Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Como lanzamiento de la Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle se llevó a cabo el sábado un taller intensivo sobre herramientas básicas para producir relatos audiovisuales. El encuentro fue coordinado por Federico Randazzo, director, productor y guionista.
Estudiantes de periodismo, profesionales de los medios y ciudadanxs con ganas de producir escucharon a Federico proponer como idea central: construir la voz propia dentro del marco de hiperinformación en el cual vivimos, donde para hacerlo, es necesario contemplar una de las herramientas más cercanas que tenemos al alcance del bolsillo, nuestro teléfono celular. No es casualidad, ya que la Argentina figura en el puesto 20 en cantidad de equipos, con 50 millones de smartphones, más que la cantidad de habitantes.
“La industria audiovisual explotó en los últimos tiempos, nadie tiene bien en claro qué va a suceder con todo esto, pero en el medio nos cruzamos con situaciones que no la podes creer: en la ultimas olimpiadas vi salir a un tipo en un móvil de un canal internacional con un teléfono celular, esto nos dice que parte de la misma tecnología que está usando hoy la CNN, Telesur o cualquier canal masivo, la tenemos nosotrxs también. Y eso es magnifico, pero significa que tenemos que salir a dar batalla”.
Federico Randazzo además planteó como segunda idea que en esta etapa debemos transformarnos en “prosumidorxs”, es decir, ser propios productores/as de lo que consumimos en esta industria.
A lo largo del taller se sintetizaron algunas recomendaciones a la hora de pensar una producción: tener ideas claras, saber a quién están dirigidas, encontrar una referencia dentro del propio campo que nos ayude a visualizar la forma y, por último, cómo organizar todo en cronogramas de trabajo, guiones y equipo de producción. “Hay que producir con la medida de nuestras posibilidades, para que esa voz propia irrumpa en escena (…) porque hacer algo televisivo, es hacer algo disruptivo que rompa con lo que estamos acostumbradxs”.
Ser un medio alternativo, comunitario y popular es también seguir generando instancias de formación y debate, es profesionalizar lo que hacemos. Por eso próximamente se realizarán más encuentros sobre comunicación y el campo digital con acceso real a la información, comunicación y educación con perspectiva de género y comunicación y práctica integral en radio.
La secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró acta de infracción a la empresa PBB Polisur S.RL. por la emisión de humos negros. A las 13:06 horas se constató desde las cámaras del CTE la emisión de humo negro desde la antorcha elevada de la planta de EPE de PBB-Polisur.
A fin de calificar su opacidad, inspectores se dirigieron hacia el lugar para observar la emisión, calificándola con una opacidad de 100 % equivalente a grado 5 de la escala de Ringelmann. El evento tuvo una duración total de 5 minutos, tiempo que excede lo establecido en la legislación vigente.
Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965, y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.
Según las autoridades, el acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS). Por el mismo se recibió una denuncia vecinal a través de la central de emergencias (911).
La empresa informó que el evento se produjo debido a la parada de la planta por problemas de especificación en la corriente de ingreso, debiendo derivar la misma a la antorcha.
(Por El grito cultural*) Red de Voluntarios por una infancia mejor es una asociación civil que surge después de la crisis del 2001. La idea fue impulsada por un par de jóvenes que a través de sus escuelas y grupos barriales decidieron ayudar a chicos y chicas de sectores periféricos.
Más de 250 personas trabajan por semana en barrios como Loma Paraguaya, Thompson y Villa Rosas, con el objetivo de generar espacios de contención, de asistencia y sobre todo de mucho amor para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer y explotar sus potencialidades.
Los y las protagonistas tienen acceso a programas de desarrollo infantil, apoyo escolar, recreación, deportes y artes, además de poder festejar sus cumpleaños y compartir una merienda entre amigxs.
El director de la ONG en Bahía Blanca, Matías Corvatta, comentó que colaboran con aproximadamente 1.500 chicos y chicas y que se asocian con instituciones, como comedores, merenderos y hospitales públicos para trabajar juntos en pos de propuestas socioeducativas y culturales.
Al consultarle sobre el mantenimiento de los programas, respondió: “El principal recurso son los voluntarios. Hacemos campañas para captar socios que aportan una cuota bimensual o bimestral de $40 mínimo”.
“Somos una organización que hace de medio entre las ganas de ayudar y donde se necesita” finalizó Matías.
Aquellos y aquellas que quieran aportar su granito de arena para que niños, niñas y adolescentes reciban la asistencia y el cariño que merecen, pueden hacerlo informándose en la fan page de Facebook.
*El grito cultural se emite los jueves de 20 a 21 por FM De la Calle 87.9Mhz.
(Por Francisco Cantamutto y Martín Schorr)* La política económica del gobierno de Macri al cabo del primer semestre de gestión estuvo signada por dos orientaciones preponderantes.
