Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por los fiscales de Derechos Humanos José Nebbia y Miguel Palazzani y ordenó el cese de los traslados permanentes a distintas unidades carcelarias a los que era sometido un hombre privado de la libertad.
Durante la audiencia celebrada el pasado 28 de octubre, el detenido había denunciado ser trasladado en forma constante a distintas unidades penitenciarias, permaneciendo en las mismas siempre por períodos muy cortos, lo que le impedía cumplir con lo dispuesto en cuanto al régimen de las mismas. También, denunció haber sufrido golpizas en los días previos por parte de agentes del servicio penitenciario de la Unidad Carcelaria N°19, al tiempo que aseguró que actualmente cuenta con una medida de seguridad y resguardo físico ordenada por la justicia de La Matanza, ya que teme por su vida.
Al hacer lugar al amparo, la magistrada consideró que la única pena que debe sufrir una persona condenada es la pérdida de la libertad ambulatoria “y no la de sus derechos fundamentales”. Agregó, a su vez, que el traslado permanente implica un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención, violatorio de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía.
“El cumplimiento de los regímenes carcelarios como en caso de la progresividad no es sólo un derecho de la persona privada de la libertad, sino que es un deber del Estado hacerlo cumplir, ya que sería la única forma de poder evaluar la posibilidad de reinserción social del detenido”, señaló.
Respecto a la denuncia por lesiones, la magistrada formó una causa por separado y remitió la misma a la unidad fiscal de turno, conjuntamente con el certificado confeccionado por la asesoría pericial acerca del estado de salud del detenido.
Fuente: fiscales.gob.ar
Javier Barrera, vecino de Villa Nocito, denunció el inicio de la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Telecom. “Llegaron unos hombres a trabajar ahí nomas de mi casa. Estaban poniendo unos postes, cuando les pregunté para qué eran, me contestaron que era para iluminar”, dijo a FM De la Calle y agregó que “fue todo instantáneo, comenzamos a preguntar, convocamos a los vecinos en el lugar donde estaban trabajando y realizamos la primera asamblea”.
Poco tiempo después se apoyaron en la ordenanza N°17.130 que impide la colocación de este tipo de antenas: “Nadie controla nada de nada. Esto está prohibido por la justicia, desde el municipio y el Concejo Deliberante no pasa nada. No podemos vivir corriendo a la gente que hace estas cosas, no es nuestra función”. “No me siento en democracia porque nos están imponiendo algo que nos perjudica mucho, nadie consulta nada de nada. (…) Hablé con vecinos de Bahía Blanca y con personas de la provincia. Nos tenemos que reeducar y concientizar a la gente”, sostuvo.
Horas después de conversar con FM De la Calle, Javier informó en las redes sociales: “Primer batalla ganada, se llevaron el mono poste para el emplazamiento de la antena de telefonía y se suspendió el armado, todavía no sabemos cuál fue la razón, ni quién ordenó la suspensión. Ahora vamos por los responsables directos, seguimos con la denuncia, queremos saber quién dejó que esto ocurriera y cómo es que se saltean etapas legales con tanta impunidad y que encima, siga ocurriendo en otros barrios. Felicitaciones a mis vecinos por la decisión de seguir la lucha hasta el final, gracias a Gladys Girotti por estar cuando la convocamos, vamos a ir por la Banca 25 para Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca y por todos lo demas barrios y otro agradecimiento a Leandro Aparicio, por representarnos ante la justicia. Esta lucha sigue, estamos atentos”.
Texto: Diego García.
Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.
El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.
La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.
Antes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.
“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.
Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.
Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.
Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.
El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.
El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.
Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”
Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.
Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.
El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.
Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.
(Por Laura García Vázquez) No suelo comenzar mis notas con comentarios personales, ni suelo hacerlo tampoco en su transcurso, pero esta vez haré una excepción. Miré la fecha de la última vez que escribí, 27 de septiembre, pasó un largo mes, pasaron las elecciones de octubre, comenzó el mes de noviembre y faltan dos semanas para el balotaje que decidirá el próximo presidente de mi país, de nuestro país, la nación Argentina.
