Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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En la mañana de hoy se presentará la denuncia del grupo de estudiantes que sufrieron hostigamiento por parte de policías de civil así como los vejámenes a los que fueron sometidos dos estudiantes tras su detención arbitraria el martes 9 de julio, a doscientos metros de los festejos oficiales por la ceremonia oficial.
El abogado Leandro Aparicio señaló a FM De la Calle que lo ocurrido fue “muy grave. Los chicos describieron todo lo que pasó con precisión quirúrgica. Así va a ser presentado” en la denuncia. “Espero que se hagan las medidas de prueba que deberían haber sido solicitadas de oficio” para luego aguardar “que la fiscalía avance y dar comunicación a Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. A su vez, el letrado informó que lo llamaron en la mañana de ayer desde la Auditoria General de Asuntos Internos para pedir constancia de lo que había pasado.
Respecto del accionar policial, sostuvo que fue “totalmente ilegal e irregular. No solamente en el momento de la aprehensión sino después fue in crescendo hasta ser algo gravísimo: estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablado de vejaciones, de tortura, de apremios ilegales en ese lapso de tiempo que fue bastante corto” entre la aprehensión y las primeras horas en la Comisaría Segunda.
“Estoy seguro que fue la movilización, las organizaciones la que impidió que esto se complique más. A veces en estos casos se le toma indagatoria al otro día” si no fuera por las organizaciones “esto no hubiera sido posible”.
“La fiscalía le dio la orden de libertad y no le formuló cargos. Pero puede ser que en el algún momento le llegue una notificación. No lo creo porque no tiene sentido, no tienen elementos y en definitiva es mucho más grave lo que pasó después que lo que se le pretendía imputar a ese chico”.
Como cuestión de fondo, Aparicio destacó que “lo que hay que visibilizar es que esto no es lo único que le pasó a los chicos sino la persecución que tuvieron por parte policía de civil que no es la primera y que se ha dado ya en otra circunstancias como con los familiares de Daiana Herlein y con los familiares e Katherine Moscoso”.
En este sentido, lamentó que lo hayan “sufrido los chicos pero es bueno que hayan creado una evidencia. Los policías se envalentonaron al ver que eran pocos y jovencitos. Ahora toda la sociedad puede ver cómo funcionan, cómo operan. Para que los policías hagan esto alguien los tiene que mandar”.
Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.
“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.
El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.
“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.
Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.
Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.
“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.
Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.
(Por Astor Vitali) Este fin de semana la comunidad bahiense se vio burlada nuevamente por la acción irresponsable de las autoridades en materia cultural. Durante las últimas horas un conjunto de fotografías donde puede verse a dos modelos posando a modo de promoción de piezas indumentarias circuló por las redes sociales.
Sinceramente, durante los primeros minutos tendí a pensar que se trataba de algún tipo de operación orquestada en el contexto de alguna interna, que la estupidez no podía ser de tal magnitud y me dispuse, como corresponde a la tarea periodística, a consultar a diversas fuentes respecto de la verosimilitud de esas imágenes.
Todo fue confirmación. Luego de que el intendente municipal, Héctor Gay, de la mano del director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, decidieran cerrar el teatro “por tiempo indeterminado” basado en estudios preliminares de la UTN; luego de mudar todas las actividades artísticas y culturales, realizando un perjuicio a asociaciones históricas (como Artistas del Sur) o mudar sin condiciones trabajos de mucho tiempo como el taller de luthería; luego de decirle al conjunto de la ciudadanía que el teatro debía permanecer cerrado porque había riesgo para cualquiera que ingresara; después de haber instalado esta idea y, sumado a eso, evidenciado su profundo desdén por la suerte del teatro en el la circunstancia concreta de que no hay ningún tipo de indicio de que se lleve adelante refacción alguna sobre el edificio (no se sabe si habrá alguna promesa de carácter proselitista, al menos): las autoridades del ámbito cultural deciden abrir el teatro público para uso privado, sin más.
