicación tras un violento allanamiento del canal por parte de la Policía Federal.
“Como grupo estamos más tranquilos de que no tenemos un compañero puesto en peligro de estar penalizado por una causa judicial sino que además nos tranquiliza como medio de comunicación porque el hecho de que se pudiera llevar al fuero penal a una persona por comunicar era bastante significativo y preocupante”, dijo Malena a FM De la Calle.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi falló en contra de la empresa PROSEGUR y determinó que Martín Sande había sido erróneamente acusado. “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”, dicta el fallo. Ocurre que faltan elementos, como el dolo, para que se configure el tipo penal en cuestión cuya expectativa de pena es de seis meses a dos años de prisión.
Malena afirmó que “se habla mucho de la pluralidad de voces y demás y que suceda esto hubiera sido muy preocupante para la situación futura de nuestros medios de comunicación”.
“No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente, so riesgo de intervenir el suscripto en competencias ajenas que exceden ampliamente las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional para su tratamiento“, concluye el magistrado.
Desde el canal comunitario afirmaron que “quedó demostrado que Antena Negra TV afrontó una causa donde nunca existió el delito. PROSEGUR y la Policía Federal llevaron adelante un proceso legal que derivó en el secuestro de equipos y destrozos en el canal. Antena Negra fue dejada sin aire el 4 de septiembre por un delito que nunca cometió. Desde ese momento la transmisión se fue a la calle y logró la resolución favorable del conflicto”.
(Por Julia Gimenez) Al tiempo que las redes sociales se convertían en escenario de debate por los comentarios pedófilos dirigidos a una de las niñas participantes del Master Chef Kids, en la de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados Brasil los legisladores amasaban un proyecto de ley que atenta contra los derechos de las mujeres.
Indiferentes a los datos que indican que el sistema de salud público recibe alrededor de 2 mujeres por hora víctimas de violencia sexual, que por año 1 millón realizan abortos y que cada dos días 1 mujer (pobre) muere por prácticas clandestinas, el Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha/ PMDB-RJ (también conocido por embanderar la ley de baja la edad de imputabilidad, por los intentos de destituir a Dilma y por los desvíos de dinero a cuentas suizas derivadas del caso Lava-Jato Petrobras), lanzó la semana pasada un proyecto de ley que profundiza la punición de las mujeres que elegimos sobre nuestros propios cuerpos.
El PL 5069/2013, lanzado el 21 de octubre, prevé que aquellas mujeres que sufrieron violencia sexual y precisan de aborto legal, seguro y gratuito tienen la obligación de un examen que evidencie los daños físicos de la victima; es decir, la obligación de someterse traumáticamente a una segunda intimidación sobre sus cuerpos. A contra marcha de la “lei da profilaxia da gravidez” sancionada en 2013 que permite a toda mujer abusada recibir gratuitamente la píldora del día después, el proyecto embanderado por Cunha criminaliza a los y las profesionales de la salud que den orientaciones acerca un aborto legal.
El mismo proyecto, considera crimen contra la vida el anuncio de sustancias u objetos destinados a interrumpir el embarazo y la orientación de gestantes para el procedimientos, con pena de hasta diez años. Tal como se presenta el panorama, estamos frente (y enfrentando) la antesala de los que será la prohibición de píldora del día después.
En el país tropical, y bajo la insignia de la cruz, todo vira crimen.
En contextos de avanza conservadora en tierras latinoamericanas, mientras los poderosos fundamentalistas continúan rezando y decidiendo sobre nuestros cuerpos, cientos de mujeres y hombres saldrán a las calles para decir NO al PL 5069/2013.
Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!
Foto: PSTU Brasil
Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.
Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.
Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.
La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.
En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.
El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.
Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales. Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.
“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.
El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.
En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.
La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.
Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.
“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.
El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación, Javier De Luca, propuso archivar una denuncia del suspendido camarista Néstor Montezanti contra el profesor Dante Patrignani. Se trata de la supuesta “revelación de secretos políticos y militares” en la que habría incurrido el docente al difundir el legajo que demuestra la pertenencia del abogado al Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y su juramento de guardar “lealtad y fidelidad” al estado genocida.
El documento había sido presentado por Patrignani como prueba en la demanda civil que Montezanti le inició al considerar que el conocido fotomontaje que lo muestra con gorra militar “era difamatorio y humillante” y lo deshonraba “al ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura, de modo ilegítimo e arbitrario, además de considerarlos impúdicos”.
De Luca destacó que “la vergüenza del demandante por haber colaborado con el Ejército Argentino” no constituye delito y advirtió que, tal como informara FM De la Calle, del legajo militar “surge que con fecha 25 de septiembre de 1980 fue presentado a la Fuerza por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro, de modo que mediante los afiches se había dado a conocer un hecho verídico en el libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”.
