Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Francisco J Cantamutto) El lunes pasado el candidato presidencial del FpV presentó su plan de gobierno, acompañado de un extenso libro donde su equipo se explaya sobre el programa económico propuesto.
Parece que la estrategia de Massa de tomar definiciones en sus propuestas llegó al candidato oficialista Daniel Scioli, quien el día lunes presentó en el Teatro Ópera su plan de gobierno. El mismo está basado en un extenso análisis de la Fundación DAR, plasmado en el libro “Lineamientos para el desarrollo económico y productivo”. Ante la crítica de falta de definiciones del candidato del kirchnerismo, este plan se presenta como una contundente respuesta, de palmaria claridad.
Los cimientos
Naturalmente, el eje de la propuesta es “profundizar lo logrado”, pasar a la etapa del “desarrollo estructural” como segundo momento de la recuperación iniciada entre Duhalde y Kirchner (hay un cuidado sumario de no clarificar este doble origen). El think tank neodesarrollista ha sido la fuente de inspiración para un marco de propuestas con claros fundamentos teóricos y programáticos, tal como se detalla en el texto. El enfoque es una reunión entre la macroeconomía keynesiana y el estructuralismo cepalino, fortalecida por algunos años de debates y formación de técnicos, en lo que se ha dado en llamar neodesarrollismo. La crítica simplista que circula entre medios masivos de que se trata de pura improvisación tiene cada vez menos asidero: es necesario debatir las ideas y propuestas reales.
Esta reunión tiene varios elementos constitutivos, pero su eje central puede presentarse como: la necesidad de intervención permanente del Estado en el estímulo a la demanda agregada –a través de inversión pública e impulso al empleo- es el eje del crecimiento y ulteriormente, el desarrollo. A diferencia de lo que en el debate más ramplón le acusan a su adversario Macri, no se trata de una discusión entre Estado versus mercado. La intervención que promueven no implica desplazamiento del capital privado, sino al contrario, su sostén, guía y respaldo: cómo, a través de “inteligentes” operaciones, se podría tentar al capital de invertir productivamente en el país. Ni abandonar toda la política económica a las decisiones privadas, y reemplazarlas por una lógica burocrática. No hay, en tal sentido, ni regreso al neoliberalismo más crudo, ni horizonte de cambio de las relaciones de propiedad más básicas. Hay regulación y asociación público-privada.
Éste es el origen de la relación histérica entre el kirchnerismo y el capital. El gobierno ha hecho lo imposible por hacerle entender a los dueños de los medios de producción que su mejor opción es invertir productivamente y generar empleo en el país, partiendo de garantizarle elevadísimas tasas de ganancias. Pero el capital se niega a responder a los beneficios, y mantiene sus comportamientos lascivos: fuga de recursos, falta de inversión, desajustes estructurales, empleo informal, etc. La apelación de Kirchner a la burguesía nacional sentía –quizás con convicción- que por nacer aquí a algunos empresarios les importaba más la patria que el negocio. El capital ha reconocido los favores del gobierno, pero se niega a que le digan qué hacer con lo que asume que es suyo. Un gobierno empeñado en convencer al capital de cuál es su mejor negocio.
Si bien algunas organizaciones de base aceptan al kirchnerismo como un espacio heterogéneo, en disputa, las planas mayores muestran una y otra vez un pensamiento sin contradicciones. El balance hasta aquí es: “hay muchos logros, y quedan cuentas pendientes; si nos dan el tiempo suficiente, las iremos resolviendo”. No hay, no puede haber, elementos contradictorios, es decir, que constituyan una relación interna al proceso pero se muevan en sentido opuesto al propuesto. Sólo por dar un ejemplo, que en la última década se haya consolidado la tendencia extractivista y primarizante del perfil exportador del país, no parece hacer mella en el discurso de industrialización.
Las propuestas
La presentación del plan de gobierno tuvo frases contundentes como prometer “pleno empleo y crecimiento”, la llegada de “30.000 millones de dólares de inversión por año”, “las 250.000 viviendas por año”, entre otras. Pero sin dudas la que se llevó el laurel de slogan fue que su gobierno no quiere “un paraíso financiero, ni fiscal, sino que la Argentina sea un paraíso productivo”.
Para ello, lo que dijo y mostró rodeado de gobernadores, intendentes, diputados y militantes fue que le ofrece al capital “gobernabilidad, certidumbre y previsibilidad”. El kirchnerismo garantizó lo primero desde que atajó la crisis del 2001, pero los dos siguientes puntos habrían sido esquivos durante el gobierno de Cristina Fernández, debido a su forma de construcción política a través de antagonismos cambiantes. El capital concentrado le había dejado muy en claro a los candidatos que ésta era su preocupación central, como ya explicamos aquí. Scioli ofrece una “etapa superior” del kirchnerismo en este sentido, al combinar lo conseguido con lo faltante, en una síntesis novedosa.
Scioli enfatizó que resolvería los desajustes de la macroeconomía (inflación y faltante de dólares a la cabeza) sin ajuste. Gradualismo es la palabra clave aquí, y su propuesta está centrada en un eje: movilizar la inversión, local y extranjera. Para impulsar la inversión, además de su garantía de estilo de gobierno, propuso impulsar a partir de la banca pública un banco de desarrollo, al estilo del BNDES brasilero. Asimismo, en relación a las divisas, no desestimó tomar deuda en lo inmediato, dejando muy en claro que –como siempre explicó la presidenta- el objetivo del desendeudamiento era volver a los mercados de crédito en condiciones más razonables.
Asimismo, esa inversión debería estar dirigida en un sentido claro. Si Macri explicó que quería un país lleno de fábricas de pasta y galletitas, el equipo de Scioli hiló mucho más fino. Presentaron el lunes un detalle de 14 cadenas de valor a priorizar, por su impacto en el empleo y en la generación de divisas, entre las que se encuentran la automotriz, alimentaria, textil, química y petroquímica, cuero y calzado, metalmecánica, farmacéutica. Dejó en claro, además que para proveer de divisas a la industria, no debía retacearse gestos al agro, responsable de las exportaciones. Para ello, como había planteado, garantizará la rentabilidad de todos los sectores.
