Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.
Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.
Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.
“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.
Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.
Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.
En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.
“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.
Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.
“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.
“Estamos perdiendo el estuario”
“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.
Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.
“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.
Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.
“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.
¿Qué relación existe entre la preferencia por una u otra vacuna y la reproducción de discursos de odio? A partir de ese interrogante el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM realizó una encuesta en el marco de sus estudios sobre autoritarismo político y social en nuestro país.
“Hay una serie de categorizaciones y enunciados que incitan y legitiman la violencia, cierta especificidad en los discursos. Lo que hacemos es estudiar las disposiciones ideológicas que hacen posible la aparición y la divulgación y crecimiento de discursos de odio, que en algunos casos se termina conduciendo en acciones violentas hacia un otro”, dijo a FM De la Calle la dra. en Ciencias Sociales Lucía Wegelin.
La investigadora detalló que el relevamiento “se hizo entre diciembre y febrero, preguntamos por las vacunas en circulación en ese entonces, lo que se sabía quizás era un poco menos. Lo llamativo es la intensidad de la correlación entre la preferencia de algunas vacunas y el índice de discursos de odio”.
Sostuvo que “el 45,8% de quienes eligen Pfizer estaría dispuesto a promover mensajes que nosotros calificamos como discursos de odio en sus redes. Entre los de que prefieren la Sputnik solo el 14% promovería discursos de odio. Hay mucha diferencia”.
Wegelin dijo que “evidentemente” son posturas que están en la opinión pública. “Estamos hablando de una diferencia con discursos científicos -como las vacunas-. Que se asocien tan intensamente, de modos deferentes, con disposiciones ideológicas habla de que en la esfera pública estaba produciéndose esa asociación, entre los políticos y en el periodismo sucedía algo que aparece replicado en la población en general”.
La socióloga comentó que a nivel internacional el de los discursos de odio “es un tema que está siendo recientemente estudiando. Elegimos 3 enunciados: uno racista, uno discriminatorio -en relación al colectivo LGBT- y uno deshumanizador, por ejemplo, ‘miles de bolivianos cruzan la frontera como ratas para cobrar el IFE, hay que hacer algo con ello'”.
Mencionó un documento de Naciones Unidas en el cual se destaca la necesidad de estudiar los discursos de odio “por la peligrosidad de que pasen a la acción”.
Desde 2013 el Laboratorio se dedica a analizar las nuevas formas del autoritarismo social y cómo se reproducen. “Hay algo que efectivamente pasa, en los momentos de crisis económica y social, ese tipo de discursividades tienen más posibilidades de crecer, sin duda la pandemia es un momento de crisis, que en este caso lleva a construir relatos que den sentido a algo que parece no tenerlo”.
Wegelin subrayó “la aparición de un alto grado de antisemitismo. Un enunciado que hablaba sobre una cierta teoría conspirativa en la que los judíos ocuparían un lugar en esta trama conspirativa que produjo la pandemia y es sorprendente el grado de acuerdo”.
“Cuatro de cada diez personas -un 37 %- mostraron algún grado de acuerdo con la idea de que el coronavirus surgió como un plan de empresarios judíos para ganar dinero fabricando vacunas. En el otro extremo, un 43,8 % manifestó algún tipo de desacuerdo”.
-¿Cuál es el límite entre libertad de expresión y discurso de odio?
Hay que mirar qué le hace ese discurso a la democracia, si ese discurso está dentro de una esfera pública que facilita y promueve el conflicto o si pretende eliminar al otro y desplazarlo. Esa pregunta es una forma de discriminar cuándo hay una amenaza o una expresión de una posición diferente a la nuestra.
–En relación a lo ocurrido con el grupo de periodistas que realizó la investigación “La reacción conservadora”, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Si hago la pregunta sobre qué le hacen a la esfera pública democrática estos datos, en principio no la estarían resquebrajando. Son datos públicos, firmados por una serie de periodistas. Uno puede no estar de acuerdo y es posible, es susceptible de ser manifestado, pero eso no significa que sea antidemocrática, no veo argumentos que puedan afirmar eso.
En que no se puedan publicar esos datos, que se haya bajado la página, que se haya cercenado esa voz, hay un desplazamiento en la esfera publica, que es lo que pasa con casos de asedio en redes. No solo decís ‘me molesta tal o cual cosa de tu persona’ sino que lo asedias de tal manera que lo corrés de la esfera pública.
(Por Astor Vitali) Se trata de un tango de autoría propia disponible en todas las tiendas digitales. La obra está arreglada con guitarra y guitarrón. Canta: Susana Matilla. Se publica en el contexto del centenario del Club Bella Vista, de Bahía Blanca.
“Por distintos inconvenientes técnicos no pudo lanzarse en los días previos al centenario al club Bella Vista que fue el 18 abril. Pero se llegó a hacer dentro del mes, afortunadamente”, dijo el autor a FM De la Calle.
¿Quién es Rosendo?
Es mi abuelo paterno. No tuve la fortuna de conocerlo pero sí lo conozco a través de los vecinos que me cuentan cómo era, compañeros de su trabajo también. Mi abuelo fue trabajador de correos y telégrafos toda su vida. Tuvo una parte activa en la entidad gremial que los nuclea, que es AATRAC. Laburante común y laburante para su comunidad.
¿La letra surge a partir de un texto que él había dejado escrito?
Imagino yo que durante los últimos años de su vida trabajó en el turno nocturno. En un formulario a dirección general de telecomunicaciones dejó impreso, en las tiras con los que se imprimían los telegramas, un texto en el que hablaba del barrio y firmaba con sus iniciales, con una leyenda que decía “inspirada por este poeta bellavistentence en una noche de ocio”.
Con el tiempo descubrí que en realidad él lo que había hecho era -sin tan simplemente- agregarle a ese texto, que era un poema de Héctor Gagliardi, algunos enunciados que tenían que ver con el barrio y con su propia experiencia de vida.
¿Ahí reelaboraste la letra?
Exactamente, tratando de mantener esos agregados que él había hecho, modifiqué todo el resto del texto que es original.
