Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Desde su primer acto de disciplinamiento, el Protocolo de seguridad de febrero de 2016, el gobierno de Macri, con la anuencia de un amplio sector del Poder Legislativo y Judicial ha transitado un sendero de achicamiento de los espacios democráticos y liquidación de las garantías constitucionales transformando al Poder Judicial en un burdo instrumento de persecución política y disciplinamiento.
Con el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que luego se comprobó que fue seguida de muerte por inmersión e hipotermia en el río Chubut, denunciamos una y otra vez que se estaba liquidando el Estado de Derecho manteniendo las apariencias pero disolviendo lo importante de dichas garantías que tienen que ver con el grado de libertad en que viven los argentinos.
Es imposible no vincular estos hechos con el avance de los EE.UU. sobre Jerusalem, la sanción de una ley de Excepción en México, el fraude electoral en Honduras y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz en Colombia y de mejores relaciones EE.UU. Cuba a la que se la sigue bloqueando y saboteando.. Mucho más que diez operacones Condor.
El crimen de Nahuel, la persecución a los Mapuches y a Facundo Jones Huala, la decisión de la Corte Suprema de dar por validos los engendros jurídicos de Morales en Jujuy, los avances de las fuerzas estatales que portan armas sobre el conjunto de la vida social, la sumisión ciega a las políticas de EE.UU. de destruir cualquier espacio de autonomía a nivel mundial, son algunos de los pasos que nos traen a esta situación de intentar encarcelar a quienes defendieron un acuerdo entre naciones soberanas, que fue avalado por el Senado y que además, colmo jurídico, nunca se ejecutó y por lo tanto es nulo de toda nulidad.
Hoy Bonadio, como antes otros y muchos jueces de Comodoro Py han vuelto a la tradición genocida de los Jueces de la dictadura militar, aquellos que avalaban las desapariciones forzadas y los crímenes encubiertos como enfrentamientos. La restitución de la identidad de la nieta 126 debería servirles de advertencia que nada es para siempre y que la verdad triunfa al final de toda lucha histórica.
Convocamos a una respuesta unificad de todas y todos los que quieran vivir en una sociedad que tenga limites jurídicos y garantías de sus legítimos derechos.
Ahora es la hora.
El Concejo Deliberante analiza la propuesta oficial de aumento de del boleto de transporte público que llevaría el costo de la tarifa base de $12,50 a $17,30 y recortaría dos categorías de pasajeros frecuentes.
Mariana Guatta, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, dijo a FM De la Calle que en dicho incremento del 38% “todo lo que son impuestos nacionales y municipales no se pagaban, como por ejemplo, la Tasa de Seguridad e Higiene o el IVA que no corresponde que se aplique sobre servicios.
La usuaria explicó que la fórmula utilizada por el Municipio surge de la ordenanza por la cual se adhirió a resoluciones nacionales. “Cuando Nación manda la SUBE, también manda un proyecto de ley que tiene la tablita con todos cálculos ya hechos”.
Comentó que tuvieron una reunión el viernes pasado a la cual asistieron “los concejales que comprenden la Comisión de Tránsito y con parte del Poder Ejecutivo, que sería en este caso, Ramiro Frapiccini y Fernando Compagnoni como concejal del oficialismo”.
Guatta aseguró que los planteos que realizaron como comisión de usuarixs apuntan a “la quita de algunos beneficios como el pasajero frecuente de 40 viajes, el de 20 viajes y la bonificación del 10% de la tarjeta personalizada; y además de eso, el aumento del boleto en sí”.
Consultada sobre la quita de dos categorías de pasajerxs frecuentes sostuvo que “hay una posibilidad. Por lo menos Fernando Compagnoni se fue con esa voluntad. La verdad que todavía no hemos hablado con él porque salió de la reunión nuestra con usuarios y se fue a la reunión con la Municipalidad”.
Sobre la calidad del servicio, Guatta dijo que “en cuanto a frecuencias mantienen en la mayoría de las unidades, el nivel de frecuencia de hace dos años, no han mejorado. Lo que si hemos pedido hace dos años es que, la frecuencia de los domingos y los sábados la achiquen.”
“Es cierto que hay barrios con calles de tierra y la tierra que tiran no es tierra es talco, entonces vos te la pasas limpiando, eso es una verdad. Pero sacando eso, el Municipio dijo que para 2018 iban a tener todas las calles de recorridos asfaltadas, por ejemplo, la 503 es una línea que en todo su recorrido solamente transita por tres calles, y eso es simple mantenimiento por parte de las empresas”.
“En todos lados cualquier empleado de cualquier de cualquier empresa, tiene que mantener la limpieza del lugar donde trabaja (…). Acá a los choferes, el gremio no los deja limpiar el colectivo, entonces tienen que poner personal especial para hacer la limpieza del colectivo, es una locura” finalizó.
(Por Astor Vitali) Ante todo, es necesario aclarar el lugar desde el que te voy a hablar durante este comentario editorial porque soy una persona muy interesada en el tema que abordaremos. Desde hace cinco años, además de desempeñarme como periodista, los músicos y las músicas de la ciudad que se organizaron sindicalmente me han honrado con la responsabilidad de ejercer la secretaría general del sindicato de ese gremio. Por tanto, desde entonces he participado de debates con los gobiernos y de discusiones sobre la implementación de nuevas normas en el ámbito legislativo.
Vamos a hablar del “desguace cultural” y particularmente de lo ocurrido ayer en Bahía Blanca a raíz de la protesta realizada por la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. Entonces, quiero que sepas que no tengo ningún interés personal en la cuestión y que tengo la ventaja de conocer el tema de primera mano y la desventaja de ser parte de la cosa. Para el caso, no habiendo intereses particulares de por medio, a los efectos de un comentario editorial, mi posición puede constituir una virtud.
Aclarado el punto de vista vamos a la cuestión. Cuatro de diciembre de 2017. Bahía Blanca. Diez de la mañana. Sobre la vereda que guarece el palacio de gobierno de Bahía Blanca, docentes de la Orquesta Infanto Juevenil del Barrio Miramar comienzan a concentrar. Con el paso de los minutos serán acompañados/as por músicos/as que integran la UMSur, dirigentes de otras organizaciones gremiales, integrantes del Consejo Cultural Consultivo, centros de estudiantes de escuelas artísticas, Viviana Almada (Tía de Ángel Almada) y vecinas del barrio afectado, quienes acercaron copias de pedidos de reunión a las autoridades municipales en búsqueda de solución (claramente, sin respuesta).
La movilización fue anunciada “al despacho del intendente” debido a la falta de respuesta por las vías formales durante todo este año. Una decena de policías de civil colaboraban con las dos mujeres policías uniformadas que custodiaban la puerta de ingreso principal. Luego de realizar una nutrida conferencia de prensa, la movilización cumplió con lo anunciado y se dirigió hacia el despacho del intendente. “Que esperen” fue la respuesta que recibió la amable secretaria en la recepción. Los ánimos comenzaron a impacientarse con el paso de los minutos. La prensa seguía llegando para cubrir la protesta. Algunos funcionarios se asomaban y se escondían, incómodos ante la presencia de músicos y músicas en búsqueda de respuestas. “Falta que nos acusen de pertenecer a la RAM”, era el chiste interno.
Éramos invisibles. Pablo Romera, vocero municipal, dijo a regañadientes que estaban “muy ocupados” para recibir el reclamo y que había que “pedir una audiencia”. (Nota: hay al menos siete pedidos de audiencia sin respuesta). La respuesta oficial no hizo otra cosa que aumentar la afrenta y que los/as participantes de la protesta decidiéramos quedarnos hasta la conferencia de prensa anunciada por el jefe comunal para dar a conocer cambios en el gabinete y en el organigrama municipal. El objetivo fue que la ciudadanía pudiera conocer a través de la visibilización del reclamo, la falta de respuesta como única respuesta.
Para mayor sorpresa, interrogado acerca de la situación de la cultura en la ciudad, el intendente no tuvo mejor idea que afirmar que “cultura ha tenido un programa de actividades amplísima este año. Todos han sido atendidos (sic). Algunos de los que están manifestando han venido a mi despacho y lo han planteado y lo está canalizando el responsable del instituto cultural. No es cierto que haya un desguace de la cultura. Simplemente mirando el parte diario que el señor Pablo Romera les envía a ustedes de una ciudad que tiene muchísima más actividad cultural que la mitad de las capitales de provincia de la república Argentina nos damos cuenta de lo que ocurre”.
El viernes pasado hubo una movilización de la que participaron más de cien referentes de la cultura en representación de colectivos que constituyen un muestrario casi completo de las expresiones culturales existentes en la ciudad. Fue encabezada por quienes integran las ramas artísticas en el Consejo Cultural Consultivo. Se pidió el cambio de rumbo de política cultural y, con ello, la renuncia de Ricardo Margo –director del Instituto Cultural- y sus asesores/as políticos.
Como respuesta Gay acaba de negar que exista “desguace cultural”. En otras palabras, según Héctor Gay el conjunto de los y las artistas locales miente. Es una respuesta contundente. Según Gay, quienes denunciamos la grave situación de la cultura somos mentirosos.
Señor intendente: o usted es un mentiroso doloso o usted se ha puesto anteojeras. En cualquier caso es un peligro ejercer así la función pública. Permítame explicarle a qué llamamos desguace cultural y por qué el estado municipal del cual usted es responsable atenta sistemáticamente contra nuestros derechos culturales y laborales.
El presupuesto de cultura es absolutamente insuficiente y viola los propios objetivos trazados por su gobierno en la justificación que figura en el documento público presupuesto. Casi no cuenta con fondos por fuera de los gastos administrativos. Poco más de un diez por ciento es lo que la ciudad cuenta como recursos para realizar inversión en derechos culturales. De esto, no todo es real ya que en el presupuesto se incluyen fondos que dependen del cobro de tasas o acuerdos con privados (FMA, Solidaridad Cultural, etc.).
Su gobierno ha desarticulado y precarizado la red de talleres barriales. En la ciudad hubo cientos de talleres culturales que, mayoritariamente, cumplen una función social relevante. Usted ha cambiado las condiciones contractuales de talleristas que se venían desempeñando bajo la figura de destajistas (con algún reconocimiento previsional) a la modalidad de contratados bajo régimen de monotributo. En algunos casos se ahorró un año de sueldos durante la transición y en otros hubo talleristas que se consideraron despedidos ya que la gestión del monotributo para cobrar retribuciones miserables con hasta un semestre de retrasos en los pagos resultaba claramente perjudicial. Usted argüirá que el CCT de municipales acordó la eliminación de la figura de destajista. Pero ese elemento es falaz ya que el objetivo del acuerdo gremial que eliminó la figura de destajista es mejorar las condiciones laborales –considerando que el destajo es una figura precarizante-. De ninguna manera un acuerdo gremial puede interpretarse como una herramienta para precarizar a los/las trabajadores/as. Si así lo han asesorado: le sugiero que comience a ajustar por ahí, ya que sus leguleyos demostrarían total ineptitud.
Usted nos llama mentirosos pero niega la realidad con la verdad sobre sus narices. Ayer se animó a decir que no hay desguace cultural mientras afuera de la Sala Estomba había ciudadanos/as bahienses reclamando por la continuidad de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar que usted ha decidido cerrar. Usted es responsable político de la vulneración de los derechos culturales de 30 pibes y pibas y de los derechos laborales de sus docentes. En cambio, niega lo que tiene sobre sus narices.
Pero usted también miente abiertamente a la ciudadanía cuando afirma habernos recibido. No solo deja sin trabajo a los/as docentes y le arranca simbólicamente los violines a los pibes y a las pibas sino que además nos miente en la cara. Usted no ha dado respuesta a ninguno de los pedidos de audiencia. Las víctimas de su política merecen al menos su respeto. Le sugiero que busque la mentira en su gabinete en lugar de en la ciudadanía que se expresa pacíficamente.
Usted debe estar al tanto –quiero creer que conoce los elementos de debate de la vida pública- de las denuncias por avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad en los cargos de dirección de espacios culturales independientes municipales.
Ha sido también el decreto que usted firmó –cuatro días antes de otorgar ilegalmente recursos del FMA a Ricardo Arjona- el responsable de cortar las horas extras en museos públicos y el teatro municipal, manifestando total ignorancia e inoperancia, usted y sus funcionarios, respecto del normal funcionamiento y la naturaleza de estas instituciones culturales. Sepa usted también que viola y contradice los argumentos establecidos en los objetivos del área cultural en los que se establece (ver presupuesto 2017) que Bahía Blanca es una ciudad “turística”. Cuénteme, a mí que soy un mentiroso, ¿cómo se compatibiliza ser una ciudad turística y cerrar los museos los fines de semana?
La postal de la boletaría del teatro cerrada por el ajuste que usted realiza es propia de los países más pobres que usted detesta. ¿Cómo convive en usted la aspiración a vivir en un país primermundista y al mismo tiempo tomar medidas administrativas que sólo podría justificar un país que declare la quiebra o se encuentre intervenido? En la guerra, es el enemigo el primero que busca destruir el funcionamiento de los valores culturales de la población.