La inversión productiva permitiría incrementar la masa de recursos disponibles, para moderar la disputa distributiva. Pero para impulsar la inversión, no se esperan salarios reales al alza. Este futuro no auspicioso se buscará contener a través de los acuerdos con las dirigencias burocráticas, y las promesas a los movimientos sociales de Ministerios de Derechos Humanos y de Economía Popular. Otros candidatos no pueden prometer esta gobernabilidad al capital, es decir, la contención institucional de las demandas populares.
La pregunta que se sostiene es si estas propuestas de “kirchnerismo ordenado” serán suficientes para tentar al esquivo capital. Y en caso que lo fueran, sigue pendiente saber por qué nos deberían entusiasmar.
Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.
Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.
Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.
Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.
Los cinco presos armados
Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.
El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.
Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.
Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.
Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.
Los once que “no las tenían”
Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.
Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.
Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.
Fuente: InfojusNoticias.
Foto: Sol Vázquez.
(Por Julio Gambina) Allá por el año 1997 desde la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA se convocó a discusiones por un Nuevo Pensamiento, generando debates en todo el territorio nacional durante tres años.
La convocatoria confrontaba con el hegemónico pensamiento único que sostenía en los 90 la política neoliberal, de apertura económica, flexibilización laboral y privatizaciones. Las desregulaciones y el aliento a la iniciativa privada, especialmente extranjera era la lógica imperante en los gobiernos previos al estallido del 2001.
No solo el poder ejecutivo impulsaba esas políticas, sino que la burocracia política, sindical, empresaria y mediática estimulaban con argumentación apologética para diseminar un consenso mayoritario en la sociedad.
La hegemonía neoliberal era contundente y explicaba el triunfo del menemismo en el segundo turno desde 1995 sin escamotear argumentos favorables al falso libre comercio, en rigor dominado por monopolios transnacionales. Pero también explicó el triunfo de la Alianza en 1999 privilegiando la estabilidad del tipo de cambio contra la masividad de la miseria extendida, el desempleo y la caída del nivel de vida de la mayoría empobrecida de la población.
En aquella convocatoria de la CTA coincidían los argumentos anti neoliberales y otros anticapitalistas. El mensaje que unificaba apuntaba a derrotar al pensamiento neoliberal, hegemónico y responsable de la situación social de empobrecimiento y un desenlace recesivo desplegado entre 1998 y 2002. Las diferencias se dejaban para otro tiempo.
¿Por qué la evocación?
Porque el Ministro de Economía acaba de sostener en un encuentro de economistas heterodoxos[1] la necesidad de un pensamiento económico nuevo latinoamericano, sobre la base de las experiencias desarrolladas en estos años en buena parte de la región y que tienen en común la crítica al proceso neoliberal de los 90. Señaló Kicillof la necesidad de dar “cuerpo a una teoría económica que corone este proceso de crecimiento que experimentó América Latina”.
Más allá del balance de política económica y la discusión sobre los aspectos estructurales del orden contemporáneo, el debate sigue sustentado en lo discursivo en la crítica al neoliberalismo, sin cuestionar al régimen del capital.
Por definición, la heterodoxia contiene en su seno a diversas corrientes que discuten con la hegemonía neoclásica en sus distintas versiones, monetaristas, ortodoxos, los que imponen más énfasis teórico en el imaginario del libre cambio (como si existiera).
En la heterodoxia confluyen keynesianos, neo-keynesianos, pos-keynesianos y una diversidad de corrientes que disputan la orientación del orden capitalista, pero sin salirse del marco capitalista. Ese colectivo de pensamiento confluye y debate con otras varias corrientes del pensamiento crítico, algunos de los cuales se reconocen en la tradición de Carlos Marx y que asumen como sentido principal de sus enfoques la crítica al capitalismo.
Hace dos décadas, en los encuentros por un Nuevo Pensamiento, se discutía contra el neoliberalismo, hegemónico y en el gobierno. Hoy se vuelve a esgrimir la misma necesidad en un contexto de cambio político en la región, con fuerte crítica discursiva al neoliberalismo pero escasa transformación estructural de la economía, por lo que se asume la reiterada convocatoria a unir fuerzas contra la hegemonía global neoliberal, que subsiste en la orientación principal del orden mundial, aun con el capitalismo en crisis.
Ir más allá de la crítica neoliberal
Por eso, nuestro interrogante apunta a pensar que es lo que ocurre en nuestra región, que pese al cambio político desde el comienzo del Siglo XXI, el cambio económico continúa siendo una asignatura pendiente.
El modelo productivo y de desarrollo, es decir, la extranjerización y transnacionalización de nuestras economías no se han modificado y la característica de la dependencia se profundiza. Claro que hay matices entre los distintos procesos en la región, pero el núcleo de la dominación transnacional mantiene su capacidad de orientar el rumbo.
En un análisis sobre Bolivia se sostiene que “También la economía fue transformada por el proceso de nacionalización de varios sectores estratégicos. La nacionalización de los hidrocarburos del año 2006 generó un enorme flujo de ingresos para el país, resultado de la retención del excedente económico originado en este sector. El Estado, por la vía de nacionalizaciones del capital transnacional, estatizaciones del capital privado nacional y la apertura de nuevas empresas públicas productivas, se ha fortalecido y hoy controla el 35% del producto interno bruto del país. Así hemos dejado atrás el modelo neoliberal en el que, como sabemos, cuanto menos Estado mejor para los capitalistas; hemos pasado a un modelo con decisiva presencia reguladora y redistributiva estatal, aunque todavía dentro del sistema capitalista.” El texto continúa señalando: “Creo que aquí radican las tareas, en lo económico, que deben llevarnos a la profundización de este proceso: seguir fortaleciendo al Estado con nuevas nacionalizaciones, al mismo tiempo que potenciamos al sector social y comunitario de la economía transfiriendo hacia él una parte del excedente recuperado. Ésta será la vía para salir del capitalismo y comenzar la construcción de un nuevo socialismo comunitario y el Vivir Bien.”[2]
Es interesante asumir la hegemonía capitalista, como el rumbo anticapitalista y afirmar que las acciones anti-neoliberales tienen rumbo en el socialismo comunitario y el Vivir Bien; algo distinto a la prédica anti-neoliberal para un capitalismo nacional, serio o normal.