El verso “se te dio por progresar” condensa un intercambio generacional que también se da con la invitada, Susana Matilla…
Creo que un poco la identificación que pudo haber tenido mi abuelo hace unos 50 años de ese texto, y estamos hablando ya de la instauración a través de la violencia del neoliberalismo en nuestro país a través de la dictadura cívico militar, cómo se empieza a evidenciar esto que después podemos observar en distintas entidades intermedias de distintos barrios, cómo se han ido desmembrando o bien pasado a ser sociedad con representación empresarial, ya más lejanos a la comunidad.
Por más que siempre queda un componente telúrico muy fuerte que está arraigado en la comunidad de los barrios, también sucede esto de que la gente pasa de largo cunado pasa adelante del club o de la sociedad de fomento, que podía ser su lugar de encentro en otro momento. En el sentido de que no lo siente como un espacio de pertenencia como lo era en otro momento en el que, al dejar sus trabajos asalariados, vecinos y vecinas destinaban el resto de la vida.
En la arquitectura y en la vida social de algunos barrios no totalmente asfaltados por la dinámica del progreso puede verse una suerte de vida en dos dimensiones, como si hubiera distintos tiempos corriendo en el mismo tiempo. Por ejemplo, una persona joven como vos, comprometida emocionalmente además de políticamente con las instituciones de su barrio; por otro, otras personas pensando más bien en términos de cultura consumista a lo yanqui, totalmente desvinculados de su entorno. Si bien puede generar angustia la presencia de los segundo también significa que permanece viva cierta cultura popular que no por nada ha venido luchando por subsistir, en la que no sólo está la cuestión de la tradición sino valores populares –del pueblo- contra valores de mercado u otra índole. Yo veo en esta canción esa angustia por la topadora del progreso y a su vez cierta latencia de habitar el barrio y la ciudad de manera popular y solidaria.
Sí. Por eso es necesario rescatarla, decirla, transmitirla. Porque el problema que observamos en distintas culturales, más allá del barrio, es cómo trasmitir estas cosas, cómo construir memoria. En ese sentido ese tipo de transmisión se da con las personas vivas. Con el recambio que puede haber en función de las familias que habitan el barrio, por ejemplo, en el caso de la familia de mi padre, se instala en el barrio mi bisabuelo, el papá de Rosendo. Con lo cual estamos hablando de principios del siglo veinte. Las distintas generaciones seguimos habitando el barrio.
La forma de dar batalla contra esa topadora del progreso es por lo menos transmitiendo la memoria viva de las personas que lo habita y tratar de practicar ese sentido comunitario.
La foto de portada de la canción es significativa: están muchos de sus amigos que también eran vecinos del barrio que viven en un radio de cuatro cuadras de donde vivo yo y de donde vivía mi abuelo. Quienes están en esa foto, celebrando alguna cosa con unas guitarras, participaban activamente de la vida del barrio de alguna manera.
Susana Matilla: Cuando Nico me invita a participar de este proyecto no dudé un instante porque Los sueños de Rosendo son los sueños de Nico y son los sueños míos. Ese sentimiento de cariño de pertenencia a este diminuto lugar, a este pequeño terruño que es el barrio, que te ve nacer y crecer.
Tanto Rosendo, como Nico, como yo durante toda nuestra vida trabajamos en las distintas organizaciones sociales del barrio. Es más, con los años nos encuentra a Nico y a mí trabando juntos en la comisión de la Biblioteca (Bella Vista).
Este tema une tres generaciones. Rosendo podría haber sido mi papá y yo podría haber sido la mamá de Nico. Por otro lado, los dos nacimos y elegimos seguir viviendo en Bella Vista. La casa de Nicolás queda en la misma calle de su papá, al igual que yo vivo en la misma vereda que la casa de mi mamá. Son muchas coincidencias que nos van hilando en esta historia de barrio, con Nicolás.
Por ejemplo, yo fui a la Escuela Nacional número siete, que después tiene su continuidad en la escuela nacional sesenta y dos. Queda casa de por medio de dónde hoy vive Nicolás. Y donde fue Nicolás queda casa de por medio con la mía.
Haber hecho este tema y más en el centenario de nuestro querido club que lleva el mismo nombre que el barrio, para finalizar este proyecto y haberme hecho partícipe me da mucha felicidad.
Yo no puedo hablar de Nicolás porque es como si hablara la mamá. Es un chico creativo, talentoso, inteligente, coherente, de muy fuertes convicciones. Así que yo deseo que esto sea el principio de una larga carrera musical llena de muy buenos momentos. Te quiero mucho, Nico. Te quiero, chiquitín.
Alguna vez dijimos que “el canto de Susana Matilla es un conjuro contra la muerte; es el tiempo detenido en ese instante en que el sentido nos tocó la tripa y aprendimos a llorar”. ¿Qué significa tocar con ella?
Nicolás Fernández Vicente: Fue algo muy lindo desde la preparación del tema hasta la concreción efectiva. Ella mencionaba que es una idea que tengo hace bastante tiempo y que pudimos concretar ahora e hice algunas modificaciones de aquella idea original. Traté de que lo construyéramos un poco conjuntamente y no condicionar su interpretación para que fluyera esa gran capacidad de comunicación que tiene Susana en la interpretación. Pese a que ella misma se reconoce como una cantante folclórica y de zambas, especialmente, tiene una enorme capacidad interpretativa para el tango. Por eso los grandes maestros de esta ciudad la han elegido para sus formaciones, como Mario Grossi y Lucio Passarelli.
En ese sentido, el arreglo de guitarra está hecho en función de su interpretación vocal. Registré de manera informal, con un celular, yéndonos a visitar durante las casas del barrio durante este verano y así fuimos trabajando la grabación.
Para mí es un gran placer y un gran regalo haber podido grabar esta canción con ella. Tenía grabado el tango a Villa Mitre y yo le decía: Susi hay que grabar el tango a Bella vista ¿no? Más allá del chiste, además de lo que significa en la escena del tango también todo este vínculo que nos une y que ella perfectamente describía, todo eso está impreso, grabado en la canción.
