Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expresó su descontento con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial.
“Básicamente desde la sociedad argentina, desde hace varios años se viene manifestando una desconfianza hacia el Poder Judicial. Nosotros desde el INECIP hace más de 27 años que venimos trabajando en pos de la reforma del sistema de administración de justicia penal en nuestro país especialmente, dando debates y pretendiendo, avanzar hacia discusiones que son totalmente necesarias”, dijo a FM De la Calle la directora ejecutiva de la entidad, Aldana Romano.
Lamentó que “una vez más se anuncie con bombos y platillos una reforma que no es tal” y opinó que “es un mensaje bien equivocado hacia la sociedad argentina y casi que una tomada de pelo. Podemos discutir perfectamente las ferias, podemos discutir los horarios; podemos hablar de la necesidad de mejorar las tecnologías en pos de contribuir a la modernización de la administración de justicia, pero no puede ser que se desconozca y no esté en agenda, por ejemplo, la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que hace años que hemos sancionado”.
Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Romano sostuvo que “en hay un debate más amplio que tiene que ver con el gobierno judicial, en donde el Consejo de la Magistratura es una de las organizaciones que lo conforman pero no es la única. Tenemos que discutir el gobierno judicial y tenemos que entender que la administración de justicia es una política pública, y en tanto tal requiere de un gobierno y de su desarrollo y ejecución”.
“Lamentablemente las reformas que se han dado en el Consejo de la Magistratura en los últimos años no han sido más que para ver quien tiene un poco más de poder, no han logrado transparentar la selección de los magistrados ni tampoco un sistema de disciplina o de miradas sobre las decisiones de los jueces que sea justo”.
Lo aseguró Mercedes Insausti, ex edil por el bloque de Integración Ciudadana, en relación a la presentación que hicieron ante el Tribunal de Cuentas por la demora en la instalación de los parquímetros.
Insausti comentó que realizaron el pedido de intervención al Tribunal de Cuentas “ya que hace casi 50 días que no tenemos cobro de parquímetros”.
También explicó que es una inquietud pendiente desde el año pasado, cuando ella integraba la comisión de Tránsito y Transporte, “desde ahí que lo seguimos de cerca y se agudiza; […] el tema es manifestarlo y que quede en evidencia que hay una problemática muy seria que no tiene antecedente en Bahía Blanca respecto al tema parquímetros”.
Siempre está el cuestionamiento a SAPEM Transporte desde el tema de las garitas, que también nos involucró, y el pago por cinco garitas que aún hoy están sin resolver; o las tarjetas con aquel desfalco de -no sabemos si- 3 u 8 millones.
“Siempre SAPEM está en un ojo de tormenta donde no se logra resolver ni esta gestión ni la anterior. Ésta, que vino con todo el ímpetu de limpiar la situación de SAPEM, ambas -Ambiental es otro tema donde no está resuelta la claridad de hasta qué punto es pública y hasta qué punto privada-, porque parece que cuando hay necesidades el estado siempre tiene que estar para socorrer, pero evidentemente hay algún interés privado que siempre prima. Es bastante gris el tema de SAPEM”, concluyó Insausti.
Miles de bahiensas marcharon por el centro de la ciudad en el marco del Paro Internacional convencidas de ser “la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión”.
“No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras”, dijeron en la Plaza Rivadavia.
Las organizadoras manifestaron que “los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc”.
“Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico”, fueron algunas de las demandas.
En este segundo paro el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito fue otro eje de la jornada, ahora con el debate en marcha en el Congreso de la Nación. “Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres”.
El documento, que abajo reproducimos completo, tuvo un párrafo para las víctimas de femicidios que nos faltan en Bahía Blanca y la zona: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Mónica Esteban, Sandra Arbilla.
Nosotras paramos contra la violencia machista, el ajuste y por el aborto legal
Este 8 de marzo, LAS MUJERES PARAMOS EL MUNDO.
En Bahía Blanca también paramos: nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres porque estamos convencidas de que somos la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión.
Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres y por eso hemos llamado este día “Día internacional de las Mujeres Trabajadoras”. En este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras.
Hoy 8 de marzo:
Paramos porque los estados nos empobrecen y explotan y esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.
Paramos porque existe una brecha salarial a nivel mundial entre varones y mujeres. En Argentina si hablamos de trabajo registrado los hombres ganan en promedio 27% más que las mujeres, y esta brecha es aún mayor en los trabajos menos remunerados. Esto se profundiza cuando consideramos que las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder a cargos jerárquicos por la subestimación de nuestro trabajo (nos vemos obligadas a demostrar “idoneidad” permanentemente). Además la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ocupamos el 54% de este universo laboral, trabajo asalariado precarizado y mal pago que en muchos casos es concebido como mera extensión del “rol doméstico” de cuidado y reproducción que se nos impone, generando a la vez la idea naturalizada de que existirían trabajos que son “de mujeres y trabajos “de hombres”.
Todo esto reforzado por el trabajo no reconocido invisibilizado y naturalizado que se nos impone dentro del hogar. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todos los trabajadores y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta y desigual, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de las familias a través de políticas de estado, sino al interior de estas entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.
En este contexto de recesión económica internacional y de avanzada contra los derechos laborales a nivel mundial vemos que las mujeres también somos principales protagonistas de la resistencia.