Homenaje a Theotonio dos Santos
Es curioso como el homenajeado en el encuentro de los economistas heterodoxos ha sido Theotonio dos Santos, uno de los iniciadores de la Teoría de la Dependencia en los 60. Una concepción teórica que suponía mirar a la economía mundial desde Latinoamérica y por ende, se intentaba completar a Lenin que había promovido la teoría del imperialismo desde el estudio de los fenómenos expresados en el capitalismo desarrollado.
Cien años se cumplirán el próximo 2016 de la publicación del famoso texto del revolucionario ruso, donde se ejemplificaba con la Argentina al típico proceso de independencia política y dependencia económica. Allí sugería que la tarea de la independencia política requería para completarse de la independencia económica, y con él, nosotros insistimos en superar el cambio político regional con el cambio económico.
Los teóricos de la dependencia en los 60 discutían la posibilidad del desarrollo bajo el signo de la dependencia. Fernando Henrique Cardozo, luego presidente de Brasil con ejercicio de política económica neoliberal, sostenía que si se podía impulsar el desarrollo aún en dependencia. Theotonio dos Santos lo confrontaba y sostenía una posición crítica al orden capitalista y a la dependencia. Otros heterodoxos de la época, como Celso Furtado, también criticarían al desarrollismo, que alentaba expectativas en el progreso basado en las inversiones externas y la industrialización e inserción en el capitalismo de entonces. Eran tiempos de bipolaridad y la discusión incluía a pensadores de fuerte tradición en Marx como Rui Mauro Marini en Brasil, o Agustín Cueva en Ecuador, los que fundamentaban el horizonte socialista como solución para nuestros países.
En nuevas condiciones, el debate ahora vuelve a presentarse, y se convoca a debatir por un nuevo pensamiento económico. Bien vale interrogarse si se trata de una crítica al capitalismo en crisis, o si solamente se trata de recrear la crítica al orden neoliberal y a la ofensiva más descarada del gran capital por la liberalización de la economía. No es que sea poca cosa la crítica a la hegemonía, pero la situación demanda marcar el rumbo más allá del capitalismo.
Sin perjuicio de la articulación diversa de concepciones críticas al neoliberalismo, el problema radica en los instrumentos que se utilizan para resolver los problemas del presente. No se trata solo de enfoques teóricos, sino que desde esos diagnósticos emergen las políticas económicas concretas para materializar objetivos solo anti neoliberales o en la perspectiva socialista.
El comentario apunta a la confianza en la radicación de inversiones sustentadas desde los críticos al neoliberalismo, para impulsar la industrialización y el modelo productivo en nuestro tiempo y por otro lado, el pensamiento crítico alentando las transformaciones de las relaciones de producción en la búsqueda de una lógica económica, social y cultural contra y más allá del capital.
Queda claro que siempre se trata de una cuestión política, de correlaciones de fuerza, pero resulta imprescindible asumir la batalla de ideas por la hegemonía de la heterodoxia. De lo contrario se puede caer en el posibilismo. La lucha cotidiana de trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan enfoques teóricos que potencien la crítica al capitalismo y aporten sustento para hacer realidad la transformación y emancipación social.
Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.
“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.
“Yo veo el futuro repetir el pasado.
Yo veo un museo de grandes novedades”.
“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).
Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.
Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa. Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con problemas éticos y de educación.
Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad, y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.
A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.
El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos.
La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland). Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.
La rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales- la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).
Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.
En definitiva, creo que el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.
Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.
Diez días hábiles. Ese es el lapso que tiene el suspendido magistrado Néstor Montezanti para contestar y, a la vez, ofrecer prueba que refute las acusaciones en su contra, luego de haber sido notificado sobre su juicio político. Además, podrá realizar otro tipo de presentaciones aunque, por el momento, Montezanti –que presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca– no recusó a ninguno de los integrantes del tribunal que deberá juzgarlo.
“Ayer se notificó al juez acusado del traslado de la acusación y tiene diez días hábiles para contestar los cargos y ofrecer prueba”, explicaron fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Infojus Noticias. También se conocieron los nombres de los abogados que el juez designó para su defensa: se trata de Ignacio Irigaray y de Gastón Yaryura Tobias.
Irigaray fue uno de los abogados del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli –el otro era Ricardo Gil Lavedra–, en el juicio político inconcluso que se llevó adelante contra Campagnoli en el Ministerio Público. Ahora, ya aceptó oficialmente el cargo para representar a Montezanti, mientras que Yaryura Tobias no lo hizo aún pero puede hacerlo “en cualquier momento”, explicaron.
Desde el tribunal, indicaron que según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. Hay que recordar que según el artículo 115 de la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso.
El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones. El magistrado está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura.
El dictamen que lo envió a juicio político le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además del hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.
La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió la salida del país a Montezanti en la causa en la que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, ocurridos en la última dictadura cívico–militar.
Entre otras cosas, a Montezanti se lo investiga por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme Esparza trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército.
Allí, fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM –el hoy juez Montezanti–, quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.
El viernes de la semana pasada juraron los últimos miembros que faltaban y el tribunal para juzgarlo quedó formalmente constituido. Ésta está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.
“Queríamos saber con profundidad, solo eso. Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.
El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.
A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.
“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.
Para comprender los delitos sexuales en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, afirmó la abogada querellante Mónica Fernández Avello durante su alegato en el juicio Armada Argentina – BNPB. La “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad” del tribunal que interpretó la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y adhirió al pedido de ampliación de la imputación realizado por la Fiscalía contra la mayoría de los represores. Resaltó la palabra de las víctimas por “la enorme valentía y entereza” de recordar situaciones traumáticas, no solo ante el jurado sino -en muchos casos y por primera vez- ante sus propios familiares.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.
