Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El presidente Alberto Fernández envió esta tarde el proyecto de “regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”.
“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida”, afirmó el jefe de Estado.
Referencia: Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto
ARTÍCULO 1º.- OBJETO: La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.
ARTÍCULO 2º.- DERECHOS: Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a:
a. Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley;
b. Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley;
c. Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley;
d. Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.
ARTÍCULO 3º.- MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL: Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en el artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los Tratados de Derechos Humanos ratificados por la REPÚBLICA ARGENTINA, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.
ARTÍCULO 4º.- INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:
a. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.
En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.
b. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
ARTÍCULO 5º.- DERECHOS EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD: Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley, y en las Leyes Nros. 26.485, 26.529 y concordantes.
El personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y postaborto:
a) Trato digno. El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.
b) Privacidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad; solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización, conforme las previsiones del artículo 8º de la presente ley.
Asimismo, deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros.
c) Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. Debe informar durante la
consulta que la confidencialidad está garantizada y resulta alcanzada por el secreto médico.
La paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, deba respetar el derecho a la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita de la propia paciente.
d) Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva.
Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad.
e) Acceso a la Información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada.
Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles.
El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos por la presente ley de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de
atención, incluso si no hay una solicitud explícita.
f) Calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.
ARTÍCULO 6º.- INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABORTO Y DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA: Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el artículo 4º, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley N° 25.673, lo siguiente:
a. Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios, siguiendo los criterios del artículo anterior.
b. Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.
c. Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la Ley N° 25.673 o la normativa que en el futuro la reemplace.
Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica.
ARTÍCULO 7º.- CONSENTIMIENTO INFORMADO: Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 26.529 y concordantes y en el artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho.
ARTÍCULO 8º.- PERSONAS MENORES DE EDAD: En el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061, el artículo 7º del Anexo I del Decreto N° 415/06, el artículo 26 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y la Resolución N° 65/15 del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada:
a) En los casos de personas menores de TRECE (13) años de edad, mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En ausencia o falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto reglamentario N°1282/03 de la Ley N° 25.673, en el artículo 7° del Anexo I del Decreto reglamentario N°415/06 de la Ley N°
26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. No se deberá requerir autorización judicial alguna.
b) En los casos de adolescentes de entre TRECE (13) y DIECISÉIS (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba
utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales o, a
falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto reglamentario N° 1282/03 de la Ley N° 25.673, en el artículo 7° del Anexo I del Decreto reglamentario N°
415/06 de la Ley N° 26.061 y en la Resolución N° 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación.
Las personas mayores de DIECISÉIS (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.
ARTÍCULO 9º.- PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA: Si se tratare de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la
presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y, por tanto, es necesario que el diseño del sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por la titular del derecho.
Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de este o esta, la de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 10.- OBJECIÓN DE CONCIENCIA: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio
de la misma, deberá:
a. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.
b. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
c. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.
d. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
ARTÍCULO 11.- COBERTURA Y CALIDAD DE LAS PRESTACIONES: El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley N° 23.660 y en la Ley N° 23.661, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS creado por la Ley N° 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley N° 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del Decreto N° 1993/11, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del PODER LEGISLATIVO y JUDICIAL y las comprendidas en la Ley N° 24.741 de Obras Sociales Universitarias y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicoasistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en
todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
ARTÍCULO 12.- EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: El Estado Nacional, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las Leyes Nros. 23.798, 25.673, 26.061, 26.075, 26.130, 26.150, 26.206, 26.485, 26.743 y 27.499, además de las leyes ya citadas en la presente ley. Deberán, además, capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la
presente ley, así como a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que actúen en dichos procesos.
ARTÍCULO 13.- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 85 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:
“ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido:
1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante.
2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo
86.”
ARTÍCULO 14.- INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 85 BIS DEL CÓDIGO PENAL: Incorpórase como artículo 85 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, el siguiente:
“ARTÍCULO 85 bis. Será reprimido o reprimida con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”
ARTÍCULO 15.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 86 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:
“ARTÍCULO 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante:
1º) Si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente.
En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.
2º) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.”
ARTÍCULO 16.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 87 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:
“ARTÍCULO 87.- Será reprimido o reprimida con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años, el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona
gestante fuere notorio o le constare.”
ARTÍCULO 17.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 88 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:
“ARTÍCULO 88.- Será reprimida con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, la persona gestante que, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86,
causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta.
La tentativa de la persona gestante no es punible.”
ARTÍCULO 18.- CAPACITACIÓN: El personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y los Ministerios Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES implementarán los
correspondientes programas de capacitación.
ARTÍCULO 19.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
ARTÍCULO 20.- ORDEN PÚBLICO: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 21.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
SUTEBA envió una carta al intendente Héctor Gay para que informe cómo fueron utilizadas las partidas del Fondo Educativo. Se trata de $164.225.685.
Según el gremio, funcionarias de la Unidad Educativa de Gestión Distrital y del Consejo Escolar dijeron “desconocer” los destinos de los fondos.
“El uso discrecional de esos recursos ya fue cuestionado, como también el criterio de prioridades. Pero en lo que va de este año, ni siquiera la información de cómo se está usando ha sido provista, al menos, a los organismos educativos provinciales locales. A la brevedad, exigimos conocer el detalle de la distribución de esos recursos y el criterio de prioridades utilizado”, expresó el sindicato.
En relación a lo dicho en la reunión de UEGD destacó que “se plantearon las obras que se van a llevar adelante en las escuelas, en la última reunión preguntamos en qué se estaba gastando el Fondo Educativo y las dos funcionarias nos respondieron con lo que era del año pasado. Ya sabíamos eso pero no sabíamos qué pasaba este año. Mañana iremos al Municipio a entregarle esta nota al intendente para ver en qué se está usando este dinero. El 40% sería para infraestructura escolar, el resto es una gran fuente de ingresos de las que intendente puede hacer un uso discrecional sin dar explicaciones”.
“Hace un mes retomaron esas obras grandes de principio de año y se están empezando a realizar todas aquellas obras que sin arreglos y refacciones dificultarían en inicio de clases el año que viene”, agregó Delfino.