La secretaria adjunta de SUTEBA, Gabriela Delfino, cuestionó la resolución del juzgado Contencioso Administrativo N°1 que ordenó la entrega a cuatro hermanas en situación de vulnerabilidad de los materiales necesarios para garantizar su continuidad pedagógica.
La dirigente aclaró que accedió a la difusión periodística del fallo pero “de ser así” -de apuntar a las escuelas y no a las autoridades provinciales-, “difiero totalmente con la responsable de la ONG que habla de un fallo ejemplar. A quien debería exigir la justicia es al gobierno para que provea los materiales necesarios porque, hasta ahora, lo han hecho los docentes de sus bolsillos”.
Luego de la entrevista y ante la consulta de FM De la Calle, la abogada María de los Ángeles Rosón explicó que la denuncia fue contra la Dirección General de Escuelas, organismo que debe responder a través de las escuelas Primaria N°65 y Secundaria N°43.
“Me hubiera gustado ver el trabajo que llevó previamente la ONG, soy del Equipo de Orientación Escolar (EOA) de una escuela y sé cómo se trabajan estas cosas como para presentar la denuncia en los términos en los que se presentó. Si hubieran averiguado verían la doble o triple carga que tenemos con las burbujas presenciales, virtuales y también hay que encargarse de los alumnos y alumnas que no alcanzaron con los contenidos del año pasado y que están en promoción acompañada hasta fin de año”.
Delfino afirmó que “la mayoría de las escuelas tienen EOA y la mayoría, en caso de sostener este vinculo pedagógico, ha generado materiales cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada. A través de diversos encuentros, en la entrega de bolsones. En mi escuela hemos llevado a las casas de alumnos y alumnas las tareas”.
“Me parece que la cuestión acá pasa tal vez por hacer ver una ONG y tal vez una campaña política a futuro porque las cosas se resuelven de otra manera, te contactás con el personal y ves cómo podés solucionarlo. Además no exponés a la familia, eso desde la escuela no lo haríamos”, apuntó.
Presencialidad
En relación al pedido por la vuelta a la presencialidad planteado por el oficialismo local y un sector de la comunidad educativa, Delfino sostuvo que “la situación epidemiológica sigue siendo grave, venimos sosteniendo que la presencialidad disparó los contagios y que hay que decidir en función de preservar la vida”.
“Me parece que hay una operación muy intensa con el tema de la presencialidad y que se relaciona con el hecho de que las escuelas tienen que estar abiertas porque la gente tienen que ir a trabajar y sino están abiertas no hay donde dejar los chicos, con una decisión del gobierno de no sostener licencias para quienes necesiten quedarse en sus casas”, finalizó.
El médico Horacio Romano se refirió a los alcances de la cepa Delta de coronavirus y a la situación epidemiológica local en vísperas del Día del Padre y las reuniones sociales que, a pesar de su prohibición, pueden aumentar el nivel de contagios.
“Cada vez se habla más de la variable Delta, tanto que obligó a Inglaterra a cerrar hasta el 21 de julio porque empezaron a tener cada vez más casos sobre la población que no se ha vacunado que es la más joven”, aseguró.
Destacó que estudios recientes ratifican la efectividad de las vacunas Sputnik, AstraZeneca y Pfizer ante la variante surgida en India.
Romano reconoció que “seguramente (la variable Delta) va a llegar a la Argentina. Si se hacen controles estrictos, porque la puerta de entrada es Ezeiza, probablemente tarde 2 o 3 meses en llegar y ese tiempo nos va a dar para estar vacunados”.
“Entre las restricciones, la vacuna y los cuidados, sería bueno poder llegar a agosto-septiembre y descongestionar los hospitales. Quieren abrir escuelas pero no intentan cerrar todo lo demás, las dos cosas no pueden ser porque la circulación sigue siendo alta. Hay centros donde la gente se testea voluntariamente y hay circulación comunitaria muy importante”, dijo.
Mencionó que “esta situación nos va a dejar en un amesetamiento eterno, que desgastó muchísimo a todo el mundo. Se va a terminar estabilizando en 15 mil casos nacionales pero es lo que tuvimos el año pasado. El verano tuvimos 7 mil muertos y fue relacionado con lo social”.
Ante el próximo Día del Padre Romano destacó que “es complicado juntar a toda la familia, es someter a riesgo a mucha gente, el Día de Padre son casi todos los días. El año pasado fue a partir de ahí que se desencadenaron fuertemente lo casos para los primeros días de julio”.
Un grupo de jóvenes investigadores e investigadoras del Departamento de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) ha abierto una encuesta para conocer la situación actual entre ingresos y deudas en hogares de Bahía Blanca. El doctor Francisco Cantamutto explicó en Radio Universidad los alcances y objetivos, en una entrevista que puede escucharse en este enlace.
El sondeo puede contestarse aquí. Es anónimo y su respuesta insume pocos minutos. Procura determinar el impacto de un contexto económico “sumamente complejo, resultado tanto de condiciones internas adversas como de la pandemia mundial”, indica la web del IIESS. Se invita a todas las personas que vivan en el municipio de Bahía Blanca a responder, con independencia de su situación particular.
“En esta crisis, numerosos sectores de la población han visto sus ingresos afectados, y en muchos casos, han tenido que endeudarse para poder sobrellevar la situación. El problema de la deuda en particular responde a diversos motivos, que van desde sostener los niveles de consumo hasta evitar mayores vulneraciones de derechos humanos básicos”, explica la convocatoria.
Los resultados que obtenga el estudio permitirán no sólo estimar el escenario actual, sino también compararlo con el de un año atrás, cuando apenas iniciada la pandemia el mismo grupo de investigación realizó dos informes sobre el problema de ingresos y deudas. Uno se basó en entrevistas con referentes de organizaciones sociales, mientras que el segundo apeló también al método de encuesta y concluyó que existía la posibilidad de una dinámica de endeudamiento con riesgo de disparar un círculo vicioso, reproduciéndose y empeorando las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
“A más de un año de la pandemia, es oportuno analizar la situación actual, para poder comparar la evolución del problema, y recabar información para la elaboración de políticas que tiendan a apaciguar los efectos de la deuda en los hogares”, señaló el grupo de economistas.