“La familia era considerada como forma natural de organización, sus rasgos característicos eran la sumisión a la autoridad paterna por parte del obediente resto -mujeres e hijos- y la vigilancia policial constante entre todos, pero de manera especial sobre los niños, niñas y jóvenes que tanto por cuestiones ideológicas como biológicas pueden alejarse del ideal familiar. Cada familia se convierte en un eslabón fundamental del desarrollo social propuesto por el gobierno militar, ejerce una tarea sanitaria, contiene posibles desbordes de algunos de sus miembros, controla y vigila el entorno”, explicó.
La abogada citó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien afirmó en junio de 1976: “Una advertencia, padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad, sepamos defenderlas”. Según la querellante, “las pocas veces que el discurso militar se orienta de modo especial hacia la mujer, lo hace para marcar su lugar dentro de la familia en el papel de ama de casa y esposa, pero por sobre todo como madre”.
“El discurso autoritario de la dictadura trabaja para ocultar y naturalizar ciertos fenómenos sociales, sobre todo los relacionados al rol de mujer dentro de la familia y la sociedad. De esta forma el sistema autoritario se experimenta como una intensificación del orden patriarcal que representa una interpretación sumamente tradicional de las divisiones genéricas. El rol definitivo de la mujer se relaciona a la maternidad y sus autosacrificios por el bien del futuro de la Nación, donde la esfera familiar refuerza los binarismos genéricos para preservar la moralidad social”, sostuvo.
Entonces, el núcleo del funcionamiento familiar que pretendía imponer la dictadura era “la mujer”, ella debía atender los trabajos domésticos y relegarse al espacio privado, al “hogar”. “Debido a esta visión tradicionalista de la mujer y su papel en la jerarquía sociopolítica, ella no debía asociase con lo político, el activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, lo cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.
“La mujer militante que penetra esta esfera considerada pertenencia de los hombres se convierte en un monstruo, una aberración y una desviación de la regla natural. Activista equivale a mujer promiscua, la amenaza que ella representó tenía más que ver con la destrucción del patriarcado. Ya que este argumento no constituía una razón suficiente para atacar públicamente a la mujer políticamente comprometida, el gobierno militar tuvo que inventar un mito con el fin de justificar y legitimar sus acciones en contra de ellas”. Para aquellas que “desafiaron” el orden patriarcal causando “un innecesario caos en la sociedad” el Estado intervino para encerrarlas nuevamente en sus “hogares” o “eliminarlas para evitar la propagación de modelos peligrosos para la estabilidad familiar”.
“Esperaban pacientemente a que las mujeres que ya sabían que su destino era la muerte parieran para apropiarse de sus hijos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a esos hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana”, manifestó la querellante y destacó que “la historia y la vida” demostraron su error, “no solamente porque las luchas emblemáticas por los derechos humanos las han realizado mujeres” sino que “esos niños y niñas apropiadas y criadas por apropiadores o no, conjuntamente con los que sobrevivieron a la muerte de sus padres, fundaron HIJOS que junto con Madres y Abuelas están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos”.
Fernández Avello alegó que la violencia sexual “tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. Por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. (…) Como lo expresa Carole Sheffield, la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.
“La violencia hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo un carácter rutinario y extendido desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etcétera”, describió.
La abogada expresó que “vivimos en una sociedad atravesada por la ideología del patriarcado que al decir de Judith Butler es el sistema social que se inscribe en la relación asimétrica entre los sexos y basada en la dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Y por supuesto las prácticas judiciales responden a ello e históricamente se han resistido a la investigación de estos delitos, lo que pone en evidencia -considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres- a la discriminación por género que anida en las concepciones y prácticas judiciales desde siempre”.
Sin embargo, en el juicio Armada a partir de las declaraciones de las y los testigos, fiscales y jueces avanzaron en la posibilidad de juzgar los crímenes sexuales. “No se me escapa que tanto la Fiscalía como el Tribunal está compuesto por hombres, lo que pone de manifiesto que el sistema patriarcal es una ideología política que nada tiene que ver con los sexos y no les quede duda señores jueces que este es un reconocimiento que dignifica a las víctimas”.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
Siguió: “Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarle las identidades. Pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”.
Sobre el final recordó el testimonio del ex colimba Aníbal Américo Agotborde, destinado a la guardia del Buque ARA 9 de Julio, quien “nos heló la sangre” al escucharlo denunciar el nacimiento de un bebé en el centro clandestino naval. “¿Saben lo terrible que es para la familia estar buscando un nieto, un hermano, un primo? Les recomiendo vean la escena final de la película La Historia Oficial donde el apropiador descubierto llega a su casa y le pregunta a su mujer dónde está su hija y la mujer le responde: ¿Viste que terrible que es no saber dónde está tu hija? Tal vez por un segundo puedan ponerse en el lugar de esta familia y decir lo que saben”, dijo a los genocidas.
Hace dos miércoles se organizó de un día para el otro un recital del músico Fósforo, quien vive en Monte Hermoso y estaba de paso por Bahía Blanca. A la cita asistieron un grupo de músicos y músicas bluseros.
En las noches del Centro Cultural La Panadería cada persona es mecha de un horno que multiplica ideas ricas. Así es que esa noche, música y brindis mediante, lxs músicxs decidieron que los próximos miércoles el Bar Don Osvaldo será testigo de Encuentros de Blues abiertos al público.
El horno del blues
“Vino Fósforo que es un músico de Mar del Plata. Estuvo viviendo un tiempo en Tigre, en Monte, ahora está en Sierra de la Ventana. Nos conocimos en un festival en Monte Hermoso. Lo invitamos. Ser armó algo de un día para el otro así que llamamos a amigos. Vinieron casi todos músicos. Terminando tocando todos. Se generó un clima muy lindo además el bar da para eso” contó la música y docente Cecilia Epherra a FM De la Calle.
“Empezamos a pensar esa idea de peña, o de zapada o de jam, como un espacio que está muy interesante para sostenerlo. Y, charlando con otros músicos, finalmente dijimos ‘vamos a armar un ciclo’ para que se sepa que todos los miércoles va a haber blues y estará abierto a todos los músicos que quieran venir”.