Su gobierno ha desfinanciado al Teatro Municipal. Uno de los centros de producción cultural más importantes de Latinoamérica se ve afectado por su ineptitud para evaluar la gestión de un Ricardo Margo que volvió a la labor pública –luego de su paso en la (entonces) Secretaría de Cultura en los noventa- con saña y disposición para violar las propias normativas del Estado.
Usted, que está acostumbrado a estar al tanto de la vida pública, habrá leído que integrantes del colectivo de artistas Los Chopen han denunciado subestimación y tratamiento discriminatorio por representantes de su gobierno. ¿Seguirá usted negando y también nos llamará mentirosos y llamará mentirosos a los/as integrantes de Los Chopen? ¡Qué vergonzoso! ¿Cómo ingresa usted a la iglesia? ¿Qué ética cristiana se lo permite?
Usted afirmó ayer, rodeado por una protesta de profesores/as, que en Bahía Blanca hay plena vida institucional. ¿Cómo se atreve? Sólo en el ámbito de la cultural, su gobierno ha violado la ordenanza de espacios culturales, la ordenanza de eventos permanentes, la que rige el funcionamiento de la Comedia Municipal y la ordenanza de creación del Instituto Cultural. Usted avala funcionarios que violan leyes municipales. Sepa que antes de llamarnos mentirosos podría usted verificar esto a través del sistema burocrático administrativo que encabeza. Vea, pregunte…. No cuesta nada. Sí, ya sé, es más rápido acusarnos a los más débiles de mentir. Pero, ¡vamos! ¡Haga un esfuerzo! ¡Usted puede!
Respecto de la cuestión de revisar la agenda para verificar cuánta actividad cultural hay lo invito a que la revise usted mismo. Compare con años anteriores y verá un objetivo declive de indicadores de la actividad cultural. De hecho, mucho se hace a pesar de las políticas de su gobierno. Si hace el esfuerzo de analizar antes de hablar podrá constatarlo. No cuesta nada.
Vea, podría explicarle muchos elementos más que objetivamente explican de qué se trata el desguace cultural pero seguramente ya se habrá aburrido. Por otra parte, no debería yo tener que explicarle cuestiones que están dentro del marco de sus funciones: saber lo que ocurre en la ciudad es su responsabilidad. Negarlo con anteojeras inexplicables es su afrenta a nuestro sector. Ya nos llamó “conflictivos” en otra oportunidad.
Por mi parte, puedo documentar palabra a palabra de lo que he afirmado. En cambio usted está flojo de papeles. Antes de llamarnos mentirosos pregunte, infórmese y evalúe. ¡Vamos! Haga de cuenta que gobierna una ciudad y que está al tanto de las cosas que en ella ocurren.
En el marco de la avanzada del gobierno nacional contra la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos dialogamos con el periodista y escritor Pablo Galfré, autor de La Comunidad (Editorial Sudestada), investigación sobre las clínicas San Camilo y San Antonio.
En estas comunidades es frecuente el uso de la violencia, el maltrato y en algunos casos la muerte: “En mí libro hay tres muertos que son Felipe, Saulo y Matías; y ahora se suma un cuarto muerto que es Franco Ruíz Díaz. Saulo y Felipe mueren en San Camilo, Matías muere en San Antonio. Ahora me enteré de un muerto, que no está en mi libro, que murió en 2013, también en San Antonio”, dijo Galfré a FM De la Calle.
“Felipe es el único que no tiene causa judicial. Las otras tres causas, de las cuatro, las tiene el mismo juez de Garantías, Ceballos, y ninguna de las causas avanza salvo la de Saulo, que es el motor del libro. Es increíble como un juez de Garantías tiene tres muertos en dos lugares y no hace nada al respecto. Los jueces de Garantías tienen las manos un poquito más atadas que un juez de la Justicia Federal”.
Respecto a las causas de las muertes ocurridas en las comunidades, Galfré aseguró que “Saulo se suicida dentro de una celda; Saulo estaba privado de su libertad dentro de la comunidad y dentro de una celda de esa comunidad. No dio para más después de un año y pico de internación, con diabetes tipo 1, a su vez que sufría de depresión, y resolvió terminar con su vida por sus propios medios, pero aclaremos que eso es un homicidio culposo, porque Saulo estaba privado de su libertad dentro de una celda de 16 metros cuadrados con un colchón tirado en el piso”.
“En el caso de Matías, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático porque era alérgico a la penicilina. Él estuvo toda la noche asfixiándose y termino muriendo asfixiado por un síndrome asfíctico y un edema pulmonar, sin nadie que lo atienda al cuidado de niños de quince años, que eran los responsables de la guardia de esa noche. Y Franco Ruíz Díaz, es la causa que todavía no me he metido del todo, si bien la he leído, aparentemente se suicida en su habitación, pero en la autopsia se describe que no tenía ningún rastro de droga en sangre, ni legales ni ilegales. Cuando era una persona que tenía que estar medicada porque aparentemente padecía de esquizofrenia”.
El modus operandi que tienen estas comunidades terapéuticas para con sus internos implican hasta patotas para ir a buscarlos a partir del acuerdo con las familias: “Axel (otro de los internos), para darte ejemplos prácticos, estaba en su casa de San Isidro durmiendo; de repente tres patovas grandotes entran, patean la puerta, se lo llevan y le dicen: ‘vení que nos vamos’. Axel piensa que es un secuestro extorsivo, ve a su madre llorando le dicen: ‘ahí está tu vecino, saludalo’, lo agarran como si nada y lo suben a un auto”.
“Si una persona se fugaba la iban a buscar, si esa persona iba a la comisaría a pedir ayuda, la comisaría avisaba a la comunidad o si esa persona llamaba a sus familiares y les decía: ‘papá te espero en el peaje’, el papá avisaba a la comunidad y Martín Iribarne, el dueño de la comunidad, iba con un empleado de seguridad o con algún paciente de la comunidad que iba ascendiendo de fase, entonces la comunidad como que lo ponderaba de alguna manera y le decían: ‘bueno, ahora vos sos un operador terapéutico encargado de seguridad’, y lo llevaban como mano de obra barata a secuestrar a sus propios compañeros” aseguró.
Sobre el rol que cumplen las familias en este sistema, Galfré comentó que hay dos variables: “Está la variable del familiar que no sabe absolutamente nada de nada y piensa que su hijo, por el mero hecho de fumar marihuana es adicto, entonces ponen en google ‘quiero internar a mi hijo’, y saltan estas páginas: San Camilo, San Antonio o Alejandro Merenzon. Y sino están los familiares de quienes, desde hace años desgraciadamente, tienen un consumo muy problemático (…) que pasaron por otros tratamientos ambulatorios y ninguno les funcionó, los familiares por la desesperación de ya haber internado a sus hijos en otras comunidades, y que se hallan escapado, terminan recalando en estas comunidades que funcionan de forma carcelaria”.
El rol del Estado
En relación las responsabilidades que el Estado tiene en estas comunidades, Galfré sostuvo que tiene que ver con “la ausencia total de políticas de drogas en este país desde siempre”. “Más allá de la implementación de la Ley de Salud Mental, que la aplaudimos, y ahora tenemos que salir a defenderla con mucha garra, creo que ya es absurdo que en nuestro país (…) rija el prohibicionismo por un lado y por otro, el abstencionismo. Y después sí, está obviamente, el no control de estas comunidades”.
“La Ley de Salud Mental yo la aplaudo, pero de 2010 a la fecha la verdad que el gobierno anterior, al que también por momentos aplaudí, a veces sentado y a veces de pie como digo en el libro, nunca se impulsó: las casas de medio camino, los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día o las internaciones en los hospitales generales. Por eso, estas comunidades se hacen el caldo de cultivo y por eso el Estado no las controla, porque las necesita de alguna manera”.
Respecto de si estas comunidades recibían algún tipo de subsidio por parte del Estado, Galfré comentó que “San Camilo y San Antonio no. San Camilo hasta el año 2010, recibía subsidios y después no”.
“La Ley de Salud Mental de alguna manera le coartó los mecanismos. Lo que sí, la última vez que yo chequé, hace dos años, la SEDRONAR subvencionaba a 110 comunidades terapéuticas. Ya no importa tanto si son comunidades abiertas o cerradas, este sistema de comunidades terapéuticas en general no funciona”, finalizó.
Entre el 10 y 13 de diciembre Argentina será sede de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este organismo integrado por 164 miembros se plantea como objetivo central ocuparse de las normas que rigen el comercio entre los países. Paralelamente, se realizará una Cumbre de los Pueblos que impulsa el Encuentro Nacional contra la OMC, una iniciativa mundial que busca articular resistencias contra el libre comercio y discutir las alternativas al sistema económico actual.
La “Cumbre de los Pueblos: fuera OMC-Construyendo Soberanía” está integrada por redes y organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas y desarrollará su “contracumbre” a través de un extenso cronograma entre el 7 y el 13 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.
Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET e integrante de la organización comentó a FM De la Calle las confluencias históricas que hoy se retoman con esta iniciativa desde el proyecto del No al ALCA en 2005 hasta Argentina Mejor sin TLC (2016), todas ellas advirtiendo el escenario posible ante el avance de los mega-acuerdos con las grandes empresas y el libre comercio.
“Vamos a tratar de demostrar cómo los pueblos de todo el mundo nos organizamos para decir que no estamos de acuerdo con la agenda de las grandes trasnacionales, que es la que se va a discutir esencialmente en la cumbre formal en Puerto Madero y no sólo vamos a criticar esa agenda sino que vamos a plantear una serie de alternativas”.
Además Morgendfeld caracterizó la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio como “un espacio donde se aboga la idea, principalmente en los países no potencias, de la supuesta ‘vuelta al mundo’ a cambio de que éstos tomen las agendas de los países centrales, pero de manera acrítica”.
“Ya hemos experimentado en nuestra historia muchas veces que cuando abrimos nuestra economía, cuando desregulamos al gran capital, cuando desde el gobierno se alienta una ofensiva contra las clases populares, se generan malas condiciones para la mayoría de la población, re-endeudamiento y crisis con un posterior estallido, como hemos tenido tantas veces en nuestra historia reciente”.
Respecto a casos anteriores de injerencia de la OMC en países vecinos, el investigador señaló a México como uno de los antecedentes para visibilizar las consecuencias de estos acuerdos.
“México firmó en el año ‘94 el NAFTA con Canadá y con Estados Unidos, es decir con dos potencias de una asimetría enorme, y en mas de veinte años lo único que ha hecho México es reprimarizar su economía, depender como nunca antes de EEUU trayendo a sus trabajadores condiciones nefastas. La idea de que se iban a igualar los salarios entre México, EEUU y Canadá se comprobó como absolutamente falaz. México tiene niveles históricos de pobreza, hay una criminalización de las clases populares enorme y desde que se inició la famosa guerra contra las drogas impulsada por EEUU, tiene un índice de asesinatos por año que son récords históricos; es decir una situación gravísima producto de subordinarse a las grandes potencias”.
La “Cumbre de los Pueblos: fuera OMC-Construyendo Soberanía” tendrá su apertura el 7 de diciembre en la Plaza de Mayo con una Marcha de las Resistencia de las Madres Línea Fundadora. Los días siguientes habrá paneles, mesas/debate que tendrán como ejes programáticos a la situación de los trabajadores y trabajadoras, la soberanía sanitaria, el poder corporativo y la deuda, bienes comunes, soberanía energética, entre otros.
Además se realizará el lunes 11 de diciembre un Foro Feminista contra el libre comercio que concentrará a mujeres, trans, lesbianas, gays, mujeres migrantes, campesinas e indígenas retomando el antecedente del 2005 cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata este colectivo se sumó al reclamo ¡Fuera Bush! ¡No al Alca!
(Por Paula Ércoli) El escenario que propició el gobierno al comunicar las propuestas de reformas en las condiciones laborales, previsionales y educativas en el último mes, empujó a un conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales y políticos a analizar el panorama integral que se desataría si el Congreso las aprueba.
“En este momento de una ofensiva tan brutal hacia la clase en su conjunto, el tema es poder confluir, aglutinar esas luchas que están y que se van a ir multiplicando, en ese sentido es que convocamos a este encuentro. Los que estamos acá, estamos convencidos que la única forma de enfrentar esto es con lucha, unidad y organización”, dijo Ana Canullo, secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, al abrir un encuentro abierto de trabajadores/as el sábado en SUTEBA.
Analizar, discutir las consecuencias y acciones conjuntas si el Congreso da el visto bueno a estas reformas, fueron los objetivos, ya que vendrían a profundizar las medidas de ajustes, tarifazos, despidos y ataque a los gremios.
La iniciativa se suma a la lista de acciones conjuntas realizadas en los últimos meses: movilizaciones, actos y convocatorias que muchos espacios organizados están impulsando para aunar fuerzas y tácticamente construir unidad de acción.