Por un lado, un drástico ajuste de la economía, que se expresa en un profundo deterioro del salario real (del orden del 15%) y una feroz ola de despidos y suspensiones. En ese marco, se produce una fenomenal transferencia de ingresos a distintas fracciones del poder económico, como los grandes exportadores, los principales formadores de precios, el sector financiero, las prestatarias de servicios públicos y el oligopolio petrolero. Una estimación de mínima de los recursos internalizados por estas fracciones dominantes la ubica en el orden de los 25 mil millones de dólares. A esto habría que adicionar los cerca de 11 mil millones de dólares que, con la anuencia de la mayoría en el Congreso, el gobierno destinó al pago a los “fondos buitres” que habían litigado en las cortes de Nueva York.
Por otro lado, un ciclo de endeudamiento externo del sector público sumamente acelerado sobre el que valen las siguientes reflexiones: (a) resulta plenamente funcional al poder económico en tanto, entre otras cosas, posibilita la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras radicadas en el país, la fuga de capitales locales al exterior y el pago de intereses (ver el Cuadro 1); (b) genera recursos para afrontar importaciones que, en numerosos rubros industriales, están desplazando producción nacional; (c) viabiliza el despliegue de estrategias de acumulación en torno de la especulación financiera; (d) sirve para financiar gastos corrientes del Estado en un cuadro de déficit de las cuentas públicas asociado, en buena medida, al “sacrificio fiscal” implícito en muchas de las transferencias de ingresos motorizadas hacia las fracciones dominantes, así como a los impactos que el ajuste regresivo acarrea sobre las cuentas públicas; y (e) supone el “regreso triunfal” de los acreedores externos y el capital financiero internacional al núcleo del bloque de poder en la Argentina. Debe tenerse presente que el bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera con agentes privados como punto de partida es clave para que este esquema no estalle inmediatamente. Este saldo, junto a la convalidación de los instrumentos, la jurisprudencia y los tribunales externos, constituye un legado central del kirchnerismo, que ya en 2014 había iniciado una hoja de ruta en una dirección similar.
Cuadro 1. Argentina. Estimación del balance cambiario, I Sem. 2015-I Sem. 2016 (en millones de dólares)
| I Sem. 2015 | I Sem. 2016 | |
| Cuenta Corriente | -2.146 | -8.578 |
| Saldo comercial | 1.422 | 1.025 |
| – Mercancías | 5.098 | 5.774 |
| – Servicios | -3.676 | -4.749 |
| Saldo rentas | -3.628 | -9.795 |
| – Intereses | -3.521 | -8.345 |
| – Utilidades, dividendos y otras rentas | -107 | -1.451 |
| Otras transferencias corrientes | 59 | 192 |
| Cuenta Capital y Financiera | 4.821 | 13.126 |
| Inversión directa de no residentes | 712 | 1.290 |
| Inversión de portafolio de no residentes | -33 | 869 |
| Préstamos financieros | 1.622 | 5.364 |
| Préstamos de organimos internacionales | 2.977 | 2.735 |
| Formación de activos externos del SPNF | -3.046 | -5.996 |
| Formación de activos externos del SPF | -282 | 558 |
| Compra venta de títulos-valores | 47 | -506 |
| Otras operaciones del sector público | 1.375 | 13.693 |
| Otros movimientos | 1.449 | -4.881 |
| Variación de reservas internacionales | 2.674 | 4.548 |
SPNF: Sector privado no financiero; SPF: Sector privado financiero.
Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA.
Es en ese marco que hay que encuadrar las perspectivas para el segundo semestre. Al respecto, caben dos comentarios.
En primer lugar, en la medida en que el gobierno no logre o le resulte difícil, como hasta ahora, contener el proceso inflacionario y encauzar la economía en un sendero de crecimiento más o menos sostenido, es de esperar que se empiecen a manifestar disputas cada vez más abiertas al interior de los sectores dominantes en cuanto al rumbo a privilegiar (conflictos que de manera incipiente ya se han presentado). Sobre todo, aunque no sólo, en lo que se refiere al nivel (real) del tipo de cambio y la tasa de interés, así como también al uso a darle a las divisas procedentes del endeudamiento externo y a los cursos a privilegiar en los acuerdos que definen la inserción del país en bloques comerciales (Alianza del Pacífico, Mercosur/Unión Europea, etc.).
En segundo lugar, hay dos factores que atentan de modo considerable contra la capacidad de que crezca la actividad económica. Por una parte, el referido deterioro salarial “plancha” la demanda interna y, por esa vía, sella la suerte de las distintas fracciones del capital cuya acumulación se estructura fundamentalmente alrededor del mercado interno (como la mayoría de las mipymes, aunque también es el caso de muchas grandes firmas). Por otra parte, en el frente externo se verifica un escenario complejo, tanto en lo que se vincula con el tema precios (deterioro en los términos de intercambio), como en materia de cantidades (por caso, a raíz de la crisis brasilera o la desaceleración en el crecimiento de otros importantes socios comercial del país, como China). De modo que la capacidad de crecer vía exportaciones encuentra límites muy precisos. De allí que no resulte casual que al cabo del primer semestre de este año las exportaciones continuaron en declive, lo cual es un claro indicador de que el combo “devaluación-quita (o reducción) de retenciones” que implementó el gobierno de Macri a poco de asumir tuvo por finalidad principal (y como logro exclusivo) motorizar una fabulosa transferencia de ingresos hacia la cúpula exportadora (téngase presente que apenas 50 grandes empresas explican alrededor del 60% de las exportaciones totales del país).