“Hay muchísima gente haciendo blues. Bandas sólo de blues hay poquitas. Creo que hay más de la zona. Pero músicos que hagan blues hay un montón. Nos encontramos muchos ese miércoles con Juan Cruz Trussi, por ejemplo”, dijo la cantante.
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Juliana Ramadori, coordinadora del Área Audiovisuales de los Museos de Arte, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. Entre los días 23 y 27 de septiembre se llevará a cabo en nuestra ciudad el Bafici Bahía.
“El Bafici es un festival de cine independiente internacional que se hace en la ciudad de Buenos Aires hace 17 años. Este es el quinto año que llega a Bahía. Es una versión itinerante, no sólo viene a Bahía sino que viajan por ejemplo a Rosario, Tucumán, Mendoza. Básicamente son películas que están por fuera del sistema comercial. Funcionan dentro de un circuito de exhibición de festivales”, explicó.
“Para nosotros es un placer poder contar con estas películas porque no las vamos a poder ver en otros lados”.
Hace cinco años comenzó la edición local del festival a través de una iniciativa de “Cultura y Extensión de la Universidad (Nacional del Sur). Este año los museos de arte MBA-MAC deciden sumarse a la organización”.
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Trabajadorxs de la salud de la provincia realizarán un paro este miércoles en los 78 hospitales bonaerenses. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal informaron que acompañan los reclamos pero atenderán normalmente en el Municipal y las unidades sanitarias.
“Estamos pidiendo al gobierno que se produzca un nuevo diálogo en relación al tema de salarios, por lo tanto, estamos pidiendo la reapertura de paritarias. Además, el cumplimiento de unas cuantas cosas que se acordaron en principio en paritaria o fuera de ella y que no se han cumplimentado”, dijo esta mañana a FM De la Calle el presidente de CICOP Fernando Corsiglia.
El dirigente agregó que las demandas están “englobadas en una cuestión central que tiene que ver con el presupuesto para salud que se empezará a discutir en breve en la legislatura provincial”.
La medida de fuerza coincidirá con la que ya fue anunciada ATE, en el marco de un plan de lucha organizado a nivel nacional en rechazo a todo tipo de trabajo precarizado.
“Tenemos ingresos con un salario bastante bajo y eso implica que no sea atractivo para quienes van ingresando al sistema, tenemos muchas dificultades para conseguir profesionales para las guardias, inclusive para algunos sectores de planta. Las condiciones de nuestro trabajo en los hospitales no son buenas y si a eso le sumamos los salarios y los episodios de violencia, resulta muy poco atractivo ingresar al sistema público de la provincia de Buenos Aires y eso es un problema que debe ser abordado y solucionado”, explicó Corsiglia.
Finalmente, el médico anunció que la próxima semana CICOP se plegará al paro general con movilización a la Casa de Gobierno bonaerense definido por la CTA provincial para el martes 29 de septiembre, en demanda de salarios dignos, estabilidad laboral, nombramiento de personal, más y mejores políticas sociales y mayor intervención del Estado para mejorar las condiciones laborales en el sector privado.
Con una presentación formal ante la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, que preside Ricardo Lorenzetti, los sobrevivientes y familiares de desaparecidos se sumaron al pedido del juez Alejo Ramos Padilla para que se refuerce el personal del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. “Hoy todo el retraso y las soluciones sobre las que se está avanzando, es el resultado del esfuerzo ciclópeo que el Dr. Ramos Padilla y su secretario, junto al Dr. Pablo Vassel”, dice la nota presentada en versión impresa y digital el 10 de septiembre pasado. “Es en razón de todo esto y varios aspectos más, que entendemos que ese juzgado debe contar con mayor cantidad de personal y medios adecuados para que los resultados sean mucho más profundos para hacer justicia”, subrayaron.
La presentación está suscripta por las regionales de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el mismo día en que el Consejo de la Magistratura suspendió al camarista bahiense Néstor Montezanti —ex agente de inteligencia, imputado en la causa por los crímenes de la Triple A— y abrió un jury en su contra. Y su origen es la preocupación por un informe que el propio Ramos Padilla giró a la Corte describiendo el desbarajuste que encontró cuando asumió en el juzgado, en junio. Fue luego de que el Consejo no ratificara al secretario judicial que comandó el despacho los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez, y al abogado Claudio Pontet, ambos denunciados por obstaculizar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
“Retrasos generalizados de todo sentido, escritos por agregar, borrado de archivos y registros de utilidad de la Secretaria de Derechos Humanos del juzgado, más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace casi dos años en expedientes donde se investiga robo de niños, actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de 1976, responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia”, describe el escrito rubricado por Eduardo Hidalgo y Alejandra Santucho, secretarios de ambos organismos. Para fundar el pedido, refieren a la antigua Acordada 42/08 de la Corte, que impone tramitar los juicios de lesa humanidad sin demoras.
El Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca es un enclave vital para juzgar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Buenos Aires. No sólo porque allí tuvo un gran protagonismo la Marina de guerra y el V Cuerpo de Ejército y se instruyen dos megacausas con 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, sino porque los militares fueron prohijados por un variado abanico de civiles que los frecuentaban. Entre ellos está acusado el empresario mediático Vicente Massot —favorecido con una falta de mérito en los últimos meses—, ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti, y el ex arzobispo local a quien absolvió la muerte, Aldo Vara.
Cuando Ramos Padilla —juez federal de Dolores— ocupó el despacho para asumir como juez subrogante, se encontró con un tendal de irregularidades que hacían tambalear las investigaciones, que reseñó en un documento dirigido a Ricardo Lorenzetti. Ulpiano Martínez había dejado prisiones preventivas y sentencias vencidas, más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado, más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones, desparramados por toda la sala. Incluso había detenidos alojados en la seccional de la Policía Federal desde donde se fugó el represor Julián “Laucha” Corres.
Ahora los organismos piden, en sintonía con el magistrado, más personal a su cargo “al ver cómo está funcionando hoy el juzgado prácticamente sin horario y solo con el esfuerzo fundamental de sus conductores y la colaboración de parte del personal, frente a otra parte que ha decidido limitar su colaboración por hacer causa común tácita con los desplazados por el Consejo de la Magistratura”. Sólo así, afirman, podrá alcanzarse la Justicia que esperan hace más de treinta años.