Con la asistencia de casi 60 trabajadores y trabajadoras el intercambio analizó el estado actual de algunos sectores. Respecto al sector cultural, el panorama es de una cerrazón por parte del estado. El desguace cultural propiciado por el cierre de los museos locales durante los fin de semana, la persistente precarización de los y las artistas locales y su falta de promoción, el cierre de hecho de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, la utilización ilegal del Fondo Municipal de las Artes y el congelamiento del Fondo de “eventos permanentes”; fueron algunos de los puntos mencionados por integrantes de la Unión de Músicos/as del Sur y del Centro de Estudiantes de Artes Visuales.
Las intervenciones vinculadas al sector educativo resaltaron la precariedad de las instituciones y su consecuente falta de presupuesto, el peligro de la privatización de la formación docente por parte del Estado, la profundización de la precariedad económica de la comunidad educativa, entre ellos no sólo los y las docentes, sino también el conjunto de las familias trabajadoras.
El sector estudiantil terciario puso sobre la mesa su preocupación y refirió a la necesidad de pensar nuevas formas de expresar los reclamos, apostando siempre a los esfuerzos por la reconstrucción necesaria del movimiento estudiantil. De esto último emergió la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las escuelas terciarias artísticas, instrumento construido para otorgar mayor amplitud y unidad a los reclamos del sector, con el arte como herramienta comunicacional.
En el ámbito judicial la situación va en consonancia con el resto, pero las dificultades fueron profundizadas por el desgaste de la base de trabajadores/as en el marco por la disputa salarial.
La necesidad de encontrarse para poner en común, busca obtener consensos en las diferencias y ampliar los marcos de discusión; la cultura organizativa siempre aparece cuando los sectores de poder y algunas connivencias, intentan avasallar derechos conquistados. Es en este marco donde resurgió la necesidad de pensar la nueva configuración del poder, unificar disputas que se dan ante la vertiginosidad del contexto de manera parcial con vocación real de victoria.
Estas reformas “son la validación de una política que en los hechos ya estaba sucediendo”; el desafío ahora es seguir discutiendo cómo se gana la conciencia subjetiva y de clase para constituir una resistencia contra-hegemónica firme y persistente que les ponga freno. El jueves 30 de noviembre el Senado, donde Cambiemos es minoría, aprobó con 43 votos afirmativos el proyecto previsional acordado previamente con los gobernadores; la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal también se encaminaron hacia Diputados.
Existen puntos en cada uno de los anteproyectos que si bien “oficializan” situaciones de precariedad existentes incorporan otras que se suman a deteriorar aún más la configuración social actual.
En el caso de la reforma previsional, uno de los puntos que más rechazo genera es el cambio de la fórmula de movilidad, lo cual encubre un recorte de las jubilaciones en comparación con el régimen vigente. Respecto a la laboral las críticas son variopintas, ya que vendría a derribar conquistas históricas. Lo inusitado de todo esto es que “la CGT no hizo nada para pararlo, por el contrario le facilitaron el camino al gobierno”, concluyó una docente antes de dar cierre a la jornada.
Luego de tres horas de intercambio las y los trabajadores que formaron parte de este encuentro arribaron a las siguientes propuestas:
-Expresar la voluntad de construir la mayor unidad para rechazar la reforma integral, laboral, previsional, educativa y de salud, como así también el Pacto Fiscal entre el gobierno nacional y lxs gobernadorxs.
-Resistir las iniciativas para desconocer y fragmentar la organización sindical. Defensa de los sindicatos como herramientas de lucha de la clase trabajadora.
-Ampliar la mirada y la convocatoria a otros sectores, como movimientos sociales, movimiento de mujeres, pueblos originarios.
-Condenar los hechos represivos y a la criminalización de la protesta. Denunciar la persecución a los pueblos originarios y la política del gobierno, en favor de las grandes empresas dueñas de miles de hectáreas en la argentina. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
-Organizar una campaña de información, dirigida a trabajadorxs en general, especialmente a quienes no están organizadxs sindicalmente.
-Rechazar el decreto municipal de congelamiento de vacantes y la política de desguace cultural.
-Apoyar las demandas de los movimientos sociales para declarar la emergencia alimentaria y social.
-Repudiar los tarifazos en gas, energía eléctrica y el aumento del boleto de colectivo.
-Aprobar e impulsar las acciones de lucha en unidad de trabajadorxs comenzando por la jornada de lucha del 6 de diciembre.
El gobierno de Bahía Blanca propuso una nueva ordenanza para instalar antenas emisoras de radiofrecuencias denunciadas por especialistas de diferentes ámbitos por su riesgo para la salud. Desde la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca invitan a asistir a la audiencia pública el 13 de diciembre a las 9 en el Concejo Deliberante. Las inscripciones cierran el 5 de diciembre.
FM De la Calle habló con Gladys Girotti, integrante de la ONG, quién aseguró que leyeron el documento y pusieron “a disposición todos los profesionales que nos asisten permanentemente, a fin de sacar una ordenanza lo más protectora posible y al mismo tiempo que asegure las comunicaciones”.
Sin embargo reveló que no fueron consultadxs a la hora de redactar el documento. De todos modos, “desde el Ejecutivo dicen que este es un primer proyecto, que irá a debate y a comisión del Concejo Deliberante el año que viene” con los aportes que se realicen en la audiencia pública.
“Por eso pusieron el proyecto a consideración online donde las personas pueden entrar a la pagina, dar una opinión de cada uno de los artículos de la ordenanza, una opinión general y elevar una propuesta”, explicó.
Girotti manifestó que la propuesta del oficialismo “es paupérrima”, a pesar de que “la ordenanza anterior dice que no se podían instalar [antenas] en escuelas, centros de salud y demás, nunca se hizo cumplir”.
Además, “el tema es que no resolvemos nada con que te instalen una antena terreno por medio de una escuela si no bajamos la potencia a la que emite. También [la ordenanza] tiene en cuenta bajar la altura de las torres, quedarán bastante más lindas pero estamos acercando más la radiación a la cabeza de la gente”. El proyecto propone que los soportes sean compartidos por más de una empresa, por lo que “estamos sumando más cantidad de antenas en el mismo soporte”.
Girotti aseveró que el documento “no habla de principio precautorio, no habla de salud, no habla de medio ambiente, no habla de contaminación, no se hace cargo de lo que son las mediciones”. A modo de ejemplo mencionó el Polo Petroquímico que “se puede comparar en el sentido de que el municipio tiene que tener elementos de medición para luego reclamar ante los organismos que correspondan sobre la contaminación que está generando”.
Sin embargo, manifestó que “el municipio tiene que realizar mediciones”. La ordenanza anterior tenía prevista participación ciudadana porque las mediciones si están hechas en puntos fijos o en puntos donde no hay radiación –la radiación de una antena no es pareja alrededor de la antena, tiene puntos muertos donde no hay señal– la medición no va a dar un resultado acertado. “La radiación hay que medirla de acuerdo a un protocolo”, explicó Girotti.
Reiteró la importancia de opinar y participar sobre el proyecto: “Es muy importante que lo hagan, sabemos que las audiencias no son vinculantes y que tenemos un Concejo Deliberante formado de doce contra doce, […] pero es una batalla que tenemos que dar. […] Quisieron dar un primer paso de debate, y esta bueno que se arranque por algún lugar, pero hay mucho para construir encima de esta ordenanza”.
La inscripción y el debate online se puede realizar hasta el 5 de diciembre en: www.bahia.gob.ar/dialogos/antenas y la audiencia pública está programada para el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante.
Es la consigna planteada para la carrera que se realizará este domingo a las 20 en el Parque de Mayo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de recaudar fondos para diferentes instituciones, en este caso DUBa.
FM De la Calle habló con Franco Cardone, presidente de DUBa, quien comentó que la inscripción es de 300 pesos e incluye “una remera, servicio de chipeo y un kit deportivo (para hidratarse)”; una vez finalizada la carrera tocará Tachame la Doble, presentaciones de murga y artistas con discapacidad; “es una alegría poner(los) arriba del escenario”.
También explicó que esta carrera es parte de una ordenanza municipal particular ya que todos los 3 de diciembre –o el domingo más próximo– se va a organizar en la ciudad una maratón “que año a año va a cambiar al beneficiario”. En esta ocasión es DUBa y su objetivo es poder comprar un colectivo usado para que se incremente la cantidad de gente que hace deporte en el club; “también van a poder realizar diferentes viajes a la zona, en el país”.
Cabe destacar que en la actualidad hay más de 120 personas en el club y “si bien no hay ningún censo municipal o provincial sobre la cantidad de personas con discapacidad que hay en Bahía”, sí estiman que “por lo menos hay una persona con discapacidad por cuadra”. Por eso es importante que “si nosotros crecemos como club haciendo un convenio con el resto de las instituciones (de la sociedad civil, del estado, empresas) y crece la estructura, va a crecer la cantidad de personas que van a poder hacer deporte teniendo discapacidad”.
DUBa funciona desde 1975 y siempre estuvo presente la idea tener un colectivo propio, “con esta maratón y si la sociedad apoya –que está apoyando un montón–, ojalá nos dé para comprar un vehículo. Es el primer paso en una serie de etapas de un proyecto grande que tiene DUBa que es tener su propio centro deportivo adaptado en el Parque Independencia donde las tierras ya las tenemos en un convenio a comodato con el municipio”.
La maratón sirve para que “la ciudad conozca que DUBa no es solo básquet sobre silla de ruedas sino que hay un montón de disciplinas; que DUBa no es egoísta con los recursos, sino que quiere compartirlo con el resto de las instituciones que trabajan con discapacidad. Se está pensando un centro deportivo adaptado (…) que sea también para las escuelas, para la sociedad civil”.
“Un montón de gente se anota para correr o caminar (8 y 3km respectivamente), mucha gente se anota para tener la remera, para colaborar, la gente se prende”, finalizó Cardone.
Hasta el 13 de diciembre inclusive alumnxs de la Universidad Nacional del Sur realizan un relevamiento de los desplazamientos que las personas realizan dentro de la ciudad.
“Es el punto de partida para empezar a discutir si es necesario rediseñar los recorridos de los colectivo, si es necesario poner más o menos líneas, si hay que cambiar el sentido de tránsito de ciertas arterias, la semaforización o la implementación de algunas otras señales de tránsito”, aseguró Valentina Viego, docente e investigadora del Departamento de Economía.
En diálogo con FM De la Calle agregó que “sin esa información sobre cuánta gente se mueve de un lugar a otro, en qué lo hace y por qué motivo se puede discutir claramente sobre las políticas de transporte pero sobre una base muy débil”.
Una de las hipótesis es que “la urbanización de la periferia ha hecho que el recorrido actual, el sistema de líneas de transporte por colectivo quede un poco desfasado porque, si bien se han hecho algunas correcciones, la red en sí no cambió. Hay barrios que están desconectados, hay varios que requerirían una mayor oferta de transporte pero también hay que tener en cuenta la infraestructura que tienen, si hay calles de tierra probablemente los concesionarios no quieran ir hasta allá”.
“Hay que poner sobre la mesa todos los factores que inciden en ese aspecto. Una política de transporte tiene que darse una política de infraestructura para atender ambas cosas”, dijo Viego y agregó que “la otra cuestión es el aumento bastante marcado del automóvil. Hace unos meses se publicó que Bahía Blanca era una de las ciudades con mayor cantidad de autos por habitantes, bueno, ¿por qué?”.
El operativo es organizado por el grupo de investigación “Logística y Optimización del Transporte” que analiza esta temática desde 2016 y cuenta con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.
El relevamiento es domiciliario y cubre a 504 familias seleccionadas al azar en Bahía Blanca, Cerri e Ing. White y garantiza la confidencialidad de la información y el anonimato de los respondentes.
(Por Mauro Llaneza)”El mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una”, dijo el periodista Adrián Moyano a FM De la Calle.
El autor de “Crónicas de la resistencia mapuche” (2008), “Komütuam descolonizar la historia mapuche en Patagonia” (2013) e “Inakyal” (2017) destacó que “la comunidad agredida tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche. Aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado” y por recomendación de quienes la están formando “debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche
“Estamos en la disputa de dos lógicas muy antagónicas. Para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi”, agregó.
-Circulan videos de una región completamente militarizada en el marco del clima represivo que ya lleva dos muertos en los últimos meses en el marco de la persecución al pueblo mapuche. ¿Cómo está la situación?
En primera instancia hay que discriminar la información. Aquí el viernes tiene lugar una reunión en el marco del G20 con funcionarios de segunda línea y el despliegue que están haciendo circular por videos tiene que ver con garantizar la seguridad de esa cumbre. Lamentablemente se superpone con este clima de militarización que bien apuntabas que se vive en la ciudad desde hace unos diez días aproximadamente cuando empezaron a verse despliegues de unidades que son de por aquí para, después supimos, propiciar el desalojo de la comunidad que intenta una recuperación en la zona de Villa Mascardi desde hace unos meses.
