Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó el recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín –acompañado por las querellas particular e institucional– y ordenó a la jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.
Los camaristas sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora.
El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa, entre las medidas de prueba en debate.
El pasado 15 de octubre, la titular del Juzgado Federal Nº 2 rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales de la Procuvin y de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi diez días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa: la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azzolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y, por lo tanto, obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas.
Al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar sólo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectado intereses superiores.
“La magistrada podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja.
Para los jueces Pablo Candisaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por imperio de ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Entre las medidas de prueba que están en debate, se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.
Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó tres veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias.
Tal como vienen sosteniendo los fiscales y las querellas, la demora de estas diligencias atenta contra la posibilidad de encontrar elementos de pruebas valiosos para la investigación. La misma situación ocurre con los teléfonos celulares; esto último, incluso, ya fue corroborado en la causa: los informes realizados por DATIP sobre los celulares secuestrados a las y los policías que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril dan sobrada cuenta de los intentos por eliminar información del día de la desaparición y los días posteriores.
El fallo de la Cámara abre una nueva posibilidad para que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se siga investigando. Coincida o no la jueza con la hipótesis de la parte acusadora.
Fuente: Andar.
El Municipio difundió ayer el listado de beneficiarios del Fondo para la Reactivación Turística y Cultural el cual distribuye ayudas financiadas por la provincia. La directora del Instituto Cultural, Morena Roselló, aseguró que los criterios fueron definidos de manera “consensuada”.
“No nos sorprende que se consensue una cosa y se diga otra”, dijo a FM De la Calle el representante de la rama Literatura del Consejo Cultural Consultivo, Pablo Duca.
Las organizaciones culturales habían propuesto que el Concejo Deliberante fije los criterios para la recepción del dinero por ordenanza. Sin embargo, denunciaron que desde la comuna se actuó “unilateralmente”.
Requirieron ayuda 109 espacios de los cuales 73 cumplen con los requisitos. Son 52 establecimientos culturales que recibirán $2.525.068,50 y 21 establecimientos turísticos a los que se entregarán $ 1.118.148,50.
“Se hace una reunión, se enfrentan opiniones que muchas veces son dispares, al término se llega a un acuerdo. Dos horas después, el acuerdo se desvanece porque lo que deciden es totalmente distinto y la manifestación pública es una mentira porque decir una verdad parcial lo es”, agregó Duca.
Duca aseguró que pretendían que “no salga por decreto sino que vincularan a una ordenanza del Concejo Deliberante. Fuimos desoídos, salió como un decreto, nos parecía que era la manera más democrática del debate. Considerábamos que había un atraso en la mirada con respecto a los centros culturales independientes, las bibliotecas populares”.
“Se confundió en el plan del Instituto Cultural los metros cuadrados, empleados que participaran del protocolo, si vos leías eso hasta Walmart podría estar incluido en el beneficio. Casualmente la provincia instaba a la apertura de lo que más demorado estaba por abrirse”.
“Esto arranca con una intencionalidad del Ejecutivo de derogar las cuatro ordenanzas que involucran a la cultura, entre ellas las que le da lugar al Consejo Consultivo. Como no se pudo derogar hubo una actuación de escucha, fue una escucha de oídos sordos a todo lo que se sugirió con una actitud proactiva, de mirada hacia el sector más relegado”.
El sábado el Consejo realizará una asamblea para informar sobre “lo que tiene que ver con las ordenanzas de fondeo de eventos permanentes, el desguazado Fondo Municipal de las Artes y plantear el uso de este fondo de provincia y lo que unilateralmente se decidió”.
Listado de beneficiarios y montos:
Culturales:
La Asociación Artistas del Sur, la Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Centro Luis Braille, recibirán $83.333,33 cada una.
Los siguientes establecimientos recibirán cada uno el monto de $49.420,21: Asociación Bahiense de Tango, Asociación Filarmónica de Bahía Blanca, Asociación Teatristas del Sur, Bahía Blanca Che, Bella Vista Galpón Enciclopédico, las Bibliotecas Populares Daniel Aguirre, Don Germán García, Gabriela Mistral, Domingo Pronsato, José Hernández, Mariano Moreno, Martín Allica, Pajarita de Papel, Roberto J. Payró, Rosario Sur, Simón Rodríguez y Villa Duprat; Centro Cultural La Panadería, Centro Cultural Villa Rosas –Biblioteca Popular Eduardo Mallea, Centro Fomento, Cultura y Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Cinemacenter Bahía Blanca, Club La Esperanza, Espacio + Rana, Espacio Cultural Independiente Casa del Pueblo, Espacio Cultural Motor Colectivo, Espacio Juanita Primera, Feria Artesanal Bahía Blanca, Guillermo Horacio Galassi (Microcirco), Klas Libros, Librería Don Quijote – Henry Libros, Marcelo Carlos Cebrián, Maroma, Márquez Garabano, Maurizi Alejandro Jorge, Museo y Parque Estereoscópico “El Histórico”;, Pez Dorado Espacio Cultural, Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Tiro Federal – Biblioteca Popular Jorge Luis Borges, Teatro El Tablado, Teatro Gran Plaza, Teatro Ingeniero White, Varietté y Vitró.
Y por último, las siguientes instituciones recibirán $25.000: Amigos de la Estación (Ferrocarril Cabildo), Edgardo Ariel Epherra (El Aleph), Marca en Línea, Milagros Rocío Navarrete Valdéz, Museo de Radios Antiguas “Carlos Gardel” y Vanina Santicchia.
Turísticos
Cipriano (turismo gastronómico, $50.000), Hotel Argos ($65.000), Hotel Austral ($65.000), Hotel Bahía ($60.000), Hotel Muñiz ($65.000), Hotel Victoria ($ 60.000), La Barca (turismo gastronómico, $40.000), La Sociedad de los Chicos (salones para eventos, $ 15.000), Asociaciçon Bahiense de Basquet (infraestructura para desarrollo de deportes turísticos, $50.000), Newtown (turismo gastronómico, $50.000), Olivos del Napostá (turismo de naturaleza, $57.000), Orion Apart Hotel ($60.000), Residencia Napostá ($40.000), Restaurante Gambrinus ($50.000), RIa Express Servicios (turismo de naturaleza, $57.000), Santiago Martínez (infraestructura para el desarrollo de deportes turísticos, $ 50.000), Sofia Soberana Hotel Boutique ($60.000), Villa Barley (turismo gastronómico, $50.000), Villa Magdalena (turismo rural, $57.000), Wellness (Dow Center) (servicio de alojamiento $60.000), Whest Guardián del Estuario (turismo de naturaleza, $57.000).
Recicladores levantaron el corte que realizaban en la entrada del Relleno Sanitario en demanda de mejoras salariales y de condiciones laborales. El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, a través de la policía, les comunicó que mañana los recibirán en el Municipio.
“Lo que reclamamos es lo que se nos prometió cuando se nos asoció a la cooperativa. Hace 20 años que trabajamos en el relleno, se nos prometió una mejora de trabajo y nos meten en un galpón con dos camiones para que reciclemos y acopiemos. Tenemos que esperar 60 o 70 días para tener una carga para poder vender”, dijo a FM De la Calle Sebastián Núñez, trabajador de la Cooperativa Taller 1.
La medida provocó demoras en la recolección de residuos en distintos sectores de la ciudad. Bahía Ambiental informó que en el transcurso del día se retomará el servicio en forma habitual.
Agregó que “son dos camiones por día, cuatro turnos de nueve personas. Los volquetes no nos dejan meterlos en ese lugar, ayer recibí un mensaje de la cooperativa de que no me presente a trabajar por falta de material y tenemos videos del material que están enterrando”.
Núñez detalló que “la cooperativa nos hace el aporte de monotributo, son $12.700 mensuales, con eso subsistimos durante la pandemia. Hace dos meses atrás, después de 20 años, se nos dio la ropa, no estamos bien, nos tratan como mafiosos”.
Meses atrás, trabajadores del relleno denunciaron a Insausti por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño a la propiedad. Alegan que el funcionario enterró material que los recicladores tenía para vender.
“Aprovecharon para vaciar el galpón, se manejaron mal, no llamaron a los dueños. Lo que reclamamos ahora es el puesto de trabajo, seguimos como cooperativa, no nos estamos negando pero que nos den el material como corresponde”, comentó Núñez.
