Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El intendente Héctor Gay propuso al abogado Carlos Salgado para reemplazar a Ricardo Germani al frente de uno de los juzgados de Faltas de la ciudad.
Salgado es secretario del concejal Roberto Ércoli, único integrante del “opositor” Frente Renovador que permitió a Cambiemos aprobar presupuestos, rendiciones de cuentas y tarifazos varios.
Además, integró la Secretaría Legal y Técnica del intendente Gustavo Bevilaqcua, es especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, docente y representante legal de varios gremios. Entre ellos, la UTA de Ricardo Pera.
Germani llegó al cargo tras ocultar su participación como “agente secreto” del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado y se jubilará próximamente. Una vez conocidos los listados de espías del Batallón 601 su cargo fue cuestionado por la APDH aunque su continuidad fue ratificada por la justicia y el Concejo Deliberante.
El voto del dirigente lucifuercista, Roberto Ércoli, sirvió para no dejar en soledad al oficialismo ni obligar el doble voto de Nicolás Vitalini en varias ocasiones. Por ejemplo, en mayo de 2018 al aprobarse la rendición de cuentas municipales del año anterior, criticada por la oposición por la política de subejecuciones presupuestarias sistemáticas en áreas que debían prestar asistencia a una población cada vez más golpeada por el modelo económico de macristas, lilitos y radicales.
Con el destrato del PRO y la cúpula de la UCR bahiense hacia la concejala Gabriela Schieda, el cual derivó en su ruptura con el bloque mayoritario, la mano de Ércoli se hizo indispensable para definir las votaciones del oficialismo.
Así, a fines de 2018 el Frente Renovador aportó su voto para la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva que trajeron un tarifazo cercano al 40% de las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y de los derechos de construcción, comercio y patentes vehiculares y de un 30% para el cementerio.
“Voy a hablar para que me puteen. No podemos acompañar pero tenemos necesidad de aprobar ley de leyes”, dijo en la sesión del 4 de enero al habilitar el doble voto de Vitalini para aprobar el Presupuesto 2019. Minutos después salió en defensa de los empresarios del transporte para permitir el tarifazo del boleto del 33% para el primer semestre y la cláusula de actualización automática que hoy comienza a regir con casi otro 20% de incremento.
Finalmente, ante las renovadas críticas por la subejecución de partidas, el 23 de mayo Ércoli lo hizo de nuevo al tratarse la Rendición de Cuentas de la gestión Gay en 2018.
Desde el verano, los rumores señalaban que el oficialismo buscaba intensamente resolver el futuro de los hombres del “compañero” que dejará la banca a fin de año.
Monardez espera
Desde su salida de la Secretaría de Políticas Sociales, la abogada Soledad Monardez espera el acuerdo del Concejo para hacerse cargo del segundo juzgado de Faltas local, vacante por el paso de Gabriel Nardi a la justicia provincial.
“¿Monardez es mejor que quién? ¿En comparación con quién? En otros casos ha habido una especie de concurso de antecedentes. (La concejala Gabriela) Schieda dijo que Gay evaluaba la posibilidad de mandar una terna, ¿qué fue lo que cambió de la terna a la oferta única? Si en algún momento estuvo la posibilidad, ¿por qué no se hizo?”, se preguntó semanas atrás el concejal Gustavo Mandará en FM De la Calle.
El oficialismo apura el tratamiento del expediente del fideicomiso para construir cocheras subterráneas en la ex Plaza del Sol. Sin embargo, desde la oposición advierten que en el expediente falta información sobre la concesión de la explotación del estacionamiento por 50 años.
“Entiendo que hay cierto apremio porque el momento de sacar estos árboles es ahora en invierno pero no hay elementos suficientes como para poder tomar una decisión de esta naturaleza”, comentó a FM De la Calle, la concejala del PJ Cumplir Paola Ariente.
Opinó que “como iniciativa de promoción público privada el mecanismo no es malo, habría que mejorar la ordenanza un poco, hay que repensar que los mecanismos de concesión tendrían que ser mejor revisados”.
“Pediré que la gente del fideicomiso venga a explicarnos, que nos anexen los informes económicos. Tampoco queda claro si lo que nosotros declaramos de interés municipal implica aceptar los 50 años. Si es así ya te diría que no lo aprobaremos porque con la documentación que tenemos nos faltaría la ponderación económica”.