Pero como bien decías, la demanda o la situación de represión viene de más larga data. Una mirada de largo plazo arrojaría que esta situación tiene unos 130 o 135 años cuando se perpetró la Campaña al Desierto pero se agudizó cuando el actual gobierno llegó al poder, un gobierno que forma parte o es del sector que se benefició directamente de la Campaña al Desierto, no hace falta más que ver el apellido y el origen social de varios de sus ministros y que coincide además con esta búsqueda de lluvia de inversiones por parte de la administración actual, varias de ellas emparentadas con la profundización del modelo extractivista y varios de esos proyectos están en territorio mapuche.
Así que uno entiende que esta construcción del nuevo enemigo interno y de tender a naturalizar situaciones de represión como la que se vivió el último sábado se explica por este esquema, por esta ecuación económica del gobierno de Cambiemos.
-Hablanos de la historia de la lof Lafken Winkul Mapu y de Parques Nacionales, más allá de la imagen que tenemos de un territorio supuestamente preservado…
Parque Nacionales históricamente sirvió para que el Estado triunfante después de la Campaña al Desierto estableciera sus marcas sobre el antiguo territorio mapuche, o sea, la gente en general, sobre todo la que viene como turista a Bariloche, a San Martín de los Andes, Neuquén, tiene una imagen bastante idílica de Parques Nacionales pero la historia de esta institución del Estado en relación al pueblo mapuche se asocia al despojo, al desalojo, inclusive a destrucción de viviendas.
Recuerdo en 1995 cuando fue el conflicto de Pulmarí, en la zona de Parque Nacional Lanín, la gente me contaba cómo recordaba cuando era niña que guardaparques habían demolido sus casas a tiro de caballos. Esta imagen un tanto asociada al conservacionismo de esta institución del Estado hay que matizarla con lo que fue su práctica histórica. Esta relación quiso cambiar a partir del conflicto de Pulmarí cuando se establecieron las prácticas de comanejo que están vigentes, que implican que en Parques Nacionales donde hay comunidades indígenas hay comisiones de comanejo para que los propios mapuches, en este caso, y los demás técnicos de Parques Nacionales establecieran planes de manejo en las zonas a preservar.
Hubo un conflicto anterior en 2015 cuando varias personas mapuches de distinta procedencia intentaron recuperar un espacio territorial en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el lugar que se llama Ñirihuau Arriba, y ahí la reacción del Estado fue bien distinta a la actual, si bien hubo denuncias en juzgados federales hubo instancias de conversación, de diálogo con otros poderes del Estado y, más allá de situaciones que competen a la interna del pueblo mapuche, es el espacio que hoy considera como suyo la comunidad Huenu Ñirihuau.
Aquí la reacción fue totalmente opuesta, la gente que está participando de la experiencia, la comunidad agredida, tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche, aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado, es un proceso que viene de varios años y esta joven vive en un barrio castigado de San Carlos de Bariloche y, por recomendación de sus orientadores, es decir, de sus machis que la están formando en este proceso, ella debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche, y se eligió un predio que está muy cerca de Villa Mascardi que es aquí a 36 kilómetros del centro de la ciudad.
Esta comunidad estaba fundamentando su proceder en esta afirmación de la cultura mapuche pero evidentemente estamos como suelo decir, en la disputa de dos lógicas muy antagónicas, para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para, en este contexto, dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi. No hay margen para la comprensión, como quedó en la víspera documentado una vez más a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad.
-Hasta ahí no me hablaste ni de armas, ni de la RAM, ni de un Estado propio. ¿Hay algo de eso en los discursos de las comunidades con las que tenés contacto en la región? ¿Qué opinás de la RAM y qué relación tiene con esta comunidad?
El Estado como forma de organización de lo público, es decir, como institución vertical que monopoliza la coerción y se establece a través de jerarquías es una lógica ajena a la del pueblo mapuche. El pueblo mapuche nunca, si bien desde 1550 en adelante tuvo que lidiar con las formas estatales que trajeron los españoles primero y desde fines del siglo XIX con la usurpación estatal chilena y argentina, el pueblo mapuche nunca aspiró a construir un Estado porque es ajeno a su idiosincrasia.
La manera mapuche de ejercer la política tiene que ver con la horizontalidad y la circularidad y con la ausencia de centralización política. Lo que, dicho sea de paso en opinión de quien te habla, favoreció una resistencia de 360 años aproximadamente desde la llegada del español hasta la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía.
Así que construir un Estado a la manera del Estado moderno, con fronteras, límites y organización burocrática y justamente el ejercicio vertical del poder es ajeno al pueblo mapuche. Ninguna organización mapuche activa reivindica formaciones estatales para garantizar o para arribar a la libre determinación.
Cuando me preguntan sobre la existencia de la RAM yo respondo más o menos de esta manera: el mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una. Una experiencia de unos peñi y lamngen que evidentemente eligieron en su momento radicalizar su protesta pero inclusive los sectores mapuches de más trayectoria o de más representatividad han tomado distancia de la RAM, hace unos dos meses aproximadamente o más, con un comunicado que hicieron público y trascendió mediáticamente.
La descripción que ganó los grandes medios de comunicación en los últimos días sobre un grupo casi guerrillero bajando de la sierra aquí en Villa Mascardi es absolutamente una creación de vaya a saber quién, en este caso parecería ser de Prefectura con el aval del Ministerio de Seguridad. No tiene ningún correlato con la realidad, bueno, invito a la gente a que vea los diarios de la zona para que entiendan a quién mató esta bala de la Prefectura, esta bala del Estado represor y entenderá que muy lejos está de la realidad esta instalación de una amenaza a la seguridad nacional aquí en los lagos de la cordillera.
-Ayer Radio Mitre decía impunemente que la RAM es similar al ISIS…
En todos estos meses, ante inquietudes de compañeros y compañeras como en este caso, yo digo que no es nueva esta demonización del pueblo mapuche, en su momento se lo asoció a las FARC, a ETA, o sea, a la organización guerrillera que estuviera más o menos de moda en el sentido de atemorizar a la clase media argentina. No tiene ningún punto de contacto con la realidad y hablando y pasando en limpio aquí tenemos desde agosto de 2017 hasta la actualidad, un compañero muerto y un peñito muerto y los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado. Si me preguntas a mí, son las auténticas amenazas a la seguridad de la gente en estos espacios territoriales.
-¿Qué reconstrucción hiciste de lo sucedido este fin de semana con la muerte de Nahuel y cómo está ahora la comunidad y los heridos?
La reconstrucción que yo puedo confiar no es muy distinta de la que circula en los medios de comunicación. Yo sugiero que la gente que quiera informarse que lea En Estos Días, un portal de aquí de Bariloche o mismo El Cordillerano, a pesar de que es un medio comercial.
Fue asesinado por la espalda este peñi en el marco del operativo que decidió el juez federal. Yo estaba en Buenos Aires cuando sucedió el episodio participando de la jornada sobre Genocidio y Política Indígena que organizó la Red y retorné el domingo por la tarde. Los compañeros y compañeras que estuvieron acompañando y cerca del proceso me cuentan que el sábado hubo mucho nerviosismo, en aquel momento el objetivo era que las fuerzas de seguridad no bajaran ningún compañero o compañera más porque era muy fácil caer en las provocaciones. Felizmente se apaciguaron un poco los ánimos, ahora hay distintas instancias mapuches y no mapuches que están reclamando un espacio de diálogo y negociación con Parques Nacionales, con las distintas dependencias del Estado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que es el gran ausente en todo este conflicto.
Desde Nación las órdenes son otras, a la luz del tenor de las declaraciones de la ministra en la víspera, parecen obviar que aquí hay gente que sufre, hay gente que llora, la insensibilidad no tiene límites porque esa conferencia de prensa tuvo lugar cuando estaba teniendo desarrollo el velatorio de Rafael, de manera que es una… estoy cerca del insulto pero es una insensibilidad a toda prueba la que está ejerciendo esta funcionaria y el gobierno al cual responde pero en definitiva por estos días se está tratando de establecer algún vínculo de diálogo más allá de que jurídicamente ya se está presentando la APDH para acceder a la causa.
-¿Y quedan dos detenidos?
Tengo entendido que hay dos peñis que están detenidos y hay peñis que están en la comunidad heridos, no quieren bajar porque hay una de ellas que es testigo presencial del asesinato de Rafael y comprensiblemente teme por su vida. Así que está tratando de establecer un marco de negociación para poder declarar, para poder brindar la información que requiera el Poder Judicial si efectivamente tiene la vocación política de investigar qué sucedió allí.
-Leía un testimonio este fin de semana que decía que en Bariloche había sectores que celebraban que se habían asesinado a un indio, ¿esto es así?
Hubo un comunicado formal de la Cámara de Comercio celebrando el desalojo o el intento de desalojo del jueves último, porque el desalojo no se perpetró del todo, pero fue datado con anterioridad a la muerte de Rafael. Lo que no quiere decir que efectivamente a nivel grupos de whatsapp o publicaciones en redes sociales haya celebraciones por este fallecimiento.
A uno le llama la atención que este gobierno que llegó al poder con el mensaje de concordia, de la alegría y del reencuentro entre los argentinos hace un rato largo que está profundizando el odio, la xenofobia, el racismo. Cuando un observa como es el proceder de las fuerzas de seguridad ante otro tipo de movilizaciones, inclusive en el conurbano bonaerense o mismo en la capital o provincias en los últimos tiempos no ha habido este despliegue. Uno tiene que recordar que hubo un operativo con 300 efectivos, policías, cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad en cercanías de donde está teniendo lugar la recuperación de Pu Lof en Resistencia en Cushamen y donde los que participan de esa ocupación o recuperación son no más que 15 peñi y lamngen y el despliegue de las fuerzas de seguridad es muy desproporcionado.
Otro tanto sucedió aquí. Evidentemente está actuando el racismo como política por parte de este gobierno con la complicidad de las fuerzas de seguridad y también del Poder Judicial. De manera que uno puede decir que es el Estado en su conjunto el que está desnudando su raigambre colonialista, su raigambre racista y sin ningún disimulo, sin ninguna sutileza, así que para los oyentes y oyentas de la radio, tengan en cuenta que no hay que aceptar acríticamente lo que dicen los grandes medios de comunicación.
Aquí lo que se está apuntalando es una lluvia de inversiones que espera hace rato este gobierno, que implica una profundización del extractivismo y varios de esos emprendimientos tienen previsto desarrollarse -ya se están desarrollando- en espacio territorial mapuche. Lo que está sucediendo es una especie de puesta en escena para naturalizar escenarios de represión y disfrutar del consenso de algún sector de la ciudadanía argentina.
Fotos: En Estos Días y El Cordillerano.
Fueron las palabras de Sergio Zaninelli, dirigente de ADUNS, en comunicación con FM De la Calle antes de la movilización que se realizará esta tarde a las 18 en la Plaza Rivadavia, en consonancia con lo que sucede a nivel nacional en capital y otras ciudades, contra la reforma laboral provisional y tributaria.
El dirigente comentó que “intenta ser una réplica de lo que va a suceder en Buenos Aires, una movilización convocada por el amplio sector del movimiento obrero organizado, encabezado por las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y algunos gremios de la CGT que, en este caso no acuerdan con ese aval del triunvirato que la conducción de la CGT nacional le ha dado al proyecto de reforma laboral que el gobierno ingresó al Congreso”.
Aseguró que “es muy importante que esos tres proyectos de reforma: laboral, previsional y tributaria no se conviertan en legislación nacional porque es un gravísimo retroceso para toda la clase trabajadora, las clases populares y los sectores más vulnerables”.
Y agregó que el jueves 30, en la sesión ordinaria del Senado de la Nación, ya con dictamen favorable, “se va a entrar a debatir parte de la reforma provisional, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria”. Y si eso se convierte en le “el padecimiento que ya tienen los jubilados y jubiladas se va a hacer más ostensible”, aseguró.
En la reunión del lunes de la cual participaron más de cuarenta referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas para organizar esta movida esta movilización, quedó establecido dónde hay que poner los dos focos de atención.
Zaninelli expresó que “uno es en los legisladores nacionales que tienen la enorme responsabilidad a partir de pasado mañana de decirle basta a estas reformas que no son reformas, sino que lo que hacen es introducir más ajuste y precarización”.
“El otro foco de atención es concientizar al pueblo. Creo que todavía la mayor parte de la sociedad no concibe el peligro directo al bolsillo que conllevan estas reformas; esto va a afectar sin discusión a millones y millones de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, titulares de asignaciones asistenciales”.
Luego expresó: “Creo que el presidente Macri cuando hizo la presentación en su discurso de este paquete de reformas el 30 de octubre, claramente le declaró la guerra a la clase trabajadora. Más aún si nos adentramos en lo que es el proyecto de reforma laboral, años de luchas y conquistas se van a ver derrotadas si esto consigue convertirse en ley”.
Finalmente aseveró que “hay otra situación que agrava el contexto, la escalada represiva contra los pueblos originarios, la estigmatización de los trabajadores, de las organizaciones, de trabajadores; todo un combo que hace que generemos estos marcos de unidad, nos referenciemos en la calle –el lugar donde hay que referenciarse–, para decirle al gobierno y a legisladores de cualquier signo político basta de ajuste y precarización, basta de represión, basta de muerte”.