En la primera instancia, la Fiscalía entendió que “la documentación no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas” y el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. El letrado, que será próximamente sometido a un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, apeló y la Cámara Federal que supo presidir revocó la decisión por “prematura y contraria a derecho”.
Patrignani y la Fiscalía calificaron a resolución como “absurda y arbitraria en tanto sujeta la revocación de un archivo a medidas superfluas y sobreabundantes” y recurrieron a Casación, cuyo fiscal ahora insistió con la inexistencia de delito.
“No deja lugar a duda que el informe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino en cuanto a que la documentación que fue presentada por el demandado en una causa civil, no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. A ello, cabe agregar que fue presentada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho, el de defensa en juicio y que, por ser de interés público, su uso y difusión tampoco puede constituir delito. Por todo ello considero que se impone el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, opinó.
También subrayó que Montezanti ejercía hasta hace algunas semanas la titularidad de cátedras en la Universidad del Sur y presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo cual, el hecho de que “trabajó para el Ejército Argentino, constituye información de interés público que queda amparada por la libertad de expresión. La presentación de dicho documento en una causa civil no resulta suficiente para atribuir responsabilidad penal, por cuanto se estarían limitando los derechos vinculados con la información, y así también el debate público de cuestiones de interés general como garantía del sistema democrático”.
En su dictamen, De Luca recordó los fundamentos del Decreto 4/2010 que desclasificó la nómina del Personal Civil del Ejército entre 1976 y 1983, que reconoce que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las fuerzas armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia” y que “la decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción”.
Asimismo, aclara que el accionar de las fuerzas armadas durante el genocidio “demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.
“Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado. Cualquier limitación (…) podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, concluye.
Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com
Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos motivó un allanamiento en Casbas el cual fueron encontradas piezas resguardadas por la ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Buena parte del material se comercializaba en internet a través de Mercado Libre, delito que tiene una expectativa de pena de dos meses a dos años de prisión.
Entre los elementos secuestrados, figuran 178 piedras de moler, 458 piedras de tallar, 38 piedras boleadoras, 23 puntas de flecha y cuatro armas de fuego de vieja data. Todas esas piezas se encuentran resguardadas por la ley 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Los traficantes no escondían su identidad, ni las características de los objetos que pretendían vender. Así, el usuario coincidía con sus verdaderos nombres y apellidos. En la publicación, además, explicitaban que se encontraban en el partido de Guaminí.
La denuncia ante la Procelac había sido presentada por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es el órgano designado por ley para aplicar la normativa que busca preservar las piezas arqueológicas y paleontológicas.
Del operativo en Casbas participaron integrantes del Departamento Interpol de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por orden del juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla. La causa se había iniciado a partir de una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que luego remitió a la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, en ese entonces a cargo del fiscal Antonio Castaño y en la actualidad subrogada por el dr. José Nebbia.
A partir de ello, el Área de delitos tributarios y contrabando de la Procuraduría especializada realizó una serie de medidas para dar con los anunciantes, quienes ofrecían los objetos en distintos sitios web de e-commerce. En una primera resolución, la Procelac manifestó que los hechos “podrían configurar el delito tipificado por el artículo 48 de la Ley 25743 de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. Ese artículo reprime con penas de dos meses a dos años e inhabilitación especial de hasta cinco años a quien “transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales”.
Fuente: Fiscales.gob.ar / Foto: Online 911.
El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Bahía Blanca, Néstor Alende, se refirió en FM De la Calle a las demandas de las trabajadores y los trabajadores del sector y anunció que “vamos a una jornada de lucha el 28 de octubre”.
Alende remarcó tres temas primordiales: “Exigimos que se trate en la Legislatura la ley de recuperación del 3% de antigüedad que hemos perdido, la ley de Paritarias y la ley de Autarquía”.
El secretario se explayó sobre estos dos últimos y explicó que “la ley de autarquía es un resorte del Poder Ejecutivo. Nosotros discutimos con dos patrones, uno como dije es el Ejecutivo, que abarca el tema monetario, y otro con la Suprema Corte que comprende las condiciones laborales”. “Queremos una cláusula, queremos tener paritarias con o sin autarquía”, enfatizó.
Algunos dirigentes de gremio, en el caso local el propio Alende, están siendo perseguidos gremialmente. El tema fue planteado en una reciente reunión con el máximo tribunal provincial. El dirigente aseguró al respecto que “persiguen a los compañeros de varios rincones de la provincia y adelantó que “el presidente de la Corte Suprema lo va a dejar sin efecto”.
