Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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“No nos gustaría que el sistema de salud colapse, esto nos generaría mucha angustia”, afirmó la Sociedad de Medicina Interna en un comunicado en el cual llama a la población a extremar los cuidados.
El presidente de la entidad, Matías Mirofsky, dijo a FM De la Calle que “si este fin de semana no tomamos los recaudos necesarios, las consecuencias las vamos a ver dentro de 15 días. Ese es el motivo por el cual el próximo mes va a ser muy crítico en cuanto al sistema de salud de nuestra ciudad”.
Agregó que “la situación es crítica y delicada porque la disponibilidad de camas en hospitales es muy limitada. Esto genera mucha preocupación de que la cantidad de contagios que se están reportando son bastante importantes para la región, la preocupación para esto es que las camas se saturen y nos quedemos sin”.
“Queremos hacer hincapié en el cuidado individual que es la única forma de evitar contagios, sabemos que hay gente que se está cuidando. Pero hay otro grupo minoritario que, al ser tan contagiosa la enfermedad, es el que hace la diferencia y genera este tipo de situaciones que vivimos”, destacó.
El médico señaló que “cada vez que se analiza un caso positivo, la mayoría de las veces informa que la semana previa había estado en una reunión social. Esos son los focos de contagios, 10, 15, 20 personas, siguen contagiando y se hace una gran bola de nieve que impacta gravemente en el sistema de salud porque un porcentaje va a requerir una terapia intensiva y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Las reuniones sociales hay que tratar de evitarlas”.
En relación a prolongar el aislamiento, Mirofsky dijo que “las cuarentenas prolongadas no tienen impacto y tampoco creo que un cambio de fase vaya a cambiar algo”.
Por otro lado, subrayó la necesidad de aumentar los testeos. “En Bahía estamos muy debajo de lo que realmente necesita la ciudad, el gran ejemplo fue CABA, donde el testeo fue muy importante, más de 2500 personas que salían a testear a las calles, contenían, hacían burbujas, aislaron barrios. Les fue muy bien, sumado al cuidado personal de cada uno. Necesitamos capacitar recurso humano que haga test y lugares que los procesen”.
“Necesitamos recursos económicos y humanos, si tenemos los test y nadie lo hace no sirve, si tenemos el recurso humano pero no los test no sirve. Es una cuestión de gestión buscar el recursos humano y decisión política ponerse de acuerdo”.
Así lo indicó la economista e investigadora del CONICET, Valentina Viego, quien desde marzo realiza un seguimiento de la evolución de las cifras que se publican en torno a los contagios de Covid 19 en la ciudad. Oficialmente fueron confirmados 4864 en lo que va de pandemia.
Destacó que el reciente blanqueo del Municipio del subregistro de fallecidos por la enfermedad dejó el total en línea con lo proyectado a principios de septiembre.
“En la tercera semana de septiembre iba a haber unos 15 fallecidos por semana, esto se cumplió. Saqué el cálculo de que tres semanas íbamos a estar en 20 fallecidos por semana. El día sábado chequee cómo estábamos y me pregunté porqué hay menos, dado que la tasa de letalidad es muy estable. La única posibilidad de que hubiera menos fallecidos era algún cambio en la estructura de edades y fallecidos. Finalmente nos enteramos que se debía a subregistro y la cifra se está cumpliendo”, explicó a FM De la Calle.
Detalló que “en Buenos Aires había 3500 casos perdidos, siempre ocurría que las cifras de SISA no tenían todos los casos que tenían los reportes locales, cada jurisdicción tenía que ir actualizando. Acá ocurre al revés, en el reporte local estaba con subregistro. Eso me llama la atención porque en teoría hay un responsable que llama diariamente a los hospitales y tenés la evolución de los casos”.
“Es cierto, no todas las personas fallecen en hospital pero son personas diagnosticadas porque si no no sabríamos. Y si fueron diagnosticadas la Secretaría de Salud tiene que hacer un seguimiento aún si no están hospitalizados. Ahí también hubo algo que falló, no solamente en la funeraria. Eso evidencia que en el sistema del seguimiento no funcionó bien”, afirmó Viego.
En relación al cálculo que se emplea para conocer las proyecciones comentó: “Tenés una tasa de letalidad del 2,5 y 3% de los confirmados que suelen fallecer, eso ocurre a las tres semanas. Si vos estás teniendo 100 casos por día por semana acumulas 700. Y si de esos sacas el 2,3% tenés la proyección de los fallecimientos que van a ocurrir”.
La investigadora señaló que “seguimos estando en el doble de casos, 2,2 es el factor de multiplicación. Estamos en el orden de los 10 mil contagiados. Se complican las proyecciones porque hay pocos fallecidos jóvenes, por suerte. Todavía hay pocos como para tener una estimación de los casos verdaderos”.
El gobierno comunal difundió anoche que encontró errores en los datos de fallecidos por Covid cargados en el sistema SISA y en la Sala de Situación del gobierno provincial.
El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, afirmó que “las medidas sanitarias no se modifican, lo que cambia es el impacto de mortalidad que genera la enfermedad”.
A nivel local se realizó un relevamiento de las notificaciones de las empresas funerarias y una revisión de las actas de defunción; y se controlaron en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) y en el SYNTIS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), las notificaciones y actas de defunción respectivamente.
