Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.
“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.
“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.
En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.
Pablo Rosenfelt, concejal por el bloque Cumplir y representante de la oposición en el directorio de Bahía Transporte Sapem se refirió esta mañana a la conferencia de prensa que brindaron ayer el presidente de la empresa Tomás Marisco y el gerente Federico Hartfield sobre el nuevo sistema de parquímetros.
Respecto a las declaraciones de Marisco el edil ratificó que “es imposible que Sapem no sepa hasta diciembre cuánto recauda. Sapem gerencia el sistema pero la recaudación va íntegramente para el municipio y el sistema online determina la recaudación de cada mes”. Si bien se estima una recaudación de 45 millones de pesos para el 2018 los datos de Gobierno Abierto registran que se llevan recaudados “1,6 millones hasta el momento”.
Sobre la orden de pago de seis millones de pesos que fue publicada en Gobierno Abierto, aseguró que “el gerenciamiento que hace Sapem le cuesta al municipio $1.590.000 y la orden de pago se emite del municipio para pagarle a la empresa por el gerenciamiento” realizado entre octubre y enero.
“El municipio no le tendría que pagar a la Sapem porque el gerenciamiento fue deficitario y en cierta manera me parece que si yo tengo un gerenciador que tiene que llevar adelante un sistema de la manera que corresponde, también tiene que haber una intimación por no haber brindado bien el servicio”.
En relación al supuesto sobreprecio en el contrato de Eycon, Rosenfelt comentó que “lo conveniente sería que el presidente de la Sapem, que tiene información y ha hecho la denuncia pública, haga la denuncia donde corresponde en sede judicial. La responsabilidad pasa por quien ha hecho esta manifestación”.
Finalmente, habló sobre la intención del bloque de Unidad Ciudadana de formar parte del directorio de Sapem: “Quiroga habló como presidente del bloque con Feliú. Estamos de acuerdo en que tiene que ser rotativo y en este período les tocaría formar parte del directorio. Yo particularmente le comuniqué al oficialismo que en abril no voy a ser más parte. Apoyamos la postulación de Larrea para que sea por los próximos dos años del directorio de la Sapem”.
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.
En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.
“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.
Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.
“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.
Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.
Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.
En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.
No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.
Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.
El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.
La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.
Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.
Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.
Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.
Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.
Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.
“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.
En el marco del 8M, un tribunal porteño condenó a empresas de colectivos y al Estado por no contratar mujeres y advirtió que la supuesta incapacidad de las mujeres para conducir es otra herramienta del patriarcado para seguir negándoles derechos.
En Bahía Blanca, Cecilia Bravo, chofer de transporte urbano e interurbano, hace años busca trabajo en las empresas de colectivo y se lo niegan sistemáticamente sin darle explicaciones.
Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general. Hubo una “audiencia hace 13 días y no se presentó nadie de las empresas. Estoy esperando el fallo porque ya pasó la etapa de los alegatos”, señaló Bravo a FM De la Calle.
Agregó que “es un pasito más adelante, poco a poco nos vamos poniendo en órbita las mujeres en lo que es la lucha por la igualdad, ante una toma de empleo. Yo no tenía que demostrar nada, lo que tenían que demostrar eran las empresas a las que le habíamos presentado el amparo en 2013”.
Con otra chofer salteña, Mirta Cisneros, iniciaron un reclamo en conjunto porque ni las empresas locales ni las de Salta querían contratar mujeres. Cisneros elevó el fallo a la Corte Suprema y ganó. Actualmente en Salta hay mujeres manejando transporte urbano e interurbano.
Bravo comentó que en las empresas “nadie me dijo nada, sí pude leer las respuestas de las empresas al amparo, que en algunos párrafos eran irrisorias, cuestionan mis carnets, me cuestionan a mí o a las entidades que me lo dieron, a la Municipalidad y a la CNRT. Es algo muy lógico, tuvieron tiempo para verificar otras cuestiones de otro trabajo anterior pero no pudieron verificar si los carnets son reales o no”.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción realizó en Bahía Blanca una asamblea extraordinaria para resolver las acciones que encararán durante el 2018.
El secretario general, Víctor Grosi, dijo a FM De la Calle que la elección de nuestra ciudad para el encuentro nacional estuvo influenciada por la investigación judicial que derivó en la detención y destitución de la cúpula de la UOCRA en la cual la seccional bahiense de SITRAIC actúa como querellante.