Finalmente, el secretario de la AJB comentó que “hay varios peritos que no están cobrando la retención del título, ya sea escribanos o contadores. A los abogados se lo están liquidando”.
Tres documentalistas francesas visitaron el estudio de FM De la Calle para contar su experiencia en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata y comentaron el trabajo que están realizando en la ciudad. Coline Dhaussy, Lucie Assemat y Marine Allard participaron del micro de Acciones Feministas en el programa En Eso Estamos.
“Se trata de ver cómo se puede manejar acá, en América Latina, las luchas por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia y las luchas socioambientales que tienen que ver con la libertad de estar en el territorio donde quieres estar, como son los pueblos mapuches. Nosotras vemos acá en Argentina como un hilo rojo en términos de luchas por la autodeterminación, como fue la lucha de lxs trans para cambiar de estado civil, también como fue la lucha del matrimonio igualitario, tiene que ver en ganar libertad en la manera de gestionar tu propia vida”, comentó Lucie.
Agregó que “nos pareció interesante ir profundizando esa búsqueda con eso de los derechos colectivos, porque está muy bien que tengamos el derecho al aborto, que tengamos esas luchas, una vida libre de violencia pero también eso se tiene que inscribir en un marco de defensa de derechos, pues si eres mujer en alguna comunidad donde no tienes algún hospital cerca, algún centro de salud o no te dan el derecho a gestionar tu salud con métodos naturales tampoco puedes usar tu derecho individual. Queríamos ver como se podían manejar esas dos luchas y como podían confluir. También como llevar esos ejemplos a Europa”.
Sobre el Encuentro de Mujeres, Coline afirmó que “no esperaba tantas mujeres juntas en la misma ciudad, estuve muy emocionada, porque un encuentro con 60 mil mujeres o más es imposible en Francia”. “Sería posible hacer una revolución, es una buena esperanza para mujeres de todo el mundo, es muy importante con el documental hablar del encuentro, el mundo no conoce el ENM”, opinó Marine.
Lucie manifestó que “no solo se trata de la muchedumbre que éramos, también se trata de cómo se lucha acá. Yo nunca vi a tantas feministas, cantar, tocar, bailar, tanta alegría. Lo filmamos y veíamos a tantas mujeres bailar y agarrándose como si fuera, no sé… un tecno party en Francia feminista y con consignas políticas. De lograr hablar de femicidio, de violencia, de abuso, de maltrato cantando y bailando, dando fuerza y alegría. No es un milagro porque no creo en la Iglesia pero es muy inspirador”.
Las documentalistas conversaron acerca de la situación en Francia en materia de violencia machista, femicidio y políticas públicas. “En la ley francesa y en los tratados europeos e internacionales hay concepto feminista de violencia de género. En la nueva legislación en Francia hay noción. Ese concepto de violencia por cosas de género aquí ya está instalado. Pero en la práctica hay un gran problema de la formación de la policía, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los servicios sociales. Entonces, cuando una mujer quiere dejar a su marido la dificultad empieza en ese momento, en todos los servicios sociales, para tener un apartamento, para abrir una cuenta bancaria, para tener a sus hijos, es muy complicado, es muy difícil”, comentó Marine.
Por su parte, Lucie acotó que “el nivel de tolerancia está bajando, eso es alentador. También la violencia psicológica está empezando a ser reconocida por parte de las mujeres, el personal de salud, policial, judicial se tiene que capacitar. Una cosa que ya como que no aguantan tanto como hace unos 10 años”.
“En Francia el aborto es legal hace como 40 años. No van a quitar el derecho al aborto en términos legales, la derecha lo quiere quitar con el programa de austeridad, centros de aborto, etc. Ahora ya no es tanto una batalla en términos legales sino más en presupuesto y acceso”.
Por último, al ser consultadas sobre su postura respecto a la prostitución, Lucie sostuvo que “mientras nos peleamos, estamos gastando un montón de energía en eso, no hacen falta los opositores para que nos estemos peleando. Hay un argumento de las reglamentaristas que las prostitutas tienen que tener derechos. Las abolicionistas dicen que no es un trabajo, que no pueden tener derechos por ese trabajo. Igual voy a sonar muy utópica diciendo esto, pero creo que todo el mundo debe tener los mismos derechos universales. Por tu trabajo que tengas derecho a la salud, a la educación, al retiro y por ahí se puede solucionar de esa manera”.
(Por Julio Gambina) En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.
Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.
Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.
Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.
Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.
Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.
En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.
Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.
En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.
No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.
(Por Partido Comunista de Bahía Blanca) El próximo domingo la ciudad vota el color político del gobierno que ejecute los lineamientos del siguiente mandato. Pese a que se pretende polarizar la intención de voto, en coincidencia con el intento del sciolismo vs marcrismo, es importante observar las particularidades del fenómeno en nuestra región.