Agregó que “hay un altísimo porcentaje de subejecución del año pasado, se pidieron cuentas y no hay respuesta de eso, el Fondo Educativo se ha destinado en principio a sostener las ganancias de empresas privadas del transporte público con el boleto escolar para que los chicos paguen menos, se han pagado salarios, becas en negro en los jardines municipales que ahora se provincializaron, se pagaron acompañantes terapéuticos para las escuelas que debían ser sostenidos por Salud y no por Educación. Como siempre las escuelas peleando con la sábana corta, cómo se establecen prioridades cuando todas las escuelas necesitan arreglos de infraestructura, es muy injusto”.
La familia de Santiago Maldonado entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al estado argentino un informe realizado por un grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes de Chile, México y Colombia.
Las y los profesionales habían sido convocados en agosto para “despejar dudas” y “frente al intento del estado argentino dejar la desaparición forzada y muerte de Santiago en la impunidad” al cumplirse tres años de los hechos.
“Pedimos que el estado argentino tome en cuenta este informe para que se inicie una verdadera investigación de la causa de Santiago. Necesitamos saber la verdad, esa verdad que nos fue negada desde el 1° de agosto de 2017”, afirmó la familia en su web.
Compartimos las conclusiones del documento que puede leerse completo aquí:
De los elementos analizados por el GIEEI emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales.
La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad.
Desde la ocurrencia de los hechos que fueron denunciados el mismo día como una posible desaparición forzada, las autoridades argentinas debieron aplicar los lineamientos establecidos en el Protocolo de Minnesota a fin de que se garantizara una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectivo conforme a la debida diligencia.
Tales características no se observan en las diligencias examinadas por el GIEEI.
Los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino.
En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad.
Se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad del Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche.
El análisis de este contexto es relevante en la integralidad de la investigación. No se observa que estos aspectos se hubieran tenido en cuenta.
Conforme a los estándares internacionales además la debida diligencia en la investigación era necesario garantizar el manejo comunicativo imparcial relacionado con ella. Estos aspectos no emergen en el análisis que el GIEEI hizo de la situación.
Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983.
Así mismo, se evidencia la ausencia de legislación para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores. Estas ausencias tocan directamente con situaciones estrechamente relacionadas con los hechos que se investigan y que de existir tales instrumentos contribuirían a una adecuada respuesta institucional.
La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición.
Esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo.
La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima.
El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santigo Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida.
En ese sentido a través de la estigmatización y desvalorización de la labor de acompañamiento que desarrollaba el señor Maldonado, se buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición. El manejo de los datos, así como de la temporalidad, de los testimonios, buscó siempre fortalecer “el accidente” como explicación última de los acontecimientos.
La construcción narrativa dominante del caso de Santiago Maldonado, se orientó a contrarrestar la defensa de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Aún a tres años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de Santiago y su familia y de la comunidad a la que apoyaba, permiten afirmar que en el caso y su configuración mediática y digital, se da un escenario de disputa narrativa sobre los acontecimientos. La realidad y su trascendencia e implicaciones no pueden dejarse a merced del discurso oficial ni de las estrategias y operaciones de propaganda mediática.
Sindicatos y organizaciones populares realizaron una Jornada de Lucha frente a las negociaciones en curso y la presencia en nuestro país de una nueva misión del FMI.
“El gobierno plantea que el FMI es más amigable, nosotros vemos lo contrario, no creemos en ninguna dulcificación ni en que se vuelvan amigables quienes prestaron 47 mil millones de dólares para facilitar la reelección de Macri. Esa plata nadie la vio, se la fugaron. Esa gente viene a asegurar que se siga pagando la deuda ilegal y fraudulenta”, dijo a FM De la Calle el secretario de la CTA Enrique Gandolfo.
En cuanto a la política económica del gobierno afirmó que “estas semanas van en sintonía para hacer buena letra: la primera medida es la presentación del presupuesto en donde se eliminan el IFE y las ATP; otra señal es el cambio en el índice de la movilidad jubilatoria; y la tercera, que va a verse en el tiempo, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos”.
“Dar estas señales para contentar al FMI es ir en sentido inverso de las necesidades de la mayoría”, apuntó.
En relación al aporte extraordinario de las grandes fortunas, insistió en la necesidad de una réplica local “con las grandes empresas vinculadas a la industria petroquímica”.
“El proyecto nacional va a en un buen camino, es insuficiente pero va en buen camino. Va en el sentido de tocar intereses mínimos, son 9 mil personas, casi se les pide permiso. Tiene que haber un debate público en ámbito local, con concejales, con representantes del Municipio, con las grandes empresas”.
El proyecto sobre la contribución extraordinaria se analizará mañana en la Cámara de Diputados. El oficialismo descuenta su aprobación con votos propios y aliados. Juntos por el Cambio manifestó su rechazo y el Frente de Izquierda su abstención.
“La objeción del FIT es significativa. Una parte no trivial va para financiar el fracking en Vaca Muerta, algo que sistemáticamente denunciamos como un ecocidio, un desarrollo insostenible. Otro porcentaje va a préstamos a pequeñas y medianas empresas y hay que ver cómo las definen”, dijo el economista Francisco Cantamutto.
Propuso “pensar contribuciones especiales a quienes obtuvieron grandes ganancias en los últimos años en dimensiones locales. Tendríamos antecedentes en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que lo han aprobado, hay espacio para avanzar y apoyar a los múltiples sectores que han sido afectados durante este año terrible y no recibieron apoyo sostenible por parte del gobierno municipal”.
Por otro lado aseguró que la carta que el bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos envió al Fondo Monetario Internacional “es un documento bastante duro”.
Sin embargo, el columnista de FM De la Calle destacó que “no pide anulación, ni quita, ni juicio sino que reconoce problemas no solo en torno al rol de la deuda sino, además, la existencia de problemas en cuanto a los actos administrativos que sustentan en acuerdo con el FMI”.
“La inexistencia de cualquier regulación en cuanto al monto que prestó el FMI a Argentina, el problema de haberle prestado por encima de sus cuotas y para financiar la fuga de capitales. Además, no existen actos administrativos que habilitaran a Macri a contraer deuda. Como esto no estaba, no se entiende para qué se llegó al acuerdo, no hay razones, no hay estudio de prefactibilidad, no hay consenso explícito para tomar la deuda, son actos que están denunciados ante la justicia”.
“De lo que hablan (en la carta) es de la corresponsabilidad, el Fondo debería hacer un esfuerzo también. En la coyuntura actual el FMI sigue funcionando como funcionó durante la era Trump y lo dejó en claro cuando apoyó la reestructuración con los acreedores privados donde dijo que la deuda era insostenible pero que tenían que hacer el esfuerzo”.