“El caso de la UOCRA significa una experiencia, en un primer momento ha habido un cambio de interventor en la UOCRA, con el anterior interventor, habíamos llegado a un nivel de diálogo institucional para poder funcionar sin ningún tipo de choques, ni de discriminación, ni de conspiración hacia los afilados de SITRAIC”.
“La UOCRA ha tomado una decisión política, a mi gusto, errónea; ha cambiado el interventor y ha salido con otra política, así que se avizoran problemas nuevamente en Bahía Blanca con respecto al tema del funcionamiento de los dos sindicatos”, afirmó.
Grosi agregó que “si nosotros analizamos de quién es la plata que le encontraron a (Humberto) Montero en la casa, quiénes son los legítimos dueños de esa plata, y si analizamos quién se la dio y porqué se la dio (…), entendemos que ha habido un procedimiento ligado a la mafia de Montero pero también a sectores empresarios, así que no es un problema de sencilla resolución”.
“Nosotros le enviamos una institucional del SITRAIC solicitando a la gobernadora que el dinero que es proveniente de las coimas, de las prebendas, de los negocios que se han hecho con respecto a la vida de los trabajadores, vuelva con viviendas. Con lo que le encontraron a Montero se pueden hacer más de 20 o 30 casas”, manifestó.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expresó su descontento con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial.
“Básicamente desde la sociedad argentina, desde hace varios años se viene manifestando una desconfianza hacia el Poder Judicial. Nosotros desde el INECIP hace más de 27 años que venimos trabajando en pos de la reforma del sistema de administración de justicia penal en nuestro país especialmente, dando debates y pretendiendo, avanzar hacia discusiones que son totalmente necesarias”, dijo a FM De la Calle la directora ejecutiva de la entidad, Aldana Romano.
Lamentó que “una vez más se anuncie con bombos y platillos una reforma que no es tal” y opinó que “es un mensaje bien equivocado hacia la sociedad argentina y casi que una tomada de pelo. Podemos discutir perfectamente las ferias, podemos discutir los horarios; podemos hablar de la necesidad de mejorar las tecnologías en pos de contribuir a la modernización de la administración de justicia, pero no puede ser que se desconozca y no esté en agenda, por ejemplo, la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que hace años que hemos sancionado”.
Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Romano sostuvo que “en hay un debate más amplio que tiene que ver con el gobierno judicial, en donde el Consejo de la Magistratura es una de las organizaciones que lo conforman pero no es la única. Tenemos que discutir el gobierno judicial y tenemos que entender que la administración de justicia es una política pública, y en tanto tal requiere de un gobierno y de su desarrollo y ejecución”.
“Lamentablemente las reformas que se han dado en el Consejo de la Magistratura en los últimos años no han sido más que para ver quien tiene un poco más de poder, no han logrado transparentar la selección de los magistrados ni tampoco un sistema de disciplina o de miradas sobre las decisiones de los jueces que sea justo”.
Lo aseguró Mercedes Insausti, ex edil por el bloque de Integración Ciudadana, en relación a la presentación que hicieron ante el Tribunal de Cuentas por la demora en la instalación de los parquímetros.
Insausti comentó que realizaron el pedido de intervención al Tribunal de Cuentas “ya que hace casi 50 días que no tenemos cobro de parquímetros”.
También explicó que es una inquietud pendiente desde el año pasado, cuando ella integraba la comisión de Tránsito y Transporte, “desde ahí que lo seguimos de cerca y se agudiza; […] el tema es manifestarlo y que quede en evidencia que hay una problemática muy seria que no tiene antecedente en Bahía Blanca respecto al tema parquímetros”.
Siempre está el cuestionamiento a SAPEM Transporte desde el tema de las garitas, que también nos involucró, y el pago por cinco garitas que aún hoy están sin resolver; o las tarjetas con aquel desfalco de -no sabemos si- 3 u 8 millones.
“Siempre SAPEM está en un ojo de tormenta donde no se logra resolver ni esta gestión ni la anterior. Ésta, que vino con todo el ímpetu de limpiar la situación de SAPEM, ambas -Ambiental es otro tema donde no está resuelta la claridad de hasta qué punto es pública y hasta qué punto privada-, porque parece que cuando hay necesidades el estado siempre tiene que estar para socorrer, pero evidentemente hay algún interés privado que siempre prima. Es bastante gris el tema de SAPEM”, concluyó Insausti.
Miles de bahiensas marcharon por el centro de la ciudad en el marco del Paro Internacional convencidas de ser “la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión”.
