Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
Los días 18 y 19 de octubre se realizará la evaluación Aprender con el objetivo oficial de “relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo”. Desde Suteba advierten “la perversión de volver a la escuela como una mercancía, si se va a empezar a comprar y vender el alerta es entender que esto se puede ir privatizando de a poco”.
“Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad, y planificar políticas que optimicen la calidad educativa. En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes)”, dice la web del Ministerio de Educación.
Eugenia Justo, docente y dirigente de Suteba, explicó a FM De la Calle que “lo que después se construye con eso, y eso lo sabemos porque el sistema de evaluación existe ya en América, es atar los resultados de esas evaluaciones a buscar responsables. Sabemos que las evaluaciones van a dar bajas, que en Argentina calidad educativa no hay, que los últimos gobiernos han precarizado el conocimiento, por lo tanto, frente a eso lo que se va a ser es buscar responsables. ¿Quién es responsable de la baja calidad y de los malos resultados? ¿El gobierno, el Estado, los docentes, los alumnos? La intención va a ser apuntar a los docentes”.
“El objetivo de Aprender 2016 va a ser construir ese aparato en el cual a partir de ahora las escuelas tengan un ranking basado en la información que va a arrojar esta evaluación. A partir de esos rankings probablemente como ocurre en Brasil, las escuelas tienen presupuestos diferenciales, a mayor nivel educativo mayor presupuesto, lo que hace es generar circuitos diferenciales de educación y esta vez convalidados económicamente”, agregó.
Justo aseguró que cuestionan el tipo de prueba estandarizada: “Es una única evaluación para todas las escuelas de todo el país. Son multiple choice de respuesta cerrada, de varias opciones el alumno o la alumna elige una respuesta. No enseñamos de esa manera, enseñamos a través de procesos, la práctica pedagógica apunta a que el alumno o la alumna pueda a lo largo de un año o de meses llegar al conocimiento”.
Aprender 2016 fue diseñado por una empresa internacional y será ejecutada por agentes externos a las escuelas. “Los directores son contratados como veedores de la aplicación y los docentes como aplicadores, incluso hay un incentivo económico, se les paga, y no pueden evaluar su propio curso, es decir que la maestra que trabajó durante todo el año y sabe cómo los preparó y cómo fueron haciendo el proceso de aprendizaje no puede evaluar a su propio grupo sino a otro externo a su escuela inclusive. (…) La CTERA largó un comunicado oponiéndose a eso porque es anti estatutario cambiar el rol docente”.
“No nos oponemos a una evaluación, es necesario generar una mejora en nuestras prácticas pedagógicas, lo venimos diciendo permanentemente a la comunidad, denunciamos que los chicos no aprenden. Han habido modificaciones este año de la calificación con la cual un chico promociona o no, en el gobierno anterior habían sido anulados los aplazos, salimos a decir que el problema no es con cuánto califica un alumno, el problema es que no aprenden”, afirmó la docente.
Por último destacó que “la información está en las escuelas, nosotros calificamos, ponemos notas todos los trimestres, diagnosticamos, los equipos de orientación hacen informes permanentemente de la situación socioeconómica de los alumnos, están en las escuelas los datos de deserción, de sobre edad, la cantidad de repitencias por año, cómo fluctúa la matrícula de mitad de año para adelante y para atrás. Son datos que hablan del sistema educativo y dicen mucho más que una evaluación multiple choice”.
FECILBBA es un espacio de encuentro del cine independiente y latinoamericano. “Hace cinco años que estamos abriéndonos camino”, dijo a FM De la Calle, Sebastián Romero, uno de los organizadores de las jornadas.
“Estamos buscando promover un espacio de diálogo de arte latinoamericano, ya sea desde la corriente tradicional de cine hasta lo más experimental. Este año, por ejemplo, tenemos mucha participación de Brasil, México y Chile. Por supuesto, hay mucho argentino y bahiense también”.
“Para el bahiense en sí es una oportunidad de ver otras propuestas que no se abunda en pantallas comerciales y poder dialogar con la gente que hace cine. Inclusive tenemos talleres como para que puedan aprender lo que esta gente tiene para exponer”, explicó.
Los escenarios son la Alianza Francesa (Fitz Roy 49), Förum (Corrientes 123) y el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur (Rondeua 29).
Hacé clic aquí para ver la grilla completa.
La Asociación Judicial Bonaerense, al igual que CICOP, realiza un paro y movilización a la casa de la provincia en la ciudad de Buenos Aires.
“Seguimos reclamando la reapertura de la paritaria porque cuando estaba dispuesta la nueva mesa de negociación, tal como había sido acordado en el primer semestre, el Poder Ejecutivo a través de su ministro lo que hace es manifestarnos que unilateralmente daban por cerrada la paritaria con una nueva convocatoria a partir del mes de octubre, incumplieron lo que ellos mismos comprometieron”, dijo el secretario general bahiense Néstor Alende.
En diálogo con FM De la Calle el dirigente agregó que “sabemos que cuando dicen octubre es noviembre, diciembre o enero porque eso nos pasa sistemáticamente, este gobierno fue el que más ha tardado en convocarnos”.