Este entrecruzamiento arrojó que 30 personas fallecidas por Covid-19 no habían sido debidamente informadas en los sistemas oficiales. Asimismo, hay 5 casos más, que aun no pudieron definirse y se encuentran en investigación epidemiológica para determinar la causa del fallecimiento.
Los casos se dieron desde el 31 de agosto hasta el 7 de octubre de 2020, fallecieron 15 hombres y 15 mujeres, y el 97% fueron mayores de 60 años (sólo un hombre de 43 años). Hasta ayer el número de fallecidos por Covid-19 era de 120 personas, a las cuales deben sumarse siete pacientes que murieron en las últimas 24 horas.
En cuanto a la causa del error sostuvo que “el circuito del certificado de defunción es bastante burocrático. No todas las personas se mueren en un hospital. Con la firma del profesional se genera el certificado que pasa a la casa mortuoria y ellos lo presentan al Registro Civil y a partir de ahí se levantan los datos. En ese circuito intervienen muchos actores y es donde seguramente ocurrió esta falla de carga. Los últimos dos o tres meses, en los que se produjo este bache, coinciden con el aumento del número de casos, a mayor volumen genera mayor posibilidad de riesgo de error”.
La revisión de las cifras fue a partir de la confirmación por parte de las autoridades provinciales de la existencia de 3.523 personas fallecidas por Covid-19 que no se habían registrado en las estadísticas oficiales debido a un subregistro de información.
Esta situación alertó al Departamento de Epidemiología y Calidad del Municipio de Bahía Blanca el cual comenzó una búsqueda activa intensificada de casos confirmados de Covid-19 fallecidos, que no fueron notificados debidamente a las autoridades sanitarias.
Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca.
“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.
Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.
“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.
El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.
“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.
En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.
“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.
En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.
En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.
Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.
“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.
La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.
“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad.
Lo hizo luego de cuatro años de inactividad y ante un pedido de juicio político. Sin embargo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo rechazaron la invitación por entender que fue una jugada “oportunista” del magistrado. Tampoco asistieron la mayoría de los organismos de derechos humanos.
El secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle que consideran que la reunión “no existió, al no participar los tres poderes no hay ‘Interpoderes'”.
Más allá de los intereses de Rosenkrantz, el espacio “generaba la posibilidad de ir a disputar. Para nosotros no hay escenarios amigos, no hay gobiernos amigos. El gobierno decidió no ir, una táctica errónea porque en política cuando alguien dice no voy siempre pierde, y nos quitó la posibilidad de reclamar. ¿A quién le reclamamos? ¿A (Horacio) Pietragalla? Si no se hace cargo de nada”.
Agregó que “estamos enojados, aunque con la derecha no nos enojamos, a la derecha la combatimos. Programáticamente pedimos la ampliación de la Corte Suprema para terminar con esto, decimos que hay que cambiar la Corte, la Constitución, y no solo eso sino cambiar el Código Penal, los que pretenden corrernos sin ir a la reunión es una pavada”.
Al final, señaló Schulman, “terminó el día y Ronsenkantz sigue en la Corte, los juicios siguen hechos mierda y el gobierno no hace nada”.
El dirigente mencionó que “los procesos de Memoria Verdad y Justicia son responsabilidad del Estado argentino. Que el Ejecutivo siga mirando para otro lado o que el Legislativo pueda creer que puede estar ausente no lo convalidamos”.
“Están al margen de la lucha contra la impunidad, la impunidad no es poner al Sargento García que estaba tomando mates y torturaba un rato. En Bahía la impunidad es de los dueños de La Nueva Provincia, de Montezanti y de todos los jueces que lo avalaron durante años sabiendo que había participado del grupo de tareas que agredió a los estudiantes el día que habían protestado por el asesinato de Watu, de eso presentamos pruebas hace 15 años. La impunidad toca al poder real y por eso los que tienen alguna complicidad están asustados y los que no lo quieren enfrentar hacen estas cosas que hizo el gobierno con la Comisión Interpoderes que es funcional a que siga la impunidad”.
“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”, concluyó Schulman.
El Centro de Estudios Legales y Sociales concurrió al encuentro y detalló sus planteos en un comunicado. Advirtió que “la falta de compromiso que caracterizó estos años” incluyó “dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”.
La periodista Adriana Meyer, quien cubre la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro para Página/12, conversó con FM De la Calle sobre la nueva etapa de la causa.
“El uso del lenguaje nunca es neutro ni casual y se juega con esto del informe final de la autopsia como final de la causa. Es la antítesis. La causa, previo a la autopsia, había tenido un vuelco importante cuando empezaron a trabajar los fiscales Heim y Azzolin, hay nueva prueba que los querellantes prefieren no revelar porque está en marcha”, apuntó.
Meyer, quien publicó recientemente una nota de opinión titulada “Que parezca un accidente“, afirmó que “buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales. Algunos periodistas critican respecto de quienes investigamos lo de adherir a la posición de la familia: a la víctima hay que escucharla en serio”.
Respecto del hallazgo de ADN de Facundo en un patrullero, señaló que se trata de un cabello “que como no esta el bulbo, se puedo dar con ADN mitocondrial que corresponde a Cristina. Eso sumado a una certera identificación de los testigos de uno de los policías sospechados, una serie enorme de medidas que hacen a la querella estar esperanzada que se va a llegar al pedido de encarcelamiento e indagatoria de los sospechados”.
