Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.
“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.
La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.
“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.
“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.
Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.
A María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores no le llamó la atención. “Sorprenderse es haber estado durmiendo los últimos 4 años. Nos venimos quedando sin adjetivos, ya hemos agotado absolutamente todos”, dijo a FM De la Calle.
Para el análisis de la problemática y las probables soluciones propuso dos vías. “Primero, la situación de desamparo: ¿de quién es la culpa? ¿quién los dejó sin trabajo? ¿Quién los dejó sin escuela o sin vacantes? ¿Por qué están en edad de trabajar? Hay una pequeña trampa: los de 16, 17 y 18 tienen que estar estudiando en la escuela, están planteando el trabajo infantil como algo normal”.
Segundo: “¿Quién es responsable, el garante de que toda persona de menos de 18 años tenga todos los derechos consagrados por el Estado? Esto es una responsabilidad indelegable por parte del Estado argentino”.
“En todos los casos les van a contar que en los últimos años se la pasaron en la calle, protestando porque les cierran programas, porque les recortan las partidas presupuestarias, porque les despiden gente (son los sectores de los trabajadores estatales que más despidos han tenido) o, directamente, porque la mayoría no son de planta permanente, tienen contratos basuras con plazos de seis meses que luego no se los renuevan”.
Como consecuencia se cierran comedores, merenderos, lugares de apoyo escolar y toda política social que brinda una ayuda a este segmento etario, para luego poder meterlos a un cuartel, para poder enseñarles moralidad y costumbres. “Entre ellas, con las que fusilaron a Mauro Ojeda de 16 años o Francisco Escobar de 19 en el puente de Corrientes”.
“Estamos hablando de la fuerza que hace más de 20 años tiene a su cargo la represión del conflicto y la protesta social. A las víctimas del conflicto social generado por los distintos gobiernos y, en particular por el actual, se las vamos a dejar en manos de sus represores con el objetivo de generar corrientes de empatía entre la población potencialmente peligrosa y las fuerzas de seguridad o armadas. Que enseñen ya desde muy chicos quién es el que manda cambiando las ansias de ser uno más de la clase por ser el perro guardián de la clase”, afirmó Verdú.
La titular de la CORREPI manifestó que el gobierno, al no tener ninguna carta ganadora que exhibir, “se lanzó a la campaña electoral con el voto bala en una mano y con el voto cárcel en la otra: Doctrina Chocobar, baja de la edad de punibilidad, reformas de los códigos procesales penales, reforma del Código Penal, etcétera”.
Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.
“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.
“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.
Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.
Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.
“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.
El concejal Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el bloque de Unidad Ciudadana aun no tiene una definición sobre el proyecto privado que pretende construir cocheras subterráneas y una nueva plaza en la ex Plaza del Sol a cambio de la concesión del estacionamiento.
Entre los temas que les generan dudas se encuentra la conveniencia de aplicar la ordenanza de Iniciativa Privada, la pérdida de árboles patrimoniales y el estímulo a la circulación vehicular en el sector. “Acá alguien va a sacar un provecho y eso hay que tenerlo en cuenta”, dijo.
El edil aclaró que “está muy bueno poner la plaza en condiciones de accesibilidad” pero se preguntó por qué la Municipalidad no licita la obra directamente si es un proyecto del BID y la comuna.
“La Iniciativa Privada tiene una serie de beneficios importantes que aplica cuando el privado propone algo que el municipio no tiene pensado hacer y esto hace veinte años que está previsto”.
Quiroga mencionó que “hay una cuestión contradictoria, si hay políticas de moda de desalentar el uso del auto, ¿van a poner una playa de estacionamiento en pleno centro en donde está previsto que sea peatonal?”.
“Después está el otro costo o la deseconomía que representa la pérdida de árboles de treinta o cuarenta años. Apenas el 10% de los árboles van a persistir y al resto los van a trasladar, pero no hay garantía de que esos árboles puedan sobrevivir. No es un tema menor porque la política de esta administración es cero prioridad para el árbol. Bahía es una especie de isla de calor y vamos a sacar árboles para poner autos… suena un poco raro”.
