Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Este lunes y martes, a pesar del boicot oficial, se realizaron los festejos del Carnaval en el centro de Bahía Blanca. Los escenarios montados en la Plaza Rivadavia recibieron a decenas de murguerxs y artistas que aprovecharon los micrófonos para denunciar el desguace cultural que ejecuta el gobierno municipal de Cambiemos (PRO-CC-UCR).
“No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete”, leyeron Belén López, Alberto Rodríguez, Sasha Quindimil y Ángel Dantagnan en representación de las agrupaciones de la comunidad artística y cultural que organizaron el festival.
Compartimos el documento completo.
El Estado argentino reconoció el Feriado de Carnaval en el año 2011, tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976 la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país.
En 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico.
En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir.
Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de Director del Instituto Cultural se refirió, en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia los/as trabajadores/as de prensa, a las murgas como “contestatarias” y “en contra del estado”. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas son un movimiento diverso que no puede reflejarse (salvo en estos términos de provocación) como una suerte de movimiento anarco-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología.
En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación: las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales bregamos por un Estado grande y presente, que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscripto este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de casa territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros/as de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros/as y le mientan a la comunidad.
Más allá de la opinión personal de cada servidor/a público/a con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado.
Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producido este año hacia el Carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros/as trabajadores/as de diferentes área vitales e indelegables del estado (salud, educación, cultura, etc.) y nos solidarizamos con todos/as y cada uno/a que se vea afectado/a por decisiones de política económica cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica.
Por eso este lunes vamos a carnavalear en el Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros/as vecinos/as lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a los/as pibes/as que en el barrio trabajan todo el año para tener su traje y cantar en carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas.
Queremos que sepan que, por decisión política, hoy en Bahía Blanca han puesto al “Carnaval en desguace”.
Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía, del/la bombista o del/la barilarín/a. Cuando hay mucho por decir se canta más fuerte. Y el letrista no se olvida.
No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No sé pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete.
Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado (que no juega al libre mercado sino a la patria contratista). El carnaval no tiene nada que esconder. Por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes la mascarita se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma: gastan para los que no necesitan.
Este lunes bailaremos y cantaremos en este Carnaval en Desguace. Y el martes desfilaremos abrazados/as a este amor con brillantina.
“Debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.
La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.
Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.
SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.
El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.
La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.
Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.
FM De la Calle abre la convocatoria “Palabras en el aire de la Calle 2018”. Está destinada a escritores/as y poetas del sur de la provincia de Buenos Aires.
¿De qué se trata? Vamos a poner en el aire de 87.9 Mhz poemas, cuentos y escritos de autores/as de la región. Para eso, envianos hasta 3 textos propios (publicados o inéditos) a la casilla de correo electrónico [email protected] desde el miércoles 24 de enero hasta el viernes 2 de febrero de 2018.
¿Cómo lo realizaremos? Los textos pueden ser grabados por sus autores/as y/o por nuestros locutores/as. Las sesiones de grabación se realizarán durante la semana posterior al cierre de la convocatoria en el estudio Heinrich y Loyola (Lamadrid 544).
FM De la Calle pondrá a disposición a su cuerpo de editores para elaborar el material final, mezclado y masterizado. Los trabajos terminados quedarán a disposición de cada autor/a para uso personal y profesional.
Durante la programación de trasnoche, los textos podrán ser disfrutados por nuestra audiencia.
Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.
En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.
Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.
El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.
Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.
VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.
#JusticiaParaSantiago
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó su informe anual a partir de los datos remitidos por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”.
Además de la información estadística sobre las causas en trámite y la situación procesal de los imputados, el documento incorpora el análisis de trayectorias temporales a partir de los hitos del proceso penal, para medir las demoras suscitadas en los mismos.
“Al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados. (…) las sentencias dictadas durante el 2017 han sido 26”, asegura el relevamiento coordinado por el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky.
Los números a nivel nacional
Tal como consigna el informe, “a la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67%) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”.
Además, existen 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario –esto último en los casos de juicios que tramitan por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación), pero sólo seis de ellas tienen fijada fecha para que se inicie el debate. Por otra parte, hay 98 causas que se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción.
El informe señala que “durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de las cuales 198 fueron condenadas mientras que 36 resultaron absueltas, al tiempo que destaca que “respecto de aquellos que aún no han obtenido sentencia, 701 se encuentra procesados (aunque de ellos, 53 se encuentran apartados temporalmente de la investigación, por incapacidad), a 164 se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y en relación con 550 personas, resta que se resuelva su situación procesal (26 han sido recientemente indagados y 524 tienen pedido de indagatoria pendiente)”.
Por otra parte, “a diciembre de 2017, son 1305 los imputados libres y 1038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugos de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, consigna el documento y agrega que de los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.
El documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también señala que durante el 2017 se dictó el fallo “Muiña”, mediante el cual la CSJN admitió la utilización de la Ley 24.390 para el cálculo en el tiempo de detención preventiva de los imputados, computándose 2 días por cada 1 que permanezcan privados de su libertad sin sentencia firme. Tal como consignó oportunamente un informe de la PCCH, publicado en el mes de agosto, se presentaron 118 planteos al respecto, en los que se solicitaba un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.
Demoras y “cuellos de botella”
El informe analiza también las trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad a nivel nacional. En tal sentido, existen 593 causas principales en las que ya se presentó requerimiento fiscal de elevación a juicio, pero del análisis se excluyen 247 causas que se encuentran en etapas previas de la instrucción, y cinco que ya tuvieron sentencia pero que no pudieron ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la muerte del único imputado.
Para el análisis, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideró como causas “firmes” a aquellas que han tenido sentencia y no hay instancia recursiva pendiente, las cuales totalizan 60, mientras que hay 281 causas catalogadas como “en trámite”, las cuales son aquellas con sentencia –pero que aún no fue recurrida- o que se encuentran con requerimiento de elevación a juicio.
En base a ello, se analizaron los datos y se concluyó que, en las “causas firmes”, transcurren 5,56 años entre que se presenta el requerimiento d elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la CSJN, mientras que la demora en la causas “en trámite” alcanza los 4,48 años.
Además, el informe señala que “al desagregar los datos por hito, se ve que la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la CFCP, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”.
Finalmente, el documento hace hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, y señala la existencia de “cuellos de botella” durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.
La diputada nacional del FIT Romina del Plá presentó un proyecto de ley que plantea la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Caablevisión Holding SA”.
El proyecto sostiene que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación, a través de la cual el grupo Clarín consolida una posición dominante.
A su vez, agrega que la fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino que golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores.
La iniciativa propone que previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.
Por último, el proyecto plantea la suspensión de la Fusión de Cablevisión SA con Telecom Argentina SA hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel.
(Por Astor Vitali) Para esta última columna cultural del año había pensado en editar un racconto de audios en base a las entrevistas y a las producciones sonoras que hemos realizado a través de nuestros micrófonos con artistas de la ciudad, del país y el mundo. Sin embargo, reconsideré la cuestión. Me parece oportuno, en cambio, tratar de pegarle una mirada panorámica a la cosa cultural en Bahía Blanca, tan problemática durante estos últimos años.
En principio, me parece destacable reparar en el hecho de que, lamentablemente, cada vez que uno se refiere a la cuestión artística en Bahía termina hablando de los problemas para desarrollar propuestas artísticas más que de las propuestas artísticas y estéticas en sí mismas. Este es un dato de época: se habla más de las dificultades para hacer arte que del arte en sí mismo.
La nuestra es una sociedad desigual, por lo que el derecho a la producción cultural y el acceso a bienes culturales no están resueltos a priori. Hay miles de ciudadanos y ciudadanas que jamás tuvieron la oportunidad de pisar el Teatro Municipal, por ejemplo. Se necesita del Estado para garantizar los derechos culturales.
El mercado y el Estado tienen en esto una alianza estratégica dura. El mercado produce bienes tangibles e intangibles concebidos en industrias culturales, segmentado en “gustos” culturales que se ocupa de construir. De la mano del Plan Cóndor y de la destrucción del sentido de lo público que implicó el menemismo, las músicas populares concebidas por el pueblo fueron diezmadas –así como las fuentes laborales generadas- y, a través de una inmensa maquinaria editorial y mediática, se impusieron estéticas hechas por centrales de producción que buscan maximizar ganancias confeccionando productos “para el pueblo”.
En este proceso, el rol del estado es básicamente desfinanciar a los actores culturales locales y regionales con el objetivo de eliminar los rasgos particulares que atenten contra el plan de instalación de artísticas monótonas y segmentadas por clientelas. Si sos pobre y medio morocho: lo tuyo es la cumbia. No tenés derecho a nada más de la belleza de la música universal creada durante siglos por la humanidad.
Sumado a esto, también se suelen transferir fondos públicos hacia las empresas productoras de contenidos. El ciclo AcerArte de la gobernadura María Eugenia Vidal es ejemplar.
Esta alianza entre gobiernos y privados deja en una situación de marginalidad relativa a las propuestas artísticas producidas por la ciudadanía. La alternatividad ha sido la marca de la época. Grupos de teatro, musicales, artistas plásticos/as, escritores/as se ven restringidos/as a un circuito que representa un porcentaje mínimo de la población. Al mismo tiempo, los canales masivos de comunicación social garantizan que no despegue ninguna propuesta que no acuerde con cánones claramente establecidos y documentados por los manuales de las productoras.