Pareciera que la realidad me ha dejado sin palabras, me ha superado sería otra forma de decirlo, aunque en verdad no es eso lo que sucede sino que el proceso eleccionario en la Argentina y sobre todo la conciencia sobre nuestra verdadera situación económica, estructural, social y política me llevan forzosamente a escuchar y leer la realidad y, como consecuencia de esta atención en la lectura a no expresarme, o al menos a no hacerlo tan seguido.
Voy a retomar algunas de las preocupaciones de mi última nota, una de ellas es la del país dividido. Una falsa división si me atengo a los intereses que naturalmente deberíamos tener. Más dañina y peligrosa aún si tenemos en cuenta nuestra condición de país dependiente: es imposible luchar contra la dependencia para un pueblo dividido como bien señala el Martín Fierro, pero hay algo más significativo: sobre el fomento de esa división hemos llegado al esquema de poder actual, el que, más allá de cuál de los dos candidatos gane el balotaje, ya ha cambiado en nuestro país y nos ha puesto a la defensiva, en la resistencia y ha retrasado los objetivos de construir una alternativa emancipadora para la Argentina. Y si en este momento uno ahondara en las responsabilidades sólo estaríamos aumentando las divisiones que nos perjudican. Existe una gran dificultad extendida en el pensamiento de muchos que diluye todos los límites y confunde las prioridades.
Me pregunto dónde quedó la política cuando partidos tradicionales han perdido sus nombres y carecen de organización política. Al contrario, lo que ha crecido es el clientelismo como práctica diversificando sus modalidades y abarcando todas las clases sociales y culturales y, también, el marketing como fábrica de instalar opinión en la sociedad. Quizás por esto también, lo digo esperanzada, ninguno de los dos candidatos que participarán del balotaje ha concentrado grandes mayorías. Recordemos: Daniel Scioli 36.8% y Mauricio Macri 34,3%. Tampoco ninguno ha generado entusiasmo positivo y, en cambio, si se expresan la defensa, o el hartazgo, no dejando lugar para proyectar una verdadera justicia social y los derechos humanos integrales para todos los argentinos.
La democracia también ha sufrido una distorsión grande. En vez de democratizarse las decisiones importantes que nos atañen a todos, se incentivan las expresiones que bajo una aparente libertad aumentan el individualismo o el individualismo colectivo por sobre los derechos sociales o la verdadera solidaridad. Mientras, se concentran los círculos de poder y la clase política como tal se perpetúa en el ejercicio del gobierno conservando sus privilegios y representándose a sí misma o gerenciando los grandes negocios privados y extranjeros.
Evidenciar los problemas estructurales de nuestra Argentina nada tiene que ver en este momento con sembrar alarmas innecesarias, por lo contrario, es un acto de responsabilidad, porque ya se sabe que las crisis las paga el pueblo, pero no todo en igual medida, y eso también dificulta la necesaria unidad que solamente puede lograrse mediante una sociedad solidaria y profundamente humana, que no se distraiga en el consumo o la sobrecarga de actividad e información, que se detenga y demore a pensar en el otro, que se tome tiempo también para interiorizarse de nuestra verdadera situación económica, no la propia sino la del conjunto. Los problemas estructurales no se solucionan ni con maquillaje ni con la indiferencia.
Sinceramente, me preocupa mucho más el futuro que el resultado del balotaje, es imprescindible que tengamos todos capacidad autocrítica para comprender el círculo vicioso de la Argentina.
Siempre lo ha sido pero ahora más que nunca es necesario un Proyecto Nacional que sólo puede construirse con Unidad, dejando de lado sectarismos y falsos ideologismos.
Es nuestra obligación ir en busca de la Patria perdida, recomponer una larga historia donde el poder de turno se encargó de confundir a patriotas con entreguistas, y de esta manera mantuvo la dependencia que nos imposibilitó conquistar un necesario modelo productivo soberano que responda a nuestras verdaderas necesidades humanas.
Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.
La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.
“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.
Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.
Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.
La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.
