Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Marcelo González identificó ante la justicia a tres de los cuatro policías de Villarino que lo agredieron y amenazaron para que asumiera la responsabilidad de algún delito contra Facundo Castro durante la búsqueda del joven de Pedro Luro.
A partir de la difusión de los rostros de los policías implicados en el caso, el testigo reconoció a Sosa y a Jana Curuhinca. Se trata de los efectivos que el 30 de abril infraccionaron a Facundo por violar la cuarentena. Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo”, dijo a FM De la Calle.
González declaró en la Fiscalía Zonal de la dra. Leila Scavarda, en una investigación desprendida de la causa que tramita la justicia federal. La Comisión por la Memoria gestionó un habeas corpus en su favor por la persecución policial que padecía en Buratovich. “Pude salir de Villarino, estoy con custodia. Estoy esperando que este problema se resuelva para retomar mi vida habitual”.
“Entré a mi Facebook, vi la publicación y pude reconocer a uno de los policías. Es el que me llevó en el móvil esa noche que supuestamente me iba a allanar mi casa, ese tal Sosa”, aseguró.
González recordó que el 26 de junio fue convocado a la Comisaría de Mayor Buratovich donde “recibí un apriete de cuatro policías. Me tienen hasta las 23 y me dice el jefe de Pedro Luro (Fernando Grilloni) que tenía que esperar a un móvil que supuestamente eran los agentes que tenían que revisar mi casa. Llegan, una mujer policía que la puedo identificar pero que no vi fotos y este muchacho que vi en la publicación en Facebook”.
Grilloni “me amenazó que me iba a pegar, es la persona que más puedo identificar porque fue la que me hizo pasar un momento muy malo”. Por otro lado, identificó a Jana Curuhinca: “Estaba caminando en el pasillo, nerviosa, preocupada y me observaba muchísimo. Estuve 15 minutos sentado, iba y venía todo el tiempo. En la declaración pude comentar esto. Me parecía rara la actitud por cómo se comportan los policías”.
A diferencia de lo ocurrido en casa de su hermana en Bahía Blanca, en su caso el allanamiento ilegal “no llegó a concretarse porque estaba con mi grupo familiar en mi domicilio y vieron que había mucha gente de testigo”.
Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo. Se quedaron 5 minutos frenados con la patrulla frente de casa, se ve que tuvieron una comunicación por teléfono y se fueron”.
La cacería de Sosa
González afirmó que anteriormente había tenido contacto con Sosa. “A principios de abril me agarraron en cuarentena porque Villarino estaba en fase 1. Esta misma persona me llevó a la comisaría, me labraron el acta y me tuvieron dos horas en un calabozo encerrado a mí y a mi sobrino. Yo en su momento no lo hice público, se me pasó por alto”.
“Ellos te veían en la calle y te metían adentro de la patrulla. Me llevaron, me sacaron todas mis pertenencias, el celular, los documentos. Me sacaron todo como si fuera un delincuente. Me metieron en un calabozo, le pusieron una esposa a la puerta para que no pudiera salir. Me tomaron fotos de frente, de espalda, se reían, se burlaban. Me han tratado muy mal. Por suerte los pude identificar e hice la denuncia correspondiente”, detalló.
González agregó que a su sobrino “le hicieron preguntas de todo tipo, le preguntaron si consumía droga, si tomaba alcohol, preguntas que no venían al tema, se supone que nos agarran porque estamos rompiendo la cuarentena”.
En aquella ocasión, antes de liberarlo, “fueron a constatar mi domicilio, charlaron con mi mujer y me llevaron con la patrulla. Me dijeron que tenía que quedarme sin salir a la calle por 15 días y tuve que cumplirlos sin poder salir porque si me agarraban de vuelta me meterían preso”.
La detención fue días antes de la desaparición de Facundo: “Estaban cazando gente, salían a buscar gente, los cargaban en la patrulla, los dejaban dentro de un calabozo. Como se porta la policía en Villarino deja mucho que desear. Yo no sé si algún funcionario público sabe”. González mencionó que su problema “no es con la policía en general” sino que “estoy en contra de estos cuatro que fueron los que me hostigaron y me amenazaron”.
Cristina Castro declaró este martes por primera vez ante la justicia federal en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo.
El testimonio fue por videoconferencia desde Pedro Luro y fue escuchado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin. Por pedido de Cristina al Procurador General de la Nación no participó Santiago Ulpiano Martínez.
La madre del joven describió cómo, desde el inicio de su búsqueda, fue hostigada por efectivos de la Policía Bonaerense y desoída por el titular de la Ayudantía Fiscal de Médanos, Ariel Dimas García. En el ámbito judicial el maltrato y la falta de consideración a la víctima continuaría mediante el fiscal Martínez y algunes de sus funcionaries.
Castro logró asentar la denuncia el 5 de junio luego de insistir ante efectivos de la Comisaría de Pedro Luro. El comisario Fernando Grilloni fue el primero que tuvo a cargo la supuesta pesquisa aunque permanentemente repetía que Facundo estaba en Bahía Blanca y apuntaba que la ex novia y su entorno lo tenían escondido.
“¿Qué hacés vos acá?”, fue lo primero que le dijeron en la comisaría a Luciano Peretto cuando asumió la defensa de Cristina. Mientras tanto, Grilloni encabezaba los allanamientos ilegales en la casa de la ex novia de Facundo. Por la noche se presentó en la estación de servicio en la cual trabaja la mujer y amenazó: “Me importa un sorete lo que digan las redes sociales pero fijesé lo que están diciendo porque nos están pegando por todos lados”.
Grilloni dijo que desconocía la infracción que habían labrado a Facundo, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, por violar la cuarentena. “No le quedó otra que averiguar” y terminó mostrándole la foto de su hijo junto al patrullero, la misma que luego le esconderían hasta su filtración mediante La Brújula.
Castro recordó que un jefe policial le presentó a Siomara Flores en la comisaría: “Esta piba es la que llevó a tu hijo de Buratovich a Origone”. “Sí, lo llevé hasta allá”, dijo mirando al piso. Flores todo el tiempo estaba con un superior de apellido Catalán a su lado.