Meyer sostuvo que “hay que reiterar y machacar, ante enormes esfuerzos por encubrir, que el objeto de la causa desde que pasó al fuero federal es desaparición forzada. Pasa el tiempo y ves operadores periodísticos que responden a sectores de la policía y sectores muy conservadores del Poder Judicial que vuelven a a la carga con la hipótesis del accidente, que no fue descartada pero está muy abajo, la primordial sigue siendo la desaparición forzada de persona”.
En relación al informe de los resultados de la autopsia destacó que “hay tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente cuando la autopsia dicen que con lo que hay, un cuerpo desmembrado, sin carne, es decir, unos huesos y esqueleto incompleto, pusieron que fue una muerte violenta de asfixia por sumersión, pero no hay elementos para afirmar ni que fue un homicidio ni un accidente ni suicidio. La hipótesis de suicidio nunca fue hipótesis para los investigadores”.
“También es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros. Eso, según expertos que consulté, va a ser respondido en la investigación penal”.
¿Qué matices hay en el trabajo y el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Corte?
“Hay un primer cuestionamiento dicho por Creimer, que no hubo un ateneo, una discusión previa y cuando ella fue a la reunión el informe ya estaba redactado. Salvando eso, el día de la reunión tuvo discusiones fuertes respecto a algunas disidencias, especialmente con equipos de la Corte y de la justicia. No cargaría las tintas sobre el Equipo, así como son hiper profesionales y rigurosos, su capacidad empieza y terminan en una excelente identificación de huesos. Esta causa es mucho más que un conjunto de huesos”.
Agregó que “lo que cuestionaba Creimer no tenía que ver con el EAAF sino con la odontóloga que le dijo a la mamá de Facundo una cosa el día de la autopsia y después se desdijo. A las claras hubo presiones para que el informe dijera algunas cosas. Por lo que dijo Creimer, a ella también la querían presionar para que firme en conformidad, el lío se armó cuando ella dejó escrita su disidencia”.
Asimismo la periodista señaló que el hecho que la jueza no haya incluido esta firma en disidencia parcial de la perito de la querella en el comunicado entregado a los medios “no es neutral”.
“Me hace acordar a los 55 peritos de (el juez Gustavo) Lleral de la causa Maldonado, resultó que eran 26. No soy quien para cuestionar a un perito, pero hay cosas operativas. ¿Por qué la jueza omitió semejante cosa? La disidencia de la perito es lo que permite seguir debatiendo en la causa y que esto no sea un cierre”, señaló.
Meyer afirmó que “en la desaparición forzada el encubrimiento de la fuerza sospechada es parte del mismo delito. En la primera parte del expediente había solo versiones policiales. Cuando eso llega a la instancia que se agota la causa provincial y pasa a federal, un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía ven que hay elementos. Esos organismos no se meten si no ven claramente la intervención de la policía”.
(Por Nacho Urruspuru*) Dice el dicho que el humano es un animal de costumbres. Y se dice, también, que somos una especie que tiene la capacidad de adaptarse a todo. Es conocido el caso del soldado japonés que vivió por décadas dentro de un improvisado refugio sin enterarse que la Segunda Guerra Mundial había finalizado poco después de que él mismo decidiera confinarse a tal encierro. Piensen en esa capacidad de adaptación. Como el tipo se acostumbró a vivir día, tras día, tras día oculto en un lugar salvaje, inhóspito, inaccesible.
Años, décadas, en soledad viviendo una realidad que no era tal, lleno de miedos y esperanzas estériles a causa de una guerra en la que seguramente él no tuvo mucha responsabilidad. Se le presentó una realidad adversa y él se adaptó. Claro, tal vez un tanto exageradamente, pero el punto importante acá es que se supo adaptar, es decir, fue transformando lo extraordinario y lo excepcional en algo cotidiano, en algo normal.
Hirō Onoda se llamaba este soldado, falleció en 2014. Si bien la segunda guerra finalizó en 1945, no se rindió sino hasta 1974, después de haber pasado casi treinta años sobreviviendo escondido en medio de las selvas Filipinas.
¿Qué tan fuerte puede ser la capacidad de adaptación?, ¿A qué cosas, y a qué realidades nos podemos acostumbrar? Más allá de la compasión o de la ternura que nos despierte la historia de este soldado, uno puede más que pensar que estaba un poco loco pero ¿qué tan distinta es la historia de Hiro Onoda a la nuestra? ¿No sienten que nos estamos adaptando cada vez más a cosas que son inaceptables desde todo punto de vista?