El martes 1° de agosto de 2017 decenas de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) entraron con violencia al territorio que la comunidad mapuche Pu Lof reclama como propio en Cushamen, Chubut. La GNA tenía orden de la justicia federal para despejar la ruta 40 pero, con el argumento de la “flagrancia” -promovido por el Poder Ejecutivo Nacional- ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes. Santiago Maldonado era uno de ellos.
Cuando ese operativo ilegal y violento finalizó, faltaba “el Brujo”, como se conocía a Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparición considerando la posibilidad de que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. En ese momento inicial, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado ya que en casos como este sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática.
En las primeras semanas, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó a Maldonado de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar tanto la búsqueda como la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que pudo comenzar a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.
Transcurría el tiempo y buscar a Maldonado no era la prioridad estatal. Diez días después, la pregunta “¿dónde está Santiago Maldonado?” ya había ocupado calles, plazas y plataformas digitales y los medios de comunicación del país y del mundo hasta convertirse en una cuestión central de la agenda política. La empatía de amplios sectores sociales con la familia Maldonado no alentó al Poder Ejecutivo a involucrarse en una solución del caso; más bien, pareciera haber ocurrido lo contrario: mientras el Estado no podía encontrar a Maldonado, la estrategia del gobierno fue intentar romper la extendida solidaridad con la demanda. Así, destinó profusos recursos a atacar a la familia, a la comunidad y a quienes los acompañaban.
Hasta ahora ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, como ingresar sin orden judicial, arrojar piedras a los manifestantes o hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.
El 17 de octubre Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut, en el mismo lugar en el que en agosto los gendarmes afirmaron en el sumario administrativo haber llegado persiguiendo a los manifestantes.
La constatación de que un participante de una protesta social había fallecido durante una represión llevada adelante por fuerzas federales no modificó el enfoque del gobierno nacional. En los días posteriores a los primeros trascendidos de la autopsia, numerosos funcionarios se dedicaron a instalar una nueva conjetura: si Maldonado no fue secuestrado por la GNA, tal como había denunciado la Pu Lof, no existen responsabilidades estatales y, en cambio, lo que debe ser investigado son las denuncias de la comunidad y el rol de los organismos de derechos humanos.
La comunidad fue el primer actor en denunciar la desaparición y sus primeros relatos sobre el operativo fueron ratificados por los propios gendarmes. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, por ahora se puede saber que Maldonado intentó cruzar el río para escapar y permaneció en el agua fría lo que lo llevó a una muerte por hipotermia y asfixia por sumersión. La idea de que las discordancias con parte del relato de algunos miembros de la comunidad exime al Estado argentino de responsabilidad por los hechos que culminaron con la muerte de Santiago y por la deficiente búsqueda posterior no resiste un mínimo análisis.
Santiago Maldonado murió mientras participaba de una protesta. Pasaron 78 días hasta que fue encontrado. El Estado en lugar de mostrar su voluntad de proteger a la víctima y a su familia, los maltrató con recurrencia y en ocasiones con saña. Ninguno de esos tres hechos puede naturalizarse. Ninguno de esos hechos puede ser tratado como si fuera un accidente o un incidente más de la ineficacia estatal. A continuación sintetizamos las acciones principales que en virtud de esa agenda y de las estrategias propias del trabajo del CELS llevamos adelante desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha.
La pregunta ¿qué pasó con Santiago Maldonado? aún no fue esclarecida.
1. ¿Qué acciones judiciales impulsó el CELS?
A partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, se iniciaron dos expedientes: un habeas corpus que tenía como fin encontrarlo y una causa para investigar las posibles responsabilidades penales en la desaparición, que fue caratulada como “N.N. s/desaparición forzada de persona”.
Habeas corpus- medidas de búsqueda
Los primeros habeas corpus fueron presentados por el Defensor Oficial Federal Fernando Machado y la Comisión Provincial por la Memoria el 2 de agosto. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero. El 3, el CELS sugirió en un escrito enviado al juez:
– la preservación de la zona del Pu Lof donde fue visto Maldonado por última vez
– el rastrillaje del Pu Lof
– el pedido a las morgues de información sobre el ingreso de cuerpos no identificados
– el allanamiento de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería
– la pericia de un cuello de polar de Santiago
El mismo día, el CELS aportó los datos de Ariel Garci, quien tenía información sobre una línea telefónica utilizada por Maldonado.
El 9 de agosto, el CELS se presentó como parte, debido a que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Seguridad activaban una búsqueda exhaustiva, reiteró las medidas ya sugeridas y pidió complementar con:
– el rastrillaje de las rutas 15 y 71
– la incorporación de una antropóloga forense para mejorar la estrategia de búsqueda
– la ampliación de las medidas respecto a la Gendarmería Nacional
– la convocatoria a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.
El 17 de agosto el CELS propuso al juez Otranto que convocara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que asesorara en la búsqueda. El pedido fue aceptado pero la participación del EAAF no se materializó porque el juez no le hizo ningún requerimiento.
En las semanas siguientes el CELS:
– ofreció testigos que podían relatar los últimos meses de Maldonado en El Bolsón y contar cuándo lo habían visto por última vez ya que desde el Poder Ejecutivo se ponía en duda su presencia en el lugar en el momento de los hechos
– participó de declaraciones de Claudina y Ailinco Pilquiman, Andrea Millañanco y Soraya Guitart, integrantes de la comunidad
-participó de las declaraciones de 19 gendarmes
-participó de los rastrillajes de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería Nacional realizados el 10 de agosto de 2017.
-aportó un video del momento en el que la comunidad habla con el defensor Machado sobre el procedimiento realizado por la Gendarmería y afirman que no saben dónde está una de las personas que participaba del corte y que creían que había sido detenido.
Causa penal- Medidas de investigación
El 15 de agosto, a dos semanas de que no se supiera nada de Santiago, el CELS pidió ser querellante en la causa que investiga qué sucedió con Santiago y la comunidad en el contexto de la represión de la protesta y las responsabilidades penales por la desaparición de Maldonado y las irregularidades del operativo. Esta causa, delegado por el juez a la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de la Fiscal Subrogante Silvina Ávila, tiene como propósito determinar la responsabilidad que le cabe a la Gendarmería Nacional por lo sucedido el 1 de agosto en Cushamen.
En el expediente caratulado como desaparición forzada, el CELS pidió algunas medidas de pruebas ya solicitadas en el habeas corpus que no habían sido realizadas. A ellas se le sumaron el registro de comunicaciones de todos los efectivos involucrados en el operativo y la ampliación de búsqueda de ingreso de un cuerpo sin identificar en las morgues de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Luego de varias semanas, se allanaron los escuadrones de Gendarmería donde se secuestró información relevante de los discos rígidos, computadores y se secuestraron los teléfonos.
Como detectó que faltaban al menos 78 fotografías y numerosos videos, que habían sido tomados durante el operativo, algunos de los cuales se habían distribuido a los medios de comunicación pero no aportado a las causas judiciales, el CELS solicitó el 6 de septiembre que se requiriera la urgente incorporación de estas imágenes a la investigación, lo cual fue aceptado por la fiscalía. El 26 de septiembre se recibieron las fotos recuperadas, aunque quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos.
Al analizar las fotos recuperadas, se constató que muchos gendarmes habían llegado a la vera del río Chubut, que portaban escopetas y bastones, que cuatro camionetas y un camión habían ingresado a la comunidad. Estas evidencias contradijeron las declaraciones de los gendarmes que en el habeas corpus habían ocultado el uso de bastones cerca del río y el incendio de las pertenencias de la comunidad, habían afirmado que habían ingresado sólo 2 camionetas, entre muchas omisiones y contradicciones en sus testimonios respecto a qué hicieron, con quienes estaban, y cuánto permanecieron en la orilla del río.
El 29 de agosto el Ministerio de Seguridad aportó al expediente extractos de los sumarios administrativos. Lo mismo hizo el 10 de septiembre. El 15 de septiembre pedimos que fueran aportados en forma completa, lo cual fue aceptado por la Fiscalía.
En el marco de este expediente, pero también con efectos en el Habeas Corpus, el 19 de septiembre el CELS recusó al juez federal Guido Otranto. Luego de brindar dos declaraciones periodísticas al diario La Nación, quedó evidenciado que estaba adelantando opinión y que había perdido imparcialidad como juez de la causa. El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusación, por lo cual ambos expedientes quedaron a cargo del Juez Federal Gustavo Lleral.
2 . ¿Cuáles fueron las irregularidades del operativo de Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017?
A las diez y media de la mañana del 1 de agosto, el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Pablo Escola dio inicio al desalojo del corte de la ruta 40 que los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia realizaban en protesta por la detención de Facundo Jones Huala. El juez federal de Esquel Guido Otranto había dictado la orden de liberar la ruta.
Los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta quedó liberada. Entonces, los gendarmes decidieron ingresar, sin estar autorizados judicialmente a hacerlo, con la justificación de perseguir una “flagrancia” para detener a los que cortaban y porque les estaban arrojando piedras. El uso de la figura de “flagrancia” para detener a los manifestantes fue indicado, y definido como una estrategia conjunta con las fuerzas de seguridad federales y locales, en los días previos por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Con esa excusa, cincuenta y dos efectivos entraron al territorio y permanecieron allí 5 horas. Algunos persiguieron a los mapuches y realizaron más de ochenta disparos con municiones antitumulto. Como puede verse en las imágenes producidas por los propios gendarmes, los agentes recolectaron piedras para arrojárselas a quienes huían. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla, varios de ellos portando escopetas.
Lo que sucedió en la orilla todavía no se ha dilucidado por completo pero se pudo establecer que varios gendarmes vieron a los mapuches cruzar el río, que al menos uno de los gendarmes reconoció haberles arrojado piedras y otro, haber disparado.
En las primeras semanas, decisivas para dilucidar el hecho, estas circunstancias fueron ocultadas por las autoridades.
Luego de la persecución, los gendarmes allanaron viviendas, secuestraron objetos de la comunidad; algunos fueron registrados en las actas, otros, quemados en una fogata. Dos mujeres y dos niños fueron retenidos durante cuatro horas. El allanamiento y el secuestro de elementos se hicieron sin orden judicial, pero luego fueron convalidados telefónicamente por el juzgado.
La Gendarmería se retiró del territorio a las 17 horas. Según consta en el sumario instruido por la Gendarmería, al mediodía el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, se hizo presente en el lugar del operativo y “destacó la actividad llevada a cabo por la institución”. El sumario interno se cerró sin identificar las irregularidades, ni las faltas cometidas ni recomendar las sanciones que corresponden.
3. ¿Cómo actuó el Poder Judicial en la investigación?
El origen del operativo y la conflictividad entre la comunidad, las fuerzas de seguridad y la justicia federal demoraron la respuesta judicial a la denuncia de la desaparición. Las dificultades que tiene el Estado para investigar violaciones de derechos de las que puede ser responsable se agravaron en este caso, sucedido en un lugar aislado, en el contexto de una comunidad que tiene temor y es reticente a colaborar con el sistema judicial y de la desconfianza que desde el principio tuvieron el juez y la fiscal federales.
La intervención de la GNA comenzó por una orden judicial para despejar el corte de la ruta 40 y, luego, utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar a la Pu Lof. Este operativo violento fue convalidado judicialmente con posterioridad. El 1 de agosto, el defensor oficial Fernando Machado registró el operativo y que una persona estaba desaparecida. Ninguna otra de las autoridades judiciales acudió a la comunidad ese día, aunque habían ordenado el desalojo. El 2 de agosto, el Machado y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron dos habeas corpus. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero.
La primera reacción fue esquiva: el aparato judicial no le dio credibilidad a la denuncia ni intervino de inmediato para determinar si esa desaparición era, o no, una consecuencia de la represión. Por el contrario, se actuó con las hipótesis de que Maldonado no estaba en el corte o de que se había ido por voluntad propia. Como consecuencia, en los primeros días la búsqueda fue limitada y se demoraron medidas necesarias.
El 4 de agosto en la audiencia de habeas corpus la GNA negó haberlo detenido pero no dio, ni se le exigió, ninguna explicación. Recién el día 5, el juez decidió rastrillar dentro de la Pu Lof. Esta medida, por la hostilidad entre la comunidad y el juez federal Guido Otranto, se hizo mal y fue incompleta. Durante semanas, el juez no pudo resolver el conflicto con la comunidad de modo tal de destrabar la realización de medidas indispensables como el ingreso al territorio y la toma de testimonios.
En este contexto, las medidas de búsqueda fueron tardías y mal encaradas; mientras el Ministerio de Seguridad filtraba información destinada a instalar que Maldonado no había estado el 1 de agosto en el lugar de la represión.