El concejal adelantó que de confirmarse la realización del proyecto, desde su bloque pedirán que se aplique una plusvalía: “La ley habla de un 10 a un 30%. Nos parece que 20% sobre cocheras a 20 mil dólares cada una es razonable porque van a hacer la obra pero el techo de la cochera es el espacio público, es la plaza, el terreno que nos pertenece a todos”.
Más de 50 docentes de las escuelas medias y de la Universidad Nacional del Sur manifestaron su oposición a la “visión mercantilista” de la flamante Licenciatura en Deportes.
La carrera fue aprobada por la Asamblea Universitaria y dependerá del Departamento de Economía. Su década, Andrea Castellano, afirmó que “está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. (…) El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center”.
“A partir de estos datos, hemos leído las transcripciones del debate del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y vemos esta orientación dirigida al deporte como mercancía y al deporte de alta competencia”, comentó Enrique Gandolfo, docente de educación física de las escuelas medias.
Se preguntó “por qué la universidad, que se sostiene con fondos públicos, tiene que capacitar a profesionales que se dediquen a actividades meramente lucrativas. Un enfoque opuesto de la concepción del deporte que tenemos los profes de las Escuelas Medias, orientado al disfrute del propio cuerpo, sin que quede atado al rendimiento, favoreciendo la solidaridad, el compañerismo, valores opuestos a los que siguen quienes dicen que con el deporte se pueden hacer buenos negocios”.
“No fuimos consultados. En la escuela existe un Departamento de Educación Física que, entre otras cosas, se ocupa de las actividades deportivas en las instituciones escolares. Esto tiene una tradición, sin embargo, en la misma nota donde se habla de la creación de esta licenciatura se habla que se convocaron actores del deporte con presencia internacional y nacional, autoridades de clubes pero no se nos consultó”, argumentó Gandolfo.
Agregó que “viendo el planteo integral, hablar de que no hay recursos pero se crea la carrera deja la puerta abierta a recursos externos, a partir de empresas que hacen negocio con el deporte. El camino va a hacia ese lugar. Nos parece auspicioso que se abra un debate en la comunidad universitaria acerca de cómo se toma el deporte, en una ciudad donde el deporte social, comunitario, escolar tiene una fuerte presencia”.
El columnista de economía de FM De la Calle, Francisco Cantamutto afirmó que el Fondo Monetario Internacional sostiene la credibilidad del gobierno de Mauricio Macri a través de la estabilidad del dólar.
“Gran parte de la calma en los mercados tiene que ver con intereses geopolíticos, hay una asociación muy evidente entre la imagen de gobierno y el dólar: cuando el dólar está planchado la imagen repunta y cuando levanta la imagen se va al tacho”.
El economista destacó que el dólar se está conteniendo “porque el FMI le ha dado apoyo y poder de fuga al gobierno. No solamente entró el quinto desembolso del Fondo, que ya lleva ejecutado el 80%, sino que le permitieron vender más dólares futuro. Lo mismo por lo cual llevaron a Kiciloff y Vanoli a juicio. Estamos hablando de cifras de miles de millones, es una fiesta para muy pocos. Esto tiene que ver con una situación geoestratégica de EE.UU., que le dice al FMI: ‘a este gobierno hay que sostenerlo'”.
“El gobierno lanzó el programa para financiar la compra para autos, incluso te subsidian la compra de autos importados, han reformulado y están a punto de salir con una salvaguarda para los créditos UVA, para evitar que si tu salario crece por debajo del aumento te pongan un tope, esto significa que van a alargar los plazos de pago, no que te van a bajar los montos. La ANSES largó un programa de créditos de 55 mil pesos. El FMI está acordando todas estas medidas y le acaba de dar el visto bueno para que incremente los montos de asignaciones. Lo que necesitamos no son prestamos, es que aumenten los salarios. Esto no se soluciona con el préstamo, se soluciona con poder de compra”.
Por último, Cantamutto comentó que “las perspectivas del programa económico del gobierno están muy bien estructuradas de acá hasta las elecciones. ¿Cuál es el gran precio de esto? La reforma laboral y la reforma previsional, la reforma de la carta del Banco Central, las privatizaciones”.
La Asociación de Trabajadores del Estado realiza un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias y aumento salarial.
“Lamentablemente no hay convocatoria, lo que hay es una manifestación clara de desprecio contra los estatales sobre los problemas salariales y laborales”, dijo a FM De la Calle el secretario general Oscar de Isasi.
