Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La CTA Autónoma se divide y encara la renovación de sus autoridades con caminos alternativos. El secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó su sector. “El próximo espero que haya muchos mas comensales que el viernes y que podamos consolidar el avance hacia un proceso electoral convocado para el 8 de agosto”, aseguró.
Godoy remarcó que están “muy satisfechos del congreso extraordinario donde definimos ratificar la CTA Autónoma como la organización que vamos a seguir fortaleciendo y desde allí proponer la unidad y la lucha contra las políticas gubernamentales. Para ello es que convocamos a una nueva medida de fuerza en la primera quincena de abril”. Afirmó que “hubo un solo congreso el día viernes” con 410 de 656 congresales, mientras que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”.
Sobre Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, dijo que “se empeña en querer decidir las cosas solo y dando la espalda a la mayoría de los dirigentes y militantes de la CTA”. Por esto es que buscan fortalecer al sindicato “como una central que aporte a la unidad de los trabajadores desde una propuesta de nuevo modelo sindical y queda reducida a su mínima expresión esa idea de que la unidad se hace por arriba entre dirigentes sin garantizar una propuesta de cambio a un modelo sindical que en la Argentina está caduco”.
Godoy aseguró que “hay que parar a Macri y al mismo tiempo construir una unidad del movimiento popular que pueda generar una alternativa que no sea repetir las experiencias del pasado reciente. Fueron los errores del gobierno que asumió en el 2003 el que nos llevó a este presente de herencia de Macri”.
El dirigente comentó que “la unidad no tiene que estar solamente reflejada en los sindicatos y las organizaciones sociales, tenemos que abrir un abanico de otros sectores para poder plantear alternativas verdaderamente integradoras. […] Necesitamos construir una alternativa: en la lucha de los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, vastos sectores de la cultura, la educación, el estudiantado, el pequeño y mediano empresario, hay condiciones para construir esa unidad” concluyó.
Luego del rechazo manifestado por las comunidades educativas afectadas por el cierre de bachilleratos que había anunciado el gobierno provincial, el viernes la Dirección de Secundaria en La Plata firmó un acta en la cual se compromete a dar marcha atrás con la medida. Sin embargo, desde Suteba advierten que la resolución sigue en vigencia.
La secretaria general del gremio en Bahía Blanca, Ana Canullo, expresó a FM De la Calle que “de todas formas, creo que esto es un poco más complejo porque la resolución todavía no se derogó y tampoco creemos que tengan la voluntad de hacerlo. O sea, esta situación de que todos los bachilleratos de adultos pasen a la órbita de la Dirección de Adultos y dejen de pertenecer a secundario sigue estando”.
“Lo que aparentemente se pudo frenar es el tema de que no se cierren este año los primeros años, que estos primeros años van a pasar a la órbita de los CENS. Los primeros pasan a los CENS pero seguirían funcionando en los mismos lugares que son los bachilleratos de adultos. Lo que nos dijeron es que no se cierran, aparentemente los docentes no pasarían a disponibilidad (…). La verdad que creemos que el gobierno de alguna forma tenía que dar cuenta de esto que estaba pasando”, expresó.
Consultada sobre cómo funcionaría en lo concreto esta nueva conformación y como sería el traspaso de estos bachilleratos a los CENS, Canullo comentó que “en Bahía Blanca hasta ahora, son cinco los CENS que hay cuando bachilleratos de adultos hay catorce. Entonces, habría que ver de quién dependerían todas las escuelas que están en los barrios, a qué CENS corresponderían”.
“Tenemos que ser cuasi inflexibles en el tema de la calidad, de la presencialidad, porque esto era algo que nos preocupaba muchísimo, tiene que ver con que los chicos vayan a los cursos, donde haya un profesor o una profesora, con compañeros, en una escuela. Bueno, eso es lo que nosotros queremos garantizar y debemos garantizar porque no era la oferta. La oferta era directa y eran tres días de clase, dos no; o como los Fines que son mensuales”, manifestó.
Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña informara que el Estado destina 130 millones de pesos a sostener a la Iglesia Católica desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto para derogar las normativas que así lo establecen. La mayoría de ellas corresponden a decretos de dictaduras militares.
La diputada nacional Nathalia González Seligra dijo a FM De la Calle González Seligra que “por un lado tenemos un Estado laico, el artículo 2 de la Constitución Nacional plantea que el Estado tiene que sostener a la Iglesia Católica en términos generales (esto no significa económicamente)”. Por otro lado, los decretos de la dictadura cívico-militar sí plantean en términos de remuneraciones: “sueldos a los obispos, jubilaciones de privilegio (que equivalen al 80% de lo que cobra un juez nacional)”.
Este gasto de 130 millones de pesos “en el marco de que estamos atravesando una crisis que el propio gobierno reconoce, teniendo que ajustar las cuentas fiscales, con el debate de si tiene que haber aumento o no alrededor de las paritarias de los trabajadores… nos parece que hay que discutir seriamente que el Estado nacional no puede seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, más allá de la libertad de culto que sí es legal y defendemos en nuestro país”, aseveró.
Explicó que tiene implicancias legales ya que la Iglesia es reconocida desde 2014 -en una reforma del Código Civil- como persona jurídica. Es decir que “la Iglesia en términos civiles y económicos tiene un trato diferente a cualquier otra organización no gubernamental del país”.