Este jueves a las 12:30 el Tribunal Criminal Nº2 dará a conocer su veredicto en el juicio contra Néstor Luis Ibars, imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por el retraso madurativo de su víctima, una ex interna del Patronato de la Infancia. En 2008, el caso destapó las irregularidades y mala atención que recibían lxs menores en la institución y una innecesaria judicialización y polémica sobre el aborto no punible generada por grupos “pro vida”.
“Son tres personas denunciadas, a dos se logró imputarlos. Eran Eber Mardones, que falleció, y Néstor Ibars y Juan Esteban Mardones que está prófugo de la justicia. La Fiscalía pidió doce años de condena, nuestra abogada que es la dra. (Claudia) Gauna pidió 15 años y el dr. (Jorge) Sayago de la defensa oficial pidió la absolución porque consideró que había contradicciones en los dichos y las excusas técnicas que siempre surgen en estos casos”, dijo a FM De la Calle la madrina de la joven, Fernanda Petersen.
Al debate fueron incorporadas por lectura las declaraciones que realizó la víctima durante la instrucción. “Por eso el fiscal (Rodolfo De Lucía) al momento de alegar referenció que no hay que perder de vista que el único testimonio que hay que tener en cuenta, que es el de mi ahijada, estaba en la Cámara Gesell y que al ser un delito que se produce entre cuatro paredes todo lo que ella dice está corroborado por las pericias psicológicas, por la gente a la que ella se lo contó. Creo que este sistema favorece porque declarar en un tribunal con las circunstancias que tiene y un defensor, que tiene todo el derecho legal y técnico a preguntar, hubiese generado una situación en ella demasiado violenta”.
La abogada testificó al igual que su hermana María Agustina por ser “las primeras personas que tomamos contacto con la situación”. Luego se presentaron las psicólogas que atendieron a la chica en la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía y médicos del Hospital Penna que realizaron el aborto terapéutico.
“Por parte de la defensa estuvo el director del Patronato, Antonio López, y Verónica Godoy, que es la trabajadora social y que obviamente referenció que no recordaba nada. Ella es una pieza muy importante no dentro de este juicio sino del que se está siguiendo al personal técnico y directivo del Patronato porque ellos por parte del hermano tomaron conocimiento de que en la casa de la persona que falleció se habían dado situaciones que no eran las adecuadas. El hermano de mi ahijada es una persona alcohólica, violenta, él se responsabilizó de que esto no iba a volver a pasar y esta información nunca la acercaron a tribunales”, aseguró Petersen.
La denunciante, quien en la época de los hechos era secretaria del hogar, agregó que la justicia se enteró de los abusos “cuando con mi hermana ese lunes nos presentamos en el Patronato diciendo: ‘¿Qué pasó? ¿Quién hace la denuncia con nosotras?’. Nadie nos acompañó y ahí empezó todo este camino que llegó, después de siete años pero llegó al fin, contra Néstor Ibars, que también es una persona que trabajaba para la Dirección General de Escuelas con lo que esto implica”.
“Empezar a poner blanco sobre negro ayuda porque, más allá del tiempo que haya pasado y la sentencia que se pueda llegar a tener o no, el tema de visibilizar y de que estas cuestiones no queden en la nada y sobre todo el tema institucional del Patronato de la Infancia. Mi ahijada le contó lo que ella había vivido con todos los detalles a Susana Camblor, a Verónica Godoy y al psicólogo de la institución Esteban Godia y nadie hizo nada. No solamente que no hicieron nada sino que le dijeron que habían hecho un evatest y que como dio negativo consideraron que no era tan grave, que de eso no se hablaba”, dijo.
Petersen subrayó que “generarle a una víctima de abuso ‘de esto no se habla, esto no es bueno’, obviamente es victimizarla doblemente. Y no fue por parte de gente que tal vez no conoce este tipo de situaciones, fue por parte de personal calificado o que debería serlo, que trabaja en una institución que también es responsabilidad del Estado porque recibía becas -y lo sigue haciendo- del Estado municipal y provincial”.