El medio del conflicto iniciado meses atrás, el Municipio dejó cesantes a cuatro trabajadores: “Pedimos también como compañeros el reintegro de la gente que quedó afuera de la cooperativa, les retiraron el sueldo”.
El Instituto Argentino de Oceanografía requirió al Municipio que “revea” la decisión de dragar el arroyo Napostá para que se “autolimpie” y busque una “solución menos traumática que priorice los valores de conservación del humedal”
Lo hizo “atendiendo inquietudes de integrantes” del organismo mediante una nota firmada por su titular, Eduardo Gómez, y dirigida al intendente Héctor Gay y al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti.
“El humedal en cuestión, presenta un valor importante desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos o ambientales que actualmente presta; entre los que se mencionan la retención de contaminantes y captación de carbono, asimismo aloja una importante biodiversidad de fauna y flora pampeano-patagónica muy apreciada por la comunidad”.
Para el IADO, “esto último cobra mayor relevancia en tiempos donde existe una necesidad de ambientes naturales que ayuden a mejorar la salud mental y física de las personas”.
“La vegetación acuática de las márgenes, tanto como aquella que habita el propio cauce del arroyo, ayudan a contener los efectos erosivos de las crecidas al igual que retienen plásticos y otros residuos que indefectiblemente terminarían en las aguas del estuario local”.
El texto agrega que “los pastizales, juncos y carrizales generan una estructura tal que sostiene una rica fauna de aves, las cuales en esta época se encuentran en pleno período reproductivo. Es así que modificar su cauce con miras a generar una condición ‘auto limpiante” no es más que trasladar el problema de los residuos aguas abajo, generando un impacto acumulativo en las aguas del estuario”.
Foto: Pablo Petracci.
La Asociación Civil “Talita Kum, junto a la UNS y al Banco de Alimentos “Nutrirnos Más” realizan la “Semana Solidaria Bahiense”. La iniciativa busca responder al aumento de la demanda de alimentos por parte de familias y de comedores de la ciudad.
“Antes de la pandemia estábamos ayudando a alrededor de 250 familias, al principio tuvimos 600 familias pidiéndonos ayuda, actualmente estamos acompañando a 400 familias, todavía es grande la necesidad”, comentó a FM De la Calle Nahuel Blanco de Talita Kum.
Subrayó que “la articulación con el Estado desapareció hace tiempo de parte de la Municipalidad y hemos optado por estas campañas y apelar a los vecinos y vecinas. Antes recibíamos bolsones, después instalaron el sistema de tarjetas de 800 pesos mensuales”.
➡️Puntos solidarios: Se organizaron días y horarios para que los interesados e interesadas puedan donar alimentos los siguientes productos: aceite (no mezcla), puré de tomate, fideos, arvejas, arroz, latas de conservas, harina, azúcar, leche en polvo y líquida, cacao, galletitas, lentejas, garbanzos, avena, polenta, maicena y pañales descartables. El viernes 13 el colectivo de la UNS pasará por cada punto a recoger las donaciones.
➡️Edificio solidario: Los voluntarios o voluntarias de edificios que quieran sumarse pueden colocar una caja en los accesos para que todos los moradores y ocasionales visitantes puedan dejar donar alguno de los productos mencionados. Los que quieran sumarse a esta propuesta deben completar el siguiente formulario: https://tinyurl.com/edificiosolidario y serán contactados para coordinar el retiro de la caja al final de la campaña.
➡️Aporte solidario: La campaña también recibe donaciones a través de Mercado Pago ($250), ($ 500) o ($ 1000). Los que donen de esta forma participan del sorteo de premios (camisetas, órdenes de compra, ropa) y de descuentos en locales adheridos, enviando el comprobante de aporte al whatsapp 291-5116754. Todo lo recaudado será destinado a comprar alimentos y artículos de limpieza para donar a los comedores y merenderos.
Un nuevo capítulo de la infamia se cierne sobre las políticas culturales municipales: el uso de fondos previstos para espacios culturales derivado finalmente en parte hacia el sector privado. El gobierno de Bahía Blanca denominó “Fondo Municipal para la Reactivación Cultural y Turística” a la reorientación de fondos provinciales destinados a espacios culturales y turísticos.
A su vez, el municipio aseguró que “los requisitos, procedimiento y modalidades para su otorgamiento los estableció el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia”.
Dicha cartera creó un registro de espacios y dispuso de un período de tiempo para que cada uno pudiera inscribirse. Dirigentes de las organizaciones gremiales locales solicitaron al gobierno provincial que definiera con mayor precisión el destino de los fondos pero las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires decidieron que quedara en manos de cada municipio. En principio, esa política podría verse con buenos ojos dado que da prioridad a un esquema en el que se decide desde el lugar en lugar de imponer verticalmente. Pero ¿qué pasa cuando en los municipios las autoridades de cultura no son idóneas o el espacio político desprecia a los espacios culturales?
Se solicitó también que la reglamentación para implementar los destinos de los fondos estuviera bajo la órbita del Consejo Deliberante de Bahía Blanca, que cuenta con una comisión abocada a cuestiones culturales y dialoga con los actores concretos. En cambio, el municipio lo definió a través del poder ejecutivo de manera arbitraria: por decreto. Asimismo, el Consejo Cultural Consultivo solicitó que la cuestión se dirimiera en el ámbito deliberativo y fue desestimado por el gabinete emburbujado.
En una opereta de poca monta, la directora del Instituto Cultural, Morena Llanca Rosselló –a quien recientemente todo el arco político democrático, las organizaciones de la cultura y buena parte del movimiento obrero solicitaron su renuncia semanas atrás- dice que “hubo una serie de reuniones que se llevaron a cabo, dos reuniones, con los integrantes del Consejo Cultural Consultivo, primero con una de sus asesoras y luego con el Consejo Cultural, planteando cuales eran algunas de las inquietudes que ellos tenían para que nosotros consideráramos dentro de lo que era este catálogo. En cuanto a lo que son las inquietudes, sobre todo una que ellos plantearon a la que por supuesto dimos respuesta, es la de que en este catálogo, perdón, en estos subsidios no estuvieran, por lo menos en esta instancia, contemplados lo que son los espacios culturales públicos o mixtos. Hablamos en este caso, por ejemplo, de un museo municipal. Pero sí hablamos de que se pueda beneficiar un museo privado. Tuvimos los encuentros con el Consejo Cultural Consultivo, plantearon esta situación, plantearon otras que hemos también evaluado así que las instancias de diálogo si han estado”.
Agregó que “los criterios fueron comunicados al Consejo Cultural Consultivo”. La clave para entender cómo es la mecánica del engaño está en esta oración: “los criterios fueron comunicados”. Es decir, el intento de mostrar consensos cuando no existió ninguna reunión de trabajo en la que se definieran qué monto sería destinado a cada espacio (como sí ocurre específicamente con el Fondo Municipal del Artes, en que se discute subsidio por subsidio en formato de plenario). Lo que hubo fue un simulacro en el que se recibieron “criterios generales” pero el gobierno definió arbitrariamente. Luego comunicó una decisión de carácter unilateral. A todas, luces: eso no es trabajo colegiado.
Respecto de los fondos hay una clara definición de no priorizar a los espacios culturales y, en cambio, otorgar a algunas firmas del sector privado que son más pasibles de recibir ATP que considerarlos bajo el espíritu de este programa.
Durante todo el año, los espacios culturales han hecho pública en reiteradas oportunidades la política de “presupuesto 0” para el área cultural. Ahora que –no con fondos municipales- hay recursos –provenientes de provincia- sobre los cuales existía conocimiento público, se vieron forzados a “largar algo” para el sector pero nuevamente con conceptos maniqueos y haciendo entrar por la ventana y a pura palanca al ámbito privado, derivando así recursos de un fondo que está pensado en un sentido muy diferente.
