Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Santiago Rey desde Bariloche // En Estos Días) Pasadas las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval ingresaron en el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Como consecuencia de esa incursión, murió asesinado Rafael Nahuel, de sólo 21 años, quien recibió un tiro por la espalda que ingresó por un glúteo y se alojó en su tórax. Desde entonces, los testimonios, inspección ocular y primeros datos extraoficiales de las pericias tienden a demostrar la responsabilidad de la Prefectura en el hecho, a pesar que la causa sigue caratulada como NN s/muerte dudosa.
Ahora, un dato clave al que accedió En estos días revela que la fuerza de seguridad federal desató una verdadera cacería en la comunidad: cinco de los Albatros dispararon un total de 114 tiros durante la persecusión de los mapuches que se encontraban en el lugar.
Así se desprende del recuento de los cartuchos faltantes de los cargadores de las 26 armas secuestradas a los uniformados. Los 114 disparon fueron realizadas con subfusiles MP5 y pistolas Beretta, que utilizan proyectiles 9 milímetros, similares a la bala que acabó con la vida del joven barilochense.
Este medio logró determinar que son cinco los Albatros que efectuaron disparos. Sus apellidos son: Obregón, Sosa, Pintos, García y Blanco. Entre ellos estaría el asesino de Rafael Nahuel. Dos de ellos realizaron más de 30 y 40 disparos, respectivamente.
Según el registro, los cinco prefectos dispararon 114 veces, repartido de la siguiente forma, de acuerdo al faltante de balas en los cargadores: uno de ellos disparó en 33 oportunidades; otro en 17; un tercero en 46; otro 15 veces; uno en dos oportunidades; y un prefecto una vez. Si bien el número final indica que seis Albatros tenían faltante de proyectiles, uno de ellos argumentó que perdió un cargador entero.
Producto de la balacera, además del fallecimiento de Rafael, fueron heridos otros dos jóvenes: Johana Colhuan, de 20 años, y un hombre de 30 años, no identificado. Salvaron su vida de milagro.
La pericia clave que permitirá determinar cuál de los prefectos fue el responsable del tiro mortal, es la comparación de la bala extraída del cuerpo de Rafael con los proyectiles testigos obtenidos de los disparos de las 26 armas secuestradas. Ese análisis -a partir de las estrías de cada bala- servirá para confirmar de qué arma salió el proyectil que mató al mapuche.
En paralelo, otras dos pericias intentan determinar la presencia de pólvora en las manos y las ropas de los 21 Albatros que estaban en el lugar, los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González -quienes bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40-, y del propio fallecido.
Todos esos trabajos deberían finalizar en los próximos días. Por ese motivo, el Juez de la causa, Gustavo Villanueva -el mismo que este lunes definirá la extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala-, comenzará esta semana a tomar testimonios a los prefectos que participaron del operativo represivo.
Según pudo saber En estos días, fueron convocados los efectivos que no realizaron disparos, cuyas armas secuestradas tenían los cargadores llenos. Es decir, aquellos sobre los que no pesa inicialmente la sospecha de que pudieran ser responsables por la muerte de Rafael.
Son en total 15 los integrantes de Prefectura que, desde este lunes y durante cinco días, deberán testificar ante el magistrado.
En paralelo, Villanueva solicitó los registros de llamados al Servicio de Emergencia Telefónica (número 107) del Hospital Zonal de Bariloche, efectuados entre las 16 y 17 horas del 25 de noviembre pasado.
Finalmente, libró exhorto para que la Dirección de Operaciones de Prefectura Naval Argentina entregue los audios y las transcripciones de todas las comunicaciones realizadas a través de las radios, handys, equipos de trunking, entre otros, que haya utilizado el personal de esa Prefectura, en particular los efectivos del Grupo Albatros, que se encontraban participando del operativo en Villa Mascardi.