La madre de Facundo relató la obstrucción policial del ingreso a Buratovich y a Origone en el marco de los rastrillajes realizados a mediados de junio y las amenazas de Pablo Reguilón. “Ustedes no tienen nada que hacer acá, tienen que ir a Origone”, gritaba el subcomisario.
Cuando estaban en el acceso a Origone se les acercó corriendo Alberto González. El policía repetía que había parado a Facundo, que no tenía el DNI y por eso había fotografiado su carnet de conducir y mencionaba la dirección a la que se dirigía. “Delante de todos dijo que vio cómo se alejaba caminando”, afirmó Cristina. Días antes había declarado que Facundo había sido levantado por una Duster Oroch.
Al rato llegó en un patrullero de Médanos el jefe policial de Villarino, Marcos Navarrete, junto al oficial Berrios. “Le dije a Luciano: a mi flaco me lo mataron acá, ese que viene ahí es el diablo en persona, es el mismo oficial que ha maltratado y hostigado a los chicos del Semillero Cultural donde asistía Facundo”, afirmó la mujer.
En otro rastrillaje, los propios Bomberos Voluntarios de Pedro Luro que participaban con sus perros advirtieron que “algo raro” estaba pasando. Castro fue sola en esa ocasión aunque un oficial de apellido Pérez se encargó de marcarle el paso al ritmo del verdugueo policial. Era el mismo que luego aparecería en la Shell para provocarla: “Estamos gastando un montón de tiempo y recursos en un pendejo que no vale nada”.
Finalmente, Castro pudo contar a Heim y Azzolin detalles de la causa tras su paso a la justicia federal: los obstáculos y la desatención por parte del fiscal Santiago Martínez, las filtraciones de datos sobre testigos de identidad reservada y la introducción de la Testigo H mediante dos de los policías bonaerenses sospechados.
El referente de la CORREPI, Ismael Jalil, dijo a FM De la Calle que si la respuesta al levantamiento de la Policía Bonaerense “va a ser agregar 10 mil tipos más a la fuerza con millones de pesos y no modificar las cuestiones de fondo que dan origen a la desigualdad, estas cosas van a suceder y son típicas de una contención policial antes que social”.
“Hay que desvincular rápidamente cuestiones de reclamos laborales que lleven a hacer pensar que el policía es un trabajador. Más allá de que las condiciones de su prestación tengan algunas herramientas típicas como remuneración, jubilación, obra social, en la concepción íntima de la función policial no existen condiciones propias de trabajadores”.
Jalil mencionó que la diferencia principal “es que es un funcionario que tiene un rol de trascendencia social, que además le impide hacer lo que está haciendo, no tiene la misma capacidad de negociación que el resto de los trabajadores reales porque no son eso”.
“Supongamos que fueran considerados trabajadores, por lo tanto, tienen derecho a huelga y sindicalizaciones. Mañana salimos a discutir los trabajadores una medida de fuerza, ellos van a estar en la discusión. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué van a hacer ustedes de un lado de la valla y qué vamos a hacer nosotros del otro?”.
Advirtió que “detrás de todo levantamiento de las fuerzas de seguridad con el maquillaje del reclamo genuino, lo que se esconde es una movida política seria”.
Respecto de la conducción política de las fuerzas, el abogado destacó que “al frente de un ejército como termina siendo la policía con 92 mil efectivos armados -que en unos días se transformará en 102 mil- tenés a alguien como Berni que lejos de conducirla con criterios de civilidad lo que hace es pactar y hacer la vista gorda mientras no se levanten. Ese tipo de conducción de ceder y conceder permanentemente termina siendo un aval para estas fuerzas caracterizadas históricamente por tener estas reacciones”.
“Se está hablando de 38 mil millones de pesos destinados al área de seguridad, estos muchachos quieren su parte. Yo creo que el aumento que anunciaron ayer ya lo tenían previsto. De algún modo, esto abre la discusión para discutir un piso salarial para posicionarse en mejores condiciones”, comentó .
Por último, mencionó que “el modelo en discusión es que en una situación tan grave y crítica que dejó el gobierno de Macri y su banda, la cual se ha potenciado con la pandemia, ha tenido como respuesta el modelo policial y no de contención social. Si la respuesta va a ser agregar 10 mil tipos más a la fuerza con millones de pesos y no voy a modificar las cuestiones de fondo que dan origen a la desigualdad, estas cosas van a suceder y son típicas de una contención policial antes que social”.
Familiares de una paciente del hogar Solar del Rosario, fallecida por Covid 19 el 23 de agosto, advirtieron que las autoridades no aplicaron los protocolos necesarios para prevenir contagios.
La institución ubicada en Rosario 1998, es propiedad de Gustavo Mena y Máximo Sánchez y aloja a personas con discapacidad. Hubo 25 casos positivos y dos víctimas fatales.
Paola y Pablo Galavotti relataron a FM De la Calle que la situación fue denunciada ante el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, la titular de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Gisela Ghigliani, y las autoridades de Región Sanitaria.
“Ninguna autoridad del geriátrico, ni siquiera en el momento del fallecimiento de mi mamá, se comunicó con nosotros. Todo lo que nos enteramos fue por lo que hablábamos con mi mamá. Si no metemos presión mi mamá moría en el hogar”, agregó Pablo.
“El 5 agosto donde se produjeron los primeros síntomas de un pacientes del hogar, el 7 se lo hisopó. Desconocemos si esta persona estuvo aislada con los primeros síntomas. Sabemos que estuvo en contacto con otros pacientes. Hacía cinco meses que no veíamos a mi mamá, estaban aislados de sus familiares. El 9 esta persona es trasladada al Hospital Municipal. El 10 comenzó mi mamá con síntomas que aparentaban una gripe, al estar en contacto con un positivo, estábamos todos los familiares en alerta”, dijo Paola.
Agregó que “el 11 mi mamá ya se encontraba con peores síntomas, lo sabemos porque hablábamos con ella por teléfono. La derivan el 12 al Español, la hisopan, le hacen una placa y detectan que hay un principio de neumonía. Todos estos acontecimientos finalizaron con la pérdida de nuestra madre el día 23 de agosto. Hicimos un relevamiento con mis hermanos y contabilizamos 25 personas positivas”.