Les recomiendo que busquen en YouTube charlas motivacionales de compositores del mercado musical en México, quienes van mostrando el manual para hacer canciones que “peguen” y encontrarán allí la respuesta a cómo se crea un producto cultural masivo que nada tiene que ver con lo popular ni con las historia de la música popular sino con la creación de público homogéneo para maximizar ganancias con un producto híbrido.
En este contexto uno cree que deben interpretarse las medidas municipales del actual gobierno. A saber: haber dejado a 30 niños, niñas y adolescentes sin su orquesta escuela en Villa Miramar; haber intentado vetar reglamentación de acceso a subsidios por parte de artistas locales; haber recortado horas extras y con ello el cierre de museos; haber retirado apoyo a encuentros y eventos realizados por gestores culturales locales independientes (sin fines de lucro); negar la grave crisis cultural que atraviesa el sector.
Todo esto constituye una política definida. No puede concebirse de ninguna manera como un error, como cuestiones personales atribuibles a la infame gestión de Ricardo Margo, como incapacidad política o como resultado del desconocimiento. De ninguna manera. En términos más claros podemos ponerlo así: les calienta un carajo la cultura producida por el pueblo al que deberían representar. Sí les importa la foto con las estrellas de la industria cultural porque su profunda ignorancia les convence de que eso es la cultura y lo otro apenas “chiquitaje” que “no logra triunfar”. El exitismo al gobierno.
Un último problema que debemos señalar es que la actitud de muchos/as trabajadores/as de la cultura no favorece una política activa desde este palo que logre visibilizar sus virtudes y problemas. Algunos/as van por la personal. Otros/as descreen de las herramientas de participación y representación. Otros/as quisieran ser estrellas. Salvo cuando el agua nos llega al cuello y vemos ahogarse a alguno cercano, cuesta mucho reaccionar y buscar acuerdos y políticas en común. Es importante tomar nota de esto para no repetir la misma conducta y cuando baje al menos un poco el agua no olvidemos que a eso llegamos por apostar a la individual.
El funcionamiento asambleario del Consejo Cultural Consultivo da cuenta de que un modelo participativo y de democracia directa es posible y exitoso. En los últimos años es mucho lo realizado y las victorias logradas cuando se obtuvieron puntos de consenso y se puso el cuerpo a las luchas (rechazo al veto de la ordenanza de creación del CCC, piso del FMA, Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, etc.).
Es preciso también buscar más canales de diálogo y conocimiento en torno a las propuestas estéticas existentes. Hay mucha iniciativa y propuesta que muere cerrada en cada grupo y su pequeño espacio cultural. Compartir, dialogar, comparar y comprender propuestas estéticas entre sí puede abonar mucho al enriquecimiento colectivo. Hay vida después del Instagram.
A las estrellitas hay que recordarles que su destino final es la implosión. Tarde o temprano estallan y mueren. Los y las laburantes de la cultura, fueron, son y serán siempre el centro gravitacional sobre el que gira todo lo otro.
Para cerrar estas columnas y nuestro año, podríamos decir -junto a Martínez y Canterini-: Salgan al sol. Hay vida detrás del Instagram.
Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la feliz noticia del encuentro de una nueva nieta, la 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.
Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.
Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.
Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.
La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.
La búsqueda
Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.
En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.
La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.
En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.
Una vez más, las Abuelas destacaron la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.
Hace muy pocos días, desde el organismo anunciaron la restitución de la nieta 126. “Hoy cerramos el año de nuestro 40° aniversario con otra noticia feliz, el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad”.
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.
Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.
La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.
Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.
Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.
Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.
Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.
Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.
Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.
Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.
Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.
Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).
Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.
Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar
Foto: FM La Tribu
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.
Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.
El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.
En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.
Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.
La semana pasada la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la modificación del sistema jubilatorio del Banco Provincia y la quita de jubilaciones de privilegio para lxs funcionarixs con altos cargos de gobierno.
El legislador provincial por el FIT Guillermo Kane explicó que “ya en el discurso e Macri en el Centro Cultural Kirchner puede haber negado que iban por una reforma jubilatoria, y bueno tuvimos esta crisis que terminó con el repudio popular”.
“En el discurso de Macri, se unió el problema jubilaciones de privilegio a regímenes especiales de distintos sectores de trabajadores que son conquista de muchos años y que ellos pagan con sus propios aportes. Entonces, esta operación que fue reproducida después en medios de comunicación ligados al gobierno, trata de mezclar el gobernador o el juez, que no está incluido en la ley de Vidal, con la docente que puede jubilarse a los 55 años, luego de 30 años de servicio al frente de un curso con el desgaste que eso implica, entonces me parece que estamos escondiendo las cosas”.