Fuente: InfojusNoticias.
(Por Julio Gambina) Las expectativas están puestas en la visita papal a Cuba, recordando que viene de declaraciones públicas realizadas en territorio nuestro americano muy críticas al orden capitalista, y precisamente cuando en San Juan se produjo en estos días un derrame de cianuro que levantó y movilizó al pueblo de esa provincia.
Vale memorar que San Juan es un territorio donde la protesta contra la mega minería a cielo abierto estaba oculta detrás del fuerte consenso electoral que venía logrando el gobierno de José Luis Gioja, cuya familia está directamente involucrada en el negocio minero y en la gestión pública nacional del sector minero.
El tema de fondo es el agua y la contaminación, una cuestión que lamentablemente solo aparece cuando el daño es evidente, ya que la campaña previa se asienta en el efecto riqueza que generan las inversiones y la difusión de un empleo directo e indirecto que “resuelve” en el corto plazo las necesidades de ingreso para satisfacer un determinado patrón de consumo.
Así, el circulo parece virtuoso entre inversiones externas y crecimiento de la economía y el consumo, desinteresando a la sociedad sobre el nocivo efecto de un modelo productivo depredador.
Pero no es solo el derrame provocado por la Barrick Gold en Veladero, sino que también en estos días se cumplen tres años de la campaña No a la Planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba, y dos años del bloqueo.
La movilización popular impide el intento de construir un planta de producción para abastecer el paquete tecnológico del modelo productivo en el campo. Esa iniciativa empresarial era celebrada por los gobiernos locales, el provincial y el nacional, no necesariamente convergentes en el proceso electoral en curso.
Tanto los episodios de San Juan, como el pronunciamiento del acampe en Córdoba, son señales de una opinión en la sociedad que es crítica al modelo productivo que afecta a nuestros bienes comunes y se agiganta con las declaraciones sostenidas desde el Jefe del Vaticano, tanto su encíclica Laudato Sí, como en sus mensajes a los pueblos.
Más allá de las intencionalidades de las protestas y los mensajes del Papa Francisco, lo que aparece como novedad en el debate político y económico, incluso cultural, es la crítica al capitalismo.
Nada relativo a esta preocupación aparece en el proyecto de Presupuesto 2016 presentado al debate parlamentario.
El presupuesto es un instrumento que debiera recoger el sentido de la demanda social en defensa de los bienes comunes y sin embargo persiste en sostener la promoción de la sojización, la mega minería a cielo abierto, las expectativas en los hidrocarburos no convencionales y el sistema de armaduría en la industria.
La lógica del proyecto presupuestario reproduce el sentido del orden económico social que según los propios datos del INDEC, en su Encuesta de Grandes Empresas, se reconoce la tendencia a la confirmación de una lógica de dominación de corporaciones transnacionales que privilegian el objetivo de la ganancia, y en la medida que pueden remiten sus utilidades al exterior, o alientan los mecanismos de fuga de capitales que sostienen la demanda especulativa por las divisas.
Se disputa el liderazgo y el modelo de desarrollo
El tema que pretendemos suscitar remite a las protestas masivas contra el orden neoliberal de las dos últimas décadas del Siglo XX y que motorizaron el fenómeno del cambio político en la región, incluso con gobiernos que asumieron el discurso crítico a las políticas neoliberales y en algunos casos incluso al orden capitalista.
A la cabeza de ese debate estuvo el liderazgo regional del proceso venezolano y Hugo Chávez innovando con la propuesta por un Socialismo del Siglo XXI, que luego estimuló desde Bolivia la propuesta por un Socialismo comunitario. Con Cuba y su experiencia socialista se reinstalaba el debate y la propuesta contra el capitalismo.
Pero más allá de discursos y con el peso de Brasil y la expectativa del nuevo proceso conducido por Lula se habilitó una dinámica de discusión sobre una integración alternativa, con realizaciones que todavía no terminan de materializarse y asociadas a los proyectos de articulación productiva para afirmar la soberanía alimentaria, energética o financiera.
La novedad propositiva y discursiva del Papa Francisco interviene en ese debate sobre el rumbo económico social y cultural de nuestro tiempo, reivindicando las demandas por trabajo, tierra y techo que no figuran en los proyectos del capital transnacional. Este, desde sus inversiones busca fuerza de trabajo barata y opción de saqueo sobre los bienes comunes, lo que define a los países emergentes.
Tenga quien tenga el liderazgo político en la región, lo que se hace evidente es la discusión del modelo productivo y de desarrollo, es decir, el tipo de sociedad que se pretende y quien define la situación es la dinámica social en conflicto por un nuevo orden social.
Pensemos que el neoliberalismo se ensayó en territorio sudamericano y que desde aquí emergieron las realidades del cambio político sustentadas de la lucha popular, que para afirmarse requieren de avances en el cambio económico, una asignatura aún pendiente.
Lo interesante a remarcar, más allá de quien lidere este proceso en la región y en el mundo, es que así como los cambios devinieron de la movilización social en los 80 y 90 del siglo pasado, la emergencia de protestas en defensa del agua, de la tierra, de los bienes comunes, por la soberanía del pueblo, es lo que puede aportar de nuevo a una dinámica de lucha social y si se quiere, de clases, para definir un rumbo contra la lógica del capital y su accionar contra el metabolismo social natural.
Este viernes se cumplieron nueve años desde la segunda desaparición de Jorge Julio López. Nada se supo del albañil desde el democrático día de los alegatos del juicio contra el ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, en el cual declaró sobre las torturas padecidas durante la dictadura en centros clandestinos del Circuito Camps .
“La oposición y el oficialismo en esto se pusieron de acuerdo. Todos ignoran el caso López que es un testigo que desapareció en el primer juicio de lesa humanidad, no es una cuestión menor, pero todos se pusieron de acuerdo para ignorarlo durante estos nueve años y no veo que haya interés de ninguna fuerza política de tomar este tema con más fuerza”, aseguró Werner Pertot a FM De la Calle.
