Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.
Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.
Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.
La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.
En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.
El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.
Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales. Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.
“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.
El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.
En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.
La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.
Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.
“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.
El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación, Javier De Luca, propuso archivar una denuncia del suspendido camarista Néstor Montezanti contra el profesor Dante Patrignani. Se trata de la supuesta “revelación de secretos políticos y militares” en la que habría incurrido el docente al difundir el legajo que demuestra la pertenencia del abogado al Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y su juramento de guardar “lealtad y fidelidad” al estado genocida.
El documento había sido presentado por Patrignani como prueba en la demanda civil que Montezanti le inició al considerar que el conocido fotomontaje que lo muestra con gorra militar “era difamatorio y humillante” y lo deshonraba “al ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura, de modo ilegítimo e arbitrario, además de considerarlos impúdicos”.
De Luca destacó que “la vergüenza del demandante por haber colaborado con el Ejército Argentino” no constituye delito y advirtió que, tal como informara FM De la Calle, del legajo militar “surge que con fecha 25 de septiembre de 1980 fue presentado a la Fuerza por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro, de modo que mediante los afiches se había dado a conocer un hecho verídico en el libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”.
En la primera instancia, la Fiscalía entendió que “la documentación no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas” y el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. El letrado, que será próximamente sometido a un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, apeló y la Cámara Federal que supo presidir revocó la decisión por “prematura y contraria a derecho”.
Patrignani y la Fiscalía calificaron a resolución como “absurda y arbitraria en tanto sujeta la revocación de un archivo a medidas superfluas y sobreabundantes” y recurrieron a Casación, cuyo fiscal ahora insistió con la inexistencia de delito.
“No deja lugar a duda que el informe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino en cuanto a que la documentación que fue presentada por el demandado en una causa civil, no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. A ello, cabe agregar que fue presentada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho, el de defensa en juicio y que, por ser de interés público, su uso y difusión tampoco puede constituir delito. Por todo ello considero que se impone el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, opinó.
También subrayó que Montezanti ejercía hasta hace algunas semanas la titularidad de cátedras en la Universidad del Sur y presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo cual, el hecho de que “trabajó para el Ejército Argentino, constituye información de interés público que queda amparada por la libertad de expresión. La presentación de dicho documento en una causa civil no resulta suficiente para atribuir responsabilidad penal, por cuanto se estarían limitando los derechos vinculados con la información, y así también el debate público de cuestiones de interés general como garantía del sistema democrático”.
En su dictamen, De Luca recordó los fundamentos del Decreto 4/2010 que desclasificó la nómina del Personal Civil del Ejército entre 1976 y 1983, que reconoce que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las fuerzas armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia” y que “la decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción”.
Asimismo, aclara que el accionar de las fuerzas armadas durante el genocidio “demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.
“Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado. Cualquier limitación (…) podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, concluye.
Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com
Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos motivó un allanamiento en Casbas el cual fueron encontradas piezas resguardadas por la ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Buena parte del material se comercializaba en internet a través de Mercado Libre, delito que tiene una expectativa de pena de dos meses a dos años de prisión.
Entre los elementos secuestrados, figuran 178 piedras de moler, 458 piedras de tallar, 38 piedras boleadoras, 23 puntas de flecha y cuatro armas de fuego de vieja data. Todas esas piezas se encuentran resguardadas por la ley 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Los traficantes no escondían su identidad, ni las características de los objetos que pretendían vender. Así, el usuario coincidía con sus verdaderos nombres y apellidos. En la publicación, además, explicitaban que se encontraban en el partido de Guaminí.
La denuncia ante la Procelac había sido presentada por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es el órgano designado por ley para aplicar la normativa que busca preservar las piezas arqueológicas y paleontológicas.
Del operativo en Casbas participaron integrantes del Departamento Interpol de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por orden del juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla. La causa se había iniciado a partir de una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que luego remitió a la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, en ese entonces a cargo del fiscal Antonio Castaño y en la actualidad subrogada por el dr. José Nebbia.
A partir de ello, el Área de delitos tributarios y contrabando de la Procuraduría especializada realizó una serie de medidas para dar con los anunciantes, quienes ofrecían los objetos en distintos sitios web de e-commerce. En una primera resolución, la Procelac manifestó que los hechos “podrían configurar el delito tipificado por el artículo 48 de la Ley 25743 de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”. Ese artículo reprime con penas de dos meses a dos años e inhabilitación especial de hasta cinco años a quien “transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales”.
Fuente: Fiscales.gob.ar / Foto: Online 911.
El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Bahía Blanca, Néstor Alende, se refirió en FM De la Calle a las demandas de las trabajadores y los trabajadores del sector y anunció que “vamos a una jornada de lucha el 28 de octubre”.
Alende remarcó tres temas primordiales: “Exigimos que se trate en la Legislatura la ley de recuperación del 3% de antigüedad que hemos perdido, la ley de Paritarias y la ley de Autarquía”.
El secretario se explayó sobre estos dos últimos y explicó que “la ley de autarquía es un resorte del Poder Ejecutivo. Nosotros discutimos con dos patrones, uno como dije es el Ejecutivo, que abarca el tema monetario, y otro con la Suprema Corte que comprende las condiciones laborales”. “Queremos una cláusula, queremos tener paritarias con o sin autarquía”, enfatizó.
Algunos dirigentes de gremio, en el caso local el propio Alende, están siendo perseguidos gremialmente. El tema fue planteado en una reciente reunión con el máximo tribunal provincial. El dirigente aseguró al respecto que “persiguen a los compañeros de varios rincones de la provincia y adelantó que “el presidente de la Corte Suprema lo va a dejar sin efecto”.