El también titular de la CTA bonaerense agregó que “pocos días atrás, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo del gobierno de Buenos aires, planteó que se iba a mantener cerrada la paritaria, excusándose que ya se habían cerrado en el 2018”.
El acuerdo consistió en que miles de empleados/as estatales cobren, en diciembre de 2019, un promedio de $19.800. “Es verdad que se cerraron por todo el año pero no hay ningún impedimento para poder reabrir las paritarias, si es que hubiese un mínimo de sensibilidad social. La línea de pobreza está planteada en más de $28.000. La inmensa mayoría de quienes pertenecen a la Ley 10.430 cobran entre $17.000 y $25.000”.
“La angustia que estamos sufriendo nos hace tomar una medida con respecto a lo sucedido el 17, vamos al Ministerio de Trabajo provincial a exigir la reapertura de la paritaria. A esta altura nos sorprendería que cambie el rumbo, pero ha pasado que con la masividad han retrocedido”, dijo de Isasi.
El dirigente reveló qué tan perjudicial fue la gestión de este gobierno para su sector: “El estado provincial, al igual que el nacional, ha tenido dos variables de ajustes. Una de ellas en las políticas sociales, ha disminuido sistemáticamente las partidas de salud, educación, niñez y desarrollo social. Año tras año desde que asumió María Eugenia Vidal”.
“También han implementado una ecuación clásica de neoliberalismo cuando se quiere descargar el ajuste sobre los trabajadores del Estado. Jubilaciones compulsivas, retiros voluntarios, bajas salariales y despidos. Alguno dirá que no hubo despidos, pero en realidad hubo 4000 que fueron reincorporados a través de la lucha. Pero la intención era despedir”.
Según los cálculos de ATE, con Vidal se perdió, al menos, el 27% del salario real.
Con respecto a la perspectiva electoral, el dirigente opinó: “No hay que dejar la calle hasta el fin de año, es un buen mensaje para el que viene: no solo queremos cambio de nombres sino también de políticas. Un gran frente electoral que le ponga un límite electoral a Macri. El Frente de Todos es una buena opción para la derrota de Macri, que sea lo más amplio posible”.
En virtud de los lamentables sucesos ocurridos el pasado 9 de Julio en nuestra ciudad, en los que fueron detenidos arbitrariamente un compañero de la Coordinadora de los Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas y otro de la Federación de Estudiantes Secundarios, las organizaciones abajo firmantes repudiamos el violento accionar desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda.
Mientras el intendente Héctor Gay participaba del desfile cívico-militar en el marco por los festejos por el Día de la Independencia, policías uniformados y civiles detenían en forma violenta a ambos compañeros, quienes reclamaban, a doscientos metros del palco oficial, por la implementación de la ley que regula el boleto escolar gratuito en la provincia de Buenos Aires. Que esta ley, a cuatro años de su sanción, aún no se haya aplicado, ha provocado un crecimiento en los niveles de deserción estudiantil, dado que los progresivos aumentos en el transporte impiden que muchxs estudiantes puedan continuar con sus carreras.
En un lapso breve de tiempo -entre la aprehensión y las primeras horas que fueron detenidos- ambos compañeros fueron sometidos a diversos vejámenes. Hablamos de abuso sexual, golpes y agresiones verbales de carácter sexista e ideológico. En simultáneo, otros efectivos de civil perseguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigía hacia la Comisaría.
Como estrategia de organización, les estudiantes convocaron rápidamente a organizaciones sociales, partidos, espacios feministas, centros culturales, sindicatos, centrales de trabajadores y medios de comunicación. La solidaridad del arco de las organizaciones que allí se convocaron fue indispensable a la hora de dar contención a les estudiantes, responder de manera colectiva y, pensar alternativas que agilizaran la liberación de los dos compañeros.
Ese mismo día, en Bueno Aires, organizaciones sociales intentaron levantar una carpa solidaria para los sin techo y la Policía de la Ciudad, con un gran despliegue operativo y el uso de gases lacrimógenos, lo impidió.
En este contexto, sentimos la necesidad de visibilizar y denunciar el estado de las políticas públicas de control y seguridad. La aplicación extendida de la llamada doctrina Chocobar defendida por el Gobierno opera como una amenaza contra las libertades democráticas de quienes ejercen el legítimo derecho de la protesta. Al mismo tiempo, esta política disciplinadora se constituye como la otra cara del ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.