Respecto a la falta de memoria planteada por la trabajadora social Verónica Godoy, Petersen afirmó que “ella está imputada penalmente por estos hechos, tiene que acordarse, se analizará en su momento si con esta cuestión comete algún delito o no y si es así la denunciaremos con mi hermana porque no vamos a permitir que esta gente siga haciendo lo que le plazca. Uno cuando va a un juicio oral tiene obligación de decir verdad de todo lo que sabe, ella hace menos de dos años declaró todo esto en la Fiscalía de la dra. Herro, salvo que haya un certificado que diga que tiene amnesia total no puede olvidarse. (…) Ella dijo textualmente: ‘De esto voy a hablar en mi juicio’, como si esto fuera una obra de teatro en la que uno tiene exclusividad y no puede hablar en otro canal”.
“Los testigos de la defensa intentaron demostrar que mi ahijada mentía, que fabulaba, que era mentira que fuera tantas veces. Todo eso quedó más que acreditado así que esperamos con confianza el fallo”, manifestó Petersen. Mañana las juezas Eloisa Errea de Watkins y Claudia Fortunatti y el juez Eugenio Casas darán su veredicto en los tribunales de Estomba 54.
Foto: DesBandadas.
(Por Julia Giménez) No fue magia, ni pura coincidencia. Pasado más de un mes del derrame de cianuro en aguas sanjuaninas y a días de las nuevas explosiones de la Dow en Bahía Blanca, el modelo de desarrollo concentracionario y extractivo que se expande por el territorio latinoamericano volvió a causar estragos.
Siendo el Brasil tierras de procedencia de los grandes capitales que dirigen los destinos económicos de la región, no por eso queda exenta del destructivo modelo productivo.
El 5 de noviembre se produjo el rompimiento de dos represas de la minera Samarco, de las empresas Vale dos Ríos y la australiana BHP Billiton. Campeona por las denuncias de reiteradas violaciones a los derechos humanos y ambientales, la megamineradora Vale S.A. es la responsable el “tsunami” de barro que inundó el distrito de Benito Rodrigues, entre las ciudades de Mariana y Oro Preto, en la región central de Minas Gerais.
La quebradura de las represas lanzó 62 millones de metros cúbicos de residuos mineros y agua, dejando como saldo la desaparición de alrededor de 45 personas, la muerte de más de 30 vecinos y trabajadores de la empresa, y la destrucción de la localidad tapada por lodo tóxico.
Lejos de ser un accidente, como en tantas otras oportunidades, se trató de una catástrofe anunciada. O sea, que podría haber sido evitada. El informe técnico realizado por el Instituto Prístino, a pedido del Ministerio Público durante el licenciamiento del proyecto, ya identificaba una serie de problemas insistentemente denunciados por los sindicatos y movimientos sociales. En este sentido, y como afirma la “Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale” (Otro rastro de destrucción y muerte en la historia de la minería y de la empresa Vale S.A. – Nota de la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A.), lo ocurrido es “crimen”.
En contexto en que el modelo va en marcha, sin dar un paso atrás frente a las desbastadoras consecuencias que deja a su andar, las catástrofes se convierten en efímeros videos en Facebook que retratan lo anunciado y silenciado.
Mientras esto sucede, miles de dólares siguen siendo apostados a costa del destino de los pueblos latinoamericanos, y el gobierno de Minas Gerais no descansa por acrecentar los caudales de las empresas mineras.
Al ritmo del barro que arrasó con la localidad minera, el gobernador Fernando Pimentel (PT) envió a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, el Proyecto de Ley nº 2.946/2015, que altera el Sistema Estadual de Medio Ambiente (Sisema), con la intención de dar “mas agilidad a los procesos de licenciamientos”.
Frente a las contradicciones del modelo de desarrollo, los afectados vuelven a decir: “¡BASTA!”
El Dúo Humorístico Los Mosquitos se presentará este sábado a las 21 horas en el Teatro de Ingeniero White. Sobre tablas ofrecerán la obra que escribieron para sus 25 años “Las jodas de Plata” (2014).
“Es un teatro hermosísimo. Tuvo una actividad muy importante hace unos 20 años atrás que fue cuando lo pusieron en valor -la gente de White-. Desde los tapizados de las butacas, la pintura, el piso, una infinidad de cuestiones edilicias. Se está cumpliendo un aniversario desde que se lo recupera al teatro” dijo el músico y humorista Eduardo Canale a FM De la Calle.