El conjunto de medidas dispuestas por el Juez acelera los tiempos de la posible resolución de la autoría material del homicidio, aunque resta avanzar sobre las responsabilidades políticas. El dato aportado hoy por este medio sobre la cantidad de disparos efectuados habla del contexto represivo en el cual se produjo el ingreso de los Albatros, sin orden judicial, al territorio de la comunidad mapuche.
El resultado de la inspección ocular no permite abonar la teoría oficial de la existencia de un enfrentamiento, tal como sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y demostró que los Albatros salieron a la búsqueda de los mapuches, ya que los primeros disparos fueron efectuados en un área boscosa ubicada a unos mil metros de la tranquera de ingreso al lugar.
(foto Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)
El clima de tensión no terminó en la zona. El pasado viernes 2 de marzo, el Presidente de Parques Nacionales emitió una resolución “promoviendo las acciones” para reclamar a la Justicia Federal que vuelva a intentar desalojar del territorio.
En la comunidad intuyen que un nuevo intento de desalojo sería inminente, aunque, hasta este momento, no se produjo ninguna aproximación de fuerzas de seguridad.
El texto de la resolución repasa que el 23 de noviembre, “en el marco de la causa judicial, se llevó a cabo -con el auxilio de las fuerzas de seguridad federal- el lanzamiento de los intrusos”.
“Lanzamiento” fue la palabra elegida por el Presidente del Directorio de Parques Nacionales, Eugenio Bréard, para describir el operativo durante el cual fueron detenidas cinco mujeres y tres niños, quienes permanecieron durante varias horas en dependencias de la Policía Federal en Bariloche. Dos días después, el 25 de noviembre, los uniformados volvieron a ingresar al territorio y mataron a Rafael.
El lunes no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires como producto de la insuficiente oferta oficial en el marco de las negociaciones paritarias entre las autoridades bonaerenses y los gremios del sector.
SUTEBA confirmó este mediodía el llamado a un paro por 48 horas a partir del lunes 5, así como una movilización en toda la provincia. Minutos más tarde, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que seguirá el mismo camino.
Desde el SUTEBA local explicaron que están “muy preocupados por el cierre de cursos y fusiones de cursos. Varias situaciones que, en realidad, a poco de comenzar las clases no están resueltas. Primeros años que faltan porque se fusionan para consolidar las escuelas secundarias, entonces se cierran primeros años para abrir cuartos y quedan chicos de primero afuera”.
En lo referido a la situación provincial, el plenario de Secretarixs Generales de SUTEBA resolvió rechazar la propuesta del 15% en tres tramos con plus por presentismo; rechazar las descalificaciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal en relación a la escuela pública y a la docencia en su conjunto y en caso de que no haya convocatoria, y en ese ámbito una propuesta superadora, convocar asambleas y reuniones de delegadxs para determinar la continuidad de acciones a seguir.
A su vez, UDOCBA también va al paro mientras que la secretaria general de AMET Nacional, Sara García, aseguró que el lunes lxs docentes nucleadxs en esa organización iniciarán las clases con normalidad a pesar de los inconvenientes que aquejan al sistema educativo, a la vez que ratificó su posición de “dar la discusión sobre cuestiones de fondo que apunten al anhelado convenio colectivo”. UDA comparte la posición.
SADOP también se suma a la medida de fuerza a partir del lunes pero por 24 horas.
Foto: Ctera
Rubén Matoso, titular local de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) habló con FM De la Calle respecto a la deuda que IOMA mantiene en la actualidad, que generó problemas con las prestaciones en clínicas privadas de la ciudad.
El dirigente explicó que la situación afecta por una lado a Bahía Blanca, donde han realizado un pago parcial de “entre 65 y 70%” correspondiente al mes de diciembre, y en los alrededores (Coronel Dorrego, Pigüé, Gonzáles Cháves, Coronel Suárez, Coronel Pringles) donde aun no se ha saldado la deuda.
A pesar de que ese pago desactivó la medida de fuerza que se había planteado para el día de ayer en nuestra ciudad, Matoso afirmó que están “en situación de alerta” y que “el problema esta fundamentalmente en la zona. Por supuesto que tienen apoyo de Bahía Blanca, estamos esperando que haya un pago”.