Cantamutto señaló que “el gobierno va a tratar de negociar este acuerdo, pasar de stand by a uno de facilidades extendidas de cuatro a diez años, un horizonte más amplio para conseguir los fondos y que va a requerir reformas estructurales”.
“Dentro de esas reformas puede estar la laboral. Habrá que ver cómo se comporta la CGT que no tenía una postura muy combativa. Y otra es la reforma previsional, el cambio de fórmula del régimen jubilatorio que se puso en vigencia la semana pasada, por ejemplo”.
“De aquí a febrero-marzo del año que viene planean cerrar, no es lo previsto que esta misión se vaya con un acuerdo cerrado. Para que se cierren las conversaciones y se discuta en el Congreso no creo que se resuelva en la inmediatez. No se puede deslindar este hecho de -tras meses de dilatarlo- poner en discusión el aporte extraordinario. El FMI no se opone a esta discusión”.
Integración Ciudadana recurrió a la Defensoría del Pueblo ante “la posible vulneración del derecho al medio ambiente” por parte del Municipio en el dragado del arroyo Napostá.
“Pensamos que es un tema que atañe a toda la ciudadanía y le damos un enfoque desde los derechos humanos. El dragado y la intervención en el Napostá podría traer aparejado un impacto negativo al ambiente y el derecho al ambiente sano es un derecho constitucional y también se habla del principio preventivo”, dijo a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.
Destacó que “estuvimos asesorándonos con biólogos, entendemos que los informes tienen que ser remitidos a la Defensoría. Pedimos informes del IADO, de la UNS y al Colegio de Arquitectos porque entendemos que el dragado tendría un impacto en lo paisajístico y lo urbano”.
“Nuestra posición es decir no al dragado del arroyo Napostá, queremos que institucionalmente esto tenga una validez tal que haga que el Municipio vaya para atrás en esta decisión inconsulta”, señaló.
Comunicado:
En el transcurso de la mañana desde Integración Ciudadana solicitaremos la urgente intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ante la posible vulneración del derecho al medio ambiente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal representado por el Sr. Matías Insausti, Subdirector de Gestión Ambiental, quien, mediante manifestaciones públicas aseveró que se procederá a dragar el Arroyo Napostá de nuestra ciudad.
Ante el posible impacto negativo ambiental, y siendo un espacio significativo para la conservación y reproducción de especies de agua dulce y desde el punto de vista urbanístico por encontrarse vinculado tanto a la recreación como al disfrute de los espacios públicos, solicitamos que el Sr Defensor del Pueblo Provincial, previo pedido de informes a organismos competentes, emita dictamen sobre la actuación del funcionario y el Municipio de B Bca, y la inconveniencia de que se efectúe dicha medida.
En cuanto a los daños ambientales, peticionamos que se tenga especialmente en cuenta, que la Ley 25.675 (Ley Gral. De medio Ambiente), regula el principio preventivo (artículo 4º) mediante el cual se tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, y el principio precautorio, que se aplica cuando la evaluación del riesgo del daño es mucho más compleja dada la falta de certeza de su producción y da cuenta de un criterio de cautela y prudencia en el que los posibles riesgos deben ser analizados con rigurosidad.
Ya que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Municipal, puede causar daños ambientales y urbanísticos irreversibles, y la vulneración de derechos que ello provoca, peticionamos la intervención y la recomendación de la Defensoría del Pueblo Provincial.
El ing. Horacio Varela se manifestó de acuerdo con la limpieza del arroyo Napostá. Afirmó que para evitar inundaciones la tarea debería incluir el entubado y el paso del cauce por los barrios del sur de la ciudad.
“Limpiar es dejarle el cause natural, sacarle las totoras y ramerío que tiene. Estoy de acuerdo con que el arroyo tiene que tener su historia natural, pero hay una convivencia, interacción entre el arroyo y la ciudad. No es lo mismo que en medio del campo. Hay que limpiarlo porque se va estancando, porque aparecen ratas, todas esas cuestiones traen consecuencias sanitarias”, dijo Varela ante la consulta de FM De la Calle.
La intención de dragar fue anunciada por el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, y recibió el rechazo de organizaciones ambientalistas e instituciones académicas.
Varela sostuvo que “lo que se plantea es limpiar el cause en la zona del Parque y de entrada a la ciudad. Una cosa es limpiar el cause, asegurar que el agua corra y otra es canalizarlo. Canalizar el arroyo es contraproducente porque se aumenta la velocidad con la que entra a la ciudad, tenés la misma cantidad agua pero mucho más rápido”.
Agregó que “en la zona del Club de Golf el arroyo necesita que haya un freno pero dentro de la ciudad el arroyo tiene que correr pero necesitamos limpiar el cause y el entubado, las dos cosas”.
El ingeniero destacó que es necesario limpiar también en las zonas de Spurr y el barrio 5 de Abril para que no se estanque.
Años atrás, en el marco del debate sobre la conveniencia de la obra del Río Colorado para abastecer a la ciudad de agua potable, Varela junto a otros profesionales de la UTN señalaron que se debían priorizar obras en la cuenca del Napostá para prevenir las inundaciones y potabilizar el agua.
“Planteamos que la mejor alternativa era la regulación del Napostá porque la obra del Río Colorado estaba prevista para una ciudad de mas de 500 mil habitantes. Se estancó el crecimiento demográfico y posiblemente al 2050 Bahía tenga 350 mil habitantes, con lo cual el consumo sería un poco más que ahora, por ende, no iba a ser necesaria esta obra pero sí nos podíamos abastecer con una retención del Napostá en Canessa”.
“Esa obra le daba la seguridad de que la ciudad no se iba a inundar, cosa que pasó en 1944 y desde entonces no se hizo ninguna obra. Se hizo el canal Maldonado pero eso no asegura que la ciudad no se vuelva a inundar. Si pasa una lluvia como la del ’44, la ciudad va a tener los mismos problemas o peores porque ahora tenemos más superficie de suelo impermeable, más construcción”.
Respecto al Maldonado el ingeniero mencionó que le falta mantenimiento y recordó que “en 2002 llegó el agua arriba, al fondo de los puentes, y levantó placas. El canal está revestido con placas de hormigón, detrás está hueco, entonces cuando el agua filtra saca a la placa y el canal empieza a perder la forma”.