Sobre “la millonada de pesos que el Estado destina a los obispos” agregó que también tiene implicancias políticas “porque es una institución que tuvo complicidad en la dictadura. Y que hay muchos “cuestionamientos abiertos alrededor del trato que han tenido desde Mendoza al Próvolo sobre abusos de niños hasta el cuestionamiento por la injerencia política que tienen en la educación y salud. Desde ese punto de vista también creemos que debe separarse a la Iglesia del Estado, y en términos económicos implica derogar estos decretos”.
Respecto a la respuesta del sector eclesiástico -aseguraron que no son salarios lo que perciben sino una asignación para el sostenimiento de los obispados-, González Seligra ratificó: “Acá se está debatiendo que son sectores de la Iglesia que están sostenidos por el Estado mientras hay millones de trabajadores que ni siquiera llega a un salario de 10 mil pesos cuando la canasta familiar está en 17 mil pesos, entonces ¿por qué sostener a la iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”.
(Facundo Muñoz – FM De la Calle) El próximo jueves a mediodía se conocerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Liliana Días Benítez, ocurrido el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego. Este viernes el fiscal Mauricio del Cero y la querella pidieron prisión perpetua para Marcelo Camarero. “Mató porque quería matar”, dijo la abogada Viviana Lozano. El defensor solicitó que se lo declare inimputable y afirmó que otorgarle la prisión perpetua sería como aplicarle la pena de muerte. El femicida se negó a declarar.
Del Cero argumentó que, por un lado, debe valorarse si realmente el imputado fue afectado por un trastorno mental transitorio y, por el otro, si es culpable y, por ende, le corresponde la calificación de homicidio simple.
Comentó que “el estado depresivo no se probó” porque “jamás en la causa se pidió una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado” y porque “Camarero no presentaba una patología psicológica o psiquiátrica orgánica previa”.
En relación a la ingesta de alcohol con pastillas que subrayó la defensa durante todo el proceso, Del cero sostuvo que está “absolutamente convencido que en este juicio no hay una sola prueba de ello. Antes, durante y después del hecho Camarero tomó muchas decisiones. De lo que sí podemos estar seguros, es que el arma la sacó del auto y la llevó a su casa”.
Del Cero citó mensajes enviados por Camarero a sus amigos con referencias a Liliana, por ejemplo, “se hace la perra y yo soy el Rottweiler” o “estoy a un centímetro de que se me vuele la térmica”.
“Si pegarle un tiro en la sien a una mujer no es un hecho de violencia de género, no sé lo que es”, manifestó el fiscal antes de pedir la pena de prisión perpetua para Camarero.
La abogada de la familia de Benítez, Viviana Lozano, dijo que “cualquier persona es una cosa para Camarero. Camarero pensaba de Liliana ‘es mía o no es de nadie’ y lo aplicó”. Respecto a la alevosía, la querella recurrió al fallo de la jueza Baquedano por el femicidio de Micaela Ortega y afirmó que “el disparo fue entre 3 y 5 centímetros, alevosía total y absoluta, Camarero tenía en claro lo que iba a hacer”.
Sobre la situación de violencia de género de la víctima, Lozano explicó a partir de declaraciones de familiares y amigos de Liliana que “tres personas dijeron de la mano vendada, tres respuestas distintas. Tres respuestas distintas, típico de una mujer golpeada”.
“No hay duda de que Camarero mató porque quería matar”, expresó para pedir la pena máxima, la reintegración del dinero que Camarero le debía a Liliana y que se revalúe la declaración de Sebastián Buciarelli, por falso testimonio.
Finalmente, el abogado defensor, Ignacio De Franco, manifestó que “en el último mes y medio” su asistido “no era normal” debido al consumo de alcohol en exceso. Negó que el imputado haya sido pareja de la víctima según los requisitos establecidos en el Código Civil y en cuanto al agravante por violencia de género opinó que “no podemos acreditar un hecho de violencia”.
El defensor solicitó al tribunal que declare inimputable a Camarero dado que “si es condenado por uno de estos delitos tendría menos beneficios que un represor de lesa humanidad”. Asimismo, pidió la nulidad de la acusación, de la pericia balística y del celular. “Aplicar la pena perpetua a Camarero sería aplicarle la pena de muerte, prohibida en nuestro país”, concluyó.
La declaración del último testigo
Andrés Ranieri, conocido del imputado, contó que el día del hecho había estado al mediodía con Camarero y que notó que “andaba muy bajoneado” y que “siendo las 9 de la noche me llama Andrés Pinto diciendo: ‘Llamá a Cabeza que se mandó una cagada’. Después él (Camarero) me llamó diciendo: ‘la maté, la maté, la maté’. ¿A quién? -le pregunté- ¿a la rubia (su ex pareja) o a la negra (Liliana)?. ‘A la negra’”, recordó.
Consultado sobre si era normal que el imputado tuviera un arma y la llevara consigo, dijo que “la tenía siempre ahí en la casa o en el auto”. En cuanto a la relación entre la víctima y el imputado Ranieri dijo que “ella estuvo unos 15 días viviendo (con Camarero), tuvieron una discusión, ella se fue y después volvió (…) tenían una relación de concubinato”.
“Yo hablé con ella una vez y me dijo que él la celaba”, afirmó Ranieri, quien describió a la víctima como “una persona agradable, se podía hablar de cualquier tema. Se notaba que era una chica instruida”. “Liliana cambió el número de teléfono porque Camarero la molestaba”, agregó.