Frente a estos factores internos y externos, todo parece indicar que una de las principales apuestas del gobierno de Macri pasa por utilizar el endeudamiento externo para apalancar obra pública. De todos modos, en lo inmediato es de esperar la profundización o la no reversión del escenario recesivo. Incluso de lograr reactivar la inversión pública, en la medida en que ésta se sostenga en las actuales elevadas tasas de interés, bloqueará la posibilidad de que otros sectores acompañen la expansión. Ante este incremento del costo financiero, las demandas por reducir el costo salarial ya se han hecho explícitas en discursos del presidente, en editoriales de la prensa masiva y en diferentes espacios vinculados al establishment.
De allí que, como suele ocurrir en este tipo de coyunturas, se avizora un escenario de profundización de la concentración económica y la centralización del capital, el afianzamiento de la reprimarización del tejido productivo y el desmantelamiento de una multiplicidad de ramas industriales y, como resultado de ello, un deterioro manifiesto del mercado de trabajo, con todo lo que ello acarrea sobre la dinámica salarial y distributiva.
En consecuencia, a corto plazo se trataría de un horizonte de más recesión económica, disputas al interior de los sectores dominantes y una creciente conflictividad social.
“Publicado originalmente en el Anuario del EDI, disponible en http://rosaluxspba.org/es/taller-a-donde-va-la-economia-del-gobierno-macri/“
* Investigadores CONICET/IDAES (UNSAM).
La cooperativa del Frigorífico INCOB realizó una conferencia para presentar un proyecto de ley de condonación de deudas originadas durante la gestión del presidente destituido Enrique Garaggiola que hoy ponen en jaque 76 fuentes laborales. Participaron integrantes de organizaciones gremiales, políticas, del Concejo Deliberante y el autor de la iniciativa Guillermo Kane Cáceres.
“Hay que dar una señal política de apoyo a los trabajadores de INCOB condonando estas deudas con ARBA, con AFIP, que la provincia adelante esa plata y sigan las causas judiciales contra Garaggiola como vaciador, contra los funcionarios cómplices y que respondan con su patrimonio”, dijo a FM De la Calle el diputado del FIT-PO.
“La situación es bastante mala, no estamos teniendo la producción que teníamos hace unos meses atrás, poca faena, esta semana hubo un día en que no producimos, eso lleva a que los compañeros vengamos, hagamos reparaciones en la fábrica, tratamos de que la empresa no decaiga y resistiendo lo más que se puede”, dijo Orlando Acosta. María del Carmen Dauphin agregó que en los próximos días viajarán a La Plata a explicar la situación de la empresa en la Legislatura para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto.
“Nos interesa defender los puestos de trabajo”, aseguró Kane Cáceres y denunció que el de INCOB no es un caso aislado de vaciamiento. “Fue una gestión fraudulenta donde uno de los representantes votados por los trabajadores, Garaggiola, en connivencia con funcionarios del Estado que siguen las cuentas y los manejos de la cooperativa tuvo maniobras donde desvió fondos”.
“Esto ha llegado el año pasado a una situación crítica, los propios trabajadores en asamblea han depuesto a las autoridades que estaban realizando estas maniobras y se han ido encontrando con montañas de deudas, por ejemplo 9 millones de pesos con AFIP, deudas con ARBA, con servicios. Están tratando de regularizarlas pero significan una hipoteca a la posibilidad de que la empresa continúe trabajando”, comentó.
El diputado destacó que el problema no es que el frigorífico sea inviable sino la estafa a sus integrantes. “Uno puede pensar que INCOB es una realidad relativamente acotada pero el golpe del tarifazo, de la inflación, de la recesión industrial sobre cualquier cantidad de empresas está replanteando el problema de cómo actuar frente al vaciamiento de las patronales”.
La concejala de Integración Ciudadana Mercedes Insausti afirmó que, tras reunirse con representantes de INCOB, “de todos los bloques salió la iniciativa de hacer un proyecto de resolución apoyando esta ley que en el curso de la semana será elaborado, tratado y votado, estimamos el próximo jueves”.
“En realidad es el apoyo de los ciudadanos al proyecto. Bahía Blanca tiene varios legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, también es para que la Municipalidad se encargue de gestionar que esta ley salga y desde el punto de vista de las competencias que tenemos en el Concejo Deliberante entendemos que probablemente existan deudas municipales, que podemos darles una mano, una condonación, un plan de pago, una quita, para proteger los puestos de trabajo”, dijo el edil del FpV Ezequiel Gimeno.
Kane Cáceres recordó que “la gobernadora arrancó su gestión vetando todas las expropiaciones que habían sido votadas por la Legislatura y que tenía sobre la mesa (…) como una señal contra estos procesos de recuperación y de defensa de tratar de rearmar algún negocio privado”.