En Argentina el gobierno nacional de Cambiemos con la complicidad del FPV, PJ y Massismo vienen llevando adelante un feroz ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para profundizar este ajuste el gobierno impulsa un paquete de reformas (laboral, tributaria, educativa, de la salud y previsional) tendientes a cambiar las relaciones laborales, reducir el gasto público y ahorrarse millones a costa de los salarios y jubilaciones de las y los trabajadores.
Sabemos que los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc.
Hoy encontramos muchos ejemplos de lucha y resistencia por parte de las mujeres a lo largo y ancho del país: docentes y auxiliares en todo el país defendiendo la educación pública, profesionales de la salud con el ejemplo del Hospital Posadas defendiendo la salud pública, enfrentando los despidos como las trabajadoras del INTI, en Rio Turbio, Fanazul y los ingenios azucareros del norte, las mujeres originarias luchando por su tierra y su cultura ancestral enfrentando los procesos represivos de las fuerzas de seguridad del Estado, que van desde la militarización de sus territorios y desalojos. Exigimos el cese de las políticas de criminalización y persecución luchadoras y luchadores sociales y a los pueblos originarios.
Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y por eso les venimos reclamando a las centrales sindicales que convoquen a este Paro Internacional de Mujeres Luchamos por los derechos de las mujeres trabajadoras. No al ajuste. Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico.
Paramos porque en nuestro país anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos clandestinos. Sin embargo, solo las mujeres con mayores recursos económicos pueden abortar de forma segura, siendo las más pobres quienes corren riesgos, resultando muchas veces en su muerte. No podemos seguir tolerando la injusticia social que esto acarrea, constituyéndose el aborto como la primera causa prevenible de mortalidad materna. Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres. En todo esto la Iglesia, con complicidad y aval del Estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente, obstaculizando aún hoy la práctica. Seguimos luchando por la implementación efectiva del protocolo de aborto no punible e interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud. El aborto, en nuestro país, es legal en casos de violación o riesgo para la salud desde 1921; sin embargo no hay protocolos que garanticen esta práctica en todas las provincias, ni información hacia las usuarias, ni profesionales suficientes. El acceso a un aborto no punible es sistemáticamente bloqueado por objetores y objetoras quienes imponen su moral y creencias personales por sobre el derecho a la salud. Así también repudiamos la estrategia del poder de judicializar a profesionales que cumplen con su obligación en el sistema público, como es el caso de Estrella, la médica de Maitén, procesada por garantizar el derecho a abortar. Sostenemos que garantizar derechos no es delito!
Este martes pasado fue presentado por 7ª vez en el Congreso de la Nación, el Proyecto de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En esto no existen concesiones y cada avance ha sido y seguirá siendo resultado de la lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No nos contentamos con un mero debate, queremos la aprobación del proyecto!!!! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Basta de criminalización a las mujeres y personas con capacidad gestante por abortar.
Tampoco se garantiza fehacientemente el derecho a la anticoncepción a pesar de contar con una Ley Nacional que obliga al estado a proveer los distintos métodos. Las barreras son múltiples, desde la existencia o no de los diferentes métodos anticonceptivos al alcance de las mujeres así como la falta de asesoramiento profesional y acorde a los deseos y necesidades de cada mujer, considerando además que casi todos los métodos están diseñados para nuestros cuerpos, sosteniendo el prejuicio de que la anticoncepción es responsabilidad estricta de la mujer, y sobre nosotras también recae la penalización cuando estos métodos fallan. Todo esto redunda en una criminalización exclusiva de las mujeres, como las únicas responsables de la concepción. No ha y juicio ninguno hacia los varones, lo que marca una visión totalmente patriarcal: las mujeres no nos embarazamos solas.
También denunciamos que la Ley Educación Sexual Integral no se aplica efectivamente, quedando a merced de la voluntad de docentes y directivos de cada escuela el tratamiento de estos contenidos, no siendo curricular y transversal como debería. Luchamos por un estado y una educación laica y no sexista. Separación de la Iglesia del Estado.
Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista Además seguimos sufriendo violencia obstétrica y ginecológica sistemáticamente, la cual es absolutamente naturalizada por lo cual no se problematiza. A pesar de que existe la Ley 24929 de Parto Respetado, ésta no se aplica. Basta de violencia obstétrica!
Exigimos que los espacios de atención pública a la salud realicen sus prácticas con un enfoque transversal en perspectiva de género, sexualidades e identidades disidentes y que no caiga exclusivamente en la voluntad individual de las/os profesionales la necesidad de especializarse en esta perspectiva.
Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Porque en Argentina una mujer es asesinada cada dieciocho horas, y en muchos casos familiares y amistades de la víctima pueden ser también afectadas en lo que llamamos “femicidios vinculados”. Porque la desigualdad y falta de autonomía económica, muchas veces, nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables ante el machismo, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.
Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Monica Esteban, Sandra Arbilla.
En octubre del año pasado producto de la lucha de la familia y las organizaciones de mujeres la justicia dictó una condena ejemplar para el asesino de Micaela Ortega. Esto nos reafirma que el único camino para lograr justicia es la visibilización y la lucha.
En Monte Hermoso a más de 2 años del femicidio de Katherine Moscoso en el cual se implican todas las tramas del poder político local, la familia debió luchar públicamente para que el fiscal del Cero realizara alguna acción en la causa.
Al día de la fecha no hay ningún procesado por este crimen.