Miles de chubutenses mantienen la movilización en distintas ciudades para manifestar la falta de licencia social a la megaminería ante una nueva avanzada del gobernador Mariano Arcioni. La semana pasada hubo persecuciones, allanamientos y detenciones arbitrarias contra asambleístas.
“Hacen una cosa cinematográfica, detienen, hacen cuatro allanamientos, fotos, videos. Hemos sido perseguidos, amenazados de muerte con armas, nos han golpeado, los intentos por frenarnos desde el 2002 hasta ahora han sido enormes. Los diputados se están dando cuenta que políticamente, previo a las elecciones, no se pueden poner a favor de las mineras”, dijo a FM De la Calle Viviana Moreno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.
Desde Esquel recordó que Arcioni “ganó la elección en contra de la megaminería diciendo que lo más importante era el agua y hace promesas a gremios de enorme generosidad. Gana, empieza a transcurrir el 2018 y ahí nos dice ‘no tengo plata para pagar sueldos’. Nos llevó a los trabajadores a que nos deban tres meses de sueldo y aguinaldo de julio. Mientras tanto la zanahoria para que camine el burro es la megaminería”.
La movilización de las comunidades comenzó en 2002. “A 7 kilómetros de Esquel está la montaña en la que se iba a realizan un proyecto de explotación de oro y plata. A partir de la aparición de la palabra cianuro en el proyecto rápidamente nos despertamos e hicimos un proceso asambleario tan enorme que se paralizó”.
“Frenamos a una multinacional -contó Moreno- esto se multiplica con concientización de parte de muchos vecinos, hay 48 comunidades trabajando para decirle no al extractivismo. La cuestión es que en este contexto aparece el Plan Estratégico Minero, anuncian que desde enero se estaban reuniendo y que estaban intentando hacer la zonificación minera para habilitar la megaminería”.
La asambleísta destacó que “estamos sufriendo todas las violaciones de derechos, nos deben tres meses de sueldo, la gente está hipotecando su vida para comer, las escuelas de Chubut no funcionan correctamente desde hace tres años. El gobernador está sentado arriba de un barril de pólvora y da vuelta el discurso y dice que va a habilitar la megaminería, ahí estallaron los movimientos sociales y salieron a la calle”.
El proyecto de zonificación se tiene que votar en la legislatura: “Los legisladores empiezan a darse vuelta y a decir que no, entonces tratan de demonizar la lucha, tratarnos de violentos, demonizar las figuras de asambleas del No a la Mina, de ser violentos, ecoterroristas”.
“El violento, el que vulnera los derechos humanos se llama Mariano Arcioni y todos los cómplices que lo sostienen haciendo sufrir a un pueblo. No necesitamos la violencia los asambleístas, acabamos de presentar un proyecto para proteger la provincia que juntamos más de 30 mil firmas”, finalizó Moreno.
El profesor Sergio Zalba sumó la preocupación del equipo de investigación de la UNS que dirige respecto a las consecuencias que podrían tener las “acciones de dragado y de remoción de vegetación” del arroyo Napostá anunciadas por el Municipio.
En una nota dirigida al intendente Héctor Gay y al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, aseguró que “resulta fundamental que cualquier intervención como la propuesta incluya una adecuada evaluación de impacto ambiental y socio-cultural, y un análisis interdisciplinario que evite eventuales efectos indeseados y, al mismo tiempo, optimice el uso de los recursos públicos a partir de la búsqueda de soluciones sostenibles”.
Recordó que “en 1982 se tomó la decisión de entubar la mayor parte del tramo del arroyo Napostá que atraviesa nuestra ciudad, bloqueando el acceso público a recursos naturales, culturales y paisajísticos que muchísimas ciudades querrían tener. Creemos que es fundamental evaluar de forma integral las opciones de manejo de la porción del trazado que aún conservamos los vecinos bahienses pare evitar la repetición de errores ambientales como ese”.
Zalba destacó que “la diversidad biológica de los ambientes urbanos es valorada cada vez más a nivel global, tanto por los aportes que la ciudad puede hacer para la preservación de las especies silvestres, como por los reconocidos efectos positivos que las comunidades naturales producen sobre la salud psico-física de las personas”.
“El curso de agua mencionado constituye una pieza única del paisaje natural de Bahía Blanca, que se diferencia de las áreas verdes que lo circundan, y del resto de los paseos ubicados en el ejido urbano, porque en él predominan elementos nativos de la biodiversidad regional. Fauna y flora silvestre habitan y se reproducen en este ambiente proporcionando una oportunidad única de entrar en contacto con el patrimonio natural típico de un humedal pampeano”.
Para el investigador “el área tiene un enorme potencial para convertirse en el escenario de actividades de educación ambiental y promoción de la valoración pública de los ecosistemas regionales. Distintas disciplinas de la Universidad Nacional del Sur, de hecho, ya aprovechan este escenario para desarrollar allí parte de las actividades formativas de sus estudiantes, pero esta dimensión podría ser mucho más explotada en la medida que se preserven las características silvestres que el ambiente aún conserva”.
Por otra parte rechazó que la intervención propuesta pueda resolver problemas de la proliferación de mosquitos y roedores urbanos. En el primero caso puede complicarlo al correr aves que “son controladores naturales de estos invertebrados incluso a distancias importantes del propio arroyo”. Respecto a los roedores afirmó que el inconveniente sea provocado por el vertido de residuos en el lugar”.
“Si el problema a resolver tiene su origen en un comportamiento social inapropiado es allí donde debemos poner el acento, corrigiendo las conductas que resultan en problemas ambientales sobre la base de la valoración de los componentes afectados. Desde esta perspectiva, una obra como la propuesta podría resultar completamente inapropiada y contraproducente para la búsqueda de formas armónicas y sostenibles de convivencia entre los vecinos de la ciudad y el resto de las especies con las que compartimos el espacio urbano”, concluyó.
Profesionales del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia reclamaron al intendente, Héctor Gay, la reincorporación de la trabajadora social del equipo técnico de Ing. White, Brenda Maceratesi.
“Trabajamos para proteger derechos, para acompañar, motivar, aprender modos más saludables de relacionarse con otros, en un contexto laboral que no respeta derechos, mucho menos a las personas, donde los que están a la cabeza de estos espacios laborales no son motivadores, sino hostigadores”, destacaron.