Si bien en el distrito X, comprendido por los lugares previamente mencionados, IOMA le brinda cobertura a alrededor de 90.000 personas, solo 34.000 corresponden a Bahía Blanca; los 56.000 restantes “están prácticamente con atención de urgencia. No tienen otra manera de hacer frente a prestaciones que tienen una erogación importante, como insumos, medicamentos; y están debiendo cifras importantes a los proveedores”.
Matoso aseguró que “la atención de la gente de IOMA es excelente; el delegado es espectacular, cada vez que hablo con él trata de resolver el problema. Están trabados con un cambio en el sistema de pago, lo tienen que terminar de implementar. Suponemos que la semana que viene estará resuelto. La gente no puede ser cautiva de este problema”, aseveró.
Ante los anuncios económicos que hizo el presidente durante la apertura de sesiones parlamentarias el día de ayer, el economista Julio Gambina dijo a FM De la Calle en relación al supuesto “crecimiento invisible” que “el INDEC acaba de dar a conocer los datos del 2017 hablando de que el crecimiento de la economía argentina es de un 2%. Apenas la economía argentina está como en el 2015”.
Asimismo, explicó que dicho documento habla de un 30% de pobreza. “Ya no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, vos podes tener trabajo y ser pobre. Hay un 20 o 30% que está por encima de la línea de pobreza y que no alcanza satisfacer las necesidades básicas”.
Respecto de la matriz de política económica, el Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sostuvo que “la economía puede crecer en aquellos sectores que están ligados al endeudamiento. A los sectores especulativos de la economía les está yendo muy bien (…), porque si la propia política oficial que vos tenés es una recurrente devaluación de la moneda local donde te conviene importar, directamente te conviene convertirte en importador que arriesgar y producir”.
(Por Ángel Dantagnan/ La Máquina) Desde temprano se veía una actividad diferente en la Plaza. La camioneta, el engache, el escenario, las luces para ir a retirar, todo se veía lejano y el inicio había sido publicitado por las redes y por cartelería que empapeló la ciudad. Por momentos parecía que sería imposible tamaño objetivo: celebrar los Corsos Céntricos, arrebatados por una decisión unilateral, inconsulta, que desconoce el trabajo que se viene realizando por l@s murguer@s desde hace tantos años.
Para repasar rápidamente, los feriados de carnaval fueron eliminados mediante decreto por la dictadura cívico-militar consecuente con su proyecto de “disciplinar” a la sociedad: no había lugar para una celebración en la que el amo juega a ser esclavo y éste a mandar, en la que se permite festejar, danzar, expresarse.
En 2010 se presentó el proyecto de ley para restituir los feriados que se efectivizó en 2011 con los llamados “Carnavales de la alegría” que funcionaron hasta 2016 con la participación del Estado como co-organizador entendiendo, no sólo la expresión artística, sino también la función social que cumple el trabajo de las murgas durante todo el año.
Volviendo al denominado “Carnaval en Desguace” (que se enmarca en una serie de reclamos del sector de los hacedores culturales de la ciudad) se dispusieron dos escenarios en la Plaza Rivadavia que permitieron una dinámica de circulación de público distinta, pudiendo disfrutar todos de todo.
Para las 18 estaban armados los mencionados escenarios, sus correspondientes sonidos, decorada la Plaza, instalados los baños químicos y había ya un interesante número de gente circulando. Como es de suponer en eventos de esta magnitud, comenzó con un poco de atraso, pero los tiempos de presentación de artistas se fueron acomodando a lo largo del evento.
La lectura del comunicado dio inicio a la fiesta. Luego, el ritmo de los tambores del Rejunte de candombe trazaron la línea de lo que sería un festejo pocas veces visto en la ciudad: artistas de diferentes ámbitos (no sólo desde las murgas) que se juntaron a compartir. Por nombrar sólo algunos; Alberto D`Alessandro, La Banda Lavanda (Desbandadas), La Nave Circo, Triskel, La otra parte, Iconoclastas (teatro), Motor Colectivo (danza) y muchos más que quisieron decir presente.