Nos falta la maestra Vanesa Castillo quien fue apuñalada y muerta en Santa Fe por Juan Cano, un ex convicto. Las noticias relacionaron el crimen a un intento de robo, mientras que nosotras sostenemos que el crimen podría estar vinculado a una denuncia que hiciera Vanesa relacionada con un abuso sexual hacia de sus alumnas. Este crimen pone de manifiesto el desamparo en el cual quedan las trabajadoras cuando denuncian las situaciones de violencia que constatan. Acompañamos la lucha por el esclarecimiento del crimen y justicia por Vanesa.
Pedimos total esclarecimiento del asesinato de Sandra Arbilla, quien fuera encontrada en su lugar de trabajo con 30 puñaladas en su cuerpo.
Reclamamos justicia para Camila Borda de 11 años quien fuera violada y asesinada, en la ciudad de Junín, como así también denunciamos la represión por parte de la policía hacia los vecinos de Camila quienes fueron los que encontraron y reaccionaron ante su asesino.
Luchamos porque no queremos ni una muerta más por violencia machista, exigimos ¡NI UNA MENOS! Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias genuinas destinadas a la atención integral de mujeres en situación de violencia. Refugios accesibles y sin requisitos burocráticos para las mujeres y sus hijxs, atendidos con personal con perspectiva de género. Apoyo económico, planes de vivienda, asesoramiento legal y asistencia integral a cargo del Estado y las patronales para las víctimas. Exigimos rendición de cuentas y visibilización de las acciones de la dirección de políticas de género.
Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones y la invisibilización de nuestras luchas. Pedimos el Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.
Paramos porque se invisibilizan los crímenes de odio hacia las identidades disidentes (lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, bisexuales). Exigimos la absolución “Higui” procesada por defenderse ante el intento de violación y castigo a sus agresores. Exigimos la anulación del protocolo represivo contra la comunidad LGBTIQ.
Paramos porque exigimos al estado la aprobación y cumplimiento y presupuesto para el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans a aplicarse tanto en el ámbito público como privado. Acceso a la salud integral, protección de las infancias trans, libres de violencia y patologización en las instituciones. Acceso a la educación, promoción e inclusión de las personas trans dentro de todos los niveles educativos. Creación de un área específica de contención y seguimiento de personas trans, organizando las políticas en la promoción de estos derechos.
Justicia por Alejandra Galicio, crimen impune por más de 12 años. Acompañamos a la “Comisión de Justicia por Diana Sacayán”, en el primer juicio caratulado como travesticidio, en Argentina, Basta de travesticidios y crímenes de odio.
Paramos porque el Poder Judicial en muchísimos casos es un elemento más para la vulneración y la victimización de las mujeres que recurren legítimamente a él, y que en su lugar encuentran el reforzamiento de la ley patriarcal que las culpabiliza y desprotege. Muchas veces las diferentes instancias no dan respuestas a las mujeres de forma integral y en ocasiones no tienen la formación correspondiente para el abordaje de estas situaciones. Por lo tanto el Poder Judicial funciona reproduciendo y profundizando la violencia y como una instancia disciplinadora hacia las mujeres. Porque fiscales, abogados y jueces continúan utilizando el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” para acallar a las niñas, niños y adolescentes que son víctima de violencia por parte de sus padres, así como también silenciar y juzgar a las mujeres que denuncian. No existe ninguna institución científica seria que defina la existencia de este síndrome. El SAP no existe!!
Basta de justicia misógina y patriarcal. Por un poder judicial con perspectiva de género. Basta de judicialización hacia las mujeres.
Paramos por todas las mujeres que nos faltan víctimas de las redes de trata, porque las pocas que son rescatadas no tienen contención social ni sanitaria, porque no se les garantiza tratamiento psicológico ni trabajo genuino lo que muchas veces las coloca en mayor situación de vulnerabilidad y a ser captadas nuevamente por estas redes. Porque en Bahía Blanca la prostitución y la trata son un negocio más del poder político y económico que tiene el control absoluto de los negocios lícitos e ilícitos de la región, lo cual hace que la complicidad con los demás poderes imposibilite una intervención real sobre este crimen contra las mujeres, particularmente las de menores recursos. Porque la trata usa los cuerpos de las mujeres como objetos descartables destinados al placer masculino, mientras exista no tendremos igualdad de derechos!
Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del estado.
Por un cupo laboral para sobrevivientes del delito de trata.
Denunciamos que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte del sistema prostituyente.
Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven no solo la violencia machista sino también racista y capitalista que siguen asesinando a las mujeres originarias que se oponen a la invasión de los megaproyectos en las comunidades. Porque fue en defensa de esos intereses que fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de la gendarmería de Bullrich.
Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la lucha de las mujeres de todo el mundo.
1-Paramos porque las reformas laborales, previsionales y los despidos nos afectan doblemente a las mujeres. Y el trabajo doméstico y de cuidados está invisibilizado. Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y les reclamamos a las centrales sindicales continuidad en las medidas de lucha contra el ajuste.
2- Paramos por el aborto legal seguro y gratuito. Educación Sexual Integral laica y científica. Separación de la iglesia del estado. Basta de criminalización a las mujeres por abortar.
3- Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Exigimos la declaración de emergencia por violencia sexual y doméstica. Basta de justicia misógina y patriarcal.
4- Paramos por la aprobación y cumplimiento del cupo laboral trans. Basta de travesticidios.
5- Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y la explotación sexual.
(Por Astor Vitali) Los/as representantes de las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo convocan a los/as trabajadores/as de la cultura a participar de la asamblea que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de marzo a las 11 en El Tablado (Chiclana 453).
El cuerpo está integrado por representantes de artes escénicas (danza y teatro), música, literatura y artes visuales. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las elecciones por áreas. El mandato es de dos años. El Honorable Concejo Deliberante está retrasado en la designación oficial.
