Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La identidad y la causa de la muerte de la persona cuyos restos óseos fueron encontrados el sábado en Villarino Viejo “no podrá saberse de inmediato, toda vez que depende de estudios complementarios” a la autopsia que se realizará el próximo martes.
La misma comenzará a las 9 -pudiendo extenderse al día siguiente- en el Laboratorio de Antropología Forense del EAAF. “La mamá de Facundo, Cristina Adriana Castro Alaniz, corresponde hacer saber que no podrá presenciar la autopsia, siendo su representante la perito de parte, Dra. Emma Virgina Creimer”.
“Sin perjuicio de lo cual, el Laboratorio del EAAF cuenta con una sala -con las comodidades necesarias- donde Cristina podrá permanecer el tiempo que desee mientras se lleva adelante la pericia ordenada, tanto el día martes, como miércoles, o el tiempo que ella demore”, resolvió la jueza Gabriela Marrón.
Agregó que la querellante “será informada en lenguaje claro, en esa oportunidad o cuando así lo desee, por miembros del EAAF, del procedimiento que se llevará a cabo, de los estudios complementarios que se ordenen y de los tiempos estimados para conocer los resultados”.
El estudio genético, por su parte, se realizará en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF en Córdoba. La pericia estará a cargo del EAAF y contará con la participación de profesionales especializados de: el EAAF, del Cuerpo Médico Forense, CONICET, Universidad de Quilmes, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la perito de parte, propuesta por la querella. También participará personal auxiliar, fotográfico y operador de video.
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La jueza, quien presenciará la medida junto a su secretaria Paula Riganti, prohibió “el uso de celular o cualquier otro medio audiovisual dentro del Laboratorio, que no fuera el previsto para la realización de la pericia”.
Se utilizará un equipo de filmación fijo y móvil, y toma de fotografías, los
que serán operados por personal auxiliar, que documentarán el desarrollo íntegro del procedimiento. Las copias de ese video y fotografías les serán entregadas a cada uno de los peritos intervinientes, junto con el dictamen final al que se arribe.
Todos los nombres de la pericia
Del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participarán el Dr. Luis Fondebrider, antropólogo forense y director ejecutivo del organismo; la Lic. Analía Simonetto, antropóloga forense, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense; la Dra. Mercedes Salado Puerto, antropóloga forense, coordinadora de Identificación; el Dr. Luis Bosio, médico forense y la Lic. Gala Maruscak, antropóloga forense y asistente/fotógrafa pericial.
En cuanto al Cuerpo Médico Forense (CMF), intervendrán el Dr. Roberto Cohen, médico forense; el Dr. Alejandro Rullan Corna, médico forense; la Dra. Marta Maldonado, odontóloga forense; el Dr. Jorge Pereyra, radiólogo forense, y un técnico en radiología; y la Lic. Mariana Selva, antropóloga forense.
Por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participará la Dra. Nora Maidana, análisis de Diatomeas.
De la Universidad del Centro, Pcia. de Buenos Aires (UNICEN), participarán especialistas en Tafonomía: Dra. María Amelia Gutiérrez, Ciencias Naturales; Dra. María Clara Álvarez, arqueóloga; Dr. Cristian Ariel Kaufmann, Ciencias Naturales; y como personal auxiliar fotógrafos y operadores de video.
Asimismo, Emma Virginia Créimer, especialista consultora en Medicina Legal, fue designada como perito de parte y aceptó el cargo bajo juramento.
La Fiscalía Federal publicó un nuevo comunicado este viernes en el cual informó sobre la pericia que se realizará al cuerpo hallado en Villarino Viejo y el rechazo a la recusación contra Santiago Martínez.
Además, se detallaron otras medidas probatorias como la remisión de la zapatilla encontrada cerca del cuerpo para su análisis científico.
Por otra parte, el EAAF ordenó a la Policía Federal realizar un relevamiento antropológico en la zona donde fueron encontrados los restos óseos. Este viernes se encontró un hueso que podría corresponder a una clavícula.
Medidas relacionadas con pericias
Se remitieron a la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, por intermedio del Gabinete Científico de la PFA, los efectos secuestrados durante el procedimiento del 15/08/2020, entre los que se encontraban las zapatillas, una de ellas de tela negra con inscripción “JAGUAR” y otra de color blanco con inscripción “PONY”.
Se requirió que se practicaran las pericias pertinentes sobre los efectos secuestrados, tendientes a verificar si surgían rastros que permitieran efectuar un cotejo con las muestras de ADN oportunamente extraídas a Cristina Castro Alaniz -mamá de Facundo-, a fin de determinar si en alguno de los elementos referidos se advertían rastros biológicos de su hijo o surgían datos biométricos de algún tipo. Se solicitó además, que efectuaran un análisis escopométrico de las prendas halladas con el objeto de determinar características generales, el estado de conservación de las mismas, si se constataban indicadores de permanencia prolongada en el agua o adulteraciones de cualquier tipo y, a su vez, se aportara todo otro dato que pudiera ser de interés para el avance de la causa. A tal fin, se indicó que se debía convocar a la División Escopométrica de la Policía Científica y a la División Rastros de la PFA.
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La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó la fecha en que se llevará a cabo la pericia sobre el teléfono celular y la desintervención y copia de la información contenida en los DVD´S remitidos, poniendo en conocimiento que, una vez llevado a cabo el procedimiento de extracción, sus resultados serían derivados al Departamento Cuerpo de Investigadores a fin de continuar con las tareas solicitadas.
Por sugerencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se solicitó a la querella que por su intermedio se requiriera a Cristina Castro Alaniz que, de ser posible, presentara las fichas odontológicas o datos personales del dentista que habría atendido a Facundo Astudillo Castro, que resultarían de suma importancia para practicar la medida que se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto. La querella aportó información sobre el lugar en el que le habrían extraído una pieza dental a Facundo, por lo cual se requirió a dicha dependencia que, con carácter urgente, remitiera la ficha odontológica.
Se recibieron actuaciones labradas por el personal policial de la Comisaría Sexta de Bahía Blanca en orden a elementos secuestrados el 7 de julio pasado en el marco de la IPP N° 9503/20, junto con ellos, que fueron remitidos a la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina para que en conjunto con la División Rastros de la PFA, efectuaran una pericia tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.
Se remitió al EAAF la historia clínica de Facundo Astudillo Castro.
La División Pericias Telefónicas de la PFA informó las fechas de pericia de algunos de los teléfonos secuestrados.
Otras medidas
Se requirió un nuevo informe a la empresa de telefonía Claro, relacionados con los datos de otra antena y la indicación de aquellas con alcance en las coordenadas que a tal fin se aportaron. Asimismo, se le solicitó explicación respecto a ciertos datos aportados en relación a la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro y otros que podrían resultar de interés para la investigación.
La Comisaría Segunda de Bahía Blanca remitió actuaciones contestando lo requerido respecto de las personas que se presentaron ante esa dependencia a denunciar la presencia de restos esqueléticos de un cuerpo en Villarino Viejo y sobre la comunicación de ello a sus superiores.
De conformidad a lo sugerido oportunamente por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y en el entendimiento de que las medidas solicitadas resultan de interés para el avance de la investigación, e incluso para abonar cuestiones esbozadas por la querella particular, se reiteró el pedido de informe efectuado a Cristina Castro Alaniz acerca de la totalidad de las mochilas de su hijo y consiguiente presentación fotográfica de las mismas; a su vez, se solicitó que precisara, si resultare de su conocimiento, cuál fue la mochila que Facundo se llevó de su domicilio el día que partió hacia Bahía Blanca el 30 de abril de este año.