La titular de la Comisión de Obras Públicas manifestó que “es necesario hacer este cambio, Bahía necesita una refuncionalización de la zona y esto la pondría en valor”.
En cuanto al impacto que tendría en el tránsito la incorporación de 150 cocheras en un sector que tiende a la semipeatonalización, Ariente aseguró que “siempre decimos que el tránsito es de norte a sur y de sur a norte y los ejes para venir de un lado a otro pasan por Alsina-O’Higgins y todo ese sector se desviaría y congestionaría otro. Volvemos a lo mismo, son elementos que a priori en los informes de cada área faltan”.
La misma falencia se evidenció al intentar conocer detalles sobre el estado de salud de los árboles patrimoniales y su preservación.
Según informó el municipio, luego de ser homologada por SUBE, se aplicará desde hoy la actualización en la tarifa del boleto del transporte público de pasajeros, de acuerdo a la Ordenanza 19574.
En el transcurso de la jornada las distintas unidades de servicio actualizarán el sistema con los nuevos valores.
La tarifa plana, abonada por el 25 % de los usuarios, es de $ 29.85, y la tarifa promedio de $ 17.60 de acuerdo al esquema tarifario y a los beneficios actuales.
Los pasajeros frecuentes que utilicen más de 80 viajes abonan $16.42, los que usen 60 pagan $22.39, los de 40 viajes $25.37 y los de 20 pasajes $ 26.87.
Tarifas Planas:
1° sección $ 29,85.
2° sección $ 33,55.
3° sección $ 35,30
Categoría A (Más de 80 pasajes):
1° sección $ 16,42.
2° sección $ 18,45.
3° sección $ 19,42.
Categoría B (Más de 60 pasajes):
1° sección $ 22,39.
2° sección $ 25,16.
3° sección $ 26,48.
Categoría C (Más de 40 pasajes):
1° sección $ 25,37.
2° sección $ 28,52.
3° sección $ 30,01.
20 Pasajes:
1° sección $ 26,87.
2° sección $ 30,20.
3° sección $ 31,77.
Secundarios y escolares:
1° sección $ 14,93.
2° sección $ 16,78.
3° sección $ 17,65.
Universitarios y terciarios:
1° sección $ 16,42.
2° sección $ 18,45.
3° sección $ 19,42.
Tarifa nacional:
1° sección $ 13,43.
2° sección $ 15,10.
3° sección $ 15,89.
Personas con discapacidad:
Sin costo.
La Tarifa Nacional comprende los siguientes usuarios:
-Jubilados y pensionados.
-Excombatientes de la Guerra de Malvinas.
-Personal de trabajo doméstico.
Beneficiarios de:
-Asignación Universal por Hijo.
-Asignación por embarazo.
-Becas Prog.R.Es.Ar.
-Hacemos Futuro.
-Monotributo social.
-Pensiones no contributivas.
Vanesa Troncozo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, manifestó a FM De la Calle el desacuerdo del organismo con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte de la ministra Patricia Bullrich.
“Creemos que hay que reorganizar recursos para poder brindar lo necesario a nuestros hijos. Si el propósito es llegar con la educación a estos adolescentes, bienvenidos sean todos los esfuerzos dentro de lo que la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez enmarca”.
Troncozo agregó “si el interés principal es brindar una educación de calidad y que se reinserten en el sistema educativo, entonces que expliquen por qué quisieron eliminar los equipos de orientación escolar que son justamente los que se encargan de que no dejen la escuela”.
Como también escasean recursos en sistemas educativos no formales como el programa Envión, clubes barriales, organizaciones sociales o “incluso las iglesias que cumplen funciones educativas y de valores muy importantes dentro de los barrios, a contrario de los dichos de Bullrich”.
En un comunicado, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia afirmó: “Vemos con preocupación esta clase de iniciativas que tienden a la militarización de la niñez. Las fuerzas de seguridad, son para la seguridad”.
Troncozo sostuvo que es muy difícil estimar el abandono escolar y agregó que ven “con preocupación la falta de infraestructura edilicia para los programas provinciales como Envión, que es uno de los pocos dispositivos que tenemos para acercarnos a esa edad (de 12 a 21 años)”.