A nivel local, nos preocupa la intensificación del accionar policial y la impunidad con la que opera; si lograron manejarse con tanta seguridad en el marco del acto oficial es porque contaron con el aval del poder político. Queda a las claras de la propia boca de la policía: “nosotros sólo cumplimos órdenes”.
Frente a este estado de cosas:
– Manifestamos el más enérgico repudio a estos atropellos que se consuman cada vez con mayor frecuencia.
– Condenamos el uso de la violencia en todas sus formas. ¡Basta de violencia institucional, provocaciones y amenazas de las fuerzas de seguridad!
– Exigimos al intendente Héctor Gay que se manifieste y se comprometa con el juzgamiento de los policías implicados.
CTA Bahía Blanca
Acciones Feministas
ADUNS
Asociación Trabajadores de Museos- Bahía Blanca
Astramyc
Bahiensas Feministas
Brujabrújula Producciones Feministas.
Cardumen
Cehum
Centro de Estudiantes del Instituto Avanza
Cuerpo de Delegados/as de Suteba
Comisión Gremial Interna Banco Credicoop
Coordinadora Estudiantil Artística
DesBandadas
FM De la Calle
Frente Feminista Nacional y Popular
Lista Bordó, No Docentes – UNS
Nuevo Encuentro
Nuevo Encuentro Géneros y Disidencias – Bahía Blanca
Nuevos Vientos
Poder Popular
PO – Bahía Blanca
Pueblo en Lucha
Unión de Músicxs del sur
“Vamos” en el Frente Patria Grande
Watu Corriente Comunista
La arquitecta Rosana Vecchi destacó que el proyecto privado para eliminar la ex Plaza del Sol y construir un estacionamiento subterráneo y un nuevo espacio público arriba es “un debate de hace 20 años atrás”.
“Hoy el debate de la ciudad pasa por otro lado. Hay una tendencia mundial a retirar el auto de la zonas centrales, a peatonalizarlas. Con este tipo de proyectos estamos a contramano de lo que deberíamos pensar”, dijo a FM De la Calle.
Vecchi comentó que “siempre se pensó en por qué no empezar a cubrir algunos sectores de O’Higgins que nos protejan de los fríos terribles o de los calores, pensar en generar mejores espacios de encuentros y no que sea sacar árboles para poner autos. Es un debate anacrónico. En realidad lo que habría que hacer es peatonalizar el sector, proponer espacios de encuentro nunca va a ser darle prioridad al auto”.
¿Es prioritario para la ciudad la reforma en la ex Plaza del Sol? “Creo que no, que la ciudad pasa por otro lado. Las reformas no están mal pero me pregunto que pasa con las plazas de las periferias“.
“No puede ser que siempre desde el Estado estemos a expensas de que un empresario venga a decirnos qué negocio le conviene. Estamos permanentemente poniendo el carro delante del caballo. Es el Estado quien tiene que proponerle a los privados los negocios. La calidad de las ciudades se mide en función de la calidad de sus espacios públicos”.
La aplicación PedidosYa desembarcó en Bahía y una veintena de jóvenes comenzó a hacer repartos en bicis y motos. El secretario general de ASTRAMyC, Andrés Siebenhar, dijo a FM De la Calle que la propuesta de la empresa “es la precarización total”.
“Les venden un formato de trabajo que no es el que corresponde por un convenio colectivo. Están pagando 50 pesos el envío, tienen penalización por las demoras en la entrega, el trabajador está pendiente todo el tiempo de los envíos”, comentó.
El dirigente de cadetes/as y mensajeras/os explicó que “hay 4 o 5 motos y después son 10 o 15 bicis. Lo que la empresa vende es usar la pilcha de ellos y la mochila. Todo se lo tienen que pagar los cadetes, hasta los datos móviles del teléfono para tener la base de datos, estás monitoreado todo el tiempo. Nos contaban que pagaron 1000 pesos la mochila. Tienen una zona bastante amplia, creo que es hasta Villa Mitre, 40 o 50 cuadras a la redonda”.