En virtud de lo expuesto en la presentación formulada por la citada querella el día 05/08/2020, se solicitó que aportaran al expediente los amuletos de la suerte similares al secuestrado el día 31/07/2020 en el Puesto de Teniente Origone, que se encontrarían en poder de los hermanos de Facundo y que incorporaran los datos personales y de contacto respecto de los testigos de preexistencia ofrecidos en la exposición referida.
En atención a lo solicitado por la querella institucional, se requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que individualizara -mediante la geolocalización de AVL- la totalidad de móviles que se hubieran posicionado sobre la zona comprendida entre las coordenadas -38. 752532 -62.448676, Ruta 3, entre las localidades de Teniente Origone y General Daniel Cerri y sus adyacencias, desde el día 30/4/2020 a la fecha. Además, se peticionó que aportara el listado completo del personal policial dispuesto en las comisarías y patrulla rural del Partido de Villarino desde el 30/4/2020 hasta el 15/08/2020, con distinción de dependencia o destacamento en el que se encontrara asignado, cargo y asignación de móviles.
También a requerimiento de la querella institucional, se solicitó a la División de Búsquedas de Personas que confeccionara un mapeo que contenga la indicación precisa de todas las zonas que han sido rastrilladas con motivo de la búsqueda de Facundo.
Sin perjuicio de enmarcarse los rastrillajes genéricos que se fueron sucediendo a la fecha, en los términos de los arts. 183 y 184 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), habida cuenta la importancia y particularidades técnicas del caso, se requirió al Gabinete Científico y a la delegación local de la PFA., a cargo de practicar la diligencia, que mantuvieran informada a la querella sobre su avance, como así también, acerca de los posibles hallazgos que pudieran resultar de interés para la causa.
La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)
remitió informes sobre las comunicaciones mantenidas con la señora Cristina Castro Alaniz y con los testigos de identidad reservada.
La Coordinadora de Búsqueda de Personas y Articulación con las Comunicaciones Policiales con los Poderes Constitucionales remitió una nota actualizando el relevamiento de personas halladas con identidad desconocida.
La fiscalía solicitó a la magistrada interviniente que requiriera a Luis Fondebrider -director ejecutivo del EAAF- que mantuviera informada a Cristina Castro Alaniz sobre el desarrollo y resultado de las diligencias encomendadas respecto del cuerpo hallado el día 15/08/2020, autorizándose asimismo el acompañamiento en esa instancia de una representante del equipo de profesionales de DOVIC.
Se fijaron nuevas fechas para recibir declaraciones testimoniales.
Alberto Brandán, dirigente de la Asociación Empleados de Comercio, declaró que Héctor Forcelli era un hombre del secretario general de la CGT, Rodolfo Ponce, que actuaba como seguridad del interventor de la UNS, Remus Tetu.
“Empleados de Comercio no tenía relación con ellos. Los comentarios es que eran los chicos malos de la actividad. No teníamos tiempo para andar evaluando la actividad de cada uno, éramos un sindicato de trabajo”, afirmó en el juicio a integrantes de la Triple A.
Las próximas audiencias serán los días 25, 26 y 27 de agosto con transmisión en vivo por youtube. Están imputados, además de Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero.
“Teníamos bachillerato para adultos en el gremio, lo habían cerrado y fuimos a hacer la gestión con (Ezequiel) Crisol a Colón 80. En la entrada estaba Forcelli en su actividad de custodio, con arma y todo”.
El encuentro fue en el primer piso del rectorado y “duró segundos” porque, cuando ingresaron al despacho, “estaba el interventor y fuimos recibidos de mala manera. Le dijimos a qué íbamos, abrió un cajón, sacó una pistola y dijo: ‘ahora mandamos nosotros’. No éramos gente de violencia ni de armas, siempre de trabajo”.
Consultado por la relación entre Tetu y Ponce respondió “no tengo idea” pero afirmó que la gente del diputado nacional y secretario de la CGT estaba en la UNS: “Forcelli era gente de él”.
-¿Escuchó hablar de la Triple A?, preguntó la abogada de H.I.J.O.S. Mónica Fernández Avello.
Escuchar sí, pero no conocía a sus miembros.
-¿Nunca supo de algún caso de la Triple A en Bahía Blanca?
No.
Al defensor oficial Gustavo Rodríguez le respondió que “para nada” Forcelli había trabajado para “mi secretario general” Ezequiel Crisol.
Así se desdijo explícitamente de estas declaraciones publicadas por FM De la Calle en noviembre de 2011. “Cuando estaba yo en el sindicato no había ningún tipo de relación con Forcelli, después no sé por qué motivo empezó a incursionar y llegó a secretario gremial, lo llevó Crisol pero no sé cuál es el compromiso de Crisol para ponerlo a Forcelli dentro del staff de directivos que había, no tengo la menor idea, habría que preguntarle al secretario general cuál es el compromiso que tuvo”.
Brandán no recordó que el histórico dirigente peronista haya sido perseguido por la dictadura aunque supuso que no porque “era un dirigente sindical de importancia, muy querido por todos, lo respetaban”.
Ezequiel Crisol murió a los 96 años el 14 de junio de 2014. Fue secretario general de la Asociación Empleados de Comercio durante 46 años. La Nueva Provincia lo despidió como un “dirigente especial”. Héctor “Cacarulo” Forcelli fue secretario gremial de la AEC y presidente de la Subcomisión de Automovilismo.
Foto cabecera: Forcelli (detrás) junto al ex secretario general de Empleados de Comercio Ezequiel Crisol (derecha). En el cuerpo de la nota: Forcelli, Crisol y Juan María Traverso.
*Testimonio correspondiente a la audiencia del 29 de julio.
(Por Astor Vitali) Pasaron veinte años desde aquel escape de cloro producido por la firma Solvay Indupa. Ocho días después, para redondear la sensación de población descartable, la empresa Profertil nos obsequió un escape de amoníaco. La población se levantó en numerosas asambleas y extensos cortes de ruta y acampes. A muchos dirigentes políticos que pactaron el modelo económico actual con centralidad en la actividad del Polo Petroquímico no les quedó más que manifestar su interés. No eran bien recibidos en las asambleas. Tiene lógica: son los responsables de que el sector privado haga lo que quiera. El 28 de junio del año pasado hubo explosión en Dow. Las empresas y el gobierno municipal apuntaron a un “error humano”. Las pericias y los trabajadores mostraron que faltaba una pieza para evitar el hecho. ¿Qué ha cambiado en pos de la seguridad de la comunidad?
Esta pregunta arroja evidencias lamentables de que de fondo el único sector capaz de reacomodarse y readecuar su estrategia con éxito ha sido, fatalmente, el sector privado. Desde entonces, la presencia publicitaria de las empresas así como la presencia concreta a través de la intervención económica en diferentes instituciones ha ido en aumento.
La idea de la “responsabilidad social empresaria” ha sido tomada como parte de la política activa de algunas firmas. Claro, no lo fue en el sentido de tomar acciones concretas tendientes a satisfacer las demandas sociales surgidas de la sensación permanente de inseguridad sino que fue orientada a la construcción de amplias campañas de lavado de imagen cuando no la lisa y llana compra de voluntades.
La empresa Dow es una de las que más recursos invierte en tal sentido. Incluso lleva adelante encuentro en los que invita a “participar” a la comunidad. En pomposas jornadas con catering, cuadernitos y lapiceras, con proyecciones y spots convenientes, han invitado a diferentes actores sociales de los ámbitos público, privado, sindical y social. Desfilan funcionarios judiciales y políticos mendigando recursos, en lugar de pelear presupuestos genuinos. Knockout para la democracia, si hay que depender de poderosos actores privados para garantizar políticas públicas. Se suben a la pasarela directores de universidades que no sólo avalan la injerencia de la educación pública por parte de empresas privadas sino que piden mayor participación en el propio armado de las tácticas educativas.