Kane se manifestó a favor “de que no tengan jubilaciones de privilegio ni los gobernadores, ni los legisladores, ni los jueces, que no están incluidos en este proyecto. Pero sobre todo creo que este es un mascarón de proa para avanzar sobre los trabajadores”.
Régimen impositivo para cooperativas
También fue aprobada la modificación del capítulo del Código Fiscal que alcanza a las cooperativas. La ley 10.397 y modificatorias pretenden lograr mayor equidad y reforzar la finalidad de esxs asociadxs.
Al respecto, el diputado Kane sostuvo que “justamente en una provincia donde se ha eximido a cientos y cientos de empresas de ingresos brutos y de otros impuestos de la provincia, se ha quitado, por ejemplo, la tasa especial para vender en la provincia de Buenos Aires a empresas que no están radicadas en ella; ha habido eximiciones de todo tipo para grandes empresas, se aumenta la carga impositiva sobre las cooperativas”.
“Lógicamente que nos interesaría diferenciar entre cooperativas impulsadas por sus trabajadores, las fábricas recuperadas (…), con cooperativas que existen como subsidiarias del Estado o de grandes empresas, que también las conocemos”.
“El puerto de Mar del Plata, por dar un ejemplo, está lleno de tercerizadas de las grandes empresas que figuran y tributan como cooperativas. Me parece que acá hay que diferenciar el fraude fiscal y laboral de la defensa de los trabajadores, y bueno esta ley lo que hace es golpear sobre la voz más débil, mientras le regalan en la votación reciente del presupuesto de Vidal, extensiones millonarias a las grandes empresas, los grandes bancos de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.
Las fiestas no son una fecha fácil para las personas con autismo y sus familias, a pesar de ser un momento de celebración no la pasan bien cuando de pirotecnia se habla. FM De la Calle charló con Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, sobre la campaña #BahiaSinPirotecnia.
La campaña surge por “el desconocimiento general de asociar a la gente con autismo y el ruido de la pirotecnia, generalmente lo asocian con los animales. Nos parecía importante empezar a hablar y relacionarlo, entender que estamos afectando a una persona no solo a los animales”, explicó Moya.
La gente con autismo recibe de otra manera la estimulación sensorial del ambiente exterior, además de haber diferentes grados de sensibilidad y casos de una hipersensibilidad “muy marcada, que es como si la pirotecnia la estuviesen tirando dentro de su cabeza; es tal la desesperación que le agarra a la persona que muchas veces se lesionan, se golpean, porque no saben qué hacer con esto que les está pasando, con este estímulo que reciben”, manifestó.
La campaña tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad, se sumaron muchas personas, pero quizás la adhesión más significativa vino de la mano de los jugadores de Olimpo, quienes se sacaron fotos y las subieron a las redes. Moya comentó también que se han sumado desde empresas, vecinxs, y desde ONGs que protegen a los animales. “Hicimos una campaña global, tanto nosotros como ellos”.
La integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca explicó que hay una ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia, que también rige en Punta Alta, sin embargo no se cumple. “La ordenanza está, lo que nosotros instamos es a que la gente tome conciencia y no vaya a comprar, porque si nadie va a comprar no harían falta estos controles”.
Si bien hay alternativas para celebrar sin hacer uso de pirotecnia –además de que puede resultar en un accidente para quien hace uso–, y brindan otra opción “hay distintas luces que se pueden implementar”, Moya consideró que desde el Comité intentan cambiar el concepto de “asociar las fiestas con la pirotecnia, (…) que la celebración sea por otro lugar”.
“Aquella persona que se quiera sumar, se saca una foto con un cartel que diga #BahiaSinPirotecnia, la sube a sus redes, para ayudarnos a difundir. Está bueno este mensaje de que la gente sepa que se está afectando a una persona que tiene todo el derecho de pasar las fiestas lo mejor posible con sus familias. (…) A veces las acciones que nosotros tenemos afectan a otros”, concluyó.
Luego de que la semana pasada se conformaran las distintas comisiones dentro del Concejo Deliberante, FM De la Calle habló con el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, quien está al frente de la Comisión de Educación Cultura y Acción Social.
Ante la intención del oficialismo de derogar la Comisión de seguimiento del Fondo Educativo, Quiroga manifestó que su bloque quería “modificar la ordenanza existente porque si bien era un avance tampoco tenía mucha eficacia (ya que) el Consejo Escolar no tenía voto, los del sindicato tampoco”.
Además, “se sustrajeron recursos del Fondo Educativo para otros fines cuya justificación estaba muy difusa, y se subejecutaron partidas”, comentó. La última reunión del año de la comisión de seguimiento del fondo educativo “debió haber sido convocada el viernes pasado por Morena Roselló. No solo no la convocó sino que no la pude ubicar por teléfono”.