Algunos centros culturales, por ejemplo, recibieron casi cincuenta mil pesos ($ 49.420,21). Estamos hablando de los sectores que no han podido sostener la actividad de ningún modo durante este período. Ese monto les fue asignado. Y, por su parte, en esta idea de que algo se lleven los privados, finalmente fueron subsidiadas empresas privadas –en algunos casos dos del mismo dueño, quien registra recientes declaraciones en el periódico oficial acerca de que en el rubro “se está vendiendo más” en el contexto de pandemia- o por ejemplo restaurante Gambrinus ($50.000), que estaría aquí considerado como un espacio cultural o turístico (¿?). El mismo que se vio beneficiado con las modificaciones urbanísticas en torno del mercado municipal Eugenio Martínez.
Algunas asociación como la Asociación Artistas del Sur, la Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Centro Luis Braille, recibirán $83.333,33 cada una. Luego, recordemos, los centros culturales que reciben, lo hacen por un monto general de $49.420,21. Como contrapartida de esta política de derivación hacia privados, en el contexto de los turísticos ingresan empresas como Wellness (Dow Center).
Aquí se verifica nuevamente la manipulación de los conceptos y recursos públicos. Ayer tomamos un concepto muy claro: ¿qué pasa si los organismos de participación comunitaria fueran vinculantes? Aquí estamos un paso atrás porque no sólo no son tomadas sus opiniones sino que son utilizados para hacer una política de sentido opuesto a la que proponen.
Tal como confirmó a FM De la Calle el consejero por literatura Pablo Duca: “no nos sorprende que se consensue una cosa y se diga otra. Una vez más; el anterior había sido el del Fondo Municipales. Al término de la reunión se llega a un cierto acuerdo y dos horas después el acuerdo se desvanece porque lo que deciden es totalmente diferente a lo acordado. Y para colmo la manifestación pública es una total mentira. Las palabras de la funcionaria dan cuenta de un acuerdo que no fue tal. Nosotros nos manifestamos a favor de que los fondos no salieran por decreto sino a través de una ordenanza de común acuerdo en la Comisión de Cultura del Concejo Deliberante. Esa es la primera falacia: el consejo sugirió vincular al concejo deliberante al uso de los fondos porque nos parecía lo más democrático. Uno puede ser democrático y expeditivo. Y por otro lado considerábamos que había un atraso con respecto a los espacios culturales independientes y por supuesto las bibliotecas populares pero acá en este plan que hizo el instituto cultural se confundió en metros cuadrados, empleados. Digamos, si vos veías eso, hasta Waltmart podría estar incluido en el beneficio. Y casualmente a lo que la provincia instaba era a la apertura de lo que más demorado estaba”.
En síntesis, el gobierno de la provincia de Buenos Aires del cual llegó una porción a cada ciudad. Las autoridades provinciales no quisieron presionar políticamente –en la idea de convivencia pacífica con los municipios donde gobierno Juntos por el Cambio (¿debe primar la idea de convivencia pacífica o debería primar la idea de hacer una política que contenga a los sectores populares en un gobierno que fue votado en perspectiva popular?)-. Se sugirió que lo tome el Concejo Deliberante para democratizar el debate y el ejecutivo no quiso. Y finalmente distribuyeron como quisieron pero además, y lo más grave, utilizando a un espacio de participación comunitaria como el Consejo Cultural Consultivo para legitimar tramposamente una política a todas luces repudiable.
Ilustración: María Florencia Laiuppa
Listado total de beneficiarios
Listado de beneficiarios y montos:
Culturales:
La Asociación Artistas del Sur, la Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Centro Luis Braille, recibirán $83.333,33 cada una.
Los siguientes establecimientos recibirán cada uno el monto de $49.420,21: Asociación Bahiense de Tango, Asociación Filarmónica de Bahía Blanca, Asociación Teatristas del Sur, Bahía Blanca Che, Bella Vista Galpón Enciclopédico, las Bibliotecas Populares Daniel Aguirre, Don Germán García, Gabriela Mistral, Domingo Pronsato, José Hernández, Mariano Moreno, Martín Allica, Pajarita de Papel, Roberto J. Payró, Rosario Sur, Simón Rodríguez y Villa Duprat; Centro Cultural La Panadería, Centro Cultural Villa Rosas –
Biblioteca Popular Eduardo Mallea, Centro Fomento, Cultura y Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Cinemacenter Bahía Blanca, Club La Esperanza, Espacio + Rana, Espacio Cultural Independiente Casa del Pueblo, Espacio Cultural Motor Colectivo, Espacio Juanita Primera, Feria Artesanal Bahía Blanca, Guillermo Horacio Galassi (Microcirco), Klas Libros, Librería Don Quijote – Henry Libros, Marcelo Carlos Cebrián, Maroma, Márquez Garabano, Maurizi Alejandro Jorge, Museo y Parque Estereoscópico “El Histórico”;, Pez Dorado Espacio Cultural, Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Tiro Federal – Biblioteca Popular Jorge Luis Borges, Teatro El Tablado, Teatro Gran Plaza, Teatro Ingeniero White, Varietté y Vitró.
Y por último, las siguientes instituciones recibirán $25.000: Amigos de la Estación (Ferrocarril Cabildo), Edgardo Ariel Epherra (El Aleph), Marca en Línea, Milagros Rocío Navarrete Valdéz, Museo de Radios Antiguas “Carlos Gardel” y Vanina Santicchia.
Turísticos
Cipriano (turismo gastronómico, $50.000), Hotel Argos ($65.000), Hotel Austral ($65.000), Hotel Bahía ($60.000), Hotel Muñiz ($65.000), Hotel Victoria ($ 60.000), La Barca (turismo gastronómico, $40.000), La Sociedad de los Chicos (salones para eventos, $ 15.000), Asociaciçon Bahiense de Basquet (infraestructura para desarrollo de deportes turísticos, $50.000), Newtown (turismo gastronómico, $50.000), Olivos del Napostá (turismo de naturaleza, $57.000), Orion Apart Hotel ($60.000), Residencia Napostá ($40.000), Restaurante Gambrinus ($50.000), RIa Express Servicios (turismo de naturaleza, $57.000), Santiago Martínez (infraestructura para el desarrollo de deportes turísticos, $ 50.000), Sofia Soberana Hotel Boutique ($60.000), Villa Barley (turismo gastronómico, $50.000), Villa Magdalena (turismo rural, $57.000), Wellness (Dow Center) (servicio de alojamiento $60.000), Whest Guardián del Estuario (turismo de naturaleza, $57.000).
El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió ayer a integrantes de la delegación del Fondo Monetario Internacional en el marco de la renegociación de la deuda de US$ 44.000 millones.
“Hubo una visita hace dos semanas, fue una ronda preliminar para hacer un diagnóstico, se reunió con distintos sectores socioeconómicos tratando de identificar las demandas locales y dónde está la resistencia”, explicó Francisco Cantamutto en su columna de FM De la Calle.
El economista agregó que “esto tiene que ver con cómo trabaja el FMI, suele haber una idea de que impone un programa casi forzosamente. Sin dejar de decir que hay presiones, lo cierto es que no es la manera en la que actúa el organismo”.
Cantamutto aseguró que “lo que el FMI hace es dejar que sean los propios responsables de la política económica quienes decidan cuáles van a ser las prioridades. Esto tiene que ver con lo que se habla del ‘nuevo fondo'”.
“No se sabe qué se va a pedir -enfatizó-. En primer lugar, la consolidación fiscal, el FMI ya se ha expresado. El gobierno está actuando en consecuencia como, por ejemplo, el retiro del IFE del presupuesto del año que viene”.
Señaló que “habla de mejorar una estructura impositiva pero si vemos en el acuerdo que firmó con Ecuador el mes pasado, sube el IVA. Si en Argentina el Fondo va a ir por el Fondo de Sustentabilidad de ANSES todavía no sabemos, si va a pedir reforma previsional y laboral, no sabemos pero es probable. Lo que está claro es que va por el lado de ajuste fiscal”.
Cantamutto recordó que “el organismo está tratando de ordenar una crisis de deuda a nivel mundial. Todos los acreedores, el FMI y otros organismos multilaterales, explican poco de las deudas, las mayores vienen de uno de los países que no se sienta en la mesa: China. Por otro lado, los acreedores privados que no tienen organismo ni mecanismo de control. La deuda ha empeorado sus indicadores a raíz de la caída del PBI del último año y depende de lograr reestructurar los tramos que siguen”.