“El modelo que levanta el macrismo es el de Cresta Roja. Lo que les interesa es si se puede achicar el personal y el salario al punto de que con un nuevo comprador se rearme un negocio a costa de las condiciones laborales. En Cresta Roja los trabajadores tuvieron una reducción de un tercio del salario, varios centenares de ellos no han vuelto a la producción, han perdido la relación laboral de estabilidad, no se los reconoce como trabajadores del plantel y están a la expectativa de si lo contratan o no”, concluyó.
La Comisión por la Memoria (CPM) celebra el histórico fallo del Tribunal Federal N 1 de Córdoba en la Megacausa La Perla y alerta sobre la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Las más de 20 mil personas reunidas afuera de los tribunales muestran que la bandera de verdad, justicia y memoria representa a todo el pueblo argentino. Sin embargo, las denuncias por demoras en los juicios y desidia en el desempeño de los jueces crecen en diferentes puntos del país. Sumado a esto, el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en La Plata completa un cuadro de preocupación.
La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa. El fallo reciente en la denominada Megacausa La Perla es histórico. Fueron 28 condenas a cadena perpetua que incluyen, entre otras, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez (quien por primera vez fue condenado por robo de bebés) y a Ernesto Barreiro, que recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad.
Afuera de los tribunales hubo alrededor de 20 mil personas acompañando la lectura de la sentencia. Un escenario que prueba ese sentir mayoritario de rechazo a la última dictadura y los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y que constituye un piso incuestionable de nuestra democracia. Muestras de lo mismo han sido también los repudios generalizados a los múltiples intentos por cuestionar la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos o las movilizaciones por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Echecolatz en La Plata.
En este misma línea, la CPM celebra también el inicio del juicio conocido como Megacausa III en Santiago del Estero, que vuelve a poner en debate las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad del ex jefe de la policía provincial, Antonio Musa Azar, entre otros, y que juzgará por primera vez el desempeño de dos magistrados durante la última dictadura militar. Desde la CPM, se han aportado a la causa documentos probatorios claves pertenecientes al archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Para no frenar este proceso no solamente es necesario que el Estado promueva políticas activas que permitan crear las condiciones para el avance de los juicios aún pendientes de ejecución, sino que la justicia también asuma este compromiso y vele por el efectivo cumplimiento de las condenas enviando a los responsables del genocidio a cumplir sus condenas en cárceles comunes.
Las decisiones conocidas en los últimos días que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz constituyen una afrenta al reclamo de verdad, justicia y memoria, pero además hieren en un profundo sentido las expectativas del conjunto de la sociedad argentina por sacar definitivamente del plano de la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En este mismo sentido, resulta imperioso que el Estado Nacional y la justicia atiendan los reclamos que en todas partes del país denuncian demoras y complicaciones en múltiples juicios. En la provincia de Buenos Aires algunos casos puntuales dan cuenta de esta situación. En La Plata se aplazó ya dos veces el inicio del juicio por los crímenes cometidos por la Concertación Nacional Universitaria (CNU) y en San Nicolás el juicio por el asesinato del obispo Ponce de León, que iba a empezar en abril, se pospuso tres veces. En los tribunales de San Martín suman 16 los juicios orales en lista de espera y todavía no hay fecha para el inicio de las audiencias en La Plata por la causa Pozo de Quilmes, elevada a juicio en junio de 2015.
En este contexto, la sentencia de ayer por la Megacausa La Perla es un impulso, un hito que señala el camino que todos esperamos: verdad, justicia y memoria. El Estado y la justicia no pueden eludir la responsabilidad histórica que les toca en este sentido.
Desalentar, desde cualquier perspectiva, este proceso, sería desconocer las expectativas de la sociedad que comprendió que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron en contra de todo el pueblo argentino y que, por lo tanto, su reparación efectiva y absoluta mediante la administración de justicia es condición fundamental para la construcción de una patria realmente democrática e igualitaria.
(Por Alfredo Grande) No tengo el disgusto de conocer a Héctor Aguer. Y habiendo tantos motivos para pasarla mal, no creo que lo incorpore en la lista. Héctor, el mítico héroe que defendió el honor de Troya, siendo vencido por el legendario Aquiles, no le cabe como nombre al inquisidor sexual. Pero me alegra que lo haya dicho. Porque Héctor se ubica en ese lugar donde nadie quiere estar. En lo fundante de la cultura represora.
Héctor ha producido, bien que le pese, el más formidable analizador para entender, incluso a honestos creyentes, que es el fundamento de la cultura represora: el exterminio del placer. Corporal sin duda, pero no solamente. Los anatemas sobre libros, la censura y represión de ideas, haber liderado todas las noches oscuras de la historia, indican que el placer mental, intelectual, espiritual, también debe ser castigado.
“En la cultura represora,
las sorpresas que te da la vida
son siempre indignantes”
(Aforismo implicado A. G.)
Héctor sabe, y quizá lo haya sufrido, pero con seguridad lo hace sufrir, que el placer puede generar dependencia, pero nunca sometimiento. Que el placer cuando genera dependencia, abre el camino a la autonomía y a la libertad.