Además del desdén por el conjunto de la comunidad que demuestra este tipo de conductas arbitrarias, también dan cuenta del carácter chabacano de quienes ocupan espacios de poder en el ámbito público, su falta de preparación y su absoluto desinterés por el cuidado de la imagen de una de las salas más prestigiosas del país. “Sí, vení pasá”, habilitó alguna autoridad a los interesados en desarrollar las fotografías, como quien hace pasar al quincho de su casa a un par de visitantes interesados en mirar los trofeos y sacar unas imágenes.
No se trata de caer sobre dos o tres irresponsables de baja estofa sino de observar en este evento un síntoma de una ciudad cuya dirigencia política es poco menos que superficial, carente de todo conocimiento de la importancia de las expresiones artísticas para los pueblos que deberían representar.
Otro tema es por qué este asunto nos interesa sólo a unos cuantos y a unas cuantas que nos movemos en el ámbito específico del arte. Evidentemente la cuestión cultural no solamente está fuera de la agenda política en los escenarios palaciegos sino que, como trabajadores y trabajadoras de la cultura hemos perdido terreno (cedido también) en la palestra ideológica.
La idea de “entretenimiento” ha ganado lugar en la batalla cultural en el sitio de la cultura. Y esto es parte de un proceso político bastante más complejo pero es el que habilita que un hato de irresponsables que cobran salario público puedan llevar adelante este tipo de tropelías sin que se les mueva un pelo y, en rigor de verdad, sin que mueva el amperímetro social a gran escala.
Es bueno que nos escandalicemos ante atropellos absolutamente injustificados y por los que deberían rendir cuentas. Mejor sería que quienes nos desenvolvemos en el ámbito de las artes y el trabajo cultural seamos capaces de crecer en organización de base (más allá de grupos de WhatsApp y uso de redes sociales de catarsis insustancial e improductiva) y modificar esas condiciones de base que nos limitan a movernos en el círculo pequeño de esta calesita demacrada y sin luces cobijada por la indiferencia.
El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística, Jonathan Machuca, fue liberado esta noche luego de declarar en la Fiscalía.
Había sido detenido junto a un militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, quien recuperó la libertad por la tarde.
Machuca denunció que fueron golpeados y amenazados por parte de efectivos policiales. “A los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo”, le decía un policía. “Pegaban para sacarse la bronca”, agregó y detalló que fueron obligados a desnudarse en el patio para ser revisados.
Los estudiantes fueron llevados en primer término a la Comisaría Segunda tras ser aprehendidos por la Policía Bonaerense en una protesta por el incumplimiento por parte del intendente Héctor Gay de la ley provincia que establece el boleto educativo gratuito.
El operativo se realizó en 12 de octubre y Sarmiento a más de dos cuadras del palco oficial.
Mañana a las 9, las y los estudiantes junto a integrantes de las agrupaciones que reclamaron la liberación de los jóvenes brindarán una conferencia de prensa en Alsina 65.
Compartimos el texto leído hace instantes en el programa especial de Descoordinades de FM De la Calle:
La Coordinadora Estudiantil Artística es una organización que nuclea estudiantes de las distintas escuelas terciarias de arte de la ciudad de Bahía Blanca.
Como parte de nuestras actividades políticas, el día miércoles 3 de julio resolvimos en asamblea interclaustro, junto con diferentes organizaciones estudiantiles, manifestarnos en el marco del acto oficial del 9 de Julio, a favor del la implementación de la ley 14.735 que regula el boleto estudiantil gratuito.
Convocamos a concentrar en la Municipalidad de Bahía Blanca para dirigirnos a Sarmiento y 12 de octubre, donde se encontraban otres compañeres. Desde la primera cuadra de Alsina fuimos seguidos por dos policías de civil.
Llegando al Teatro Municipal fuimos desviados por un policía uniformado, motivo por el cual bordeamos el teatro para llegar a calle Yrigoyen. Durante ese trayecto fuimos seguidos por policías uniformados y los otros dos de civil.