El inicio de la investigación de la responsabilidad penal por la posible desaparición forzada también fue dificultoso: las primeras medidas sobre las camionetas de la GNA se realizaron con demoras y los gendarmes fueron avisados de que iban a ocurrir. Recién el 15 de agosto fueron allanados los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.
Cuando el Ministerio de Seguridad comenzó a aportar de manera parcial información de las declaraciones de los gendarmes en la investigación administrativa, hubo un giro en las dos causas judiciales. En la medida en la que los testimonios confirmaban que, tal como lo habían denunciado integrantes de la Pu Lof, los gendarmes habían llegado a la orilla, era preciso investigar ese lapso de tiempo en el que efectivos y mapuches se encontraron en el río.
En el habeas corpus se hicieron rastrillajes que no dieron resultado; el realizado con violencia el 18 de septiembre en el lugar en el que apareció el cuerpo tuvo deficiencias técnicas.
Paralelamente, la fiscalía recaratuló la causa penal como “desaparición forzada” y fue acumulando información y prueba para determinar cómo fue el operativo y qué sucedió con Maldonado. La fiscalía contó con la colaboración de Procuvin en la elaboración de hipótesis y en la producción y control de las pruebas. Por su parte, la fiscalía federal no fue capaz de construir un vínculo con la familia Maldonado, lo que dificultó el acceso de los familiares a la investigación.
Tras el apartamiento del juez Otranto por el pedido de recusación, le sucedió el juez federal Gustavo Lleral, quien tuvo otra estrategia hacia la comunidad que hizo posible el ingreso al territorio el 17 de octubre, día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Maldonado.
4. ¿Cómo fue la respuesta del Poder Ejecutivo?
Recién seis días después de la desaparición, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó las primeras reacciones del gobierno que se orientaron en tres sentidos: defender a la Gendarmería antes de investigar; plantear hipótesis alternativas sin correlato con el expediente y desviar el foco de la atención hacia la comunidad mapuche.
El 4 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Nación negó que GNA tuviera que ver con la desaparición de uno de los manifestantes. A tono con esta línea, en los primeros días, el Ministerio de Seguridad no se concentró en investigar y puso en marcha el sistema de búsqueda de personas como si Maldonado no hubiera estado en el lugar o se hubiera ido voluntariamente. Luego, no aportó en tiempo y forma la información con la que contaba. En un informe del 18 de agosto, haciendo propias las primeras afirmaciones de los gendarmes, aseveró que no había habido irregularidades en el operativo y que se había actuado en cumplimiento de la orden del juez. Ambas afirmaciones se demostraron falsas.
El 7 de agosto comenzaron las investigaciones internas. Un sumario iniciado por Gendarmería afirmó “la inexistencia de conductas sancionables disciplinariamente”. Por otro lado, Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación realizó encuestas y entrevistas a gendarmes. En una charla previa a la realización de las entrevistas, Barberis le dijo a los gendarmes: “En este barco estamos juntos, ¿está claro?”. En el informe señaló que algunos efectivos habrían arrojado piedras contra los mapuches y justificó esa acción como una “conducta imitativa” que había respondido a las agresiones de los manifestantes y concluye sin solicitar una investigación disciplinaria. Hasta hoy, ningún gendarme fue sancionado por las irregularidades.
La información obtenida en estas actuaciones administrativas fue aportada al Poder Judicial por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas, en representación del Poder Ejecutivo, tarde, en fragmentos y por insistencia de las querellas, entre ellas el CELS.
Recién el 29 de agosto, el ministerio aportó al habeas corpus los cuestionarios realizados dos semanas antes. Se demoró hasta el 11 de septiembre para aportar la transcripción de las entrevistas. Nunca explicó por qué esperó todos esos días para incorporar estas actuaciones mientras insistía a través de los medios de comunicación con la hipótesis de que Maldonado había fallecido el 21 de agosto en un episodio de violencia contra un puestero. Tampoco explicó por qué el comandante segundo del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, negó que los gendarmes hubieran llegado a la orilla del río. Gendarmería Nacional y la ministra de Seguridad negaron que hubiera registros audiovisuales del operativo, lo que también se demostró falso.
En simultáneo con este retaceo de información, por intermedio de Cané y Barberis, el Ministerio de Seguridad de la Nación intervino de forma directa en el expediente del habeas corpus. Y realizó una vasta tarea de filtración de las medidas de investigación y sus resultados a los medios. Otros funcionarios de alto rango fueron parte de esta estrategia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación que en un fecha tan tardía como el 30 de agosto declaró: “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.
Durante el tiempo en que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, el gobierno hizo reiteradas afirmaciones infundadas y ofensivas. Desde la Ministra a cargo de Gendarmería que afirmó ante el Senado de la Nación que no tiraría “gendarmes por la ventana” cuando se le demandaba que separara preventivamente a determinados agentes; hasta una de las máximas representantes políticas de la coalición de gobierno que a más de dos meses de su desaparición afirmó que había un “20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile” por propia voluntad y con motivaciones políticas.
5. ¿Por qué el CELS recurrió a las Naciones Unidas?
Para el 5 de agosto y a pesar de que ya se había presentado un habeas corpus, el accionar del Estado en materia de búsqueda y de investigación no era el que correspondía a una desaparición en el contexto de un operativo represivo.
Para que las estrategias de localización adquirieran otra fuerza, ese día el CELS solicitó una acción urgente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que instara al Estado a tomar las medidas necesarias para encontrar a Maldonado. La gravedad de la situación era tal que el 7 agosto el Comité concedió la acción urgente y le pidió al Estado argentino que adoptara una estrategia integral y exhaustiva de búsqueda y asegurara la exclusión de la GNA de la investigación, entre otras medidas. El Comité también le pidió al Estado que adoptara medidas cautelares de protección de la vida e integridad de la familia Maldonado, de sus abogados y de la comunidad mapuche y garantizara que no fueran objeto de violencia ni hostigamiento. A partir de ese momento el Estado argentino hizo presentaciones al Comité en los cuales adoptó la misma estrategia que tuvo a nivel nacional.
El 18 de septiembre, el CELS, en una segunda presentación al Comité, reiteró la falta de una respuesta estatal adecuada y denunció que el Ministerio de Seguridad no colaboraba en la causa judicial aportando la información que tenía y, al mismo tiempo, llevaba adelante una campaña de desinformación. El CELS también señaló que el Estado tampoco había cumplido con la solicitud del Comité respecto a la familia, que, por el contrario, recibió numerosos ataques.
El 6 de octubre el Comité dictó otra resolución en la que llamó la atención sobre las demoras de las autoridades para investigar el rol de la Gendarmería en los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado y para aportar declaraciones, fotografías y videos al expediente. El Comité solicitó al Estado: informar de los motivos de estas dilaciones, investigar y sancionar intervenciones de las autoridades que hubieran podido entorpecer la efectividad de la búsqueda y de la averiguación de la verdad y asegurar la imparcialidad, independencia y autonomía de la investigación.
El 21 de octubre el CELS informó al Comité el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.
El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otras organizaciones, sin la participación del CELS.
6. ¿Qué establece la autopsia respecto de las circunstancias de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado?
La autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. En conclusión, se trató de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.
Si bien en la médula no se encontraron diatomeas, su presencia en las cavidades cardiacas -nueve distintas: seis en el ventrículo izquierdo, tres en el derecho, indica que se trató de una asfixia por sumersión. También son indicadores de la asfixia los cambios en el pulmón. Las transformaciones halladas en la piel son propios de la hipotermia.
La data de la muerte se estableció a través de tres métodos y dio un rango que no puede ser de menos de 53, 60 o 73 días, según cada método.
Por último, se concluyó que el cuerpo no tiene lesiones externas, por lo tanto no puede suponerse a priori que haya sufrido violencia física en otro lugar. Tampoco se encontraron evidencias de que el cuerpo haya estado en otro lugar que el del hallazgo.
7. ¿En qué consiste el conflicto que atraviesa el territorio donde tuvo lugar la protesta?
La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa desde 2015 un área en la localidad Cushamen que reivindica como ancestral, en disputa con la empresa trasnacional Benetton. Al mismo tiempo, el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala está detenido desde el 26 de junio en una causa en la que se discute su extradición a Chile, situación que motiva protestas frecuentes.
El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acción directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.
En 2016, el gobierno nacional promovió este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese año, Gendarmería Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificación y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la policía provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.
El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y Río Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les ordenó utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un día antes del operativo que desembocó en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declaró a Radio Nacional Esquel que los mapuches querían “generar caos y desorden y temor en la población” y que tendrían relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotráfico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cuál es la actividad terrorista concreta.
En este contexto, se realizó el operativo del 1 de agosto. En las semanas siguientes, la desaparición de Maldonado no generó que el gobierno nacional buscara abrir un canal de dialogo con la comunidad: hizo exactamente lo contrario.
Maldonado desapareció en un territorio ocupado por una comunidad con fuertes resistencias a relacionarse con instituciones estatales, debido a sus convicciones ideológicas y a los antecedentes de discriminación, arbitrariedad y violencia policial. Los primeros relatos de la comunidad que activaron el reclamo social extendido por la aparición de Maldonado fueron, semanas después, ratificados por los gendarmes en sus declaraciones y por las imágenes. Luego, la comunidad no aceptó el ingreso de las fuerzas de seguridad al territorio o lo limitó y fue reticente a testimoniar. Al asumir en la causa del habeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral inició un proceso que culminó con el ingreso a la comunidad el 17 de octubre, día en el que Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut.
8. ¿Por qué el CELS consideró que el hecho debía investigarse como una desaparición forzada?
Santiago Maldonado fue visto por última vez en el contexto de un operativo represivo e ilegal de la Gendarmería Nacional. Esta situación hacía necesario investigar qué participación tenía la Gendarmería en la desaparición de Maldonado a fin de encontrarlo y de establecer responsabilidades.
Investigar un episodio como una posible desaparición forzada no supone asegurar a priori que el hecho implicó la comisión de ese delito sino que en tanto hay indicios de responsabilidad estatal esa hipótesis debe ser confirmada o descartada. Ni el tipo penal “desaparición forzada” ni la figura del derecho internacional exigen que el hecho sea parte de un plan sistemático, tal como afirmó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de desaparición forzada no significa asimilar estos hechos con una política de desaparición de personas y menos aún con la última dictadura.
A medida que las semanas pasaban y Maldonado no era encontrado, los testimonios, el ocultamiento de información realizado por el Ministerio de Seguridad y las imágenes del operativo fueron indicios de que había una relación entre la ausencia de Maldonado y el operativo violento en la Pu Lof el 1 de agosto. Esas responsabilidades estatales aún están siendo investigadas.
9. ¿Qué características tiene la desaparición de personas en democracia y cuáles son las dificultades para investigarlas?
En democracia, las desapariciones ocurren por motivos diversos, algunas son voluntarias y otras no. Estas últimas implican una diversidad de responsabilidades estatales. Detrás de estos casos, hay explicaciones relacionadas con redes criminales, con violencias estructurales -como la de género- y con el funcionamiento violento de las fuerzas de seguridad, entre otras. La responsabilidad estatal es distinta y específica en cada una de estas situaciones.
En todas las desapariciones suele haber, además, una responsabilidad estatal por el déficit de las acciones de búsqueda. El Estado aún no sabe actuar de manera eficaz frente a la denuncia de una desaparición. Cuando las personas o sus familias pertenecen a los sectores de menores recursos económicos está situación se agrava porque se suelen agregar la discriminación y el mal trato.
En este contexto, para resolver una desaparición se deberían formular hipótesis basadas en lo que se sabe de la vida de la persona y de las circunstancias en la que desapareció, en cuándo, dónde y por quién fue vista por última vez; en qué contacto tuvo con instituciones de seguridad o con otros grupos con capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, esto habitualmente no sucede.
Hay desapariciones que ocurren como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad, como hecho extremo de sus prácticas ilegales, violentas y de hostigamiento. En algunos casos, los policías ocultan el cuerpo para encubrir otros delitos.
También existen patrones en las investigaciones judiciales: en violaciones de los derechos humanos -no solamente desapariciones- con frecuencia el Poder Judicial toma la versión de los agentes de seguridad, la investigación y salvaguarda de evidencias se asigna a la misma fuerza denunciada y se despliegan estrategias de ocultamiento. El encubrimiento suele ser la reacción habitual frente a la denuncia de un hecho, se tenga o conocimiento de lo ocurrido. Esto habilita la introducción de hipótesis falsas y que aquellas que pueden orientar la investigación hacia el establecimiento de responsabilidades estatales sean descartadas u omitidas.
Simultáneamente, existen prácticas y omisiones estatales que hacen posible que una persona permanezca desaparecida. Entre ellas, la desidia estatal en el trato de ciertos cuerpos por parte de instituciones de salud, judiciales y de seguridad que ocasiona que una persona fallecida pueda permanecer sin ser identificada en una morgue o en un cementerio, mientras su familia la está buscando, en algunos casos durante años.