Los pulmones verdes más importantes del planeta están siendo convertidos en cenizas mientras ustedes escuchan esta especie de editorial. Australia, el Amazonas, el impenetrable, el delta del Paraná y Córdoba todos lugares de enorme biodiversidad ardiendo para que gente con más dinero del que necesita pueda obtener mejores y más rápidas ganancias mediante emprendimientos inmobiliarios, plantaciones a gran escala de monocultivos, asentamiento de mega factorías de carne, explotación minera, etc…
Lo leí hace unos días y todavía no me repongo: en el ártico, en el desierto de hielo que es Siberia se descubrieron “Incendios Zombies”, son fuegos sin llama que se propagan por debajo de la tierra congelada, y están afectando a vegetación que hasta ahora jamás de los jamases había sido alcanzada por ningún fuego en la historia de la humanidad. Mejor ni empezar a hablar del deshielo en los polos. Mientras tanto la comunidad científica parece no ser del todo concluyente en relación a la existencia, o no, del calentamiento global. Los líderes mundiales y los organismos internacionales miran para otro lado, y en este contexto absolutamente apocalíptico la única persona con la capacidad de ver las cosas claramente y actuar en consecuencia y sin vacilaciones es una chica sueca, apenas adolescente y con síndrome de Asperger. A Dios gracias por Greta Thunberg. El resto, la mayoría de nosotros, preocupados por si en Fase 3 las cervecerías pueden abrir, o si Messi sigue en el Barcelona. ¿No somos un poco Hiro Onoda cazando algún bicho de la selva filipina para comerla en silencio no sea cosa que nos descubran los soldados aliados? ¿Cuántas veces escuchamos a la pasada en algún informativo cosas como que el 45% de la riqueza mundial es acaparada por el 0.7% de la población mundial? ¿O qué los 40 tipos más ricos del mundo concentran más riqueza que todas las mujeres del África? Alguno me dirá: Nacho estás hablando de problemas estructurales y de escala mundial. Cierto, por ahí no da para andar amargándose por cosas que están tan fuera de nuestro alcance (como lo era la finalización de la Segunda Guerra para nuestro amigo Hiro Onoda). Pero por algún lugar tenemos que empezar. El otro día presencié (virtualmente) un debate donde un trabajador de estas APPS de Delivery defendía la forma en la que lo estaban explotando: “Ellos (por la empresa) te avisan de entrada que no te van a hacer aportes, que no te van a dar un seguro, y que tenés que hacerte monotributista. El que quiere laburar gana plata, es una oportunidad”, decía este trabajador con claro síndrome de Estocolmo. Mientras tanto, la gente sigue pidiendo por esas apps porque le da paja cocinar, o ir a buscar la comida a la roti, o buscar un lugar de comidas donde no exploten a sus repartidores. Somos Hiro Onoda yendo a cagar lejos para que no nos quede el olor cerca del refugio, pero no tan lejos porque por ahí nos descubren los aliados.
¿Podemos acostumbrarnos a que exploten así a nuestros vecinos, amigos o hermanos?
Datos oficiales del Indec esta semana: Argentina: el 40% de las personas son pobres…..
En Argentina el 40% de las personas son pobres.
Acá, en Bahía Blanca: Más de 100.000 Bahiensas y Bahienses son pobres. 1 DE CADA 3.
Acá viviendo en nuestras calles, en nuestra ciudad, en nuestros barrios tenemos 14.000 indigentes, 14 mil.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos acostumbramos a escuchar estos números sin pensar en las personas y en las vidas que representan?
Como la historia de la rana que ponen en una olla a fuego lento y nunca se da cuenta del peligro porque se va acostumbrando a que gradualmente el agua esté cada vez más caliente.
Todos somos un poco ese soldado japonés, acostumbrándonos a la vida que se nos permite tener.
*Conductor de El Despertar de la Calle.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías anuló la elevación a juicio y la prisión preventiva contra Axel Moreyra, el joven acusado de ser autor de un robo con arma en la zona de El Pinar que nunca cometió y por el cual estuvo detenido durante más de treinta días.
Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba. El cuestionamiento central es que se probó que el imputado estaba en otro sitio en el momento del hecho.
El chico continúa en prisión domiciliaria hasta que se realice una audiencia con el nuevo juez, Guillermo Mércuri, quien deberá resolver teniendo en cuenta las definiciones de la Cámara.
Juan González, abogado defensor de la familia Moreyra, explicó a FM De la Calle que la decisión tomó en cuenta “una valoración de la prueba que habíamos presentado como defensores. Se hace una nueva resolución y determina la arbitrariedad de la jueza”.
“Nuestra hipótesis está basada en pruebas acompañadas en el expediente, hicimos una pericia ocular, se acercó la mamá al lugar, recorrimos la zona, vimos cámaras, el chico estuvo en otro lugar que no coincide con la zona en la que fue el robo. Las víctimas se comunican al 911 16:06 cuando tenemos registrado a Axel en calle 14 de Julio, cerca del cementerio, donde iba caminando con su hermana. Las cámaras lo registran a las 16:02, es imposible que el joven esté en dos lugares al mismo tiempo. Esa prueba no se valoró correctamente ni por la fiscalía ni por la jueza”.
González aseguró que les llamó la atención “porque hemos presentado testigos y pruebas. La geolocalización de celulares la pedimos y nos la negaron”..
Señaló que “con lo que ya surge con la carga de prueba de la fiscalía y con la de la defensa, creemos que no existe la probabilidad positiva que se requiere para que una persona tenga un grado de sospecha para aplicar preventiva y llegar a juicio”.
El letrado agregó que “Axel es inocente hasta que se demuestre lo contrario con sentencia firme y con un juicio justo. El proceso llevado a cabo por el Ministerio Publico Fiscal ha carecido de esto. Si alguien levanta una acusación que tiene una pena de 5 a 15 años de prisión, mínimamente tiene que ir a hacer una pericia ocular. ¿Cómo no puede salir a buscar testigos? ¿Cómo no va a ir hasta el lugar”.