(Por Astor Vitali) ¿En qué lugar se discuten los temas que preocupan a la comunidad? ¿Qué ámbitos de participación reserva la democracia a las preocupaciones comunitarias? Desde la vuelta a la democracia, cada instancia estatal ha creado distintas formas de nuclear colectivos sociales y tramitar sus inquietudes. Estas herramientas de democracia semi directa pueden ser muy útiles, ante la falta de participación en los ámbitos partidarios. Sin embargo, la calidad democrática se ve afectada cuando estos espacios elevan propuestas a las estructuras de gobierno y no son escuchadas. El carácter no vinculante de estos espacios, consejos y comisiones debería ser revisado en función de poner en práctica un entramado democrático no formal.
Por poner la ciudad de Bahía Blanca, como para tomar algo asequible, podríamos enumerar: el Consejo Cultural Consultivo, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, el Consejo Local de Mujeres, el Observatorio de Discapacidad, la Comisión Asesora Ambienta, Audiencias Públicas y una cantidad de herramientas de participación social en las que se llegan a diagnósticos muy completos de situaciones puntuales.
Además de los diagnósticos, esos espacios elevan propuestas de políticas de estado basadas en medidas concretas que deberían aplicarse a través de la ejecución de herramientas, partidas y dispositivos que podrían ponerse en marcha sin mayor inconveniente. Sin embargo, estos organismos rara vez son escuchados, si no es para la foto en contexto electoral o para enviar fotos a organismos internacionales para “hacer que se hace” en la política de selfies y de flyers con las que el oficialismo local construye su imagen de una realidad que es muy otra en el mundo concreto.
En el libro El Consorcio. Cambiemos en Bahía Blanca, publicado el año pasado por Ediciones De la Calle, sostuvimos que “mientras (el gobierno) aduce que su preocupación es la vivienda y la situación de quienes menos tienen, la incontrastable realidad arroja datos que no pueden cimentar esa mirada idílica. Mientras promete que ahora el gobierno municipal garantizará, a través de la gestión de comedores, la alimentación de los niños y de las niñas, la realidad concreta espeta el sistemático cierre de lugares de educación pública formal e informal, por decisión de su propio gobierno. Mientras promete que arrimará un proyecto con alunas ordenanzas para fomentar la radicación de empresas (con esa vaguedad), los datos publicados por las consultoras locales contrastan una realidad de perjuicio para quienes intentan la aventura productiva en medio de la jungla financiera”.
Es decir, en el discurso del gobierno hay una “enumeración de elementos que remiten a una realidad contrastablemente ajena a la que vivimos a diario. Una vez más: no alcanza con nombrar las cosas para que ellas existan” y que la publicidad oficial “ratifica los términos fantasiosos de un discurso sin contacto con la realidad que padecemos a diario”.
En esa construcción que denominamos “epidérmica”, “todo pasa y nada queda. Todo nos roza. Esa es la impresión del mundo contemporáneo. Esa es la militancia Cambiemos, también. Hacer que pasen cosas como para que parezca que pasa algo, pero en rigor nada pasa”.
“Este mecanismo consta de una severa ocupación por los anuncios y sus formas. Casi nadie repara luego en si se cumple o no lo anunciado. Aún más: no importa. Importa mostrar que se hace que se hace”.
´”La militancia por la política epidérmica es aquella que desprecia a la realidad concreta de su pueblo y actúa para las cámaras de sus celulares y se publica en redes”.
Decíamos entonces también que “lamentablemente, lo único que permite que esta política –por ahora- no tenga límites es que por abajo no hay el bullicio suficiente como para que su vibración haga temblar el brazo que sostiene la mano que gatilla la selfie epidérmica”
Esa construcción ficticia de relato se explica por la falta de implementación concreta de las propuestas elevadas por los órganos de participación directa. Que existen: por todos lados hay propuestas de la población para solucionar los comunes problemas. Se gastan millones para hablar de transparencia y, en cambio, los funcionarios suele ocultarse de los y las referentes sociales o de sectores que integran estos cuerpos de participación.
Uno de los temas más delicados para la sociedad es el de la niñez. Al respecto, el gobierno se negó sistemáticamente a implementar las sugerencias estructurales que realizaron quienes integran el consejo local que nuclea a distintas y diversas organizaciones que trabajan el tema tanto desde el punto de vista teórico como desde la perspectiva del trabajo en el territorio.
En las últimas semanas, se hizo público el hecho de que el Observatorio de Discapacidad había solicitado que, antes de realizar modificaciones urbanísticas, dicho ente sea consultado a fin de cumplir un rol activo en el diseño urbano para garantizar la accesibilidad. No sólo no fueron consultados sino que se implementaron las reformas de las calles … en favor de empresas privadas, utilizando un “diseño” claramente excluyente.
Ni que hablar del maltrato de la responsable del Instituto Cultural, Morena Rosselló, hacia el Consejo Cultural Consultivo, la manipulación de información y la aplicación de políticas totalmente contrarias a las que el cuerpo colegiado y representativo sugiere al gobierno municipal.
De esta manera, como si ya no hubiera una aguda crisis de participación en los órganos de representación partidaria, la política del gobierno desde hace un lustro lesiona la credibilidad de otras herramientas de participación y por ende la percepción de la población acerca de la utilidad de participar en entidad colectivas.
Dado que no se puede confiar únicamente en la voluntad de las personas para garantizar el funcionamiento de las instituciones, más allá de la presión social sobre los gobiernos, la democracia requiere de medidas concretas para solucionar este problema: modificar el carácter no vinculante de esos organismos, es una medida que nos permitimos proponer.
Si las decisiones de la comunidad debidamente organizada tuvieran carácter vinculante, quienes ejerzan la función pública tendrían la obligación de aplicar las políticas definidas por los estamentos comunitarios.
Hay reticencia a esto y se ponen trabas a la participación directa. A veces también desde espacio que se auto perciben democráticos. ¿A qué se le teme? ¿A qué le tienen miedo? Probablemente, a quitar el último velo que les protege de una verdad tan cruda como constatable: en muchas ocasiones –en demasiadas también- los intereses de quienes están en funciones nada tienen que ver con los intereses del conjunto de la población.
Ilustración: María Florencia Laiuppa
Víctor Basterra, ex detenido durante la última dictadura cívico militar y testigo clave en los juicios a genocidas, murió este sábado. El obrero gráfico y militante peronista fue secuestrado en 1979 y permaneció en cautiverio en la ESMA hasta la llegada de la democracia.
En el mayor centro clandestino de detención de la Armada fue obligado a falsificar documentos para los represores. Durante años tomó una foto más de las que le pedían y las fue sacando del campo de exterminio para cumplir el mandato de uno de sus compañeros: “Si te salvás, que no se la lleven de arriba” .
Basterra había sido desistido el viernes como testigo en el juicio contra la Triple A en Bahía Blanca. “Hasta último momento, con tremendas complicaciones de salud, quería dar testimonio. No quería bajarse”, afirmó el fiscal Pablo Fermento.
“Víctor era muy simpático y amigable pero vivía en soledad el dolor y esas marcas a fuego que solo sobrevivientes conocen”, dijo a FM De la Calle el periodista Fernando Tebele, compañero de aire de Basterra en Oral y Público, programa radial sobre los juicios de lesa humanidad.
Comentó que “hace unas semanas desde la Fiscalía de Bahía se comunicaron conmigo. Sabiendo que había empeorado su estado de salud me adelanté y les dije que no iba a poder declarar y automáticamente me di cuenta que estaba metiendo la pata, pasé el teléfono de su compañera y dijo que sí. En esos preparativos estaban cuando su salud empeoró y falleció el sábado”.
En una emisión de Oral y Público Basterra contó: “Un suboficial de la Armada, Julio Fernández, me comentó que él había andado por Bahía, había hecho un comentario, y que había sido interventor en una facultad. No sé si vivirá, yo tendría 34 años y él me llevaba unos 7 años. Por otro lado, a Rodolfo Ponce yo le hice un carnet de portación de armas, una falsificación que se había hecho en la ESMA del Renar (Registro Nacional de Armas)”.
Tebele afirmó que “en los lugares de tortura y exterminio hubo enormes actos de resistencia de parte de sobrevivientes y de los que no sobrevivieron. Víctor hizo más que eso, no solo arriesgó su vida. Él contaba que empezó a registrar todo, sabiendo que tenía que sobrevivir y que contar después”.