Finalmente, el secretario de la AJB comentó que “hay varios peritos que no están cobrando la retención del título, ya sea escribanos o contadores. A los abogados se lo están liquidando”.
Tres documentalistas francesas visitaron el estudio de FM De la Calle para contar su experiencia en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata y comentaron el trabajo que están realizando en la ciudad. Coline Dhaussy, Lucie Assemat y Marine Allard participaron del micro de Acciones Feministas en el programa En Eso Estamos.
“Se trata de ver cómo se puede manejar acá, en América Latina, las luchas por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia y las luchas socioambientales que tienen que ver con la libertad de estar en el territorio donde quieres estar, como son los pueblos mapuches. Nosotras vemos acá en Argentina como un hilo rojo en términos de luchas por la autodeterminación, como fue la lucha de lxs trans para cambiar de estado civil, también como fue la lucha del matrimonio igualitario, tiene que ver en ganar libertad en la manera de gestionar tu propia vida”, comentó Lucie.
Agregó que “nos pareció interesante ir profundizando esa búsqueda con eso de los derechos colectivos, porque está muy bien que tengamos el derecho al aborto, que tengamos esas luchas, una vida libre de violencia pero también eso se tiene que inscribir en un marco de defensa de derechos, pues si eres mujer en alguna comunidad donde no tienes algún hospital cerca, algún centro de salud o no te dan el derecho a gestionar tu salud con métodos naturales tampoco puedes usar tu derecho individual. Queríamos ver como se podían manejar esas dos luchas y como podían confluir. También como llevar esos ejemplos a Europa”.
Sobre el Encuentro de Mujeres, Coline afirmó que “no esperaba tantas mujeres juntas en la misma ciudad, estuve muy emocionada, porque un encuentro con 60 mil mujeres o más es imposible en Francia”. “Sería posible hacer una revolución, es una buena esperanza para mujeres de todo el mundo, es muy importante con el documental hablar del encuentro, el mundo no conoce el ENM”, opinó Marine.
Lucie manifestó que “no solo se trata de la muchedumbre que éramos, también se trata de cómo se lucha acá. Yo nunca vi a tantas feministas, cantar, tocar, bailar, tanta alegría. Lo filmamos y veíamos a tantas mujeres bailar y agarrándose como si fuera, no sé… un tecno party en Francia feminista y con consignas políticas. De lograr hablar de femicidio, de violencia, de abuso, de maltrato cantando y bailando, dando fuerza y alegría. No es un milagro porque no creo en la Iglesia pero es muy inspirador”.
Las documentalistas conversaron acerca de la situación en Francia en materia de violencia machista, femicidio y políticas públicas. “En la ley francesa y en los tratados europeos e internacionales hay concepto feminista de violencia de género. En la nueva legislación en Francia hay noción. Ese concepto de violencia por cosas de género aquí ya está instalado. Pero en la práctica hay un gran problema de la formación de la policía, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los servicios sociales. Entonces, cuando una mujer quiere dejar a su marido la dificultad empieza en ese momento, en todos los servicios sociales, para tener un apartamento, para abrir una cuenta bancaria, para tener a sus hijos, es muy complicado, es muy difícil”, comentó Marine.
Por su parte, Lucie acotó que “el nivel de tolerancia está bajando, eso es alentador. También la violencia psicológica está empezando a ser reconocida por parte de las mujeres, el personal de salud, policial, judicial se tiene que capacitar. Una cosa que ya como que no aguantan tanto como hace unos 10 años”.
“En Francia el aborto es legal hace como 40 años. No van a quitar el derecho al aborto en términos legales, la derecha lo quiere quitar con el programa de austeridad, centros de aborto, etc. Ahora ya no es tanto una batalla en términos legales sino más en presupuesto y acceso”.
Por último, al ser consultadas sobre su postura respecto a la prostitución, Lucie sostuvo que “mientras nos peleamos, estamos gastando un montón de energía en eso, no hacen falta los opositores para que nos estemos peleando. Hay un argumento de las reglamentaristas que las prostitutas tienen que tener derechos. Las abolicionistas dicen que no es un trabajo, que no pueden tener derechos por ese trabajo. Igual voy a sonar muy utópica diciendo esto, pero creo que todo el mundo debe tener los mismos derechos universales. Por tu trabajo que tengas derecho a la salud, a la educación, al retiro y por ahí se puede solucionar de esa manera”.
(Por Julio Gambina) En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.
Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.
Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.
Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.
Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.
Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.
En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.
Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.
En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.
No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.
(Por Partido Comunista de Bahía Blanca) El próximo domingo la ciudad vota el color político del gobierno que ejecute los lineamientos del siguiente mandato. Pese a que se pretende polarizar la intención de voto, en coincidencia con el intento del sciolismo vs marcrismo, es importante observar las particularidades del fenómeno en nuestra región.
En términos generales, el macrismo es una fuerza de derecha que intenta instalarse con rostro propio sin tener que pedir prestado un partido popular para ejecutar sus políticas. Se muestra abierto al diálogo y habla sólo de “cambio” sin explicar cuál sería, dado que de hacerlo tendría que confesar los crímenes de clase que cometerá.
El Frente para la Victoria intenta, por su parte, mostrar el rostro humano del capitalismo basado en no perder los derechos asignados. Lo hace con un candidato que utiliza el discurso de lo realizado como base para avanzar cambiando lo que haya que cambiar. En este sentido, Scioli tampoco confiesa cuáles serán los cambios y qué sector social será el beneficiario.
Mientras tanto el gobernador anunció a su futuro gabinete de ministros que de progresista tiene lo que Macri de popular: ni la sombra.