Denunciaron “los débiles argumentos brindados en relación a una supuesta evaluación llevada adelante por la Coordinación del Servicio Local y por la Subsecretaría (de Niñez)” a los que calificaron como “claras falacias” dentro de “un accionar autoritario cuyo real sentido es aleccionar y disciplinar a los trabajadores del área que desde hace unos meses venimos haciendo más visible la repudiable gestión del área y específicamente a la precaria condición laboral de los compañeros contratados”.
Afirmaron que desde la asunción de las actuales autoridades del área “los canales de comunicación y la apertura al diálogo son casi inexistentes (…) pero las situaciones de amenazas, destrato y maltrato, se han ido multiplicando, dejando ver con claridad el abuso de poder que se ejerce”.
Les firmantes advirtieron que “desde hace aproximadamente un año y medio, en consonancia con el cambio de autoridades tanto en la Secretaría de Política Social como la Subsecretaría de NAF, el estilo de trabajo ha cobrado una impronta diferente, que no solo se trata de toma de decisiones que afectan directamente a la tarea y función que ejercemos los trabajadores de Niñez, sino que además se trata de una modalidad que ha implicado un avasallamiento a los derechos y denota un desconocimiento, o total desinterés, o peor aún, un intento por desmantelar lo poco que se había avanzado en la construcción de un sistema de promoción y protección integral de la niñez”.
Le recordaron al intendente que la subsecretaria actuó meses atrás de la misma manera con otra profesional del Programa Caballo de Troya: “La decisión fue intransigente e inconsulta con el resto del equipo y se debió a diferencias de índole personal que la subsecretaria tenía con ella”.
Las y los trabajadores del Servicio Local mencionaron las gestiones realizadas ante distintos organismos para explicar el impacto de la vulneración de sus derechos laborales en la política pública de niñez.
Expusieron que “desde la Subsecretaría NAF se hace un abuso de las condiciones de precariedad laboral de los trabajadores contratados condicionando los reclamos de todo el área, solicitándoles tareas extras a la función que desde la Ley 13.298 y siendo concretamente el personal de ajuste de cualquier medida haciendo uso de la vulnerabilidad de la modalidad de contratación y la necesidad de trabajar de cualquier persona”.
Responsabilizaron a la subsecretaria Juliana Cerritelli por la no renovación del contrato que Maceratesi había firmado el día anterior. “Entendemos que dicha evaluación sería entonces a través de la lectura de los informes de altas y renovación de ayudas económicas, ya que no ha existido otra instancia desde la cual se tome contacto con el trabajo realizado ni con los profesionales intervinientes”.
“Ni desde la Coordinación ni desde la Subsecretaría se advirtió a la profesional previamente que hubiera algún aspecto del desempeño profesional que fuera necesario revisar, modificar o reevaluar. Mucho menos se consultó a las profesionales que comparten la tarea cotidiana con ella entendiendo que al tratarse de un abordaje interdisciplinario las competencias y desempeño profesional influyen directamente en todo el equipo de trabajo”.
Agregaron que “ante la falta de solidez del discurso y de la decisión tomada e informada, se plantea desde la Coordinación que la no renovación de su contrato se debía a ‘cuestiones políticas’. No es necesario ahondar o intentar dar un marco explicativo a algo que remite directamente a la violencia laboral e institucional”.
“El 147 no podía seguir en base a voluntarios, esto estaba pensado para dos meses o tres y fue desde junio o julio hasta ahora”, señaló el médico Horacio Romano en su columna semanal en FM De la Calle.
Romano es uno de los responsables de la puesta en funcionamiento de la línea 147 para el seguimiento de pacientes con síntomas de Covid 19. Días atrás, la Secretaría de Salud anunció que el sistema será reemplazado por una plataforma de autogestión.
Según se informó, “permite realizar una simulación o enviar los datos de un primer contacto con el fin de auto agendarse en el panel de control de los puestos de tele seguimiento, de personas con síntomas o contactos de control epidemiológico”.
El médico comentó que “atendimos cuatro mil llamados, con seguimiento de 2800 aproximadamente, no todos positivos. Fue un trabajo muy intenso, cada llamada implica familias, era una llamada pero tres o cuatro personas detrás. Se realizó con 30 voluntarios que pusieron todo, con médicos y médicas coordinadoras que sudaron la camiseta”.
“Lo empezamos a pensar en marzo. Cuando llegó a Italia vimos que íbamos a tener que reeditar lo que habíamos hecho con la gripe en 2009. Fuimos seis o siete que estuvimos con mucha tarea, haciendo programas, tratando de unir cabos, lo público y privado, la UNS, la puesta en marcha en base a un protocolo, a un triage que clasificaba de acuerdo a gravedad, por antecedentes, por cuestiones sociales, ambientales. Los profesionales lo podían leer desde cualquier lugar y cargar datos desde ahí”, destacó Romano.
Subrayó que “es la primera vez de que hay un esbozo de historia clínica común en Bahía, que es un logro interesante. Hasta mediados de octubre fue intensísimo, ahí se popularizó y se empezó a desbordar, también pasó en las guardias, no había camas de internación”.
“Una vez que estás en el pico no hay sistema que aguante, pasaron dos meses así, preveíamos que en noviembre iba a ser el mes en el que tendríamos que evolucionar a otro sistema. Armamos el autotriage y autoseguimiento, que se puso en marcha el lunes, entrando a la página del Municipio vas cargando datos cada 24 horas y nosotros vemos del otro lado cómo evolucionás. Si empeoran los síntomas te llamamos, no tienen llamadas frecuentes pacientes de cuadros leves y que no son de riesgo”, aclaró.
Respecto al funcionamiento de la plataforma mencionó que “somos coordinadores, becarios que trabajan en la Secretaría de Salud, que todas las mañanas ven los datos y, según criterios, evalúan el seguimiento, cómo evoluciona, si son casos que son leves los llaman y si son graves pasan a profesionales del Hospital Municipal”.
Si bien la cantidad de casos comienza a descender, Romano enfatizó en que “lo más importante es no bajar la guardia, todavía hay virus circulando, de 140 bajamos a 90 la semana pasada, pero igual no es la situación ideal”.
Por último, destacó que “no hemos pensado demasiado para adelante, hay cuestiones que estoy convencido que a nivel provincial y local se tendrían que haber hecho distinto, hemos subtesteado muchísimo, no hemos tenido los cuidados que teníamos que tener, no fueron capaces de transmitir la preocupación de la gente en estos meses”.