Paola señaló que “lo que nos hace más que ruido son esos primeros días, porque no fue solo el contagio sino el maltrato y destrato que sufrimos de parte de los responsables del hogar”.
En ese sentido, Paola, Pablo y David Galavotti exceptúan en la denuncia a enfermeras, personal de cocina y mucamas y apuntan como “responsables directas” a “Isabel Pérez (presidenta), Cecilia Alexeinchuk (médica clínica), Nora Garrais (psicóloga), Lucía Lamponi Tappatá (infectóloga), el dr. Orozco (psiquiatra), como los dueños del mismo: Gustavo Mena y Máximo Sánchez”.
En cuanto a las medidas tomadas, Paola mencionó que hubo contradicciones entre las directivas de la infectóloga Lamponi y el protocolo provincial. “Me dijo que tenían que esperar 48 horas para que haya otros síntomas. Según el portal oficial de datos del Municipio se estaba usando un protocolo de marzo y abril donde la situación de la pandemia era otra. Hay un protocolo provincial que se actualizó en junio y no se utilizó. Allí dice que si tuviste contacto estrecho con alguien positivo deben hisoparte y aislarte”.
“Se nos consultó si estábamos dispuestos a afrontar el gasto de 5 mil pesos por el hisopado, a lo que respondimos que no porque los responsables son los directivos del hogar”, explicó.
Pablo tuvo la posibilidad de despedirse de su madre mientras se encontraba internada: “El día 22 nos dijeron que el estado era grave y que con protocolo la podíamos visitar, bajo nuestra responsabilidad. Pude entrar a verla, con el celular en la mano nos comunicamos con mis hermanos por videollamada, se fue con esa imagen mi mamá, de sus hijos, de nuestro amor. Esa fue la despedida, al otro día se fue”.
¿Qué nos pasa como sociedad para que, ante un aumento de casos de Covid 19, en lugar de disminuir la circulación y el contacto los aumentemos sin considerar el probable colapso del sistema de salud?
Se trata de la negación, “un mecanismo sociológico y que le ha permitido a la humanidad, quizás, seguir adelante”.
Parafraseando al sociólogo e investigador del CONICET, Daniel Feierstein, el dr. Horacio Romano dijo en FM De la Calle que “si se piensa en los holocaustos, indudablemente los campos de concentración quedaban cerca de donde vivía la gente y nadie sabía nada. Con los campos de exterminio nuestros pasó lo mismo. Algunos negaban con mala voluntad y otros no querían ver lo que pasaba porque ellos o alguno de los que querían podían correr esa suerte”.
“No sé si será verdad que la orquesta del Titanic tocó hasta el final pero siempre me pregunté qué pensaba esa gente antes de que se hundiera, es tan grande que no se va a hundir, a mí no me va a pasar, me porto bien, mi familia es buena gente, en general más o menos se cuida, entonces puedo tomar mate con mi sobrino que total no me va a contagiar”, mencionó.
Comparó y señaló que “frente al hundimiento no todas las clases sociales lo vivieron igual. Si se estratifica por donde iban ubicados, los ricos iban arriba, los pobres abajo en la bodega. De la primera clase se murió el 10% y de los de la bodega el 90. El barco se hundió pero las consecuencias no fueron iguales para todos. En esta situación a algunos les afecta más y les puede costar la vida”.
El relación a las medidas del gobierno, el médico destacó que “en la primera parte estuvo bien, hasta julio funcionó. Después o les ganó la apatía o la economía le ganó a la salud. Cuando empezó a moverse la gente empezó a moverse el virus”.
Otro comportamiento que explica la realidad que vivimos es la proyección: “Es fácil tirarle todo el fardo a la víctima, en realidad el problema es que la gente no se cuida. Pero si como Estado veo que hay negación y doy un mensaje ambivalente y digo es cierto que hay mucha infección pero todavía lo podemos sostener la lectura es: está todo bárbaro, salgamos. Eso a nivel inconsciente. A nivel consciente hay un sector muy fuerte que no quiere perder privilegios, que considera que la economía está primero que la salud”.
Romano agregó que “el Estado tiene que ser mucho más claro a la hora de emitir los mensajes, reconocer que la situación es complicada, hacer controles. Lejos de mí está ser punitivista pero cuando estacionamos mal nos multan, acá si no usamos barbijo, si el lugar está habilitado para 5 personas y hay 20… Me parece que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no exponga a los demás”.
Por último destacó que “al negacionismo se le suma el individualismo a ultranza, creo que la cuestión ideológica es fundamental”.
Foto: Clarín.
Para el ex juez federal, el proyecto enviado por el gobierno “no es una reforma total, simplemente es un comienzo” porque “la reforma judicial de un poder que fue conservador durante cien años no se va a lograr con una ley. La reforma es un proceso”.
Según sostuvo en diálogo con FM De la Calle, “decidir mejorar la Justicia es un proceso que va a ser muy duro” porque habrá resistencia de la familia judicial. “Por ejemplo, en vez de doce juzgados va a haber cuarenta. La creación de nuevos juzgados con jueces nuevos, seleccionados como corresponde entre gente decente, automáticamente, entre otras cosas, va a licuar el poder que actualmente tiene Comodoro Py. Y al poder no le gusta ser licuado. ¿Cómo les va a gustar si van a perder privilegios? Esa es la gente que se queja”.
Para Rozanski, a partir del hecho de que, en caso de ser sancionado el mencionado proyecto, vayan a aumentar la cantidad de jueces y fiscales nombrarlos desde cero, podría llevarse adelante un proceso para disminuir el poder acumulado. Pero, a su vez, “eso no va a alcanzar. Va a tener que ser complementado, a mi entender, con otro tipo de medidas. Porque yo no me puedo olvidar de que hay una parte del poder judicial que colaboró, como ocurrió durante toda la historia, con los peores momentos. En este caso, durante los anteriores cuatro años, con una mesa judicial que persiguió opositores y que saqueó el país. La parte del poder judicial que colaboró con eso tendrá que ser revisada”.