Dejando de lado la oferta acotada de sectores trotskistas que no intentaron un frente que contuviera a todos los sectores en lucha sino que buscaron apoyo acrítico hacía su proyecto, llegamos a octubre de 2015 sin una herramienta política popular alternativa para confrontar contra las políticas de profundización del capitalismo y contención del conflicto social. El FIT no representa el crecimiento de la izquierda sino la expresión del fracaso en la búsqueda de una herramienta política amplia que contenga a las organizaciones populares.
En Bahía Blanca la derecha clásica realizó su apuesta coherente eligiendo como candidato al cuadro que han formado durante décadas: Héctor Gay.
Por su parte, el Frente para la Victoria no se quedó atrás en términos de sacar de entre los suyos el más conservador de los candidateables: Marcelo Feliú.
Mientras Héctor Gay brinda con su mentor, Vicente Massot, Marcelo Feliú lo hace con su amigo Montezanti. Gay siempre estuvo del lado de las empresas y contra “la gente”. ¿Algún militante político o social ha visto alguna vez a Feliú en 1 conflicto popular que pueda recordar? Cada quien tiene el derecho de ver lo que quiera ver en cada candidato. Sin embargo, por más mas baño de pueblo con el que intenta lavarse Hetitor y más progresismo kirchnerista con el que quiera vestirse el legislador destacado, el uno sigue siendo el vocero a sueldo de las empresas que nos matan y dejan nada a cambio, y el otro el señorito católico por el que apostó el conservadurismo social y empresarial.
Si bien es cierto que no es lo mismo el Frente para la Victoria que Cambiemos, cuando los candidatos asisten a debates tienen serias dificultades para mostrar alguna diferencia programática en torno al objetivo de sus fuerzas basado en la funcionalidad y el aliento a los negocios que han llevado a esta ciudad a ser una con los mayores índices de desocupación, a la dependencia económica de un Polo industrial que contamina y no genera gran cantidad de empleo ni deja riqueza hacia la comunidad, en una ciudad donde pasan miles de millones de dólares y esa sangría constante que sale en barco la pagamos los y las bahieses.
Creemos que, dentro de la pobre oferta electoral existente y en la necesidad de profundizar los esfuerzos por la constitución de una fuerza política alternativa del pueblo, el proyecto económico de Cambiemos y del FpV es consolidar los negocios de los mismos de siempre.
La foto de Scioli con el embajador yanqui y la tropa “progresista” prometiendo desarrollo no podría ser más gráfica. Gay pidió también su turno para entrevistarse con el funcionario norteamericano. Hace 30 años los mismos sectores prometieron desarrollo y construyeron un muro que nos tapa el mar y nos mata lentamente. Hablan de crecimiento pero no dicen para quién. Hablan de inversiones pero mientras los y laburantes, las pymes y los que no son grandes actores económicos luchan a diario y son asfixiados por diferentes trabas, hay otra ley siempre dispuesta a favoreces a quienes nada han hecho para el bien común y todo han hecho únicamente por sus propias arcas y beneficios.
En este contexto, Integración Ciudadana, aún con todas las diferencias que expresamos públicamente en su momento, representa una fuerza política que no tiene compromisos con esos sectores de poder y que puede dar al Estado un rol menos vergonzante que el de esclavo por elección. Y decimos Integración Ciudadano porque no apoyamos la lista, más allá de lo local, que el sello Progresistas presentó. Hablamos de una fuerza con sellos de goma que ha retirado el apoyo a los procesos populares, que ha expresado su apoyo a los sectores golpistas y antipopulares de Venezuela.
Volviendo al plano local, decimos nuevamente que no se puede ser progresista y conservador al mismo tiempo. No se puede ser pro imperialista y popular en simultáneo. Se puede ser una cosa y mostrarse como otra, pero la única verdad es la realidad y a la realidad todos y todas la tenemos en frente.
(Por Walter Rezzuti*) Porque creo que el acceso a la Tierra es cuestión prioritaria para miles de bahienses que buscan tener un lugar propio y, para ello, hay que enfrentarse al negocio y la especulación inmobiliaria, intereses que históricamente Gay ha defendido y lo sigue haciendo, al tener a su lado a personas que han acrecentado su patrimonio con la práctica de métodos propios de quienes no les importa permitir la posibilidad del acceso a un lote con servicios.
Porque creo que el sueño de la vivienda propia implica gestión e independencia empresarial por parte de un intendente que no se encuentre ligado a la obra pública tradicional, y que aplique en toda su magnitud la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ley provincial que fue boicoteada permanentemente por Gay desde los micrófonos de la radio de la que fue empleado.
Porque creo que el trabajo y la generación de ingresos debería ser una política central en un gobierno municipal, que contribuya a la inclusión de la mayoría postergada en una economía humanizada que ponga en el centro al trabajador y sus necesidades para el desarrollo de una vida digna, lo que implica cuestionar e intervenir sobre el proceder económico de corporaciones poderosas, al lado de las cuales Gay ha estado en las últimas décadas.
Porque creo que la respuesta a problemas sociales acuciantes es imperante, aunque ello implique enfrentar a sectores que actuaron en connivencia con los que Gay ha representado en sus años de periodista en LU2.
Porque creo que la defensa de la salud y su acceso gratuito como forma de favorecer el ejercicio pleno de derechos fundamentales, va a contramano de las palabras que Gay ha expresado permanentemente a favor de la medicina prepaga y en contra de los trabajadores de la salud.