El campo popular ha desarrollado estrategias de distinto tipo siempre en respuesta a eventos determinados marcados por la agenda de las empresas. Organizaciones ambientales que tienen flujo y reflujo. Tácticas de discusión sanitaria. Disputas mediáticas. Discusiones en comisiones internas, asociaciones de distinto tipo, debates en las escuelas promovidos por centros de estudiantes.
Desde el punto de vista universitario, hay los sectores obsecuentes que esperan “inversiones” con las manos abiertas y hay quienes se dedican a investigar concretamente el rol de las empresas, su impacto económico, social y cultural y como esos impactos devienen grandes negocios para pocos y casi nulos beneficios para muchos.
Desde el ámbito del poder político las coordenadas de vuelo se van acomodando según la presión social. Porque lo que subyace es un pacto entre los partidos mayoritarios: el modelo económico sobre el que se basa el “desarrollo” de Bahía Blanca no tiene matices y no hay plan B. Se trata de que la economía gire en torno de las eternas promesas de inversiones y progresos que emanarían de unas empresas cuyos intereses nada tienen que ver con los de la población.
Finalmente, si nos preguntamos qué acciones se tomaron desde los gobiernos, el denominador común puede traducirse en un solo término: maquillaje.
Los medios de comunicación beneficiarios de pauta oficial o privada provenientes de este sector suelen repetir el disco rayado de Comité Técnico Ejecutivo (¡pasó este 20 de agosto, estuvieron de cumple!): “se registraron incidentes tal día pero no cabe preocupación ya que los mismos no registraron los máximos permitidos por la ley”. En otro caso: se aplicarán las multas pertinentes. Multas que por otra parte, en general no pagan o tienen un efecto cosquilla sobre las finanzas de estas industrias.
¿Qué pasa cuando algo pasa? ¿Alguien sabe bien qué hacer? ¿Vos sabés cómo actuar? ¿Dónde acudir? ¿Cómo resguardarte?
El color del maquillaje lo brindó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: el Proceso APELL. Se supone que “consiste en la preparación de la población para minimizar las pérdidas humanas y materiales anta la posibilidad de una catástrofe o evento accidental que se pueda originar a partir del funcionamiento de industrias de alta complejidad. La función primordial de este plan es interactuar entre las empresas, entidades intermedias y población para la capacitación y coordinación de acciones tendientes a preparase para responder ante cualquier emergencia tecnológica y ambiental que pudiera surgir”.
Esto no da respuesta a la comunidad. Hay también una sensación de “vamos viendo” y la nula disposición política de armar un modelo a medida de la población en lugar de a medida de las empresas. Hace falta un debate político serio en torno a viarios puntos. Por un lado, ¿este modelo económico con centralidad en las empresas es beneficioso para la comunidad? ¿Es el único posible? Si la cantidad de fuentes de trabajo que ofrecen no supera el dos por ciento ¿el impacto es para nuestra economía o para sus cuentas bancarias? ¿Puede hablarse de democracia si quienes tienen mayor capacidad de financiación de campañas, medios, periodistas y funcionarios de otras yerbas son el los principales actores que ponen en peligro la salud de la comunidad? ¿Qué perspectivas de desarrollo tiene la capacitación técnica universitaria cuando se construye en función de las necesidades del sector privado, de espaldas al conjunto de la comunidad? ¿Qué tipo de educación específica recibimos para convivir con estos monstruos industriales? ¿Qué políticas sanitarias específicas se desarrollan respecto tanto de las posibles situaciones de catástrofe así como de los altos índices vinculados a enfermedades respiratorias y otras afectaciones? ¿Por qué lo único que tiene centralidad en la agenda política respecto del polo es si “llegan inversiones” (como la magia sale del sombrero) en lugar de qué modelo productivo, para quiénes y con qué objetivo?
Muchas preguntas que surgen en torno de un aniversario redondo que, como sociedad, no tenemos resuelto. Como sociedad hay miedo e incertidumbre. Muchas preguntas que, como sociedad, cabe hacérselas a nuestros dirigentes políticos. Dirigentes para los que, en general cuando están en función pública, no parecen resultarles temas de interés. Salvo que algo les explote.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo Castro, presentó ante el juzgado federal N 2 de Bahía Blanca un habeas corpus preventivo a favor de Marcelo González, ex cuñado de Facundo y testigo de la causa.
Durante una audiencia realizada ayer, la jueza Gabriela Marrón reconoció la gravedad de estos hechos, aceptó tratar el recurso presentado por la CPM y dispuso que un cuerpo de Prefectura custodie de manera permanente a la familia de la ex novia de Facundo. También interviene la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.
A pesar de esta medida, por temor a los sucesivos actos intimidatorios, Marcelo ya había decidido dejar su casa en Mayor Buratovich y mudarse a Bahía Blanca. De hecho, mientras tenía lugar la audiencia judicial, agentes policiales merodeaban nuevamente su vivienda, impidiendo que abandone la ciudad.
Hace dos meses, ya había sido sometido a un interrogatorio ilegal, oportunidad en donde lo amenazaron con inculparlo. Por ese hecho, incluso, se inició una causa penal por apremios ilegales.
Estos hechos denunciados recientemente, como se menciona, no son nuevos, forman parte de una amenaza latente que tiene ya, por lo menos dos meses. El 26 de junio pasado, Marcelo fue sometido a un interrogatorio ilegal en la comisaría de Mayor Buratovich.
Ese día, sin citación ni notificación de ningún tipo, dos agentes de la policía bonaerense fueron a buscarlo a su casa, requiriendo su presencia en la estación policial. Una vez allí, lo hicieron ingresar a una habitación junto a cuatro policías: tres estaban vestidos de civil y el cuarto, que ocupa el rol de jefe durante el interrogatorio, estaba con el uniforme pero sin la insignia del cargo.
Durante el interrogatorio, los cuatro agentes policiales le pedían que declare que Facundo estaba en Bahía Blanca, que ellos ya sabían que era así, pero que él tenía que “cantar”, mientras amenazaban con golpearlo e inculparlo.
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Pocas semanas después, cuando fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo, Marcelo González narró este hecho ante el fiscal general adjunto Andrés Heim. Mediante oficio a la Fiscalía Federal N 1 de Bahía —que interviene en la causa—, se inició una investigación penal por apremios ilegales.
En todo este tiempo, los actos de hostigamiento no cesaron. Después de prestar declaración, Marcelo comenzó a recibir una serie de llamados intimidatorios y mensajes de teléfonos con identificación bloqueada y números desconocidos que le reiteraban en líneas generales la misma amenaza que recibiera por parte de los agentes de policía durante el interrogatorio ilegal.
“Esta amenaza, permanece latente, siendo que contrariamente a lo requerido por los agentes policiales, Marcelo declaró los hechos tal y como él los conocía y no como aquellos pretendían falseando la verdad”, sostiene la CPM en el habeas presentado ante el Juzgado Federal N 2 de Bahía Blanca.
La persecución policial y la presencia de patrulleros merodeando su casa, donde vive con su esposa y cinco niños, se inscribe en esa serie de actos intimidatorios. “Los hechos que se sucedieron resultan ciertamente ilegítimos, por no encontrar fundamento alguno en ninguna causa judicial en trámite que justifique alguna sospecha en su contra, ni mediar ningún motivo que funde la medida, la forma, y las condiciones en que esta especie de “monitoreo policía constante” se viene llevando a cabo”, cierra la presentación.
Tití Sedrani, vecina de Ing. White recordó en diálogo con FM De la Calle lo ocurrido a partir del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa (hoy Unipar) del polo petroquímico ocurrido hace veinte años.
“Siguen sucediendo cosas, no cambió nada. Fue espantoso, algo tremendo. En ese momento no teníamos dimensión de lo que era porque no sabíamos, percibíamos el olor y veíamos que algo raro era. Acá nos conocen por la ciudad de los vientos, ahora tenemos que levantarnos y decir ojalá haya viento por si pasa algo”.