“No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras”, dijeron en la Plaza Rivadavia.
Las organizadoras manifestaron que “los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc”.
“Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico”, fueron algunas de las demandas.
En este segundo paro el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito fue otro eje de la jornada, ahora con el debate en marcha en el Congreso de la Nación. “Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres”.
El documento, que abajo reproducimos completo, tuvo un párrafo para las víctimas de femicidios que nos faltan en Bahía Blanca y la zona: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Mónica Esteban, Sandra Arbilla.
Nosotras paramos contra la violencia machista, el ajuste y por el aborto legal
Este 8 de marzo, LAS MUJERES PARAMOS EL MUNDO.
En Bahía Blanca también paramos: nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres porque estamos convencidas de que somos la primera línea de resistencia frente a la explotación patriarcal y capitalista y articulando con movimientos de mujeres en más de sesenta países vamos a la vanguardia contra todo tipo de opresión.
Históricamente, el 8 marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres y por eso hemos llamado este día “Día internacional de las Mujeres Trabajadoras”. En este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras.
Hoy 8 de marzo:
Paramos porque los estados nos empobrecen y explotan y esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.
Paramos porque existe una brecha salarial a nivel mundial entre varones y mujeres. En Argentina si hablamos de trabajo registrado los hombres ganan en promedio 27% más que las mujeres, y esta brecha es aún mayor en los trabajos menos remunerados. Esto se profundiza cuando consideramos que las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder a cargos jerárquicos por la subestimación de nuestro trabajo (nos vemos obligadas a demostrar “idoneidad” permanentemente). Además la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ocupamos el 54% de este universo laboral, trabajo asalariado precarizado y mal pago que en muchos casos es concebido como mera extensión del “rol doméstico” de cuidado y reproducción que se nos impone, generando a la vez la idea naturalizada de que existirían trabajos que son “de mujeres y trabajos “de hombres”.
Todo esto reforzado por el trabajo no reconocido invisibilizado y naturalizado que se nos impone dentro del hogar. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todos los trabajadores y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta y desigual, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de las familias a través de políticas de estado, sino al interior de estas entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.
En este contexto de recesión económica internacional y de avanzada contra los derechos laborales a nivel mundial vemos que las mujeres también somos principales protagonistas de la resistencia.
En Argentina el gobierno nacional de Cambiemos con la complicidad del FPV, PJ y Massismo vienen llevando adelante un feroz ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Para profundizar este ajuste el gobierno impulsa un paquete de reformas (laboral, tributaria, educativa, de la salud y previsional) tendientes a cambiar las relaciones laborales, reducir el gasto público y ahorrarse millones a costa de los salarios y jubilaciones de las y los trabajadores.
Sabemos que los procesos de crisis económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que somos quienes garantizamos todo aquello de cuya cobertura el estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda, etc.
Hoy encontramos muchos ejemplos de lucha y resistencia por parte de las mujeres a lo largo y ancho del país: docentes y auxiliares en todo el país defendiendo la educación pública, profesionales de la salud con el ejemplo del Hospital Posadas defendiendo la salud pública, enfrentando los despidos como las trabajadoras del INTI, en Rio Turbio, Fanazul y los ingenios azucareros del norte, las mujeres originarias luchando por su tierra y su cultura ancestral enfrentando los procesos represivos de las fuerzas de seguridad del Estado, que van desde la militarización de sus territorios y desalojos. Exigimos el cese de las políticas de criminalización y persecución luchadoras y luchadores sociales y a los pueblos originarios.
Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y por eso les venimos reclamando a las centrales sindicales que convoquen a este Paro Internacional de Mujeres Luchamos por los derechos de las mujeres trabajadoras. No al ajuste. Abajo las reformas laboral, tributaria, educativas, de salud y previsional. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. Licencias especiales por violencia de género, familiar enfermo y extensión de las licencias por maternidad y paternidad. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico.