Luego del episodio ocurrido el lunes en la Plaza Rivadavia, cuando una rama se quebró y cayó sobre un nene de 8 años, un patrullero quedó custodiando la zona vallada. FM De la Calle conversó con el fiscal de la causa, Cristian Aguilar.
El funcionario afirmó que la Fiscalía actúa de oficio y que tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación: “Me comuniqué con la policía y ordené la custodia del lugar hasta que se realizara la pericia, pensando que se haría en poco tiempo”.
“El patrullero está porque la pericia no se ha hecho” y aseguró que no logró la presencia de “una persona idónea para inspeccionar el lugar, por eso se puso cinta y se ordenó que haya un móvil policial para que nadie altere el lugar o se lleve el pedazo de árbol que se cayó”.
Con la intención de realizar rápidamente la pericia, Aguilar pidió la colaboración del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur pero obtuvo una respuesta negativa.
“En su momento hice averiguaciones en la Fiscalía y me indicaron al agrimensor (Luis) Caro, que intervino en la causa de Daiana Herlein. Al día siguiente [de convocarlo] presentó un escrito en la Fiscalía excusándose, diciendo que forma parte de la Comisión de Parques del Concejo Deliberante, por lo tanto, que puede conocer a alguna persona que puede resultar imputada”.
A Aguilar no le pareció razonable el planteo de Caro porque “la ley indica que toda persona de existencia física está obligada a prestar colaboración al Ministerio Público Fiscal, es obligación y si se niega se puede incurrir en un delito”.
“Yo tuve que elevar ese pedido a la justicia de Garantías porque no estuve de acuerdo. La justicia hizo lugar a la excusación, de modo que siguieron pasando las horas, el móvil siguió ahí y aún no contamos con la pericia”. Desde el Departamento de Agronomía le aseguraron que la única persona capacitada para realizar una pericia es Caro, por lo tanto, el fiscal recurrió al Colegio de Ingenieros con el mismo pedido.
Finalmente aseguró que “la Fiscalía podría seguir de oficio por un posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico”.
(Carla Pereuilh y Facundo Muñoz – FM De la Calle)Ayer comenzaron las audiencias testimoniales en el juicio por el femicidio de Liliana Díaz Benítez (29), la joven que residía en Coronel Dorrego y fue asesinada de un balazo en la sien por su ex pareja y único imputado en el proceso, Marcelo Camarero (49).
La causa por homicidio agravado por la situación de pareja y femicidio tramita en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de nuestra ciudad, integrado por los jueces Eduardo D’Empaire, Guillermo López Camelo, y la jueza Alejandra Castaño. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Mauricio Del Cero, Viviana Lozano como representante de la familia de la víctima y la defensa del acusado está a cargo de Ignacio de Franco.
El jueves el tribunal escuchó declaraciones de veinte testigos, entre quienes se encontraban amigxs de la víctima y de Camarero, funcionarios municipales, fuerzas de seguridad que intervinieron el día del hecho y testigos oculares.
El oficial de policía José Gallego sostuvo que “entre las ocho o nueve de la noche ingresan a la comisaría un grupo de personas, Camarero entre ellas, manifestando que habían matado a una mujer”. Además expresó que al imputado se lo podía notar “muy alcoholizado” y que “ingresó caminando con sus abogados”, confesándole durante su estadía en la dependencia policial que “había tenido una pelea con Lili”.
También comentó que cuando fueron a la casa del imputado encontraron el arma,“no recuerdo si fue en la cocina o en el balcón” pero sí que había “Clonazepam y muchas botellas de fernet” y que la puerta del domicilio la abrió el hermano de Camarero, quien “no poseía llave del mismo”.
El Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Dorrego, Leopoldo Vega, dijo que recibió “una llamada que sostiene que Camarero contó que había cometido un delito en la vía pública”. “Se comentaba que había matado a la novia”.
El secretario de Seguridad, José Del Valle, explicó que “recibió una llamada de una persona que le dice del hecho” y decide notificar al fiscal Romero Jardín quien le pide que se acerque a la Fiscalía. Cuando iba hacía el lugar ve a Camarero subir a una camioneta: “subía por sus propios medios, pero lo ayudaban igual”.
Los peritos
Maximiliano Correa, inspector municipal que se encontraba en la calle cubriendo el turno noche, contó que fue llevado a la cochera en la que se encontraba el auto de Camarero con el cuerpo sin vida de Liliana. Además, dijo que al lugar “entraron con linternas, el auto estaba estacionado al final” pero “no recordaba muchos detalles de ese día”.
El médico cirujano del Hospital Municipal de Dorrego, Mauro Ariel Sueldo, formó parte de los informes que se elevaron a la causa. Sueldo sostuvo que en el cuerpo de la víctima “a simple vista se veía que tenía un palito de chupetín en la boca y el celular en su mano”.
Respecto a la autopsia, confirmó que “fue una muerte súbita espasmódica, por el trayecto que hace el proyectil y las partes del cerebro que toca”, lo que produjo que la víctima hiciera fuerza con la boca retuviera el palito del chupetín incluso después del deceso. “No recuerdo si había alguna botella de bebida alcohólica dentro del auto”, manifestó.