Fueron muchas, también, las agrupaciones y colectivos que apoyaron y adhirieron haciendo realidad el festival con aportes desde sus posibilidades; algunas con dinero otras poniendo el hombro y la fuerza de trabajo, a las que se les agradeció en el micrófono abierto.
La jornada del lunes terminó con una gran concentración de murgas de la ciudad acompañada con similar apoyo desde el público. Se estima que alrededor de 4500 personas asistieron, bailaron, se abrazaron y entendieron que el carnaval es de tod@s. Para tod@s.
Pero no culminó allí: al día siguiente se concentró nuevamente en el centro de la Plaza Rivadavia para “cortar con lo amargo” en un desfile de carnaval. La caravana recorrió parte de la ciudad, deteniéndose en el Teatro Municipal para continuar bailando al ritmo de los tamboriles hasta retornar a la Municipalidad, dónde se realizó la última “Matanza murguera” en la que los cuerpos bailaron libres, y tod@s fueron invitados a sumarse al gran final, sabiendo que se había logrado mantener vivo un derecho. El derecho a la alegría.
Quedará en la historia de la ciudad como un hecho que pone en relevancia la gran capacidad creativa y de gestión de unos y la lejanía y el poco entendimiento de la realidad cultural de otros a los que (según cierra el documento leído) “debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.
El “Carnaval en Desguace” fue un ejemplo de la organización colectiva en su máxima expresión y demostró que cuando se dejan de lado apetencias personales y se aúnan objetivos es posible lograr el bienestar para tod@s.
Fotos: FM De la Calle.
(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) El ex camarista Néstor Luis Montezanti será indagado el próximo viernes 16 de febrero a las 10 por el juez federal Walter López da Silva, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Será la primera vez que no pueda escudarse en sus fueros.
Está acusado de haber integrado la Alianza Anticomunista Argentina -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.
El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el genocidio y se salvó de ser destituido por la rápida aceptación de su renuncia por parte del presidente Mauricio Macri.
Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a encontrarnos este viernes a las 9 en Alsina y Lamadrid para seguir exigiendo Juicio y Castigo a Montezanti.
Adonde vayan los iremos a buscar!
COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS
Este lunes y martes, a pesar del boicot oficial, se realizaron los festejos del Carnaval en el centro de Bahía Blanca. Los escenarios montados en la Plaza Rivadavia recibieron a decenas de murguerxs y artistas que aprovecharon los micrófonos para denunciar el desguace cultural que ejecuta el gobierno municipal de Cambiemos (PRO-CC-UCR).
“No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete”, leyeron Belén López, Alberto Rodríguez, Sasha Quindimil y Ángel Dantagnan en representación de las agrupaciones de la comunidad artística y cultural que organizaron el festival.
Compartimos el documento completo.
El Estado argentino reconoció el Feriado de Carnaval en el año 2011, tras una larga pelea del movimiento murguero. En 1976 la dictadura había decretado la muerte de los farolitos, los banderines y el encuentro popular a través de esta expresión de larga raigambre en nuestro país.
En 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la ordenanza que creó el Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, cuya letra prevé la financiación de eventos como el Corso Céntrico.
En cambio, el gobierno municipal de Bahía Blanca, por decisión del intendente Héctor Gay y su referente en cartera de cultura, Ricardo Margo, deciden gobernar abiertamente en contra de la legislación del propio Estado, cuyas normas son los primeros llamados a cumplir.
Como si esto fuera poco, el funcionario público que oficia de Director del Instituto Cultural se refirió, en una conferencia de prensa memorable por el destrato hacia los/as trabajadores/as de prensa, a las murgas como “contestatarias” y “en contra del estado”. Lo primero que hay que decir es que se trata de una provocación de baja estofa. Las murgas son un movimiento diverso que no puede reflejarse (salvo en estos términos de provocación) como una suerte de movimiento anarco-cultural que se propone destruir al Estado. Mucho menos suprimir las miles de miradas que cada barrio propone a una sola ideología.