En calle Sarmiento y 12 de octubre, donde nos esperaban otres compañeres, un policía nos informa que no podemos avanzar hacia el acto con los bombos pero sí con las banderas.
Sin embargo, cuando decidimos avanzar con las banderas, el comisario de la Segunda no nos lo permite, alegando que esté no era un acto político sino un acto público cívico militar.
A partir de esto decidimos que no era coherente participar del acto sin los símbolos que identifican nuestra lucha, por lo que nos concentramos en ese lugar donde los policías vestidos de civil nos habían dicho que podíamos estar haciendo uso del corte de calle oficial.
En el lugar desplegamos nuestras banderas de espaldas al acto mirando a la calle donde pasaban los autos e hicimos sonar los bombos. Inmediatamente fuimos amedrentados por las fuerzas a cargo del comisario antes mencionado, quien dijo ser el jefe del operativo de “seguridad” del acto oficial.
Luego de forcejeos por parte de las fuerzas civiles y uniformadas metieron al patrullero a un compañere integrante de la FES (Federación de Estudiantes Secundarios) quien es menor de edad y otro compañero de la Coordinadora Estudiantil de Artística.
Inmediatamente resolvimos convocar a las distintas agrupaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales hacia la comisaría Segunda donde serían trasladados.
Durante la desconcentración nos siguieron policías de civil y uniformados hasta Yrigoyen y 12 de Octubre, donde un grupo siguió caminando y otro se retiró en auto, para concentrar en la comisaría Segunda.
El grupo que se fue caminando fue seguido por personal civil y uniformado que les decían, sugerían, cómo debían comportarse y manifestarse para reclamar por nuestros derechos.
Alrededor de las 15:30 le compañere de la FES fue liberade por ser menor de edad mientras que a Jonathan Machuca, nuestro compañero, todavía continuaba detenido.
A las 16:15 fue trasladado desde la comisaria Segunda hacia la comisaría Primera.
En un primer momento se nos informó que dado que la Fiscalía no trabajaba en este feriado, Machu debía permanecer la noche detenido para ser citado a declarar recién mañana a las 9.
Gracias a la lucha colectiva, al reclamo de todes, a la presión mediática, al accionar del abogado Leandro Aparicio y a la unión de quienes nos acompañaron y apoyaron toda la jornada, logramos que alrededor de las 20.30 nuestro compañero fuera llevado a declarar e inmediatamente, cerca de las 21, fuera liberado.
Dos estudiantes fueron detenidos este mediodía cuando se manifestaban en defensa de la educación pública y por la aplicación del boleto educativo en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.
La Policía les imputó desobediencia y resistencia a la autoridad. La acusación no corresponde con la versión de las y los estudiantes presentes ni con los videos que registraron la intervención policial en 12 de octubre y Sarmiento, a dos cuadras del desfile cívico militar organizado por Cambiemos.
Mientras integrantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas se congregaban frente a la Comisaría Segunda, efectivos de civil seguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigían caminando al lugar.
Un menor de edad, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, fue liberado esta tarde. Jonathán Machuca, dirigente de la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas fue trasladado a la Comisaría Primera donde deberá pasar la noche a la espera de que la UFI 15 le tome declaración.
“Estoy bien, me propiciaron algunos golpes en el patrullero, tengo un diente flojo, me duele mucho, tengo un par de dolores de espalda y de pies pero estamos bien. Para mí fue un abuso de autoridad porque fue en un lugar donde estaba permitido, así y todo nos aprehendieron con mucha violencia y dejándome hasta mañana detenido hasta las ocho para declarar en Fiscalía”, dijo Machuca.
Sus compañeras y compañeros convocan a acompañarlo y pedir su liberación frente a la sede policial de Berutti 650.