El proyecto busca “transferir los juzgados que se llaman nacionales, del ámbito penal federal, pero que hoy no son federales sino que se llaman nacionales, que son los delitos ordinarios (robo, homicidio, violación), al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual no solamente es lógico sino que sino que además es un mandato constitucional”.
Muchos de los argumentos expuestos durante las reuniones plenarias en la cámara alta disimulan “la verdadera razón por la que se oponen” ya que “al senado vinieron integrantes de la Cámara del Crimen de Buenos Aires”, durante el proceso de discusión, “que hacen una encendida defensa de quedare donde están. Pero no se dice que se les mantiene el sueldo, el cargo, la antigüedad, el sistema previsional y la obra social. No se cambia nada. ¿Y por qué no quieren entonces? Porque su nombre no va a ser ´jueces nacionales´. Lo cual es absurdo porque son jueces de la ciudad de Buenos Aires. Lo digo porque también tiene un tufillo ideológico espantoso”.
Refiriéndose a la composición actual del poder judicial, el abogado señaló que “nuestra justicia fue siempre aristocrática. Diría más que aristocrática, porque ha sido conservadora y reaccionaria. Ustedes tienen algunos ejemplos también en la provincia y especialmente en Bahía Blanca. Todo el país está atravesada por una justicia que tiene una esencia reaccionaria, que además es patriarcal, es machista, y eso se traduce lógicamente en las decisiones”.
Carlos Rozanski fue designado por concurso con el mayor puntaje. El ex presidente Fernando de la Rúa había prometido nombrar al primero dispuesto en orden de mérito. Previamente había sido juez de la Cámara de Crimen de Río Negro durante diez años. “Después el tiempo fue mostrando cómo empezaron a modificarse esos criterios” de selección de magistrados.
“Es horrible que no haya participación popular, no sólo de los jueces si se pudiera, pero al menos de los consejeros”, refiriéndose a quienes integran el Consejo de la Magistratura.
Recordó el reciente intento propiciado por Cristina Fernández, quien “propuso una ley de democratización de la justicia que se sancionó y se promulgó. Esa ley preveía que los consejeros -que pertenecen a tres corporaciones, jueces, abogados y académicos-, iban a ser designados por votación popular. Son los que se encargan de designar las ternas y eventualmente iniciar juicio político”.
Es ley fue declarada “inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, en esa integración de la corte, había tres de los actuales jueces de la Corte Suprema que consideraron inconstitucional la participación popular en la designación de consejeros. Eso es ideología pura. Eso es lo que necesitamos modificar. No porque sea mala la ideología. La ideología es imprescindible. Lo que estoy diciendo es una ideología conservadora que lo que busca es que las cosas sigan como están, es decir, que se sigan designando jueces pertenecientes a un sector social específico, que es lo peor que nos puede pasar porque vamos a seguir teniendo una justicia clasista”.
El fiscal Santiago Martínez convocó a peritos adiestradores de perros para cuestionar el trabajo de Marcos Herrero y su perro Yatel en el rastreo de la esencia de Facundo Castro en patrulleros y dependencias policiales de la Bonaerense. Mientras el rionegrino y su can encontraron el amuleto del joven de Pedro Luro en un calabozo y marcaron su olor en tres vehículos, los perros de la Federal pasaron de largo.
Herrero fue convocado por Cristina Castro por recomendación de Mónica Cid, quien esta mañana reivindicó su trabajo al recordar su intervención en la búsqueda del cuerpo de su hija Micaela, víctima de grooming seguido de femicidio.
“Vengo escuchando cada barbaridad, a un perito que dice que es imposible que después de tanto tiempo se encuentren rastros cuando Marcos volvió después de ocho meses y encontramos la billetera de (Jonathan) Luna y otros elementos. Que se lo ponga en tela de juicio a él y a la mamá es terrible. Él trabaja para la justicia, duele muchísimo, cuando la miseria de las personas hace que se piense mal, que su trabajo no es verídico. Dan pena”, dijo a FM De la Calle.
Herrero y su perro Duke encontraron el cuerpo de la niña el 28 de mayo de 2016 luego de seguir su rastro por más de 10 kilómetros. Había desaparecido el 23 de abril. Entre el 11 y el 18 de marzo de 2017 volvieron al lugar y encontraron las llaves de Mica y la billetera del femicida.
Cid recordó que en la búsqueda de su hija “habían trabajado dos perros más, trabajó K9 de Punta Alta y la Policía Federal. Nadie dio encontró nada”.
Al ser consultada acerca de los resultados negativos de los perros rastreadores de las otras fuerzas en el caso de Facundo, afirmó: “No me llama nada la atención, lamentablemente los perros no están preparados o no saben leer lo que el perro les está indicando”.
El presidente de la Sociedad de Medicina Interna, Matías Mirofsky, dijo a FM De la Calle que el colapso del sistema de salud local es inminente si no se toman medidas y destacó que la ocupación de camas es mucho mayor a la que informa la comuna..
“Las camas de adultos están casi en su totalidad ocupadas, debe haber un 80 o 90%, no solo por Covid sino por otras enfermedades. Vemos y entendemos que la gente está cansada después de seis meses de estar encerrada y necesita recrearse pero pueden hacerlo cuidándose, tomando medidas de protección, no solo para evitar que esto avance sino que los pacientes lleguen al hospital”, comentó.
En relación a la diferencia entre los números que comunica cada mañana el Municipio y los que mencionan las organizaciones gremiales y las autoridades de los hospitales, Mirofsky explicó que “ellos sacan números globales de camas totales. Yo lo veo desde otro punto, no se pueden mezclar camas de adulto con pediátricas porque no se puede poner un adulto en cama pediátrica”.
“Las camas las tenés si el recurso humano está, si no no se cuentan. Es real que las UCMAS están vacías pero el comportamiento de la pandemia hace que se estén acercando pacientes de mayor edad con factores de riesgo que evolucionan con cuadros de moderados a graves, estos pacientes no pueden ir a las UCMAS. Ellos hacen análisis global y no segmentario”.
El médico mencionó que “la realidad que vemos es que las camas de adultos en los servicios de clínica mediática y terapias de adultos están al límite, el porcentaje es mucho mayor de lo que se informa en la página de la Municipalidad”.