“La familia está muy mal, están viendo esto como una pesadilla, ahora el está en modalidad domiciliaria, no sale de la habitación. Esto es un tema que genera un trauma, Axel es un chico que nunca pisó una comisaría, que no tiene antecedentes. Esta situación la están viviendo con muchísima angustia”, concluyó.
La Unión de Músicos y Músicas del Sur, la Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independientes renovaron sus críticas hacia las autoridades municipales tras la confirmación de que los fondos del área no fueron utilizados para la emergencia sanitaria.
“Era el argumento que nos dijo (Morena) Roselló. Estamos en octubre y del presupuesto de Cultura, de más de 300 millones de pesos, no hay nada direccionado a la pandemia”, comentó a FM De la Calle Cecilia Epherra.
Las organizaciones denunciaron que “reviste una gravedad inusitada el accionar descripto, dado que no se informa sobre los dineros públicos destinados al presupuesto del Instituto Cultural y se demuestra que fue una decisión NO EJECUTAR estas partidas dejando al sector lisa y llanamente abandonado. Ese dinero tiene destinos específicos por ordenanzas y al día de hoy NO SE SABE DÓNDE ESTÁ”.
Epherra afirmó que la política cultural del gobierno de Héctor Gay “se viene dando con un tono criminal porque deja sin contención alguna a los y las trabajadores de arte y al cultura”.
Para UMSur fue irresponsable la decisión municipal de otorgar “permisos precarios” para actividades que involucran el quehacer musical. “Dichas actividades no estaban autorizadas según el protocolo provincial sino para localidades que se encontraran en fase 5. Nuestra ciudad no sólo se encontraba en fase 4 sino que, precisamente por esa política de apertura indiscriminada, aumentó los casos de manera exponencial, al punto del límite del colapso sanitaria, según han denunciado los y las profesionales de la salud”.
“¿Quién se haría responsable de la situación de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? ¿Qué ART ser haría cargo de su suerte? ¿Quién iba a suministrar los instrumentos sanitarios? ¿Dónde el transporte seguro que prevé la normativa provincial? ¿Qué protocolos específicos según el instrumento musical del cual se trate? ¿Cómo se aprueba un protocolo si no se consulta a la organización gremial del sector en cuestión?”, se preguntaron.
Epherra aseguró que “la salud es un concepto integral que involucra a la cultura, la estrategia que propuso el sindicato a comienzo de la pandemia fue desarrollar una política pública y que el municipio invierta en una estrategia integral: contención desde lo económico para trabajadores y contención de la salud mental. De esta manera se estaría dando fuentes de trabajo y creando contenido para generar producciones locales que den acceso al arte a la comunidad”, agregó.
En cuanto a los protocolos para la vuelta de la actividad musical cuando la situación epidemiológica lo permita, explicó que “los casos son diferentes porque depende muchísimo de cómo es el instrumentado y los recursos. Los protocolos que tomaban del modelo de provincia involucraban mucho despliegue que acá no se aplicaba, el traslado hacia el lugar de trabajo, si usas transporte público, etcétera. En Bahía hubo casos de técnicos diagnosticados positivos, hay responsabilidad del Municipio por no proponer un protocolo claro”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó el aumento salarial del 14% propuesto por el Gobierno bonaerense para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública.
El secretario general Oscar De Isasi explicó en FM De la Calle que con la oferta de ayer la cifra acumulada durante el año suma un 28,5% de aumento.
“Veníamos planteando la necesidad de no perder a manos de la inflación. Otro aspecto es la recuperación del poder adquisitivo que perdimos con Vidal. Hubo un compromiso de abordarlo en la negociación 2021, no solo en el aumento del año que viene sino en la recuperación”.
“El otro tema es el abordaje especial de los salarios más bajos, en Salud, Educación, Niñez, Patronato, en Desarrollo Social cuya hora de bolsillo tiene menos valor que otros compañeros que están bajo la misma ley pero que tienen bonificaciones especiales”, señaló.
De Isasi agregó que “se le inyecta 1500 pesos de bonificación permanente a los auxiliares, con lo cual se eleva el porcentaje, y en diciembre se incorpora por única vez 2 mil pesos para aquellos trabajadores que no llegan a los $33.780 de bolsillo en el salario que es el equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil. Se va a plantear que quede fijo en el salario”.
Por otro lado, señaló que “se acordó el aumento del pago de asignaciones en el 30% para quienes tienen hijos o familiares a cargo”.
En relación la pandemia, señaló que “no impide que discutamos nuestros derechos, tenemos un consenso que no teníamos 4 años anteriores. Hay un romance que nos pone en mejores condiciones para legitimar los derechos, este acuerdo salarial abre una puerta, nos permite avanzar”.
Por último, respecto a la vuelta de clases mencionó que la postura del gremio es “seguir la guía de la cartera sanitaria en Nación y provincia las cuales evaluarán si están dadas las condiciones. La guía tiene que ser la cuestión sanitaria y protección de trabajadores y pibes y pibas”.
“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.
Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.
Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.
En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.
Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.
González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.
En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.
Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.
Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.
A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.
Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.
Vecinos y vecinas de las Asambleas Ambientales de Punilla denunciaron penalmente al gobierno cordobés porque “hubo un abandono total” desde el comienzo de los incendios.