Paramos porque en nuestro país anualmente se realizan alrededor de 500 mil abortos clandestinos. Sin embargo, solo las mujeres con mayores recursos económicos pueden abortar de forma segura, siendo las más pobres quienes corren riesgos, resultando muchas veces en su muerte. No podemos seguir tolerando la injusticia social que esto acarrea, constituyéndose el aborto como la primera causa prevenible de mortalidad materna. Mientras que en los países que llamamos del primer mundo el aborto es legal hace más de 40 años, nosotras seguimos exigiendo este derecho fundamental para nuestra salud. Esta situación claramente obedece a la intención política de disciplinarnos y negarnos un derecho básico como la decisión sobre nuestros cuerpos, profundizando la imposición social de la maternidad como único destino para las mujeres. En todo esto la Iglesia, con complicidad y aval del Estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente, obstaculizando aún hoy la práctica. Seguimos luchando por la implementación efectiva del protocolo de aborto no punible e interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud. El aborto, en nuestro país, es legal en casos de violación o riesgo para la salud desde 1921; sin embargo no hay protocolos que garanticen esta práctica en todas las provincias, ni información hacia las usuarias, ni profesionales suficientes. El acceso a un aborto no punible es sistemáticamente bloqueado por objetores y objetoras quienes imponen su moral y creencias personales por sobre el derecho a la salud. Así también repudiamos la estrategia del poder de judicializar a profesionales que cumplen con su obligación en el sistema público, como es el caso de Estrella, la médica de Maitén, procesada por garantizar el derecho a abortar. Sostenemos que garantizar derechos no es delito!
Este martes pasado fue presentado por 7ª vez en el Congreso de la Nación, el Proyecto de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En esto no existen concesiones y cada avance ha sido y seguirá siendo resultado de la lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No nos contentamos con un mero debate, queremos la aprobación del proyecto!!!! Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Basta de criminalización a las mujeres y personas con capacidad gestante por abortar.
Tampoco se garantiza fehacientemente el derecho a la anticoncepción a pesar de contar con una Ley Nacional que obliga al estado a proveer los distintos métodos. Las barreras son múltiples, desde la existencia o no de los diferentes métodos anticonceptivos al alcance de las mujeres así como la falta de asesoramiento profesional y acorde a los deseos y necesidades de cada mujer, considerando además que casi todos los métodos están diseñados para nuestros cuerpos, sosteniendo el prejuicio de que la anticoncepción es responsabilidad estricta de la mujer, y sobre nosotras también recae la penalización cuando estos métodos fallan. Todo esto redunda en una criminalización exclusiva de las mujeres, como las únicas responsables de la concepción. No ha y juicio ninguno hacia los varones, lo que marca una visión totalmente patriarcal: las mujeres no nos embarazamos solas.
También denunciamos que la Ley Educación Sexual Integral no se aplica efectivamente, quedando a merced de la voluntad de docentes y directivos de cada escuela el tratamiento de estos contenidos, no siendo curricular y transversal como debería. Luchamos por un estado y una educación laica y no sexista. Separación de la Iglesia del Estado.
Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista Además seguimos sufriendo violencia obstétrica y ginecológica sistemáticamente, la cual es absolutamente naturalizada por lo cual no se problematiza. A pesar de que existe la Ley 24929 de Parto Respetado, ésta no se aplica. Basta de violencia obstétrica!
Exigimos que los espacios de atención pública a la salud realicen sus prácticas con un enfoque transversal en perspectiva de género, sexualidades e identidades disidentes y que no caiga exclusivamente en la voluntad individual de las/os profesionales la necesidad de especializarse en esta perspectiva.
Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Porque en Argentina una mujer es asesinada cada dieciocho horas, y en muchos casos familiares y amistades de la víctima pueden ser también afectadas en lo que llamamos “femicidios vinculados”. Porque la desigualdad y falta de autonomía económica, muchas veces, nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables ante el machismo, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.
Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: Micaela Ortega, Katherine Moscoso, Luciana Moretti, Leticia Cayuli, Ivonne Gallardo, Irina Montoya, Dolores Sánchez, Ruth Utriera, Daiana Méndez, Silvana Rietti, Sofía Díaz, Carmen Flores, María Luisa Montagna, Viviana Aguilera, Jessica Elías, Luisa Peralta, Eudes Bazán, Claudia Godoy, Leonela Costa, Stella Gottau, Alejandra Galicio, Melina Saavedra, María Silva, Monica Esteban, Sandra Arbilla.
En octubre del año pasado producto de la lucha de la familia y las organizaciones de mujeres la justicia dictó una condena ejemplar para el asesino de Micaela Ortega. Esto nos reafirma que el único camino para lograr justicia es la visibilización y la lucha.
En Monte Hermoso a más de 2 años del femicidio de Katherine Moscoso en el cual se implican todas las tramas del poder político local, la familia debió luchar públicamente para que el fiscal del Cero realizara alguna acción en la causa.