“No nos olvidemos de la región, Bahía es cabecera de Región Sanitaria 1. Hay localidades que tienen brotes muy importantes y si los pacientes empeoran vienen a Bahia”, argumentó.
Agregó que “ creemos que hay que hacer más cantidad de testeos y procesar más rápido. Es un cuello de botella, hay dos o tres días de retraso de muestras, se necesitan para acelerar la toma de decisiones, cuando uno va viendo cómo viene la situación, se complica. Se necesitan más testeos y más recurso humano que lo haga”.
“El mensaje es que la situación es muy delicada, que los profesionales de la salud no podemos controlar esto solos, necesitamos de la ayuda de todo el mundo, cada persona es responsable de cuidarse cuando sale a la calle, nosotros seguimos en el hospital. Los medios tienen que tratar de llevar información más real y todos tomar conciencia de que la situación es muy delicada, corremos el riesgo que algún familiar no reciba la atención necesaria porque no hay camas en algún hospital”, concluyó.
“La confirmación, que sea Facundo, es un dato importante en la causa pero la investigación debe seguir. Falta el informe de la autopsia que necesita tiempo para que los estudios complementarios puedan estar y, con eso, veremos si el cuerpo arroja alguna información más”, dijo a FM De la Calle la abogada Margarita Jarque.
La integrante del equipo jurídico de la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que participan “como querella institucional por la preocupación que implica la desaparición forzada de personas -ahora seguida de muerte-”.
“Entendemos que esa pista principal que encontramos es a partir de la intervención policial en distintos tramos de lo que podríamos llamar el camino de Facundo del 30 de abril, pero también esa intervención policial que aparece sobradamente a posteriori, a medida que toma estado público, y a partir de la intervención indebida que tienen como fuerza auxiliar en la causa provincial”, afirmó.
Jarque dijo respecto al patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca peritado este jueves que los datos del GPS arrojaron movimientos irregulares en “esta fecha sintomática que es el 8 de mayo que (coincide) con algo constatado que es la confirmación de la borradura de las redes de Siomara Flores y los mensajes en una especie de clave entre personal policial que todavía no encuentran una contextualización”.
En relación de los saltos de tiempo y distancia en el móvil policial bahiense destacó que “en pocas oportunidades los hemos visto y entendemos que eso tiene que ser ampliado en futuros informes, como también los horarios no han sido consignados”.
“Hemos detectado en el análisis de algunos celulares, algunas cosas que hemos puesto en análisis de la fiscalía y la jueza, por ejemplo, sobre interpretaciones de estos cruces de llamados por parte de la Policía Federal cuando su misión era bajar la información no interpretarla”, mencionó.
Acerca de las declaraciones del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien cuestionó que las querellas no hayan apelado decisiones de la jueza, Jarque argumentó que “el fiscal Martínez requiere de manera muy endeble dos imputaciones y detenciones, de Curuhinca y Sosa, solo por los mensajes crípticos, que había que dotarlos de mayor caudal probatorio. Eso no prosperó en cabeza de la jueza y eso generó el precedente en el cual luego se ampara para no otorgarnos los pedidos de detención, al momento del hallazgo del objeto”.
“Preferimos seguir dotando de información de parte de ambas querellas. Estamos fortaleciendo con un informe anticipado al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para poner en conocimiento a los organismos de contralor de las responsabilidades del Estado, cuál ha sido el derrotero de esta causa, cuáles son los inconvenientes que hemos tenido como querella, con demoras en decisiones que esperemos estén saldadas con la incorporación de estos dos fiscales”, finalizó.
Foto: CPM.
El abogado querellante Leandro Aparicio adelantó que la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones testimoniales y que este viernes se realizaba la pericia al denominado “patrullero perro” -sin controles de GPS- secuestrado en Buratovich.
Respecto a la incorporación de dos nuevos fiscales, mencionó que “en función de lo que había hecho el fiscal (Ulpiano) Martínez, que no abonaba esta teoría, le preguntamos ¿cuál es la teoría que tienen? Desaparición forzada -nos dijeron-. La única hipótesis es la desaparición forzada. Ahora con el agravante de la muerte. Lo que se investiga es la actuación estatal, a través de la Policía de Buenos Aires”.
Aparicio destacó que “en función de los hallazgos (de restos óseos en Villarino Viejo), vamos a pedir un rastrillaje completo”. “Se encontró una mandíbula, se consultó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y dijeron que no es la de Facundo. Anoche se encontró un cuerpo, desconocemos si pertenece a la mandíbula que se encontró hace tres días. No sabemos si son dos cuerpos o tres. O más”.
Para el letrado los análisis de los restos deberían estar a cargo del EAAF: “Yo a la Policía Federal no quiero darle nada, no confío en absolutamente nada”.
En cuanto al estudio de los registros telefónicos de los policías bonaerenses dijo que requirieron información a “la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y no a la Federal cuyos informes están incompletos y malintencionados. Se esperará para que cuando se formulen las detenciones e imputaciones sea un cuerpo orgánico y sustentado con pruebas. Nos van a permitir explicar situaciones que no sabemos porqué el fiscal hizo todo lo posible para impedir y detener las pruebas que tenemos”.
También confirmó que se encontraron capturas de pantalla del facebook de Cristina Castro en el teléfono de Siomara Flores realizadas el 1 de mayo, un día más tarde de la salida de Facundo a la ruta.
“Hay muchas cosas para saber de Siomara, las llamadas perdidas con la hermana (Jana Curuhinca) que borró de su teléfono y del vínculo de Siomara con algunas personas, otros policías”, detalló.
Por último, Aparicio comentó: “Pedimos un nuevo allanamiento al destacamento de Origone, que la jueza nos denegó. Parecía que había sangre en las paredes y queremos hacer la prueba de luminol”.
Foto: CPM.
(Por Astor Vitali) Sin hacer consideraciones, en esta oportunidad, sobre el despliegue mediático, nos referiremos a la actitud que debe tomar el universo político democrático y quienes están en ámbitos de gobierno respecto de un caso de desaparición forzada y particularmente en torno del caso de Facundo Castro.