En segundo término, es preciso desmentir abiertamente tal afirmación: las murgas, agrupaciones murgueras, asociaciones civiles, gremiales y espacios culturales bregamos por un Estado grande y presente, que tome en sus objetivos prioritarios los derechos culturales, tal como ha suscripto este país en su reforma última constitucional. Queremos que cada carnaval sea organizado con las entidades de base de casa territorio en articulación con un Estado que nos tome en serio. Estamos seguros/as de que lo que no queremos son funcionarios que se mofen de nosotros/as y le mientan a la comunidad.
Más allá de la opinión personal de cada servidor/a público/a con respecto a esta expresión popular de la cultura bahiense, reclamamos que cumplan con sus obligaciones con la comunidad o que den un paso al costado.
Ha sido expresado públicamente que el retiro de fondos producido este año hacia el Carnaval es resultado de la orden del intendente de recortar gastos públicos. Somos conscientes de que este ajuste afecta a otros/as trabajadores/as de diferentes área vitales e indelegables del estado (salud, educación, cultura, etc.) y nos solidarizamos con todos/as y cada uno/a que se vea afectado/a por decisiones de política económica cuyo resultado conocemos: marginación cultural y pobreza económica.
Por eso este lunes vamos a carnavalear en el Plaza Rivadavia y les invitamos. Queremos comunicar a nuestros/as vecinos/as lo que está ocurriendo. Queremos que sepan que el gobierno decide atacar a los/as pibes/as que en el barrio trabajan todo el año para tener su traje y cantar en carnaval, en lugar de buscar a los responsables de los déficits contables en las contrataciones abusivas, en los sueldos onerosos de funcionarios de dudosa labor o en los sobreprecios de las empresas amigas.
Queremos que sepan que, por decisión política, hoy en Bahía Blanca han puesto al “Carnaval en desguace”.
Intentan desmantelar los recursos que deberían garantizar, pero desconocen que no podrán contra la energía de la fantasía, del/la bombista o del/la barilarín/a. Cuando hay mucho por decir se canta más fuerte. Y el letrista no se olvida.
No se puede decretar la muerte de los festejos populares. No sé pueden ajustar los pasos y la crítica. No se puede desguazar una práctica que es popular. Ustedes no lo saben, porque no huelen a pueblo. Jeden a country y club de golf. Pretender ahogar con falta de recursos esta experiencia hecha de amor y abrazos se explica únicamente porque solo conocen el lenguaje del billete.
Si quieren transparentar y achicar gastos, expliquen por qué siempre hay fondos para el sector privado (que no juega al libre mercado sino a la patria contratista). El carnaval no tiene nada que esconder. Por el contrario, tiene todo por mostrar. A ustedes la mascarita se les cayó hace rato y su política de ajuste es pura espuma: gastan para los que no necesitan.
Este lunes bailaremos y cantaremos en este Carnaval en Desguace. Y el martes desfilaremos abrazados/as a este amor con brillantina.
“Debe dar tristeza y frío” verlo a solas desde una oscura oficina.
La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.
Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.
SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.
El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.
La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.
Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.
FM De la Calle abre la convocatoria “Palabras en el aire de la Calle 2018”. Está destinada a escritores/as y poetas del sur de la provincia de Buenos Aires.
¿De qué se trata? Vamos a poner en el aire de 87.9 Mhz poemas, cuentos y escritos de autores/as de la región. Para eso, envianos hasta 3 textos propios (publicados o inéditos) a la casilla de correo electrónico [email protected] desde el miércoles 24 de enero hasta el viernes 2 de febrero de 2018.
¿Cómo lo realizaremos? Los textos pueden ser grabados por sus autores/as y/o por nuestros locutores/as. Las sesiones de grabación se realizarán durante la semana posterior al cierre de la convocatoria en el estudio Heinrich y Loyola (Lamadrid 544).