El sometimiento por el contrario, avala el destino de todas las formas de la esclavitud. Héctor nos ahorra el tiempo perdido en el remanido “¿Qué habrá querido decir?”. Muy alejado de los laberintos semióticos de Carta Abierta, lo de Héctor es una carta, patética, pero carta al fin, que de tan abierta se le puede entrar por cualquier lado.
Héctor ha unido -no es el único, pero quizá como uno de los últimos jerarcas desnudos- la fornicación con la mortificación. Porque no puede ir lo uno sin lo otro. En una canallada cuasi sacramental, cuestiona la entrega de preservativos. Calcula el uso dado, y quizá, y hasta allá llega su sinceridad, imagine aquellos puertos en los cuales los preservativos amarran las cajas y los plásticos.
Si lo aterra que se coja (sic) 1 atléticamente, quizá prefiera que se coja (sic) 2 en forma profesional. Podría haber echado algún rayo y centella contra el delito de lesa sexualidad que es el abuso sexual de niñas y niños, la prostitución a escala industrial que algunos llaman “la trata”, y ya que no estamos, la pedofilia. Puedo acercarle info chequeada sobre el caso Pacheco Melo. Se lo pido a ENRED Mar del Plata, y en minutos le llega.
La fornicación la confunde con una fábrica de humanoides, despojados de deseo y de vergüenza. Vergüenza por desear. Incluso a la propia mujer, además de la del prójimo. Algo así como un fordismo sexual. Pero en su brutal necedad, les da a los hijos la misión imposible de reprimir la sexualidad de la madre y el padre. O sea: aunque pagues el peaje, la barrera del placer sigue baja.
La molestia del “petting” (sic) 3 es por hacerlo en lugares públicos. Héctor seguramente prefiere la cruel práctica de la pedofilia, siempre realizada en lugares privados. Bueno, clandestinos. Que no es lo mismo y que no es igual. La pacatería y cinismo de Héctor lo lleva a una cruzada anti concepción. La sabia naturaleza nada sabe de las burradas de Héctor. Y por suerte para todos, porque en otro diluvio universal ya no salvaría ni siquiera a dos por cada especie.
Además, por cosas menos graves que las que dijo Héctor, algunos filósofos fueron quemados vivos.
Horrorizado por la adopción de niños por parejas no heterosexuales, confunde amor con género. Quizá nada sepa de ambas cosas. El embarazo no deseado, o sea, el embarazo por mandato, el embarazo como castigo, el embarazo como freno al desenfreno y a la lujuria, el embarazo como marca del hierro candente de la monogamia, necesita método anticonceptivos totalmente inútiles.
Héctor, por favor. La naturaleza nada tiene que ver con los ciclos de fertilidad de una mujer. La mujer no es un mamífero. No es la hembra de una especie de primate superior. La mujer, como el varón, son cultura. A veces liberadora, a veces, y gracias a personas como vos, represora. Pero nada tiene que ver la naturaleza en esto. Ni en esto ni en el estro. El deseo sexual es independiente de la potencia reproductiva.
No creo que tu ignorancia sea tal. Me inclino a pensar en un mecanismo de pensamiento perverso, capturado por lo peor de dios y lo mejor del diablo, que busca todo tipo de cruel alquimia que despoje al humano de su capacidad de placer. No solamente fusionándola con la culpa, terrible constructo represor en el cual participaron todos los príncipes y patriarcas de todas las iglesias, sino exterminando de raíz el irresoluble problema que los gerentes del placer y la sexualidad no hay podido resolver
“A Dios rogando
y con el diablo fornicando”
(Aforismo implicado A. G.)
Y en la repugnancia de tus palabras, asocio con el anatema que colgué hace años sobre la testa de Won Wernich, capellán torturador: cerdo de dios. Te cabe como preservativo hecho a medida.
Preocúpate más por hambre de tus ovejas, ya que no hay buen pastor que se ocupe de encontrarlas y cuidarlas.
Gracias a compañeros como Ruben Dri, Gerardo Duré, Rafael Villegas, Carlitos Cajade, Eduardo Pimentel, y tantos otros y otras, entendí que otra religión no sólo es posible, sino que también es necesaria.
En el fundante de todas las libertades está la libertad sexual. Libertad para el placer. Libertad para todos los placeres. No hay peajes, ni corrales, ni murallas que frenen el deseo. La vida, esa que merece ser vivida, no la tuya Héctor, siempre se abrirá paso. Por eso te cuento lo que dije en una de las reuniones del Seminario de Formación Teológica: “la fe es otro de los nombres del deseo”.
Por favor, Héctor. Por tu incurable sexofobia, no invoques este aforismo implicado: será en vano.