En la causa intervino en primer término el abogado Emmanuel Tellechea quien afirmó que “hay una filmación donde queda claro que ninguno de los dos estaba cometiendo ningún delito, no obstante lo cual la policía decidió aprehenderlos e imputarlos por lo que conocemos como combo manifestación: resistencia y desobediencia a la autoridad, atentado a la autoridad y tentativa de lesiones”.
“Según la versión de la policía habría intentado Jonathán golpear a una persona de policía, no se ve a cuál porque no estaban golpeando. Lo mismo en el caso de ‘Al’, más la desobediencia que en la filmación se ve claro que la orden era que soltara el bombo que estaba tocando y lo soltó”, agregó.
Horas después, se sumó como defensor de Machuca el abogado Leandro Aparicio.
El boleto educativo gratuito por el cual manifestaban los centros de estudiantes es ley provincial aunque el gobierno municipal nunca cumplió la normativa.
La agrupación de artistas bahienses Teatro Abierto exigió explicaciones a las autoridades del Instituto Cultural por haber permitido la realización de una sesión de fotos publicitarias de un comercio privado.
“Vimos en las redes una sesión de fotos que estaban realizando en la Sala Payró, los artistas la reconocemos muy fácil, más allá de que tenían etiquetado al Teatro Municipal. Empezamos a investigar si eran actuales o viejas y eran del 5 o 6 de julio. Averiguamos quién había abierto o autorizado, quién había cedido el espacio, recopilamos información y sabemos que la autoridad del Teatro autorizó que se abran las puertas y se prendieran las luces para esa sesión de fotos”, dijo a FM De la Calle Mayra Díaz Alchu.
El Municipio cerró el Teatro hace 119 días tras un relevamiento de la UTN sobre las condiciones de seguridad del histórico edificio. Se advirtió a simple vista riesgos en el sistema eléctrico, condiciones de seguridad e higiene precarias, falencias en la prevención y el combate de incendios. Sin embargo, desde entonces, no hay novedades sobre el plan de obras alguno.
La integrante de Teatro Abierto afirmó que “en primera instancia nos parece peligroso porque ellos mismos dicen que es una bomba de tiempo que no se puede habitar. ¿Cómo es que dejan que alguien entre a hacer una sesión de fotos exponiéndolos al riesgo que ellos predican?”.
“Por otro lado, nos despierta la inquietud de si es realmente tan peligroso o hay alguna otra razón que hace que se cierren las puertas para los artistas y el público en general pero sí se abra para un privado. En este caso, ellos pidieron el teatro y les dijeron que sí, la responsabilidad es del Teatro”, dijo.
Díaz Alchu recordó que “el taller de Luthería y Artistas del Sur en el mismo día se enteraron que ya no podían ingresar, tuvieron que mudar todo en un día, prácticamente los dejaron en la calle. Artistas del Sur está juntando moneda por moneda para poder subsistir, para pagar un alquiler porque les dicen que no pueden estar en ese lugar porque es peligroso. ¿Para sacar fotos no es peligroso? ¿Para que una modelo camine no es peligroso? Por un lado están exponiendo a estos artistas que van a sacar fotos pero tampoco comunican este sector se puede usar y este no. Necesitamos una respuesta del Instituto Cultural, ellos son los responsables de lo que pasó”.
Agregó que “no solamente a nosotros como artistas nos afecta por nuestra fuente laboral sino que a la persona que camina por la calle y paga el Teatro con sus impuestos la están privando de ese derecho. El Teatro es de todos, no es de una empresa ni de una gestión y no nos dan ninguna respuesta, porque tampoco tenemos novedades de que se esté haciendo algo para mejorar el Teatro”.
En ese sentido, comentó que “tenemos entendido que a la UTN no le aprobaron, o están esperando que aprueben, el presupuesto para hacer una última inspección para ver qué hay que hacer. Está totalmente parado y nadie sale a decir nada, es urgente que el Instituto Cultural se expida al respecto”.