Como resultado de esta amalgama de patrones estructurales y deficiencias institucionales en los mecanismos de búsqueda e identificación, en una gran cantidad de casos existe responsabilidad estatal en la ocurrencia de una desaparición y/o en su prolongación a lo largo del tiempo aunque no se esté frente a un caso de desaparición forzada, cuando ocurre un secuestro o un ocultamiento deliberado de un cuerpo.
10. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?
Santiago Maldonado murió como consecuencia de la intervención violenta del Estado ante un conflicto con una organización social y política, que es considerado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional al que hay que responder con dureza.
El uso de la fuerza policial en las manifestaciones públicas abarca el modo en el que se diseñan y llevan a cabo los operativos y la forma en que la autoridad política responde por las irregularidades. En este caso, el Estado no sólo omitió el deber de protección y cuidado, sino que introdujo riesgos para la integridad y la vida de los manifestantes y de la comunidad, entre otros derechos que fueron vulnerados por la intervención de la Gendarmería.
La intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones está regulada por instancias internacionales, regionales, nacionales y por normas internas de las instituciones de seguridad. Estas obligaciones no ceden por el hecho de que algunos manifestantes arrojen piedras, sino que incluso estos actos deben responderse de acuerdo a principios de legalidad y proporcionalidad, de modo de que la respuesta no cause consecuencias más graves de las que busca inhibir. Para eso existen protocolos que establecen con precisión cómo debe escalarse el uso de la fuerza, quiénes pueden asumir cada decisión y con qué controles se deben llevar a cabo. La Gendarmería Nacional cuenta con normativas específicas para lo que denominan operativos “contradisturbios” que en esta intervención fueron ignoradas por completo. La actuación de la Gendarmería no se encuadró en ninguna normativa existente. Ante un operativo plagado de ilegalidades y contradicciones, la respuesta de la autoridad política responsable tampoco respondió a los principios de gobierno civil, control político y rendición de cuentas previstos. Por el contrario, afirmaciones como las de Bullrich y Barberis dejaron en claro que no habría sanciones por lo ocurrido durante la represión.
Por otra parte, este caso plantea viejas y nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para buscar personas, sobre todo cuando puede existir alguna responsabilidad estatal. Como desde la sociedad civil se demanda desde hace años, el Estado debería organizar los recursos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal para encarar búsquedas e investigaciones que den respuestas mejores.
Finalmente, la capacidad del Estado de encarar investigaciones judiciales serias, imparciales y efectivas también está en juego, así como el modo en el que actores puntuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo utilizan los medios de comunicación para influir sobre la investigación. En este caso en particular esta práctica recurrente ocasionó niveles altos de desinformación a la sociedad y dolor a la familia Maldonado.
La investigación debe continuar hasta determinar las circunstancias y responsabilidades por la muerte de Santiago Maldonado.
Foto: M.A.F.I.A.
Fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación asesinaron ayer a Rafael Nahuel (22) e hirieron a otrxs integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, quienes se encontraban en cerros cercanos al Lago Mascardi donde se refugiaron luego de la brutal represión del jueves.
Mujeres Originarias por el Buen Vivir y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron este domingo a una marcha que partirá a las 18 desde Plaza Rivadavia.
“Según informan desde el Lof las tres personas volvían de la montaña luego de resguardarse por días y proteger su integridad física en la ‘mega cacería’ que desplegaron el jueves 23 los grupos especiales GEOP y ALBATROS de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de gendarmería nacional”, dijo la abogada de APDH, Natalia Araya.
La noticia comenzó a viralizarse en el mismo momento en que en la localidad bonaerense de 25 de Mayo despedían los restos de Santiago Maldonado, muerto en el rio Chubut en el marco de la represión de Gendarmería a la Lof en Resistencia Cushamen el 1 de agosto.
“El primer medio local que informó sobre el asesinato titula ‘Tras el choque con fuerzas federales hay un muerto en Villa Mascardi’, como si se tratara de un nuevo ‘accidente’ o ‘fatalidad’. No ‘hay un muerto’: lo asesinó el aparato represivo del gobierno de Mauricio Macri”, aseguraron desde la Coordinadora contra la Represión Institucional.
El jueves los agentes de la Policía Federal y el grupo Albatros entraron golpeando las puertas de las casas levantadas por los Mapuche en la comunidad Winkul Mapu, en el lago Mascardi. En ese lugar, a 35 kilómetros de Bariloche, había mujeres y niños.
Los agentes irrumpieron a las cinco de la madrugada y destruyeron viviendas. La decisión judicial justificó el desalojo en un intento de impedir que el sitio se convierta en otro Pu Lof de Resistencia de Cushamen, el lugar donde apareció muerto Santiago Maldonado. Durante el operativo detuvieron a varias mujeres y niños pequeños.
“Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio”
Recién llego del Hospital de Bariloche. Desde las cinco de la tarde estamos acompañando a mujeres mapuche con sus chicxs y miembros de distintas comunidades que quieren saber quién de los suyos fue asesinado o herido en la represión – cacería en el Lago Mascardi. Hace cinco horas que nadie les informa nada.
Las mujeres corren atrás de las ambulancias que llegan a la guardia para saber si traen a sus heridos. Abogadas defensoras de derechos humanos interpusieron Habeas Corpus preventivo.
La Cámara de Comercio local celebró la represión. Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio. Hay gente en la ciudad que “quiere bala”. Ví a mujeres mapuche llorando, angustiadas, sufriendo. Las ví cortando la calle y haciendo fuego en la puerta de Parques Nacionales. Las ví correr de la policía y bajar hacia Catedral.
Ví como dos hombres de casi dos metros fueron a pegar a mujeres mapuche y a sus hijos pequeños que habían interrumpido una misa para denunciar que estaban asesinando a su gente. Ví a dos jóvenes que fueron a impedir que eso ocurriera.
Una mujer le pegó a un niño mapuche en la catedral. Lo vi llorar y a su madre, preguntar quién lo había hecho, sin que nadie respondiera. Escuché a los fieles decir que si estaban matando mapuche “algo habrán hecho”. Cinco horas esperando que alguna autoridad local, provincial, nacional informara qué estaba pasando en el Lago Mascardi.
La ciudad se llenó de policías, la ruta camino a El Bolsón estuvo horas cortada, no dejaron pasar a organismos de DDHH que iban al lugar donde se estaba produciendo la represión – cacería. Hace un rato ordenaron allanamientos en el km 7, donde vive una mujer de la comunidad, sus lamienes pedían urgente abogados y abogadas que las acompañen.
Me vine a casa a escribir éstas líneas, algunas personas y organizaciones esperaban en el hospital novedades.
La espera y el silencio, una crueldad infinita.
Susana Yappert, comunicadora, integrante de la corriente La Colectiva.
Quién era Rafa, el joven mapuche de 22 años asesinado ayer
Alejandro Palmas, del Colectivo Al margen, del que Nahuel participaba, lo recordó con emoción y tristeza, y contó que cuando supo que Rafael Nahuel se iba al campo a participar de la recuperación del territorio mapuche, lo vivió con alegría. Palmas afirma que la recuperación fue pacífica y que le resulta inverosímil la teoría del enfrentamiento que salieron a instalar ayer rápidamente Clarín y La Nación.
La abogada Sonia Ivanoff confirmó que hay dos detenidos e incomunicados que podrian ser testigos del asesinato de Nahuel. (Por La Retaguardia)
El chico era de Nahuel Hue, una de las barriadas populares de El Alto de Bariloche y fue asesinado ayer por las fuerzas federales, en la Lof Lafken Winkul Mapu.
A Alejandro Palmas se le quiebra la voz cuando habla de Rafael Nahuel: “era un pibe joven, andaba por los 22 años, participaba de un espacio que tenemos, una organización en un barrio muy humilde del Alto en Bariloche, que lleva adelante un emprendimiento de carpintería productiva para que los pibes le puedan encontrar una salida, estamos en el barrio, compartimos el almuerzo, hacemos talleres de música, telar mapuche, boxeo…
El Rafa era uno de ellos, habíamos ido a esquiar al Cerro Catedral, le fascinaba el esquí, esas cosas a nosotros nos hacían pensar porque si hubiera tenido oportunidades hubiera podido ser instructor pero eso no es una posibilidad para los pibes de los barrios. Era propositivo, siempre con una sonrisa, colaboraba con todo ahí, con el resto de los chicos… había hecho herrería, un pibe de barrio común, que andaba con otros amigos… Un pibe bien de barrio, de origen mapuche, que a diferencia de los otros pibes sentía orgullo de ser mapuche, no se avergonzaba de su apellido”.
En su página, Al margen publicó una nota en la que relatan que Rafael Nahuel “había aprendido a soldar y se manejaba con la carpintería. Las últimas semanas reparó el arco de futbol del Ruka Che donde todos los martes y viernes nos juntamos a fabricar el proyecto de vida que la ciudad les niega”.
Hace unos días, el mejor amigo de Rafa les anunció que se había ido con su tía a la recuperación mapuche de Mascardi. Palmas nos cuenta que lo vivieron con alegría, “sus familiares son autoridades del pueblo mapuche, él se estaba empezando a reconocer en cuál es la historia del pueblo mapuche, eso siempre iba a ser mejor que el destino que les dejá aca la ciudad a los pibes de los barrios. Era una alternativa para encontrar un proyecto de vida”.
“El tiroteo comenzó en la tarde de ayer con pedradas lanzadas por una decena de mapuches ocultos en lo alto de un cerro”, dice La Nación, y tanto ese diario como Clarín hablan de enfrentamiento. Consultado sobre este supuesto enfrentamiento, Alejandro afirma: “la gente es completamente pacífica, la recuperación fue pacífica, la idea de ellos era poder volver al estilo de vida tradicional del pueblo mapuche. Veo imposible que estuviesen armados y que hubieran osado enfrentarse con la cantidad de efectivos que había. Lo veo inverosímil, pienso que tiene que ver con la construcción de los medios hegemónicos para poder justificar este asesinato. Estamos convencidos que las fuerzas de seguridad tiraron plomo, que es lo que vienen denunciando las mujeres que fueron detenidas el día jueves. Ahora van a fabricar o plantar un arma para poder justificar. No creemos que la gente que está llevando a cabo la recuperación era gente violenta, nada que ver, era gente que quería volver a tener animales, a tener una huerta, volver a un estilo de vida más cerca del campo”.
Anoche, Alejandro estuvo como tantos otros, diferentes organismos de derechos humanos, gremiales, de pueblos originarios, en la puerta del hospital: “nos congregamos ahí especulando con que si había habido heridos iban a llevarlos al hospital público, en principio sin saber qué estaba pasando, para estar juntos, para ver qué estaba pasando en la ciudad. A la una y media de la mañana llegó una ambulancia con un cuerpo de la zona de Mascardi y se trataba de Rafael Nahuel. Para nosotros sigue siendo un enigma que pasó con los heridos”.
Por lo que pudo reconstruir La Retaguardia, los heridos continúan en el territorio.
En Bariloche hay muchísima presencia de fuerzas de seguridad, Palmas lo confirma: “ayer pasamos la ruta de Mascardi a Bariloche, en la zona de la recuperación mapuche había policía federal, prefectura, gendarmería, policía de la provincia, infantería, camiones, helicópteros, retenes cortando la ruta, pedían documentos, revisaban los coches; en Bariloche lo mismo, rodeando el hospital, antimotín, con escudos”.
A pesar de que el juez Villanueva había negado anoche que hubiera detenidos, la abogada Sonia Ivanoff, que asiste al lonko Facundo Jones Huala, preso y con posibilidades de ser extraditado a Chile, informó que hay dos personas detenidas e incomunicadas a disposición ese Juez. Son Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González. Ivanoff contó que el juez había negado que hubiera detenidos cuando recibió a abogados de Bariloche, y que ella misma constató con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) las dos detenciones.
“Es muy importante saber sus nombres porque ellos podrían ser testigos de en qué circunstancias murió Rafael Nahuel. El gobierno desde el 30 de agosto del año pasado, ha largado un plan de entender que los mapuches al intentar imponer sus ideas por la fuerza son un peligro. Ayer, mientras se velaba a Santiago, mataron al lamien Rafael Nahuel. Pedimos por favor protección para otros que hayan visto en que circunstancias mataron a Rafael”.
Compartimos la nota de Santiago Rey, del portal En estos días, sobre Rafael Nahuel, quien ayer fue fusilado en Río Negro por fuerzas federales. “Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro”.
Rafa, un pibe de barrio
Tenía 22 años. No era militante mapuche, pero estaba en Villa Mascardi para acompañar a algunos familiares en la comunidad desalojada. Participaba en actividades solidarias y comunitarias, y hacía changas para aportar a la casa. Otro joven, pobre, y del Alto, muerto violentamente en Bariloche.
A la una y media de la mañana del recién comenzado domingo, María Nahuel llegó a la humilde casa de la familia de Rafael, en el barrio Nahuel Hue. Llevaba la peor noticia: el joven asesinado por la Prefectura durante la represión en la comunidad en Villa Mascardi era Rafael Nahuel.