Alejandro Luis Müller, integrante de la Policía Científica de Tres Arroyos, dijo haber sido requerido en un hecho de un presunto homicidio. Al presentarse en la escena se encontró con “un automóvil Peugeot, negro, en su interior un cuerpo sin vida”. Sobre la posibilidad de que el disparo se hubiera efectuado desde el exterior argumentó que “no se observó ningún vidrio en el interior del vehículo”. Asimismo, comentó que “no se encontró ninguna impronta del proyectil fuera de la cochera (pared, techo)” y que “el vehículo estaba correctamente estacionado, en forma recta vertical”.
El entorno de Camarero
Fabián Zorzano, vecino y médico clínico del imputado, contó que Camarero fue a su consulta por primera vez en 2014 y que luego de algunos estudios le recetó Clonazepam 0,5 hasta 1mg, que es “una dosis normal a baja para una persona de la contextura de camarero”.
Sobre los efectos que puede causar la ingesta de este fármaco mezclado con alcohol afirmó que “depende de cada paciente, pero puede producir la pérdida de reflejos. […] Cuando se toma una medicación por mucho tiempo disminuyen los daños colaterales”.
Ariel Fernández, dueño de la confitería en la que solía juntarse Camarero con algunos de sus amigos, argumentó que “no sabía si (Camarero) tenía una relación. Por comentarios de la calle sí, pero yo no lo había visto”. Declaró que Camarero consumía alcohol y confirmó haberlo visto manejando su auto entre las 8 y las 9 de la noche el día del hecho. Sobre la víctima dijo: “Liliana era una chica buenísima”.
Andrés Pinto, amigo de Camarero, explicó esa noche que el imputado lo llamó diciéndole “me mandé una cagada, le pegué un tiro a la negra”, sin embargo, ayer cuando declaró no recordó si le había dicho algo más aparte de “me mandé una cagada”.
Ante la llamada del imputado, Pinto llamó a Mehemed (otro amigo) y fueron a buscar al hermano de Camarero. Jorge Mehemed corroboraría esta versión en su declaración y agregó que el imputado “era una persona normal”. Yamil Mehemed, hijo de Jorge Mehemed, afirmó: “Lo que sé es lo que me contó mi papá, lo acompañé y nos encontramos con el abogado”. Sobre su relación con Camarero dijo: “Yo lo conozco porque iba al negocio (en el que trabaja) y porque andaba con la hija del hermano”.
Sebastián Buciarelli conocido de Camarero y Liliana expresó que se enteró de lo ocurrido esa noche por Camarero quien le confesó que “se le había escapado un tiro” y que al hablar con él le notó la voz rara, balbuceante.
Hoy declaró el psiquiatra Rubén Darío Eberhardt, quién ejerce hace 41 años. Camarero tenía turno el 17 de junio de 2016 y el teléfono que brindó resulto ser el de Andrés Pinto. Eberhardt aseguró “trato de usar psicoterapia, para escuchar. De acuerdo al caso, la medicación y, si es posible, la menor cantidad”.
Explicó que no da recetas sin ver al paciente antes y certificó que si se le da clonazepam se le explica expresamente las contraindicaciones a la persona. La defensa le preguntó si estaba familiarizado con el ‘trastorno mental transitorio’. El psiquiatra explicó que no pero “puedo deducir de qué se trata”.
El entorno de Liliana
Hoy también brindó su testimonio Ana Ocampo, madre de Jorgelina (declaró ayer). Liliana trabajaba en la casa de su mamá y comentó que a Camarero lo vio una sola vez. “[Lili] un día se fue y volvió a los 2 meses. Creí que estaba en Paraguay pero estaba con Marcelo Camarero.
Un día “llamó un chico a casa, se hizo pasar por Rainieri, y me pidió el celular de Lili. Después volvió a llamar y se presentó como Marcelo Camarero, ‘la pareja de Lili’.” Ana dijo: Lili para mí era como una hija “.
El fiscal del Cero le preguntó a Ana si Camarero la seguía llamando, “llamaba todos los días, hasta unos días antes de lo de Lili”.
El último mensaje que Ana recibió de Camarero fue una nota que decía “que era una persona buena y que me iba a mandar un regalo envuelto en papel rojo que no iba a olvidar”. “Ella quería estudiar, ser alguien”. ¿Cómo se enteró de la muerte de Liliana? “Me llama mi hija [Jorgelina Ocampo] y me dice ‘mama, por favor, Camarero mató a Lili'”.
Rodrigo D’Annunzio, separado hace diez años de Liliana, dijo que “Lili me llenó el corazón; le propuse empezar una vida juntos, pero yo no tenía nada”.
Aseguró que a Camarero lo tenía de vista. “La Negra estuvo acá todo el tiempo que la buscaste” [en referencia a los dos meses donde también había dejado de trabajar en lo de Ocampo]. D’Annunzio agregó: “Cuando me empezó a hablar de ella perdí el miedo (al arma que tenía en su cintura), me empezó a decir que Lili era mala mina, específicamente “puta”, atorranta”. Esperaba que ella me dijera que estaba con Marcelo”.
Cuando Nelson Iriarte, amigo de ambos, quien es señalado como el que difundió imágenes íntimas de la víctima, falleció de una enfermedad terminal, Rodrigo le envió un mensaje a Liliana: “No es mi intención molestarte sólo quiero decirte que Nelson falleció”.