“En diciembre los lugares de veraneo van a tener complicaciones y van a repercutir sobre Bahía. No creo que baje a cero sino que se va a sostener en una meseta de 15 o 20 casos”.
Un grupo de militares retirados, vinculados a mutuales y organizaciones de las fuerzas armadas y de seguridad, anunció la creación de la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” con el supuesto objetivo de intervenir en el debate público en temas de defensa y seguridad.
FM De la Calle consultó a la integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), Elsa Bruzzone, quien manifestó que la agrupación “busca el regreso de la Doctrina de Seguridad Nacional donde el enemigo es interno, son los movimientos socioculturales, partidos políticos que no son afines a las derechas, a callar todas las voces de protesta y ver las posibilidades de retomar el poder”.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, señaló que quieren “conspirar, desestabilizar y desgastar” al gobierno nacional y advirtió que no va a permitir que se utilice el dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas para “financiar operaciones políticas”.
“Lo que proponen es volver a dejar que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior, cosa prohibida por la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y por la Constitución. Es un pedido que viene desde el Comando Sur, desde Obama intensificado por Trump. A uno lo toma por sorpresa pero no demasiado porque sabemos que hay núcleos de militares retirados que adhieren y que justifican el terrorismo de Estado”, enfatizó Bruzzone.
Bruzzone afirmó que “por suerte yo creo que son minoritarios, van a ir despareciendo por razones generacionales, no creo que tengan gran predicamento ni siquiera en el sector interno de los retirados ni tampoco de las FF.AA. que están en actividad”.
“Lo que pregonan es formar una especie de poder paralelo, hacia en interior de las fuerzas y de los ministerios de Defensa y Seguridad para incidir en las decisiones del Ejecutivo Nacional”.
La especialista aseguró que “la buena fortuna que tenemos es que los juicios a crímenes cometidos contra los derechos humanos han dejado un mensaje claro: toda aquella persona que promueva o que intente generar terrorismo de Estado va a ser sentado en el banquillo de los acusados y se le va a dar algo que ello nos les dieron a las víctimas que es el derecho la defensa”.
Respecto a los sectores que integran la mesa, destacó que “hay grupos ligados a agencias de seguridad, hay gente que perteneció a los carapintadas, están ligados a los alzamientos. Otros están en organizaciones supuestamente de estudios de geopolítica y defensa, en fundaciones que conocemos que están en manos de ultra liberales o fuerzas implicadas en los golpes cívicos militares”.
Por ejemplo, Pablo Bressi, ex jefe de la Policía Bonaerense de María Eugenia Vidal. “Todo apunta a que estuvo implicado en este alzamiento de la policía en Olivos y en la casa del gobernador que todavía estamos esperando a ver qué hace Berni. Más allá de un reclamo legítimo eso no habilita a que hagan ese alzamiento estando armados. Si no se toman medidas los hechos van a volver a repetirse”.
“Yo ligo esto con el alzamiento, vemos que Juntos por el Cambio está desestabilizando constantemente, eso no es oposición. Cuando uno es oposición no alienta el odio, discute cara a cara, dar su punto de vista y no realiza estas tareas desestabilizadoras”.
ATE denunció el despido de una trabajadora social del área de Niñez del Municipio. El gremio advirtió que la comuna incumple con la Ley de Trabajadores Municipales y la de Contrato de Trabajo dado que la profesional era monotributista hace más de un año.
“El día jueves le hicieron firmar la renovación para continuar en enero y el viernes le llegó el cese. Esta compañera está como monotributista, una ilegalidad del gobierno municipal muy importante porque a partir de este año no puede quedar nada más que el 20% de trabajadores contratados”, dijo la secretaria general Viviana Marfil a FM De la Calle.
Agregó que van a hacer presentación a nivel provincial. “Están prohibidos los despidos, el Municipio se escuda en que son contratadas. Es grave que el área de Niñez deje sin trabajo en el medio de una pandemia cuando se necesitan más trabajadores”.
“Si lleva un año y medio trabajando no puede ser monotributista tiene que ser contratada. Este es el primer caso, estamos saliendo públicamente para evitar otro despido, estamos presentándonos al Ministerio de Trabajo”.
Marfil comentó que “tenemos gente precarizada de lo peor, desde el Estado -que es el ente de control- para pasearlos de acá para allá y definir sobre la necesidad de la Subsecretaría. No existen explicaciones, se les dicen no se requieren más los servicios”.
Contexto
La trabajadora social despedida se desempeñaba en el Servicio Local de Niñez. Según informó el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, durante la vigencia del aislamiento obligatorio se observó “malestar y agotamiento” en los equipo técnicos y se deterioró “la capacidad de respuesta, agudizada por la complejidad de los casos”.
“En respuesta a esta situación se generó una mesa de trabajo compuesta por nueve integrantes del Servicio Local a fin de cubrir, acompañar y dar respuesta, en particular, en los casos que haya compañeros que están solos o equipos incompletos”, destacó el ente.
El informe describe las siguientes consecuencias:
Desde el punto de vista de los equipos técnicos, que presentaron una posición unificada, las intervenciones durante la pandemia exponen:
- La profundización de las debilidades y vulnerabilidad preexistentes del sistema de promoción y protección de la niñez.
a. Alejamiento de las políticas municipales en materia de niñez de los principios de integralidad, corresponsabilidad e interdisciplinariedad. El abordaje de las situaciones que llegan al Servicio Local, en la práctica carece de estos principios. Por ejemplo, hay equipos incompletos desde antes de la pandemia. Sumado a ello, se han producido cambios en los equipos (los profesionales no pueden sostener el trabajo debido a la precariedad laboral y al agotamiento por la falta crónica de recursos) lo que repercute directamente el en seguimiento de los NNA y sus familias.
b. Falta de idoneidad de quienes asumen las direcciones, sin dejar de lado que los cargos necesitarían ser concursados a fin de garantizar sus posicionamientos, esto es: asumir su función per se.
c. Recortes y desmantelamiento del sistema, en especial, en los últimos años.
d. Ausencia de protocolos claros, incluso antes de la pandemia.
e. Falta de lineamientos claros para las intervenciones. (La existencia de dichos lineamientos implica un posicionamiento técnico-teórico y la asignación de recursos).
f. Desarticulación de espacios de encuentro y de supervisión.
g. Ausencia de contextos de cuidado para niños, niñas y adolescentes y también para los trabajadores.
h. Recursos insuficientes, acompañantes terapéuticos e implican un armado “artesanal” de las intervenciones por parte de los equipos.
i. Aumento de la demanda durante el segundo bimestre de la cuarentena y mayor complejidad de los casos.