El 20 de agosto del 2000 un escape de cloro de la planta de Indupa provocó una enorme nube amarilla. El viento la llevó hacia el estuario y salvó a la comunidad. Siete días más tarde un nuevo escape, esta vez de amoniaco, producía la flamante planta de Profertil.
“Vivo en el Boulevard y venía para White y arriba del puente con el vidrio cerrado del auto me empezó a arder la garganta. Entré a la peluquería y cuando empezaron las noticias tomamos dimensión de lo que estaba pasando”.
Sedrani comentó que “en el momento entré a la peluquería y me quedé ahí. No había nada, ninguna sirena, nada de nada. Nadie sabía que había que confinarse ni toda esta historia. Después empezaron a traer esos stickers de todo lo que había que hacer. Yo en ese momento tenía la casa rajada, ¿dónde me iba a quedar? ¿dónde te confinás para que no te entre nada de esto? Todo chamuyo”.
La vecina relató que durante varios años se hicieron actos en conmemoración aunque en el último tiempo “éramos cuatro o cinco personas. Primero culpaba a las empresas, estaba renegada, después me di cuenta que las empresas son responsables pero es más responsable el Estado que lo permite”.
Respecto a la fisura de su vivienda, Sedrani contó que “un día vinieron unos ingenieros y me preguntaron porqué cree que se le rajó la casa: por las empresas, por la termoeléctrica. Las rajaduras comenzaron cuando empezaron a poner los pilotes”.
“Se hicieron todos los boludos, ese día les dije que no vinieran más a tomarme el pelo. Cuando recibo el informe de La Plata, era culpa de la forestación, el asfalto y la falta de lluvia. Se los rompí en la cara”, comentó.
Por último, se preguntó “¿por qué Profertil ponía una página entera de publicidad en el diario no vende nada en Bahía? ¿Quién paga las campañas de los intendentes? Soy una simple peluquera, pero algo te da que pensar”.
Fotos Tití Sedrani: Magalí Agnello.
Mara Recondo, integrante de la fundación DISER y del Observatorio de Discapacidad, criticó la falta de consulta ante la instalación de la ciclovía de 19 de Mayo sobre un box de estacionamiento para personas con discapacidad.
Las modificaciones dificultan el acceso a la vereda para quienes tienen movilidad reducida y obstruyen el tránsito.
“Necesitamos que trabajen con nosotros en esto para que el día de mañana podamos estacionar. Terminan discriminándonos, no siendo inclusivos. Tienen que mirar cuáles son las consecuencias de estas medidas. Se proyecta una ciudad no pensando en todos”, afirmó Recondo.
Les manifestó al director de Tránsito y Transporte, Ramiro Frapiccini, y al director adjunto de Planificación Urbana, Daniel Reale Arrigo, que los boxes de esa manera “no son funcionales y son peligrosos”.
“Les explicamos que invadían la ciclovía, con el peligro que significa para nosotros. Cuando uno baja a una persona con discapacidad de un vehículo le lleva el doble de tiempo, con otro agravante, si usamos ese box para acceder a la vereda tenemos que transitar por la ciclovía para poder llegar a la esquina para llegar a la rampa y subir a la vereda. Todo esto pensando en quienes trasladan, ni hablar de una persona que maneja y necesita bajar del lado izquierdo”, agregó.
Mencionó que cuando comiencen las clases presenciales la zona se volverá transitada en horario escolar. “Planteamos la reubicación de este box y que, en los próximos diseños, tengan en cuenta nuestra experiencia como observatorio”.
Como alternativa se planteó su ubicación en diagonal a donde estaba hasta ahora, sobre Zapiola mano derecha. “Los boxes deben estar en las esquinas para acceder a la senda peatonal y la rampa”.
Recondo cuestionó la falta de consulta: “Hacen estas intervenciones, si tenemos un observatorio en el HCD hace cinco años, es un recurso que hay que utilizar y no nosotros salir a reclamar una vez hecho”.
“También decir que hace dos años pedimos la reubicación. En Bahía hay solo 38 boxes y ocho tienen obstáculos, por ende, se transforman en no funcionales. El 7 de septiembre del 2018 le presentamos en mano a Frapiccini este pedido de ubicación y ampliación, en lugares estratégicos, cercanía de bancos, hospitales. Nunca se hizo”.
Por último, dijo que “son decisiones que no afectan a un solo sector, afectan a todos. Hay que entender que la tendencia es sacar boxes de estacionamiento para liberar la circulación y la ocupación en el centro de vehículos, yo lo hago personalmente que tengo un hijo en silla de ruedas que necesito trasladar necesito estacionar en algún lugar”.
(Canal Abierto) La trama de crímenes, ocultamientos y maltratos por parte de las distintas instancias policiales, judiciales y de gobierno implicadas en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro narrada en primera persona por su madre.
Mentiras, aprietes y displicencia por parte de la Policía Bonaerense. Actuación dolosa por parte del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Intencionalidad del ministro de Seguridad de la Provincia de orientar el caso en una dirección que exonere a la policía que está bajo su cargo. Cada una de estas circunstancias dejan ver una trama tristemente inscripta en la historia de los desaparecidos en democracia.
La lucha de Cristina la madre de Facundo. El acompañamiento de Nora Cortiñas y los organismos de derechos humanos, parte de nuestro baluarte político más preciado.
“Yo estoy segura que es Facu. Me llaman mamás con hijos desaparecidos y me dicen: ‘Cristina vos rompiste mucho las pelotas por eso te están devolviendo a tu hijo, sino no lo encontrarías nunca’”, sostiene en esta charla Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro.
Santiago Sacoccia junto a otres familiares de víctimas impulsan un proyecto de ley para que les permita una mayor intervención en las causas judiciales en el territorio bonaerense.
“Lo más importante es ser parte del proceso penal, eso te da derechos a ser escuchado, a aportar pruebas, lo mismo que tener un abogado para víctimas gratuito que te represente en el juicio. También negarte a la liberación de personas que hayan cometido homicidios de cualquier clase incluidos los viales”, dijo a FM De la Calle.
Saccocia es el padre de Facundo, joven que murió tras ser atropellado -el 10 de marzo de 2018- por el puntaltense Alexis Sturzenegger.
Luego de un encuentro con legisladores/as de Juntos por el Cambio, Saccocia explicó que “esta semana el proyecto va a la Comisión de Legislación General que se tiene que expedir el 25 y de ahí tienen esperanza que, el 10 de septiembre que hay sesión, pueda ser votado”.
“No conocemos la postura del oficialismo, no hemos tenido reuniones. Lo que nos comentaron es que varios puntos que les marcaron ellos los han corregido así que más o menos está consensuado”.
Estrellas Amarillas
La asociación Estrellas Amarillas propuso al Municipio la incorporación al examen para obtener el carnet de conducir de una pregunta vinculada al significado de la señalización de lugares donde hubo víctimas fatales en incidentes de tránsito.
“Queremos que la estrella amarilla pase a ser contenido teórico en las licencias de conducir, su significado, qué representa, que esté en la parte de las señales de tránsito. Hablé con el director de la Agencia de Seguridad Vial municipal y me dijo que estaba incorporado y que solo faltaba cargarlo en internet”, finalizó Saccocia.
El colectivo de hijes se autodenominó Historias Desobedientes. Busca “desobedecer a lo injusto, a lo que es aberrante, intolerable”. Se conformó a mediados de 2017 en el contexto de movilización contra el 2×1 para genocidas que pretendía habilitar la Corte.
Su primera iniciativa fue un proyecto de ley que les habilitara a declarar contra sus familiares directos. El Código Penal impide denunciar a cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos/as salvo que el delito fuera en su contra o de un pariente de igual grado o más próximo.