D’Annunzio estaba al tanto de los maltratos por parte de Camarero. Liliana “mucho no me pudo decir, pero me mostró un mensaje y la trató de ‘negra puta’. Le dije que si no hacía una denuncia, que cambie el número”. Después de la crisis de pareja hicieron un viaje a San Blas para hablar y “Lili apareció con la muñeca rota, dijo que le pegó a la mesada porque Camarero no la había dejado ir al velorio de Nelson”.
Cuando D’Annunzio terminó su declaración se sacó el buzo para lucir una remera que dice ‘Justicia por Liliana’.
Juan Ignacio y Maximiliano González eran compañeros de Liliana. Fueron al Instituto el día del hecho y en el recreo, entre 18:30 y 19:30, Lili recibió un llamado. No volvió a entrar a clases. Ambos coincidieron en que “debe estar con Camarero”.
Juan Ignacio dijo: “Salimos del colegio 21:30 y el auto seguía en el estacionamiento”. Le avisó por mensaje a Lili que iba a lo de un amigo. Él tenía la mochila de ella y cuando buscó la llave del auto encontró un fajo de dinero. “Al rato una compañera nos avisó que le habían disparado a Lili”.
Maximiliano dijo que Liliana “era buenísima, tenía un corazón enorme. Sabíamos que Marcelo Camarero tenía antecedentes de que le había pegado a la ex mujer”.
Elvio Díaz Benítez, hermano de la víctima, testificó que no conocía a Camarero en persona, pero sí tenía buena relación con Rodrigo, la ex pareja. “Rompió esa relación tranquilamente, sin escándalo y comenzó la segunda relación [con Camarero].”
“Le enviaba mensajes que era una puta, que no iba a cambiar más. ‘Mira lo que me dice este’”, le dijo Liliana a Elvio. “Hablamos, lloramos, nos reencontramos” porque el imputado no le permitía hablar con la familia. Durante su estadía “recibió llamados continuos de su parte”, aseguró.
Él se enteró de la muerte de Liliana por Facebook, llamó a la hermana menor quien le dijo: “Hablé con ella esta noche [el día del hecho], está bien, tranquila”. “A mi hermana le preocupaba la situación, Lili le había comentado: “Me apuntó con un arma en la cabeza” y no tenía miedo “porque si lo fuera a hacer, ya lo habría hecho”.
A cuatro meses de la desaparición del submarino ARA San Juan y aun sin ninguna respuesta concreta sobre qué fue lo que pasó con la embarcación, FM De la Calle habló con Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas que se encontraban a bordo del navío y querellante en la investigación.
“Seguimos en la lucha por esto que es tan básico como encontrar a nuestros seres queridos y que, si bien el presidente se expresó en esa línea, entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas” expresó.
Las últimas medidas sobre el caso estaban relacionadas al pedido de licitación para que empresas privadas se hagan cargo de la búsqueda y una recompensa con el mismo fin que fue cuestionada por los familiares de lxs tripulantes del ARA San Juan: “Nosotros le planteamos al ministros y al presidente una serie de medidas para que actúen de manera complementaria una con otra”, manifestó.
“El tema de la recompensa fue propuesta nuestra pero como una última medida complementaria a todo lo anterior que tenía que ver con incluir a la Prefectura Naval Argentina en la búsqueda, incluir a algunos buques específicos que tienen sonares de alta tecnología para detectar cardúmenes de peces hasta mil metros de profundidad, que se han ofrecido a cambio de la logística y no se los ha tenido en cuenta (…), que el buque ruso Yantar se quede, nosotros tenemos información que a fin de mes se retira”.
Consultado por las hipótesis más razonables sobre lo sucedido con el submarino Tagliapietra contó que “hasta ahora, si vamos a los elementos materiales, digamos, que tienen que ver con documentos de la Armada y las últimas comunicaciones, todo va apuntando a que ha sufrido algún grave accidente en virtud de los problemas que tenían en las últimas horas respecto de la entrada de agua por el snorkel y el incendio en las baterías”.
“Lo que sucede es que no hay más datos y la realidad que esos datos por sí solos no permiten establecer con la certeza que requiere una investigación judicial, por ejemplo, para establecer que esa es la causa de la desaparición. Porque estuvieron durante 10 horas trabajando en ese problema. Alrededor de las diez de la noche del día 14 fue la entrada de agua por el snorkel y a las siete y media de la mañana en el último comunicado dieron por resuelto el inconveniente y manifestaron su intención de sumergirse a 40 metros de profundidad para poder descansar. Todo esto en virtud del terrible desgaste que implicó estar tantas horas superficie”.
Ante la caída de una rama en la Plaza de Rivadavia que hirió a un nene de 8 años, FM De la Calle habló con Lorena Zerneri, la mamá de Daiana Herlein, quien desde hace varios años viene denunciando la falta de controles en el arbolado municipal.
“Lo que yo advertía era que aun no está hecho el plan regulador exigido por ley, anual, que sería la base de una plan de trabajo. En vez de correr tras la tragedia se debe hacer porque lo marca la ley y la ordenanza, debe hacer plan de trabajo que se llama Plan Regulador de Arbolado Urbano Anual, que es como un censo. Un relevamiento de cada árbol y, en base a eso, se trabaja, se interviene en caso de ser necesario”, manifestó.