Pero te dedico versos de Silvio Rodríguez, asumiendo que nada de él conocés y menos practicás.
ojalá se te acabe la mirada constante
la palabra precisa, la sonrisa perfecta
ojalá pase algo que te borre de pronto
una luz cegadora, un disparo de nieve
ojalá por lo menos que me lleve la muerte
para no verte tanto, para no verte siempre
en todos los segundos, en todas las visiones
ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
(1) Textual obispo Héctor Aguer
(2) Textual obispo Héctor Aguer
(3) Textual obispo Héctor Aguer
Con 38 condenas, 28 de las cuales fueron a prisión perpetua, y cinco absoluciones concluyó hoy en Córdoba uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina, que abordó las responsabilidades en los crímenes perpetrados contra 711 víctimas por 43 -la cifra fue mayor, pero son los que llegaron al final del juicio- ex militares, policías y civiles de inteligencia en delitos del terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976, con epicentro en los centros clandestinos de detención “La Perla” y “Campo La Ribera”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba, en la voz de su presidente, Jaime Díaz Gravier, dio a conocer cerca del mediodía el veredicto de un extenso debate que llevó tres años y nueve meses de trabajo y que culminó al cabo de 353 audiencias.
Secundado por sus colegas Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, Díaz Gravier leyó los 97 puntos del resolutorio, que, además de las condenas a perpetua y las absoluciones, incluyó penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión para diez de los acusados. La lectura fue seguida por atención tanto dentro como fuera de la sala de audiencias, en el marco de una expectativa nacional: una multitud se congregó en las puertas de los tribunales federales de Córdoba para escuchar los pormenores de la sentencia, que fue seguida a través de Internet -entre otros lugares- en el auditorio del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la Ex ESMA, en Buenos Aires.
El Tribunal, que dará a conocer los fundamentos de la decisión el 25 de octubre próximo, dispuso penas de prisión perpetua para el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -quien sumó hoy su decimocuarta condena por crímenes de lesa humanidad- y para los miembros del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, su jefe y segundo comandante -en distintos períodos-, Luis Santiago Martella; el jefe de Asuntos civiles (G-5), Jorge González Navarro; el jefe de Operaciones (G-3), Jorge Eduardo Gorleri; y el jefe de Inteligencia (G-2), Héctor Hugo Chilo.
La misma pena fue aplicada a los ex jefes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergés; el ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique Barreiro; para los ex integrantes de la Sección Actividades Especiales de Inteligencia, Carlos Enrique Villanueva y José Hugo Herrera; el ex sargento Juan Eusebio Vega; el ex miembro de la Primera Sección Ejecución, Oreste Valentín Padován; el sindicado jefe de los operativos de secuestro, Jorge Exequiel Acosta; el integrante de uno de los grupos operativos, Carlos Alberto Díaz; y los civiles de Inteligencia Emilio Morard, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero.
Los jueces también coincidieron con la Fiscalía en la aplicación de la pena de prisión perpetua para el ex subcomisario del Departamento de Informaciones policiales (D2) Yamil Jabour; el jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli; los ex policías del D2 Juan Eduardo Ramón Molina, Marcelo Luna, Eduardo Grandi, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Herminio Jesús Antón y Mirta Graciela Antón.
Los civiles de inteligencia, José Luis Yañez y Enrique Alfredo Maffei recibieron 20 y 21 años de prisión, respectivamente; el policía del D2, Antonio Reginaldo Castro, 8 años de prisión, y el cabo 1ero del Liceo Militar General Paz, Miguel Ángel Lemoine, 5 años de prisión, al igual que el militar Wenceslao Claro. En tanto, el ex policía del D2 Raúl Alejandro Contrera fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su colega Rubén Osvaldo Broco recibió tres años de prisión e inmediatamente obtuvo la libertad por haber cumplido la pena. El ex militar Carlos Edgardo Monti, en tanto, fue condenado a dos años y medio de prisión.
El ex jefe de la Sección Comando y Servicio o Logística del Destacamento de Inteligencia 141, José Andrés Tófalo, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que el ex subjefe y luego jefe de la Policía provincial, Alberto Luis Choux, recibió 11 años de prisión. Para ambos la Fiscalía había requerido la pena de prisión perpetua.
Fueron finalmente absueltos los ex policías del D2 Juan Carlos Cerutti, Francisco José Melfi y Antonio Filiz, sobre quienes pesaba una acusación fiscal para que se los condenara a prisión perpetua; José Idelfonso Vélez, para quien los fiscales habían pedido 17 años de prisión; y el ex militar Ángel Osvaldo Corvalán, para quien se había reclamado una pena de tres años de prisión.
Fuente: fiscales.gob.ar
Imágenes de los colectivos: Mucho Palo Noticias – ECOS Córdoba – Zumba La Turba – Fotografía de Prensa – en la transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos
Antonio Castaño solicitó la indagatoria al empresario Lázaro Báez en el marco de una causa en la que está imputado por asociación ilícita fiscal y en la cual se confeccionaban facturas apocrifas para evadir impuestos. El pedido se extiende a su hijo Martín, ya procesado por lavado de dinero por el juez Sebastián Casanello.
Así lo consignaron a Télam fuentes judiciales, quienes precisaron que el fiscal también pidió la declaración indagatoria de los empresarios bahienses Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti; de Denis, Jorge y Franco Ferreyra; y de Rogelio Chanquía.
El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, negó en la misma causa que el cierre de las oficinas locales del organismo tuviera que ver con una supuesta intención de bloquear la investigación por la emisión de facturas apócrifas.