En términos generales, el macrismo es una fuerza de derecha que intenta instalarse con rostro propio sin tener que pedir prestado un partido popular para ejecutar sus políticas. Se muestra abierto al diálogo y habla sólo de “cambio” sin explicar cuál sería, dado que de hacerlo tendría que confesar los crímenes de clase que cometerá.
El Frente para la Victoria intenta, por su parte, mostrar el rostro humano del capitalismo basado en no perder los derechos asignados. Lo hace con un candidato que utiliza el discurso de lo realizado como base para avanzar cambiando lo que haya que cambiar. En este sentido, Scioli tampoco confiesa cuáles serán los cambios y qué sector social será el beneficiario.
Mientras tanto el gobernador anunció a su futuro gabinete de ministros que de progresista tiene lo que Macri de popular: ni la sombra.
Dejando de lado la oferta acotada de sectores trotskistas que no intentaron un frente que contuviera a todos los sectores en lucha sino que buscaron apoyo acrítico hacía su proyecto, llegamos a octubre de 2015 sin una herramienta política popular alternativa para confrontar contra las políticas de profundización del capitalismo y contención del conflicto social. El FIT no representa el crecimiento de la izquierda sino la expresión del fracaso en la búsqueda de una herramienta política amplia que contenga a las organizaciones populares.
En Bahía Blanca la derecha clásica realizó su apuesta coherente eligiendo como candidato al cuadro que han formado durante décadas: Héctor Gay.
Por su parte, el Frente para la Victoria no se quedó atrás en términos de sacar de entre los suyos el más conservador de los candidateables: Marcelo Feliú.
Mientras Héctor Gay brinda con su mentor, Vicente Massot, Marcelo Feliú lo hace con su amigo Montezanti. Gay siempre estuvo del lado de las empresas y contra “la gente”. ¿Algún militante político o social ha visto alguna vez a Feliú en 1 conflicto popular que pueda recordar? Cada quien tiene el derecho de ver lo que quiera ver en cada candidato. Sin embargo, por más mas baño de pueblo con el que intenta lavarse Hetitor y más progresismo kirchnerista con el que quiera vestirse el legislador destacado, el uno sigue siendo el vocero a sueldo de las empresas que nos matan y dejan nada a cambio, y el otro el señorito católico por el que apostó el conservadurismo social y empresarial.
Si bien es cierto que no es lo mismo el Frente para la Victoria que Cambiemos, cuando los candidatos asisten a debates tienen serias dificultades para mostrar alguna diferencia programática en torno al objetivo de sus fuerzas basado en la funcionalidad y el aliento a los negocios que han llevado a esta ciudad a ser una con los mayores índices de desocupación, a la dependencia económica de un Polo industrial que contamina y no genera gran cantidad de empleo ni deja riqueza hacia la comunidad, en una ciudad donde pasan miles de millones de dólares y esa sangría constante que sale en barco la pagamos los y las bahieses.
Creemos que, dentro de la pobre oferta electoral existente y en la necesidad de profundizar los esfuerzos por la constitución de una fuerza política alternativa del pueblo, el proyecto económico de Cambiemos y del FpV es consolidar los negocios de los mismos de siempre.
La foto de Scioli con el embajador yanqui y la tropa “progresista” prometiendo desarrollo no podría ser más gráfica. Gay pidió también su turno para entrevistarse con el funcionario norteamericano. Hace 30 años los mismos sectores prometieron desarrollo y construyeron un muro que nos tapa el mar y nos mata lentamente. Hablan de crecimiento pero no dicen para quién. Hablan de inversiones pero mientras los y laburantes, las pymes y los que no son grandes actores económicos luchan a diario y son asfixiados por diferentes trabas, hay otra ley siempre dispuesta a favoreces a quienes nada han hecho para el bien común y todo han hecho únicamente por sus propias arcas y beneficios.
En este contexto, Integración Ciudadana, aún con todas las diferencias que expresamos públicamente en su momento, representa una fuerza política que no tiene compromisos con esos sectores de poder y que puede dar al Estado un rol menos vergonzante que el de esclavo por elección. Y decimos Integración Ciudadano porque no apoyamos la lista, más allá de lo local, que el sello Progresistas presentó. Hablamos de una fuerza con sellos de goma que ha retirado el apoyo a los procesos populares, que ha expresado su apoyo a los sectores golpistas y antipopulares de Venezuela.
Volviendo al plano local, decimos nuevamente que no se puede ser progresista y conservador al mismo tiempo. No se puede ser pro imperialista y popular en simultáneo. Se puede ser una cosa y mostrarse como otra, pero la única verdad es la realidad y a la realidad todos y todas la tenemos en frente.