Fuente: UNS.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, Agustín López Cóppola, ordenó a dos instituciones educativas que brinden los materiales necesarios para garantizar la continuidad escolar de cuatro hermanas en situación de extrema vulnerabilidad.
“Es un fallo interesante para pensarlo desde la sociedad, qué es lo que sucede mientras algunos están entre la presencialidad y la virtualidad”, dijo a FM De la Calle María de los Ángeles Rosón. La abogada agregó que “la crítica no es para destruir al Estado, ni a los docentes ni a los padres. Es para construir, para que se mejore la realidad”.
Se trata de cuatro chicas de 8, 11, 14 y 16 años que viven Loma Paraguaya y concurren a las escuelas Primaria N°65 y Secundaria N°43. Las niñas son asistidas por la ONG Hogar Mamá y Yo.
“La ONG se encarga de hacer acompañamiento de adolescentes hasta los 21 años que han sido mamás recientemente. En este caso, la joven de 14 años les transfiere su angustia por no poder acceder a los contenidos mínimos del ciclo escolar. Ella fue mamá hace poco, pero en el 2020 su situación había sido tremenda porque no podía acceder a materiales o a lo que accedía era escaso y este año está haciendo dos años juntos”, comentó Rosón.
La letrada entendió que “hay una clara vulneración al acceso a la educación. Es una familia de 4 hermanas que dependen de su mamá que está sin trabajo. Viven en situación de pobreza extrema. Sumado a que la pandemia y las nuevas modalidades hicieron que las niñas no puedan acceder a los contenido mínimos a través de clases virtuales. La mamá cuenta con un teléfono antiguo y puede cargar datos cuando tiene dinero. Les entregaban el material de las materias en un pdf que tenían que imprimir”.
Mediante una medida judicial “el magistrado tiene en cuenta esta situación de desamparo económico, de vulnerabilidad de todo el grupo familiar y le planteamos que vea cómo la vida de cada niña ha sido afectada”.
López Cóppola “ordenó a la Dirección General de Escuelas que le entreguen el material impreso, que organicen la vinculación, que organicen encuentros de manera presencial y cualquier otra medida para que el servicio educativo sea brindado”.
Rosón comentó que “este fallo expresa una realidad dura que vive Bahía y una realidad de la que el sistema educativo no se hace cargo como las resoluciones lo indican. Lo importante es que aquí la madre y las chicas fueron escuchadas a través de un fallo judicial que valora el derecho a la educación de las chicas”.
La abogada destacó que el juez pidió dos informes a las escuelas y “fueron bastante magros. Cuando el juez les preguntó específicamente cómo se impartía la educación a estas niñas respondieron en términos generales. Las escuelas conocen que la mamá tiene un solo celular. Recibieron el oficio y al otro día la citaron a una de las chicas para darle el material”.
“Desde la escuela esperaba una reacción de alegría en el sentido de estar contentos con que han sido escuchados, que son reconocidos los chicos, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta en ese sentido”, finalizó.
El director de Espacios Públicos, Pablo Bianco, solicitó a la CTA el retiro del cartel que señaliza la Plaza Lavalle/del Sol como Plaza de la Memoria y la Resistencia. Sin embargo, antes de recibir respuesta mandó quitarlo del lugar.
Hace más de una década, la reactivación de obras en el edificio de Saavedra y O’Higgins eliminó el paredón que tenía inscriptos nombres de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Por ello, el 10 de marzo de 2009 el Concejo Deliberante ordenó implementar un sitio de la memoria en la plaza. Desde entonces, la normativa fue incumplida por todos los gobiernos comunales.
“Bianco me dijo que tenía que sacar el cartel porque no tenía permiso. Le contesté que dábamos por descontado que no nos iban a dar el permiso y que la militancia de los derechos humanos nunca pidió permiso a los poderes de turno”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la central.
Agregó que Bianco fue “muy duro, me dijo ‘si lo sacan ustedes lo conservan si no lo sacamos nosotros’. (…) Le dije que le hacía una nota solicitando el permiso. Me dijo que no. Le dije, a modo de anécdota, tantas chanchadas que hicieron en el espacio publico y me venís a reclamar esto y me contestó: una cosa no justifica la otra”.
El secretario de Derechos Humanos de CTA declaró que quitaron la señalización “en menos de 24 horas sin siquiera poder charlarlo entre nosotros. Al día siguiente, a la mañana temprano, una cuadrilla de la Municipalidad se lo llevó. Acá hay una cuestión ideológica detrás, la fuerza política que gobierna la ciudad ha tenido una política de negar los crímenes de la dictadura, de ralentizar los juicio de lesa humanidad”.
“El mismo día (que se quitó el cartel), en la sesión del Concejo Deliberante la bancada oficialista se negó a aprobar una declaración relacionada con el asesinato del estudiante David ‘Watu’ Cilleruelo, víctima de la Triple A, si la oposición no votaba el aumento del boleto de colectivo. Con la bajeza que los caracteriza pretendieron usar su nombre como moneda de cambio por una medida a todas luces impopular”, manifestó la CTA en un comunicado.
Patrignani agregó que “tiene el mismo trasfondo ideológico, las declaraciones formales los 24 de marzo las hacen para quedar bien, no tuvieron nunca un compromiso con la política de derechos humanos. Si bien el nombre Plaza de la Memoria y Resistencia no es oficial vamos a ver si pedimos que se la rebautice por ordenanza”, dijo Patrignani.
Doce años de incumplimiento municipal
La Ordenanza 15.190, promovida por Norberto Martínez (Integración Ciudadana), insta al Municipio a convocar “a las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones interesadas en la temática, como así también a los colegios profesionales a conformar una comisión que proponga los elementos valorados para el llamado a concurso de propuestas para la implementación del lugar”.
También autoriza a la comuna a “llamar a concurso de propuestas para la realización de un proyecto tendiente a erigir el denominado Sitio de la Memoria”.