Respecto a las medidas de seguridad, Siebenhar dijo que “no está reglamentado, como en Buenos Aires, que hay que circular con casco, luces. Acá todavía no hay nada. Los compañeros usan su bicicleta, su moto. Todavía no hay ningún tipo de restricción”.
“El sistema es malísimo para todos, ya nuestro rubro está tercerizado, precarizado. Vienen a cumplir el mismo sistema que está vigente, por ahí el sistema operativo es diferente pero la finalidad es la misma: monotributo o en negro”.
(Por Claudia Rafael – APe) Ya es letra legal. El boletín oficial publicó la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad para la creación del “Servicio cívico voluntario en valores” para “jóvenes” de 16 a 20 años. Con la firma de Patricia Bullrich, se crea de hecho aquello que tantas veces se quedó en los últimos años a mitad de camino en el Congreso. A 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y homicidio del soldadito Omar Carrasco, y a 118 años de su creación, a través de la Ley 4301 de Servicio Militar Obligatorio destinado a la “moralización pública”, se pondrá en marcha este “servicio” en un contexto de país en el que el presente y el futuro son inasibles para siete millones y medio de chicas y chicos pobres. La gran salida –según el texto de la resolución- es impulsar medidas desde el Estado “que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.
La Gendarmería será la que –con sus “estructuras” y “recursos humanos”- dará “oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.
La misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Aquella que el 29 de enero de 2016, arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14: once heridos, varios de ellos niños.
La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazó por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.
La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel.
Esa es la fuerza de seguridad a la que el Estado otorga ahora la responsabilidad de formar “en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20. Por ahora, y hasta fin de año, en pruebas piloto dentro de Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.
Adiestrar. Adoctrinar. Forjar “las potencialidades” en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?
El Estado anuncia con grandilocuencia que hay un “compromiso con los jóvenes” que “consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. Y pone a sus lobos rabiosos a formatear a corderos desesperados argumentando que “la gendarmería nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”. En donde ejemplifica tareas que van desde repartir donaciones, actuar en inundaciones o incendios, rescatar turistas en la cordillera, ofrecer su servicio de bandas a eventos públicos “ejecutando marchas militares y música popular”. No tiene desperdicio la lectura concienzuda de la resolución.
Que ofrece formalmente una presencia activa y directa del estado en el universo de la educación. Una presencia del estado que es selectiva en los modos, en los tiempos, en los formatos y en los destinatarios. Porque los brazos represivos estatales obedecen a las voces de mando y también, debidamente, se ceban. Y actúan ejerciendo un permiso que demasiadas veces es premiado y elogiado.
Ayer se conoció el fallo de Casación por el que se confirmó la condena a siete integrantes de otras fuerzas securitarias –policía y servicio penitenciario- por “abuso sexual” y “promoción de la corrupción de menores”. Con penas de 7 a 16 años de cárcel. Contra dos hermanas que vivían en “grave estado de vulnerabilidad”. Y que eran víctimas del use y tire. Y que –según el fallo de Casación- eran consideradas “objetos para desahogar su apetito sexual” en el que no faltaba ni siquiera el uso de armas. Ellas también fueron formateadas por y para el estado.
Un estado que ahora decide con letras legales que hay que estimular “el sentido del deber”. Y por eso determina que el brazo armado institucional –el mismo que balea, que abusa, que tortura, que obedece, que asiente, que viola, que intrusa- será responsable de formar para evitar la calle, la droga, la esquina de birra y faso. Para dar un destino a imagen y semejanza a los sindestino.
Voluntariamente, dicen. Con “valores democráticos”, postulan.
Siete millones y medio de pibes siguen bajo la línea de pobreza. Y la nueva escuela de vida que para ellos abre el estado tiene colmillos de gendarme.
La integrante de Hipotecados Autoconvocados UVA, Perla Figueroa, dijo a FM De la Calle que los anuncios del gobierno nacional para “aliviar” la situación de las familias endeudadas “no son nada concreto” y destacó que el presidente sigue sin darles una audiencia.
El oficialismo sostiene que los índices inflacionarios evidencian una leve mejoría y, por ende, los créditos son un “éxito”.
“El índice UVA se cotiza todos los días con el valor del Índice de Precios del Consumidor. Una vez ganado ‘un precio’ es difícil que se retrotraiga, ¿qué servicio por más que haya bajado el dólar tuvo una baja de precio? Es bastante capcioso creer que va a tener un impacto positivo en un escenario inflacionario”.