Agregó “eso no estuvo hecho cuando falleció mi hija. Es la principal razón que advierte el fiscal cuando eleva la causa a juicio y aun hoy tampoco está hecho, o sea que están infringiendo la ley. Así y todo, con todos los reclamos que yo hago cada vez que me ponen un micrófono así sea por otra cuestión, que siempre tiene que ver con mi hija, hago este recordatorio, lo escribo en las redes sociales, envío cartas a la Municipalidad. De todo esto nada tuvo sentido, que terminamos con algo que gracias a Dios no pasó a mayores porque el nene está en su casa”.
Zerneri sostuvo que no entiende porque Héctor Gay “protege a estas funcionarias como es Elena Díaz o Érica Gutiérrez, ¿por qué las protege de tal manera permitiendo que se ponga en riesgo a toda la sociedad?”.
“Yo tengo muchas referencias de los árboles que van sacando, no te digo todas pero tengo muchas; y muchos de los árboles que sacan, voy y me acerco y están en perfectas condiciones. Lo que significa que los sacan por otras razones: quizás comerciales, quizás por amiguismos políticos, porque tapa la vidriera de algún local, por otras razones. Pero no con la más importante, que es la de prevenir que pase una cosa de estas, que ponga en riesgo la salud de las personas”, afirmó.
El día después del #8M la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Mariana Gómez, detenida en el subte porteño por besar a su esposa Rocío Girat. Terminó agredida, apresada por Policía de la Ciudad y el fallo de primera instancia que la procesó por “resistencia a la autoridad” fue cuestionado por sus prejuicios de género. FM De la Calle habló con el abogado defensor, Lisandro Teszkiewicz.
El letrado manifestó que se trata de “un trámite surcado por una cantidad de prejuicios muy importante, prejuicios machistas, lesbofóbicos. Los propios policías argumentan que inician las actuaciones porque Mariana Gómez estaba fumando en un lugar prohibido, y esos mismos declaran que había otra gente fumando” pero que no iniciaron actuaciones por esos hechos.
“Está en su propia declaración que hicieron una selección arbitraria de Mariana y lo único que la distinguía es el hecho de estar besándose con su esposa en la estación Constitución. Era un matrimonio despidiéndose” porque tomaban diferentes colectivos, dijo Teszkiewicz.
Agregó que el accionar policial fue “muy discriminador, a Mariana le decían ‘pibe’, la agredieron, la golpearon, posteriormente ya en la comisaría la desnudaron; todo ese accionar tuvo una carga muy fuerte de odio de género, odio hacia la diversidad sexual”.
Respecto a la justicia, aseguró que en vez de remediar la situación “empieza en sus distintas instancias a avalarlo. Primero descarta la prueba que aportamos desde la defensa, y descarta toda línea de investigación en relación a discriminación o violencia de género por orientación sexual” por parte de la Policía de la Ciudad.
En segundo lugar, “la justicia le da valor de ‘verdad indiscutible’ -quizás citando la Doctrina Chocobar del Poder Ejecutivo- a la palabra del policía: lo que los policías dicen es verdad”. También utilizan declaraciones textuales en los resolutorios de la jueza de grado: “Afirma como hechos probados declaraciones textuales al punto que toma como cierto una frase que habría dicho Rocío -que Mariana era violenta-, esposa de Mariana, cuando [el policía] nos negó tomarle declaración”.
“Nos encontramos con esta situación en el tribunal de primera instancia, con la jueza María Fontbona de Pombo. Supusimos que la Cámara de Apelaciones Nacional iba a ponerle una medida a esta situación, en ese marco presentamos la apelación que fue acompañada por importantes organizaciones (dos de ellas con trayectoria en el tema de género y diversidad sexual), concluyó Teszkiewicz.
Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, se refirió en FM De la Calle al jury contra el suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.
“Por una cuestión formal, lo que se iba a tratar, iba a ser una recusación que hizo el dr. Arias contra la dra. (Hilda) Kogan y recién a partir de la resolución de esa situación podíamos empezar en lo que es propiamente dicho el jury finalmente” explicó.
“Creo que el dr. Arias ha tenido algunas buenas actuaciones judiciales y ha tenido algo que el fuero en lo Contencioso Administrativo tiene, que es ‘controlar al poder’. Y digo controlar al poder de turno porque lo hizo con Scioli cuando fue protagonista en la cuestión de la inundación de La Plata y lo fue en algunas otras medidas, tanto de la gobernadora Vidal como del presidente Macri, con lo cual para un juez en lo Contencioso Administrativo tener esta actitud es, a toda luz, una buena actitud” manifestó.
En relación a las fechas en las que comenzará el debate tras la suspensión de la primera audiencia sostuvo que “se va a volver fijar para esta situación de la recusación y después así entraremos en lo que tiene que ver específicamente con el juicio político estrictamente, es decir, con la sentencia para decirlo de alguna manera, del juicio político. Estimo que hasta abril no vamos a entrar en este tema”.
Pablo Rosenfelt, concejal por el bloque Cumplir y representante de la oposición en el directorio de Bahía Transporte Sapem se refirió esta mañana a la conferencia de prensa que brindaron ayer el presidente de la empresa Tomás Marisco y el gerente Federico Hartfield sobre el nuevo sistema de parquímetros.
Respecto a las declaraciones de Marisco el edil ratificó que “es imposible que Sapem no sepa hasta diciembre cuánto recauda. Sapem gerencia el sistema pero la recaudación va íntegramente para el municipio y el sistema online determina la recaudación de cada mes”. Si bien se estima una recaudación de 45 millones de pesos para el 2018 los datos de Gobierno Abierto registran que se llevan recaudados “1,6 millones hasta el momento”.