Quiroga explicó que se destinaron 123 millones de pesos del presupuesto 2018 para el Fondo Educativo, pero aseguró que el oficialismo tiene “la pretensión de manejar a su antojo sin que nadie se meta, nadie que controle ni que sugiera nada”.
También aseguró que hay que poner el ojo en la infraestructura de las escuelas, “donde hay una deuda extraordinaria. Fijate que en el presupuesto participativo que banca la empresa Dow, los tres proyectos más ambiciosos, de un millón de pesos, eran de problemas de infraestructura escolar, (…) en White se mataban por tres millones de pesos entre tres escuelas públicas, que te obligan a una situación enojosa dentro de la comunidad”.
En cuanto a la situación cultural del próximo año, el presidente del bloque Unidad Ciudadana expresó: “veo muy bien lo que quieren porque en realidad, es muy cómico, el proyecto de presupuesto que nos llegó es copiado y pegado del del año pasado, ni siquiera le corrigieron el número”.
“El Consejo Consultivo debe ser jerarquizado en sus decisiones. Que la ordenanza de Espacios Culturales Independientes debe tener plan vigencia”.
“Este año, paradójicamente, una de las propuestas es ampliar el horario de atención de los museos y sucedió todo lo contrario”. Van a esperar a reunirse con el Director de Cultura, Ricardo Margo, para profundizar sobre esas cuestiones.
Al consultarle respecto a la ordenanza fiscal impositiva, aseguró que se va “30% para arriba todo. Salvo algunas excepciones a las que se les reduce la tasa, como los que tiran fibra óptica, o alguna promoción para instalar parques eólicos (energías renovables). El resto, aun cuando dicen que la inflación va a ser de 16% (…) no va a ser un buen año desde el punto de vista de los contribuyentes; desde el ABL hasta el resto de los tributos, 30% para arriba”.
Una vez que el Secretario de Hacienda, Esandi, se presente para defender la ordenanza fiscal impositiva, tendrán “que empezar a desfilar los miembros del gabinete para explicar cómo van a gastar los 4.305 millones de pesos que componen el presupuesto 2018”, explicó Quiroga.
Si bien confirmó que se aprobaría todo junto, tanto el presupuesto como la ordenanza fiscal impositiva, advirtió que “lo vamos a tomar con calma, no vamos a permitir que vayan tres o cuatro funcionarios en un solo día, que se queman la cabeza y terminas no entendiendo nada. Hay que hacerlo con serenidad”.
Sobre el supuesto recorte de gabinete que se había anunciado para ‘ajustar’ comentó que “quedó en nada. Lo que dice un poco el prólogo del presupuesto es que estos cambios tienen que ver con optimización de la gestión. El valor es el mismo, así que ahorro ninguno, le cambian los nombres pero nada que signifique ahorro”.
Finalmente, Quiroga se refirió a su bloque: “Tenemos minoría en todas las comisiones, tenemos minoría en el Concejo; procuraremos algunas negociaciones que faciliten, que ayuden, pero es complicado. (…) Por lo menos vamos a estar ahí, observando con mucha minuciosidad todo para contárselo a los vecinos y las vecinas”.
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de modifica el régimen previsional de lxs empleadxs del Banco Provincia que pretende elevar escalonadamente la edad jubilatoria de 57 a 65 años con 35 años de servicios como mínimo. La Asociación Bancaria resolvió extender el paro hasta el viernes pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
“Desde el año ’92 nos jubilamos a los 60 años de edad, con 35 años de aporte y además nuestros jubilados siguen haciendo el aporte del 10,82% una vez de haber accedido a la jubilación. Hay una intención de extender la edad jubilatoria en cinco años, con la posibilidad de extenderlo en cinco más, es decir que estaríamos con posibilidades de jubilarnos a los 70 años, eso sería de forma voluntaria”, contó Marcos Helbert delegado de lxs trabajadores del Bapro a FM De la Calle.
Comentó que con este proyecto “va a haber una disminución del haber inicial; el haber nuestro actualmente surge del promedio de los último cinco años y pretenden llevarlo a un cálculo de los haberes percibidos de los últimos diez años, esto es sin actualizar los haberes por función sino que, al haber percibido no se le tiene en cuenta ni siquiera el impacto de la inflación”.
Paralelamente, se reduce en un 5% el haber de las pensiones y se modifica, además, la forma de actualización de las jubilaciones que está unida con la actualización paritaria de los activos, que a partir de la nueva ley “se desengancharía para ajustarse tal cual ocurre con el sistema nacional, es decir que se pierde el anclaje de la jubilación en la ciudad en relación a los sueldos”.