Al día de la fecha no hay ningún procesado por este crimen.
Nos falta la maestra Vanesa Castillo quien fue apuñalada y muerta en Santa Fe por Juan Cano, un ex convicto. Las noticias relacionaron el crimen a un intento de robo, mientras que nosotras sostenemos que el crimen podría estar vinculado a una denuncia que hiciera Vanesa relacionada con un abuso sexual hacia de sus alumnas. Este crimen pone de manifiesto el desamparo en el cual quedan las trabajadoras cuando denuncian las situaciones de violencia que constatan. Acompañamos la lucha por el esclarecimiento del crimen y justicia por Vanesa.
Pedimos total esclarecimiento del asesinato de Sandra Arbilla, quien fuera encontrada en su lugar de trabajo con 30 puñaladas en su cuerpo.
Reclamamos justicia para Camila Borda de 11 años quien fuera violada y asesinada, en la ciudad de Junín, como así también denunciamos la represión por parte de la policía hacia los vecinos de Camila quienes fueron los que encontraron y reaccionaron ante su asesino.
Luchamos porque no queremos ni una muerta más por violencia machista, exigimos ¡NI UNA MENOS! Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias genuinas destinadas a la atención integral de mujeres en situación de violencia. Refugios accesibles y sin requisitos burocráticos para las mujeres y sus hijxs, atendidos con personal con perspectiva de género. Apoyo económico, planes de vivienda, asesoramiento legal y asistencia integral a cargo del Estado y las patronales para las víctimas. Exigimos rendición de cuentas y visibilización de las acciones de la dirección de políticas de género.
Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones y la invisibilización de nuestras luchas. Pedimos el Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.
Paramos porque se invisibilizan los crímenes de odio hacia las identidades disidentes (lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, bisexuales). Exigimos la absolución “Higui” procesada por defenderse ante el intento de violación y castigo a sus agresores. Exigimos la anulación del protocolo represivo contra la comunidad LGBTIQ.
Paramos porque exigimos al estado la aprobación y cumplimiento y presupuesto para el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans a aplicarse tanto en el ámbito público como privado. Acceso a la salud integral, protección de las infancias trans, libres de violencia y patologización en las instituciones. Acceso a la educación, promoción e inclusión de las personas trans dentro de todos los niveles educativos. Creación de un área específica de contención y seguimiento de personas trans, organizando las políticas en la promoción de estos derechos.
Justicia por Alejandra Galicio, crimen impune por más de 12 años. Acompañamos a la “Comisión de Justicia por Diana Sacayán”, en el primer juicio caratulado como travesticidio, en Argentina, Basta de travesticidios y crímenes de odio.
Paramos porque el Poder Judicial en muchísimos casos es un elemento más para la vulneración y la victimización de las mujeres que recurren legítimamente a él, y que en su lugar encuentran el reforzamiento de la ley patriarcal que las culpabiliza y desprotege. Muchas veces las diferentes instancias no dan respuestas a las mujeres de forma integral y en ocasiones no tienen la formación correspondiente para el abordaje de estas situaciones. Por lo tanto el Poder Judicial funciona reproduciendo y profundizando la violencia y como una instancia disciplinadora hacia las mujeres. Porque fiscales, abogados y jueces continúan utilizando el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” para acallar a las niñas, niños y adolescentes que son víctima de violencia por parte de sus padres, así como también silenciar y juzgar a las mujeres que denuncian. No existe ninguna institución científica seria que defina la existencia de este síndrome. El SAP no existe!!
Basta de justicia misógina y patriarcal. Por un poder judicial con perspectiva de género. Basta de judicialización hacia las mujeres.
Paramos por todas las mujeres que nos faltan víctimas de las redes de trata, porque las pocas que son rescatadas no tienen contención social ni sanitaria, porque no se les garantiza tratamiento psicológico ni trabajo genuino lo que muchas veces las coloca en mayor situación de vulnerabilidad y a ser captadas nuevamente por estas redes. Porque en Bahía Blanca la prostitución y la trata son un negocio más del poder político y económico que tiene el control absoluto de los negocios lícitos e ilícitos de la región, lo cual hace que la complicidad con los demás poderes imposibilite una intervención real sobre este crimen contra las mujeres, particularmente las de menores recursos. Porque la trata usa los cuerpos de las mujeres como objetos descartables destinados al placer masculino, mientras exista no tendremos igualdad de derechos!
Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del estado.
Por un cupo laboral para sobrevivientes del delito de trata.
Denunciamos que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte del sistema prostituyente.
Paramos porque los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable. Las mujeres originarias viven no solo la violencia machista sino también racista y capitalista que siguen asesinando a las mujeres originarias que se oponen a la invasión de los megaproyectos en las comunidades. Porque fue en defensa de esos intereses que fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de la gendarmería de Bullrich.
Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la lucha de las mujeres de todo el mundo.
1-Paramos porque las reformas laborales, previsionales y los despidos nos afectan doblemente a las mujeres. Y el trabajo doméstico y de cuidados está invisibilizado. Paramos porque reivindicamos las luchas de las mujeres trabajadoras y les reclamamos a las centrales sindicales continuidad en las medidas de lucha contra el ajuste.
2- Paramos por el aborto legal seguro y gratuito. Educación Sexual Integral laica y científica. Separación de la iglesia del estado. Basta de criminalización a las mujeres por abortar.
3- Paramos contra los femicidios y toda violencia machista. Exigimos la declaración de emergencia por violencia sexual y doméstica. Basta de justicia misógina y patriarcal.
4- Paramos por la aprobación y cumplimiento del cupo laboral trans. Basta de travesticidios.
5- Paramos por el desmantelamiento de las redes de trata y la explotación sexual.
(Por Astor Vitali) Los/as representantes de las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo convocan a los/as trabajadores/as de la cultura a participar de la asamblea que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de marzo a las 11 en El Tablado (Chiclana 453).
El cuerpo está integrado por representantes de artes escénicas (danza y teatro), música, literatura y artes visuales. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las elecciones por áreas. El mandato es de dos años. El Honorable Concejo Deliberante está retrasado en la designación oficial.
Sin embargo, el consejo persiste en su característico dinamismo. Además de la gestión del Fondo Municipal de las Artes (más de un millón de pesos destinado a producción de discos, libros, obras de teatro, obras visuales, etc.), el órgano asesor tiene como potestad llevar a las autoridades del Instituto Cultural las resoluciones sobre política cultural tomadas por los/as laburantes de la cultura en sus asambleas de base.
Hasta el momento se lograron algunos temas fundamentales como un piso expresado en sueldos municipales para el FMA –con el objeto de que no dependa sólo de la tasa que lo nutre-, la articulación con los Espacios Culturales Independientes y la ordenanza que crea el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo.
El temario
“La problemática de la Escuela de Danza o del Conservatorio de música abrió el año con la incertidumbre de que se puedan cerrar cursos. Se apuntan al punto de la matricula o al título habilitante. La resolución en sí es nefasta pero la aplicación en las artísticas es absurda porque no contempla características puntuales que afectan a las instituciones superiores de artística que no tiene nada que ver, por ejemplo, con primaria o secundaria” dijo la artista a FM De la Calle.
Otro tema es “el seguimiento de los subsidios para Espacios Culturales Independientes”, asunto sobre el cual el Instituto Cultural adeuda respuesta, incumpliendo con la ordenanza que estipula una reunión mensual de la comisión de coordinación.
“Exigir una política de talleres municipales”, ante el cierre sistemático de espacios barriales y zonales de formación. La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar es uno de los casos más conocidos pero ya son decenas de talleres dados de baja por las gestiones de Ricardo Margo y Morena Llanca Rosselló (Educación).
“Museos es el otro punto que vamos a tratar. Ha habido despidos y hay una serie de avasallamientos con todo lo que implica la precarización laboral. ¿Cuál es la política de museos?”, interpeló.
También se discutirá acerca de la situación del Teatro Municipal, hoy dirigido por el productor Roberto Valverde, quien se ha desempeñado desde 2015 como asesor de Margo.
Luego de la asamblea, el cuerpo deberá reunirse con el representante del Instituto Cultural.
Se realizó esta semana la primera reunión del año de la Comisión Asesora Ambiental del Concejo Deliberante coordinada por Leandro Santomassimo. El edil oficialista dijo a FM De la Calle comentó los proyectos que abordarán durante el 2018, entre ellos, la gestión de los residuos, el arbolado urbano y la regulación de las antenas de telefonía.