Sin embargo, el consejo persiste en su característico dinamismo. Además de la gestión del Fondo Municipal de las Artes (más de un millón de pesos destinado a producción de discos, libros, obras de teatro, obras visuales, etc.), el órgano asesor tiene como potestad llevar a las autoridades del Instituto Cultural las resoluciones sobre política cultural tomadas por los/as laburantes de la cultura en sus asambleas de base.
Hasta el momento se lograron algunos temas fundamentales como un piso expresado en sueldos municipales para el FMA –con el objeto de que no dependa sólo de la tasa que lo nutre-, la articulación con los Espacios Culturales Independientes y la ordenanza que crea el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo.
El temario
“La problemática de la Escuela de Danza o del Conservatorio de música abrió el año con la incertidumbre de que se puedan cerrar cursos. Se apuntan al punto de la matricula o al título habilitante. La resolución en sí es nefasta pero la aplicación en las artísticas es absurda porque no contempla características puntuales que afectan a las instituciones superiores de artística que no tiene nada que ver, por ejemplo, con primaria o secundaria” dijo la artista a FM De la Calle.
Otro tema es “el seguimiento de los subsidios para Espacios Culturales Independientes”, asunto sobre el cual el Instituto Cultural adeuda respuesta, incumpliendo con la ordenanza que estipula una reunión mensual de la comisión de coordinación.
“Exigir una política de talleres municipales”, ante el cierre sistemático de espacios barriales y zonales de formación. La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar es uno de los casos más conocidos pero ya son decenas de talleres dados de baja por las gestiones de Ricardo Margo y Morena Llanca Rosselló (Educación).
“Museos es el otro punto que vamos a tratar. Ha habido despidos y hay una serie de avasallamientos con todo lo que implica la precarización laboral. ¿Cuál es la política de museos?”, interpeló.
También se discutirá acerca de la situación del Teatro Municipal, hoy dirigido por el productor Roberto Valverde, quien se ha desempeñado desde 2015 como asesor de Margo.
Luego de la asamblea, el cuerpo deberá reunirse con el representante del Instituto Cultural.
Se realizó esta semana la primera reunión del año de la Comisión Asesora Ambiental del Concejo Deliberante coordinada por Leandro Santomassimo. El edil oficialista dijo a FM De la Calle comentó los proyectos que abordarán durante el 2018, entre ellos, la gestión de los residuos, el arbolado urbano y la regulación de las antenas de telefonía.
Respecto a la reciente adjudicación de la administración del relleno sanitario a la empresa Ingeniería y Arquitectura -propiedad del titular de la Unión Industrial local, Fabián Gurrado- y a la labor de la subcomisión de Residuos en la elaboración del pliego, Santomassimo afirmó que “el año pasado desarrolló una tarea impecable, los integrantes de la misma han trabajado mucho, ardua tarea han tenido sobre todo con el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos. Y en cuanto a la opinión con respecto a la participación en el relleno sanitario y su resolución me parece perfecto”.
En relación a cómo trabajará la Comisión Asesora en el control del Polo Petroquímico, el concejal de Cambiemos dijo que “salvo en determinados casos en particular donde ha sido alguna parada de planta, algún ruido molesto que haya ocasionado alguna de las llamas allá; después en líneas generales desde la Comisión no hemos tenido mayores inquietudes”.
“Entiendo, obviamente, que también, como órgano de control, tenemos la institución del CTE, que cuenta con profesionales por demás capacitados y con buena tecnología. Y obviamente, hablando de cada una de las empresas que tienen sus equipos técnicos que lo que menos procuran se supone siempre es la contaminación del medioambiente. Entendamos que cualquier ciudad que tiene algún un polo industrial con una fabrica mínima de lo que sea, siempre va a haber un mínimo de contaminación”, manifestó.
Pablo Rosenfelt, concejal del bloque Cumplir e integrante del directorio de Bahía Transporte SAPEM, habló con FM De la Calle sobre la demorada implementación del sistema de estacionamiento medido y pago a cargo de EXO.
“Había un compromiso de la empresa de hacerlo en tres etapas. En agosto tenía que estar la aplicación lista para que entre en vigencia, mientras iban a convivir los dos sistemas”, dijo.
Ante el incumplimiento, Rosenfelt planteó “intimar a la empresa a través de una carta documento para que a la brevedad se solucionara este inconveniente. Acá hay recursos públicos que el municipio ha dejado de recaudar, un lucro cesante que es importante y que no podemos dejar pasar”.
El concejal explicó que hicieron un pedido de informe y ayer, junto a su par Ezequiel Gimeno, concurrieron al Tribunal de Cuentas.
“Manifestamos nuestra preocupación y nos confirmaron que están actuando de oficio en este tema y lo están auditando. Es una obligación que tiene el tribunal, todo lo que tenga que ver con la administración municipal o con la SAPEM, teniendo en cuenta que el 98% del componente accionario es estatal”.
Agregó que “la SAPEM gerencia un sistema y evidentemente lo gerenció deficitariamente. El que paga ese financiamiento es el municipio y hay que ver si intimó a la empresa para que dé un servicio como corresponde”.
“Sería conveniente que formalmente, y a través de un escrito, den toda la información que todos requieren y que estamos deseosos de conocer. (…) Lo inherente al parquímetro tiene que ver con subsidiar al pasajero frecuente”, concluyó.
Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.
Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.
Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.
“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.
En cuanto al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.