En relación a la situación de la caja del jubiladxs del Banco Provincia, Helbert sostuvo que “desde el año 2007 estamos incorporados en el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires como un subsistema, tenemos una caja autónoma como es la caja de la policía, por ejemplo, pero es un sistema dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que las erogaciones quedan contempladas dentro de lo que es el presupuesto provincial. De todas maneras, nosotros tenemos un desfasaje entre activos y pasivos, hace años que no entra gente a trabajar en relación a la cantidad que se están jubilando, razón por la cual la jubilación se va desfavoreciendo”.
Finalmente aseguró que “lo que estamos diciéndole a la Gobernadora es que, para encontrarle una solución a esto lo que hay que hacer es retirar temporalmente el proyecto este de la Cámara de Diputados, armar una mesa de trabajo y en el plazo de 2 o 3 meses encontrar la mejor salida. Nos estamos oponiendo, fundamentalmente, a la prepotencia demostrada en los hechos; sin diálogo, sin consulta y avasallando todo tipo de derechos, incluso diciendo barbaridades; marcando fundamentalmente el desconocimiento sobre cómo se rige el sistema jubilatorio nuestro”.
El Ministerio de Trabajo citó a las autoridades provinciales y las del gremio a sentarse a dialogar el martes a las 15 en el marco de la conciliación indagatoria.
(Por Astor Vitali) No a todo el mundo le va mal. Hay gente que sabe moverse y sobre todo hay gentes que saben con claridad hacia dónde van. ¿No es así? Por ejemplo, los dueños y las dueñas de la mayor parte de las cosas tienen la cultura del espiral: nunca vuelven al mismo lugar luego de cumplir la planificación del ciclo que les toque ejecutar. Nunca vuelven al mismo lugar.
Para ponerlo en términos históricos, cuando se les pudría todo adentro de las fábricas porque los obreros y las obreras se contaban por miles y constituían un contrapoder con capacidad fáctica de disputar, decidieron triturar su propio modelo industrial y poner a un chino a producir la materia prima que un solitario campesino peruano cosechó. Separaron las grandes concentraciones. A otra cosa.
La burguesía no hizo inamovible ningún esquema y no sostuvo ningún statu quo a rajatabla: buscó formas concretas de mutar, adaptarse y sobrevivir. Esa mutación tuvo además carácter ofensivo. Los que tienen el poder en serio no buscaron defender su modelo mirando para atrás sino que redoblaron esfuerzos para avanzar en esa defensa con la estrategia de despliegue ideológico. “Vamos a convecerles de que les conviene ser como nosotros. Nunca serán como nosotros. Pero vivirán de la ilusión de que todos somos capitalistas en potencia con capacidad de éxito”.
Y no volvieron al mismo lugar: amplias capas de trabajadores y trabajadoras tienen como objetivo obtener un nivel individual de vida confortable a través del consumo. El progresismo mucho tuvo que ver con esto. En términos clásicos: ya no nos interesa socializar los medios de producción sino obtener una paga para disfrutar de los productos y, si es posible, hacernos de los medios pero como empresarios.
No podemos en un editorial revisar todo para atrás pero si te ponés a analizar cada momento de la historia desde que el capitalismo manda, vas a ver que siempre hubo recomposición de las crisis “fugando hacia adelante”. Siempre es más cómodo ver los procesos duros y violentos como la única cara del capitalismo. En cambio, hay una cara más inteligente y, tal vez, más peligrosa.
Como contrapartida, los que estamos abajo -en términos de poder social- a diferencia de los que tienen la manija, parecemos más propensos a movernos en círculos. Frente a las permanentes presiones de los poderosos sobre los débiles, estos últimos se ven obligados a trazar tácticas defensivas y no pueden encontrar lugares para acordar estrategias que permitan salir del círculo.
¿Cuál es el círculo? Por ejemplo, en Argentina no hubo un solo proyecto emanado de las organizaciones populares (gremios, organizaciones social, culturales, etc.). Para mayor claridad: hubo participación de organizaciones populares en diferentes gobiernos, por caso, el gobierno anterior, durante el alfonsinismo y el primer peronismo. Pero esas organizaciones se sumaron a proyectos políticos trazados por otros, con quienes circunstancialmente hubo puntos de acuerdo (muchas veces incumplidos) y oportunidad de alianzas coyunturales. En esos proyectos se está siempre de prestado: no se es redactor del programa.
En este contexto, cuando ocurre el natural cambio pendular en democracias como las nuestras, que oscilan entre gobiernos conservadores-liberales y capitalistas pseudo-distributivos, las organizaciones populares, vos yo y aquel, caemos en la misma situación de incapacidad de acción política. Podremos encontrar mejores herramientas de resistencia, o peores. Pero en cuanto a la capacidad de disputa de poder real, volvemos casi al mismo lugar. Esperando que venga el próximo ciclo a ver qué se puede rascar.