La propuesta “fue rechazada de plano primero en la mesa y luego en las asambleas unánimemente en todas las departamentales así que volvimos a la carga con un plan de lucha que recién está iniciando, esperamos que el gobierno recapacite, esto obviamente lo tenemos que hacer a través de medidas de fuerza”.
“El gobierno se niega a reconocer la pérdida del poder adquisitivo que venimos tratando de recuperar, la inflación de agosto a agosto ha comido todo el aumento que se nos ha dado, tenemos una canasta familiar de 20 mil pesos, hay que cobrar 12 mil pesos para no estar por debajo del límite de la pobreza y muchos compañeros no lo cobran”, sostuvo.
En cuanto a la demanda gremial, Alende informó que “pedíamos un 45 por ciento de aumento con relación al obtenido en agosto de 2015 cuando cerramos el tercer tramo acordado en la paritaria, la inflación interanual es de aproximadamente el 45, simplemente para recuperar el poder adquisitivo porque no podemos decir que mejoramos nuestros ingresos”.
La Asociación de Profesionales del Hospital Penna realiza este jueves un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias, convocatoria a las mesas previsional y técnica de salud y por una partida presupuestaria de emergencia para el sector.
Pablo Acrogliano dijo a FM De la Calle que “la propia ministro reconoció que los médicos estamos mal pagos y que no nos llamen a paritarias es un contrasentido. Reafirmamos que queremos sentarnos a dialogar”.
Luego de cerrar un 20 por ciento de incremento para el primer tramo de 2016 el acuerdo incluía una revisión de los números a partir de agosto.
“Ahora estamos pidiendo un 25 por ciento más porque estamos muy retrasados desde la paritaria del otro año. También estamos reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, en el hospital hay movimiento desde lo estructural pero tenemos dificultad con el personal que si bien hay posibilidad de cargos no se pueden cubrir por las condiciones de trabajo”, manifestó.
El médico afirmó que la preocupación es mayor poque “no es un tema que se solucione con plata solamente”.
Por la medida de fuerza solo se atienden “las emergencias y los pacientes internados, el resto se reprograma todo”.
(Por ¿Quién te juna?) Históricamente la concepción de mujer madre se ha instaurado en nuestra sociedad. Sumado a ello, la maternidad ha tenido que sufrir varias regulaciones en casi todas las culturas que imponen, cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo durante el proceso del embarazo y cuales deben erradicarse.
A simple vista, esto demuestra la existencia de una relación asimétrica entre la mujer y lxs profesionales de la salud,revelando de esa forma, desigualdades simbólicas y reales que dificultan el libre ejercicio de los derechos básicos que tienen todas las mujeres.
En nuestro país, la violencia obstétrica ha sido legislada. Desde el año 2004, existe la Ley de Parto Humanizado N° 25.929, en la cual se establecen una serie de derechos que tiene la persona por nacer, así como la madre de esx recién nacidx. Por otro lado, la violencia obstétrica ha sido incluida dentro de la ley de protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26.485). Sin embargo los casos no cesan, sino que por el contrario aumentan.
Para la Coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica y miembro de la Organización Las Casildas, Julieta Saulo, esto sucede porque: “es un tipo de violencia que está por demás naturalizada. La gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos”. Además, afirma que: “Las mujeres culturalmente hemos sido criadas y educadas para portarnos bien, para ser buenas chicas, para callarnos la boca y no quejarnos. Entonces, esto se ve y mucho, en la escena del parto. Porque estamos insertas dentro de un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista”.
Asimismo, es notoria la aparición de traumas psicológicos en las mujeres que son violentadas, porque el embarazo y el parto son hechos dentro de la vida sexual y reproductiva fundante de las mujeres, que se ve impregnado por un tipo de violencia que está establecida dentro de los centros de salud. Sostiene Saulo, quien al mismo tiempo agrega: “la mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos, porque mi relato violento resuena con el de mi amiga que también fue violentada, y esto se traduce en: me ataron las piernas, me dieron medicación y no me informaron que me dieron, tuve a mi hijx y se lx llevaron y no lx pude ver. Un montón de situaciones que están por demás naturalizadas y que una siente que están bien”.
De igual manera, Saulo explica que existe un gran desconocimiento de las leyes que contemplan a la violencia obstétrica. Es por ello que, desde Las Casildas invitan a las mujeres a que se informen, generando dispositivos para concientizar sobre ésta temática. Al mismo tiempo, comenta: “El observatorio, cuenta con una encuesta de atención al parto y a la cesárea, que el objetivo justamente es que: las mujeres que han parido dentro del territorio nacional, puedan completarla por cada uno de sus partos o cesáreas, y son varias preguntas que utilizamos nosotrxs para cuantificar ésta problemáticas”, y concluye: “Los datos finales del Observatorio, los vamos a presentar ahora en octubre, en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Las semana pasada terminamos de medir, y ahora estamos haciendo todo el cruzamiento de datos”.