Cristina Castro, su mamá, es quien junto a Luciano Peretto y Leandro Aparicio, encabeza la campaña por pedido de Justicia. El miércoles se supo que el cuerpo encontrado en Villarino Viejo es el de Facundo. De más están todas las especulaciones hasta que los peritajes culminen. Mientras tanto, el reclamo de justicia por parte de la familia de Facundo y también por parte de la querella institucional, representada por la Comisión Provincial por la Memoria, sigue siendo desaparición forzada. Ahora se agrega, seguida de muerte. Todo lo demás es chimichurri.
Mientras lo que se está señalando es la responsabilidad de la policía bonaerense, permanecen en el gobierno dos actitudes que no tienen posibilidad de convivir. Por un lado, el presidente Alberto Fernández recibió la semana pasa a Cristina y es claro que a partir de allí se movieron los hilos para avanzar en una investigación que venía remolona y con ocultamientos hacia la querella. El gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo públicamente que no va a encubrir a nadie. Sin embargo, no logró darle a Cristina ningún elemento sólido que inspire confianza durante la reunión que sostuvieron.
Por su parte, la misma provincia que gobierna Kicillof sostiene a su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Aquí hay un problema de consistencia. Berni le dijo a Cristina, en principio, que iba a devolver a Facundo con vida. Cuando era la propia bonaerense la última que lo vio con vida. Luego, por presión militante, termina tomando el caso la Justicia federal, pero para ese entonces el entorno de Facundo ya había recibido presiones de la bonaerense de esta fuerza de seguridad y manipulado prueba.
No conforme con hacer ese tipo de declaraciones de show televisivo sobre un tema de tamaña gravedad institucional, Berni luego pasó a la ofensiva y se puso al frente de una campaña de desprestigio contra Cristina, contra la mamá de la víctima, púbicamente, con presentaciones diarias en canales de televisión y radios.
La campaña se basa en decir que no había elementos para involucrar a la bonaerense en un caso de desaparición forzada. Tesis que no sólo no estaba descartada en la investigación sino que fue ayer ratificada por los fiscales que hubo que sumar para que el caso no se tornara más bochornoso de lo que es. De hecho, en las últimas horas se emitió un comunicado oficial en el que se asegura de que la investigación “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.
La campaña de Berni desplegando falsedades y amenazando continuó con decir en todos los medios que los abogados de la querella iban a sufrir las consecuencias de la acción legal. Todo esto, ante algunos personajes periodísticos que sepultaron la herramienta de la repregunta, lo decía afirmando que “no tengo acceso a la causa pero la investigación asegura que” y una serie de vaguedades para desvincular a la bonaerense. Que se informa por Germán Sasso. Dio credibilidad a la testigo “H” que, causalmente, es incorporada a la investigación por efectivos bonaerenses. Y es el principal elemento que utilizaron para intentar correr el eje de la investigación. En otras palabras, en medio de la búsqueda de una persona cuya familia denuncia desaparición forzada por parte de la policía bonaerense, el ministro de Seguridad se abocó a llevar adelante una campaña de desprestigio, atacando a la familia de las víctimas. Todo esto mientras se investiga, con plena conciencia de que los funcionarios judiciales vinculados a la familia militar son susceptibles de influencia de contexto. Berni llevó adelante una campaña a lo Bullrich con Maldonado para interferir en la opinión pública y, como se sabe, la opinión pública influye en las investigaciones.
Frente a este cuadro de situación, la política democrática debe posicionarse sin dar lugar a interpretaciones débiles ni confusiones: debe retirar de su cargo al funcionario que encabezó una campaña contra la familia de la víctima. En este contexto, decir –como se dijo- que “ahora está investigando la justicia federal, no vamos a encubrir a nadie y a hay que esperar a que resuelva la Justicia” es una postura que tolera que un ministro castigue públicamente a la familia de un pibe que denuncia su desaparición forzada.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires sostiene a Sergio Berni en su cargo y esto atenta con el compromiso que el estado argentino –y sus provincias- tienen en materia de Derechos Humanos. A esta altura la pregunta no es ¿por qué Berni debe ser desplazado? La pregunta es ¿por qué Kicillof aún sostiene a Berni?
Podríamos sumar sus declaraciones antipopulares respecto de la represión a las decenas de miles de familia que no tienen techo o las declaraciones que sumó esta semana contra las organizaciones sociales y el derecho universal a percibir un ingreso, declaraciones que lo ponen en un claro lugar de la derecha política. Sin vueltas.
Es insostenible la presencia de Berni en un gabinete provincial que se manifieste de corte democrático, sólo por el hecho de perseguir públicamente a una familia pobre cuyo pibe fue víctima de violencia institucional.
Vecinos y vecinas de la toma de tierras detrás del supermercado Jaguar se reunieron con el abogado del Municipio, Gustavo Avellaneda. Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA también participó de la reunión y comentó lo charlado en FM De la Calle.
Expusieron “la situación de necesidad que se agravó con la pandemia, que muchos están sin trabajo, que no es solo un problema local. Avellaneda plantea que la Municipalidad lo que puede hacer es entregar tierras si tiene posesión, lo ha hecho en la toma de Arias. En este momento no tienen y están avocados a conseguir tierras y que el mecanismo es que a propietarios que tengan deudas se las cobran a partir de la cesión de terrenos” .
Por otro lado Avellaneda expresó que “claramente que se esta cumpliendo un delito porque la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, y que en este caso esta judicializado, que no vivimos en un país socialista, etc. La reunión termino abruptamente cuando dijo estoy con la postura de Berni el que usurpa tierras tiene que ir preso”.
Patrignani argumentó que “la Constitución de la Provincia dice que el Estado deber garantizar el acceso a la tierra y me dijo ‘reclámele a Kicillof’. No es menor cuando un gobierno en lugar de negociar alguna solución te plantea que la política es el que toma tierras tiene que ir preso, es todo una definición”.
Agregó que “la gente sigue ahí, nos comprometimos en iniciar una acción judicial. nuestro abogado es Aparicio y en estos días esta complicado. Primero hay que definir claramente de quién es la propiedad de la tierra, nos llama la atención que siendo propiedad de la Unión Ferroviaria actué la Justicia Federal”.