El periodista recordó otra de las hazañas de Basterra: “Se robó una llave de un cuarto donde había documentos de inteligencia. Entraba a la madrugada, y sacaba fotos. Esos documentos daban cuenta de que habían pasado por Campo de Mayo los detenidos de la Contraofensiva”.
“Lo que deja Víctor es la sensación de que se puede sobrevivir dignamente en los peores lugares y que siempre hay posibilidades de resistir”, concluyó.
María del Rosario Fernández integra la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y asesoró a las familias que llevaban adelante la toma en Guernica, que terminó en represión. “Estábamos por firmar un acuerdo, el miércoles (28 de octubre) dos y media de la tarde, sentados en los gazebos que había armado el Ministerio de Desarrollo, a unas cuadras de la municipalidad de presidente Perón. Estaban las organizaciones, los representantes, abogados, el ministerio de Desarrollo, el de Justicia, el subsecretario de Hábitat. Lo que nos dice el ministro Larroque es: yo tengo que sacar gente hoy, ya mañana no puedo garantizar, mañana a las cero horas cambia de ministerio, sale de Desarrollo y pasa a Seguridad. Obviamente que no pudimos firmar porque esto es un conjunto, no es que salvamos a unos y otros no”.
En este nota, la letrada explica a FM De la Calle, paso por paso, cómo una negociación en la que el conjunto estaba interesado en llegar a un acuerdo pacífico, terminó en el desalojo encabezado por Berni, reuniendo material para su spot de campaña.
Cuando se habla de la toma en Guernica, se trataba de “cien hectáreas que se habían divido en cuatro barrios: La Unión, La Lucha, 20 de Julio y San Martín”. El plan que estaban por implementar era “primero sacábamos La Unión que era e lbarrio más chico y después nos teníamos que seguir reuniendo para ver cómo íbamos evacuando al resto de la gente. Pero si vos me decís yo hoy saco a la gente de La Unión y mañana entra Berni… Si no garantizás la seguridad de la gente que queda no podemos firmar nada. Si nos vamos bien, nos vamos todos”.
En diálogo con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, la abogada le preguntó qué pasaba que ya no se podía esperar más. ¿Qué habría sucedido? “Me dijo: doctora saque a los buenos. Yo le dijo son todos buenos, no sé a qué a que te referís. Y no nos dio ninguna alternativa. Suponemos que algún tipo de presión de los propietarios o la señora intendenta de Presidente Perón han presionado para que esto se termine”.
Solución política o criminalización de la pobreza
“Cuando apelamos, en verdad, pensamos que la Cámara, con criterio, iba a cajonear la causa porque iba a decir esto es un problema político. No podemos solucionar el problema habitacional de la República Argentina, que tiene décadas, con el código Penal”.
Según el censo había mil cuatrocientas cuarenta familias que, de haberse ingresado al acuerdo, accedería a lotes y acompañamiento.
“La toma estuvo organizada con delegados del barrio que vivían en la toma y después muchas organizaciones políticas que tenían militantes dentro de la toma que asistieron con atención médica, llevando ropa, comida. Después quedaron al frente de la negociación y que son las que llaman a La Gremial. Cuando llega el tema jurídico y viene el desalojo nos llaman y ahí empezamos la negociación. Fue muy complejo por la cantidad de actores intervinientes. Todos querían lo mismo”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires responsabilizó al Polo Obrero de no haber podido llegar a un acuerdo. Al respecto, Fernández pidió “que deje de darle entidad el gobierno a un solo partido que opinó distinto, se apartó, pero no molestó. Si no el fiscal no decía que no, el acuerdo iba a estar, haya estado de acuerdo el Partido Obrero o no”.
“Hemos escuchado tantas ridiculeces. Yo estuve en el medio del conflicto. Cuando entraron y me golpearon me llamaron del ministerio para decir que me retire. Yo tengo que estar acá con ellos”.
Desde la provincia también se dijo que las organizaciones de izquierda utilizaban máscaras y gases, y que el gobierno no lanzó “ni un solo gas”. Para la integrante de La Gramial, “escuchar un Berni que diga que la izquierda tiene gases lacrimógenos…. O se le escapan algunas cositas o está mintiendo. En un momento de la confrontación la gente de toma le devolvía a la policía los gases lacrimógenos y la policía les devolvía las piedras. En ese momento la policía tuvo que retroceder más de dos cuadras porque no tenían máscaras. Además hizo mucha seguridad en la toma así que no puede decir que no sabía lo que había en la toma. En la toma no había nada de eso y la izquierda no tiene esas cosas. Si no hubiera hecho la denuncia y le fiscal interviniente hubiera hecho detenciones. Es mentira, si no Berni ya lo hubiera hecho todo esto”.
“Yo creo que son sumamente desafortunadas las palabras del ministro Larroque y le quita brillo a todo lo que hizo su ministerio porque uno no puede dejar de reconocer que ellos han hecho mucho trabajo en Guernica. Han puesto mucho. Hasta el miércoles había interés de ministerio de acordar. La Justicia dijo: se terminó el crédito. Algo pasó”.
Respecto del rol de la intendenta de Presidente Perón, Fernández sostuvo que “nos dijo claramente que tenía que cuidar los intereses de los countrys y que había puesto los fiscales de su riñón. La Justicia en la provincia y la policía local están mandados por los intendentes que son sherrifs en los lugares”.
¿Se podría haber evitado?
“Berni responde a Kicillof. Es muy corto. Me pasa lo mismo cuando necesitamos traslados en el servicio penitenciario y dicen que no tienen combustible, no llego a juntar la cantidad de hombres, no llego con los micros. Me lo dijo hace veinte días. Excusas, podrían haber puesto un montón. Y Kicillof podría haber dicho yo quiero una solución pacífica, lo llamo a Rizzo y le digo yo entiendo la independencia de poderes pero denos quince o veinte días más. Pero hay que ponerse los pantalones largos para eso”.
Por último, Fernández dijo que “lo que tienen que mirar los dirigentes es que la gente está peleando por un pedazo de tierra para vivir, no por un country. Nada más ni nada menos que por eso”.
FM De la Calle preguntó a niñes y adolescentes, estudiantes de nivel primario y secundario, cómo viven la educación virtual en el marco de la pandemia y qué piensan sobre la vuelta a la presencialidad para realizar “actividades socioeducativas”.
Escucháles, son: Antonia (14), Luiggi (5), Malena (10), Manuela (16), Martina (8), Malena (7), Nicola (8), Renata (11), Juan José (15) y Mateo (5).
Leé otras voces acerca de la vuelta a la presencialidad acá.
El subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, anunció que pretenden dragar el cauce del arroyo Napostá para que el agua circule y se “auto limpie” de roedores, mosquitos y otros insectos. “Hoy hay juncos, pastizales y realmente no se puede trabajar”, declaró a La Brújula.
El biólogo Pablo Petracci advirtió a FM De la Calle que “estas campañas de limpieza son históricas, quizás la población las ve con buenos ojos pero lo que planteamos son los beneficios que hay en esa vegetación y una serie de malas palabras que usa Insausti”.
“Esperamos que haya un conocimiento más profundo, no solamente de esta gestión, el abuso de los ambientes naturales ha sido un modus operandi de todas las gestiones”, agregó.
Petracci aseguró que “es la peor época para realizar esta obra, que por otro lado prácticamente no tiene estudio de impacto ambiental. Cuando Insasuti dice que el ecosistema no se va a alterar lo quiero ver en una audiencia pública, quiero las autorizaciones, quiero saber cómo se llega a la conclusión de meter una retroexcavadora y modificar toda una vera del arroyo. ¿Cómo puede afirmar que en plena época de florecimiento, no va a ver una afectación al ecosistema?”.
“Es una mala decisión hacerlo en cualquier momento, en ese pedazo de arroyo que queda una profundización es una alteración. El objetivo de la obra no me queda demasiado claro. La vegetación, juncales, pastizales son especies nativas, cumplen una función, hablamos de servicios ecosistémicos, retención de contaminantes, protegen el arroyo. Hay una gran cantidad de público que va a hacer turismo de observación de naturaleza”, dijo el biólogo.