El periodista es coautor del libro “Los días sin López” en el cual junto a Luciana Rosende repasan las líneas investigativas que, estando en el expediente, nunca fueron debidamente desarrolladas. “Las autoridades políticas iban detrás de lo que le decía la policía y no al revés”.
“Con Arslanián al frente de la investigación apuraban y querían resultados, querían encontrarlo vivo. Cuando vieron que ya no lo iban a encontrar vivo y era un golpe político para el gobierno encontrarlo muerto, y a medida que los medios fueron abandonando el tema, lo fueron dejando en manos del poder judicial”, comentó.
Para Pertot, “los medios más grandes sobre todo, instalaron la idea de que en la causa no hay nada, que no hay nada que hacer”. Sin embargo, destacó tres hipótesis que merecen atención.
La primera de ellas gira sobre el entorno de Etchecolatz: “Hay una serie de comunicaciones ese día que son muy llamativas entre las personas cercanas a Etchecolatz e intercambios de mails donde hablan de López el mismo día que desaparece”.
En segundo término, los policías bonaerenses del Circuito Camps: “El circuito de centros clandestinos donde pasó López, que lo tuvo secuestrado durante la dictadura y podía estar interesado en que dejara de testimoniar”.
Y por último, los penitenciarios bonaerenses condenados en 2010: “López además de en los centros clandestinos de detención estuvo en la cárcel de La Plata, podría haber declarado también en este juicio y, por lo tanto, ellos tenían interés concreto en que se frenaran los juicios”.
“Hay que recordar que el juicio en el que declaró López, en el que era querellante, es el primero de todos los juicios que se abrieron después de la anulación de las leyes de impunidad. Atacar ese juicio que era la punta de lanza de todos los que vinieron después no era solamente una cuestión de si lo condenaban o no a Etchecolatz, también se reduce muchas veces a eso. Era atacar todo el proceso de juicios, que desapareciera un testigo y querellante de este juicio evidentemente podía tener la intención de frenar todo”, recordó el periodista.
A pesar de las sospechas contra la Bonaerense, la fuerza tuvo a su cargo la investigación durante el primer año y medio durante el cual prefirieron poner el foco sobre los organismos de derechos humanos y la familia del testigo a hacerlo sobre los represores.
Para ejemplificar la mora de la pesquisa, Pertot mencionó un punto que hoy aparece como novedad aunque proviene de los pasos iniciales de la causa. “Hay una persona de la confianza de López, que por una serie de vínculos familiares, tenía una familia que eran policías bonaerenses, él mismo había sido policía bonaerense, tenía contactos familiares con Etchecolatz. Lo que se supo es que esta persona lo vio a López los últimos días sino el día en que desaparece”.
“La hipótesis más fuerte es que alguien lo engañó para que fuera a algún tipo de reunión -dijo el periodista-. López no era una persona que se confiara de cualquiera que le hablara. Por eso es interesante esta pista, no digo que sea segura porque hay que investigar, pero hoy aparece esta idea del presunto entregador de López sobre el cual hace nueve años que podrían haber empezado a investigar”.
El coautor de Los días sin López destacó que nadie haya propuesto conformar una comisión investigadora en el Congreso para evaluar las responsabilidades políticas.
En el caso de la Policía Bonaerense la historia muestra que fue apartada de la causa con la exculpación de una supuesta “incapacidad manifiesta”. Pertot afirmó que “entre los que fueron apartados está Hugo Matzkin, el actual jefe de la Bonaerense a quien (el gobernador Daniel) Scioli mantuvo en el cargo después que los organismos de derechos humanos de La Plata le fueron a pedir que a raíz del caso López lo apartara”.
En cuanto a la reacción del gobierno de Néstor Kirchner ante la desaparición del albañil, la reconstrucción del periodista indica que el presidente aseguró: “A este tipo lo mataron, este es un mensaje para nosotros y lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que quieren. Si quieren parar los juicios tenemos que meter presión para que avancen el doble de rápido para que vean que esto no va a funcionar”.
“Kirchner tenía todo un razonamiento que era que si le ganaban la pulseada en esto era como cuando Alfonsín ganaba la pulseada con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y después vino la hiperinflación y se cayó el gobierno. Era una cuestión de gobernabilidad. Si uno lo ve en una dimensión histórica, si los tipos querían parar los juicios no pudieron. Pero no se le puso la misma fuerza y el mismo empeño a encontrar a los que lo desaparecieron a López”.
Foto Pertot: Troyanos del sistema.
El gobierno bonaerense oficializó la incorporación obligatoria de la materia “Educación Sexual Integral” en la currícula de las escuelas públicas y privadas de la provincia. Así lo establece la ley 14.744 sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, publicada esta semana en el Boletín Oficial.
El texto de la norma dice que “se entiende como educación sexual integral al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas, y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana”.
La docente Alejandra Pavón, integrante del Suteba Bahía Blanca, comentó por FM De la Calle que “ya en muchas instituciones los docentes están empezando a trabajar el tema, están recibiendo capacitación para abordarlo”.
“Este es un contenido que forma parte del currículum como lo forman otras asignaturas, Lengua, Naturales, Sociales, va a estar dentro de nuestras planificaciones y en el corto plazo estaríamos trabajándolas desde todos los establecimientos”, explicó.
Según la dirigente, la educación sexual “en algunos casos sigue siendo un tema de desencuentro, por supuesto que depende de los niveles evolutivos de los que hablemos, de los sectores donde están ubicadas las escuelas, de la capacidad que tengan tanto los alumnos como los padres de acceder a información respecto de estos temas por fuera de la escuela. Estamos en una sociedad cambiante en relación a los temas que tienen que ver con la sexualidad y estos cambios hacen que de apoco uno tenga una mentalidad más abierta o no, pero todo lleva tiempo”.
La ley aclara que el organismo de aplicación deberá “garantizar la efectiva enseñanza y aprendizaje de la educación sexual integral a través de conocimientos científicos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, desde la perspectiva de género, promoviendo el respeto a la diversidad y la no discriminación”.