Ante la pregunta de Patrignani por ver cómo se resolvía, Avelleneda respondió que “cuando nos enteramos de una ocupación, denunciamos ante la fiscalía, el juzgado o le avisamos al propietario. No existe ninguna preocupación por resolver el problema”.
FM De la Calle te muestra los rostros de los policías implicados en la desaparición del joven de Pedro Luro en el primer capítulo de ¿Quién mató a Facundo? Documental urgente en tiempo real.
De izquierda a derecha son Mario Gabriel Sosa, Jana Jennifer Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González.
Sosa y Curuhinca son los primeros oficiales que toman contacto con Facundo alrededor de las 10 de la mañana del 30 de abril para infraccionarlo en Mayor Buratovich por violar la cuarentena. Sin embargo, ambos policías permitieron que el joven siguiera camino a Bahía Blanca.
Sosa es el que posa junto a Facundo, probablemente esposado, de espaldas a la cámara de Curuhinca. Cristina Castro destacó que luego de ver una y mil veces ese retrato vio a su hijo sucio, sin una zapatilla y sin la gorra que usada permanentemente.
Entre los mensajes de texto borrados que se pudieron recuperar en el marco de la causa judicial Sosa dice a Curuhinca: “Nadie va a saber que FUIMOS NOSOTROS”. En el teléfono de Jana se encontró la última foto del DNI de Castro.
Siomara Flores se involucró directamente en el supuesto traslado de Facundo desde la zona de Buratovich hasta Teniente Origone en su auto particular. A pesar de la importancia de dicha información, se tomó 41 días para contarlo en la investigación.
Mucho menos tardó en revisar y tomar capturas del Facebook de la madre de Facundo cuando esta ni siquiera sospechaba de que su hijo había desaparecido. Esto fue el 1 de mayo y, siete días después, Flores anunció a sus contactos que eliminaba su Whatsapp de su teléfono. Fue el 8 de mayo, fecha en la cual los datos del GPS de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca ubican al móvil durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. El patrullero estaba fuera de su rutina y del Partido de Bahía Blanca.
Flores es la tercera policía que lo ve en infracción y lo deja seguir camino a Bahía Blanca. Entre los mensajes que intercambió con Sosa y que luego borró, manifiestan “Vamos a ir todos presos”.
Es media hermana de Jana Curuhinca. Flores y Sosa son quienes introducen en la causa a la Testigo H cuando la Policía Bonaerense ya había sido apartada de la investigación por las sospechas sobre su accionar.
Alberto González fue calificado por la querella como “el alumno que no aprendió la lección”. Es el último policía que está en contacto con Facundo en el KM750 de la Ruta 3. Llega hasta allí luego de la denuncia de un matrimonio que ve al joven tirado en el asfalto. En su celular estaba la foto del carnet de conducir de Castro, quien supuestamente ya no tenía su DNI.
En sede policial declaró que Facundo se había ido en una Renault Duster Oroch. Luego manifestó que había seguido viaje a pie. La Testigo H tiene una Honda.
A diferencia de los testigos, dice que lo llamaron porque había un nene caminando sobre el alambrado. En sus anotaciones tenía escrito el nombre de la Testigo H con quien se supone que no tuvo contacto. La mujer dice que vio a otro policía junto a él y que el patrullero estaba perpendicular a la ruta. González declaró que estaba solo y la Hilux había quedado paralela al camino tras girar en U, lo cual le habría permitido ver por el espejo retrovisor a Facundo cuando siguió camino a Bahía. Es el cuarto policía que no lo regresa a su casa a pesar de estar en infracción.
En su Puesto Policíal el perito Marcos Herrero y su perro Yatel encontraron la sandía con la vaquita de San Antonio. Se trata del amuleto que Facundo siempre llevaba consigo por ser un regalo de su abuela.
Los fiscales marcaron su decisión de continuar la investigación que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.
(Comunicado de Fiscalía) Luego de que el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca informara que los restos encontrados el 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro, los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin decidieron ayer que la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén a disposición de las partes, como así también que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) coordine y concentre la actividad pericial, entre otras medidas adoptadas de acuerdo a los alcances de una reunión que los representantes del Ministerio Público Fiscal mantuvieron el martes con Cristina Castro Alaniz, sus abogados y la querella institucional.
Azzolin y Heim -titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente- fueron designados el 28 de agosto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. La decisión se plasmó en la Resolución MP 197/20.
El martes de esta semana los tres representantes fiscales mantuvieron un encuentro con la querella particular constituida por la mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina Adriana Castro Alaniz, sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto Ithurralde, la representante de la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de querella institucional, Margarita Jarque, y Malena Derdoy y Paola Rosero, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y coordinadora del área de Violencia Policial de esa dependencia, respectivamente. En esa reunión -celebrada un día antes de que la magistrada María Gabriela Marrón notificara los resultados del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)- las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso del proceso y se acordaron ciertos lineamientos para su desarrollo y continuidad; se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación.
Los fiscales marcaron en su decisión de ayer que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.
Los fiscales explicaron que las diligencias se ordenaron en función de los alcances de esa reunión y de las exigencias del estado actual de la causa, como lineamiento de trabajo para encarar la nueva etapa de la investigación.
En ese sentido, designaron a la DATIP para que concentre y coordine, en lo sucesivo, la totalidad de estudios periciales de todas las especialidades, técnicos y químicos, entre otros, que se hayan dispuesto y concluido, que se encuentren pendientes y aquellos que se proyecten ordenar. Las diversas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) que están llevando a cabo análisis sobre teléfonos, equipos de geolocalización, inspecciones en espacios físicos y vehículos, libros de guardia policiales, entre otros, deberán remitirle sus informes técnicos en el estado en que se encuentren, “mediante la debida preservación de la cadena de custodia de los objetos, dispositivos y materiales objeto de pericia de que se trate”. De esa manera, será la DATIP quien sistematizará la información y hará consideraciones en el marco de un análisis integral sugerido por la PROCUVIN.
Para evitar interrupciones o traslados innecesarios, sobre ese punto se aclaró que previamente a su remisión DATIP deberá evaluar “si de acuerdo a los alcances o especificidad de algunos de ellos, su abordaje puede ser afrontado técnicamente” y, en caso contrario, “se informe inmediatamente a la investigación qué gabinete especializado entiende que podría ejecutarlo”.