Para el Ministerio Público Fiscal y por las maniobras realizadas, Austral Construcciones logró obtener ganancias por más de 20 millones de pesos, según consta en el expediente.
El requerimiento solicitado por Castaño y que fue dado a conocer hoy, fue efectuado en los últimos días ante la Justicia Federal de Bahía Blanca, que deberá definir los pasos a seguir. Recordemos que se encuentran vacantes los dos juzgados federales, con lo cual ambos son subrogados por la jueza federal de Viedma, Mirta Filippuzzi.
Fuentes judiciales señalaron que, “además de Lázaro y Martín Báez, quienes integraban Austral Construcciones, figuran los Ficcadenti, quienes tenían el Gupo Calvento, Penta y Terrafari, y los Ferreyra quienes estaban a cargo de la firma Constructora Patagónica, en tanto que Chanquía se desempeñaba como contador”.
Según la investigación, en muchos de los casos, las empresas locales Calvento y Penta eran proveedoras falsas de Constructora Patagónica, una empresa que luego le facturaba servicios falsos a Austral Construcciones.
En su dictamen, Castaño señaló a Bahía Blanca como “punto estratégico del entramado del grupo Báez, sin perjuicio de las relaciones con otras estructuras en el país y en el exterior”. “Este bloque fue pergeñado en nuestra región y, con la connivencia de funcionarios de la AFIP-DGI, se posibilitó la perpetración de ilícitos fiscales”, expresó el fiscal en su resolución.
Indicó que “se desprende de lo analizado hasta el momento que durante un tiempo prolongado, al menos desde el 2011, funcionó la presente asociación ilícita que principalmente se autoabastecía generando un riesgo potencial la maniobra reprochacha”.
“Estamos frente a un delito de peligro, que hace a que, si bien se encuentran cuantificando las deudas en cabeza de los obligados de autos, es relevante sostener que la organización favorece la generación de créditos fiscales falsos, utilizables no sólo por los integrantes de los grupos interrelacionados”, expresó en el escrito.
Por otro lado, el fiscal sostuvo que, “apoyándose en la estructura jurídica de Austral Construcciones SA, el Grupo Báez con formado por Lázaro y Martín Báez, secundados por sus apoyos técnicos, diseñaron un entramado societario con diferentes actores a los efectos de beneficiarse con dinero ilícito, en la mayoría proveniente de la obra pública, generando costos falsos, y atemperando deudas fiscales”.
Para eso, “se valieron de entre otras personas como los grupos constituidos por las familias Ficcadenti, Ferreyra, Pedraza, entre otros”.
Además, el fiscal remarcó que, de acuerdo con informes de la AFIP, “Calvento y Penta eran proveedores falsos de Constructora, quien luego le facturaba los servicios a Austral Construcciones Sociedad Anónima”.
“A partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, como mínimo en lo atinente al grupo Penta y Calvento, se colige que le estaría sobrefacturando costos a Austral Construcciones SA para permitir la salida de dinero contable, además de evadir el IVA y las ganancias”.
En este marco, Castaño afirmó que, “gracias a la maniobra de esta asociación ilícita fiscal, al menos 20 millones del costo de Austral son falsos”.
Fuente: Télam.
Se constituyó la comisión de seguimiento y evaluación de la Ordenanza 18.164, que establece la caducidad para la explotación y toda otra actividad que promueva el proxenetismo y la trata y explotación de personas. Para la directora de Integración y Fortalecimiento de Derechos Humanos, Letizia Tamborindeguy, fue un encuentro “para seguir trabajando sobre esta problemática que es terrible y todos sabemos que existe”. En septiembre habrá actividades de concientización.
“La ordenanza propone dos tipos de comisiones. El primero es una comisión de autoridad de aplicación que nos juntamos hace quince días, está conformada por distintos representantes de secretarías del municipio que son los encargados de ver si están habilitados o no los cabarets. Desde esa reunión misma surgió la reunión de ayer que fue la primera de Comisión de Seguimiento y Evaluación de la ordenanza, de la cual no participaron solamente personas del municipio sino referentes y representantes de otras instituciones”, explicó la funcionaria a FM De la Calle.
Tamborindeguy recordó que “la ordenanza decía que cuando se cerraba un cabaret tenía un plazo determinado para presentar una propuesta alternativa. La realidad es que se pasó ese plazo, no han presentado ningún tipo de propuestas y hoy por hoy no hay ningún local habilitado”. “Formalmente está todo cerrado”, afirmó y destacó que “todos sabemos que ha crecido bastante lo que tiene que ver con los privados, pero eso ya atañe a otro campo”.
Ante los operativos judiciales en locales donde son explotadas mujeres víctimas de trata “el municipio no interviene directamente pero sí se trabaja con el equipo de rescate a partir del número 145, se los convoca -están en La Plata- e interviene. Sí hemos trabajado en la contención”.
La normativa establece que la comisión de seguimiento “estará integrada por un representante del ejecutivo municipal, uno del Concejo Deliberante, organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a esta problemática, el Consejo del Menor y la Familia, el Poder Judicial Federal y un referente de la unidad fiscal de Delitos Sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca”.