Por otro lado, considera que más allá de la existencia de las leyes que contemplan este tipo de violencia hacia las mujeres, hace falta una visión de género en el sistema de salud actual, al afirmar: “La perspectiva de género es algo a trabajar desde el Estado, desde algo más macro. Me parece súper importante remarcar las leyes que tenemos. Tenemos leyes que deberían cumplirse en todo el territorio nacional, y en muchos casos por desconocimiento no sabemos que poseemos derechos, lxs profesionales de salud tampoco lo saben. Entonces desde el Estado, estaría bueno que se generen campañas de difusión, y por otro lado las organizaciones sociales, en muchos casos vienen a suplir ese bache del Estado y se generan distintas iniciativas”.
En Bahía ninguna mujer está exenta
En la ciudad, son verdaderamente alarmantes los casos. Según Nadia Fernández, perteneciente al Círculo de Mujeres Bahía Blanca sostiene: “Nosotras lo que vemos que hay en Bahía Blanca que refleja la violencia obstétrica, es la enorme cantidad de cesáreas”.
Asimismo, Fernández comenta que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, lo cual en los centros de salud local, se ve y mucho. Al mismo tiempo comenta que: “Salvo en el Penna que ronda el 35%, después el resto de los hospitales de Bahía Blanca en el sector privado todos superan el 80%. Entonces hablamos de un 80% de cesáreas de las cuales, sólo pueden ser necesarias entre un 10 o un 15%, estamos hablando de un 70% de cesáreas innecesarias, que cuadran en violencia obstétrica”. Y concluye: “Lo que se hace es patologizar los embarazaros, y no existe la embarazada sana en Bahía Blanca”.
El Círculo de Mujeres, si bien no cuenta con un espacio físico, puede ser consultado vía Facebook. Nadia Fernández, comenta que en el último tiempo y sobre todo después de la teteada masiva que se hizo a nivel nacional, han recibido más consultas de mujeres que quieren informarse sobre ésta problemática, y de qué manera las afecta. Del mismo modo agrega: “Nosotras nos reunimos de forma no tan organizada. Lo que tratamos de hacer es transmitir información a éstas mujeres que nos solicitan las reuniones. Entonces lo que tratamos de hacer es empoderar a las mujeres para que tengan un embarazo como debe ser, y que no se patologice el 95% de los partos bahienses”.
Sin lugar a dudas, la violencia obstétrica es una de las tantas expresiones misóginas que tiene el patriarcado. Por ello, resulta necesario concientizar sobre ésta problemática, incentivar a la aplicación de un sistema médico con perspectiva de género, para que las mujeres que decidan ser madre, puedan hacerlo con información adecuada y tengan, de esta forma, un parto sano y respetado.
(Imagen perteneciente a la campaña gráfica realizada por la Asociación Civil Las Casildas)
(Por Astor Vitali) “Maters es el proceso de inspiración de un artista”, dijo a FM De la Calle Jonatan Oliva. “Aparecen sus musas, que serían estos seres etéreos y despiadados por momentos, que acosan y le dan vida y creatividad a este individuo”. La obra se presentará este viernes a las 21:30 en el teatro público de Bahía Blanca.
“Lo que tratamos de contar es cómo va evolucionando y cómo uno a veces tiene que seguir a estas musas y matar otras que te llevan a seguir lo más conocido y conservador de uno. Y otras vienen a revolucionar todo”.
“Esta relación entre las musas y el creador llevan a cada uno de los espectadores a sentirse muy cerca de lo que sucede en el escenario porque todos tenemos lapsos de creatividad –seas albañil, jardinero o artista-. No es necesario tener conocimiento del arte: es necesario ser humano”, destacó.
“Somos bailarinas y actrices. Rompemos con el mito de que la bailarina no tiene palabra, no tiene pensamiento propio. Es un hecho artístico completo”, agregó Vanina Pagnianelli, quien también es parte del grupo.
“Venimos de una escuela muy distinta. Gran parte de las bailarinas nos topamos con Sebastián (Ameri) que viene con una cabeza bastante más rara. Fue un proceso largo pero se disfrutó mucho. Experimentamos nuevos planos y formas”, señaló Constanza Chertudi, integrante de la compañía.
El espacio físico en el que trabajan -ubicado en Rondeau 119- “es consecuencia de la compañía. Hace cuatro años que Sebastián (Ameri) y las chicas vienen trabajando. Surge de la necesidad del espacio propio. Se llama El desarmadero porque constantemente tenemos que estar en cambio para poder resignificarnos. A partir de eso empezamos a tener diferentes talleres que hacen a la identidad del espacio y también a cada uno de nosotros.
MATERS BRUTAL – TEATRO MUNICIPAL from sebastian ameri on Vimeo
Luego del operativo de la justicia federal en el boliche El Reino, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal, Hugo Kern, se refirió en FM De la Calle al consumo de drogas sintéticas y otras sustancias.
La madrugada del domingo fueron detenidos Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar, organizadores de una fiesta electrónica y acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína.
A diferencia de las “drogas naturales” que “se producen en el eje sur del mundo y se venden en el norte” las “sintéticas” se producen en laboratorios con bajo costo y son de muy fácil transporte. “Están íntimamente relacionadas con la industria farmacéutica. No es nuevo, es una situación que tenemos desde el año cincuenta y pico, básicamente son muy similares a las sustancias que se usan en el dopaje en el deporte porque están relacionadas con mejorar el estado físico en términos generales para una actividad intensa”, explicó Kern.