El espectáculo “se trata de un zapping televisivo donde uno va buscando o tratando de encontrar un programa que le guste y cada uno de esos programas son sketch con ropas, personajes”.
En 25 años las sociedades y las luchas ideológicas internas van modificando los concesos culturales. En este sentido y según su propia experiencia, el artista sostuvo que “hay tanta diferencia en la idiosincrasia del público, distinta fracción social, culturales. De repente podés tirar chistes que en algún rincón del teatro va a surgir efecto y en otros no. Pero sí uno va tomando decisiones de qué no hacer más”.
“Nosotros hemos hecho humor en estos 25 años que no caían mal en su momento. Pero luego las cosas fueron cambiando. Por ejemplo, el tema de la violencia de género. Hasta en el mismo tango si ponés a ver letras como ´no te rompo de un tortazo´ o Martin Fierro donde si le llevaba un mate frío también le pegaba. Son culturas que muy felizmente han cambiado”.
“Si hacés chistes de estas características por ahí la gente se ríe igual. Pero uno decide dejar de hacer ciertos chistes que a nosotros ya no nos caen en gracia porque nos parecen una barbaridad y que no se puede hacer humor con esas cosas”, explicó.
Escuchá la nota completa:
La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.
La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.
La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.
Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.
Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.
Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.
El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.
Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.
La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.
Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.
Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.
La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.
Fuente: CIJ.
El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.
Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.
“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.
En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.
“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.
Texto: Diego García.
El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.
El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.
“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.
“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.
En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.
Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.
Multa a Dow
Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.
“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.
La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.
Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.
“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.
En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.
El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.
Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.
El arquitecto José Zingoni fue invitado en los últimos días a formar parte orgánica del gobierno municipal del intendente electo Héctor Gay. El ofrecimiento surgió por su labor en la elaboración del Plan Estratégico durante el gobierno de Jaime Linares. “Lo bueno que tiene esto es no hay un plan de gobierno sino un plan de ciudad”, dijo el presidente del GEN.
“El plan en su momento fue una herramienta novedosa, buscaba definir el horizonte de la ciudad de una manera muy participativa, nosotros trabajábamos en conjunto con distintas instituciones locales y privadas. En principio se realizaba un diagnostico participativo, luego un menú de programas y proyectos. Lo que se mezclaba son los aspectos técnico de desarrollo local como el metodológico empleado para llevar a cabo un plan”, explicó a FM De la Calle.
El arquitecto recordó problemáticas que continúan vigentes: “La cuestión de la contención de la periferia, el acceso de la gente a la tierra, estos temas han quedado de lado. El desarrollo portuario es una de las cosas más importantes para la ciudad y dio un giro importante. Fijate que el puerto crece hacia adentro, no hacia afuera. Uno de los fines del plan era trabajar para la comunidad”.
Añadió que “después del 2003 hay cosas que sobrevivieron del plan, como por ejemplo el tema de los ensanches de algunas calles. Lo que tenía que ver con el tránsito, los espacios públicos, los edificios históricos, todas estas cuestiones han quedado de lado”. Además, remarcó, “no se compró ni un metro de tierra para ampliar el actual relleno (sanitario), no hay ni un solo informe de cómo van las cosas en la temática de residuos”.
El plan contemplaba la problemática del agua en la ciudad. “Durante nuestro trabajo tomamos como fundamental los informes realizado en la Universidad del Sur. Hicimos una ponderación de varias opiniones, el mismo avance tecnológico en esta materia fue y son importantes. En la actualidad se ha desatendido la voz de los especialistas en esta materia”.
Con respecto al ofrecimiento del macrismo, Zingoni manifestó que “fue una propuesta generosa de parte de Gay. Yo estoy agradecido pero respondo a un sector político y no voy a cambiar. Mis deseos eran formar parte de un hipotético gabinete de Virginia Linares y no se dio. Desde hace tiempo que tengo en claro en qué lugar estoy y quiero estar. Políticamente es mi lugar”, sentenció.