Daniel Argibay pudo declarar ante el tribunal oral bahiense porque su padre Jorge Oscar y su hermano Pablo Francisco –dos de los asesinos de Watu Cilleruelo- están muertos. Pablo es hijo del médico militar Julio Alejandro Verna, quien le confesó su participación en vuelos de la muerte. También pudo decir lo suyo en el juicio por la Contraofensiva Montonera.
“Previamente se dio un debate importante, se hablaron de un montón de aspectos que a su vez cualquier tribunal puede considerarlos válidos. Dos de los tres jueces admitieron mi declaración apoyándose en el fundamento de que mi padre no es imputado en ese juicio”.
En cuanto a su repudio al accionar criminal de su progenitor, Verna explicó que “hay compañeras en el colectivo que se han enterado frente a prisiones o elevaciones a juicio y cayeron en la cuenta. No pudieron seguir desconociendo lo que era evidente, tomaron conciencia y se pararon sobre sí mismas y siguieron adelante”.
“El mío fue un camino largo y progresivo, de muchos años, hubo momentos coyunturales donde tomé mis decisiones, que fueron difíciles, para no sostener esta complicidad con el silencio”.
“Nunca me sentí interpelado por la comunidad. Los genocidas, por lo general, mientras no estén condenados ni señalados de ninguna manera no trascienden. Si yo no hubiera dicho nunca nada, mi padre caminaría por la calle como si nada hubiera ocurrido”, contó.
Algunes cuentan con el apoyo de sus familias y otres “quedaron absolutamente solos y solas”. “Nuestro colectivo está integrado también por nietos y nietas de genocidas. Mis hijos están del lado contrario a los genocidas, nos apoyan pero en algunos casos no deciden militar activamente”.
“Lo que hicimos fue lo que necesitamos hacer. Así como dijo Daniel, es reparador. Es sanador que nos escuchen, cada militante del movimiento de derechos humanos que se toma un rato para escucharnos expresar qué es lo que sentimos y qué nos pasa, habla de un encuentro. Venimos de un camino distinto, pero claramente nos paramos en la vereda contraria a la de los genocidas y en ese punto coincidimos”, concluyó.
En la columna de Salud de FM De la Calle, el médico Horacio Romano entrevistó a la hematóloga del Hospital Penna Susana Garbiero. La especialista explicó cómo funciona el área de donación de plasma de personas recuperadas para el tratamiento de pacientes con Covid.
“Desde que se declaró esta pandemia a nivel mundial, una de las herramientas que empezaron a tallar en los tratamientos es la inmunización pasiva, esto quiere decir trasfundir anticuerpos preformados a pacientes que pasaron una enfermedad un poco más severa. Está en estudio y hay unos primeros ensayos que salen a la luz y que demostrarían que es una terapia efectiva”, comentó.
Garbiero señaló que “hay más de 800 trabajos en el mundo que están demostrando que la infusión temprana, entre los primero 7 a 10 días de la enfermedad, a los pacientes internados y más severos, mejora los días de fiebre y el cuadro respiratorio cuando se llega a necesitar asistencia respiratoria mecánica”.
Contó que empezaron a “trabajar artesanalmente, convocando a los pacientes individualmente, hemos tenido bastante éxito, después de meses hicimos una evaluación y teníamos un 8% de pacientes contra la provincia que tenía un 5%. Nos está yendo bien a fuerza de mucho trabajo”.
Con una donación se ayuda hasta tres pacientes: “Se hace a través de una máquina separadora de células y se queda solamente con el líquido, que es el plasma, donde están los anticuerpos, se sacan 600 cm cúbicos y se dividen en tres bolsitas. Hay más de 70 pacientes que han recibido plasma de convalecientes”, mencionó Garbiero.
El protocolo establece tres escenarios, “pacientes con dificultad respiratoria, otros que no, que tiene datos de laboratorio que marcan inflamación que podría desencadenar un cuadro más severo, incluso este protocolo tiene compelido la infusión de personal de salud”.
¿Cómo se eligen les pacientes?
“Esos criterios están determinados por algunos parámetros de laboratorio. Por eso uno insiste en que se mantenga la rueda y que siga funcionando porque imagínense que cada receptor necesita ser abo compatible, es decir, si soy grupo 0 transfunde 0, si soy A transfunde A, por eso es que necesitamos variabilidad. Se puede hacer transfusiones abo no compatible, pero no es lo ideal”.
“Fundamentalmente tiene que tener un nivel de anticuerpo específico. Hay pacientes que reúnen esas condiciones y hay otros que el título de anticuerpo”, concluyó.
Un estudio de la Red de Jueces Penales registró un 295% de superpoblación de personas detenidas en las comisarías de Bahía Blanca.
Las y los magistrados afirmaron que esta “verdadera catástrofe” significa que 5.474 personas están alojadas “en condiciones deplorables de infrahumanidad”. “Esa cantidad, por sí sola escalofriante, equivale –por ejemplo– a 8 unidades penitenciarias como la UP N° 21 de Campana, con capacidad máxima para 690 detenidos”.
Destacan, además, que la situación “distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en la prevención del delito
y en la atención de las víctimas, pues esas dependencias son centros de atención primaria de la seguridad vecinal”.
“Hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El primero son los derechos humanos, es imposible tener personas detenidas de esta manera. El segundo es que la comisaría se transforme en cuasi penitenciaria, los policías no están preparados para ser penitenciarios. Por último, son policías que no van a estar al servicio de seguridad, el sistema de seguridad se ve también deteriorado”, dijo a FM De la Calle el presidente de la Red, Mario Caputo.
El juez agregó que “hay comisarías del AMBA que tienen el mil por ciento de superpoblación si hacemos el desagregado, están amontonados, uno encima del otro, tienen que pedir permiso para poder dormir. Son lugares que usualmente no tienen agua caliente, calefacción, es dramático”.
El magistrado mencionó que “se hablaba de liberaciones masivas, estos números indican lo contrario, tenemos una tasa de prisionalización que es altísima. Tenemos que hacernos cargos de lo que hacemos y advertir estas situaciones. Pretendemos que los poderes públicos nos pongamos a trabajar en la búsqueda de paliativos y soluciones”.
Caputo destacó que “la gran mayoría de delitos de los que estamos hablando son contra la propiedad, robos. Son usualmente personas de grupos vulnerables, después habrá bandas y gente muy peligrosa. Y hay un 14% de detenidos por estupefacientes con fines de comercialización, hablamos de chiquitaje, son sectores que han naturalizado la venta de estupefacientes en lugares muy humildes, no son narcotraficantes, es narcomenudeo”.
Marcelo González es el hermano de la ex novia de Facundo Castro. Efectivos de la Policía Bonaerense lo detuvieron, lo amenazaron, intentaron allanarle la casa, le revisaron las redes sociales y lo persiguieron para que diga que Facundo está en Bahía Blanca o se haga cargo de algún delito en contra del joven desaparecido.
Esta tarde contó a FM De la Calle que su hermana, Daiana, “sufrió dos allanamientos ilegales, le rompieron todo. Me enteré que perdió su trabajo. La está pasando peor que yo. Cuando iba a tomar el colectivo la seguían, de la bajada del colectivo a la puerta de la casa, no tiene ninguna libertad”.
“Esto afectó mi vida normal, psicológicamente estoy mal, no me siento seguro, no salgo a la calle, no quiero cruzarme al negocio de enfrente a comprar por miedo a lo que me pueda suceder. Estoy aterrado”, afirmó.
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Días atrás la fiscalía federal trasladó los hechos a la justicia ordinaria donde se abrieron dos causas para investigar los apremios y amenazas.