Las familias hoy corren el riesgo de la securitización de las hipotecas. “Esto consiste en que la deuda es vendida a otro banco u organismo financiero, por lo tanto, la deuda deja de ser de quien fue tu acreedor inicial y pasa a jugar como un valor dentro de la especulación financiera. Es uno de los puntos fuertes a demandar, no solo pedían por la prohibición de la ejecución sino que también por la prohibición de la securitización de la deuda”.
El deudor es el eslabón débil en este sistema, ningún banco asume riesgos. Figueroa aseguró que “ya no solo es la cuota, sino que también la deuda se ha incrementado de tal manera que no tiene tope”.
“Eso ha significado que el valor total ha llegado a términos siderales. En 2018 una persona que tomo un crédito a 2.500.000 hoy tiene que enfrentar una deuda capital de 3.500.000 habiendo pagado todos los meses, con una cuota que inicio de 16.000 y hoy es de 28.000”.
La gobernadora Vidal anunció en abril un mecanismo de evaluación para que las cuotas de los créditos hipotecarios tomados en el Banco Provincia no excedan el 30% del salario hasta fin de año, la suspensión de ejecuciones hipotecarias por un año y la condonación de intereses punitorios.
“Eso se está aplicando de manera muy lenta. Hay que llamar a un 0800, luego son citadas al banco. Eso hace que se entorpezca un poco el proceso y que la persona pierda oportunidades de ganar a la inflación. El banco podría acelerar esos tiempos. Se pierden entre 15 y 20 días hasta que se terminan los trámites y es solo una dilatación a nuestro problema”, concluyó Figueroa.
(Por Astor Vitali) Un periodista situado a esta altura del año y a esta altura del siglo recibe la noticia de que los/as candidatos/as a ocupar el cargo de intendencia municipal aceptarán entrevistas. Lo harán en contexto electoral aún cuando las hayan negado a ese mismo periodista en otras circunstancias.
Un periodista situado a esta altura del año y a esta altura del siglo, salvo que tenga algún tipo de incentivo extra a la profesión, no debería entusiasmarse demasiado visto el nivel de debate político imperante por estas épocas.
El periodista en cuestión, deberá entones comenzar con el trabajo de armado de preguntas: ¿cuál será su cuestionario? Para encarar esta tarea, el periodista podrá recurrir a datos económicos, los últimos presupuestos, notas de prensa, búsquedas biográficas, reclamos de los distintos sectores sociales, la labor legislativa, los programas de gobierno y otros elementos para confeccionar dicho cuestionario. Por supuesto, en el caso de que el intendente en funciones se presentase nuevamente a la contienda electoral, tomará nota de sus promesas de anterior campaña y lo cumplido al momento de culminar la misma.
Un elemento fundamental para este periodista es la preparación para repreguntar. Se sabe que en período electoral los/as candidatos/as tienen el discurso armado y preparado. “El flagelo de la droga”; “la inseguridad”; “la grieta”; “la educación”; “el futuro de nuestros jóvenes”; “el progreso” y una aburrida y vacía lista de etcéteras.
Además de esto, el periodista en cuestión sin lugar a duda estará atento a la pauta publicitaria que suene en su medio y a las promesas laborales de los candidatos (claramente esto sucede, a no rasgarse las vestiduras). Porque no necesariamente la censura se aplica hoy de modo brusco en el sentido de que alguien vaya y le diga al periodista de qué hablar y qué no pero la autocensura, entendida como “guarda cómo trato al que pone los morlacos”, es un mecanismo que sigue funcionando al día. Todo el mundo mira quién publicita para saber cómo trata determinado tema.
A esta altura del año y del siglo, el periodista debería indagar entonces en qué pregunta hará distintiva su entrevista y con qué elementos debería contar para que ello ocurra.
Para responder a esta pregunta hay dos fuentes centrales: la honestidad intelectual y la consulta a las organizaciones de base. Si un periodista quiere saber qué ocurre en su comunidad no tiene más que hilar los datos concretos. Nótese: datos concretos. No nos referimos a los partes policiales o las comunicaciones oficiales. Con contar lo que ocurre, alcanza.
Y si un periodista quiere saber qué ocurre por abajo debe necesariamente consultar a las organizaciones de base.