Ricardo Margo aseguró anoche a La Nueva Provincia que “no es que el teatro esté intransitable, sino que no puede usarse para espectáculos con cientos de personas” y calificó al permiso como “desacertado”.
El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.
El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.
Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.
“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.
La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.
El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.
“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.
La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.
Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.
“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.
Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.
José Luis Montanaro, responsable del área de Fiscalización municipal, brindó explicaciones acerca del operativo que Precom y la Policía realizaron este fin de semana, en el cual decomisaron una veintena de tuppers con roscas azucaradas y otros elementos.
“Hay tres cuestiones que nos preocupan: la seguridad de las chicas, estaban en la banquina de la ruta; cómo eran transportadas ante cualquier accidente, si las chicas sufrían algún tipo de lesión la opinión pública iba a demandar acción del Estado; y el riesgo sanitario. A pesar de que es un producto que no tiene mucho riesgo, el riesgo implícito de que alguien lo consuma y se pueda intoxicar”.
“Pasadas las semanas y los días esta producción y esta venta ambulante creció exponencialmente, nos llamaba la atención la unificación de materiales y que la mercadería era la misma, nosotros somos agente de constatación y no determinamos cosas que no podemos identificar en el momento”, comentó Montanaro.
Agregó que “vimos que en un vehículo no habilitado para el transporte de alimentos y de personas estaba toda esta cantidad de productos panificados que no tienen ningún tipo de procedencia y se secuestró toda la mercadería”.
(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947.
El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.
Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.
Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.
Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.
“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.
Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.
Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.
No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.
Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.
Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.
La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.
Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.
La Asociación Cannabis Medicinal se presentó días atrás en la Banca 25 del Concejo Deliberante para pedir la implementación de un registro de usuarios, cultivadores y productores de cannabis utilizada para tratamientos de enfermedades.
“Es un fenómeno que crece desde las bases, es una lucha que viene de las madres, incluye ahora que las instituciones lo acompañan”, comentó Martín Palacios, vicepresidente de la organización.
La propuesta apunta a replicar lo que se realiza en otras localidades donde, a través de un registro, se les permite a quienes utilizan aceite de cannabis cultivar la planta para usos medicinales sin fines de lucro.
“Está en camino la investigación, ha sido asignado presupuesto al CONICET, se están haciendo mediciones porque en el mercado negro circula cualquier aceite. Están midiendo qué contenido tiene y si son efectivos. También están investigando el sistema endocannabinoide en procesos degenerativos relacionados con enfermedades como Alzheimer y Parkinson”, comentó Palacios.
Agregó que “en este momento planteamos que hay una ley incompleta que ha generado un montón de prensa y que no da protección a los usuarios. La demanda crece no solamente por la difusión de la ley sino por el boca en boca, esto le ha cambiado la vida a mucha gente. Apunta a separar a la marihuana del paquete de drogas duras, nadie tiene que asustarse por una planta. Los concejales se mostraron interesados y quieren ayudar”.
“Esto está vinculado a la salud y no a las fuerzas de seguridad, la gente que sufre un robo o un allanamiento se ve privada de su fuente de salud”.
El gobierno nacional aprobó una habilitación en la provincia de Jujuy para cultivar y exportar cannabis para uso medicinal. Al respecto, Palacios señaló que “es una porquería, no resuelve absolutamente nada, se dio permiso al INTA y CONICET pero nunca se especificó cómo y con qué presupuesto se iban a hacer las investigaciones. Está diseñado para las multinacionales”.
“En Jujuy hay una mano corrupta y negociados millonarios con un proyecto ostentoso. Que no dejen cultivar a la gente y vendan a una multinacional para exportar a otros países es tremendo”, concluyó.
La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.
El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.
“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.
Recordó que “son conocidos los casos del enfermero (Adalberto Osvaldo) Bonini, a quien mencionaron muchos testigos como la persona que llevaba los medicamentos y siempre se supo que (Raúl Eduardo) Mariné era el que dirigía ese rol criminal y que uno de los médicos era (Jorge Guillermo) Streich, ambos se encuentran fallecidos”.