- Precarización de las condiciones laborales, el 50% del personal es contratado.
Condiciones laborales precarizadas (el ingreso remunerativo en la actualidad corresponde exactamente a la mitad del ingreso en comparación con los trabajadores de planta llevando a cabo la misma función y cumpliendo con los mismos requerimientos). Por tal motivo, demandan el pase a planta de los contratados.
Marcelo González, ex cuñado de Facundo Castro, reclamó ser incorporado al Programa de Protección de Testigos. Luego de denunciar los aprietes de la Bonaerense tuvo que dejar su casa y su trabajo en Buratovich e instalarse con custodia en Bahía Blanca.
“Es complicada mi situación porque me encuentro sin trabajo, las deudas empiezan a aparecer, estoy encerrado hace tres meses. Me gustaría que algún funcionario público me pueda ayudar”, dijo a FM De la Calle.
González comentó que la oferta para ingresar al Programa estuvo al principio de la investigación. Mientras vivía en Villarino “pedimos un tiempo para organizarnos con la casa que tuve que dejar, cuando me organizo y tengo todo resuelto y decido ingresar al programa me lo niegan y me dicen que no cumplo con los requisitos. ¿Tengo que perder algún integrante de mi familia o me tiene que pasar algo a mí para que se den cuenta?”.
“Salir a buscar trabajo es complicado porque como saben que soy testigo de la causa de Facundo prefieren no darme un empleo, se me complicó todo”, argumentó.
Contó que sus hijos “se adaptaron rápidamente, aunque están tomando conductas extrañas por el cambio, incluso yo no soy el que era antes, vivo nervioso, preocupado, asustado, mi denuncia es contra la Policía Bonaerense, estoy enfrentado directamente con una fuerza”.
Finalmente, destacó que continúa recibiendo amenazas: “Me abrieron el Facebook de lugares diferentes de Villarino, me aparecieron mensajes en el teléfono, he recibido mensajes en Facebook de amenazas directas: ‘Ya sabemos que estás en Bahía’. Más allá de que tenga custodia, ¿cómo puedo retomar mi vida de ante?”.
La dra. Celeste López Abbate, integrante del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), dijo en FM De la Calle que el dragado del arroyo Napostá que proyecta el Municipio podría no tener el efectos que se pretende en el control de plagas como roedores y mosquitos.
“Creemos que es importante preguntarnos si los beneficios que se esperan obtener en cuanto al control, compensan las pérdidas que se pueden generar en el ecosistema teniendo en cuenta la envergadura de la obra que se planea”.
“Las larvas de mosquito no se crían en agua en movimiento sino en agua estancada. Hemos encontrado larvas en la fuente del parque pero no en el arroyo, los roedores no están asociados al Napostá”, comentó.
López Abbate agregó que “en la zona rural, en otra parte de la cuenca, no encontrás ratas. En general están asociadas a que hay otras fuentes de alimentos que producimos los humanos con nuestras actividades, polos gastronómicos, basura domiciliaria, etcétera”.
La especialista argumentó que la opinión del IADO apunta a “aprovechar el capital científico y técnico que hay en la ciudad, que durante muchos años han generado evidencia científica para conocer los cuerpos de agua locales”.
Explicó que el ecosistema del Napostá “alberga muchas especies, que están en época reproductiva y eso significa que el ecosistema está en equilibrio. Así como está nos brinda un montón de beneficios, los recreativos, área de esparcimiento, todos esos servicios podrían estar en peligro y no compensar lo que se espera obtener como control de mosquitos en este caso”.
“Toda la vegetación, tanto las plantas vasculares, como las algas generan un servicio de retención de contaminantes, retención de suelo. Si se limpia se va a fomentar la erosión de todo el sistema generamos nuevos focos de riesgo. Estamos trasladando el problema aguas abajo”.
“Gran parte de la basura, si no se hace un control pleno en el lugar donde la generamos, la vamos a tener después en el estuario de Bahía que es la desembocadura, que ya está muy impactado por las descargas cloacales, por toda la influencia del centro urbano e industrial”, concluyó López Abatte.
Tellus se ofreció a colaborar en la búsqueda de una alternativa
La comisión directiva de Tellus – Asociación Conservacionista del Sur también requirió evaluar la obra “con una mirada integral sobre el ecosistema” y afirmó que “es fundametal contar con información precisa de la intervención que se propone realizar en el arroyo, para conocer los objetivos del proyecto, los sitios donde se planea trabajar y las metodologías que se utilizarán”.
“En un contexto de pérdida de ambientes naturales, de flora y fauna silvestre y de espacios verdes urbanos, creemos que la conservación de la naturaleza debe ser una prioridad para cualquier gobierno”, afirmó.
(Por Astor Vitali) ¿Ya no se puede cambiar el mundo? Mmm… ¿de qué estamos hablando? ¿Te parece una pregunta demasiado abstracta? Por mi parte, en cambio, tengo la sensación, cada vez con mayor firmeza, que abocándonos a las minucias de la política, a una suerte de sistema de recolección de lo que se cae de las agendas de los medios del poder, lo que hacemos es precisamente hablar de abstracciones. Como contrapartida, referirnos a cosas en apariencia abstractas, es hacer alusión a la más concretas de las realidades. ¿Por qué no hablamos del poder y del poder para cambiar el mundo?
La prensa hegemónica plantea temas que se nos presentan como concretos. A saber: “la grieta”, “la corrupción”, “la inseguridad”. Son construcciones simbólicas de una sola vía que están planteadas sobre asuntos que ocupan tapas de diarios y tiempo de programación. Sin embargo, cuando queremos profundizar sobre esos pseudo conceptos nos encontraremos con la imposibilidad de tomar lo concreto del asunto: nunca cuando se utiliza la palabra “grieta” se hacer referencia por ejemplo a los datos económicos concretos de la población que está separada por un abismo –más que una grieta- en términos de ingreso de otro sector social beneficiario de ese esquema de exclusión. Se habla de “repúblicas” en frentes llenos de personajotes autoritarios y nada democráticos (Macri, Vidal, Gay) y una serie de abstracciones idílicas que no pueden tener demostración fáctica ¿de qué se habla? ¿De algo concreto?