El especialista destacó que en nuestra cultura es común la utilización de drogas con fines recreativos: “El uso de alcohol, por ejemplo, está relacionado con la fiesta, prácticamente no hay fiesta en la cual el alcohol no figure, son casos excepcionales si no tiene un lugar central. Es legal pero es una droga”.
Kern opinó que “lo mejor es no consumir ninguna droga” aunque “si eso ocurre las condiciones son varias, no mezclar sustancias, no mezclar drogas y alcohol, mantenerse hidratado, tener consideración de los tiempos que lleva el efecto de la sustancia, en caso de tener síntomas que indiquen problemas relacionados con el consumo o somáticos se debe acudir a la guardia del hospital y lo tienen que recibir porque es el mejor lugar en el que se puede contener a una persona frente a un problema de este tipo”.
“La intoxicación es un problema clínico, no de salud mental, tiene que ser atendido en los sistemas de urgencia. Después viene la parte donde se hace un tratamiento o algún sistema de cambios de comportamiento o de reflexión sobre lo que pasó, es otra cuestión, es lo que tratamos de hacer desde el programa municipal de adicciones”.
Respecto al uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, Kern comentó “a veces el capitalismo nos muestra su cara más violenta porque lo que pasó en Time Warp es que no hubo dispositivo de cuidado, no hubo acceso al agua y como si todo esto fuera poco se les vendió a los pibes una droga adulterada”.
“Es difícil trabajar con un escenario de prohibición porque no podés trabajar controlando una cosa que tiene que estar prohibida. (…) Hay que apuntar a la reducción del daño, no esperar que esto no pase sino entender que esto ocurre y que la situación no sea más grave o termine de la peor manera como en Time Warp con cinco chicos que fallecieron”, agregó.
Entre ellos está el departamento del 7° piso y la cochera del edificio 11 de Abril 250 y varios campos en la zona. Respecto a la vivienda, el fiscal de la causa sugirió que, “una vez efectivizado su decomiso y perfeccionado su dominio, se ceda su uso al Poder Judicial de la Nación y/o a la Procuración General de la Nación” para que “en la medida de las posibilidades, se promueva la instalación de dependencias judiciales especializadas en la sustanciación de procesos del tipo de delitos como el que aquí se ventila”. El tribunal dispuso que se “deberá proceder al decomiso y registración a la orden de la ‘Comisión Mixta de R
Campos y parcelas en la pampa bonaerense y la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca y todo tipo de bienes muebles valuados en alrededor de 25 millones de dólares, además de otros 13 millones en esa moneda del producido por la administración judicial, serán decomisados por orden del Tribunal Oral Criminal Federal N°6, que convalidó en un fallo el juicio abreviado en el que intervino el fiscal general Diego Velasco y por el que además se condenó a siete personas por asociación ilícita y lavado de dinero del Cártel de Juárez, México, entre 1997 y 1999.
En su sentencia, los magistrados Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino dieron curso al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público -que contó con la colaboración del fiscal ad-hoc Sergio Muraca y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes Carmen Chena- y los acusados Raúl Oscar Marinone (59), Roberto Antonio Trolio (72), Jorge Díaz (52), Rosendo Lorente (67), Mirta Llera (66), Alfredo Héctor Rodríguez (87) y Oscar Ernesto Moreno (76). Resultaron condenados además a penas de tres años de ejecución en suspenso, las costas del proceso, multas y la realización de tareas comunitarias.
Las maniobras para el lavado
“El dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadounidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores”, reseña la sentencia.
En la resolución, se señala que los fondos eran retirados por Nicolás Antonio Di Tullio (fallecido) de las oficinas de Mercado Abierto S.A. “ya sea en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, distribuyéndolos entre los demás integrantes de la asociación ilícita, para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente”. Di Tullio firmaba todos los recibos del M.A. Bank Ltd. como apoderado de la empresa Euro America Finance N.V. “La citada sociedad, constituida en Curazao, Antillas Holandesas, donde figuraba Di Tullio como director, era controlada por el Cartel de Juárez”, de acuerdo a la investigación.
Los modos de canalizar el dinero proveniente desde los Estados Unidos eran dos: por un lado, la adquisición de sociedades que tenían como finalidad la actividad agrícola -o vinculada con el rubro- y que gozaran de buen concepto comercial: fue el caso de El Estribo SA (adquirida el 2/8/1997); Estancias El Espejo SA (adquirida el 1/10/1997); Santa Venera SA (adquirida el 2/1/1998) y Petrolera Mar del Plata SA (adquirida el 20/1/1998). Por el otro, la constitución de sociedades con el mismo objeto, que fueron: Mirbet SA y Hotel Tourbillón SA (ambas creadas el 1/8/1997), y Estancia Rincón Grande SA y Agrosudeste SA (ambas creadas el 4/8/1997). Quedaban a nombre de los imputados, que en algunos casos figuraron en cargos directivos.