“En el caso de Adalberti, esta Fiscalía lo había imputado en su momento, es otro de los capitanes médicos junto a Streich, como la otra persona que concurría a La Escuelita a tratar a enfermos. Esto se pudo reconstruir, sobre todo, en base a la declaración de algunos conscriptos que en aquel momento prestaban servicio y que, por el hecho de ser médicos, estaban afectados al hospital y pudieron hablar y percibir esta dinámica. Incluso a alguno de ellos le ordenaron ir a La Escuelita en una situación, se negó y fue sancionado”.
El Juzgado Federal requirió a la Fiscalía que defina la situación de imputados a quienes se le había otorgado la falta de mérito.
“A partir de declaraciones testimoniales que se recibieron en los últimos juicios se habían despejado dudas que quedaban sobre Adalberti, que fue uno de los apuntados ya desde los Juicios por la Verdad como uno de los médicos que hacía esta tarea”, dijo Fermento. Por ello, se solicitó el procesamiento del cirujano.
La Unidad Fiscal solicitó además la ampliación del procesamiento del enfermero Bonini, quien espera ser juzgado por la desaparición de Julio Infante. Ahora se le reprocha su intervención en el centro clandestino.
En el caso de Sierra y Girotti el fallo de la Cámara no significa su procesamiento “sino que se revocó el sobreseimiento que de haber quedado firme impedía seguir insistiendo con esas imputaciones”.
“La Fiscalía tiene varias líneas de investigación en curso y, en función de eso, va evaluando ampliar imputaciones o insistir con imputaciones que no prosperaron en el pasado, como el caso de Adalberti”, explicó Fermento.
El senador provincial Andrés De Leo dijo que “no hay que hacer un hecho político” de la explosión en Dow. “Hubo una reacción rápida de parte del Estado, primero hay que ver si la empresa cumplió con los protocolos del accidente y de la información”.
Consultado sobre el proyecto de ley que busca extender el plazo de prescripción de las causas por infracciones medioambientales que tramita el OPDS, el legislador oficialista comentó que luego de la media sanción en el Senado “quedó trunco en Diputados”.
“El OPDS se comprometió a hacer gestiones en la Cámara. Ahora hay un proyecto más abarcativo que está en Diputados, que no ha tenido sanción. Incluye este punto que impulsé en el 2016 con la prescripción de estas multas. El OPDS ha agilizado enormemente el tema que tiene que ver con la sanción de las multas, esto no quita que esa ley venga a cubrir el vacío legal”.
En cuanto a las condiciones presupuestarias y a los recursos con que cuenta el OPDS para el control de las empresas del polo bahiense, De Leo afirmó: “No soy yo un especialista, sería aventurado hablar en términos técnicos. Desde la Comisión de Presupuesto he tenido reuniones con el OPDS, respecto de como ellos necesitan un presupuesto para cubrir fondos”.
“Hay un programa para que ellos puedan contar en el mediano plazo con un presupuesto acorde para cubrir los mecanismos de control. No estoy capacitado técnicamente para decir si esto es así o no. Hay una preocupación y ocupación de parte del gobierno de la provincia para que el OPDS vaya contando las herramientas presupuestaras para llevar su control adelante”.
“Instrúyese al intendente municipal de Bahía Blanca a clausurar en forma preventiva toda planta industrial del Polo Petroquímico o Zona Portuaria de ese Municipio cuya acción o inacción por falta de medidas adecuadas de prevención, constituya grave peligro de daño inminente sobre la salud de los trabajadores, de la población o del medio ambiente”, ordena el Decreto 31 del 11 de enero de 2001.
Previamente, la norma -que puede leerse en el sitio web del municipio- delega en el jefe comunal “las atribuciones de control y fiscalización de las obligaciones de las empresas” radicadas en el polo y el puerto para la “preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud de los habitantes de Ingeniero White”.