Los padres de Rafael y su hermano menor de sólo 12 años enmudecieron y se abrazaron. A las dos de la mañana los recibió el Juez Gustavo Villanueva, pero no los dejó ver el cuerpo.
Rafael no era militante mapuche. La rama paterna de su familia, sí. Su tía, María Nahuel fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado jueves. Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro.
Chulengos y parrillas
“Vivía en una casa y una familia muy vulnerada, muchos problemas”, coinciden en contextualizar todos los referentes de organizaciones que compartieron actividades y proyectos con Rafael Nahuel.
Flaco, hermano del medio, laburador, Rafael participaba del proyecto Semillero del Colectivo Al Margen, donde aprendía el oficio de carpintería, luego del almuerzo y el fulbito diario. Este año había comenzado a participar de esa actividad, y con la misma organización conoció el distante Cerro Catedral, bajo el programa Esquí Social.
“Hacía changas con todo lo que había aprendido”, cuenta a En estos días Alejandro Palmas, referente de Al Margen.
Fue Alejandro el que a las 22,30 horas del sábado llevó a su vivienda en el Alto de Bariloche a la familia de Rafael, luego de varias horas en la puerta del Hospital. Les compró unas empanadas y los acompañó hasta que a la 1,30 María Nahuel llegó con la noticia.
“Es un pibe re de barrio, changueaba como podía para ayudar a la familia”, recuerda Alejandro mezclando los tiempos presente y pasado. ¿Por qué estaba en la comunidad? “Iba a ir un rato al campo, le dijo a la familia, a acompañar a algunos familiares y amigos. No era militante mapuche, pero tenía clara la lucha territorial que se estaba dando. Cada tanto participaba de algunas ceremonias”, rememora Alejandro.
Hincha fanático de Boca, jugaba al fútbol en cuanto potrerito había en los barrios del Alto. Mientras caminaba por esas calles de tierra, levantaba todos los fierros que encontraba, para hacer algún chulengo o parrilla. “Era muy buen soldador”, explica Fernando Fernández Herrero, referente del San José Obrero, una fundación que trabaja en la integración de los chicos de la zona.
En 2011 Rafael se acercó a la experiencia popular denominada Alto Construcciones -que luego derivó en el San José Obrero-, un espacio para el aprendizaje de oficio, la contención y la búsqueda de una salida laboral para los jóvenes de los barrios más vulnerados de Bariloche. Con sólo 15 años, Rafael participaba de un grupo de la capilla del Nahuelo Hue, y desde allí llegó al proyecto Alto Construcciones. “Rápidamente aprendió el oficio de herrero, le ponía muchas ganas al taller”. Tantas que, sin llegar a ser un capacitador, se convirtió en un líder del grupo.
Fernández Herrero le dice Rafita. “Era muy flaquito Rafita”, dice. “Era el típico pibe de familia muy golpeada que anda por la calle solo y que se las arregla como puede. Muy buen pibe”, dice, y suma a Rafael a la larga lista de jóvenes, pobres y del Alto que murieron en los últimos años. En distintas circunstancias murieron, pero siempre son jóvenes, pobres y del Alto.
Rafa siempre andaba con Facundo, otro pibe de su edad, otra familia vulnerada, otra historia de pobreza en el Alto de Bariloche.
Facundo murió hace aproximadamente un año, luego de sufrir problema de adicciones y verse implicado en un hecho delictivo. Fue condenado siendo menor y devuelto a su familia. Allí murió.
Un año después a Rafael lo mató la Prefectura. Los pobres siguen poniendo los muertos de la grieta social.
Fuentes: Anred, La Retaguardia, www.enestosdias.com.ar
Claudia Ferrero, abogada del SITRAIC, analizó el avance de la causa que los tiene como particulares damnificados ante las amenazas de integrantes de la UOCRA, investigación que confluye con la iniciada de oficio por la Fiscalía cuando la gobernadora denunció el “accionar mafioso” del gremio sobre los empresarios.
Respecto a las denuncias, la abogada mencionó que se tramitan en la misma Fiscalía pero de forma separada, sin embargo, no impide que “los elementos probatorios que puedan haber en un expediente puedan ser utilizados en el otro”.
Sobre la denuncia realizada por integrantes de SITRAIC, aseguró que fue como “particular damnificado por una serie de amenazas y coacciones de personal identificado con el chaleco de la UOCRA cuando [SITRAIC] desempeña su actividad gremial: verificar que en las obras no haya personal en negro, que estén las condiciones de trabajo fijadas por la ley”. Esto originó que “personas con el chaleco de la UOCRA los abordaran de forma bastante violenta” y los amenazaran.
La investigación sigue en proceso, se tomaron declaraciones pero la abogada espera que no terminen archivadas (como suele suceder) hasta que ocurra un hecho lamentable. “En Lomas de Zamora tenemos el caso de que SITRAIC había hecho veinte denuncias de este tipo, la justicia no había tomado ninguna medida hasta que terminó con un homicidio; ahora hay condenados pero, en 2014, por una acción en defensa de las ‘quintitas’ (‘esta quintita es mía’, una de las amenazas recibidas) mataron a un obrero, Darío Ávalos”.
Aunque las investigaciones se realicen por separado, Ferrero le manifestó al fiscal “que estas amenazas están plenamente ligadas a la otra investigación que él tiene, porque es el método de algunas personas vinculadas a la UOCRA, establecen un modus operandi en el cual la coacción es un método para asegurarse que las empresas estén adheridas a la UOCRA y no entre nadie más”.
En relación al empresariado manifestó que una parte “es totalmente copartícipe de este funcionamiento”, y que SITRAIC los ha convocado a “reuniones para animarlos a cortar con este círculo vicioso”, sin éxito. Por otro lado, “hay empresas que quieren terminar con esto y son –creo– las que se han animado a dar un paso y denunciar”. También lamentó que la Cámara de la Construcción no se haya acercado a denunciar este tipo de situaciones.
“La Cámara de la Construcción no ha aceptado ni hablar del tema”, dijo y opinó que “la intervención de un sindicato no es el camino, el camino es la organización de un sindicato de forma democrática, respetando la democracia sindical, la libertad de los afiliados como está tratando de construir el SITRAIC”.
En referencia a los casos en diferentes seccionales (Bahía Blanca, La Plata) de la UOCRA, se le consultó cómo ve la situación del secretario general del gremio, Gerardo Martínez: “Esta metodología, que estuvo instalada por años, es imposible que no tuviera un aval de arriba hacia abajo. En Lomas de Zamora por el crimen de Ávalos, está prófugo hace casi dos años Walter Leguizamón. Nadie lo busca, no hay una persecución desde el Estado, está garantizada su impunidad. Igualmente consideró que “el gobierno hace su propio juego” para “conseguir la adhesión de toda la CGT para la ley de reforma laboral”.
Caso Santiago Maldonado: Audiencia del día 24 de noviembre de 2017
En el día de la fecha se nos ha informado los resultados de los peritajes pendientes de la autopsia de Santiago.
De ellos, se infiere que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, a la que coadyuvó un cuadro de hipotermia.
Asimismo, se estimó el tiempo de sumersión del cuerpo en las aguas por tres métodos diferentes: el primero estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua; el segundo más de 60, y el tercero más de 73 días.
Sin embargo la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce y por eso continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva.
Superada la relevante etapa médico-legal, el Juez Federal Dr. Gustavo Lleral dispuso a nuestro pedido, nuevas medidas de prueba a llevarse a cabo las próximas semanas.
Al mismo tiempo que exigimos Justicia y saber la verdad, prestamos permanente colaboración en la causa para averiguar cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago.
Ratificamos que continúan vigentes las siguientes certezas:
a) que el 1 de agosto hubo una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal conducida y apoyada por las autoridades políticas;
b) que se produjeron desvíos y entorpecimientos en la causa de parte de la Justicia Federal de Chubut y el Poder Ejecutivo Nacional;
c) que es necesario contar con el apoyo de investigadores especializados e independientes para lograr conocer la VERDAD, obtener JUSTICIA y evitar la IMPUNIDAD en el caso de la muerte de Santiago.
Velorio e inhumación de Santiago:
Agotada la labor pericial sobre el cuerpo de Santiago, sus restos serán velados en la calle 6, esq. 29 de la ciudad de 25 de Mayo, mañana sábado 25 de noviembre, entre las 16 y las 22 hs. El domingo 26, el velorio continuará entre las 08.00 y las 11.00 hs, momento en que será trasladado al Cementerio Parque Paraíso para el responso e inhumación.
El velorio estará abierto a la comunidad y el entierro será reservado para los familiares y amigos. En ambos casos, se ruega asistir sin teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video a los efectos de preservar la intimidad de la familia.
Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad y apoyo recibidas sin las que esta lucha hubiera sido imposible.
Familiares de Santiago Maldonado
El 5 de mayo, un accidente de tránsito en la Ruta 3 entre un utilitario que se cruzó de carril y una moto dejó a Kevin en silla de ruedas. Su padre y su hermano de dos años fallecieron. El martes por la tarde, Florencia Quintana, mamá del nene de 11, realizó una marcha junto a familiares y amigxs frente a la Municipalidad para pedir justicia.
“Mi nene jugaba a la pelota, iba a boxeo y hoy usa pañales, sondas que le cambio cada cuatro horas, […] está en silla de ruedas; tiene un golpe en el cerebro que le perjudicó el habla. Quedó en muy malas condiciones y nadie se hizo responsable”, aseguró la madre.
Quintana pide justicia “y que este hombre pague porque está como si nada. Tengo gente conocida en White y lo vieron al hombre [manejando], no le retuvieron el carnet, le devolvieron la camioneta; él arrebató dos vidas, a una persona de 33 años, a un nene de dos años y dejó a un nenito de 11 años en silla de ruedas”.
La causa judicial la iniciaron hace tres meses pero aseguró que hay alguna “mano negra” detrás. Comentó que la pericia vehicular la hizo una oficial de Villa Rosas conocida del conductor a quien “se le rompió el foco en las manos” mientras la realizaba porque “el impacto fue muy fuerte”.
“El hombre dijo que los chocó porque iban sin luces. Era la palabra de él contra mi nene y su padre, no había testigos pero ahora encontramos uno. Esa oficial se agarra de decir que iban sin luces, cuando ellos salieron en perfectas condiciones. Mi nene se puso el casco y me dijo ‘mañana vengo’ y terminó en terapia intensiva”, aseguró Quintana.
También se refirió a las cámaras de la zona que podrían haber grabado el momento del hecho: “Está lleno de cámaras, la del Parque Industrial, la de Pedro Pico, la rotonda de White (Vialidad), pero da la casualidad que ninguna de esas cámaras tomó nada”.
Además denunció que “cuando pasó [el accidente], al papá del nene le hicieron test de alcoholemia… todo lo que te puedan buscar, le hicieron. Y al hombre no, el hombre estuvo detenido una hora y lo liberaron porque tuvo una crisis”.
Al ser consultada sobre si recibió ayuda estatal aseguró que fue “a hablar a la Municipalidad y nadie me escucha”.
Explicó los cuidados que su hijo requiere: “Vivo en el hospital, entro a las ocho de la mañana porque él tiene todo el tiempo controles; imagináte el trabajo que me lleva mi hijo hoy en día, le cambio los pañales a cada rato, tengo que ponerle una sonda porque los riñones no le funcionan.
“Estoy luchando por una silla de ruedas, me habían prestado una pero la tuve que devolver y mi nene quedó dos días sin silla de ruedas hasta que Mara Recondo (DISER) me consiguió otra. No tengo ayuda de nadie. Quiero que haga la rehabilitación. […] El nene necesita kinesiología todos los días”.
Quintana aseguró que “se vivió un caos” durante el mes que Kevin estuvo en terapia. Si bien tuvo acompañamiento “de amigas, familiares y vecinos que iban todo el tiempo”, era “día a día esperar un parte médico”. “Apenas pasó el accidente me dejaron entrar y pasar toda la noche con él, me dijeron que ‘mi hijo no iba a vivir’ porque estaba en un estado muy grave”.
Ella reclama que mientras su hijo “estuvo 15 días mal, no abría los ojos, estaba inconsciente”, el conductor no se acercó ni “tampoco mando a nadie a preguntar” si Kevin estaba bien. “Ya sé que puede tener miedo porque mató a su papá y su hermanito, yo entiendo que es difícil, pero aunque sea un poquito de corazón, de decir ‘le arruiné la vida a un nene de 11 años’”, pidió Florencia.
El martes, mientras reclamaban frente al municipio, la Guardia Urbana dejó de cortar el tránsito y los autos llegaron hasta donde Kevin, Florencia, familiares y amigxs cortaban la calle. Recibieron bocinazos e insultos.
Florencia le dijo a los automovilistas: “Todos somos madres, abuelos, tíos. Hoy me tocó a mí y mañana no saben si les puede tocar. […] No deseo que a nadie le toque vivir lo que yo vivo de cambiar pañales, una sonda, a una persona que estaba bien. Ojalá nunca les toque estar en mi lugar. Ellos se piensan que fui a cortar una calle porque quise”.