González agregó: “Me gustaría que esto se resuelva pronto, que la mamá de Facundo pueda llegar a la verdad, que me dejen vivir en paz, porque soy una persona de bien. No tengo por qué estar atravesando esta situación ni yo ni ningún miembro de mi familia. No nos merecemos esto”.
El hombre de 37 años relató desde su casa que en junio lo fueron a buscar en el marco de la búsqueda de Facundo. “Vinieron dos agentes, le dijeron a mi señora que me tenía que presentar en la comisaría. Llegué de trabajar, llamo a la comisaría para preguntar por qué me buscaban, me dijeron que no me podían dar información, que me tenía que presentar”.
“Me acerqué, me hacen esperar en la sala de la parte de adelante, me ingresaron a un cuarto cerrado con un escritorio. Ingresó el jefe de Pedro Luro, (Fernando) Grilloni. Lo conozco, es una persona alta, de porte grande, usa lentes, morocho, lo reconozco muy fácilmente. Su cara no me la olvido más porque fue uno de los policías que me amenazó todo el tiempo, que me quería obligar a decir que Facundo estaba en Bahía Blanca, que tenía que decir dónde estaba porque me iba a pegar, que si hace falta pegarte unos sopapos para que hables lo voy a hacer. Todo adentro de la comisaría de Burato”.
González agregó: “Me quería involucrar con tema drogas, que consumía cocaína, que Facundo vendía, todo el tiempo queriéndome culpar a mí y a mi hermana, a mi hermano, queriendo desviar la investigación para el lado nuestro, que nosotros nos culpemos de algo que no teníamos nada que ver. Fue un momento muy duro para mí estar encerrado con cuatro policías y que te amenacen y hostiguen, fue una pesadilla”.
“Uno de los policías tenía algo debajo del escritorio, tenía una grabadora, veía que movía la mano, donde yo diga que a Facundo lo vi en Bahía, que Facundo consumía o que yo consumía ya quedaba como una prueba”.
“Había una computadora en el escritorio. Mi teléfono también lo agarraron pero como no tenía datos no pudieron entrar desde ahí, sí desde mi computadora. Abrieron mi facebook entraron al perfil de mi hermana, empezaron a revisar y sacar fotos sin autorización, yo vi cuando los agentes las descargaban”.
González comentó que ante la amenaza entregó los datos de su cuenta “y, desde ahí, ingresaron, buscaron entre mis amigos si estaba Facundo. A Facundo no lo tenía en facebook, lo tuve en whatsapp, después perdí contacto y perdí el número, ahora solamente lo tengo en Instagram”.
“Después me pasaron a otra sala, me tomó declaración un oficial. Separado a eso, me tomó declaración un oficial que fue muy amable, fue el único que estuvo a la altura del caso, me trato bien. Y de ahí me dijeron ‘espera un ratito que le vamos a presentar la declaración al jefe, firma y te vas’. En eso aparece el jefe en la puerta: ‘Llegó una llamada de Bahía que te compromete, vamos a tener que allanar tu casa’”, dijo.
González accedió: “Les abro la puerta de mi casa, revisen todo, no tengo ningún problema, revisen mi vida entera, no tengo nada que ocultar. Me trajeron hasta mi domicilio como un delincuente. Abrí la puerta de mi casa, al ver que estaba mi señora, mi yerno, mi hija y mi sobrino no quisieron entrar”.
“Nunca lo conté por temor, por miedo, por seguridad. De que me pueda llegar a pasar algo a mí, es muy incómodo tener que atravesar esta situación. Tengo dos números de teléfono agendados de Burato, me mandaban mensajes preguntándome si sabía dónde estaba Facundo, que tenía que hablar, después las patrullas pasan todo el tiempo por la puerta de mi casa, me siguieron dos veces con las luces apagadas. Es incómodo, ya no salgo de mi casa por temor a lo que me pueda llegar a pasar, es feísimo tener que vivir así, es lamentable”.
“La única persona que siempre estuvo apoyándome, que admiro y respeto, es el dr. Leandro Aparicio y la mamá de Facundo, Cristina, se mostró siempre preocupada por lo que me estaba sucediendo a mí, a mi hermana, y nos dieron todo su apoyo y gracias a ellos puedo contarlo y hacerlo público”.
Para González el accionar ilegal de los policías está motivado en “encontrar un culpable, sacarse el problema de encima, culpar a una persona inocente, que vive de su trabajo, que nunca tuvo problemas con la justicia, manotear cualquiera al azar y decir ‘este es débil, lo culpo’”.
Por último, manifestó que Facundo es “un pibe bueno, alegre, muy trabajador. El tiempo que conviví nunca tuvimos ningún conflicto. Me da mucha tristeza que no se pueda saber qué pasó con él, impotencia, bronca”.
La incorporación de uno de los secretarios como auxiliar fiscal para coadyuvar en la investigación, la solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación de una copia de la causa para una evaluación integral y la intervención de diferentes áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro integran -entre otras- las medidas dadas a conocer en un nuevo comunicado emitido por la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca para dar cuenta del estado de la pesquisa.
La investigación, que continúa por diferentes carriles, apunta a determinar el contexto que rodeó el hallazgo del cuerpo en Villarino Viejo. El cuerpo será peritado el próximo 25 de agosto a partir de las 9.00 en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Rastrillajes y allanamientos
El 12 de agosto pasado, a pedido de la fiscalía, se ordenó el allanamiento y registro del asentamiento de construcciones en la zona lindante a las vías del ferrocarril del ramal Ferro Expreso Roca Pampeano, con el objetivo de incautar elementos, pertenencias y/o cualquier indicio que diere cuenta del paso de Facundo por ese lugar.
La diligencia se cumplió el 13 de agosto, con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza, del equipo de canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Cinoctecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, el perito de parte Marcos Herrero junto con un perro de búsqueda, el abogado representante de la querella particular y un hermano de Facundo.
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La medida arrojó resultado negativo. En el marco del procedimiento, se le exhibieron al hermano del desaparecido la totalidad de las prendas de vestir que existían en las viviendas, pero no reconoció ninguna de ellas.
La PFA informó sobre la realización de un nuevo rastrillaje en una zona que no había sido inspeccionada en la Ruta Nacional N° 3, al norte del ramal Ombucta, con un radio de inspección de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, para lo cual se le dio intervención a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la División Búsqueda de Personas y Prófugos de la PFA y al personal de del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) con sus canes rastreadores. La medida se llevó a cabo el viernes 14 de agosto.
En relación con el rastrillaje realizado el 7 de agosto pasado, en el que participaron los perros del perito Herrero -sus canes no intervinieron en el procedimiento del 5 de agosto- y fueron encontrados restos óseos, cuyo resultado negativo respecto de procedencia humana se informó en el comunicado publicado el 12 de agosto, resulta necesario aclarar que al día siguiente se dispuso un estudio sobre las piezas más pequeñas halladas, por lo cual se encuentra en estudio la posibilidad de que alguno de los restos levantados sea humano. Esta medida se dispuso a sugerencia del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA y fue solicitada al Departamento de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Nación
Peritajes
La División Laboratorio Químico de la PFA solicitó se remitieran muestras de referencia del padre biológico de Facundo Astudillo Castro para poder, en el caso de obtener algún perfil genético, efectuar los cotejos de ADN necesarios. La medida se encomendó al Gabinete Científico de esa fuerza de seguridad.
El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió los informes confeccionados respecto a los peritajes caligráficos practicadas sobre el libro utilizado como “Libro de guardias y novedades” del Destacamento de Hilario Ascasubi y sobre el libro utilizado como “Libro de guardias” del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, en los que se concluyó que en ninguno de ellos se advertía la presencia de maniobra adulteradora alguna, que permitiera suponer la existencia de alteración de sus contenidos.
La PFA remitió 31 DVD´s con los resultados de la extracción UFED (dispositivo forense de extracción de datos) practicada sobre teléfonos secuestrados.