Porque creo en la escuela pública como principio político de articulación de la igualdad de oportunidades, fundamentalmente desde los sectores populares, y en los docentes como instrumentos de transformación, es que no puedo dejar de recordar cada una de las palabras de Gay permanentemente defenestrando la lucha de los maestros y la situación de la educación pública en detrimento de la privada.
Porque creo en un concepto de cultura que implica el desarrollo de las comunidades barriales de sus propias capacidades y sensibilidades, a fin de recuperar el sentido de sociedad con metas comunes y sueños colectivos –y desde las producciones artísticas-, aspectos estos permanentemente bastardeados por Gay desde la postura de una cultura propia de las élites sociales.
Porque creo que es condición necesaria el desarrollo social en un medio ambiente acorde para el hombre y todos los hombres, no puedo dejar de recordar el ocultamiento de información y de hechos que Gay ha realizado sistemáticamente siempre a favor de los poderosos y nunca de las víctimas que sufrieron las consecuencias de un accionar signado por la lógica del mercado y en detrimento de la calidad de vida.
Porque creo que la inseguridad está íntimamente ligada a la seguridad social que brinda el trabajo, el acceso a la tierra y la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente, es que no concibo la estigmatización permanente que ha hecho Gay de los sectores más pobres de la comunidad asimilando barrios pobres con delincuencia juvenil, como si no existieran valores a imitar desde de la realidad de ese sector.
Porque creo que al frente de los intereses de los bahienses debe estar alguien que haya estudiado y que tenga un título de grado, para comprender, con gran apertura de criterio, las distintas situaciones y hechos que se dan en una sociedad como la nuestra, y que requieren capacidad e interés en seguir aprendiendo y no mentes cerradas en preconceptos a los que Gay nos tuvo acostumbrados durante tantos años.
Por todo eso, y porque creo en un desarrollo económico pero también político, social y cultural inclusivo, es que pienso que sería un retroceso social si un hombre como Gay, con todas sus relaciones corporativas, con vasos comunicantes con los más poderosos sectores bahienses que no han permitido que todos tengamos un lugar en nuestro querido partido de Bahía Blanca, llega a la Intendencia de Bahía Blanca, al menos, sin un recorrido político que nos haya permitido evaluar sus acciones.
NO VOTO A GAY PARA INTENDENTE DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA.
*Integrante de la Agrupación Municipal Nueva Bahía.
Debate organizado por FM De la Calle, coordinado por Astor Vitali y realizado en el Centro Cultural La Panadería de Bahía Blanca. Participaron referentes de las áreas de trabajo de cultura de cuatro de las cinco fuerzas políticas que este domingo 25 de octubre se enfrentarán en las urnas.
Asistieron a la actividad Ricardo Margo (Cambiemos), Marcelo Díaz (Frente para la Victoria), Alberto Freinkel (Progresistas) y Juan Cappa (Frente de Izquierda y los Trabajadores).
La jornada fue transmitida en vivo y llevada a cabo con público presente.
Foto: Emilio Orbe
Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral de La Plata que esta semana condenó a varios jefes de la Armada y la Prefectura por crímenes de lesa humanidad cometidos contra militantes políticos y gremiales de las fábricas de la zona, comentó por FM De la Calle el fallo y las medidas reparatorias hacia las víctimas.
Rozanski aseguró que durante el juicio se evidenció “una actividad conjunta de Prefectura y de Armada en la zona de Berisso, Ensenada y La Plata y también la tarea realizada específicamente con la Fuerza de Tareas Nº5 en las empresas que estaban y están ubicadas en esa zona, es decir, Astilleros Río Santiago, YPF, Swift, donde previamente al golpe ya se había hecho todo una indicación de gente, listas de personas, etcétera, y había comenzado toda esta operación, que a partir del golpe de Estado se agudizó con los secuestros y desapariciones”.
Como centros de detención y torturas la Armada utilizó en la zona de la capital bonaerense “lugares que actuaban oficialmente por un lado y paralelamente mantenían gente cautiva. Estamos hablando de Prefectura, del BIM 3 -el Batallón de Infantería de Marina-, de Astilleros. Porque, por ejemplo, quedó probado que en Astilleros Río Santiago se comenzó a hacer listas de personas en las cuales, básicamente, opositores sindicales a la lista oficialista eran detenidos cuando llegaban a trabajar, hacían una fila y ahí se consultaban las listas de quiénes eran los que debieran ser detenidos. O sea que en la propia empresa se detenía gente, esto también es una novedad”, indicó el juez.
Rozanski dijo que el TOF ordenó investigar a civiles de “las empresas tanto estatales como privadas porque quedó evidenciada la participación, no se trató solamente de la Fuerza de Tareas Nº5, que es la que operaba en esta zona de la Armada y la Prefectura, sino que además contaban con la colaboración activa de las empresas respectivas que entregaban gente y que incluso esa gente después figuraba como abandono de tareas de su trabajo, lo cual a su vez le dificultó muchísimo la vida posterior a los que sobrevivieron”. También deberán ser investigados los dirigentes sindicales que entregaron trabajadores a las fuerzas armadas.
Como medidas reparatorias, el tribunal indicó la corrección de los legajos personales de las víctimas y la facilitación de las jubilaciones de los sobrevivientes. “Cuando hablamos de reparación no es solamente en el derecho penal una sanción a quien puede ser responsable de un hecho delictivo, la reparación es mucho más que eso, por supuesto comienza con una condena cuando corresponde”.