El Consejo Superior Universitario creó un “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se produzcan en el ámbito de la UNS y en otros espacios donde sus miembros realicen tareas educativas, científicas, de extensión, deportivas o culturales, entre otras.
Alcanza a “cualquier hecho que implique violencia de género hacia las mujeres y hacia personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intergénero y Queer (LGBTTTIQ) que rige para toda relación laboral y/o educativa en el ámbito de la UNS”, y contempla formas de violencia física, sexual, psicológica, simbólica y económica.
La nueva norma alcanza a autoridades, docentes y no docentes, estudiantes de la UNS y a otras personas que tomen o presten servicios, permanentes o temporales en dependencias de la casa de altos estudios.
Incluye medidas de protección y acompañamiento de las víctimas, instancias de descargo del o los acusados y acusadas para que puedan ejercer su derecho de defensa, y facultades para realizar campañas de educación y prevención.
El flamante protocolo está basado en principios rectores como la celeridad, el respeto y la privacidad, la no revictimización, el consentimiento informado y el asesoramiento, la contención y la confidencialidad.
Prensa UNS.
El Senado demoró una vez más la designación de la primera defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Dicho rol fue creado hace 14 años y recién semanas atrás obtuvo media sanción en Diputados el nombramiento de Marisa Graham.
“Hay cierta resistencia a que haya estos organismos de control y supervisión”, dijo la abogada FM De la Calle. “Es un trabajo amplio de difusión, capacitación, fortaleciendo los organismos que ya existen. Tenemos la obligación de que las normas y derechos de la niñez y la adolescencia se cumplan. Tenemos en el plan de trabajo el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral”.
La ministra Patricia Bullrich anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores que ofrecerá la Gendarmería a jóvenes de entre 16 y 20 que “ni estudian ni trabajan”.
“La calificación Ni Ni no me gusta. Me parece discriminatoria, decirles que son Ni Ni es enviar un mensaje de que no esperamos nada de ellos. Es ver a esta franja, que es una de las más complejas de abordar, con menos políticas públicas destinadas a ella, culpabilizarlos, siempre demostrar lo que no pueden y lo que no hacen, en vez de mostrar sus intereses, su imaginación”, dijo Graham.
Planteó ciertos interrogantes respecto a la propuesta macrista: “Lo primero que pregunto es si nos hemos resignado a que la escuela secundaria no cumpla el rol que tiene que cumplir. Sabemos que algo pasa con la escuela que no convoca ni retiene a los chicos, ¿resignamos el rol que tiene que tener la escuela y la educación que es la que tiene que fomentar estos valores de democracia, republicanismos y derechos humanos?”.
“Tanto la Convención como el corpus iuris de los Derechos de Niños nos hablan del principio de especialidad, todos aquellos lugares que son para niños, niñas y adolescentes tiene que ser especialistas, saber trabajar con niñez. Ninguna fuerza de seguridad está preparada, ni creo que debería estarlo, para cubrir este rol y trabajar con chicos”, agregó.
Graham comentó que “en uno de los anexos, habla de módulos, me gustaría saber cuáles son los contenidos de los módulos, a través de qué herramientas vamos a llegar a la formación de qué valores”.
Por último, señaló que le preocupa que “la resolución habla de una Argentina sin narcotráfico, pero después no vuelve a hablar de eso. Pregunto cómo vinculan el tema del narcotráfico con los chicos de 16 a 20 años. No llego a entender por qué está allí eso cuando después no vuelve a aparecer. Si es cuestión de prevención hablaría de adicciones, no de narcotráfico”.
Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.
“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.
La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.
“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.
“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.
Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.
A María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores no le llamó la atención. “Sorprenderse es haber estado durmiendo los últimos 4 años. Nos venimos quedando sin adjetivos, ya hemos agotado absolutamente todos”, dijo a FM De la Calle.
Para el análisis de la problemática y las probables soluciones propuso dos vías. “Primero, la situación de desamparo: ¿de quién es la culpa? ¿quién los dejó sin trabajo? ¿Quién los dejó sin escuela o sin vacantes? ¿Por qué están en edad de trabajar? Hay una pequeña trampa: los de 16, 17 y 18 tienen que estar estudiando en la escuela, están planteando el trabajo infantil como algo normal”.