El presidente del GEN aclaró que “sería bueno y necesario reflotar, renovarlo al Plan Estratégico. Estoy pensando con mi equipo de trabajo en ser un asesor externo del nuevo gobierno comunal, pero todavía no definimos”.
Sin inconvenientes, se llevaron a cabo los comicios para elegir representantes de estudiantes en distintos órganos de gobierno. La Junta Electoral informó los resultados provisorios de la elección.
Para el Consejo Superior, la Lista Unidad obtuvo 2.774 votos, y cinco cargos; Generación UNS, 2.522 y cuatro cargos; MNR Desafíos 518, sin cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda, 478 votos, sin cargo; Franja Morada, 282, sin cargos. Votos en blanco, 134.
Para la Asamblea Universitaria: Unidad 2.716 votos y 11 cargos; Generación UNS 2.539 y 10 cargos; MNR Desafíos 554 y dos cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda 480, un cargo; Franja Morada, 293, sin cargos. Votos en blanco: 134.
Fuente: Prensa UNS.
En la madrugada del domingo pasado falleció Aldo Etchegoyen, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cofundador y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y copresidente de la Comisión Provincial de la Memoria. Será homenajeado este domingo a las 19 en la sede metodista de Belgrano 355.
Aldo Etchegoyen era conocido y destacado por su trabajo por los derechos humanos, especialmente –aunque no solo- durante la última dictadura cívico-militar, compromiso que adquirió desde un principio con honradez y jugándose la vida en las visitas a los detenidos, reclamando por la aparición con vida de los desaparecidos, poniéndose siempre desde el lugar de las víctimas de la represión.
Esa actitud valiente de un infatigable luchador por la paz como Etchegoyen, le ha valido el reconocimiento de gente como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y otrxs. Entre ellos, del propio pastor de la Iglesia Metodista de Bahía Blanca, Aníbal Sicardi.
“Aldo, como lo llamaba la gente desde que empezó su trabajo en el Chaco junto a los pueblos originarios, y que continuó en Córdoba, Bahía y Buenos Aires, y siendo representante argentino ante el Consejo Mundial de Iglesias y presidente del Consejo Metodista de América Latina y el Caribe, era un hombre sencillo, espontáneo. Favorecía siempre el diálogo y el intercambio, aún entre quienes disentían”.
“Era ante todo un pastor. Así lo recuerda la gente”, dijo en FM De la Calle. “Junto a de Nully Brown y Pagura, es una de las figuras centrales que marcan la identidad del metodismo en Argentina”.
Una identidad signada por la lucha, que continuó en democracia en los últimos años en la Comisión Provincial de la Memoria y el trabajo con los presos que día a día sufren vejaciones en las cárceles de nuestro país.
Pueden utilizarse para rendirle un justo homenaje las palabras que el propio Aldo utilizara en una ocasión en una visita a nuestra ciudad: “Hemos andado un largo camino, pero sabemos que queda mucho por andar por los derechos de los pueblos indígenas que sufren avasallamiento por los poderosos terratenientes, empresas agropecuarias o mineras que invaden sus territorios; en poner dignidad en personas que sufren trata de personas, en mujeres, niños y marginados, mujeres que sufren violencia de género, salud, educación y tantas otras expresiones de graves situaciones humanas”.
(Por Julio Gambina)Esta semana se hicieron actividades conmemorativas del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en varios países de la región, y por supuesto también en la Argentina.
Resulta interesante recuperar la memoria de una de las gestas más importantes protagonizadas contra un proyecto estratégico de las clases dominantes en la región. La liberalización impulsada por EEUU en las negociaciones por el ALCA contaba con el consenso de todos los gobiernos de la región, excepto Cuba, excluida de los cónclaves de Presidentes de las Américas.
Todo era producto de la lógica neoliberal que imperaba en los años 90, los del Consenso de Washington, a favor de la iniciativa privada y la liberalización de la economía.
La combinación de la campaña continental contra el ALCA y el acceso al gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el primer escollo al avanzado proyecto por el ALCA que se negociaba en secreto. En efecto, en la III° Cumbre de Presidentes de las Américas del 2001 en Quebec, apareció la primera fisura en la reunión de los jefes de Estado, con una gigantesca movilización continental de la II° Cumbre de los Pueblos en las calles de la ciudad canadiense.