Agregó que “hablar despectivamente de pastizales y juncales es desconocer todas las funciones gratuitas que brinda esa vegetación. Hay aves insectívoras que controlan las larvas, mosquitos e insectos molestos y que dejar esa vegetación es promover que nos brinden este servicio de forma gratuita. No tengo objeción en que se haga un control de ratas, que se corte un poco el pasto, el cauce habría que dejarlo como está, el arroyo está sano, está como debería de estar”.
Por último, el biólogo argumentó que “no hemos tenido comunicación con nadie (del Municipio) y respuesta, esperemos que la haya, y que revean esta situación”.
“Acá se está armando la sociedad de fomento”, cuenta Silvano mientras lleva en su moto a la cronista de FM De la Calle en una recorrida por los terrenos de la toma de Don Bosco al 4100. A la izquierda, un cartel que dice “Nueva Esperanza” abre las puertas de un cuadrado de chapas y palets sin techo: “Ese es el merendero”.
El contraste es significativo. De un lado asfalto, supermercados mayoristas, ruta, camiones, obras. Detrás: 22 hectáreas, más de 300 familias, algunos ranchitos de chapa, un terraplén, ni un poco de sombra.
“Hay mucha gente precaria, que se quiere venir a vivir acá, gente que la pandemia la dejó en la calle, muchos compañeros vienen a pasar la noche acá, mucha gente con necesidades”, dice Silvano. Tiene tres hijos y trabajo pero con lo que gana no puede acceder a un crédito.
Carina tiene uno de 16 y el más chiquito de cuatro que llegó a la esquina de su mano y se puso a jugar con una rama. “Hay mucho apriete, han prendido fuego ranchitos, no sabemos quién. La Federal cayó hace cuatro meses intimando y yendo a la casa de la gente, cayendo en los trabajos. Hemos visto que la Unión Ferroviaria nos saca fotos, vienen, se paran con la camioneta cerca de nosotros, nos filman”.
Las tierras pertenecen a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La Unión Ferroviaria las recibió en comodato hace años con el compromiso de construir un complejo de viviendas, sin embargo, solo instalaron algunas canchas y piletas. El contrato se vence a fin de año.
“Cuando la Unión Ferroviaria empezó a actuar puso vigas de cemento con arena para que no pase ningún vehículo, vino la policía, llevó a cuatro compañeros presos. Se logró de común acuerdo sacarlo”, dice Silvano frente al terraplén ubicado en el acceso por Don Bosco.
La causa pasó a la justicia federal, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez no pidió el desalojo pero ordenó la intervención de la Policía Federal.
“Estamos movilizados para ayudar a la gente que está viviendo, gente que necesita, se han venido con lo puesto. Antes podíamos alquilar y ahora no, la mayoría estaba con changas, somos todos laburantes, no somos vagos que queremos algo de arriba, se propuso poder pagar y nadie dio respuesta”, cuenta Carina.
En marzo llegaron las primeras familias y el lugar comenzó a poblarse. Palos, cordones, cintas y bolsitas hacen las veces de división entre lote y lote. Algunes ya empezar a hacer el pozo ciego para el baño. Hay quien puso puertas y ventanas. A lo lejos se ve un cordel de ropa.
Un grupo de madres comenzó a cocinar para todo el barrio. El fin de semana repartieron arroz con leche. En los merenderos todos los días se reparte algún plato de comida, para grandes y chicos. Con la llegada del calor incorporaron el reparto en carretilla de botellas con agua congelada.
No hay servicios, no hay agua para lavarse las manos y hay pandemia. Cecilia tuvo Covid: “Mis hermanas y yo nos contagiamos, los vecinos y familias cercanas nos dejaban cosas de higiene. De lo que es Municipio no apareció nada. En Tierras Argentinas también se contagió un montón de gente. Mi marido es de riesgo, no lo dejo salir”.
“La Municipalidad hace la vista gorda, somos ciudadanos, acá tiene que venir tanto el intendente como concejales a hablar con nosotros, somos personas que podemos hablar con cualquiera, queremos tener un lugar para hacer una casa y criar a nuestro hijos”, agrega Silvano.
Carina relata que para Gustavo Avellaneda, abogado de la comuna y flamante delegado de Ing. White, “tenemos que estar todos presos porque somos delincuentes”.
“Mucha gente piensa que somos oportunistas, que nos dedicamos a esto. Es toda gente laburante. Hay mucha gente que está esperando que se venza el contrato de alquiler para venir, comprar chapas sale caro, a la noche a veces al estar a oscuras, te vienen a robar”, comenta.
“Así andamos, peleándola para poder tener un techo para mis hijos”, se lamenta Cecilia.
Verónica Alduvino declaró el viernes que su hermano “no era un terrorista que estaba todo el día pensando cómo matar gente. Era un ser que amaba la música, recitaba, le gustaba bailar y salir con chicas. Era un librepensador, un filósofo. Todo el tiempo se estaba preguntando por qué y para qué estábamos acá, cómo hacer para corregir esto”.
Lo hizo ante el tribunal oral que juzga a cuatro integrantes de la Triple A por más de una veintena de crímenes de lesa humanidad, entre ellos, el del correntino Fernando Alduvino, ocurrido la noche del 21 de marzo de 1975.
La querella pidió la exclusión de las audiencias de Juan Carlos Curzio por burlarse del testimonio de la testigo. A pesar de que ya había amenazado a otra víctima, el juez Roberto Amábile se limitó a pedirle que “guarde la conducta debida en lo que resta del juicio”.
Las próximas audiencias serán los días 19 y 20 de noviembre desde las 9.
Verónica estudió en la UNS y militó varios años en el centro de estudiantes de Geología. Vio cómo “los infiltrados de los servicios empezaron a desaparecer de las asambleas y aparecieron hombres de ropa oscura ostentando sus armas” en los pasillos.
Eran los tiempos de “los matones de (Rodolfo) Ponce”, permanentemente “se escuchaban tiros, había corridas, estábamos todo el tiempo alerta. Era un ambiente de miedo premeditado por estas personas” que luego “se legitimaron como custodios de Remus Tetu”. La muerte de Luis Jesús García fue para el estudiantado “el mensaje de que mañana te puede pasar a vos”.
“Todo el mundo conocía a Argibay y a Sañudo. (…) Andaban operativos a la noche, la gente terminó con miedo diciendo que maten a los que tengan que matar. Estábamos en un gobierno democrático, funcionaba todo, podrían haber hecho otra cosa. Estos no son los matones de Ponce, esto es terrorismo de Estado”.
“El que manejó un auto llevando a un asesino tiene que ver. Ahora tiene la oportunidad de decir quién le mandó a llevarlo hasta ese lugar. Al que agarró la pistola y lo mató a Cilleruelo en una universidad delante de los ojos atónitos de los estudiantes no le importó nada. Ese señor hoy podría decir quién lo mandó”, afirmó.
La familia Alduvino era numerosa e ideológicamente diversa. “Todo el tiempo se escuchaba de política”. A Fernando el secundario en el Don Bosco lo aburría “pero cuando entró a la universidad cambió rotundamente, amaba lo que estaba haciendo”.
Estudiaba Filosofía y Pedagogía y era ayudante de cátedra ad honorem. La familia integraba distintos grupos de la Iglesia Católica. Él “se conectó con Benito Santecchia y el Movimiento Familiar Cristiano en el programa Niños de Familia”.
Fernando vivía en Thompson y Donado y solía juntarse con sus amigos en “El rincón de Ramoncito”. “Pero también ahí se juntaban los matones de Ponce que hacían ostentación abierta de las armas”. En una ocasión escuchó a uno de los sicarios decirle al del bar: “A estos pibitos los vamos a matar a todos”.
En marzo del 75, parte de la familia Alduvino tomó unas vacaciones en San Martín de los Andes. Verónica trabajaba en el dique Casa de Piedra donde les recibió de pasada. “El 20 de marzo salen para Bahía Blanca, llegaron la misma noche en que a la madrugada lo mataron”.
Su madre intentó avisarle con un radiograma que nunca llegó. Supo lo que había pasado cuando un amigo le mostró el Clarín. “Decía que había sido secuestrado mi hermano y que habían sido muertos Marisa Mendivil de Ponte y el padre Dorñak en el mismo operativo”.