En ese sentido, el fiscal general Velasco explicó en el acta de acuerdo del juicio abreviado que se detectaron ocho transferencias por un total de casi cuatro millones de dólares; 18 por más de 7 millones y otras 44 por más de 20 millones, todas en 1997. Con ese dinero, “las empresas adquirieron casas y departamentos (que a su vez eran reformados o acondicionados con ese dinero), campos, maquinaria agrícola y vehículos, que eran registrados como parte de sus respectivos patrimonios”, detalló. Incluso, algunos bienes eran vendidos para adquirir otros “con el claro objetivo de dotarlos de aparente legalidad en cuanto al origen del dinero”.
La conveniencia del juicio abreviado
El fiscal general explicó en el acta de acuerdo las razones y conveniencia para acceder a la firma del juicio abreviado. El Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos: como los principales responsables de la asociación ilícita están fallecidos -es el caso de sus organizadores Angel Salvia y Nicolás Antonio Di Tullio-, en la etapa oral debían ser juzgados quienes “detentaran los roles de menor relevancia, pero esenciales en algunas de las etapas en que se desarrolló esta empresa delictiva”. “Este panorama así presentado llevaría a realizar un juicio oral y público que asoma claramente extenso, con una enorme cantidad de testigos y la incorporación por lectura de un sinnúmero de piezas procesales y documentación”, evaluó Velasco.
“En tal contexto, con sujetos del proceso -algunos de ellos, de avanzada edad que implicaría, en caso de imponérseles condenas de efectivo cumplimiento, su ejecución en modo domiciliario-, cuya responsabilidad criminal se reduce a la calidad de participantes de la asociación ilícita hace que le pretensión punitiva de la privación de la libertad como sanción pierda realidad y lleve a perder a su vez el norte pragmático, que exclusivamente y en razón de lo hasta aquí expresado, en este caso pasa a ser la determinación judicial del hecho investigado, sus responsables y el decomiso en favor del Estado, de los bienes objeto o instrumento del delito en cuestión”, detalló el representante del MPF.
Por último, el fiscal agregó que no se hizo “modificación alguna sobre la calificación legal de los hechos respecto de la escogida en los respectivos requerimientos de elevación” presentados por su colega Gerardo Di Masi, quien intervino en la instrucción de la causa. Esas circunstancias conformaron “un cuadro por el que se ha tornado aceptable y oportuna la incursión en esta resolución alternativa”, concluyó.
Fuente: fiscales.gob.ar
Desde este lunes funciona formalmente en el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero el sistema de Atención Médica Ambulatoria 12 horas “AMA-12”. Ante la necesidad de brindar una atención continua en áreas clínicas del sistema de Consultorios Externos del HMALL en el horario de 8 a 20 con la finalidad de reorganizar la atención del Servicio de Emergencias es que se ha creado esta nueva modalidad extendida de atención.
“Esto facilita enormemente la labor de quienes están en el sector de Emergencias cuando se trata de una emergencia verdaderamente importante que requiera atención inmediata. El resto de los pacientes con problemas que podrían ser jerárquicamente de un poco más fácil atención se derivan a un consultorio externo”, dijo a FM De la Calle el director del hospital Gustavo Carestía.
Detalló que la medida se lleva a cabo “sin cambiar las características del recurso humano, se ha agregado algunas cargas horarias mayores en dos o tres profesionales nada más y el resto es el mismo que venía desarrollando tareas en el servicio de Emergencias”.
AMA-12 fue testeado desde mediados de junio y su prueba de evaluación de pacientes (triade) demostró que, al menos ocho de cada diez pacientes pertenecen a consultas no urgentes que pueden ser evaluadas en el área de Consultorios Externos.
Por estas razones, es que se aprobó una ordenanza que autoriza al Hospital Municipal a disponer la atención continua en áreas clínicas del sistema de Consultorios Externos, disminuyendo la atención en la Guardia de Emergencias.
Foto: HMLL.
“La noche de los bastones largos y la resistencia estudiantil en la UNS” será la consigna de la charla que brindará el profesor Edgardo Fernández Stacco en el marco del 50° aniversario del ataque emblemático de la dictadura de Onganía a la comunidad universitaria. La cita es este miércoles a las 16 en el Aula 1 del Departamento de Economía con invitación del centro de estudiantes.
El magíster en Matemáticas y autor de “Abandono a la contemplación – Apuntes para una historia de la Universidad Nacional del Sur”, se encontraba en Varsovia el 29 de julio de 1966 cuando los uniformados ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y apalearon a docentes y estudiantes.
“Nada volvió a ser lo que era, la Facultad de Ciencias y la de Sociales quedaron diezmadas. En Exactas renunciaron 69 de los 73 profesores del Departamento de Física, no quedó nadie. La Clementina -la famosa primer computadora que había comprado Sadosky en el Centro de Cálculo, en el año 60 había empezado a funcionar, renunció todo el personal-, quedó abandonada totalmente”, dijo Stacco a FM De la Calle.