En virtud de lo sugerido por la División Laboratorio Químico, se remitieron las muestras de cabellos recolectadas al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otras medidas
El perito en las especialidades de odorología forense, neurofisiología olfatoria canina, etología canina y felina y adiestramiento canino del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes, Mario Rosillo, presentó un informe sobre persistencia y estabilidad del olor humano.
Por su parte, el comisario de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, Víctor Marcelo Sialle, remitió un informe relacionado con el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, sobre las especialidades en las que los mismos pueden ser entrenados, sobre la formación del instructor guía, entre otros temas.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sugirió medidas probatorias. La presentación se remitió a la División de Tecnologías Aplicadas y a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, sin perjuicio de existir medidas de prueba ordenadas por la fiscalía pendientes de contestación.
También se remitió aquella presentación a la Dirección General de investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General. Este organismo ha tenido acceso de la totalidad del expediente en función de que se le ha requerido la confección de un informe técnico integral.
Además, se remitieron a la DATIP los 31 DVD´s con los datos de la extracción UFED practicada sobre teléfonos secuestrados. Al respecto, se solicitó la realización de una copia y para que, en el marco de la colaboración requerida, se realizara un informe con las conclusiones a las que arribara del análisis de esos soportes magnéticos.
Se solicitó a la jueza federal interviniente que habilitara a la DATIP a practicar un peritaje mediante tecnología UFED sobre uno de los teléfonos secuestrados.
El secretario de la Fiscalía Federal N° 1, Rodolfo Javier Murillas, fue designado en el cargo de Auxiliar Fiscal y nombrado para actuar y coadyuvar en la causa, con los alcances y funciones normados por el artículo 51 de la Ley 27148 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal). Su nombramiento fue dispuesto por Resolución de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca N° 13/20, del 31 de marzo pasado, la cual fue convalidada por el procurador general de la Nación mediante resolución MP N° 189/20.
En distintos días se receptaron declaraciones testimoniales, las cuales estuvieron a cargo del fiscal y secretario de la fiscalía interviniente, con participación de las querellas.
La Compañía de telefonía celular Claro remitió el informe ampliatorio requerido sobre el alcance de sus antenas y sobre el funcionamiento del servicio de mensajes de texto.
La Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó copia completa de la causa, con el objeto de realizar una evaluación integral y sugerir medidas de acción. La solicitud fue realizada en el marco de las atribuciones conferidas a esa cartera ministerial, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Argentino en materia de derechos humanos.
Medidas relacionadas con el hallazgo de restos esqueléticos
La delegación Bahía Blanca de la PFA remitió las actuaciones relacionadas con el relevamiento arqueológico de la escena y levantamiento de un esqueleto humano incompleto por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con el levantamiento de evidencia asociada por parte de personal policial.
A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y requisitos procesales previstos por el Código Procesal Penal de la Nación para las notificaciones, designaciones e impugnaciones de peritos; el traslado de todos los intervinientes hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la preparación de todas las operaciones y los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la autopsia, la jueza federal interviniente dispuso que la medida se lleve a cabo el martes 25 de agosto a las 9.00 en el Laboratorio del EAAF, ubicado en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en avenida del Libertador 8151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A propuesta de la querella particular se designó como perito de parte a la Especialista Consultora en Medicina Legal, Emma Virginia Créimer.
A raíz de las sugerencias efectuadas por el director ejecutivo del EAAF, Luis Fondebrider, sobre la incorporación de una serie de especialistas que puedan aportar análisis específicos a la autopsia ordenada, se dispuso la designación como peritos oficiales de tres especialistas de una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, cuatro integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una integrante del Conicet.
En el marco de las tareas investigativas conjuntas oportunamente dispuestas, la fiscalía ordenó que se profundizara sobre los hechos vinculados al hallazgo de los restos esqueléticos, a fin de establecerse el posible avistamiento por parte de otras personas, tránsito del lugar, detalles de quienes lo visualizaron (circunstancias de tiempo, modo y lugar), características de la zona, mareas y todo otro elemento de interés para la pesquisa, sin perjuicio de los exámenes periciales y de rastros en curso, como así también del rastrillaje específico y focalizado que habrá de desarrollar personal del Gabinete Científico de la delegación local de la PFA, conforme pautas dadas por el EAAF.
Se requirió al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) -dependiente del Conicet- y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que prestaren asistencia y colaboración a la autoridad policial y a los peritos designados, en el marco de aquellas labores.
La fiscalía tomó conocimiento que el sábado 15 otras dos personas se presentaron ante la Comisaría 2da de Bahía Blanca a denunciar la presencia de restos de un cuerpo en el lugar indicado y, por tal motivo, requirió al titular de la comisaría 2da de Bahía Blanca que informe si en su oportunidad puso en conocimiento de sus superiores tal circunstancia y/o de los medios de comunicación escritos o audiovisuales.
El secretario general de la UTA y ex concejal por el massismo, Ricardo Pera, iba a ser juzgado el próximo lunes por el delito de lesiones leves contra los ediles Gustavo Mandará y Sergio Massarella.
El debate oral fue pospuesto esta mañana por el Juzgado Correccional N° 1, cuyas autoridades pretenden sea presencial. Se realizaría en noviembre.
El hecho ocurrió el 15 de enero de 2015 en el recinto del Concejo Deliberante. Alrededor de las 13:30, finalizada la Asamblea de Mayores Constribuyentes, Pera habría amenazado de muerte a Sergio Massarella y le habría propinado un golpe en la cabeza durante un cuarto intermedio. También le habría aplicado un puntapié a Gustavo Mandará provocándole una lesión en las pierna.
Interviene el fiscal el Dr. Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N ° 8.
Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. Meses atrás fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.
«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.
La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.
Entre el martes y jueves de la semana próxima continuarán las audiencias del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. En las últimas tres jornadas se recibieron once declaraciones testimoniales, mediante las que se abordaron parte de los 24 homicidios en 1974 y 1975 que se le atribuyen a la organización paraestatal.
Uno de los testimonios recibidos fue el del hijo y hermano de dos de las personas señaladas por la acusación como integrantes de la asociación ilícita, fallecidas con anterioridad al juicio. Se trata de un testimonio solicitado por la abogada de Hijos Bahía Blanca, Mónica Fernández Avello, luego de que el testigo hiciera llegar a dicha organización una sentida disculpa por las aberraciones de las que se vanagloriaban.
La audiencia del martes 11
El primer testigo en declarar el martes –un empleado no docente de la Universidad del Sur– relató que, con la llegada del rector Remus Tetu, apareció un grupo armado que tomó casi por asalto el rectorado, ocupándolo las veinticuatro horas e incluso pasando la noche en el lugar. Dio cuenta de las agresiones sufridas por un compañero de trabajo, que fue trasladado por el grupo armado en una camioneta al cementerio de la ciudad, en donde fue golpeado e interrogado. A raíz de aquella agresión, esta persona se fue de la ciudad. El testigo describió además los vehículos utilizados por el grupo, entre los que recordó una camioneta color oscuro, a la que la llamaban “la fiambrera”, y un Falcon color verde oscuro que usaban para trasladar al rector.
A continuación prestaron testimonio familiares de Alberto Mario Pojomovsky, víctima en la causa. En primer lugar lo hizo su hija, quien tenía dos años al momento de la muerte de su padre, y recién a los 13 pudo conocer que el deceso había sido producto de un asesinato. Describió además el miedo y el silencio que reinó en el ambiente familiar frente a aquel traumático y aterrador suceso y la necesidad de rehacer sus vidas.