Martínez, Azzolin y Heim también fijaron un cronograma para continuar recibiendo declaraciones testimoniales de manera virtual, que serán grabadas. En caso de ser necesario, quienes testifiquen y lo soliciten podrán contar con el acompañamiento de la DOVIC.
Asimismo, el equipo fiscal le hizo saber a las partes que se harán las gestiones necesarias para que en lo sucesivo la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén disponibles “a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales LEX100 y, cuando eso no sea posible, se compartirán los archivos a través del servicio de nube del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
Esas medidas forman parte de un paquete en el que también se encuentran el repaso de una veintena de estudios periciales e informes que restan ser examinados, finalizados o realizados; requerimientos de información telefónica de agentes policiales; al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sobre los móviles que circularon por la Ruta Nacional 3 entre Mayor Buratovich, Teniente Origone y General Daniel Cerri y adyacencias desde el 30 de abril pasado, entre otras.
A las 19, FM De la Calle estrenará, a través de su canal de YouTube, el primer capítulo de “¿Quién mató a Facundo? Documental urgente en tiempo real” sobre el caso de Facundo Castro.
En este primer episodio se presenta a los protagonistas del hecho de violencia institucional que conmueve a todo el país.
Facundo desapareció el 30 de abril y ayer el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que los restos encontrados en la zona de Villarino Viejo pertenecen al joven.
“Tiene que ver no solo con cuáles son las líneas de investigación sino con una lectura del caso. Fuimos a investigar a Pedro Luro, fuimos a Villarino, estuvimos en Origone, estuvimos en el recorrido de la querella en Buenos Aires y ahí nadie dice que la policía es una institución encantadora, que si usted comete una imprudencia de tránsito le dice ‘siga siga’, como se viene diciendo”, comentó el realizador Federico Randazzo.
Agregó que “pudimos confirmar que Facundo era un chico politizado, involucrado en la lucha por los derechos humanos y con un compromiso hacia la calidad de la democracia. Desde mi punto de vista es muy claro a dónde están las responsabilidades y hacia dónde dirigir la investigación”.
“¿Quién mató a Facundo?” es una producción colectiva del equipo periodístico de FM De la Calle para comprender el contexto y el subtexto de un relato policial y mediático que busca encubrir el pedido de justicia por Facundo, encabezado por su mamá, Cristina Castro.
La Policía Federal peritó ayer el patrullero secuestrado en la Superintendencia de la Policía Local de Pacífico 281 en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada -seguida de muerte- de Facundo Castro.
Yatel, el perro del perito de la querella Marcos Herrero, encontró una “huella de olor que lo identifica a Facundo en ese vehículo”. “Tuve que sacar al perro porque literalmente destruyó todos los asientos”, dijo a FM De la Calle.
El Toyota Etios número interno 20610, con patente OMP782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca fue secuestrado a partir de un informe de Asuntos Internos solicitado por la Comisión Provincial por la Memoria.
El análisis concluyó que “las señales de GPS emitidas, darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo del corriente año varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente, en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo (del cuerpo de Facundo) el 15 de agosto. En el punto más cercano a dicho lugar, a unos 800 metros aproximadamente, se habría detenido el móvil durante unos 35 minutos”.
Herrero describió que su pericia se realizó a partir de muestra de olor de medias de Facundo entregadas por su madre y resguardadas en el marco de la causa judicial. “Más allá de que pueda haber o no material genético, es una huella de olor que lo identifica a Facundo en ese vehículo”.
Destacó: “Decidí que me revisaran la ropa para que no haya suspicacia sobre que pueda haber plantado una prueba, me saqué la campera, todos los elementos que llevaba y me puse el traje de protección. Trabajé del lado de afuera con Yatel y después, suelto, el perro hizo una marcación de la parte de atrás del auto rompiéndolo”.
“Después pasó sobre los asientos delanteros y el baúl. En el baúl lo importante fue que quería ingresar a la parte de atrás (de la butaca), que rompió el asiento al punto tal que casi lo saca afuera. Se siguió trabajando con los reactivos. A primera vista no fue positivo de manchas hemáticas”.
El perito explicó que se determinó que “se saque el pliegue del asiento y goma espuma y se lo llevaran para trabajar en un ambiente resguardado, en laboratorio. Mi determinación como perito es que el perro estaba determinado a encontrar algo que puede estar dentro de los pliegues del asiento del vehículo”.
Herrero explicó que “el olor puede quedar encerrado en el habitáculo en ese vehículo y si no algún elemento que se me pueda haber escapado a la vista humana, un elemento de Facundo muy pequeño o minucioso en los pliegues o en la parte de abajo del asiento. Por eso es que pedimos que el fiscal autorice a desarmar el auto, en ese carácter yo me hago cargo y digo que tiene que haber un elemento mínimo”.
El perito de parte mencionó que en el relevamiento realizado ayer en la calle, frente a la sede de la Policía Federal, estaba el equipo de Cinotecnia y los perros del K9 aunque “no entiendo por qué” decidieron no utilizarlos.Si bien, fueron convocados el día del secuestro, no revisaron el interior del coche.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
Herrero detalló en la entrevista su modalidad de trabajo y ratificó que sus perros pueden identificar los olores aun habiendo pasado tanto tiempo como lo muestra su participación en diversas causas judiciales. El fiscal Santiago Martínez convocó a otros peritos para relativizar el valor de su trabajo.
” La clave está en cómo le doy la toma de olor, cómo yo hago que el ese sistema de olor llegue a la memoria del perro”, afirmó. Para más información recomendamos escuchar su testimonio.
Patrullero perro
Herrero agregó que todavía falta peritar otro patrullero que no posee AVL ni registros de comunicaciones. La prueba podría realizarse mañana aunque estimó que se hará el lunes o martes.
Se trata de una camioneta Hilux, identificada como el “patrullero perro” de la Subestación de Mayor Buratovich sobre la cual se sospecha pudo haber intervenido en los hechos del 30 de abril.
Foto: Frente a Cano.