Segundo: “¿Quién es responsable, el garante de que toda persona de menos de 18 años tenga todos los derechos consagrados por el Estado? Esto es una responsabilidad indelegable por parte del Estado argentino”.
“En todos los casos les van a contar que en los últimos años se la pasaron en la calle, protestando porque les cierran programas, porque les recortan las partidas presupuestarias, porque les despiden gente (son los sectores de los trabajadores estatales que más despidos han tenido) o, directamente, porque la mayoría no son de planta permanente, tienen contratos basuras con plazos de seis meses que luego no se los renuevan”.
Como consecuencia se cierran comedores, merenderos, lugares de apoyo escolar y toda política social que brinda una ayuda a este segmento etario, para luego poder meterlos a un cuartel, para poder enseñarles moralidad y costumbres. “Entre ellas, con las que fusilaron a Mauro Ojeda de 16 años o Francisco Escobar de 19 en el puente de Corrientes”.
“Estamos hablando de la fuerza que hace más de 20 años tiene a su cargo la represión del conflicto y la protesta social. A las víctimas del conflicto social generado por los distintos gobiernos y, en particular por el actual, se las vamos a dejar en manos de sus represores con el objetivo de generar corrientes de empatía entre la población potencialmente peligrosa y las fuerzas de seguridad o armadas. Que enseñen ya desde muy chicos quién es el que manda cambiando las ansias de ser uno más de la clase por ser el perro guardián de la clase”, afirmó Verdú.
La titular de la CORREPI manifestó que el gobierno, al no tener ninguna carta ganadora que exhibir, “se lanzó a la campaña electoral con el voto bala en una mano y con el voto cárcel en la otra: Doctrina Chocobar, baja de la edad de punibilidad, reformas de los códigos procesales penales, reforma del Código Penal, etcétera”.
Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.
“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.
“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.
Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.
Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.
“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.
El concejal Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el bloque de Unidad Ciudadana aun no tiene una definición sobre el proyecto privado que pretende construir cocheras subterráneas y una nueva plaza en la ex Plaza del Sol a cambio de la concesión del estacionamiento.
Entre los temas que les generan dudas se encuentra la conveniencia de aplicar la ordenanza de Iniciativa Privada, la pérdida de árboles patrimoniales y el estímulo a la circulación vehicular en el sector. “Acá alguien va a sacar un provecho y eso hay que tenerlo en cuenta”, dijo.
El edil aclaró que “está muy bueno poner la plaza en condiciones de accesibilidad” pero se preguntó por qué la Municipalidad no licita la obra directamente si es un proyecto del BID y la comuna.
“La Iniciativa Privada tiene una serie de beneficios importantes que aplica cuando el privado propone algo que el municipio no tiene pensado hacer y esto hace veinte años que está previsto”.
Quiroga mencionó que “hay una cuestión contradictoria, si hay políticas de moda de desalentar el uso del auto, ¿van a poner una playa de estacionamiento en pleno centro en donde está previsto que sea peatonal?”.
“Después está el otro costo o la deseconomía que representa la pérdida de árboles de treinta o cuarenta años. Apenas el 10% de los árboles van a persistir y al resto los van a trasladar, pero no hay garantía de que esos árboles puedan sobrevivir. No es un tema menor porque la política de esta administración es cero prioridad para el árbol. Bahía es una especie de isla de calor y vamos a sacar árboles para poner autos… suena un poco raro”.
El concejal adelantó que de confirmarse la realización del proyecto, desde su bloque pedirán que se aplique una plusvalía: “La ley habla de un 10 a un 30%. Nos parece que 20% sobre cocheras a 20 mil dólares cada una es razonable porque van a hacer la obra pero el techo de la cochera es el espacio público, es la plaza, el terreno que nos pertenece a todos”.
Más de 50 docentes de las escuelas medias y de la Universidad Nacional del Sur manifestaron su oposición a la “visión mercantilista” de la flamante Licenciatura en Deportes.
La carrera fue aprobada por la Asamblea Universitaria y dependerá del Departamento de Economía. Su década, Andrea Castellano, afirmó que “está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. (…) El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center”.