Allí empezó una nueva etapa, con el fin del secreto en las negociaciones de los Jefes de Estado. Fue el comienzo del fin de un tratado que definía en el corto plazo la integración subordinada de nuestros países a la lógica de liberalización del capital transnacional y los intereses de la política exterior estadounidense. La libre circulación de mercancías, servicios y capitales constituía el sentido de la política aperturista del ALCA.
Ese estado de situación del No al ALCA se potenció en los años siguientes y en noviembre del 2005 en la IV° Cumbre de Presidentes de las Américas en Mar del Plata, George Bush y los gobiernos aliados intentaron reinstalar la agenda por el ALCA. No pudieron, ya que fueron frenados por la movilización social reunida en la III° Cumbre de los Pueblos, junto a una nueva correlación de fuerza política en los gobiernos de Sudamérica, especialmente Venezuela y los 4 del Mercosur. La articulación con estos gobiernos impidió la institucionalización del ALCA.
Integración alternativa
Fue un gran triunfo que habilitó una discusión sobre la integración alternativa, con nuevas consignas, como la soberanía alimentaria, energética o financiera.
Ese es el marco para el debate procesado entre 2005 y 2010 para pregonar la necesidad de una nueva arquitectura financiera en la región. Incluso antes, en diciembre del 2007 se suscribió un acuerdo para instalar rápidamente un Banco del Sur, como parte de una estrategia de integración financiera con perspectiva alternativa.
La crisis mundial, actualmente en curso, aparecía con fuerza en el sector financiero hacia 2007, y alentaba en Nuestramérica una búsqueda para transitar senderos alternativos. Grandes cantidades de reservas internacionales se acumulaban en nuestros países y se discutía el uso orientado hacia otro modelo de producción.
Esas expectativas no se concretaron, aun cuando subsistió el objetivo y el discurso por una integración alternativa. Es más, algunas iniciativas avanzaron, caso de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) por acuerdos entre Cuba y Venezuela hacia fines del 2004, que con la incorporación de Bolivia en el 2006 se transformó en ALBA-TCP (Tratados Comerciales de los Pueblos), para continuar creciendo en adhesiones.
Con el ALBA-TCP se avanzó en el intento de la nueva arquitectura financiera, con un banco y una moneda para el intercambio comercial, el SUCRE; pero con los límites que impone la no integración a esos procesos de los países de mayor desarrollo relativo, especialmente Brasil y Argentina. Si se constituyeron ámbitos de articulación, más políticos que económicos, caso de Unasur y la Celac.
Aquel clima de época y de esperanzadas expectativas, del lustro siguiente al 2005, no prosperó en su orientación principal, mientras seguían no tan subrepticiamente los estatutos de la liberalización.
Así, el mantenimiento en varios de los países de los tratados bilaterales de inversión y la negociación de tratados de libre comercio, del Mercosur con Israel, por ejemplo; incluso las conversaciones para retomar las negociaciones con Europa desde el 2010, dan cuenta de una agenda liberalizadora que reapareció en la región.
La Argentina no siguió el camino de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que denunciaron la participación ante el CIADI. Vale recordar que Brasil jamás aceptó integrarse a la lógica del tribunal impulsado por el Banco Mundial.
Se puede coincidir que la integración alternativa sigue siendo una asignatura pendiente, pero que las demoras en ese proceso favorecieron remedos del ALCA como la Alianza del Pacífico, al que son tentados para ingresar los países que resistieron hace una década al ALCA.
Nuevos protagonistas para la inserción mundial
Otros actores globales intervinieron para definir la inserción de Nuestramérica en el sistema mundial, especialmente China. Se trata de un vínculo de complementariedad sin modificar el modelo productivo.
La presencia china fue creciendo desde las relaciones comerciales, a las inversiones y los préstamos, constituyéndose en varios de nuestros países en primero o segundo país en vínculos económicos internacionales.