“En este caso en particular, muchos de los trabajadores, quienes han perdido la vida y quienes sobrevivieron, no tenían más trabajo. Por lo tanto, comenzaron muchos años, en algunos casos décadas, deambulando incluso sin poder hacer aportes previsionales, lo cual de alguna manera había que reparar. Eso es parte de la resolución en cuanto a los trabajadores que están con una dispensa, es decir, que no van a trabajar pero perciben su sueldo. Que lo sigan percibiendo hasta tanto tengan condiciones para jubilarse. Si no hicieron los aportes no pueden jubilarse pero no los hicieron porque la propia represión se los impidió.
Finalmente, Rozanski explicó la diferencia entre la expresión utilizada en la primera sentencia tras la reapertura de las causas que destacaba que los crímenes fueron cometidos “en el contexto del genocidio que ocurrió en el país” con la actual aplicación directa del concepto de genocidio.
“Recordemos que era el primer juicio que se hacía en treinta años, por lo cual había que meditar seriamente, más allá de que yo entendí claramente y los colegas también que correspondía la aplicación del concepto de genocidio. A mi entender no estaban dadas las condiciones para condenar propiamente, más allá de que igual no existía como delito en el Código Penal. Nos pareció, y con mi voto hice eso, enmarcarlo en el genocidio que había ocurrido, que era una forma de decir que en Argentina hubo un genocidio”.
“En este momento la sentencia es explícitamente por genocidio. No es la primera porque lo hemos hecho en juicios anteriores, lo que pasa es que no se puede a una persona condenar por un delito como genocidio y aplicar pena por genocidio porque no la tiene. Entones, a los efectos de la pena, lo que se hace es buscar la figura por la cual fue indagado, elevado a juicio y juzgado. En este caso: desaparición de personas, homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, depende cada uno de los imputados”, concluyó el presidente del TOF platense.
Las penas
(fiscales.gob.ar) El encuadre de los delitos de la legislación interna (privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio) como crimen internacional de genocidio que el TOCF utilizó para condenar fue el resultado de la mayoría compuesta por el presidente del cuerpo, Carlos Rozanski, y el juez subrogante César Álvarez, mientras que el también subrogante Germán Castelli se inclinó por la categoría de crímenes de lesa humanidad.
La misma mayoría se impuso para condenar a 25 años de prisión al ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek, y el ex director del Liceo Naval y también comandante de la Fuerza de Tareas 5 (FT5) de la Armada, Juan Carlos Herzberg, para quienes la Fiscalía había requerido seis años de prisión. La amplia diferencia entre el petitorio del MFP y lo dispuesto por Rozanski y Álvarez se explica en que el único caso por el que fueron condenados los dos represores fue considerado por los fiscales como un hecho de privación ilegal de la libertad, mientras que para los jueces se trató de desaparición forzada de persona.
La misma pena de 25 años recibieron los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca (para este último, los fiscales habían requerido 22 años) y el oficial de la Prefectura Eduardo Antonio Meza.
La penas de prisión perpetua fueron para el comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, el comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3), José Casimiro Fernández Carró, y el jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian.
Foto: InfojusNoticias.
Mónica Dambolena es la mamá de Juan Cruz Manfredini, joven trabajador que murió hace cinco años tras una explosión en el depósito que la empresa Camin Cargo Control tenía en un dúplex de Cuyo al 1300. Según comentó a FM De la Calle, “pasó mucho tiempo y todavía no hay justicia. Está todo listo para el juicio oral, solo falta la fecha”.
Las presentaciones de los imputados fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones y “hay un veredicto de un juez que marca la culpabilidad, solo tenemos que esperar la fecha. Estamos cansados, queremos que nos digan cuando y listo”, dijo en referencia al fallo que confirmó los procesamientos de Marcelo Javier Camín y Norberto Maximiliano Metz.
La demora en la definición del inicio del debate se debe a la falta de fecha disponible “por la cantidad de casos atrasados que tienen la jueza y el fiscal”. “No sé si es político o qué. Yo quiero terminar con esto”, afirmó Dambolena.
Con respecto con la precarización laboral, la madre de Juan Cruz sostuvo que “en el puerto están trabajando en las mismas situaciones. Parece que a nadie le importa esta problemática, tienen más peso las empresas que el municipio o el Concejo Deliberante”.
(Por Alfredo Grande) Si la utopía al decir de Galeano sirve para caminar, la profecía sirve para entender cuál es el sentido de nuestra caminata. ¿Avanzamos en rutas zigzagueantes o damos vueltas como hamster en su jaula? Ambas cosas, según la coyuntura, la relación de fuerzas o los espacios en disputa.
Tres definiciones que aborrezco porque se instalan en una decadente, mediocre y corrupta real politik. Cuya traducción no literal es política del oportunismo sistemático. Si el negocio es privatizar, privatizo. Si el negocio es nacionalizar, nacionalizo. Y racionalizo que nunca quise privatizar. El mecanismo de la cultura represora, al menos el más popular en lo discursivo no es mentir. Es mentir sobre la mentira. A esto se llama “desmentida”. Si y no al mismo tiempo que nada tiene que ver con el “ni”. Más bien es lo contrario. La palabra clave es simultaneidad.
En los tiempos del cardenal Bergoglio, Néstor Kirchner concurría a un “contra tedeum” que no fuera sospechado de opositor. Pero sostenía la concurrencia a un tedeum con lo cual la situación de fondo, que no es otra que el sometimiento de un estado laico al poder confesional de la iglesia, seguía intacta. Con Francisco el sometimiento es evidente y hasta diría, obsceno. Llegamos al umbral del cambio de gerencia de la Corporación Republicana. Y el lugar donde queda sellado quiénes son los verdaderos dueños de la “La Democrática” es el coloquio de Idea.
“En la cultura represora
siempre se pide ayuda
a los que causaron el problema”
(Aforismo implicado A .G.)