“A partir de estos datos, hemos leído las transcripciones del debate del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y vemos esta orientación dirigida al deporte como mercancía y al deporte de alta competencia”, comentó Enrique Gandolfo, docente de educación física de las escuelas medias.
Se preguntó “por qué la universidad, que se sostiene con fondos públicos, tiene que capacitar a profesionales que se dediquen a actividades meramente lucrativas. Un enfoque opuesto de la concepción del deporte que tenemos los profes de las Escuelas Medias, orientado al disfrute del propio cuerpo, sin que quede atado al rendimiento, favoreciendo la solidaridad, el compañerismo, valores opuestos a los que siguen quienes dicen que con el deporte se pueden hacer buenos negocios”.
“No fuimos consultados. En la escuela existe un Departamento de Educación Física que, entre otras cosas, se ocupa de las actividades deportivas en las instituciones escolares. Esto tiene una tradición, sin embargo, en la misma nota donde se habla de la creación de esta licenciatura se habla que se convocaron actores del deporte con presencia internacional y nacional, autoridades de clubes pero no se nos consultó”, argumentó Gandolfo.
Agregó que “viendo el planteo integral, hablar de que no hay recursos pero se crea la carrera deja la puerta abierta a recursos externos, a partir de empresas que hacen negocio con el deporte. El camino va a hacia ese lugar. Nos parece auspicioso que se abra un debate en la comunidad universitaria acerca de cómo se toma el deporte, en una ciudad donde el deporte social, comunitario, escolar tiene una fuerte presencia”.
El columnista de economía de FM De la Calle, Francisco Cantamutto afirmó que el Fondo Monetario Internacional sostiene la credibilidad del gobierno de Mauricio Macri a través de la estabilidad del dólar.
“Gran parte de la calma en los mercados tiene que ver con intereses geopolíticos, hay una asociación muy evidente entre la imagen de gobierno y el dólar: cuando el dólar está planchado la imagen repunta y cuando levanta la imagen se va al tacho”.
El economista destacó que el dólar se está conteniendo “porque el FMI le ha dado apoyo y poder de fuga al gobierno. No solamente entró el quinto desembolso del Fondo, que ya lleva ejecutado el 80%, sino que le permitieron vender más dólares futuro. Lo mismo por lo cual llevaron a Kiciloff y Vanoli a juicio. Estamos hablando de cifras de miles de millones, es una fiesta para muy pocos. Esto tiene que ver con una situación geoestratégica de EE.UU., que le dice al FMI: ‘a este gobierno hay que sostenerlo'”.
“El gobierno lanzó el programa para financiar la compra para autos, incluso te subsidian la compra de autos importados, han reformulado y están a punto de salir con una salvaguarda para los créditos UVA, para evitar que si tu salario crece por debajo del aumento te pongan un tope, esto significa que van a alargar los plazos de pago, no que te van a bajar los montos. La ANSES largó un programa de créditos de 55 mil pesos. El FMI está acordando todas estas medidas y le acaba de dar el visto bueno para que incremente los montos de asignaciones. Lo que necesitamos no son prestamos, es que aumenten los salarios. Esto no se soluciona con el préstamo, se soluciona con poder de compra”.
Por último, Cantamutto comentó que “las perspectivas del programa económico del gobierno están muy bien estructuradas de acá hasta las elecciones. ¿Cuál es el gran precio de esto? La reforma laboral y la reforma previsional, la reforma de la carta del Banco Central, las privatizaciones”.
La Asociación de Trabajadores del Estado realiza un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias y aumento salarial.
“Lamentablemente no hay convocatoria, lo que hay es una manifestación clara de desprecio contra los estatales sobre los problemas salariales y laborales”, dijo a FM De la Calle el secretario general Oscar de Isasi.
El también titular de la CTA bonaerense agregó que “pocos días atrás, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo del gobierno de Buenos aires, planteó que se iba a mantener cerrada la paritaria, excusándose que ya se habían cerrado en el 2018”.
El acuerdo consistió en que miles de empleados/as estatales cobren, en diciembre de 2019, un promedio de $19.800. “Es verdad que se cerraron por todo el año pero no hay ningún impedimento para poder reabrir las paritarias, si es que hubiese un mínimo de sensibilidad social. La línea de pobreza está planteada en más de $28.000. La inmensa mayoría de quienes pertenecen a la Ley 10.430 cobran entre $17.000 y $25.000”.