Sobre la orden de pago de seis millones de pesos que fue publicada en Gobierno Abierto, aseguró que “el gerenciamiento que hace Sapem le cuesta al municipio $1.590.000 y la orden de pago se emite del municipio para pagarle a la empresa por el gerenciamiento” realizado entre octubre y enero.
“El municipio no le tendría que pagar a la Sapem porque el gerenciamiento fue deficitario y en cierta manera me parece que si yo tengo un gerenciador que tiene que llevar adelante un sistema de la manera que corresponde, también tiene que haber una intimación por no haber brindado bien el servicio”.
En relación al supuesto sobreprecio en el contrato de Eycon, Rosenfelt comentó que “lo conveniente sería que el presidente de la Sapem, que tiene información y ha hecho la denuncia pública, haga la denuncia donde corresponde en sede judicial. La responsabilidad pasa por quien ha hecho esta manifestación”.
Finalmente, habló sobre la intención del bloque de Unidad Ciudadana de formar parte del directorio de Sapem: “Quiroga habló como presidente del bloque con Feliú. Estamos de acuerdo en que tiene que ser rotativo y en este período les tocaría formar parte del directorio. Yo particularmente le comuniqué al oficialismo que en abril no voy a ser más parte. Apoyamos la postulación de Larrea para que sea por los próximos dos años del directorio de la Sapem”.
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, quien se encuentra suspendido en su función, debía ser juzgado a partir de este martes por un Jury de Enjuiciamiento en el que se le imputan 21 cargos.
En diálogo con FM De la Calle, Arias explicó ayer que 11 de esas imputaciones son “no haber remitido el expediente a la Receptoría General de Expedientes, es decir, un trámite burocrático que se hace para que la Corte tome conocimiento de que existe una causa de Fulano contra Mengano. Además, yo ordené eso. Lo que pasa es que las partes no lo pidieron, no impulsaron el movimiento y me atribuyen a mí responsabilidades de no haber mandado el expediente”.
“Son todas las causas urgentes en donde, remitir un expediente a una oficina administrativa de la Corte puede implicar una pérdida del derecho a las personas que están litigando”.
Respecto al resto de las imputaciones, el magistrado sostuvo que “son todos conflictos de competencia con los jueces penales o con la propia Suprema Corte de Justicia, donde los jueces penales, por ejemplo, frente a un desalojo masivo dictan medidas arbitrarias, ilegales; generalmente porque no cumplen con los estándares internacionales. Y por otro lado, esos ocupantes viene al fuero Contencioso Administrativo a pedir que se les garantice el derecho a la vivienda digna, el derecho a la tierra y muchos otros derechos que están establecidos constitucionalmente”.
“Esto que hace la Corte, que hace el Jurado de Enjuiciamiento, que hace el procurador (Julio) Conte Gran, es querer eliminar la diversidad de pensamiento, es como si obligáramos a todos los poetas a escribir la misma poesía, a todos los escritores a escribir la misma novela. Digamos, si trabajamos sobre textos hay visiones diferentes, hay interpretaciones diferentes siempre dentro de un rango de racionalidades posibles. Los magistrados no podemos estar condicionados por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver el mundo”, manifestó.
Finalmente Arias destacó que “no tengo denuncias de ninguna persona particular, no tengo denuncias de abogados matriculados, por el contrario, nos eligen todos los años como mejor juzgado Contencioso en la encuesta que hace el Colegio de Abogado y las puntuaciones que nos dan en todos los aspectos están entre los primeros juzgados de todos los fueros. Las denuncias son de los jueces penales y de algunos funcionarios de la Corte”.
Fueron las palabras de Natalia Acosta, abogada del matrimonio igualitario que consiguió mediante un fallo sin precedente que la obra social se haga cargo del tratamiento de fertilización asistida al que no querían acceder.
En el año 2013 se dictó una ley nacional para todas las obras sociales que incluye el tratamiento de fertilización asistida en el programa médico obligatorio y, según la abogada, “hasta el momento no había ningún caso en que se hubieran negado a cumplir con esto”. En este caso, el matrimonió se presentó en el estudio “con el deseo de poder formar una familia y se encontraron con el obstáculo de la obra social. Iniciaron los pasos procesales correspondientes, y ante la negativa tuvimos que recurrir al procedimiento de amparo”.
No trascendió de qué obra social se trata ya que es un fallo de primera instancia, en caso de que haya una apelación “esperamos que la Cámara confirme el fallo pero sí sienta jurisprudencia en primera instancia”. Acosta aseguró que el fallo habla de “la inclusión, la evolución de la sociedad, el hecho de la mujer de poder disponer de su cuerpo y elegir cómo formar una familia”.
Los argumentos de la obra social para negar la cobertura del tratamiento se refieren a “que es una obra social chica, cuestiones económicas, cuestiones en relación al ámbito familiar, que la cónyuge tiene otra obra social. Cuestiones que no hacían que fuera un impedimento […]. Entonces, si la ley no establece limitaciones la obra social tampoco tiene por que hacerlo”, explicó la abogada.