Estamos ya muy cerca de las elecciones PASO en las que en rigor no se dirimirá demasiado en cuanto a procesos internos. Ante la posibilidad de la realización de entrevista allí y en primera vuelta uno comienza a preguntarse esto: ¿qué hará distintivas las entrevistas? No en términos de cómo se “luce” cada periodista sino en términos de la utilidad social de la entrevista periodística. Es decir, esa oportunidad que tiene le periodista de preguntar al potencial funcionario público tiene un fin social.
Quedan esta preguntas latentes: ¿cuál será la fuente a la que prestar atención a la hora de armar ese cuestionario? Señalamos al menos dos: honestidad intelectual y consulta a las organizaciones de base. Y posteriormente: ¿qué rol asignarle a la repregunta?
La Corriente Comunista Watu Cilleruelo afirmó que considerar “un exceso policial” a las detenciones arbitrarias, el abuso sexual y las torturas denunciadas por les estudiantes detenidos la semana pasada “es un error de interpretación política”.
“Hay una habilitación del poder político local, en alianza con los grupos empresarios ‘perfectamente organizados’ para avanzar a como dé lugar en la consolidación de un modelo social y cultural con valores patrioteros, basados en la meritocracia y el señalamiento acusatorio contra todas las voces que sostenemos que no hay espacio para una sociedad democrática en tanto la exclusión social sea la marca de nacimiento del modelo de ‘progreso’ impuesto para nuestra región del que solo se benefician unos pocos a costa de la destrucción ambiental, el hambre, la marginación y la falta de perspectiva de futuro para cientos de miles”.
El dirigente José Lualdi apuntó al intendente Héctor Gay y al secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte: “No es posible tolerar que el sistema democrático institucional en nuestra ciudad avale de hecho lo ocurrido a través de su silencio”.
“El intendente hace dos o tres años atrás hablaba de enemigos internos. Y ahora nos dice, en el 9 de julio, que la unidad es está movilización con los militares. El intendente actual está más cerca de la doctrina de su antiguo patrón que de la doctrina de la democracia argentina. No podemos naturalizar este hecho, lo que sucedió es muy grave”, dijo Lualdi a FM De la Calle.
Aseguró que “el responsable de hacer que nos manifestemos es el gobierno local y provincial por no aplicar una ley que han votado en ambas cámaras”.
Ante la agresión policial comentó: “Uno de los jóvenes fue revisado en el Hospital Municipal y mostró cómo le habían aflojado un diente por un golpe. Ese grupo no tenía la capacidad operativa ni logística como para intervenir en un acto con veinte mil personas. Además, estaban en ese lugar porque la policía le había permitido estar. Esto fue un acto de provocación”.
El Concejo Deliberante analiza un proyecto privado para eliminar la Plaza Lavalle y construir un estacionamiento subterráneo y una nueva plaza “de uso público” en la manzana del Mercado Municipal.
La firma Fidetrust, presidida por el empresario Jorge Longoni, pretende crear el Fideicomiso Plaza Lavalle para hacer una inversión de 60 millones de pesos, realizar la obra en un año y explotar 150 cocheras durante medio siglo.
La Plaza del Sol nació a mediados de la década del ’60 tras la mudanza del mercado de abasto. Años después fue epicentro de actividades culturales -como la Feria de la Cultura- y de encuentros de reivindicación de los derechos humanos y demanda de juicio y castigo a los responsables del genocidio.
Sobre la empalizada del edificio de Saavedra y O’Higgins, abandonado durante décadas, se escribieron por primera vez los nombres de las y los desaparecidos de Bahía y la región. En esa misma plaza se realizan actos cada aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por todo ello, diversas organizaciones la rebautizaron como Plaza de la Resistencia y la Memoria.
Para los impulsores de la iniciativa, hoy, “grupos de jóvenes, en minorías, están usando este sitio como lugar de encuentro para consumo de droga y alcohol e inclusive como baño público al aire libre”.
La Corporación del Comercio pretende, a su vez, una mejora del Mercado Municipal mediante un concurso coordinado con el Colegio de Arquitectos.