“La angustia que estamos sufriendo nos hace tomar una medida con respecto a lo sucedido el 17, vamos al Ministerio de Trabajo provincial a exigir la reapertura de la paritaria. A esta altura nos sorprendería que cambie el rumbo, pero ha pasado que con la masividad han retrocedido”, dijo de Isasi.
El dirigente reveló qué tan perjudicial fue la gestión de este gobierno para su sector: “El estado provincial, al igual que el nacional, ha tenido dos variables de ajustes. Una de ellas en las políticas sociales, ha disminuido sistemáticamente las partidas de salud, educación, niñez y desarrollo social. Año tras año desde que asumió María Eugenia Vidal”.
“También han implementado una ecuación clásica de neoliberalismo cuando se quiere descargar el ajuste sobre los trabajadores del Estado. Jubilaciones compulsivas, retiros voluntarios, bajas salariales y despidos. Alguno dirá que no hubo despidos, pero en realidad hubo 4000 que fueron reincorporados a través de la lucha. Pero la intención era despedir”.
Según los cálculos de ATE, con Vidal se perdió, al menos, el 27% del salario real.
Con respecto a la perspectiva electoral, el dirigente opinó: “No hay que dejar la calle hasta el fin de año, es un buen mensaje para el que viene: no solo queremos cambio de nombres sino también de políticas. Un gran frente electoral que le ponga un límite electoral a Macri. El Frente de Todos es una buena opción para la derrota de Macri, que sea lo más amplio posible”.
En virtud de los lamentables sucesos ocurridos el pasado 9 de Julio en nuestra ciudad, en los que fueron detenidos arbitrariamente un compañero de la Coordinadora de los Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas y otro de la Federación de Estudiantes Secundarios, las organizaciones abajo firmantes repudiamos el violento accionar desplegado por efectivos de la Comisaría Segunda.
Mientras el intendente Héctor Gay participaba del desfile cívico-militar en el marco por los festejos por el Día de la Independencia, policías uniformados y civiles detenían en forma violenta a ambos compañeros, quienes reclamaban, a doscientos metros del palco oficial, por la implementación de la ley que regula el boleto escolar gratuito en la provincia de Buenos Aires. Que esta ley, a cuatro años de su sanción, aún no se haya aplicado, ha provocado un crecimiento en los niveles de deserción estudiantil, dado que los progresivos aumentos en el transporte impiden que muchxs estudiantes puedan continuar con sus carreras.
En un lapso breve de tiempo -entre la aprehensión y las primeras horas que fueron detenidos- ambos compañeros fueron sometidos a diversos vejámenes. Hablamos de abuso sexual, golpes y agresiones verbales de carácter sexista e ideológico. En simultáneo, otros efectivos de civil perseguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigía hacia la Comisaría.
Como estrategia de organización, les estudiantes convocaron rápidamente a organizaciones sociales, partidos, espacios feministas, centros culturales, sindicatos, centrales de trabajadores y medios de comunicación. La solidaridad del arco de las organizaciones que allí se convocaron fue indispensable a la hora de dar contención a les estudiantes, responder de manera colectiva y, pensar alternativas que agilizaran la liberación de los dos compañeros.
Ese mismo día, en Bueno Aires, organizaciones sociales intentaron levantar una carpa solidaria para los sin techo y la Policía de la Ciudad, con un gran despliegue operativo y el uso de gases lacrimógenos, lo impidió.
En este contexto, sentimos la necesidad de visibilizar y denunciar el estado de las políticas públicas de control y seguridad. La aplicación extendida de la llamada doctrina Chocobar defendida por el Gobierno opera como una amenaza contra las libertades democráticas de quienes ejercen el legítimo derecho de la protesta. Al mismo tiempo, esta política disciplinadora se constituye como la otra cara del ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.
A nivel local, nos preocupa la intensificación del accionar policial y la impunidad con la que opera; si lograron manejarse con tanta seguridad en el marco del acto oficial es porque contaron con el aval del poder político. Queda a las claras de la propia boca de la policía: “nosotros sólo cumplimos órdenes”.