“¿Qué hacés acá? A tu hermano lo enterramos ayer”, dijo su madre cuando le abrió la puerta. “Parecía que había visto un muerto”, contó Verónica. “Después me preguntaba qué me hacía pensar que mi hermano estaba con vida cuando a Marisa la torturaron y la mataron y al pobre padre Dorñak que no tenía nada que ver…”. Sus padres tenían miedo que a ella le pasara lo mismo, por eso, la llevaron a Neuquén.
Consultada sobre el lapso entre el secuestro de su hermano y la aparición del cuerpo acribillado, relató que sus padres recorrieron las comisarías donde fueron “apretados permanentemente” mientras grupos de amigos y familiares buscaban a Fernando en las rutas.
Al día siguiente un tipo se acercó a la casa familiar. “Era Soldini diciendo que era periodista de La Nueva Provincia y que había aparecido un cuerpo en el hospital. Baja mi hermana y le dice que le intercambiaba información de lo de mi hermano si ella le decía cosas de él. Lo mandó a la miércoles y fue al hospital”.
Tiempo después, leyendo el informe de la autopsia, Verónica advirtió que el “periodista” firmaba como testigo. Jorge Soldini fue durante la dictadura Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181.
“La Nueva Provincia estaba todo el tiempo diciéndole a nuestros padres ¿sabe usted dónde están sus hijos? ¿sabe con quién están? Una vez me preguntó mi papá ¿vos estás segura que tu hermano no era terrorista? ¡Mi papá que lo veía todos los domingos, estaba todo el día en contacto con mi hermano! Nos hacían dudar a todos de todo”.
El padre de Verónica conocía al diputado Rodolfo Ponce a quien fue a ver en plena búsqueda. “Le contó que le habían secuestrado al hijo. Ponce hace una seña como de preguntar a uno de los matones que tenía atrás. Se da vuelta y le dice y estos hijos de puta seguro que ya lo mataron. Le pregunta por qué, se había sorprendido porque estaba aceptando lo que había pasado. No, es lo que suelen hacer. Él me dice ahí me di cuenta de que ya lo habían matado. Se levantó y se fue”.
Marisa Mendivil fue otra de las víctimas de aquella madrugada del 21 de marzo de 1975. Verónica la había conocido en el dique Paso Piedras, era la pareja del jefe de Personal, Roberto Ponte.
“Ella estaba casada con un tipo que corría carreras. Martín se llamaba. Un tipo muy conocido. Lo que no se conocía en Bahía es que era un golpeador, un mal bicho que la mataba a palos, ella muchas veces quiso irse de ese matrimonio”, relató mientras el imputado Juan Carlos Curzio hacía muecas de desaprobación.
-Da para risa, ¿no? Algunos ponen cara de risa. Personas que se creen dueños y señores de la vida de otras. Vos te creíste. No es así.
Alduvino agregó que Martín murió en un accidente y Marisa y Ponte pudieron casarse vía México. “Su único pecado fue enamorarse de un señor que estaba en la JP y lo estaban buscando cuando se la llevaron. La torturaron ferozmente, estaba embarazada de cinco meses. Animales”.
Respecto a Dorñak, Verónica manifestó que “lo único que le importaba era que el coro fuera un violín (…) Ni siquiera era de los curas tercermundista. Yo militaba en la iglesia, los tercermundistas no eran ni más ni menos que curas que empezaron a hacerle caso a la encíclica de Juan XXIII. (…) El obispo de Bahía Blanca, el señor Mayer, decía que estos curas tenían que desaparecer”.
“La muerte de mi hermano me hizo mierda todo. Nuestra familia se atomizó. Cada uno se encerró y vivió su proceso de la manera más dolorosa, buscando cuál era la tabla para salir. Mi mamá no dejó nunca de buscar”, dijo Alduvino y agregó que “hasta el día de hoy seguimos soportando un miedo irracional que se nos aparece en momentos absolutamente inoportunos”.
Sobre Davit y García
Oscar Teysseire declaró que conoció a Carlos Davit en Guatraché y lo reencontró en Bahía Blanca cuando vino a estudiar a la UNS. “Carlitos era militante de la JUP y formó parte del centro de estudiantes. La llegada de Tetu fue el fin de las libertades de participación activa”.
Relató que empezaron “a ver al rector acompañado por custodios” y que “era común ver el Fiat 125 azul, la fiambrera, en la puerta de la CGT” que conducía Rodolfo Ponce.
A Davit lo vio por última vez cuando lo visitó para decirle que no fuera más a su pensión porque estaba amenazado y “no quería comprometer a sus compañeros”. Al día siguiente de su secuestro, “escucho por radio que apareció un cuerpo”.
“La Nueva Provincia lo difundió como un mero hecho policial, tenía una actitud complaciente”, afirmó Teysseire y destacó que “la Triple A era una organización terrorista apoyada por un gobierno constitucional”.
Antes, declaró Omar Arnaldo Dunel por el homicidio de su vecino Luis Jesús García. “Había muchos gritos en la noche, vi un auto que llevaba una persona adentro, después me enteré que era el Negrito”, recordó.
Clelia Severini, referente de Creer Sí, dijo a FM De la Calle que junto a El Nido siguen “esperando y con cierto malestar” que las autoridades comunales realicen una propuesta de sede alternativa a los locales del Mercado Municipal que les ordenaron desalojar.
“¿Este es el lugar que les está dando el Municipio a los niños y adolescentes de la ciudad?”, se preguntó en referencia a la oferta de un local en el primer piso del Mercado.
Afirmó que trabajan “por la visibilización del tema y nos ocultan allá arriba. No podemos complicarles la vida a esta gente que viene con muchísimos problemas. Esa mamá es la que se hace cargo del dolor del abuso de su hija, de saber que fue alguien cercano como ocurre generalmente, tiene que hacerse cargo de la denuncia y de llevar a esa nena al hospital para la pericia física, a Fiscalía para las psicológicas, explicar en la escuela. No queremos ofrecerles un lugar que no es accesible y no está en condiciones”.
Según explicó, el sitio propuesto “no se adecúa por la falta de accesibilidad y las condiciones en que está. Tuvimos entrevista con (Tomás) Marisco, les explicamos que tanto en violencia de género como en abuso sexual infantil, especialmente los niños son víctimas que fueron vulnerados en sus derechos, han vivido un avasallamiento gravísimo hacia su integridad. Esto los desorganiza y tienen consecuencias psicológicas muy graves. Es un impacto para toda la familia. No podemos someterlos a recibir un tratamiento y una respuesta en cualquier lugar”.
En el caso de Creer Sí, las familias concurren a una entrevista de admisión y luego les niñes son derivades a los consultorios de las psicólogas de la institución.
“No recibimos ningún subsidio y, si bien esta atención es gratuita para las familias, nosotros les pagamos mensualemente a las psicólogas con un esfuerzo grande, con compromiso y convicción. Pero también queremos que se nos reconozca parte de este servicio que está cubriendo necesidades que no alcanzan a cubrir las políticas municipales”.
“No sé si no se dan cuenta de la importancia que tiene este tema. Todos los días están apareciendo víctimas y tenemos consultas”, concluyó.
(Por Astor Vitali) Cuando se generan críticas por izquierda a los gobierno denominados progresistas o populares, se les acusa de “ser funcionales a la derecha” porque esas críticas abonarían a “pegarle” a gobiernos que están constantemente afectados por la metralleta mediática, por derecha. A su vez, los sectores críticos plantean que perder dicha actitud crítica implica dejar disputas por las que cobra sentido su existencia. Nos preguntamos ¿cuándo y por qué se es funcional a la derecha?
Como primera cuestión debemos señalar que la clásica defensa argumentativa basada en que no es lo mismo ejercer la crítica sin detentar poder que ejercer el gobierno es una aclaración válida. Del mismo modo, no es lo mismo el rol del intelectual (crítico, por definición) que del militante político. Podrían de hecho –en una postura progresista inteligente- considerarse complementarias estas visiones. Hay una conversación entre David Viñas y Cristina Fernández que da cuenta de esto.
–Viñas: … Menem, De La Rúa, De la Rúa, Ménem. Justicialismo, Alianza o radicalismo y a la inversa. Es un vaivén. Creo que son clonados.