La pareja de Pojomovsky habló sobre la noche del asesinato. Aquel día, al retirarse en su vehículo de la casa de una pareja de amigos en la madrugada del 28 de junio de 1975, un vehículo Falcon se atravesó impidiéndoles el paso. Tras un intento de secuestro, la mujer logró escapar, pero sufrió un disparo en una de las piernas en el recorrido. Cuando se alejaba del lugar escuchó los disparos efectuados a su marido, que había quedado con los captores. Luego, junto a uno de sus amigos volvió hasta el lugar del hecho, recogieron a un Pojomovsky malherido y lo trasladaron hasta un nosocomio, donde falleció veinte días más tarde a causa de los numerosos impactos.
Por otra parte, la testigo ratificó la declaración brindada ante la policía un día después del suceso, en la que entre los autos que se utilizaron en el operativo identificó al Falcon verde con techo blanco y una camioneta blanca doble cabina. Contó además que durante su agonía en el hospital, Pojomovsky manifestó que la patente del auto correspondía a un vehículo de la Universidad Nacional del Sur.
Luego del testimonio, la fiscalía solicitó que se requiera a la UNS la documentación de la camioneta abandonada en la escena del crimen y luego denunciada como robada por Pablo Argibay, en representación de esa casa de altos estudios, de acuerdo al expediente judicial de la época. Argibay fue uno de los imputados por la fiscalía por el asesinato de Cilleruelo, fallecido antes de que se concretara el llamado a indagatoria.
El cuarto testigo en declarar en la jornada del martes fue un médico que prestaba servicios en el consultorio odontológico del Consejo Escolar, justo en frente del edificio del Rectorado, desde donde pudo ver a Jorge Argibay, Pablo Argibay y Raúl Aceituno subir al Falcon verde y retirarse del lugar minutos antes del asesinato de Cilleruelo, y regresar las mismas personas minutos más tarde en el mismo vehículo, de donde descendieron portando armas.
El declarante los identificó como integrantes del grupo de tareas de Tetu en la universidad, y de la Triple A de Bahía Blanca, cuya cara visible era Rodolfo Ponce, jefe de la CGT local. Describió a su vez numerosos episodios en que presenció la circulación de los vehículos que utilizaban, entre ellos al Fiat 125 conocido como “la fiambrera” y un Dodge Polara que solía estar estacionado en el edificio de la UTN durante la toma armada de dicha institución.
Miércoles 12
La audiencia del día miércoles se inició con el testimonio del jefe de la división automotores de la Universidad del Sur en el período investigado, quien describió la utilización discrecional de los vehículos por parte del grupo armado, para lo cual aparecían en su oficina, colocando un arma de fuego sobre el escritorio. Entre otras circunstancias, recordó haber visto armamento a bordo del Falcon verde del Rectorado.
Posteriormente, testimonió otro empleado no docente de la universidad que describió con detalle el clima de terror vivido en la institución y en la ciudad de Bahía Blanca. Contó que los integrantes del grupo armado -al que identificó como la Triple A– realizaban prácticas de exhibición y ostentación de armas de guerra en la universidad. El día del asesinato de Cilleruelo escuchó una detonación. Los demás empleados dijeron no haber escuchado nada, mientras las palomas aún revoloteaban por el estampido. Por comentarios, supo que el hecho era atribuido a Argibay. Otro episodio relatado fue el de un miembro del grupo armado que disparó a plena luz del día contra un grupo de estudiantes en el recinto universitario. También él se refirió al episodio del empleado golpeado en el cementerio, y al de otro agredido físicamente en el ascensor del rectorado.
Por otra parte, hizo referencia al caso de Ovidio Oscar Ancel, quien fue hallado muerto junto a su socio Ángel Enrique Ogues, y al de Néstor Del Río, a quien intentaron secuestrar en los días previos al golpe de Estado, y que dos días más tarde fue fusilado en una cama del Hospital Municipal en donde permanecía convaleciente. “No pude ir a despedir a mi amigo por miedo. Yo estuve oculto mucho tiempo, después de eso desistí de realizar otra actividad sindical”, reflexionó el testigo, quien también mencionó a “la fiambrera”, el Fiat 125 celeste que permanecía estacionado en la esquina de la CGT, y que era utilizado para llevar a los secuestrados y ejecutarlos.
Por último, en la jornada del miércoles dio su testimonio el hijo de Salvador Julio Trujillo, obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” y militante del gremio de los textiles, secuestrado en la noche del 20 de septiembre de 1975 y hallado sin vida horas más tarde en la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en su espalda.
El testigo explicó que su padre –que había sido propuesto como delegado para las elecciones que se realizarían luego del asesinato- sufrió varios episodios de persecución previos al deceso. Una noche llegó a su casa agitado luego de escapar a un tiroteo en las calles Colón y Don Bosco. Más tarde lo oiría insultar por ese suceso a los propietarios de la empresa y a Rodolfo Ponce, a quien el testigo identificó como la cabeza de la Triple A. Otra noche –meses antes del homicidio– despertó con un arma en la cabeza, mientras unas personas reclamaban a su madre que les dijera en dónde estaba su padre.
Sobre las circunstancias del homicidio, pudo saber a través de un vecino que su padre fue introducido en un Fiat 125 color claro, con cuatro tripulantes. Relató también el calvario vivido junto a su madre a partir de aquel suceso, y entregó al tribunal volantes repartidos por los compañeros de su padre en repudio al crimen y apuntando al sector de Ponce.
Jueves 13
El jueves declaró una alumna de las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur: dio cuenta de la presencia en esa sede del imputado Héctor Ángel Forcelli, quien luego de aparecer en 1975 con la designación de Tetu, junto a otra persona recorría los pasillos en los recreos y circulaba entre los estudiantes dejando ver sus armas debajo de los sacos. El clima de terror generado con la presencia del grupo armado llevó a que de 31 alumnos de su clase, sólo 18 terminaran el año en la institución. La testigo rememoró a los compañeros del colegio que fueron posteriormente desaparecidos, entre los que mencionó a María Clara Ciocchini, Eduardo Korsunsky, Elizabeth Frers y Manuel Santamaría.
Por último, declararon un amigo y la compañera de la víctima José Manuel González, miembro del grupo scout y de la comunidad de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y obrero en la construcción del parque petroquímico de la ciudad para la empresa Mckee Techint, ámbito en el que había actuado como delegado de obra. González fue secuestrado el 23 de abril de 1975 y hallado muerto un día más tarde a un costado de la ruta 22 con 12 impactos de balas en su cuerpo.
Su novia de aquella época habló sobre el compromiso social de la víctima, tanto en el ámbito parroquial como entre los compañeros de trabajo. González sabía que era perseguido, e incluso le había manifestado que temía por su vida. La persecución provenía de la UOCRA y de la CGT local, a la que caracterizó como “un monstruo que hostigaba a los trabajadores”, cuyo capo era Rodolfo Ponce. Los identificó con la Triple A, agrupación paramilitar que asoció a los sindicatos. Incluso, veían a los matones de Ponce en las misas de la parroquia.
“Un día fueron a buscarme al colegio y nunca más vi a mis padres reírse o cantar como antes”, graficó una testigo.
Sobre el episodio del secuestro, narró que aquella noche González volvía del trabajo en el colectivo de la empresa. La víctima nunca descendía en la misma parada como medida de protección. Aquel día bajó en la calle Zelarrayán a la altura del puente del canal, momento en el que fue secuestrado e introducido en un Falcon. La testigo dio cuenta del terror y el sufrimiento desatado, y trajo a colación las palabras del hermano de la víctima: “Yo tenía 14 años, me dijo, y un día fueron a buscarme al colegio y nunca más vi a mis padres reírse o cantar como antes”.
Las audiencias del juicio –en el que se ventilan 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975– continuarán el 25, 26 y 27 de agosto, a las 9, y seguirán siendo transmitidas en vivo en el canal de YouTube de la UNS.
Fuente: fiscales. gob.ar