Respecto a la reciente adjudicación de la administración del relleno sanitario a la empresa Ingeniería y Arquitectura -propiedad del titular de la Unión Industrial local, Fabián Gurrado- y a la labor de la subcomisión de Residuos en la elaboración del pliego, Santomassimo afirmó que “el año pasado desarrolló una tarea impecable, los integrantes de la misma han trabajado mucho, ardua tarea han tenido sobre todo con el tema de la recolección de residuos sólidos urbanos. Y en cuanto a la opinión con respecto a la participación en el relleno sanitario y su resolución me parece perfecto”.
En relación a cómo trabajará la Comisión Asesora en el control del Polo Petroquímico, el concejal de Cambiemos dijo que “salvo en determinados casos en particular donde ha sido alguna parada de planta, algún ruido molesto que haya ocasionado alguna de las llamas allá; después en líneas generales desde la Comisión no hemos tenido mayores inquietudes”.
“Entiendo, obviamente, que también, como órgano de control, tenemos la institución del CTE, que cuenta con profesionales por demás capacitados y con buena tecnología. Y obviamente, hablando de cada una de las empresas que tienen sus equipos técnicos que lo que menos procuran se supone siempre es la contaminación del medioambiente. Entendamos que cualquier ciudad que tiene algún un polo industrial con una fabrica mínima de lo que sea, siempre va a haber un mínimo de contaminación”, manifestó.
Pablo Rosenfelt, concejal del bloque Cumplir e integrante del directorio de Bahía Transporte SAPEM, habló con FM De la Calle sobre la demorada implementación del sistema de estacionamiento medido y pago a cargo de EXO.
“Había un compromiso de la empresa de hacerlo en tres etapas. En agosto tenía que estar la aplicación lista para que entre en vigencia, mientras iban a convivir los dos sistemas”, dijo.
Ante el incumplimiento, Rosenfelt planteó “intimar a la empresa a través de una carta documento para que a la brevedad se solucionara este inconveniente. Acá hay recursos públicos que el municipio ha dejado de recaudar, un lucro cesante que es importante y que no podemos dejar pasar”.
El concejal explicó que hicieron un pedido de informe y ayer, junto a su par Ezequiel Gimeno, concurrieron al Tribunal de Cuentas.
“Manifestamos nuestra preocupación y nos confirmaron que están actuando de oficio en este tema y lo están auditando. Es una obligación que tiene el tribunal, todo lo que tenga que ver con la administración municipal o con la SAPEM, teniendo en cuenta que el 98% del componente accionario es estatal”.
Agregó que “la SAPEM gerencia un sistema y evidentemente lo gerenció deficitariamente. El que paga ese financiamiento es el municipio y hay que ver si intimó a la empresa para que dé un servicio como corresponde”.
“Sería conveniente que formalmente, y a través de un escrito, den toda la información que todos requieren y que estamos deseosos de conocer. (…) Lo inherente al parquímetro tiene que ver con subsidiar al pasajero frecuente”, concluyó.
Ayer se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa que legaliza el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, fue firmada por 71 legisladorxs de distintos bloques.
Vanina Biasi, asesora de la diputada por el FIT Romina Del Plá y redactora del proyecto dijo a FM De la Calle que el nuevo texto se diferencia del presentado en 2017 al elevar el límite de 12 a 14 semanas de gestación, al eliminar referencias a los objetores de conciencia en el ámbito de la salud, “porque no se le puede denegar a nadie un derecho por razones religiosas y nos parece importante avanzar en reflexionar sobre esto”.
Si bien la iniciativa contempla en uno de sus puntos la cobertura de la interrupción del embarazo en todas las obras sociales y prepagas del país ara las mujeres que no las tengan “estamos planteando que tienen que ser atendidas en el hospital público sin ningún tipo de restricción, para lo cual va a haber que modificar algunas resoluciones que en el pasado se han tomado de la comercialización de misoprostol. Tenemos que empezar por decir que el ANMAT, en este momento se maneja con criterios que no pueden seguir existiendo en la medida que avancemos en una legalización del aborto”.
“Lo que pasa es que la comercialización de misoprostol en la Argentina produce una situación de mucha escasez porque solo se provee al Ministerio de Salud para que lo distribuya en los hospitales y en los efectores de salud para los casos que tenga atender abortos no punibles”, afirmó Biasi.
En cuanto al contraproyecto presentado por los sectores denominados “pro-vida” que cuenta con un total de 15 firmas -entre ellas la del ex intendente bahiense Gustavo Bevilacqua- opinó que “no estamos debatiendo aborto si o aborto no, porque en este país el aborto existe, se practica de forma masiva y lamentablemente en muchos casos, porque las mujeres van a abortar obligadas por las circunstancias y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos para ver como eliminamos las circunstancias”.