FM De la Calle pondrá a disposición a su cuerpo de editores para elaborar el material final, mezclado y masterizado. Los trabajos terminados quedarán a disposición de cada autor/a para uso personal y profesional.
Durante la programación de trasnoche, los textos podrán ser disfrutados por nuestra audiencia.
Comunicado de la familia de Santiago Maldonado. Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.
En el Boletín Oficial del día de hoy se publica la Resolución 1473-E/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual se dispone el ascenso de varios gendarmes(entre otros) del gendarme Emmanuel Echazu.
Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago.
El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas.
Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos.
VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO.
#JusticiaParaSantiago
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó su informe anual a partir de los datos remitidos por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”.
Además de la información estadística sobre las causas en trámite y la situación procesal de los imputados, el documento incorpora el análisis de trayectorias temporales a partir de los hitos del proceso penal, para medir las demoras suscitadas en los mismos.
“Al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados. (…) las sentencias dictadas durante el 2017 han sido 26”, asegura el relevamiento coordinado por el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky.
Los números a nivel nacional
Tal como consigna el informe, “a la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67%) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”.
Además, existen 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario –esto último en los casos de juicios que tramitan por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación), pero sólo seis de ellas tienen fijada fecha para que se inicie el debate. Por otra parte, hay 98 causas que se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción.
El informe señala que “durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de las cuales 198 fueron condenadas mientras que 36 resultaron absueltas, al tiempo que destaca que “respecto de aquellos que aún no han obtenido sentencia, 701 se encuentra procesados (aunque de ellos, 53 se encuentran apartados temporalmente de la investigación, por incapacidad), a 164 se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y en relación con 550 personas, resta que se resuelva su situación procesal (26 han sido recientemente indagados y 524 tienen pedido de indagatoria pendiente)”.
Por otra parte, “a diciembre de 2017, son 1305 los imputados libres y 1038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugos de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, consigna el documento y agrega que de los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.
El documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también señala que durante el 2017 se dictó el fallo “Muiña”, mediante el cual la CSJN admitió la utilización de la Ley 24.390 para el cálculo en el tiempo de detención preventiva de los imputados, computándose 2 días por cada 1 que permanezcan privados de su libertad sin sentencia firme. Tal como consignó oportunamente un informe de la PCCH, publicado en el mes de agosto, se presentaron 118 planteos al respecto, en los que se solicitaba un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.
Demoras y “cuellos de botella”
El informe analiza también las trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad a nivel nacional. En tal sentido, existen 593 causas principales en las que ya se presentó requerimiento fiscal de elevación a juicio, pero del análisis se excluyen 247 causas que se encuentran en etapas previas de la instrucción, y cinco que ya tuvieron sentencia pero que no pudieron ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la muerte del único imputado.
Para el análisis, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideró como causas “firmes” a aquellas que han tenido sentencia y no hay instancia recursiva pendiente, las cuales totalizan 60, mientras que hay 281 causas catalogadas como “en trámite”, las cuales son aquellas con sentencia –pero que aún no fue recurrida- o que se encuentran con requerimiento de elevación a juicio.
En base a ello, se analizaron los datos y se concluyó que, en las “causas firmes”, transcurren 5,56 años entre que se presenta el requerimiento d elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la CSJN, mientras que la demora en la causas “en trámite” alcanza los 4,48 años.
Además, el informe señala que “al desagregar los datos por hito, se ve que la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la CFCP, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”.
Finalmente, el documento hace hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, y señala la existencia de “cuellos de botella” durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.
La diputada nacional del FIT Romina del Plá presentó un proyecto de ley que plantea la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Caablevisión Holding SA”.
El proyecto sostiene que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación, a través de la cual el grupo Clarín consolida una posición dominante.
A su vez, agrega que la fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino que golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores.
La iniciativa propone que previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.
Por último, el proyecto plantea la suspensión de la Fusión de Cablevisión SA con Telecom Argentina SA hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel.