Cuatro candidatos posaron y hablaron para la crème de la crème de la alta burguesía trans nacionalizada. Y no trans nacionalizada también. Ese coloquio descubre la desmentida sobre cualquier carácter nacional, popular, democrático, digno, justo, de cualquier gobierno que surja de los tres crueles tigres. El Coloquio es una foto, un video, un clip de la Argentina del Poder. Nada ni nadie cambiará eso. Nada ni nadie pudo cambiarlo. Las generaciones asesinadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas, al menos lo intentaron.
Y no faltan los buitres de la política que a esos héroes, de los que apenas conocemos el nombre de algunas decenas, se los critique, se les reproche, se los culpabilice. Y que los sobrevivientes de todos los errores hagan una severa, y si es posible, una cruel autocrítica, de su accionar subversivo. Me identifico en forma absoluta con el zapatismo cuando afirma que siempre que los de arriba sigan arriba habrá injusticia, habrá crímenes, habrá dolor y muerte. Cuando afirmo que a la crueldad reaccionaria del Poder sólo puede oponerse la violencia revolucionaria de las clases oprimidas, no pocos, en realidad, muchos, fruncen el ceño y quizá algo más, y me perdonan la vida, aunque no me perdonan lo que digo en vida.
Uno de los éxitos de la Corpo Republicana es haber reemplazado el concepto de gente, que ya había reemplazado el concepto de trabajador, que ya había reemplazado al concepto de proletariado, por el más coloquial, anodino, mediocre y reduccionista concepto de “vos”.
Casi todas las propagandas de los aspirantes a gerentes generales de la Corpo Republicana, se dirigen en forma individual y con una pseudo familiaridad, que hace el ridículo por los cuatro costados. “En todo estás vos” “Vos ya ganaste” “Te lo digo a vos”. El “voceo” llegó para quedarse porque quiebra no solo la noción de clase social, sino la más elemental de sujeto político. Es un padre que le dice a los hijos: denme una oportunidad y yo me encargaré de todo. Parece el marido y padre maltratados pidiendo un nuevo round para perfeccionarse.
Como yo audito procedimientos y no audito resultados, más allá de quien gane, si en primera o segunda vuelta, o si se da una vueltita y se va, me interesa el “cómo” se gana. Estas elecciones consagran la Impunidad Absoluta: cultural, política y jurídica. ¿Mucho, no? Sí. Demasiado. No solamente desaparecieron los partidos políticos, reducidos a la marca del apellido de turno. El peronismo hoy es un genérico y el radicalismo, ni siquiera eso. El auge impensado de la “borocotización” de la política, que inauguró Néstor con Junior, ahora es tendencia. Me hace recordar al futbolista Cedrés, que en la mitad del campeonato de no me acuerdo que año, pasó de River a jugar en Boca. Todavía no puedo creerlo. Lo cual no prueba que sean lo mismo, pero sí hace extremadamente difícil encontrar la diferencia.
Ninguno repudiará el asesinato de Ángel Verón asesinado con el frasco de suero y las esposas en forma simultánea. Marca registrada de la cultura represora. ¿Cómo perdonarlos si saben perfectamente lo que hacen? En una democracia real, el asesinato de Ángel Verón debería paralizar a todo el país. Y no descargar en la militancia de los compañeros chaqueños todo el peso de la lucha. Pero de real nada tiene esta democracia. Porque oculta, encubre, ensucia y prostituye a la política que no es otra cosa que el movimiento real de la lucha de clases.
“Solo te saca de un pantano
el que está afuera del pantano”
(Aforismo implicado A. G.)
Para la Corpo, el coloquio de Idea y otras pestes, no hay política sino gerenciamientos. Ni siquiera gobernabilidad. La cabeza de Luis XVI nuevamente colocada en su cuello y la guillotina para los trabajadores. Incluso guillotinas financieras como el impuesto a los salarios. O el IVA. Por eso pienso y siento que yo también estoy ganando. Porque no pido que me saque del pantano el que me arrojó a él. Y habrá una nueva resistencia, que ya no será la heroica resistencia peronista post Libertadora/ Fusiladora.
Será la resistencia contra lo peor del peronismo, contra lo peor de la democracia, contra lo peor del estado burgués. Y luchando en forma colectiva contra lo peor, lo mejor estará tan cercano que cuando llegue a lo mejor no nos damos cuenta. Y “la Democrática” será arrasada por una democracia popular internacionalista y proletaria. Esa es mi verdad y a esa verdad me entrego.
Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.
“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.
El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.
En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.
Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.
En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.
“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.
Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.
“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.
Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre se realizará en Zapala un juicio por jurado contra la inal lonko de la comunidad Winkul Newen, Relmu Ñamku, por tentativa de homicidio agravado y a otros dos mapuche por daños en el marco de un proceso de defensa territorial ante el avance petrolero.
“Sabemos que vamos a un juicio desmesurado, que tiene todo un tinte racista detrás, donde la justicia neuquina pretende amedrentar al pueblo mapuche con este juicio como una causa ejemplar para aplacar las luchas que venimos sosteniendo”, dijo Relmu a FM De la Calle.
Los hechos sucedieron en diciembre de 2012 cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, policías y representantes de la petrolera Apache entraron al territorio de la comunidad para notificar su desalojo firmado por la jueza civil antimapuche Ivonne San Martín. Lxs originarixs paralizaban el yacimiento Portezuelo Norte mientras velaban a una beba nacida con serias afecciones de salud. La comunidad se defendió con piedras, la empleada judicial fue herida en el rostro y al día siguiente Relmu se enteró que la acusaban de tentativa de homicidio.