La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, se refirió a los dichos que la inspectora regional, María Celeste Veiga, pronunció ayer en el acto de inicio del ciclo lectivo.
“Es una funcionaria política de Cambiemos en un discurso político que no es más que lo que ellos son, lo que han hecho todo este tiempo es responsabilizarnos a los docentes de esta situación cuando está muy claro que es el Estado el que se está corriendo de su responsabilidad”.
“Vengo a hablar en nombre de la educación. Estoy representando esta figura, es que tengo que traerles la gran preocupación de la gobernadora y del ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny , quienes están trabajando para revertir esto, se impone en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, un deseo ferviente de que se revierta. Y esto también involucra a las familias y nos compromete a todos los docentes bonaerenses por eso es que vale el agradecimiento especial a aquellos docentes que hacen su lucha desde las aulas. Aplauso por favor a los docentes que van a hacer su lucha desde las aulas”, dijo Veiga en el jardín del barrio Palihue.
Canullo opinó que “es el Estado quien está cerrando los bachilleratos de adultos (…) que funcionan en escuelas secundarias, en horarios adecuados, en los barrios. Es el Estado quien fusiona los cursos, quien deja sin primeros años a tantos chicos y chicas que empiezan su escolaridad secundaria y no saben dónde van a ir porque en sus barrios cierran primeros para abrir cuartos, porque hacen todo sin querer poner dinero”.
Veiga había afirmado además que era un “acto privilegiado” porque “sabemos que tenemos todo el confort, pero sabemos que hay estudiantes que transitan su escolaridad en lugares totalmente inapropiados”. “¿Es acaso un “privilegio” que el lugar físico de la escuela pública donde se enseña y se aprende tenga todo lo necesario para funcionar?”, se preguntaron desde Suteba en un comunicado.
“Pero lo mejor que nos pasó ayer es que la comunidad, por suerte, dio su respuesta antes que la diéramos nosotros. Sabemos que varios padres del jardín donde se estaba desarrollando este acto, rechazaron éste discurso, algunos dijeron sus cosas, otros se fueron, eso es una muestra de que se les está cayendo la careta de que es lo que está pasando” finalizó la secretaria del gremio.
Esta mañana se realizó una protesta frente al Colegio Mosconi de Ing. White en rechazo al cierre del bachillerato nocturno de adultxs.
En diálogo con FM De la Calle, la docente Daniela Canullán sostuvo que “ayer llegó la resolución que, de alguna manera establece las normas para los alumnos menores de 18. Qué es lo que va a ocurrir con los adultos mayores todavía no se sabe, por lo menos de manera formal. Sí información reglamentada acerca de lo que van a ser las aulas aceleradoras. Obviamente que nosotros estamos en contra porque la propuesta para nada responde a la necesidades que tienen los alumnos y alumnas de la comunidad”.
Las aulas aceleradoras comenzarían en abril y “van a estar a cargo de un tutor que se va a seleccionar a través de un proyecto y que va funcionar como ciclo cerrado que finaliza en diciembre. Para los alumnos el hecho no acceder a materias especializadas y a presencialidad de docentes especializados en cada área, la calidad educativa va a disminuir. Lo que se pretende es que el alumno esté un año en las aulas aceleradoras y al año siguiente sea insertado en lo que eran las escuelas medias que funcionan en los turnos mañana y tarde”, comentó Canullán.
Otra de las cuestiones que dejan entrever las medidas adoptas es la derivación de lxs adultxs a los C.E.N.S. Canullán explicó que “la derivación a los C.E.N.S, aparentemente, porque de eso sí no hay información formal, sería para los adultos, estamos hablando de 18 años, que quieran terminar. Por lo pronto, la escuela lo que tiene que hacer es mandarlos a Viamonte al 400 para que se inscriban allá”.
“Siempre que se habla de la creación de un curso, de un aula aceleradora, estamos hablando de un cupo mínimo de alumnos que no sabemos si la comunidad va a responder a esa demanda. Porque en realidad, la mayoría de los alumnos que vienen al colegio, vienen porque necesitan la explicación del docente, la compañía de sus compañeros, la estimulación y motivación de los directivos. Bueno, todos los que hemos estudiado en escuelas públicas sabemos lo que significa hacer el trayecto escolar en comunidad”.
El próximo jueves 8 de marzo de llevará adelante en distintas ciudades del mundo el Paro Internacional de Mujeres. Sandra Bouzas, integrante de la Secretaría de Géneros del SUTEBA, y Camila Romero Partal, de la Comisión de Géneros del Colegio de Trabajadoras Sociales, visitaron la FM De la Calle para anticipar las actividades organizadas en Bahía Blanca.
“Hace un mes que empezamos con las asambleas, por suerte cada vez más organizaciones y mujeres se van sumando”, comentó Bouzas y agregó que “las convocatorias hasta ahora han dado resultados”.
Por su parte, Romero Partal dijo que desde la Comisión de Géneros “nos enfocamos más que nada en lo que tiene con políticas de género a nivel local, de cómo nos atraviesa como trabajadoras sociales, al ser un colectivo mayoritariamente de mujeres y también cómo repensar nuestras prácticas e intervenciones atravesadas desde esa perspectiva, que creemos que es fundamental para intervenir desde el trabajo social”.