“Será una plaza abierta”
El arquitecto Horacio Miglierina diseñó la nueva plaza. En diálogo con FM De la Calle recordó que la propuesta continúa el trabajo de un equipo interdisciplinario financiado por el BID que analizó la Plaza Lavalle y el corredor Alsina-O’Higgins entre Soler y Saavedra.
“Está faltando una cuadra de la semipeatonal, tomamos parte del diseño del piso que penetra y cruza hasta Donado y, al hacerlo, cruza toda la manzana. (…) No es la plaza la gran figura sino el mercado al recuperar la calidad espacial pública de la plaza, que hoy tiene un diseño de los ’70, plazas introvertidas, del gobierno de facto, que no funcionaron”.
Además, se pretende incorporar una hidroescultura: “Hacemos una fuente que es la pieza vinculante entre el mercado y la plaza. El arte presente nuevamente en el espacio público”.
Preocupación por los árboles patrimoniales
Una fuente consultada por FM De la Calle, planteó reparos por la altura de las napas y la pérdida de valiosas especies arbóreas. Recordó, además, que la iniciativa fue impulsada originariamente por el ex titular de la Agencia Urbana, Marcelo Lenzi, recientemente condenado por omisión de tareas en la causa que juzgó el homicidio de Daiana Herlein.
En la Plaza Lavalle existen once árboles patrimoniales: dos ejemplares de jacarandá, un palo borracho de flor rosa, un árbol de la vida, un árbol del amor, dos palmeras de California, dos lapachos rosados, un almez y un ombú. Según el expediente, solo los dos últimos se preservarían.
“Suena muy poco probable que se pueda hacer una inversión manteniendo el parque”, aseguró el especialista y destacó la “isla de calor” existente en el centro bahiense. “A la plaza la dejaron caer a propósito, la abandonaron para hacer un negocio”.
A su vez, recordó que en el lugar que se excavará para construir las cocheras subterráneas funcionó el segundo cementerio de la ciudad y que, al realizar obras para la remodelación del Hotel Italia, la altura de las napas obligó a bombear gran cantidad de agua.
“Hay que elegir”
Miglierina comentó que en un relevamiento que realizó junto a la actual directora de Parques, Erika Gutiérrez, para la versión original del proyecto, quedaban en pie las palmeras, el ombú y el almez. “Ninguno son rarezas botánicas, los otros estaban en estado casi de decrepitud y se podían sacar”. Para el nuevo proyecto, sostienen que los árboles “son trasplantables y el destino era el Parque Independencia”.
“Tenemos que hacer canteros porque debajo tenemos losa. Es un cantero con una gran cantidad de material vegetal pero de bajo mantenimiento. En Bahía Blanca no hay problemas de oxigenación, los que hay son de ausencia de sombra. Diseñamos unos grandes macetones donde vamos a plantar árboles, esos árboles tendrán un desarrollo y habrá una equis cantidad de sombra”, aseguró.
Aval municipal
El subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, la directora de Áreas Públicas Elena Díaz Martínez y el director de Tránsito, Ramiro Frapiccini -como integrantes de la Comisión de Promoción de la Iniciativa Privada- consideraron que el proyecto es “de sumo interés para la comunidad bahiense”.
Al no haber antecedentes de una concesión de explotación por tiempo tan prolongado propusieron elevar el expediente al Concejo para que fije el plazo a su criterio.
Así lo resolvieron hace un mes, el secretario de Infraestructura, Alejandro Meneses, la subsecretaria Legal y Técnica, Karina Mahon y el director de Rentas Paulo Garat.
El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó nuevamente a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Esta vez fueron siete las denuncias vecinales que advirtieron el episodio.
Si bien el inicio del trámite para multar a la empresa es lo que corresponde, evidencia que algo anda mal porque la explosión que el 28 de junio alertó a la ciudad y parte de la región no significó ni un mínima infracción para Dow.
“Vamos a hacer un informe técnico y va a ir al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para que determine cuál es la sanción o multa para la empresa Dow”, dijo a FM De la Calle el titular del CTE, César Pérez, horas después del hecho.
El 16 de junio, Profertil fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco. La madrugada del viernes pasado otras cinco denuncias motivaron la misma sanción.
Según lo informado por el municipio, el incremento de ruido registrado anoche se produjo a partir de las 20:45 “como consecuencia de las maniobras de parada no programada de planta de urea”.
La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.
Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.
Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).
El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).