Las audiencias se realizarán en una gran carpa frente a los tribunales “como si fuera un circo”. Para la dirigente originaria se pretende mostrar “que se está llevando al banquillo de los acusados al pueblo mapuche, pero nosotros también con esto tenemos la posibilidad de mostrar y evidenciar cómo el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, hoy trata el tema”.
“Por un lado, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el país pero, por otro, no hay una aplicación de estos derechos, lo cual ha implicado diversos y múltiples conflictos en donde hoy se mantiene judicializados a un porcentaje importante de la población indígena que está resistiendo a la avanzada no solamente de la industria extractiva, sino también de los distintos emprendimientos que en manos privadas pretenden desarrollarse en territorio indígena”, explicó.
En el territorio de la comunidad Winkul Newen, “una de las luchas más importantes es contra la explotación petrolera, que no es nueva. Hace más de dos décadas que se viene resistiendo primero a la explotación convencional y ahora tenemos el nuevo método que se ha inventado, el fracking”. De la misma manera se enfrenta a la megaminería en otros puntos del país. “Por suerte podemos decir que más allá de todas estas causas judiciales y persecución, el pueblo mapuche está resistiendo al avance del modelo extractivista dentro del territorio indígena”.
Consultada acerca del acompañamiento social a la causa indígena, más allá del discurso racista de la dirigencia gubernamental y empresarial, Relmu aseguró que “hay que tener siempre en cuenta que hay una gran parte de la sociedad que está en simpatía con el pueblo mapuche y que eso también refleja quiénes son hoy los dueños, entre comillas, de las tierras. Hay numerosas extensiones de tierras que están en pocas manos, que son privados amigos del gobierno, de las empresas, que son una minoría, nada más que como manejan el poder económico terminan definiendo las políticas para la mayoría”.
“Tiene que ver con ese abuso de poder que tienen los gobiernos corruptos que se apropian de las tierras, que entregan concesiones sin consulta a los pueblos originarios”, dijo y agregó que el trabajo de las comunidades implica la “concientización de esta sociedad que muchas veces ve al pueblo mapuche como una cuestión folklórica y no como sujetos de derecho, (…) más si queremos construir una sociedad intercultural que es la que siempre levantamos como un derecho a ser diversos, a reconocernos en esta diversidad, ver la diversidad como algo que nos enriquece y nos potencia en vez de que sea algo que nos aleje”.
La inal lonko de Winkul Newen recordó que “cuando éramos chicos nos decían ‘indios de mierda’, ‘negros’, y nosotros, como cualquier niño en un contexto donde el mismo sistema educativo no está adaptado para poder contener la diversidad, claro que no queríamos ser lo que se nos acusaba. Y ahora de grandes, que estamos orgullosos de ser mapuche, de haber podido reconstruir nuestra identidad, tenemos una sociedad o un sector racista que niega y no quiere reconocerla, incluso acusándonos de que no somos mapuche. Es una locura ver cómo se va manipulando el discurso para no garantizar los derechos que tenemos”.
Ñanku comentó que su participación en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, recientemente realizado en Mar del Plata, “tiene que ver con seguir construyendo alianzas, como pueblo originario sabemos que enfrentar solos un monstruo como este sistema, como el modelo extractivista, es imposible. Cuando interpelamos a ese modelo estamos diciendo que las mujeres somos más vulnerables porque la contaminación, más allá de afectar nuestros pueblos, nuestros territorios, el aire, el agua, las primeras en ser afectadas somos las mujeres por perder la posibilidad de traer vida al mundo por los abortos espontáneos, por solo decir alguno de los casos que se generan a partir de la contaminación”.
En cuanto a las imputaciones, Relmu afirmó: “Seguimos sosteniendo nuestra inocencia, sostenemos que yo no tiré esa piedra de la cual se me acusa. Los hechos que ocurrieron ese día fueron en el marco de la defensa territorial en el patio de nuestra casa, como cualquier persona defendería su hogar o su territorio, en este caso para los pueblos originarios. Jamás tuvimos la intencionalidad de matar”.
“Salimos automáticamente, cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, a pedir disculpas públicas para Verónica Pelayes que es la oficial de justicia. De ninguna manera la consideramos una enemiga sino que creemos que es una víctima tal cual nosotros ante un Estado que sigue sin reconocer nuestros derechos, un Estado que pretende avanzar como en la época de la Conquista del Desierto, como si en estos territorio nos existiese gente, no viviera nadie”, manifestó.
Ñamku advirtió que “este caso se va a utilizar para otras luchas sociales y esa es la preocupación que tenemos y que por suerte han podido entender muchas de las organizaciones que nos apoyan. Al ser un caso testigo va a ser parte también de poder escarmentar a otras organizaciones y movimientos sociales que están en lucha”.
Finalmente aseguró que la fiscala que realizó la investigación, Sandra González Taboada, es muy cuestionada en la provincia y tiene un pedido de jury por parte de familiares del joven Sergio Ávalos –desaparecido en 2003- y otras organizaciones “por mal desempeño, por mala praxis, por haber cajoneado pruebas fundamentales para poder resolver este caso tan impune”.
“Es una fiscal que además ha tenido la posibilidad de resolver otras denuncias que ha hecho nuestra comunidad Winkul Newen en hechos de violencia donde una patota petrolera (nos) ha violentado, ha golpeado salvajemente a nuestras mujeres embarazadas, a menores de edad con tiros en las piernas, una anciana con su cabeza golpeada, macheteada con cuchillo. Sandra González Taboada tuvo la posibilidad de investigar esta causa y, sin embargo, la dejó prescribir.