Al mismo tiempo, se refirieron a los ejes que surgieron para este paro en particular: “Nosotras hemos logrado acordar entre tantas organizaciones como mínima consigna que nos nuclea: que nos paramos contra la violencia machista, el ajuste y (por) el aborto legal, eso como algo global. Después hay seis ejes que nos nuclean como: femicidios, también tenemos la mirada de las compañeras trans que vinieron con sus inquietudes (…), además como trabajadoras docentes exigíamos también el paro a nuestras seccionales sindicales, visibilizar el trabajo doméstico. Llevamos la consigna del aborto legal, seguro y gratuito”.
En relación al rol de los hombres que quieren participar de la marcha explicaron que “en las Asambleas logramos dar las discusiones desde las mujeres. (…) Después, lo que pretendemos es que los hombres empiecen a reconocerse en sus privilegios”, sostuvo Bouza.
Romero Partal comentó que desde la Comisión de Géneros “nadie dice que el machismo no atraviesa a los hombres y nadie dice que el feminismo sea solamente de mujeres. Creemos que las protagonistas somos las mujeres porque somos las que realmente vivimos en carne propia las realidades”.
La convocatoria a marchar en el Paro Internacional de Mujeres en Bahía Blanca será el jueves 8 de marzo a las 18.30 en la Plaza Rivadavia.
Lo dijo el titular de ATE y la CTA Autónoma bonaerenses en comunicación con FM De la Calle a partir del discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones de la Legislatura. Hoy culmina el paro por 48 horas de docentes y estatales.
De Isasi afirmó que la situación no es nueva pero sí “la virulencia, y se renueva cada vez que hay que discutir el salario. Este gobierno, nacional y provincial, tiene un desprecio manifiesto sobre los trabajadores del Estado, que todos los días les enseñan a miles de pibes, que les dan de comer -en el caso de los auxiliares-, limpian las escuelas”.
El dirigente gremial aseguró que “las afirmaciones de la gobernadora en relación a que no hemos perdido poder adquisitivo, que se toman de rehenes a los chicos y demás, carecen de sentido con un salario tan depreciado como este”.
Finalmente, explicó los motivos por los cuales se movilizaron esta mañana “Repudiamos las declaraciones de la gobernadora y exigimos la apertura de todas las paritarias (la única que está abierta es la de los docentes). Y que en esas paritarias se haga una oferta salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario, no solo discutir un 15% de proyección inflacionaria, que es mentiroso, porque hasta las encuestadoras oficiales hablan de un 20%”.
“Le agregamos la exigencia de reincorporación de lxs trabajadorxs despedidas, el pase a planta permanente de miles de trabajadores precarizados y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervenga en el conflicto de Fanazul porque tiene mucho para decir y tiene una de las llaves para que ese conflicto se resuelva”, concluyó.
“El estado no nos da los recursos para garantizar este derecho, entonces nos pone en un lugar en donde o tenemos que salir a buscarlo nosotros o conseguirlo de alguna manera, que alguien nos done, que nos preste” señaló Verónica Herrero, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de nuestra ciudad.
En el marco de la semana del Paro Internacional de Mujeres, se realizó la presentación oficial de este espacio. “Un grupo de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, promotores de salud y trabajadores sociales. Somos trabajadores que pertenecemos al sistema público de la salud, trabajamos en el primer nivel de atención y nos venimos reuniendo desde el año pasado para poder trabajar el aborto no punible en bahía blanca” explicó.
Según un informe elaborado por el equipo Latinoamericano de Justicia y Genero, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina y CEDES, se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año en nuestro país. Hay más de un aborto cada dos nacimientos. La única información sobre aborto disponible a nivel nacional de los servicios de salud proviene de las internaciones en hospitales públicos. Los abortos se reportan en una sola categoría que comprende desde mujeres que se internan en los hospitales públicos porque perdieron un embarazo espontáneamente hasta mujeres con abortos legales o mujeres que enfrentaron distintos tipos de complicaciones (más o menos graves) derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras. Quedan excluidas las mujeres que recibieron atención ambulatoria y las que accedieron a efectores privados o de obras sociales.
Herrero también destacó que elevaron “un informe en la Secretaria de Salud, que va a ser presentado al municipio en el HCD, donde cuenta y hay evidencia de todo un marco teórico, legislativo, jurídico tanto de Argentina como declaraciones internacionales donde avalan el pedido que nosotros estamos haciendo básicamente de los recursos para poder trabajar en el primer nivel de atención”
Por su parte Viviana Rodriguez, psicóloga, destacó que forma parte de esta red “que viene a abordar esta lucha histórica de muchos grupos feministas, con la intensión de poder visibilizar que también el aborto es un problema de salud y es un problema político, porque en realidad lo que se intenta cuando se coloca a la mujer solamente desde su dimensión biológica o su capacidad reproductiva es borrar la diferencia que hay entre la dimensión biológica y la dimensión política de la mujer”.
El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, emocional y social de las mujeres y de su entorno cercano. Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas entre 2014-2016. Contabilizan 47 las mujeres muertas por año por complicaciones relacionadas al aborto clandestino. “No parece cruel dejar a un grupo poblacional, la mayoría son mujeres menores de 25 años, a que vean cómo les sale un aborto inseguro, porque las mujeres abortan. Lo que está (en discusión) es el acceso al aborto no punible en un sistema de salud publico donde el aborto es seguro y no te compromete la vida” aclaró Herrero.
Y Viviana Rodríguez finalizó destacando que “la criminalización es selectiva porque las mujeres que han sido procesadas son mujeres pobres. La práctica del aborto es común en mujeres y en personas con capacidad para gestar, lo que pasa es que hay un sector que se encuentra en una inequidad y en una vulneración de derechos”.