Si analizamos con este criterio la idea de que “la corrupción” sería una línea divisoria de la grieta –como plantean los medios de poder: ¿cuántas empresas financistas de campañas y cuántos referentes importantes pasan el examen con resultado de “libre de corrupción”? Nuevamente, la corrupción es una bandera que levantan muchos personajes del llamado círculo rojo que cuando pasan por la calle de la AFIP, cruzan de vereda.
Por último, si nos referimos a la llamada “inseguridad”, y queremos analizar de qué se trata, nos toparemos con un negocio millonario del que no participan (en sus beneficios) las masas ciudadanas en general sino más bien un conjunto de políticos, comisarios, empresarios ganadores de licitaciones y funcionarios judiciales. Cada vez más inversión en instrumentos represivos que no repercuten concertante en la modificación de los índices criminales y mucho menos en disminuir la violencia social generada por la verdadera inseguridad que padece al menos la mitad de la población: la inseguridad económica, la inseguridad de estar endeudades hasta la médula y la inseguridad de no saber si esta noche hay algo para el manduque o una frazada para el tornillo que nos atraviesa en el invierno.
Como dijimos, esos términos representan abstracciones que abonan a la confusión generalizada. Ahora, si alguien plantea cosas del orden de “cambiar el mundo”, discutir en manos de quién está el poder o nociones como “justicia social”, “soberanía política y alimentaria” o “independencia económica” inmediatamente el lúgubre coro de obsecuentes de la comunicación canta en famélico unísono (con afinación argumentativa difusa) que: “esas son cosas de otro tiempo”, del pasado, que son “vaguedades” y que “hay que hablar de las cosas que le interesan a la gente”.
Pues bien ¿cambiar el mundo no le interesa a la gente? Comer todos los días, educarse, acceder a la salud, acceder a las expresiones culturales, tener derecho a viajar, a saber que se puede vivir sin la angustia de la incertidumbre de la pobreza ¿no le interesa a la gente?
La mejor manera de tomar lo concreto en las propias manos es discutir un rumbo general de la sociedad que pueda dar lugar a políticas concretas. La discusión de un presupuesto no es un análisis de planillas: es establecer prioridades. Lo mismo ocurre en torno de los proyectos de ley –como IVE- que surgen de las propias organizaciones de la comunidad.
Las discusiones en torno de la articulación entre las organizaciones sociales, políticas y gremiales no son temas que no se toquen con la realidad: apelan concretamente a millones de voluntades que están construyendo concretamente en todo el territorio. Es mucho más concreto que ese “la gente”.
Se supone que todo está ya dado en el marco del capitalismo y que eso no se puede discutir; como dijo impúdicamente un concejal local: “ya nadie discute el mercado”. Y sin embargo, las sociedades no hacen otra cosa que discutir el mercado. Lo hacen a través de distintas vías. Cuando se organiza en entidades intermedias porque no alcanza lo que obtiene a través de su salario, o cuando no hay salario y se organiza para poder acceder a derechos universales (AUH), está discutiendo el mercado. Está diciendo que no es cierto que la economía capitalista de lugar a todes y que al menos un tercio queda afuera.
En Chile –país de mercado por excelencia- ¿no se está discutiendo el mercado desde que comenzaron las masivas movilizaciones? Cuándo se votó por amplísima mayoría contra la constitución del mercado, domingos atrás ¿no está en discusión el mercado?
En Bolivia donde el mercado (asistido por la embajada, como siempre) realiza un golpe de estado y donde democráticamente la población restablece el gobierno del MAS ¿no está en discusión el mercado?
En Venezuela con todas las contradicciones, los problemas, los azotes del imperialismo, las dificultades internas y todo lo que quieran ¿no está en discusión el mercado?
En Cuba, desde el año 1959, también con todos los problemas del bloqueo y las contradicciones internas ¿no está en discusión el capitalismo?
En Argentina, donde sobre fin de año pasado la población claramente rechazó al neoliberalismo a través de la vía electoral mediante la fórmula Fernández y Fernández ¿no se puso en discusión al menos las “verdades” neoliberales?
En cada uno de los países africanos, europeos donde hay revueltas, levantamientos, represiones, modos de organización alternativa puestos a jugar ¿no está en discusión el mercado?
Hay un consenso en el seno de la política tradicional argentina que se basa en permitirse dar algún debate en torno de la economía concentrada pero no referirse bajo ninguna circunstancia a modelos alternativos al capitalismo. Debemos ponerlo en estos términos: es consenso vetusto, es un consenso que está detrás de lo que la población plantea en todo el país a través de experiencias concretas de economía popular, de organización social, de espacios feministas, gremiales, sociales, institucionales de participación. Incluso algunos frentes de carácter vecinalists.
Domina esta idea de que no se puede cambiar nada: ni el mundo, ni el país, ni la provincia, ni la ciudad, ni el barrio, ni si quiera la discusión dentro de un frente político interno sería rebatible; ni tampoco al menos la participación en una delegación municipal. Se trata de “administrar” lo dado. Este consenso que tienen entre lo que se llama políticos profesionales –no me gusta llamarles “clase política” porque las clases sociales son otra cosa- es un consenso que está muy por detrás de lo comisiones internas, organizaciones sociales y de otro tipo están dispuestas a reconocer y construyen concretamente a través de su trabajo diario. Puede verse en las formas de organizarse en los comedores que están a unas poquitas cuadras de cualquier persona en esta ciudad. Esos espacios reconocen que el capitalismo así como está no solamente no da de comer sino que no educa, que genera violencia social en el propio barrio, que genera adicciones y una serie de enfermedades sociales.
Según lo que analizamos, pareciera que lo más abstracto es seguir hablando de lo que parecen cosas concretas, planteadas por la agenta publicada (grieta, república y otras sandeces); y lo más concreto, en cambio, seguiría siendo -en las agendas populares- algo que gira en torno de una pregunta muy sencilla que se deriva de otra un tanto más compleja para la que todos los espacios tienen una mínima respuesta. La primera pregunta es ¿se puede cambiar el mundo? Si pensamos que no, a otra cosa.
Si nos animamos a esa pregunta –en apariencia abstracta y sin embargo es nada menos que la pregunta que abre la posibilidad a todos los cambios concretos-, surge la segunda pregunta para la que, como dijimos, todos los sectores tienen parte de la respuesta: ¿cómo se puede cambiar el mundo? Repetir para reponer: todos los sectores tienen parte de la respuesta.
Aquí un pequeño aporte abstracto para problemas muy concretos.