“Esta sí la caratuló como ‘lesiones’ y por eso creemos que es una fiscal que está de la mano con el gobierno, que es una fiscal que le abre todas las puertas para que las empresas petroleras saqueen el territorio, no solamente mapuche sino de toda la provincia de Neuquén”. Para Relmu, la funcionaria tiene “distinta vara judicial para medir las causas”: avanza en aquellas contra “pueblos originarios y pobres” y garantiza impunidad en aquellas en las que “esté en juego el poder económico como son las petroleras o la corporación judicial”.
Luego de dos años de intenso recorrido en cines y festivales “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” está disponible para ver y bajar en internet. La tercerización, los negociados con los servicios públicos, el desvío de subsidios, el papel de la burocracia sindical y de los funcionarios políticos, la actuación de las fuerzas represivas (bajo el mando de Aníbal Fernández) son temas de enorme actualidad en la situación política reflejados en la película. Mirala en delacalle.org
Un intenso recorrido
El 4 de abril de 2013 fue el día del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” en los cines. Faltaban sólo dos semanas para la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano que terminaría con una histórica sentencia a una parte de los responsables políticos del crimen. Entre ellos uno de los principales líderes de la burocracia sindical que aún hoy continúa preso: José Pedraza.
Los realizadores Julián Morcillo y Alejandro Rath, junto al Ojo Obrero y la productora Puente Films, hicieron un gran esfuerzo para llegar con la película terminada para esa fecha con la intención de sumar el estreno a la campaña por juicio y castigo que ya era una gran causa popular con importantes hitos de movilización y expresiones artísticas de apoyo. En un mercado cinematográfico muy hostil para las producciones documentales nacionales (por el dominio del mismo por parte de las producciones norteamericanas) la película consiguió permanecer en cartel durante cinco semanas en cinco salas de la ciudad de Buenos Aires y estrenar en varias salas del interior del país (Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, etc.) logrando superar la cifra de 10.000 espectadores. Incluso ese número podría ser superior si la película hubiese sido estrenada en una mayor cantidad de salas. Un dato que certifica esto es que la película logró estar en el top ten de cantidad de espectadores por función de todas las películas estrenadas en 2013. Este hecho y la gran repercusión obtenida en medios y críticas hablan de la importancia de la película en la lucha por el juicio y castigo.
La realización misma de la película fue producto de una excepcional movilización política. Martín Caparrós interpretando al protagonista; Iván Moschner y Lucía Romano realizando importantes papeles; la participación de Leonor Manso, Enrique Piñeyro y Soledad Villamil; los compañeros de lucha de Mariano y su familia que dieron su testimonio; los cientos de militantes que representaron los hechos del 20 de octubre; el equipo técnico que se sumó a la producción; la gente que puso su casa para filmar o que ayudó con la comida en el rodaje, las decenas de aportes recibidos para terminar la película; la campaña militante de difusión de la película; los miles de espectadores que llenaron las salas en los primeros días para permitir que la película siga en cartel… en fin, una película que pudo ser realizada y tener el recorrido que tuvo sólo porque expresó una causa popular y sentida.
Fuente: APEL.
La Corte Suprema de Justicia cerró la última querella por “calumnias e injurias” que el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones imputado en la causa Triple A, Néstor Luis Montezanti, había iniciado contra el militante Alberto Rodríguez.
“Se ha resuelto declarar extinguida por prescripción la acción penal, quedando cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso a favor del querellado”, sostuvieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El ex estudiante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle porque desconocía que el docente suspendido hubiera recurrido al máximo tribunal.
“Otra vez miente miente, pero esta no le salió”, manifestó Rodríguez recordando el reportaje que el ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura se hizo en el diario de Massot acorralado por su pasado en la Universidad del Sur, el Consejo de la Magistratura y la causa penal en la cual el juez Ramos Padilla lo declaró en rebeldía por cobijarse en sus fueros para no ser indagado.
En el panfleto, Montezanti negaba su pertenencia a la Triple A y mentía: “Cuando un viejo y tenaz militante comunista quiso usar esa infamia en mi contra para limpiar la universidad de todos los profesores que se opongan al discurso homogéneo e intolerante de su facción, yo me sentí injuriado, lo querellé y gané el juicio”.
El represor comenzó la querella tras una serie de denuncias que Rodríguez hizo en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS. En aquella reunión, el testigo del asesinato del dirigente David Cilleruelo por miembros de la Triple A exigió “analizar de una buena vez el plantel de docentes”, recordó que “aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad” y señaló a Montezanti como “partícipe de la Triple A”.
“Eran cuatro querellas. Dos las pude demostrar ante el juez Ares, otra en el Juzgado de Mercedes que es adonde elevó la queja y quedaba la de la misión Ivanissevich la cual la Corte de la provincia la mandó a archivo y hasta ahí la había seguido. Después se ve que sin avisar mandó a la Corte Suprema de la Nación el recurso de amparo y acaba de salir que definitivamente las calumnias e injurias por las cuales me acusaba quedaron definitivamente archivadas dando la razón al querellado, que en este caso era yo”, comentó Rodríguez.
“Esperemos que pase también lo mismo con la Universidad del Sur donde los amigos de Bahía Blanca parece que todavía lo protegen“, dijo el actor y afirmó que si bien la imputación sobre la pertenencia del ex camarista a la misión Ivanissevich fue archivada, “él fue un abogado secretario del Departamento de Humanidades para hacer el listado de profesores para que luego quedaran cesantes. De eso no tengo pruebas que lo hizo pero sería interesante preguntarles a los docentes cesanteados qué hizo Montezanti en las pocas semanas que fue secretario”.