A dos años del homicidio de Ángel Almada, el abogado de la familia, Leandro Aparicio habló esta mañana con FM De la Calle para contar las novedades en la causa por el encubrimiento de la muerte del joven violinista whitense: “Hay 5 personas imputadas; 3 son civiles y 2 policías. De los 3 civiles una se llama Cintia Cerdeiro que fue la que fue el mismo día a la comisaría y entrega el celular de Ángel diciendo que, se lo había cambiado por dos botellas de cerveza”
“Por otro lado, esta Pagotto que era el verdulero al cual se le encuentra el otro teléfono que estaba en la fiesta y que algunos dicen se había llevado Ángel (…), y por último está Acosta, que era el ex delegado (municipal), que fue en ese momento quien se arroga funciones que son propias de la policía; y posteriormente declara falsamente” comentó el letrado.
Respecto de la imputación a dos efectivos de la policía sostuvo que estos “tomaban las declaraciones y apretaban o falseaban las declaraciones, todas con el objetivo de plantear la hipótesis del suicidio (…)”.
En relación a la causa del homicidio, explicó que todavía “hay pruebas pendientes con los trece teléfonos secuestrados y hay otras medidas de prueba. Entiendo que la causa va a ser girada a la UFI específica de homicidio, que ya fue girada anteriormente y no duró ni dos horas. Se hizo una conferencia de prensa y la conferencia duro más que el tiempo que duro la causa en la fiscalía”.
A raíz de las medidas de fuerzas tomadas por distintos gremios de la educación, FM De la Calle conversó con Analía López, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, gremio que para por 24 horas, a diferencia de otros que adoptaron la medida por 48. La huelga “tiene que ver con la no concreción de la paritaria general docente, cuyo principal objetivo era establecer un piso salarial único para que todos recibieran la misma remuneración”.
SADOP ha convocado a las comisiones de negociaciones de esas paritarias pero que el Ministerio de Trabajo dejó afuera a este sindicato, impidiendo negociar con otras organizaciones sindicales las condiciones en que se llevará adelante el acto educativo.
López aseguró que desde el gremio se oponen al concepto de presentismo: “Creemos que sería muy injusto premiar económicamente la suerte que pudiera tener un trabajador de gozar de buena salud y castigar con una quita a aquel que tiene la desgracia de tener una patología o un familiar enfermo. Personalmente jamás aceptaría cobrar algo que me beneficie porque goce de buena salud y que no lo percibe otro compañero”.
Al respecto mencionó que quieren discutir las causas del ausentismo y que realizaron una encuesta sobre salud docente. “Muchas de las patologías que afectan a los docentes tiene que ver con las condiciones en las que realizan la tarea cotidiana. Queremos mejorar esas condiciones para disminuir las causales de las patologías (problemas de la voz, horas de estar parado, cursos excesivamente numerosos, aulas cuya infraestructura dejan bastante que desear)”.
También explicó que “dentro del universo de trabajadores docentes un 80% somos mujeres, las tareas de cuidado si un hijo se enferma recaen mayoritariamente en la mamá; tenemos una gobernadora mujer que encima estigmatiza esa función, castigando a los trabajadores si atendieron a sus hijos enfermos. No se cómo hará ella en su casa”, cuestionó.
En relación a cuánto perdieron de poder adquisitivo en los últimos tres años, la titular del sindicato dijo que el sector ya sufría una depreciación un 10% por debajo de la inflación de 2016, que no se recuperó en el 2017”. En diciembre realizaron una encuesta interna para establecer la canasta básica del docente privado y “estableció que hubiéramos necesitado un incremento salarial del 27% para estar acorde con el impacto de la inflación en nuestro poder adquisitivo”.
Finalmente aseguró que “si ahora nos ofrecen 15% en tres cuotas, con la proyección inflacionaria que estamos teniendo, sabemos que va a ser imposible para el trabajador satisfacer sus necesidades básicas. La oferta que ha hecho la gobernadora nos resulta inaceptable”.
A cuatro años de la muerte de Daiana Herlein, producto de la caída de una rama en el Parque de Mayo, su madre la recordó advirtiendo que nada cambió en el ámbito municipal ni se produjeron avances en la causa judicial.
Lorena Zerneri publicó esta mañana en su cuenta de Facebook que “parece que fue ayer, que compartíamos esas profundas charlas mate por medio, que reíamos a carcajadas, que te escuchaba proyectar los días, meses y hasta casi los años que tendrías por delante, para estudiar, viajar y cuantas cosas más. Parece que te escucho decir. Mamá yo no necesito nada para vivir y ser feliz. Cuánta grandeza y sabiduría, cuánta luz en sólo 15 años”.
“Hoy es un día donde la tristeza, la angustia, la nostalgia invade mi alma y mi corazón más que cualquier otro día, me senté y me levanté mil veces queriendo escribir estas líneas, tratando de no ahogarme con cada palabra. Pero esto no va a impedir que siga luchando y reclamando una y otra vez para que su muerte sea un constante recordatorio de que LA CORRUPCION MATA”, agregó.
Según manifestó Zerneri, “no ha habido en el sector Parques dentro de la Secretaría de Obras Públicas un solo cambio, mejora, propuesta o hecho que muestre mínimamente la predisposición a mejorar para que un hecho trágico como este no se vuelva a repetir”.