Relató que “en Bahía Blanca como en todas las universidades del interior hubo manifestaciones, sobre todo de sus estudiantes” dado que el sector docente estaba dando sus primeros pasos hacia la organización gremial. “Hubo algunas manifestaciones de agrupaciones, por ejemplo en Matemáticas, en Humanidades, que se pronunciaron en contra de la acción del gobierno -ya habían intervenido las universidades- lo que se hizo el día anterior de La Noche de los Bastones Largos fue sacar un decreto donde los rectores que habían sido elegidos democráticamente por las asambleas universitarias quedaban a disposición del Poder Ejecutivo”.
El profesor recordó que “los centros de estudiantes habían sido disueltos por decreto pero siguieron funcionando. En Bahía Blanca hubo manifestaciones de todos los que había en ese momento, hubo una reacción, el rector (Aziz Ur) Rahman fue uno de los tres que no renunciaron en todo el país. Ante un comunicado que hubo de los estudiantes del Centro de Económicas se consideró ofendido y suspendió a todos los estudiantes hasta febrero del 67”.
“Un año después tomó una decisión bastante controversial de separar a todos los estudiantes que no tuvieran dos materias rendidas en el último año y dejó sin ciudadanía universitaria a dos mil estudiantes de un golpe. En ese momento la universidad tenía siete mil estudiantes”, agregó.
“Me parece bien que los chicos se preocupen por estas cosas porque en junio, por ejemplo, se cumplieron 98 años de la Reforma Universitaria y yo no vi ninguna manifestación, salvo una que hicimos en un programa radial que tenemos. Dentro de dos años se van a cumplir los primeros cien años y eso fue un cambio fundamental para las universidades, parece que no está internalizado en el cuerpo universitario”.
Fernández Stacco explicó que la dictadura de Onganía propiciaba la “lucha contra el comunismo” que sostenía que las universidades eran el “principal reducto” de dicha militancia. “Muchos de los militares de esa época estudiaban en la Escuela de Panamá y fue la impronta que llegó con el tiempo a los golpes de Estado” en Latinoamérica.
En cuanto al costo que tuvo La Noche de los Bastones Largos para el país, Stacco aseguró que “es imposible de mensurar” aunque rememoró “los años de oro” -1956 a 1966- de las ciencias en la UBA: “Fue una revolución total en matemática, en física, en biología y eso se destruyó totalmente. De Chile, Venezuela, Estados Unidos contrataban no a un profesor destacado -que había muchísimos en esa época- sino de a veinte, a todo el grupo, una cosa totalmente inusitada”.
“En Bahía recién estábamos empezando, teníamos diez años de universidad, todavía no estaba consolidada. Hubo solamente dos renuncias de profesores de historia. Quizás que fue favorecido en el caso de matemáticas porque hubo un par de matrimonios de profesores muy buenos que no quisieron volver a Buenos Aires”, concluyó.
Foto: UNS.
“Encargados de distintas áreas del Fondo Nacional de las Artes darán explicaciones sobre la línea nueva de becas, subsidios, préstamos y concursos que se está implementando en esta administración”, según dijo a FM De la Calle el escritor y docente Edgardo Epherra, quien se desempeña como delegado local desde el año 2008. Será este viernes a las 18 en los museos de Arte Contemporáneo y de Bellas Artes (Sarmiento 450).
“Van a realizar mesas de asesoramiento técnico a los artistas de distintas disciplinas. Y le podrán preguntar a las autoridades nuevas cuáles son las cosas que van a cambiar y a continuar”.
“Como delegado que pasó por 5 administraciones del fondo yo tengo algunas expectativas y alguna experiencia en que hay criterios que cuesta más modificar. El del federalismo es uno que viene como queriendo reivindicarse en tanto política cultural que el Fondo debiera tener y está sosteniendo. Pero hay estructuras que por ahí cuesta desde la burocracia centralizada en Buenos Aires revertir”, explicó.
Diferentes artistas de Bahía Blanca recibieron apoyo para compra de instrumentos musicales, grabaciones de discos, puestas para obras de teatro y otros rubros. El registro es “impreciso” ya que la delegación local asesora pero los trámites concretos están centralizados en las oficinas porteñas de la entidad.
La convocatoria está destinada a artistas y gestores culturales que tengan interés acerca de cómo acceder y solicitar los beneficios del FNA en materia de becas, subsidios, concursos y préstamos.
El FNA es una de las pocas fuentes de financiación de proyectos culturales a nivel país desde el sector público. A diferencia de la accesibilidad expresada en la participación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en el Fondo Municipal de las Artes, el Fondo Nacional cuenta con pocos recursos para abarcar una geografía cultural diversa, vasta y heterogénea.
La visita de referentes nacionales constituye una buena oportunidad para informarse y bregar por la democratización y federalización de estos órganos públicos de fondos concursables, cuya distribución constituye un derecho.
La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica.
Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.
La Corte dijo que los Diputados presentantes, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo “12 de octubre”, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.
Fuente: CIJ.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la medida cautelar que suspendió las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la provincia de Buenos Aires.
Gils Carbó detalló que se debe prestar especial atención al carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, y a las presentaciones realizadas por otros actores -organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados- en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.