Esas relaciones y las condiciones globales de la situación mundial estimularon el alza de los precios de los productos primarios de exportación, algo que ya no ocurre, consolidando la primarización de las exportaciones de Nuestramérica. El resultado directo fue la confirmación de un modelo productivo subordinado a la lógica de acumulación de las transnacionales.
El papel de China avanza en múltiples direcciones y articulaciones globales más allá de Nuestramérica. Pretende su lugar en la disputa de la hegemonía del sistema mundial. Destacan en ese sentido las crecientes relaciones políticas y económicas con Rusia y el liderazgo en la construcción del bloque BRICS, algo que genera expectativas, aun cuando no está propuesta la superación del orden capitalista.
La discusión habilitada para nosotros es sobre el modelo productivo y de desarrollo. Si el problema es la subordinación a un bloque de países u otros sin superar la hegemonía del régimen del capital, o si, de lo que se trata, es de superar la inserción dependiente de Nuestramérica en el orden capitalista.
Subordinación o autonomía para un nuevo modelo productivo
A 10 años del No al ALCA sigue vigente la discusión sobre la inserción internacional de Nuestramérica y el carácter subordinado o autónomo de la integración regional.
No es un tema menor en la Argentina, en momentos en que se define un nuevo turno presidencial. No haber avanzado en la agenda por la integración alternativa en estos años facilita la presión del poder económico por la apertura, la liberalización y la subordinación al programa de máxima del capital transnacional.
Hace muy poco y en Uruguay, la movilización popular denunció el secreto del gobierno uruguayo para integrarse en el TISA y frustró el proyecto, que es una de las tantas formas de institucionalizar la liberalización. El triunfo de la movilización y organización popular muestra el camino a seguir.
Por eso vale la pena recuperar la memoria por el triunfo de hace una década y continuar en la brega por reinstalar una agenda para la integración no subordinada.
No está cerrada la discusión y el momento de mayor expectativa en la construcción de proyecto alternativo estuvo determinado por la dinámica de movilización popular e iniciativa política de transformación. Ese es el desafío en la coyuntura para recrear condiciones de posibilidad para la lucha por la emancipación en la región Nuestramericana.
Este sábado se presentará la Orquesta Bahía Blanca Tango en el Teatro Municipal a las 21 30 horas.
El Maestro Jorge Vignales dirige la formación. En una entrevista con FM De la Calle contó que “hace dos años que estoy radicado en Bahía Blanca y era director de la Orquesta Municipal del Tango de La Plata. Cuando me vengo empecé a juntar los músicos. Primero empecé con la guitarra porque no conocía a nadie, con Gibelli como cantor. Después me contacté con Gisela Grégori en el piano y Patito Vitali en el bandoneón. Empezamos con el trío que se fue agrandando”.
El objetivo es que “Bahía Blanca tenga su orquesta municipal de Tango. El mismo proceso que empecé en La Plata”.
La historia de las orquestas de la ciudad es muy rica hasta que, como en todo el país, las milongas fueron desplazando a lxs ejecutantes musicales del escenario y se fueron perdiendo millares de puestos de trabajo. Muchas de esas formaciones estaban estrechamente ligadas a las distintas asociaciones gremiales con las que lxs trabajadorxs de la música de la región supieron organizarse.
En la última década del siglo pasado hubo un intento de crear una orquesta municipal para la que trabajaron grandes maestros de nuestro medio. Sin embargo, finalmente el intento no prosperó ya que el municipio no designó los fondos.
La formación
Orquesta Bahía Blanca Tango está compuesta por Jorge Vignales (Contrabajo), Gisela Gregori (Piano), Francisco Vitali (bandoneón 1), Javier Stroman (Bandoneón 2), Emanuel Vilches (Violín 1), Laura Fuentes (Violín 2), Daniel Moran (Viola) y Maximiliano Medina (Violonchello); y la voz del cantante Pablo Gibelli.
El espectáculo contará con una puesta escénica enriquecida y la participación de la pareja de baile formada por Enrique Bodini y Noralí Polanco.
La entrada general es de $ 100 y afiliadxs a la Unión de Músicxs del Sur tienen un 50 % de descuento.