“Luego de dos años de gestión de los nuevos representantes del pueblo y administradores del Estado no existe un censo del arbolado público y tampoco un Plan Regulador del Arbolado Urbano, exigido por Ordenanza y Ley Provincial, si esto hubiera estado hecho antes del 2014 Daiana estaría entre nosotros, pero Daiana murió y al Estado municipal, no le interesa que alguien murió, porque luego de dos años no hace lo que debe, y pone en riesgo a los ciudadanos”.
“En cuanto al Poder Judicial, ya vamos por el fiscal número tres y aún no tenemos JUSTICIA, sin entrar en detalles de corrupción, desamparo, abandono y falta de respeto hacia nosotros los familiares de Daiana”, aseguró Zerneri.
Finalmente destacó que no hubo definiciones en torno a la causa por el robo del árbol que cayó sobre la cabeza de su hija -“los delincuentes Eduardo Hess, empleado municipal y su esposa impunemente conviven entre nosotros, como así también los oficiales encargados de preservar el lugar del hecho-“.
En cuanto a la investigación por el homicidio y otras causas derivadas de la misma la madre de a joven afirmó que “jamás fueron citados a declarar varios de los directamente responsables de la muerte de Daiana”.
El miércoles pasado se realizó la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano.
“Terminamos de armar la compleja trama represiva desde la Armada, acá tenemos muchos imputados con rango medio. En el primer juicio fueron juzgados y condenados altos mandos y de bajo rango y acá venimos a completar ese organigrama que funcionó como un gran pulpo en la ciudad”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia.
El debate oral de la causa caratulada “Aráoz de Lamadrid Nº6631” será en abril en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80 y tendrá 14 imputados y 66 víctimas. El tribunal está integrado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava y los fiscales son Nebbia y Miguel Palazzani. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la APDH, respectivamente.
Según informó Nebbia, el debate “va a ser corto porque los casos de las víctimas fueron juzgados en el primer juicio, hay muy pocos casos nuevos y muy pocos testimonios nuevos porque el tribunal con muy buen criterio y -a pedido de la Fiscalía y las querellas- incorpora todos los testimonios por video para que los familiares no tengan que volver a declarar y revivir el horror que pasaron en aquella época”.
La causa fue elevada con una veintena de represores aunque hoy son 14 los que estarían habilitados por el tribunal. “Por el transcurso del tiempo algunos fallecieron, otros quedaron fuera del proceso por incapacidad psíquica y por eso también la necesidad y la premura de que se lleve adelante el debate”.
¿Lo miran por TV?
Casi la totalidad de los acusados está detenido en sus casas. “Esa es una característica que se detectó desde el inicio de las acciones, inclusive en primera instancia: la diferencia entre fuerzas. La Armada ha sido mayoritariamente beneficiada con prisión domiciliaria en contraposición al resto de las fuerzas”.
“Este juicio tiene todos imputados de la Armada y no es la excepción. La inmensa mayoría está con prisión domiciliaria, algunos aquí en Bahía y la mayoría en Capital Federal. Pedimos que se los reexamine para ver la posibilidad de que sean trasladados para que, al menos en algunos tramos cruciales del proceso, estén presentes a la vista de los jueces, las partes y el público”, dijo el fiscal.
Consultado por las causas del privilegio de los marinos sobre los genocidas de otras fuerzas, Nebbia aseguró: “Lo nuestro es meramente descriptivo, desde la Fiscalía hemos llamado la atención sobre eso e impugnamos de igual manera cuando entendemos que no están las condiciones que fija la ley para que una persona esté en domiciliaria y esté en condiciones de cumplir su detención en un establecimiento carcelario. Pero lo cierto es que los números muestran esa diferencia”.
El defensor Sebastián Olmedo Barrios afirmó que sus defendidos tienen más de ochenta años y pidió que sigan las audiencias desde Buenos Aires. Para su colega Gerardo Ibáñez, trasladar a los reos al Aula Magna universitaria es “puro hostigamiento”.
El juez Jorge Ferro anunció que la modalidad será la misma que en los juicios anteriores, con videoconferencias desde Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura. El tribunal deberá resolver si los genocidas estarán o no durante la lectura de la acusación, las indagatorias, los alegatos, las últimas palabras y la sentencia.
No innovar en Baterías
Durante la audiencia preliminar la Fiscalía pidió continuar con la medida cautelar que impide modificar la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías y ordena realizar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas”.
El fiscal Nebbia comentó que en el lugar está trabajando Memoria Abierta, la misma organización que realizó la excavación y recuperación de los cimientos del predio donde funcionó el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, detrás del Batallón de Comunicaciones 181 del Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.
“Se pudo comprobar a partir del primer juicio que en la Séptima Batería funcionó uno de los centros clandestinos de la Armada. Hay un trámite ante el Juzgado de primera instancia donde a partir de la solicitud hecha por la Fiscalía se cauteló y se mandó a hacer una protección del lugar”.
Los primeros trabajos se realizaron a fines de 2017 y para continuar es necesario que el Consejo de la Magistratura destine los fondos necesarios.
Declaración anticipada
Con la probable intención de alejar al represor Aristóbulo Nicanor Moreira del escenario de los crímenes de lesa humanidad cometidos a fines de 1976 y principios de 1977 en la región, el defensor oficial Gustavo Rodríguez adelantó el testimonio de la cuñada del ex capitán de fragata.
Marta Catalina Moreno declaró que desde “el 23 o 24 o diciembre del 76 hasta mediados de enero del 77” compartió las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de calle Carabobo de Capital Federal con su hermana Noemí y con Moreira quienes estaban casados desde 1969 y tuvieron una hija en 1976.