El gobierno anunció que tomaría medidas para bajar el precio de mil drogas requeridas por afiliadxs de PAMI a partir de abril. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, la presidenta María Isabel Reinoso, aseguró que esta decisión será a costa de las farmacias y que beneficiaría a Farmacity.
La titular de la Confederación de Farmacéuticos Argentinos aseguró que “al día de hoy no tenemos el listado de esas drogas y mucho menos de los medicamentos que va a cubrir PAMI. Tenemos que conocer para decirle a los abuelos cuáles van a tener cobertura y cuáles no”.
Según Reinoso hay dos cuestiones relacionadas al anuncio del gobierno, el 31 de marzo vence el convenio para la provisión de medicamentos y la negociación es entre la vicejefatura de gabinete y la industria farmacéutica.
Por otro lado está el aporte económico realizado por las farmacias: “Hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que sale; la diferencia la ponemos entre la industria farmacéutica y la farmacia. Estamos pidiendo que baje el aporte y que sea de manera escalonada”.
Este pedido se realizó ya que en varias provincias del país “a las farmacias le han duplicado los impuestos y no pueden seguir sosteniendo la prestación haciendo ese aporte, que se hizo cuando se cayó el país en el 2001 y que nunca se corrigió”.
Para Reinoso “el mayor beneficiario son los grupos económicos y la empresa Farmacity, que se ahorraría 12 millones de pesos por mes en detrimento de la farmacia pequeña y mediana. Si esa estructura no se cambia muchísimas farmacias quedarían fuera de poder dar la prestación de PAMI”.
Respecto a la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia, la autoridad del Colegio de Farmacéuticos dijo que “si quiere se puede instalar, pero cumpliendo la ley vigente que cumplimos todos. Este fondo de inversión quiere establecerse sin localización, donde es rentable. Y la ley dice que se tiene que establecer una farmacia cada tres mil habitantes y cada 300 metros para que se desparramen y haya una red capilar, una farmacia en cada barrio”.
“La ley tampoco permite fondos de inversión por una razón de salud pública”, agregó. En este caso, además, se presenta un conflicto de interés con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quién también fundó la firma Farmacity.
En el marco del 8M, un tribunal porteño condenó a empresas de colectivos y al Estado por no contratar mujeres y advirtió que la supuesta incapacidad de las mujeres para conducir es otra herramienta del patriarcado para seguir negándoles derechos.
En Bahía Blanca, Cecilia Bravo, chofer de transporte urbano e interurbano, hace años busca trabajo en las empresas de colectivo y se lo niegan sistemáticamente sin darle explicaciones.
Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general. Hubo una “audiencia hace 13 días y no se presentó nadie de las empresas. Estoy esperando el fallo porque ya pasó la etapa de los alegatos”, señaló Bravo a FM De la Calle.
Agregó que “es un pasito más adelante, poco a poco nos vamos poniendo en órbita las mujeres en lo que es la lucha por la igualdad, ante una toma de empleo. Yo no tenía que demostrar nada, lo que tenían que demostrar eran las empresas a las que le habíamos presentado el amparo en 2013”.
Con otra chofer salteña, Mirta Cisneros, iniciaron un reclamo en conjunto porque ni las empresas locales ni las de Salta querían contratar mujeres. Cisneros elevó el fallo a la Corte Suprema y ganó. Actualmente en Salta hay mujeres manejando transporte urbano e interurbano.
Bravo comentó que en las empresas “nadie me dijo nada, sí pude leer las respuestas de las empresas al amparo, que en algunos párrafos eran irrisorias, cuestionan mis carnets, me cuestionan a mí o a las entidades que me lo dieron, a la Municipalidad y a la CNRT. Es algo muy lógico, tuvieron tiempo para verificar otras cuestiones de otro trabajo anterior pero no pudieron verificar si los carnets son reales o no”.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción realizó en Bahía Blanca una asamblea extraordinaria para resolver las acciones que encararán durante el 2018.
El secretario general, Víctor Grosi, dijo a FM De la Calle que la elección de nuestra ciudad para el encuentro nacional estuvo influenciada por la investigación judicial que derivó en la detención y destitución de la cúpula de la UOCRA en la cual la seccional bahiense de SITRAIC actúa como querellante.
“El caso de la UOCRA significa una experiencia, en un primer momento ha habido un cambio de interventor en la UOCRA, con el anterior interventor, habíamos llegado a un nivel de diálogo institucional para poder funcionar sin ningún tipo de choques, ni de discriminación, ni de conspiración hacia los afilados de SITRAIC”.
“La UOCRA ha tomado una decisión política, a mi gusto, errónea; ha cambiado el interventor y ha salido con otra política, así que se avizoran problemas nuevamente en Bahía Blanca con respecto al tema del funcionamiento de los dos sindicatos”, afirmó.
Grosi agregó que “si nosotros analizamos de quién es la plata que le encontraron a (Humberto) Montero en la casa, quiénes son los legítimos dueños de esa plata, y si analizamos quién se la dio y porqué se la dio (…), entendemos que ha habido un procedimiento ligado a la mafia de Montero pero también a sectores empresarios, así que no es un problema de sencilla resolución”.
“Nosotros le enviamos una institucional del SITRAIC solicitando a la gobernadora que el dinero que es proveniente de las coimas, de las prebendas, de los negocios que se han hecho con respecto a la vida de los trabajadores, vuelva con viviendas. Con lo que le encontraron a Montero se pueden hacer más de 20 o 30 casas”, manifestó.