(Por Astor Vitali) Para esta última columna cultural del año había pensado en editar un racconto de audios en base a las entrevistas y a las producciones sonoras que hemos realizado a través de nuestros micrófonos con artistas de la ciudad, del país y el mundo. Sin embargo, reconsideré la cuestión. Me parece oportuno, en cambio, tratar de pegarle una mirada panorámica a la cosa cultural en Bahía Blanca, tan problemática durante estos últimos años.
En principio, me parece destacable reparar en el hecho de que, lamentablemente, cada vez que uno se refiere a la cuestión artística en Bahía termina hablando de los problemas para desarrollar propuestas artísticas más que de las propuestas artísticas y estéticas en sí mismas. Este es un dato de época: se habla más de las dificultades para hacer arte que del arte en sí mismo.
La nuestra es una sociedad desigual, por lo que el derecho a la producción cultural y el acceso a bienes culturales no están resueltos a priori. Hay miles de ciudadanos y ciudadanas que jamás tuvieron la oportunidad de pisar el Teatro Municipal, por ejemplo. Se necesita del Estado para garantizar los derechos culturales.
El mercado y el Estado tienen en esto una alianza estratégica dura. El mercado produce bienes tangibles e intangibles concebidos en industrias culturales, segmentado en “gustos” culturales que se ocupa de construir. De la mano del Plan Cóndor y de la destrucción del sentido de lo público que implicó el menemismo, las músicas populares concebidas por el pueblo fueron diezmadas –así como las fuentes laborales generadas- y, a través de una inmensa maquinaria editorial y mediática, se impusieron estéticas hechas por centrales de producción que buscan maximizar ganancias confeccionando productos “para el pueblo”.
En este proceso, el rol del estado es básicamente desfinanciar a los actores culturales locales y regionales con el objetivo de eliminar los rasgos particulares que atenten contra el plan de instalación de artísticas monótonas y segmentadas por clientelas. Si sos pobre y medio morocho: lo tuyo es la cumbia. No tenés derecho a nada más de la belleza de la música universal creada durante siglos por la humanidad.
Sumado a esto, también se suelen transferir fondos públicos hacia las empresas productoras de contenidos. El ciclo AcerArte de la gobernadura María Eugenia Vidal es ejemplar.
Esta alianza entre gobiernos y privados deja en una situación de marginalidad relativa a las propuestas artísticas producidas por la ciudadanía. La alternatividad ha sido la marca de la época. Grupos de teatro, musicales, artistas plásticos/as, escritores/as se ven restringidos/as a un circuito que representa un porcentaje mínimo de la población. Al mismo tiempo, los canales masivos de comunicación social garantizan que no despegue ninguna propuesta que no acuerde con cánones claramente establecidos y documentados por los manuales de las productoras.
Les recomiendo que busquen en YouTube charlas motivacionales de compositores del mercado musical en México, quienes van mostrando el manual para hacer canciones que “peguen” y encontrarán allí la respuesta a cómo se crea un producto cultural masivo que nada tiene que ver con lo popular ni con las historia de la música popular sino con la creación de público homogéneo para maximizar ganancias con un producto híbrido.
En este contexto uno cree que deben interpretarse las medidas municipales del actual gobierno. A saber: haber dejado a 30 niños, niñas y adolescentes sin su orquesta escuela en Villa Miramar; haber intentado vetar reglamentación de acceso a subsidios por parte de artistas locales; haber recortado horas extras y con ello el cierre de museos; haber retirado apoyo a encuentros y eventos realizados por gestores culturales locales independientes (sin fines de lucro); negar la grave crisis cultural que atraviesa el sector.
Todo esto constituye una política definida. No puede concebirse de ninguna manera como un error, como cuestiones personales atribuibles a la infame gestión de Ricardo Margo, como incapacidad política o como resultado del desconocimiento. De ninguna manera. En términos más claros podemos ponerlo así: les calienta un carajo la cultura producida por el pueblo al que deberían representar. Sí les importa la foto con las estrellas de la industria cultural porque su profunda ignorancia les convence de que eso es la cultura y lo otro apenas “chiquitaje” que “no logra triunfar”. El exitismo al gobierno.