La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, se refirió a los dichos que la inspectora regional, María Celeste Veiga, pronunció ayer en el acto de inicio del ciclo lectivo.
“Es una funcionaria política de Cambiemos en un discurso político que no es más que lo que ellos son, lo que han hecho todo este tiempo es responsabilizarnos a los docentes de esta situación cuando está muy claro que es el Estado el que se está corriendo de su responsabilidad”.
“Vengo a hablar en nombre de la educación. Estoy representando esta figura, es que tengo que traerles la gran preocupación de la gobernadora y del ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny , quienes están trabajando para revertir esto, se impone en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, un deseo ferviente de que se revierta. Y esto también involucra a las familias y nos compromete a todos los docentes bonaerenses por eso es que vale el agradecimiento especial a aquellos docentes que hacen su lucha desde las aulas. Aplauso por favor a los docentes que van a hacer su lucha desde las aulas”, dijo Veiga en el jardín del barrio Palihue.
Canullo opinó que “es el Estado quien está cerrando los bachilleratos de adultos (…) que funcionan en escuelas secundarias, en horarios adecuados, en los barrios. Es el Estado quien fusiona los cursos, quien deja sin primeros años a tantos chicos y chicas que empiezan su escolaridad secundaria y no saben dónde van a ir porque en sus barrios cierran primeros para abrir cuartos, porque hacen todo sin querer poner dinero”.
Veiga había afirmado además que era un “acto privilegiado” porque “sabemos que tenemos todo el confort, pero sabemos que hay estudiantes que transitan su escolaridad en lugares totalmente inapropiados”. “¿Es acaso un “privilegio” que el lugar físico de la escuela pública donde se enseña y se aprende tenga todo lo necesario para funcionar?”, se preguntaron desde Suteba en un comunicado.
“Pero lo mejor que nos pasó ayer es que la comunidad, por suerte, dio su respuesta antes que la diéramos nosotros. Sabemos que varios padres del jardín donde se estaba desarrollando este acto, rechazaron éste discurso, algunos dijeron sus cosas, otros se fueron, eso es una muestra de que se les está cayendo la careta de que es lo que está pasando” finalizó la secretaria del gremio.
Esta mañana se realizó una protesta frente al Colegio Mosconi de Ing. White en rechazo al cierre del bachillerato nocturno de adultxs.
En diálogo con FM De la Calle, la docente Daniela Canullán sostuvo que “ayer llegó la resolución que, de alguna manera establece las normas para los alumnos menores de 18. Qué es lo que va a ocurrir con los adultos mayores todavía no se sabe, por lo menos de manera formal. Sí información reglamentada acerca de lo que van a ser las aulas aceleradoras. Obviamente que nosotros estamos en contra porque la propuesta para nada responde a la necesidades que tienen los alumnos y alumnas de la comunidad”.
Las aulas aceleradoras comenzarían en abril y “van a estar a cargo de un tutor que se va a seleccionar a través de un proyecto y que va funcionar como ciclo cerrado que finaliza en diciembre. Para los alumnos el hecho no acceder a materias especializadas y a presencialidad de docentes especializados en cada área, la calidad educativa va a disminuir. Lo que se pretende es que el alumno esté un año en las aulas aceleradoras y al año siguiente sea insertado en lo que eran las escuelas medias que funcionan en los turnos mañana y tarde”, comentó Canullán.
Otra de las cuestiones que dejan entrever las medidas adoptas es la derivación de lxs adultxs a los C.E.N.S. Canullán explicó que “la derivación a los C.E.N.S, aparentemente, porque de eso sí no hay información formal, sería para los adultos, estamos hablando de 18 años, que quieran terminar. Por lo pronto, la escuela lo que tiene que hacer es mandarlos a Viamonte al 400 para que se inscriban allá”.
“Siempre que se habla de la creación de un curso, de un aula aceleradora, estamos hablando de un cupo mínimo de alumnos que no sabemos si la comunidad va a responder a esa demanda. Porque en realidad, la mayoría de los alumnos que vienen al colegio, vienen porque necesitan la explicación del docente, la compañía de sus compañeros, la estimulación y motivación de los directivos. Bueno, todos los que hemos estudiado en escuelas públicas sabemos lo que significa hacer el trayecto escolar en comunidad”.