Justamente la comunidad whitense fue la que motorizó la firma por parte del entonces gobernador Carlos Ruckauf ante la “inacción” del ex intendente Jaime Linares. Ocurrió meses después de los escapes de cloro y amoniaco en las plantas de Indupa y Profertil.
“Es esencial la inmediatez para la efectividad de las medidas de control de las obligaciones de las empresas para preservar el medio ambiente, caso contrario la legislación cae en vía muerta y es meramente declarativa”, dice uno de los considerandos del decreto.
(Por Astor Vitali) El Artículo 22 de nuestra Constitución (“El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”…) tiene mayor vigencia que nunca. Más allá de herramientas formales, no vinculantes, no hay lugares de participación ciudadana con injerencia en las decisiones estructurales del ámbito político. Los presupuestos participativos son acotados a temas prefigurados y actúan más como herramienta de propaganda de gobierno que como herramienta de organización social.
Cada vez que una persona despierta a la conciencia política, es decir, se da cuenta de que puede jugar un rol en el devenir histórico, esboza la siguiente pregunta: “¿Qué puedo hacer?”. A partir de allí, se pregunta esto: ¿qué puedo hacer? Entonces vas e intentás una cosa. Te entusiasmás. Después te das cuenta de que no pasa nada. Te avivás de que la caridad es hasta ahí, es caridad. Te despabilás de la gilada comparable al pensamiento mickyvainillesco de “ayudo a los pobres”. Te das cuenta que también hay un sistema de contención de la pobreza y que la cosa no se cambia por ahí.
¡Claro! ¡El tema es la política! ¡Zas! Diste en la tecla. Entonces empezás a mirar las caripelas y los nombres de los partidos. Si no querés te caguen preguntas y hasta podés ir chusmeando la historia. ¡Vamos! Éste te convenció. Aparecés en un acto. Vas a las reuniones. Todas las personas te parecen admirables y hasta hay profesionales que brindan su precioso tiempo de bienestar bien habido para colaborar con el bien público.
Llegan las elecciones. Empezás a ver cosas que no te gustan. Ves que una cosa se dice arriba de la mesa y otra cosa se cocina por abajo. Hay una gran hornalla que funciona a billetes debajo de casi todas las mesas políticas y tiene llama color verde. Se cocina y se cocina. Te das cuenta de que nunca el más capaz es el que ejerce mayor cargo de poder. Te das cuenta de las agachadas. Te das cuenta de que lo que consideraste versatilidad de discurso ya no es inteligencia sino oportunismo de la peor calaña. Hasta llegás a fiscalizar creyendo en colaborar con la democracia y las elecciones y eso te hace sentir buen ciudadano.
Después de dirimirse el resultado electoral se van cerrando los locales partidarios. Tus aportes, que tan interesante resultaban, ahora “se están trabajando” en alguna oficina y parece que nadie te llama más que para que pedirte algún favor en tu trabajo. Tus amigos funcionarios están re ocupados y las promesas de campaña no se llevan a cabo porque ya “no es tan fácil como ser oposición, gobernar es otra cosa”.
Así la vuelta de la calesita de las buenas intenciones te volvió a dejar en el mismo lugar: ¿Qué puedo hacer? Sólo que con mayor desilusión. Y… ¿Sabés qué? Tenés razón. Estamos padeciendo una democracia que te usa para legitimarse y que no te da el mínimo espacio para convertirte en sujeto activo de las decisiones de tu tiempo. Una democracia tan limitada en la que ya todo el mundo sabe quiénes ponen la guita para las campañas y que las prioridades de los gobiernos responderán a eso y no a las necesidades de las comunidades que gobiernan.
El caso de la ciudadana Marta Beatriz Giordano, quien hizo uso de la Banca 25 durante la última sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, es algo emblemático acerca de cómo la institucionalidad democrática, tal como está gobernada, puede dejar a un ciudadano sin el ejercicio de sus derechos y no hay mecanismo que lo resuelva. ¿Qué más le queda para que se le garantice su derecho a la vivienda?