“Hemos denunciado penalmente al gobernador, Juan Schiaretti, por el mal uso de su poder para convocar a otras fuerzas de combatientes de incendios a nivel nacional”.
“Todavía no entendemos porqué esperó un mes para hacerlo cuando los que estábamos viendo el fuego, veíamos que los bomberos estaban totalmente agotados, que también es un riesgo para ellos y para los vecinos. De hecho, fallecieron dos personas en los últimos días”, dijo a FM De la Calle la asambleísta Sofía Echenique.
Afirmó que Córdoba vive un “ecocidio”. “Estamos viendo en vivo y en directo la devastación de las tierras por los incendios y una degradación que viene de años con emprendimientos inmobiliarios y obra pública mal hecha. Realmente es una asesinato a la naturaleza. Desde el Plan de Manejo del Fuego se ha protegido a los inmuebles pero han librado al monte de esa protección, no considerándolo como el bien común más importante que tenemos en la provincia más allá de lo material valuable”.
Echenique remarcó la falta de contención del fuego por parte de los bomberos, sin embargo, destacó que “no es la responsabilidad del personal voluntario sino de órdenes de la cúpula de bomberos, defensa civil o del gobierno provincial”.
“Hubo un abandono que llevo a esto, a que fallecieran dos vecinos nuestros. En este marco de reclamos pedimos formación de brigadas voluntarias forestales. Los bomberos que vienen porque el monte se está quemando, la mayoría no tienen formación en combate del fuego forestal y esto es fundamental para decidir o no cuanto avanza un fuego”.
“Las personas idóneas comentan que hubo un manejo estratégico totalmente fallido de estos fuegos, eran evitable en cuanto a la magnitud, hemos perdido 200 mil hectáreas de bosque nativo”, agregó Echenique.
La asambleísta abonó la teoría del origen intencional de los focos: “En algunos han localizado a las personas que supuestamente fueron las que lo iniciaron, pero la prueba de esto está en que en estos mismos días en que el monte se estaba quemando salieron publicitando venta de terrenos y loteos”.
“El valle de Punilla ha dado una resistencia ambiental muy fuerte y creemos que no quieren tener el costo social y político de desmontar con una topadora y lo hacen con fuego, después pueden decir acá no había bosque. Hay leyes que protegen y el bosque quemado sigue siendo bosque por más quemado que esté hasta que se regenere”, concluyó.
Desde hoy y hasta el viernes se desarrolla de manera virtual la séptima edición del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Organizado por el Programa Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, apunta a “poder debatir problemáticas que atraviesan el encierro y contrarrestar enunciados hegemónicos históricos de las personas privadas de su libertad”.
“Esta séptima edición estará abocada a pensar los efectos de la pandemia en la cárcel y la escritura. La programación incluirá paneles temáticos, presentación de libros, lecturas, exposiciones de publicaciones (revistas, libros) y material audiovisual hecho en la cárcel, microintervenciones y una feria virtual de productos elaborados por cooperativas y proyectos sociales de familiares de detenidxs y personas liberadas”, señalan en la convocatoria.
Cynthia Bustelo, integrante de la coordinación y docente del Programa de Extensión en Cárceles, señaló a FM De la Calle que “el trabajo en estos meses fue muy complicado. En las cárceles federales no tienen permitido utilizar celulares ni tienen Internet”.
“Eso generó una desigualdad y la imposibilidad de continuar. Enviamos material a distancia, cuadernillos impresos, que intentamos que se socialicen en los pabellones. Pero eso baja a pocos estudiantes, se hace un acompañamiento pedagógico pero no podemos decir que haya cursada”.
“Venimos pensando y trabajando hace mucho estas cuestiones, pensamos la escritura como algo más amplio, como un acontecimiento, una intervención, de recordar, de sobrevivir y resistir el encierro. La escritura deja marcas, huellas y tiene muchas posibilidades. Es una herramienta fundamental que venimos viendo a lo largo de este trabajo que ya lleva más de 15 años en la facultad de filo y letras”, señaló Bustelo.
Por último, en referencia a la pandemia dentro de los penales, comentó que la prohibición de visitas “es y sigue siendo uno de los mayores inconvenientes y padecimientos de la pandemia. Por perder el lazo social en un punto y porque la visita juega un rol fundamental en la supervivencia de las personas detenidas. Adentro hay muy poco, estuvimos haciendo campañas intentando acercar elementos de higiene porque no tienen nada. Cuestiones que son estructurales, que no se van a resolver ahora y que no este la visita es un padecimiento”.
Tras una reunión con Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, los concejales del Frente de Todos, Walter Larrea y Luis Calderaro, presentaron un proyecto de ordenanza para adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano.
“Lo que busca es que el gobierno municipal adhiera e implemente la creación de bancos de suelo, un registro de suelos de dominio público ya sea municipal, provincial o nacional y que el Municipio vaya apropiándose de un número de lotes que están ociosos y abandonados y que en muchos casos tienen un fin especulativo”, comentó Larrea a FM De la Calle.
Agregó que “esto posibilitaría que el Municipio pueda desarrollar una política habitacional y que tiene que ser programada, planificada, contemplar que los lotes a urbanizar tienen que ser con servicios básicos, apuntando a construir una ciudad justa, inclusiva y para muchos sectores de la informalidad que no califican como sujetos de crédito para programas destinadas a otros sectores, planes PROCREAR u otras líneas comerciales”.