El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.
El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.
El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.
La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.
Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.
La falta de caso y de legitimación para accionar
Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.
En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.
Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.
Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.
Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.
Marco general de derechos en juego
Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.
Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.
Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.
El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.
En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.
Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:
- Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
- Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
- Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
- Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.
Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.
Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.
En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.
“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.
En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.
“Hay un complicado equilibrio de cuán dura es la medida, eso permite bajar la circulación. Por otro lado, si se prolonga en el tiempo, el acatamiento puede disminuir y eso provocar que sea menos efectiva”, dijo a FM De la Calle Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.
El investigador del CONICET dialogó acerca de los resultados de las medidas de restricción, la presencialidad en los colegios, las vacunas y la nueva cepa de coronavirus.
“Lo que se ve en las curvas es que las medidas tuvieron efecto y lograron que los casos comiencen a bajar, el problema es que no alcanza. Tenemos una altísima cantidad de infectados por día, ahí está la dificultad de que esa baja continúe en el tiempo, necesitaríamos como mínimo sostener este nivel de cuidados, restricciones y socialización”.
En cuanto a los números planteados por la provincia para fundamentar el pase del AMBA a fase 3, Quiroga explicó que “toman fecha de inicio de síntomas, que es lo que dice el DNU, pero se toma hasta el último día cuando el Ministerio hace el cálculo a semana vencida. Tiene lógica porque por fecha de inicio de síntomas si tomamos hasta ayer vamos a tomar muchos días donde la carga viral no es completa. Hay que ver qué dice el Ministerio de Salud y cuáles son los municipios que ya no van a estar en alerta epidemiológica”.
Desde el CONICET proponen utilizar el Aislamiento Selectivo Planificado e Intermitente para bajar la circulación. “9 días (de cierre) es un número suficiente para tener efectos, sabemos cómo se comportarían las curvas si cerramos 9 y abrimos 21 días. Se elimina todo esto de la ansiedad y la incertidumbre, al estar planificado se puede manejar mejor los efectos en cuanto a lo económico, lo social y lo educativo”.
Nuevas cepas
Un numeroso grupo de científicos propone controlar rigurosamente el asilamiento de quienes ingresen al país “porque en los primeros 4 días de infección la probabilidad de que el test dé positivo es muy aja aunque la persona esté infectada. Si la PCR se hace en Ezeiza y las jurisdicciones controlan poco a quienes ingresan, ocurre que muchas personas dan negativo y están infectados, vuelven a la casa y pueden contagiar”.
“La Delta es la variante mas contagiosa que conocemos hasta el momento: es 50 a 70% más contagiosa que la Manaos, la Andina, la variante Reino Unido. Además, las vacunas parecen tener una eficacia reducida para prevenir el contagio de la variante y la tasa de hospitalización parece ser más alta de las que tenemos hoy circulando”.
Quiroga comentó que en el país “todavía no se ha demostrado la circulación comunitaria, solo se detectó en 2 viajantes. Lo más probable es que algunos casos hayan pasado. Ante una posible ola de contagios de esta variante, su magnitud va a depender de cuántos casos ingresen”.
Presencialidad en las escuelas
“La suspensión de la presencialidad ayuda a que los casos bajen y bajen rápido. Es cierto que es muy complicado sostener la virtualidad en el tiempo por razones educativas, emocionales. Recomendamos que no sean solo las escuelas lo único que se suspenda sino que haya otras medidas que permitan volver a la presencialidad segura y sostenida”.
Quiroga mencionó que “el riesgo de contagio depende de varios factores, uso barbijo, distancia y ventilación disminuye el contagio. El invierno dificulta la ventilación de las aulas, las variantes más contagiosas hacen que una situación de bajo riesgo pueden hacer que sea de alto riesgo, y la circulación viral es el tercero, cuantos casos hay por día”.
El investigador destacó que “se anunció la adquisición de 33 mil sensores en la provincia de Buenos Aires, uno por escuela. Eso va a rotar por las aulas e identificar las que estén mal ventiladas para que podamos intentar reducir al mínimo el impacto epidemiológico de esa presencialidad”.
Vacunas
En relación a la desinformación por parte de algunos medios que ponen el foco en las personas que se enfermaron o incluso fallecieron a pesar de haber recibido alguna vacuna, Quiroga afirmó que “la protección es alta pero no del 100%. Reducen significativamente la probabilidad de fallecer por Covid pero no es del 100%”.
“En nuestro país era lógico que empezáramos a ver fallecimientos en personas vacunadas, cada fallecido con 1 o 2 dosis de la vacuna lo sacan como una noticia cuando no debería serlo. Salió una nota que dice que preocupa la cantidad de gente que no se vacuna, obviamente, ¡si tenemos medios que generan desconfianza!”.
El Concejo Deliberante ya cuenta formalmente con la propuesta para crear una sobretasa extraordinaria que apunte a los sectores que más recaudaron en pandemia y puedan realizar un aporte para aquellos que fueron directamente afectados por el aislamiento.
La iniciativa partió de una Multisectorial integrada por diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y del ámbito de la cultura. Ahora, esperan ser convocadas por las autoridades del cuerpo para debatir la iniciativa.
“La redacción de la propuesta, de la mano de economistas y otros profesionales especializados, da cuenta de los antecedentes en la provincia y en el mundo, demostrando que están dadas las condiciones reales que hacen posible la implementación de una sobretasa extraordinaria a las grandes empresas, para destinar el recurso a quienes más los necesitan”, señalaron.
Nicolás Fernández Vicente, integrante del Consejo Cultural Consultivo dijo a FM De la Calle que “con el intento de derogación de la ordenanzas culturales, que hemos logrado no suceda, y con la ejecución de hecho de esa derogación, en asamblea se decidió que viendo las experiencias de otros distritos se podía generar una sobretasa extraordinaria, que era una posibilidad real”.
“Vemos que lo discuten las principales potencias mundiales y hasta una multinacional como Facebook plantea pagar más impuestos incluso de los que el mismo G7 les propone. La ciudad cuenta con sectores productivos de gran porte financiero que pueden afrontar de manera extraordinaria un aporte para aquellos sectores que mas han sufrido esta pandemia”, aportó.