Uno cree que hay que dejar de rascar y buscar la forma de arrancarle lo que hay que arrancarle a quienes nos robaron todo.
Mientras la OMC discute sus proyectos para los próximos 50 años, en Argentina la representación política opositora se encuentra vacante (cuando no protectora del orden macrista) y el conjunto de las organizaciones y gentes del pueblo discute apenas en el plano de si seremos capaces de lograr unidad de acción para resistir.
Tal vez, tomar nota de esta situación sirva para atender la cuestión del qué queremos. ¿Qué queremos realmente? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué queremos aprender? ¿Con qué hacemos le puchero? ¿Qué música tocamos? ¿Cómo querés vivir realmente? Si le consultás al zurdo que late tu pecho ¿qué te dice? ¿Para dónde vamos?
Con claridad digamos que las acciones de resistencia son imprescindibles ante la violencia capitalista que encarna el plan de gobierno presidido por Macri. Pero con claridad también hay que decir que si no se para la pelota para discutir un rumbo, acciones ofensivas de construcción concreta, daremos otra vuelta a la calesita de la misma historia.
Hoy se sabe que, al margen de las fotos del jueves y ayer en el Congreso, el modelo de endeudamiento macrista-menemista-martinezdehozista tiene como destino su implosión y es sabido que eso puede llevar a una crisis social. No será copia de 2001. Pero habrá mayor crisis social y represión. Ya matan pibes por la espalda y miramos para otro lado. Quienes buscan un modelo diferente al que hemos transitado hasta ahora: ¿qué harán para no volver al mismo lugar del círculo?
Ojalá no sea el Duhalde del momento el que tome la decisión por nosotros.
(Por Astor Vitali) Este año registró el más alto índice de reclamos, movilizaciones y expresiones de repudio a las políticas culturales del intendente Héctor Gay, aplicadas por el ex animador de eventos, Ricardo Margo. La última fue la presentación de un recurso jerárquico por parte de integrantes del Consejo Cultural Consultivo, contra el uso ilegal de fondos públicos, habiéndose imputando dineros del Fondo Municipal de las Artes para la financiación de los gastos de hotelería del personal de Ricardo Arjona, durante su desafortunado paso por Bahía Blanca en medio de una gira que cerró en baja.
A pesar de la política oficial, que llegó al límite de recortar horas extras, viéndose afectado el normal funcionamiento de museos y hasta de la boletaría del Teatro Municipal, los espacios culturales independientes son centros de producción y acceso cultural que oponen su trabajo a los embates provocados por malas políticas.
En 2014, el ex director del Instituto Cultural, Sergio Raimondi, redactó un proyecto de ordenanza que consensuó con algunos espacios culturales y luego promovió en el ámbito legislativo. Una vez aprobada, la ordenanza 17.767, contempla financiamiento para los “Espacio Culturales Independiente” que define como “aquellos espacios multifuncionales que tengan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones: artes escénicas (danza y teatro), música, artes plásticas, literatura, medios audiovisuales, que contemplen la asistencia de público hasta de 200 localidades, que presenten una cartelera compuesta en su mayoría por propuestas locales y cuyo horario de funcionamiento sea hasta la 1 (una) de la mañana los días lunes a jueves y domingos, y hasta las 2 (dos) de la mañana los días viernes, sábado y vísperas de feriado”.
Elisardo Tunessi es actor, director, abogado, juez y docente. Durante los últimos dos años se ha desempeñado como asesor ad honorem del Consejo Cultural Consultivo e integra la mesa que la ordenanza creó para evaluar los pedidos de subsidios y el seguimiento de los mismos. “No solamente un espacio cultural es para la recepción de público sino para desarrollar talleres y actividades. Trabajar, investigar, fomentar”, destacó.
El año pasado tuvieron lugar una serie de reclamos para cobrar los subsidios correspondientes al período 2015, con retraso.
En este contexto, partir de mayo de este año, “la comisión revisora no se juntó más por decisión del Instituto Cultural”, dirigido por Ricardo Margo. Se elevaron notas al respecto, sin obtener respuesta formal. Por este motivo, sumado a los retrasos de la administración anterior, el proceso de normalización y habilitación de los espacios culturales se vio afectado.
Sin embargo, el artista sostuvo que la subjetividad de los ECI es positiva. “Cuando vivimos épocas difíciles la unión se hace casi imprescindible. Estamos viviendo en esta etapa. Los espacios culturales independientes hemos creado una red de conexión impresionante (Red de Espacios Culturales).
Los frutos de las medidas de fuerza
Tunessi adelantó a FM De la Calle que, luego de las movilizaciones definidas a través de las asambleas de todas las ramas artísticas coordinadas por sus representantes en el Consejo Cultural Consultivo, desde el municipio comenzaron a llamar a los proyectos contemplados por la mencionada norma.