-Fernández: me parece que son más las cosas en las que se parecen que en las que se diferencian…
-Viñas: ¿las diferencias entre quiénes?
-Fernández: se parecen, lo que usted acaba de decir, coincido. No se enoje que estoy coincidiendo con usted…
-Viñas: ¡ah! Coincidimos. ¡Qué alegría!
-Fernández: yo soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otro dirigentes políticos. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones, que cuando toma la lista vea quien está y decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente, que por favor participe donde sea. Aunque sea fundando su propio partido, pero que participe.
-Viñas: ¿usted me perdona? Me resulta un poco panglosiana su perspectiva.
-Fernández: ¿Por qué?
-Viñas: Porque es de un optimismo que me desborda…
-Fernández: yo tengo la obligación de ser optimista…
-Viñas: claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y ser crítico
-Fernández: porque es un intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas y pienso que lo voy a poder hacer…
-Viñas: ¿y usted cree que yo que no?
-Fernández: Si yo pienso que no las voy a poder cambiar me tengo que quedar en mi casa…
-Viñas: No, no, no. Yo discrepo… (Se corta la grabación)
Hay una tensión pero también un reconocimiento a la complementariedad que deberían tener los sectores críticos con las fuerzas progresistas.
En el gobierno se hace política hacía todos los sectores y no sólo hacia la filas propias y esto demarca una necesidad de trabajo cuidadoso. Lo cuidadoso no quita lo valiente: implica que hay que actuar con inteligencia y mediando entre actores, intereses, tiempos, temples y operaciones de todo tipo. De manera que, damos por válido este argumento.
Sin embargo, aun reconociendo que desde el gobierno las cosas son más complejas, hay que decir que se es gobierno para aplicar un proyecto político determinado que tiene rasgos ideológicos determinados, a veces anunciados en campaña.
La elección de Alberto Fernández tuvo su fundamento en la construcción de un frente amplio (Frente de Todos) que pudiera interrumpir la violencia neoliberal e imprimir en sus políticas aspectos de economía política que incluyan a los sectores postergados. En otras palabras, un gobierno que discontinúe el saqueo financiero y de los ganadores de siempre y que diera un sentido popular a las políticas de estado.
La derecha, por su parte, tiene muy definido su discurso basado en la meritocracia, la criminalización de la pobreza, los acuerdos prebendaríos para subsidiar a los suyos mientras recorta en materia social (porque si hay planeros en la estructura social argentina, pertenecen más bien a la clase alta).
En el esquema contemporáneo de dos grandes fuerzas electorales que pueden identificarse –pongamos- como centro izquierda y centro derecha, es necesario que cada una actúe dentro de las delimitaciones de sus fronteras ideológicas. Para esto, la crítica por izquierda, contrariamente a lo que se supone, no actúa como un elemento funcional a la derecha sino precisamente como una suerte de recordatorio de aquello por lo cual se supone que tuvo sentido la creación del frente de centro izquierda.
En otras palabras mucho más claras: ser funcional a la derecha es que ese polo de centro izquierda seda terreno en sus políticas a ideas y políticas de derecha, es decir, del otro polo electoral. No solamente por una cuestión de ubicación política de las fuerzas en el arco ideológico y mucho menos por purismo vacuos sino por una razón muy práctica y muy pragmática: cada elemento que se sede a la derecha abona a solidificar los cimientos borrascosos de una sociedad que acepta como normas del sentido común pensamientos de derecha, abonando al consabido desclasamiento generalizado, marca de época.
Si la derecha dice que “hay que reprimir” y que esta es la solución de todos los males la centro izquierda debe decir que “hay que educar”. Pero como que “mejor que decir es hacer”, no solamente debe sostener este discurso sino que debe garantizar las inversiones necesarias para efectivamente modificar las condiciones objetivas del sistema educativo y todo lo necesario para que todo el mundo pueda educarse, es decir, acceso a salud, vivienda, comida y cultura –generar las condiciones para poder educarse. De otra forma, la incursión en el mero sostenimiento del discurso y en una práctica difusa en la que no se mejoran concretamente las condiciones hace que “la gente” perciba la vacuidad del discurso y, por ende, se auto convenza de lo que la derecha nos quiere convencer: que la política no sirve para nada.
Pero peor aún es que la derecha diga que la solución a todos los problemas sociales es pedir balas y que la centro izquierda adopta parte de ese discurso porque esto corre el contrapeso necesario para que el sentido común no se bandee hasta límites que rozan el fascismo.
Para poner el asunto en un tema de candente actualidad, si la derecha comienza su padrenuestro a la “sagrada propiedad” ¿la centro izquierda, los democráticas y progresistas deben persignarse y sumarse a la cadena de oración o deben contraponer un discurso que recuerde que la vida humana y los derechos básicos del conjunto de la población están por encima de un cacho de algo que se inscribe jurídicamente como propiedad privada?
En la actualidad, hay mucho de esto y es preocupante como antecedente. Se anunció la expropiación de Vicentín y se retrocedió con las indebidas disculpas. Se incurrió en la represión a cientos de familias en Guernica para restituir propiedad privada a dudosos dueños vinculados a funcionarios de la dictadura genocida; millones sólo cobraron 10 mil pesos de IFE cada dos meses en medio de una crisis total y aún aquí no hay la definición política para aplicar un impuesto a la riqueza más que moderado –mientras, por ejemplo, en la monarquía española se aumentó tres puntos el impuesto a las grandes fortunas-. Ponemos estos tres elementos sólo por enumerar algunos.
Estas críticas “por izquierda” no son funcionales a la derecha. La derecha es la expresión política de sectores sociales que sistemáticamente han atentado contra el pueblo argentino. Eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión que no es lo mismo Macri que Fernández desde el punto de vista analítico del discurso y desde el punto de vista de ciertas prácticas concretas. Pero el progresismo debe verificar en la práctica sus diferencias de discurso con el polo opositor, precisamente, para no ser funcional a la derecha. Porque cada vez que sede algo a esos sectores de poder no se está haciendo otra cosa que aplicando sus políticas, es decir, siendo funcional a la derecha.
Se acerca fin de año y ha sido uno muy complejo para toda la dirigencia y, más allá de cómo fustiguen Clarín, La nación y otros holdigns dueños de diarios, Alberto Fernández ha mostrado cierta cintura que para algunes puede ser interpretada como habilidad y para otres como debilidad.
Como sea, el mayor desafío que tiene el gobierno argentino en la actualidad es ejecutar políticas que se adecúen al discurso por el que fue votado, al proyecto de hacer lo contario a lo que haría un proyecto neoliberal (diríamos brutalmente intervencionista en favor de los suyos, pero pongamos ése término a los fines de entendernos) como el que en encabezaba Macri. Esto implica tomar decisiones concretamente en favor de lo popular y estas –necesariamente- afectan intereses de las corporaciones. Si no, no hay distribución de la riqueza. No se las puede tomar más o menos.
La idea de querer “tranquilizar a los mercados” (Guzmán) es una idea demodé porque sobra la experiencia en este país que verifica que esos mercados no son nunca benevolentes con un mandatario que no sea propio y que por más frac y gomina que se ponga un “populista” a esos sectores nunca les alcanza nada y siempre van a atacar hasta desgastar y poner alguien que les satisfaga. Siempre van a “contestar con el bolsillo” aunque les hablen con el corazón.
En ese sentido, el presupuesto 2021, criticado por propios y ajenos por izquierda, no da cuenta de políticas que beneficien activamente a los sectores populares: más bien da señales de tranquilidad en materia de “ahorro fiscal” (con perdón de las palabra) para “los mercados”.
Quienes jamás pondríamos el peso de un pelo de confianza en ningún proyecto de derecha, debemos, al mismo tiempo, decir con claridad que ser funcional a la derecha no es recordar a los gobiernos denominados nacionales y populares que fueron votados en el marco del ideario de un proyecto contrario al neoliberalismo. A revés, se es funcional a la derecha en la medida en la que se entregan banderas, se conceden políticas, se ajusta el gasto social y, sobre todo, se toman como válidos argumentos de derecha para gobernar por centro izquierda.
Ilustración: María Florencia Laiuppa