En relación a la realidad de los barrios de la periferia, que han sido de los más vapuleados por la crisis, Leticia Batista, integrante de un equipo pastoral de Villa Talleres, mencionó que “el año pasado no afectaron tanto al barrio los contagios pero este está pegando fuertísimo, lo que más vemos es la dificultad para salir a trabajar para quienes tienen trabajo”.
“Como ciudadanos bahienses tenemos que reaccionar: la desigualdad. Como hemos vivido la pandemia y se ha vivido en los barrios, intentar trabajar y ver como sociedad qué podemos aportar. Me preocupa la realidad de los barrios desde el alimento, la salud, la educación, la conectividad en los barrios. Ahí hay que poner recursos para que eso cambie. De alguna manera con esta sobretasa y con otras propuestas podríamos hacer algo, es urgente, es posible y tiene que ser ahora”, finalizó.
Eugenia Justo, docente del SUTEBA, señaló que “como sector de la docencia vimos la pandemia de cerca, vimos como tuvimos que alimentar a nuestras comunidades educativas. Entendemos que esta sobretasa es necesaria y que aquellos que más ganaron pueden hacer este aporte. Entendemos que hay quienes pueden hacer más esfuerzo en función de la rentabilidad que han tenido. Los tiempos son ahora, el hambre es ahora, la desigualdad duele”.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría realizaron esta mañana un corte en el acceso a Unipar (ex Indupa) ante la falta de respuestas por parte de la justicia y de las autoridades políticas.
Días atrás se movilizaron desde Ingeniero White hacia la Municipalidad, donde no fueron recibidos por el intendente ni ninguno de sus funcionarios. También cortaron durante algunas horas el acceso al puerto.
“Cansados, saturados, golpeados por la realidad que les tocó, hoy vuelven a la lucha activa. Decidieron volver a hacer algo que no les gusta, que no están acostumbrados, cortar calles, manifestarse, impedir que los que a ellos le hicieron tanto daño, puedan seguir su actividad como si nada pasara”, aseguró uno de los abogados de la asociación.
Lamentó que haya personas “que solo entienden de este modo y han arrastrado a los pescadores hasta el fondo, lugar donde no se merecen estar y seguirán luchando para salir”.
Las causas judiciales en el fuero federal y el contencioso administrativo llevan 11 años de trámite. Están denunciadas las empresas del polo petroquímico y organismos estatales como el Municipio, ABSA y el Consorcio de Gestión del Puerto.
“Ese es el tiempo que llevan 52 familias de pescadores artesanales de Ingeniero White luchando para lograr que el Estado (en cualquiera de sus estamentos) les reconozcan lo evidente, que la contaminación provocada por el polo petroquímico y la actividad portuaria ha destruído su única fuente de trabajo”.
Desde la Asociación de Pescadores Artesanales reconocieron que “los avances judiciales han sido muchos y muy buenos pero la justicia es lenta”.
“Pese a ello, sabiendo los funcionarios públicos que el estuario local se encuentra altamente contaminado (40 veces más que el permitido legal), nada hacen y siguen dejando que las empresas contaminen”.
La Comisión por el reconocimiento académico de David “Watu” Cilleruelo denunció que el concejal Federico Tucat (JxC) pretendió utilizar como “moneda de cambio”, para la aprobación del aumento del boleto del transporte, el apoyo a una adhesión al pedido para que la UNS entregue el título honoris causa al dirigente asesinado por la Triple A.
“Nos parece repudiable este toma y daca en este tipo de iniciativas de memoria y justicia por una víctima del terrorismo de Estado”, dijo a FM De la Calle, Gabriel Cena, desde el colectivo de organizaciones.
Mencionó que tomaron conocimiento a través del concejal Walter Larrea (FdT) del pedido para que el bloque opositor habilite el tratamiento sobre tablas del aumento del transporte. “Entendemos que el parlamento local tiene mecanismos de acuerdo pero no todo es negociable”.
En un comunicado, la Comisión manifestó que “estas expresiones demuestran la praxis de una política no solo intimidatoria, sino carente de sensibilidad, sentido histórico y de una mínima ética de reconocimiento de nuestros asesinados y desaparecidos. Invocar el nombre de David Cilleruelo como moneda de cambio pone de manifiesto una concepción de la política sujeta a la lógica de mercado en la que el valor de cambio arrasa con los valores humanos.”.
Consultado por FM De la Calle Tucat reclamó “a quienes enviaron ese comunicado que rectifiquen y pidan disculpas porque lo que dicen es mentira y lesionan gravemente la memoria de lo que pretenden reivindicar”.
“Es una falta de respeto no solo a mí, sino a toda la institución y la memoria de Watu. No se merece semejante mentira y boludeo por algo que es tan importante como el título honoris causa”.
En cuanto al condicionamiento insistió en que “es mentira” y “no hay negociación posible si el proyecto no está pedido”. “Lo que nosotros sí dijimos, esto si fue parte de labor parlamentaria, es que entre los otros expedientes solicitados (por el FdT) -donde no estaba el de Watu- íbamos a dar el acompañamiento para el ingreso y no el acompañamiento sobre tablas, dado que no eran expedientes urgentes. Considerábamos que es urgente el tratamiento del boleto”.
Por su parte, Walter Larrea declaró que “es cierto que no estaba formalmente presentado. No sé si es así en términos de condicionamiento pero dijeron: el bloque nuestro tiene una postura, no nos están dando el tratamiento del boleto y nosotros no le vamos a aprobar nada”.
“No lo presentamos porque, incluso admitiendo que pudo haber algún error administrativo, si hay acuerdo de tratar un expediente se incorpora. No es que lo sacamos de la galera, se viene conversando de hace tiempo, lo hablé con (Nicolás) Vitalini, (Marcos) Streitemberger y con el propio Federico (Tucat)”.