Un último problema que debemos señalar es que la actitud de muchos/as trabajadores/as de la cultura no favorece una política activa desde este palo que logre visibilizar sus virtudes y problemas. Algunos/as van por la personal. Otros/as descreen de las herramientas de participación y representación. Otros/as quisieran ser estrellas. Salvo cuando el agua nos llega al cuello y vemos ahogarse a alguno cercano, cuesta mucho reaccionar y buscar acuerdos y políticas en común. Es importante tomar nota de esto para no repetir la misma conducta y cuando baje al menos un poco el agua no olvidemos que a eso llegamos por apostar a la individual.
El funcionamiento asambleario del Consejo Cultural Consultivo da cuenta de que un modelo participativo y de democracia directa es posible y exitoso. En los últimos años es mucho lo realizado y las victorias logradas cuando se obtuvieron puntos de consenso y se puso el cuerpo a las luchas (rechazo al veto de la ordenanza de creación del CCC, piso del FMA, Fondo Municipal de Financiación de Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo, etc.).
Es preciso también buscar más canales de diálogo y conocimiento en torno a las propuestas estéticas existentes. Hay mucha iniciativa y propuesta que muere cerrada en cada grupo y su pequeño espacio cultural. Compartir, dialogar, comparar y comprender propuestas estéticas entre sí puede abonar mucho al enriquecimiento colectivo. Hay vida después del Instagram.
A las estrellitas hay que recordarles que su destino final es la implosión. Tarde o temprano estallan y mueren. Los y las laburantes de la cultura, fueron, son y serán siempre el centro gravitacional sobre el que gira todo lo otro.
Para cerrar estas columnas y nuestro año, podríamos decir -junto a Martínez y Canterini-: Salgan al sol. Hay vida detrás del Instagram.
Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la feliz noticia del encuentro de una nueva nieta, la 127, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.
Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.
Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.
Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.
La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.
La búsqueda
Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.
En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.
La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.
En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.
Una vez más, las Abuelas destacaron la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.
Hace muy pocos días, desde el organismo anunciaron la restitución de la nieta 126. “Hoy cerramos el año de nuestro 40° aniversario con otra noticia feliz, el encuentro de la nieta 127, a quien esperamos conocer pronto para acercarla a su historia y abrazarla en la verdad”.
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.
Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.
La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.
Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.
Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.
Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.
Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.
Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.
Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.
Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.
Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.
Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).
Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.
Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar
Foto: FM La Tribu
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó ayer una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, para manifestarle su preocupación frente a los cambios producidos en el último tiempo en el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas argentinas, que obran en poder del Ministerio, y que ponen en riesgo la continuidad de esta política de estado.
Estos cambios implicaron, entre otras acciones, el despido de trabajadores de vasta trayectoria, muy valiosos para las tareas de preservación. Con estas decisiones se afecta el funcionamiento de los equipos, y esto podría provocar el deterioro de una política pública crucial para nuestra democracia.
El trabajo que estos equipos vienen realizando desde el Ministerio de Defensa es indispensable para el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y memoria, ya que no sólo da cuenta de la historia reciente de nuestro país sino que constituye una prueba fundamental para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.
En la presentación realizada, la CPM manifestó su preocupación por el rumbo que puede tomar la gestión y preservación de estos archivos, solicitándole que revea estas decisiones y garantice la continuidad en sus tareas de las trabajadoras y los trabajadores. Además, expone su consideración sobre la importancia del trabajo que se viene realizando y la necesidad de sostenerlo como política de estado.
Esta preocupación se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo con los archivos del terrorismo de estado a la hora de conseguir justicia y conocer la verdad sobre lo sucedido. Desde el año 2001, CPM custodia y gestiona el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, parte del acervo del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina. Todo esto ha marcado, desde nuestros orígenes, una de nuestras misiones fundamentales y redunda en una preocupación constante por la preservación y desclasificación de todos los fondos documentales vinculados al terrorismo de estado.