O, en términos colectivos, el caso del pedido de Audiencia Pública por más de 80 organizaciones sociales de nuestra ciudad –de todo tipo- quienes solicitaron al Concejo Deliberante que cedieran el lugar para llevar adelanta dicha instancia. El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás “Doble voto” Vitalini no sólo no articuló la audiencia pública sino que negó la posibilidad de utilizar las instalaciones públicas y dejó a todas las organizaciones populares sesionando afuera. ¿Qué pasa cuando los estamentos institucionales no garantizan los canales democráticos de una sociedad? ¿Qué pasa cuando no hay dónde recurrir?
La gravedad de este ejercicio pobre de los instrumentos democráticos, su peligro, es que genera las condiciones necesarias para que las castas políticas que actúen como políticos profesionales ejerzan desde lugares tan lejanos para la sociedad civil y ésta un día se encontrará absolutamente desinteresada de lo público. Ya está desinteresada de lo público y en un ejercicio práctico del pensamiento individualista. Pero puede haber un absoluto desinterés por la cuestión pública.
Es decir, genera las condiciones ideales para el ejercicio autoritario de los futuros gobiernos. Si la cuestión pública sólo va a estar en manos de dos o tres funcionarios políticos profesionales cuya financiación se origine en dos o tres corporaciones y el resto de la sociedad no tiene nada que ver con eso a lo que se le dice democracia, eso es un gobierno reducido en cuanto a su composición.
Pero además eso va a tender a explotar porque en algún lugar la sociedad civil organizada va a encontrar la manera de que sus reclamos sean satisfechos.
El concejal Marcelo Feliú afirmó este jueves que el intendente Héctor Gay tiene facultad para clausurar preventivamente plantas del polo petroquímico “ante determinadas situaciones graves, delicadas, donde se haya podido poner en peligro o haya la posibilidad de un daño inminente sobre la salud de los trabajadores, la población o el medio ambiente”.
“Casi una descripción de lo que pasó”, agregó en referencia a la explosión ocurrida el viernes en el Craker 2 de Dow.
Fue en el marco del debate que terminó con la aprobación de la convocatoria a la subsecretaria de Gestión Ambiental, el coordinador del proceso Apell y el titular del Comité Técnico Ejecutivo para que den explicaciones ante el deliberativo.
Además, se avaló un pedido de informes sobre lo ocurrido y un llamado a reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental, paralizada hace ocho meses por Cambiemos.
Al analizar el rol de la Municipalidad, Feliú recordó que a partir de los escapes del 2000 se entendió que Bahía Blanca estaba en una situación extraordinaria y se aprobó una ley localizada que delegó en la comuna el poder de policía en materia ambiental.
El ex diputado provincial refutó las declaraciones de Gay y de algunos de sus concejales al señalar que ante riesgos para la población o el ambiente “recobra en cabeza del propio intendente tal vez la facultad más importante que en este caso se puede inmediatamente tomar desde lo local. El intendente puede clausurar preventivamente a la empresa que ha motivado este hecho”.
“Este decreto absolutamente vigente y que pone en total complementariedad con esta idea de que habría que avanzar en la delegación, le da poder al intendente para ser el director del manejo de la crisis -explicó Feliú-. Absolutamente el director. Quien puede lo más, que en este caso es la clausura inmediata preventiva, puede lo menos. Principio jurídico indiscutible. Si yo puedo hacer lo máximo, constato de que la situación fue potencialmente peligrosa para personas y bienes, inclusive por fuera del ámbito privado, ahí el intendente tiene la facultad de ser quien conduce el proceso políticamente”.
El concejal agregó que “a esa facultad jurídica con decisión política se llega a la conclusión de que ante un evento no se disminuye la posibilidad de intervenir sino que aumentan”.