Por último, Larrea afirmó que su postura fue “no presentemos si no van a acompañar, vamos a manosear un expediente que tiene mucho valor simbólico”.
Se presentó en la legislatura de Neuquén el informe “La basura del fracking en Vaca Muerta”, el cual evidencia la historia de contaminación e irregularidades en Comarsa, uno de los basureros petroleros más importantes del sector.
La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, organismo de control de la actividad.
“De las actas surge que la empresa instaló piletas clandestinas en terrenos fiscales que ocupó. Desde al pacto YPF – Chevron en 2013 la empresa aceleró la ocupación, la vivienda más cerca al basurero Comarsa está a 25 metros, según un decreto de 2015 tendrían que estar a 8 km de las zonas urbanizadas. En una inspección hablan de 244 mil metros cúbicos de residuos”, dijo a FM De la Calle Esteban Martiné redactor de La Izquierda Diario.
En Comarsa “se acumulan los residuos del fracking que vienen tanto de compuestos químicos que se mezclan con agua y arena silícea como materiales que están presentes en el subsuelo donde hay metales pesados y material radioactivo. Acumularon gran cantidad de material en suelo descubierto sin impermeabilizar, exponiéndolo ante las inclemencias del clima y a que esto se pueda filtrar al subsuelo. En distintas ocasiones Comarsa miente sobre el volumen de residuos”.
Lo más importante es que “está todo registrado desde los ojos del Estado, hubo una connivencia muy fuerte en todo sentido, hubo también una connivencia desde el Estado provincial y municipal, que en el 2013 les cedió terrenos a un valor de $35 el metro cuadrado que en ese entonces era lo equivalente 1 kilo de yerba”.
Martiné destacó que desde el Estado nacional también hay responsabilidad “por ser autoridad de aplicación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El año pasado el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, planteó que la situación era alarmante, sin embargo, meses después el Estado nacional incluyó a las empresas petroleras en un nuevo plan de estímulo a la producción del gas como es el GasAr. Hubo una connivencia estatal sin grieta”.
El periodista dijo que en 2015 Comarsa debería haber iniciado un plan para retirarse de Neuquén. En cambio, “le habilitaron una nueva planta con terrenos fiscales en la localidad de Añelo, punto caliente de Vaca Muerta, pero no garantizaron el cierre y esa planta sigue funcionando”.
“Hoy las piletas de Neuquén están vacías pero el material sigue acumulado y están haciendo un tratamiento de biorremediación que significa mover el residuo. En Neuquén hay un déficit habitacional muy grande, hay permanentemente toma de terrenos, las vecinas de Casimiro Gómez -el barrio más cercano- dicen que no se puede respirar, es sofocante, no se pueden sacar el olor a hidrocarburo de la ropa”.
Por último, Martiné enfatizó que “hubo al menos 15 multas de la Subsecretaría de Ambiente cuando la gravedad de los hechos ameritaban la clausura. Las cinco multas más caras son las que Comarsa no paga, son cinco millones de pesos. La ley establece que por cada día de mora se cobra un 10% más, son alrededor de 500 millones de pesos”.
Siete proyectos de la agricultura familiar y la economía solidaria de Bahía Blanca recibieron financiamiento mediante un convenio entre la Red Nacional de Economía Solidaria de Cáritas y el Ministerio de Desarrollo Social.
“Fue una gran alegría”, dijo a FM De la Calle Marina Huentenao, integrante del área de EcoSol de Cáritas, entidad que el próximo fin de semana realizará su tradicional Colecta Anual. Se puede colaborar virtualmente desde este sitio.
El Banco de Herramientas y Materiales para la Emergencia Social seleccionó emprendimientos individuales -textiles y de construcción- y de grupos asociativos: la cooperativa de baldosas Las Flores de Spurr, Cocinando Ilusiones de Grunbein y Runtu Thani (huevos saludables).
Las maquinarias fueron recibidas a la par del aumento de la demanda que trajo la apertura del Mercado del Puerto. “Tuvimos que cerrar por las fases y eso nos desafió a pensar otros tipos de estrategias”, contó Huentenao.
Por ejemplo, en el caso de Runtu Thani “incorporámos huevos en bolsas que organizan otras instituciones, en dietéticas y mandamos a la zona mediante un proyecto de La Madrid que acompaña el INTA y vienen a comprar verduras los viernes”.
“Teníamos un fondo rotativo para comprar alimentos que ahora se tiene que reconvertir para ser capital inicial para arrancar esta planta. Estamos en esa transición, tenemos que hacer una compra para mezclar con el nuevo alimento, no se les puede cambiar de manera abrupta a los animales”.
Comentó que es posible “que la planta la trabajen tres productores, dentro del costo de esa bolsa de alimento va la mano de obra. Si querían, podían armar un proyecto asociativo entre ellos para generar un ingreso para sus familias. Decidieron que se pague la mano de obra y el fondo sea para compras del grupo, necesitan bolsas, hilos y otra infraestructura. Es la primera experiencia que hay en Bahía en esta escala”.
Huentenao destacó el seguimiento técnico del INTA, en la gestión de los gallineros y los insumos, y su complementariedad con la búsqueda de recursos y la construcción de acuerdos que realiza Cáritas.
“Logramos un intercambio y un punto de reflexión muy bueno: no es de manera individual sino que hay un componente colectivo. Es muy satisfactorio ver cómo, después de andar un tiempito, la gente descubre que la fortaleza y el crecimiento están en ir juntos y juntas pensando cosas”, dijo.
En Cocinando Ilusiones participan siete mujeres que suman, ocasionalmente, a otras cuatro. “Nos conocimos en plena pandemia. Elaboran todos los días, arrancan bien temprano. Pudieron sistematizar el trabajo, se organizan, tienen venta ambulante, otras cuidan a los hijos de las que salen, otras empaquetan o ponen etiquetas, se encargan de los números, de las compras de harina, etcétera”.
El Mercado del Puerto les permitió centralizar la producción y no tener que salir todos los días. La incorporación de un horno convector amplió la variedad de panificados que ofrecen.