Larrea mencionó que “la toma de tierras no es la solución ni la respuesta más eficaz. Del mismo modo la penal no es la respuesta para la ocupación indebida de tierra. Tendríamos que discutir si la ocupación de lotes abandonados constituye un delito”.
“Para mí la ocupación de tierras ociosas no encuadran en el delito de usurpación calificado en el 181 del Código Penal e incluso las respuestas de desalojo o de expulsión de los ocupantes no estarían contemplando recursos y soluciones que tiene la justicia enmarcados en los propios códigos”, señaló.
Por último señaló que “la respuesta punitiva de aplicar el Código Penal y el desalojo como respuesta única lo único que hace es generar más conflictividad social”.
(Astor Vitali) El tema de las tierras en Bahía Blanca es un asunto circular. Aparece la oportunidad de obtener un pedazo de tierra por parte de un grupo de familias que tienen la necesidad básica insatisfecha. Tímidamente, de manera muy educada, ponen el cuerpo sobre terrenos que generalmente son de carácter fiscal. Aparece la policía. Reprime. Aparece la solidaridad de las organizaciones populares. Contienen y brindan herramientas. Memoria histórica de las luchas populares. Aparecen los oportunistas económicos y políticos que buscan algún objetivo partiendo de oscuros intereses. Aparece algún abogado que no se olvidó de la idea de Justicia ni de la del concepto de derechos humanos. Aparecen dos o tres artículos moralistas que se alarman de que habría gente que busca “hacer negocios” (sic) a través de la toma y pone algún ejemplo aislado para descalificar a las miles de familias que no tienen más opción. Le dan argumentos a los últimos que aparecen: aparecen gobernantes que extorsionan con quitar lo que llaman “beneficios sociales” que no son otra cosa que derechos básicos como un aporte universal magro para quienes han caído en las redes del desempleo estructural (responsabilidad de esos gobernantes y sus socios del sector privado que –entre otros- se dedican a la timba inmobiliaria). Lo que no aparece nunca es un plan político concreto que busque afrontar el déficit estructural de vivienda que sufre la ciudadanía bahiense (y decimos “ciudadanía bahiense” porque es menester recordar que hablamos de ciudadanos y de ciudadanas desprovistos de la posibilidad del ejercicio de su derecho a la vivienda).
Pero el círculo encierra la realidad de que Bahía Blanca es una ciudad con veinte mil nuevas personas bajo la línea de pobreza, gran concentración de la riqueza, especulación inmobiliaria y políticas de vivienda a medidas de lobby de turno. Lo que conjuga una sentencia de decenas de miles de familias a vivir en condiciones de hacinamiento.
Con el cinismo que les caracteriza, desde el oficialismo local sostienen que “no hay personas en situación de calle” según los sondeos que realizan desde la invisible oficina de políticas sociales. De esta forma, construyen la idea de que las tomas no se producen por necesidad ya que no “no se ve gente en la calle”. Esa lectura contiene un carácter cínico extremo porque los funcionarios son plenamente conscientes de que miles de personas se encuentran hacinadas en viviendas sobrepasadas, en pésimas condiciones y que, frente a las malas políticas de vivienda, esas personas tienen dos posibilidades: seguir viviendo quince personas en una vivienda funcional apenas para cuatro o buscar la manera de obtener un terreno para construir.
De más está decir que la fiebre de la epidemia inmobiliaria ha generado una fantasía de precios en dólares que hace totalmente inaccesible para una persona en la ciudad -salvo que se encuentre en un sector privilegiado-, la adquisición de una vivienda por vía habitual del mercado. Un departamentito de una habitación tiene –para la chifladura del mercado inmobiliario- un valor de entre ochenta y ciento cuarenta mil dólares. ¿Cómo hace un tercio de esta ciudad cuyos ingresos mensuales apenas llegan a percibir (y gastan en cuestiones de supervivencia) lo relativo a un billete de cien dólares para pensar en obtener una vivienda? El mercado inmobiliario es excluyente.
Entonces, a partir de una práctica cultural histórica sobre la que se han desarrollado muchos barrios bahienses, los ciudadanos y las ciudadanas se organizan, buscan un macizo fiscal y dicen: “necesitamos acceder a una vivienda. Queremos pagar por ella un precio que podamos pagar”. Allí empieza el círculo con el que comentábamos este comentario.
El hostigamiento público que el gobierno impone, las operaciones de inteligencia, el amedrentamiento policial, el oportunismo de algún puntero de que trabaja para los gobiernos, la necesidad de seguir laburando para sobrevivir hacen que, en algunas oportunidades, las tomas no cumplan con su objetivo. Hasta que comienza nuevamente el círculo porque la situación de pobreza estructural no se soluciona y la población crece.
Desde esta óptica, es imposible que no haya tomas en la ciudad. ¿Cómo no va haber personas buscando dónde construir su vivienda si hay miles de familias sin vivienda? ¿Qué tipo de locura nos lleva a pensar que la cosa pueda ser de otra forma en tanto la situación general no se modifique? ¿Qué tipo de enajenación hace que las personas que tienen resuelta su situación de vivienda soslayen algo tan básico y condenen –con ese temor del que nace el fascismo, segundos antes de verse reflejado como par en la pobreza- a quienes no tienen la oportunidad de resolverla?