A esto hay que sumar que también han sido contactados por personal municipal quienes llevan adelante encuentros y eventos contemplados por otra norma cuyo presupuesto viene siendo sub ejecutado: la ordenanza que crea el Fondo para Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo.
Los/as consejeros/as y las organizaciones gremiales de la cultura (UMSur y Asociación Argentina de Actores) han denunciado públicamente la violación de legislación vigente por parte de Margo. Durante la última movilización se interpuso un recurso jerárquico intimando al intendente a que ratifique o rectifique la violación de normas vigentes, haya sido por manejos discrecionales de fondos afectados o por la sub ejecución de los presupuestos asignados por esas normativas.
Según pudo constatar este medio con organizadores de eventos sin fines de lucro, el municipio comenzó a llamarles anunciando que, si presentan los comprobantes de los gastos erogados antes del 31 de diciembre, finalmente accederían a lo que por derecho les corresponde: recibir los subsidios de fomento que no venían entregando.
“Seguramente tiene que ver con la lucha que sea ha llevado a cabo por todos los compañeros y por la elevación del recurso jerárquico”, sostuvo el artista.
Luis Ponte: “Hay herramientas de representación para manejar esto a mediano y largo plazo”
El gestor cultural y columnista del programa En Eso Estamos que se emitía a través de este medio, abonó al análisis respecto de la situación cultural en la ciudad. “Como actividad propia, la producción independiente este año notó como nunca la sequía de actividades, pongamos en comparación con los últimos cinco años. Implica una cuestión económica (traer a alguien de Buenos Aires cuadriplicó los costos respecto de 2015 a la fecha), el encarecimiento de las salas y por otro lado la disminución de las afluencias de público. Aún con las entradas económicas como pueden ser por ejemplo la orquesta sinfónica (que dependen del órgano público OAS) o eventos que no tienen fines comerciales. Denota un decaimiento en el interés de la gente, provocado por la situación económica”.
En relación al pasado, “históricamente siempre el estado municipal ayudó a los productores culturales independientes con pasajes, alojamiento, comida, etc. Este año, la política fue cero apoyo de ningún tipo -salvo a Ricardo Arjona”.
Se atravesaron situaciones como “gente que tuvo la promesa (oficial) de apoyo y después se le retiró”.
En referencia a la responsabilidad política del intendente Héctor Gay, Ponte explicó que “uno no puede tomar la sopa con un tenedor. Sabe que es inútil. Entonces, colocar a un inútil en un cargo que sabe que va a fracasar es una política de estado definida, en este caso por el intendente”.
En este sentido, el mandatario municipal declaró el 4 de diciembre, en el marco de una conferencia de prensa rodeada de la protesta de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar –a quien Gay y la responsable de Educación Morena Llanca Rosselló definieron este año no renovar contratos y esconder un acta pública firmada por las partes- que “no hay desguace cultural en Bahía Blanca” y que con solo mirar la agenda podría desmentirse esa “insólita” sentencia.
Para el productor, es “una afirmación cínica, coherente con la política cínica que viene aplicando el intendente a través de su encargado en cultura”.
Hay actividad cultural a pesar de la política cultural
La mayor parte de la actividad cultural registrada en Bahía Blanca durante este año es de producción independiente. Tampoco tiene que ver con la inversión empresarial privada sino con la autogestión de espacios y grupos culturales. “Si vemos industrias culturales: cine, librería, etc. ¿Qué definió la política cultural en los últimos años para mejorar o achatar eso? Siguen en piloto automático. Ahora si vamos a los grupos culturales, a los espacios permanentes… ¿Por qué va a pasar a la historia esta gestión cultural? Le apuesto a cualquiera que no puede definir nada por la positiva”.
“Es tristísimo esto y es un retroceso en tiempo. Va a pasar esta gestión como pasaron otras. Hay que seguir. Es un largo camino y se han conquistado cosas a pesar de los directores de cultura impresentables, como este caso. Hay que tener una política de lucha y de difusión. Tener políticas en conjunto de los grupos culturales”, propuso el gestor.
Finalmente, Ponte sugirió que “los actores culturales tienen que tener en cuenta que tienen organismos de representación que no son sellos sino que están para ayudarlos, contenerlos y guiarlos de forma colectiva en lo que después se traduce en quejas de pasillo”, en referencia a las asambleas de todas las ramas convocadas desde hace 9 años por el Consejo Cultural Consultivo. “Hay herramientas más que suficientes en la ciudad como para manejar esto a mediano y largo plazo y que esto sea un mal sueño, una pesadilla que en algún momento de la vida todos tuvimos. Pero me parece que las conquistas hablan a las claras de que hay que seguir en ese camino”.