El grupo produce parte de los panes de harina de trigo candeal que se comercializan quincenalmente en la Bolsa de las Producciones de la Agricultura Familiar. Otra parte los elabora Soledad Velázquez.
Panificados Sole recibió del Banco de Herramientas una amasadora y un horno pizzero. “Amasaba todo el día. La participación de Sole era reducida porque con el horno de su casa casi no dormía cuando había bolsa. Hoy, en una horneada saca 16 panes cuando antes sacaba cuatro” detalló Huentenao.
El local Reloj de Arena y la Feria del Puerto son otros puntos de comercialización de las producciones de la economía solidaria. En el caso de la cooperativa de baldosas Las Flores apuestan por el boca a boca y la difusión en redes.
Los proyectos que acompaña el área de Economía Solidaria están, mayoritariamente, integrados por mujeres. Las máquinas son propiedad de Cáritas Bahía Blanca durante los primeros diez meses. Luego, si las iniciativas avanzan en el camino previsto, pasan a manos de sus protagonistas.
“La llegada de las máquinas repercutió muy favorablemente en sus familias porque puso en valor su trabajo. Ven que no es que hace ‘unos pancitos’ sino que se proyecta, hay quien la acompaña, gente de Bahía que requiere el producto de su mamá o su compañera. Y en los grupos ahora todas piensan cómo crecer y tener acceso a un banco de herramientas”.
Huenteno destacó que “las vemos con un humor que en algunas ni conocíamos, volver a escucharlas reír a carcajadas es muy impactante porque tienen vidas muy complicadas, hay historias difíciles”.
Por otra parte, mencionó que el Banco de Herramientas “es uno de los ejes del Ministerio de Desarrollo Social. Tuvimos una reunión donde hicimos una devolución del proyecto y nos sucede que la gente beneficiada no se puede presentar en una segunda instancia”.
“Es verdad que las máquinas ayudan a mejorar y aumentar la producción pero después tiene que haber un sostenimiento, un segundo programa que fortalezca. Son unidades productivas que si bien venían funcionando, algunas quedaron de subsistencia durante la pandemia. Esto es un impulso importante pero no soluciona del todo la vida de la gente. Es muy replicable con un montón de mujeres y se hace en distintos lugares del país”.
Colecta Anual
En cuanto al dinero que recauda la colecta de Cáritas, Huentenao explicó que “los programas del Estado permiten gastar en determinados rubros y a veces se necesitan otras maquinarias. Ahí es donde los fondos de Cáritas nos permiten complementar los desarrollos o acciones que no están financiadas en ningún programa”.
“Se puede colaborar por Mercado Pago y también haciéndose socios, el trabajo es durante todo el año. Agradecemos a la sociedad porque desde el año pasado estamos en una colecta extendida que permitió sostener estos proyectos nacidos en pandemia”, concluyó.
En el contexto de crisis agravado por la pandemia, el economista Francisco Cantamutto detalló los argumentos planteados por la Multisectorial por una sobretasa extraordinaria para poder apoyar a los sectores más afectados. La iniciativa se presentó este jueves en el Concejo Deliberante.
Cantamutto, columnista de FM De la Calle, expresó que la alícuota “es posible, urgente y necesaria: los datos de pobreza y desempleo se sostienen y al mismo tiempo encontramos que diversos sectores no sólo se ven menos afectados, sino también en algunos casos tienen beneficios por la crisis. Subir algunas tasas existentes, no implica la creación de una nueva sino una recaudación pronta para girar los fondos a los sectores afectados que hemos encontrado”.
En este sentido, el integrante de la Multisectorial que lleva adelante la propuesta dijo que “es legal, existe en nueve municipios de la provincia. La discusión si es constitucional o no por una doble y triple imposición se cae porque no se cambia el hecho imponible sino que se modifica la alícuota”.
“Se ha señalado que las tasas que cobra el municipio tienen que tener como contrapartida una contraprestación específica. No se puede insistir con que el municipio cumpla esas funciones que tiene en las tasas ante una situación de crisis donde hay mayor demanda y menor aporte contributivo. Entonces, la idea de que tenga que cambiar e incorporar una contribución extra es un contrasentido ya que lo que estamos haciendo es que el municipio pueda cumplir con las funciones que debe cumplir”.
En relación a las y los ediles bahienses, Cantamutto comentó que “el propio Concejo Deliberante reconoció en al menos cuatro ordenanzas que existe una crisis que impacta de manera diferenciada, porque no exime del pago de tasas a todos los contribuyentes sino a sectores muy específicos, entonces reconocen que la crisis es asimétrica, que hay un estado de emergencia sanitaria, económica y alimentaria. Esto se inscribe en una situación que cuenta con todos los requisitos legales para avanzar de una manera rápida” en la alícuota que propone la Multisectorial.
El economista detalló que “los sectores a los que estamos apuntando en el cobro de la tasa, serían concretamente las entidades financieras que operan localmente, la actividad portuaria de gran escala que tuvo un excelente primer trimestre de la mano de las exportaciones del agro. No buscamos alcanzar ninguna PyME ni cuentapropista ni trabajadora ni trabajador”.
“Apuntamos a las superficies de comercialización grandes, no al autoservicio ni al supermercado sino a las grandes mayoristas, que le han ganado a la inflación, siendo los sectores que más han crecido. También al sector de telecomunicaciones que con la pandemia y el pase al teletrabajo ha tenido muy buenos resultados. Y además, alcanzar a las actividades que están insertas del polo petroquímico, en el Parque Industrial, que cuentan con diversas eximiciones y bien podrían hacer un aporte extra dado que ni siquiera atravesaron una crisis”.
“Por último, se suma el pago de una alícuota diferencial a los propietarios de múltiples inmuebles, de grandes extensiones rurales y a quienes habitan en barrios cerrados de altísimo poder adquisitivo”. Cantamutto afirmó que “la voluntad de la Multisectorial, es avanzar con argumentos claros y con velocidad”, e invitó a la reflexión: “Si alguien está dentro de estos sectores, que piense si su situación no es realmente más beneficiosa que el resto de la sociedad bahiense”.