Las tomas, además de pacíficas, no se entiende muy bien por qué representan una amenaza para los cruzados de la propiedad privada porque en el centro del planteo está siempre la idea de: “queremos pagar por nuestras tierras”. ¿De qué se asustan? Ni siquiera se trata de un reclamo en sentido socialista –perfectamente válido- que promueva la distribución de tierras ociosas por el mero hecho de estar ociosas y de que hay personas que deben acceder a su derecho a la vivienda. Ni siquiera es un planteo de esas características. ¿De qué se asustan? El perro pequeño burgués se muerde la cola pero, mientras tanto, se va cagando en lo que le rodea.
La dirigencia política que se autoproclame progresista no puede tener una posición ambivalente en este asunto. Ante la toma de tierras nada impediría –sobre todo cuando se trata de tierras fiscales- que la dirigencia progresista se pare con claridad en la vereda del reclamo. Deberían explicar a la comunidad de qué se trata el tema, para deshacer la costra argumentativa que dejan los medios de principal llegada, confundiendo y vilipendiando a los más humildes y las más humildes. Nada impide que se instalen, por ejemplo, en el lugar para proteger a esos ciudadanos y a esas ciudadanas de los abusos policiales, para garantizar el derecho a la salud. Nada impide rechazar de plano la horrible extorsión de quitarle los subsidios universales si no se retiran del reclamo.
Si donde hay una necesidad hay un derecho, donde haya una toma debería haber un piso de acuerdo político de las fuerzas progresistas para representar cabalmente ese reclamo de manera concreta. El poder ejecutivo se ejerce pero eso no invalida la acción política directa de las distintas fuerzas “vivas” de la ciudad.
No hay salida de este esquema, de este círculo, insistiendo en las mismas fórmulas. Hace falta un plan concreto de urbanización que tenga en cuenta los criterios arquitectónicos que pueden proponer profesionales existentes en esta ciudad que tiene universidades, el desarrollo de cooperativas de construcción, el articulado con la vida cultual, agroecológica y todo lo que conlleva la construcción de hábitat Discutir un plan orgánico para afrontar la totalidad del déficit de vivienda en un plazo razonable es la única salida. Cualquier otra cháchara sostiene un círculo que aprieta el cuello de quienes no tienen más herramientas que sus pies sobre la tierra.
Los anuncios económicos realizados la semana pasada por el gobierno nacional se inscriben en el marco de la presentación del Presupuesto 2021 y la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional que comienza este martes.
El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó las medidas y repasó quiénes son los ganadores de las negociaciones.
“Lo que apuró la decisión fue la caída de las reservas Banco Central. En este momento las reservas de libre disponibilidad están en torno a 6 o 7 mil millones de dólares y, a raíz de esta imposibilidad de frenar la fuga, se incorporó el endurecimiento de los controles de cambio y aun así no se detuvo la salida, con lo cual tuvieron que salir a ver como frenarla”, afirmó.
Ante este cuadro, el gabinete económico anunció:
1- Reintegros a las exportaciones, “devoluciones de saldos pagados sobre todo por pequeños productores. Esto estaría llegando a la producción de mediana escala. Al sector minero le reducen las retenciones de 12 al 8%. Al sector sojero se les reducen las retenciones de manera temporal, se le reducen más a la exportaciones de granos de aceite que a las de soja”.
“El lobby agroindustrial también cerró el compromiso de discutir una ley de estabilidad fiscal de los impuestos durante 5 o 10 años”.
Cantamutto afirmó que “el lobby minero logra que le bajen las retenciones. El kirchnerismo, después del conflicto del campo, consiguió un interlocutor que le permite sortear el conflicto con la Mesa de Enlace. Se conformó una Cámara de Agroexportadores liderados por las aceiteras que, sin dejar de ser un sector industrial, puede tomar medidas de fomento hacia el agro, maquillado como política industrial pero que no arrastra los conflictos con la Mesa de Enlace”.
“Esto viene a ser un pacto, puede ser efectiva la medida porque era momento de liquidar divisas, salir a vender soja para solventar la campaña que sigue pero, además, porque esto fue negociado, hay un acuerdo político para conseguir esas divisas de manera más o menos veloz. Esto le daría aire justo para cuando viene el Fondo a negociar”, destacó .
2- Apoyar el desarrollo de cadenas industriales, “sobre todo automotriz, esto implica al mediano plazo impulsar las exportaciones industriales atadas a la de economía del conocimiento”.
3- Beneficios impositivos para estimular la inversión en la construcción: “Captar dólares de ahorro y que sean invertidos en el sector. Al mismo tiempo se envían dos proyectos de ley para apuntalar el desarrollo, un sistema de crédito hipotecario y de construcción de vivienda popular. Puede ser una nueva alternativa para impulsar el crecimiento y atraer dólares”.
4- En lo que tiene que ver con frenar la corrida del dólar, crean un nuevo título público, “que se conoce como Dólar Linked, que significa atado a la cotización del dólar, con lo cual podés invertir y cotizar en pesos sin perder contra el dólar. Los bancos tienen incentivo a prestar en este sentido y después comprar bonos del Estado”.