La medida la había solicitado un grupo de diputados provinciales por medio de una acción de amparo con la que buscaban declarar la nulidad de las resoluciones mencionadas. Luego, el Defensor del Pueblo provincial, el presidente, vicepresidente y apoderado del Partido Justicialista bonaerense y el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre se presentaron como terceros y adhirieron a la demanda.
En relación con este punto, a diferencia de lo formulado por la Cámara platense, Gils Carbó le dio parcialmente la razón al Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimación de los actores presentados. El tribunal federal había otorgado alcance colectivo a la medida sobre la legitimación del Defensor del Pueblo. Pero la titular del MPF, con apoyo en la doctrina formulada por la Corte Suprema, precisó que ese organismo provincial “carece de legitimación […] dado que se trata de una acción cuyo objeto es controvertir actos del Estado Nacional”.
No obstante, para la procuradora, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre acreditó su carácter de afectado, lo cual “le otorga, prima facie, legitimación para peticionar una protección provisoria” hasta tanto se realicen las medidas ordenatorias del proceso y se decida cuál de los sujetos asumirá en definitiva la calidad de titular de la acción.
Al respecto, el dictamen aclaró que “en esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes del sub lite podría ser alterado —ver presentación de la asociación Unión de Usuarios y Consumidores de fojas 567/600—, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal a quo a la medida cautelar, dado que lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”.
En el mismo sentido, la procuradora precisó que “del Registro Público de Procesos Colectivos surge que, con relación al aumento tarifario aquí controvertido, se han iniciado otras acciones por parte de actores de diversa índole: organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”.
Las resoluciones cuestionadas
El 25 y 27 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las resoluciones 6/2016 y 7/2016, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder a ese servicio básico. Esos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de febrero de este año. A su vez, la resolución 1/2016 dictada por el ENRE determinó los valores de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA.
Estas medidas, indicó Gils Carbó, “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica […]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.
Luego, destacó que la parte actora había sostenido que “los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) […]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)”.
El dictamen explicó que “a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores”.
De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque “se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública”.
Derechos constitucionales en juego
Por otra parte, la procuradora señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad —cuya defensa incumbe a este Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional (art. 120, Constitución Nacional)— vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.
Recordó que la Corte Suprema expuso recientemente en el fallo “CEPIS” que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.
Luego, puntualizó que en el ámbito del servicio básico de la electricidad, “el derecho constitucional a la información, consulta y participación es implementado por la Ley 24.065 de Energía Eléctrica mediante el mecanismo de audiencias públicas”, que determina que “la audiencia pública es, en definitiva, uno de los mecanismos establecidos a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42, Constitución Nacional). La tutela de esos intereses económicos se encuentra receptada, a su vez, en el deber de fijar tarifas justas y razonables (arts. 2 inc. d, y 40, inc. d, ley 24.065), esto es, que observen los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, tal como también señaló la Corte en “CEPIS”.
Por esto, remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.
En las circunstancias descriptas, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.
Tras un allanamiento realizado la madrugada del domingo en el boliche El Reino fueron detenidos cinco jóvenes organizadores de una fiesta electrónica acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar serán indagados esta semana.
Según informó el fiscal Antonio Castaño a FM De la Calle, los operativos fueron solicitados en varias oportunidades a la jueza de Viedma Mirta Filipuzzi quien subroga el Juzgado N°1 de nuestra ciudad. “Desde un principio he pedido los allanamientos y detención de estas personas y el posterior llamado a declaración indagatoria de los responsables del local. A mi entender no pueden estar ajenos a esa situación. Estaría encuadrado en el artículo 10 de la ley 23.737 que es facilitación del lugar para comercializar estupefacientes”.
La gerencia de la disco de Fuerte Argentino al 700 comunicó que el “sector King Club” fue alquilado “a cuatro jóvenes que organizan eventos de música electrónica en diferentes discotecas y bares hace más de dos años” yaseguró que El Reino “está TOTALMENTE AJENO a la organización de este tipo de eventos”. Asimismo, suspendieron “todo tipo de eventos relacionados con la música electrónica”.
“Esta investigación comienza unos cuantos meses atrás, a principios de año, porque una persona estaría dedicándose a la venta de drogas sintéticas y a partir de ahí ponemos en cabeza de la Prefectura Naval Argentina la investigación. Después de un trabajo arduo llegamos a concretar tres cuerpos de expedientes con todos los elementos de prueba que nos permitió pedir al Juzgado el allanamiento del local bailable El Reino y distintos domicilios en el ámbito de esta ciudad”, dijo el fiscal Castaño.
Los cinco detenidos organizaban y difundían la fiesta por Facebook y luego vendían las drogas. “Estas pastillas -de éxtasis- son conocidas, venían de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, y con relación a la ketamina sí es de producción local. De acuerdo a lo que hemos secuestrado y con las pericias que se van a ordenar esta semana se va a determinar si era fraccionada” en Bahía Blanca.