“Es absolutamente necesario que todos los niños, niñas y adolescentes conozcan su cuerpo, sepan cómo cuidarlo, cómo debe ser respetado, cómo abordar una relación con otro diferente o igual para tener un uso responsable de los métodos anticonceptivos, de las relaciones vinculares que tienen con los demás”, dijo Pavón.
Finalmente subrayó que “tiene que ver no solo con que tengamos vínculos más armoniosos con los demás y además prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, violencia de género, situaciones que realmente acarrean, por desconocimiento muchas veces, problemáticas que uno después tiene que resolver cuando con este trabajo en la escuela los podemos prevenir”.
(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.
Si bien es cierto que nadie reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación[1]; ha habido en estos nueve años silencios que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad debía hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.
A nueve años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.
No hubo un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas. Así lo afirmó en abril 2011 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma: al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”[2]
Y no hubo voluntad política de investigar hasta la última consecuencia la responsabilidad de Etchecolatz, sus amigos de adentro de la fuerza policial Bonaerense y mucho menos la trama de los Servicios de Inteligencia que después del caso Nisman sabemos sin dudas que seguía trabajando con autonomía de mando. Fue el inefable Solá (el mismo que era gobernador cuando la masacre del Puente Pueyrredón del 2002) quién fundamentó que entre encontrar a Julio López y la gobernabilidad (que se vería afectada si se investigaba a fondo la Bonaerense, según él), elegía la gobernabilidad. Igual opción tomaron los Kirchner y la oposición política de derechas, solo un segmento del movimiento de derechos humanos y las izquierdas mantuvieron la lucha contra la impunidad de los secuestradores de Julio López, hasta hoy.
Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal
Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio” proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y nueve años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.
La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio que reconoce el Dr. Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio. Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a doce años de la anulación de las leyes de la impunidad, avanza la estrategia de impunidad de lograr que los represores “privados de su libertad” permanezcan en sus cómodos hogares y que se haya levantado una verdadera barrera para proteger a los responsables del Poder Económico (Massot de La Nueva Provincia, Blaquier de Ledesma, Acevedo de Acindar, los dueños de Papel Prensa, la Ford, Mercedes Benz, la banca extranjera, etc.) y los integrantes de la Triple A cuyos crímenes se mantienen casi en la absoluta impunidad.
La obstinada voluntad del Poder Judicial de no abrir paso al debate sobre Genocidio no tiene razones judiciales sino política; el Genocidio no es solo la destrucción de un grupo nacional, sino la reorganización radical de una sociedad en todos los terrenos por lo que aceptar que hubo Genocidio, que somos una sociedad post genocidio implicaría discutir las relaciones de Poder en la economía, en los medios de comunicación y en la sociedad toda; algo a lo que pocos estamos dispuestos a hacer.
Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura represora que en palabras de la Comisión Provincial de la Memoria constituye un verdadero colapso de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires por la persistencia de los crímenes del Gatillo Fácil, las causas armadas y la tortura en sede policial, penal y sitios de encierro de menores y enfermos mentales (la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga el 17 de octubre pasado, es la confirmación más brutal de todo esto) que obtienen la misma impunidad que la de los desaparecedores de Julio López.
Fue la misma Comisión la que afirmó “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”.
La historia lo confirmó: Sin Julio López no hay Nunca Más, sin Nunca Más no hay democracia verdadera y sin democracia verdadera no hay Patria Libre ni todos los derechos para todos que era aquello que soñaba Julio López y por lo que convocamos a seguir soñando y luchando.
Ahora y siempre.
[1] Aunque duró unas horas conviene recordar que Aníbal Fernández pretendía que Julio López no estaba desaparecido sino que se había ido a tomar el te a casa de un familiar y que Hebe de Bonafini adjudicaba su ausencia como una provocación policial, insinuando que Julio López era un infiltrado policial. Todo está guardado en la memoria.
[2] [1]http://notas.desaparecidos.org/2011/04/duro_informe_de_la_onu_sobre_p_1.html
Este miércoles se detuvo momentáneamente el tratamiento del proyecto de Ley D373/14-15. De aprobarse, la norma crearía un “Banco de Datos Genéticos Provincial”.
Según dijo a FM De la Calle el diputado socialista Ricardo Vago “es un banco genético que obliga a cada ciudadano de la provincia a registrarte y el Estado va a tener el ADN de cada uno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si hay un ilícito la policía científica determine los ADN en el lugar y pueda investigar e identificar quiénes fueron los eventuales actuantes en este ilícito”.
“Esto implica general 15600 registros de ADN en distintos ámbitos. Cuando se saca el DNI, cuando se saque el registro, cuando se nace, cuando se muere. Es una decisión totalmente insólita. No existe en el mundo un registro de toda la población con la matriz genética de ADN”, sostuvo.
La metodología actual está basada en que “se hace el registro después de que se haya producido el ilícito y previa orden judicial. Porque el ADN tiene datos personalismos. Desde las enfermedades, la matriz genética. Siempre antes en las provincias, en la nación y en otros países esto se registra en hechos delictivos bajo pedido del fiscal o del juez interviniente. Acá esto sería compulsivo. Obligaría a entregar bajo un sistema que no aparece expresado en el proyecto de ley de las células epiteliales de la yema de los dedos”.
Por otra parte, “tampoco está expresado cuál es el costo de esta medida que implicaría tener por lo menos 400 oficinas recolectora de estos datos y un registro general”.
El legislador indagó acerca de las firmas que podrían realizar el trabajo. “Hay una empresa argentina radicada en Córdoba que tiene la tecnología para hacer la huella dactilar genética, que tiene la patente en la Argentina y en Estados Unidos para este método. Y para mayor disparate la Ley, en la comisión de presupuesto, se aprobó en cuatro días sin ningún informe de cuál es el costo”.
Para finalizar, Vago afirmó que “el proyecto de Ley tiene 6 artículos. Es una simpleza total. Las leyes provinciales de Córdoba, de Buenos Aires, que están estos registros para investigaciones, identifican la norma, cómo se hace, los parámetros genéticos de investigación de la persona. Tiene un estudio científico de esto”.
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