Frente a este estado de cosas:
– Manifestamos el más enérgico repudio a estos atropellos que se consuman cada vez con mayor frecuencia.
– Condenamos el uso de la violencia en todas sus formas. ¡Basta de violencia institucional, provocaciones y amenazas de las fuerzas de seguridad!
– Exigimos al intendente Héctor Gay que se manifieste y se comprometa con el juzgamiento de los policías implicados.
CTA Bahía Blanca
Acciones Feministas
ADUNS
Asociación Trabajadores de Museos- Bahía Blanca
Astramyc
Bahiensas Feministas
Brujabrújula Producciones Feministas.
Cardumen
Cehum
Centro de Estudiantes del Instituto Avanza
Cuerpo de Delegados/as de Suteba
Comisión Gremial Interna Banco Credicoop
Coordinadora Estudiantil Artística
DesBandadas
FM De la Calle
Frente Feminista Nacional y Popular
Lista Bordó, No Docentes – UNS
Nuevo Encuentro
Nuevo Encuentro Géneros y Disidencias – Bahía Blanca
Nuevos Vientos
Poder Popular
PO – Bahía Blanca
Pueblo en Lucha
Unión de Músicxs del sur
“Vamos” en el Frente Patria Grande
Watu Corriente Comunista
La arquitecta Rosana Vecchi destacó que el proyecto privado para eliminar la ex Plaza del Sol y construir un estacionamiento subterráneo y un nuevo espacio público arriba es “un debate de hace 20 años atrás”.
“Hoy el debate de la ciudad pasa por otro lado. Hay una tendencia mundial a retirar el auto de la zonas centrales, a peatonalizarlas. Con este tipo de proyectos estamos a contramano de lo que deberíamos pensar”, dijo a FM De la Calle.
Vecchi comentó que “siempre se pensó en por qué no empezar a cubrir algunos sectores de O’Higgins que nos protejan de los fríos terribles o de los calores, pensar en generar mejores espacios de encuentros y no que sea sacar árboles para poner autos. Es un debate anacrónico. En realidad lo que habría que hacer es peatonalizar el sector, proponer espacios de encuentro nunca va a ser darle prioridad al auto”.
¿Es prioritario para la ciudad la reforma en la ex Plaza del Sol? “Creo que no, que la ciudad pasa por otro lado. Las reformas no están mal pero me pregunto que pasa con las plazas de las periferias“.
“No puede ser que siempre desde el Estado estemos a expensas de que un empresario venga a decirnos qué negocio le conviene. Estamos permanentemente poniendo el carro delante del caballo. Es el Estado quien tiene que proponerle a los privados los negocios. La calidad de las ciudades se mide en función de la calidad de sus espacios públicos”.
La aplicación PedidosYa desembarcó en Bahía y una veintena de jóvenes comenzó a hacer repartos en bicis y motos. El secretario general de ASTRAMyC, Andrés Siebenhar, dijo a FM De la Calle que la propuesta de la empresa “es la precarización total”.
“Les venden un formato de trabajo que no es el que corresponde por un convenio colectivo. Están pagando 50 pesos el envío, tienen penalización por las demoras en la entrega, el trabajador está pendiente todo el tiempo de los envíos”, comentó.
El dirigente de cadetes/as y mensajeras/os explicó que “hay 4 o 5 motos y después son 10 o 15 bicis. Lo que la empresa vende es usar la pilcha de ellos y la mochila. Todo se lo tienen que pagar los cadetes, hasta los datos móviles del teléfono para tener la base de datos, estás monitoreado todo el tiempo. Nos contaban que pagaron 1000 pesos la mochila. Tienen una zona bastante amplia, creo que es hasta Villa Mitre, 40 o 50 cuadras a la redonda”.
Respecto a las medidas de seguridad, Siebenhar dijo que “no está reglamentado, como en Buenos Aires, que hay que circular con casco, luces. Acá todavía no hay nada. Los compañeros usan su bicicleta, su moto. Todavía no hay ningún tipo de restricción”.
“El sistema es malísimo para todos, ya nuestro rubro está tercerizado, precarizado. Vienen a cumplir el mismo sistema que está vigente, por ahí el sistema operativo es diferente pero la finalidad es la misma: monotributo o en negro”.