(Por Francisco J. Cantamutto) Del 25 al 27 de agosto se dieron cita en la ciudad de Córdoba más de mil personas para abonar al debate económico desde una perspectiva crítica. Demostrando el interés por construir una mirada plural y afincada en el horizonte de cambio social, se sucedieron tres días de intensa actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las Jornadas de Economía Crítica alcanzaron así su novena edición, rotando anualmente de sede, en una auténtica vocación territorial. Se trató al mismo tiempo del XI Encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), que reúne economistas de toda la región y España. Se encontraron así contingentes y participantes llegados desde Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén, Mar del Plata, Tucumán, Tandil, entre otras ciudades argentinas, y de Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Israel y España. Se constituye así un foro amplio de debate para las perspectivas económicas que escapan al opresivo canon neoclásico.
La Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC), responsable por las Jornadas, renovó así su compromiso con la disputa en el campo de las ideas.
La economía, como ciencia que produce y reproduce valores, ideas y proyectos, ha sido colonizada desde hace décadas por un dogma teórico asociado al ascenso del neoliberalismo. En el caso argentino, este giro se impuso durante la última dictadura cívico militar mediante cierre de carreras y cátedras, mediante la expulsión, detención y desaparición de docentes y estudiantes, mediante la quema de libros y apuntes, mediante la censura a los espacios de difusión de ideas: contra lo que se suele enseñar en las aulas, no se trató de una “victoria” intelectual, sino de una imposición por la fuerza. Desde entonces, este dogma ideológico impregna las currículas de la mayoría de las universidades, centros de formación e incluso escuelas, liderando la producción de manuales como vehículo de reiteración de ideas aparentemente no conflictivas, mostrándose como el cenit del conocimiento económico. Esto no impide que aparezcan algunas disidencias o variaciones internas, en el marco de acuerdos comunes, que ofrecen la ilusión de pluralidad.
Se trata, en realidad, de la reproducción de un canon, que al ofrecerse como única alternativa -o como la alternativa “victoriosa”- permite impregnar al conjunto de la sociedad de sus ideas, valores y proyectos políticos. Abundan profesionales que sin alternativas teóricas y metodológicas a la vista, acaban por aceptar este dogma neoliberal como el único marco de trabajo disponible, no solo en las aulas, sino en la prensa, en las consultoras, en la función pública, dejando como único límite la moral o las buenas intenciones. Este fenómeno es aún más generalizado entre el público en general, cuando su acceso principal a las ideas sobre la economía está mediado por lo anterior: la escuela, la prensa, los funcionarios públicos.
No es, por lo tanto, un problema solo de la academia o la ciencia, sino una auténtica batalla de ideas, de las formas que tenemos para pensar un mundo diferente. La SEC aporta apenas su grano de arena en esta disputa, convocando a diversas heterodoxias a reunirse y debatir, desde un marco de compañerismo y horizontalidad.
La apertura del evento estuvo signada por el compromiso del local CoPenCE para no dejar pasar la oportunidad de referir a la sentencia a cadena perpetua a 28 represores en la mega causa del centro clandestino de detención La Perla y Campo La Ribera. Las mesas centrales ofrecieron miradas diferentes sobre el proyecto económico de Cambiemos en Argentina, las perspectivas de la ofensiva capitalista en América Latina, y las formas de comprender el derecho a la ciudad, marcando desafíos para las clases populares en diversas escalas de territorialidad. Particular mención requiere la participación de integrantes de la Toma de Barrio Parque Las Rosas, que expusieron con apabullante lucidez su lucha concreta en el aula magna de la universidad. Las visitas a las cooperativas La Barranquita y Luna Nueva, y a la Feria Agroecológica Córdoba fueron otros espacios donde el protagonismo pasó a manos de organizaciones populares. La mesa plenaria de la SEPLA contó con participaciones del FIT, Patria Grande y la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, además de las exposiciones sobre las situaciones de Brasil, Colombia, España, México y Paraguay. Este plexo reflexivo se expandió en 36 ejes y simposios con cerca de 160 ponencias, y 9 talleres, que incluyeron, entre otros, el muy convocante espacio de economía feminista, y uno de contabilidad y administración crítica. Se presentó también el cuarto número de la revista de la SEC, Cuadernos de Economía Crítica.
Las Jornadas de Economía Crítica se consolidan así como un espacio de gran creatividad y compañerismo para pensar alternativas económicas, en un marco plural y crítico.
La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el domingo entre las 18 y las 22 fueron recibidas por la Guardia Ambiental perteneciente al Departamento Saneamiento Ambiental del municipio 27 denuncias derivadas desde el Centro de Comunicaciones y Emergencias 911 por olores en el ambiente.
“Los inspectores de esta guardia, siguiendo los procedimientos de rutina correspondientes, realizaron las gestiones y actuaciones pertinentes (tales como averiguación de los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional perteneciente a la Aeroestación Civil Comandante Espora), y realizaron un recorrido por distintas zonas (vientos arriba y vientos abajo), percibiendo la molestia y constatando que el foco de la misma era en la avícola ‘Granja San Miguel’, ya que ésta cuanta con una planta de secado de guano”, dijeron desde la comuna.
Como resultado de las actuaciones realizadas, se labró Acta de Comprobación N° 8249 y Acta de Inspección N° 33882, en virtud de la infracción al Código de Planeamiento Urbano del Partido de Bahía Blanca. (Art. 7.2 “Emisión de Olores”).