Participaron del primer encuentro Franco Di Santi de Bahía Contra la Trata; el director de Fiscalización, José Luis Montanaro; el fiscal Mauricio del Cero; María Gracia Acevedo, de la Fiscalía General oficina Violencia de Género; Silvina Pascuaré en representación de Fiscalía Federal; Soledad Monárdez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos; Delia Martínez Urquiza de Pastoral Migratoria; Virginia Linares del Frente Julieta Lanteri; María Inés Re, en representación de la Secretaría de Salud y la concejala Miriam Lantosca y su par Matías Lera.
La megacausa “La Perla – Campo La Ribera” llegará a su fin este jueves cuando el tribunal oral lea la sentencia sobre la responsabilidad de 43 acusados por crímenes de lesa humanidad padecidos por 711 víctimas en la jurisdicción del III Cuerpo del Ejército.
“El impacto en esta provincia fue enorme porque hay una Córdoba antes y después de La Perla. Creo que en este juicio vamos a tratar de enterrar a esa Córdoba conservadora, reaccionaria, que siempre fue en la historia, y tratar de poner algo de aquella Córdoba rebelde, revolucionaria, de la Reforma, del Cordobazo y de la lucha de los pueblos por su emancipación”, dijo ayer a FM De la Calle Emiliano Salguero de la agrupación H.I.J.O.S.
El debate comenzó el 4 de diciembre de 2012 y ventiló crímenes ocurridos entre 1975 y 1978. Inicialmente eran 57 los imputados pero catorce se beneficiaron con la impunidad biológica. Para Salguero, más allá de las intenciones del gobierno de cerrar los juicios, existe “voluntad política del pueblo” para ir por más Memoria, Verdad y Justicia.
-¿Con qué expectativa esperan la sentencia?
Casi cuatro años de audiencia de juicio oral, casi un año entero de audiencias si se hubiesen realizado todos los días, 365 audiencias. Lo cual implica que este juicio se ha trasformado en el juicio más largo de la historia jurídica de nuestro país. Con mucha expectativa pero también sabiendo que más allá de la intencionalidad de algunos sectores que siguen reivindicando al terrorismo de Estado, la sociedad argentina se niega a convivir con impunidad.
La Perla es el centro clandestino más grande del interior del país por el cual, según investigaciones que hemos realizado, pasaron más de 2500 personas, muchas de ellas, la gran mayoría, fueron desaparecidas y los cuerpos todavía no están identificados, no hemos encontrado los restos de los compañeros. Un juicio que además habla de lo más oscuro del terrorismo de Estado porque, a diferencia de otros lugares, acá en Córdoba la centralidad que tuvo la represión, La Perla fue el último destino de los compañeros secuestrados y torturados que fueron paseados por distintos centros clandestinos, cárceles y comisarías, todo el circuito represivo de la región del NOA, todo lo que era el área del III Cuerpo de Ejército, que son más de diez provincias, culminaba en La Perla, de la cual se sabía muy poco.
Este juicio ha permitido ventilar, poder dar cuenta de un montón de situaciones que los familiares de las víctimas no conocían. Estamos hablando de un juicio que tiene 715 víctimas de las cuales 261 están desaparecidas, 48 de ellas asesinadas, o sea que tenemos los cuerpos, 8 identificadas, había una situación muy oscura y muy poco conocimiento de qué pasó con nuestros compañeros y además muestra a las claras cómo la represión no discriminó por ideología ni por condición social ni por edades porque en La Perla se concentró a todos los grupos sociales y culturales, desde grupos de testigos de Jehová hasta militantes revolucionarios, sindicalistas, militantes peronistas y radicales y dan cuenta de que la represión, el genocidio, más allá de las diferencias que tuvieran esos sectores en ese momento, no hizo diferencias cuando entendió que había que destruir el proyecto de trasformación de esa generación.
En este juicio se dio cuenta de la historia de vida de cada uno de estos compañeros y creo que lo más importante fue la posibilidad de que muchos sobrevivientes, que fueron demonizados como traidores por haber vivido después de la dictadura, por haber sobrevivido, porque fueron los que se “salvaron” y porque cuentan cosas dolorosas o también porque cuentan la experiencia de militancia. Esta sociedad nos escucha a nosotros los Hijos, a las Madres, a las Abuelas, pero les cuesta escuchar a los sobrevivientes.
En ese sentido este juicio no ha sido menor porque hoy la sociedad de Córdoba y creo de Argentina y el mundo van a estar presentes mirando y escuchando no solo la condena a los genocidas, que esperamos que sean a cadena perpetua común y efectiva, sino también el tema de la historia de los testimonios, de su importancia y de la historia de nuestro país, de las cosas que se quisieron ocultar. Porque este juicio también permitió ventilar la complicidad civil, por ejemplo de cómo Menéndez y sus secuaces se robaron la empresa Mackentor y secuestraron a sus empresarios. De la complicidad civil a través de los jueces que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. De la Iglesia, acá teníamos al jefe de la Iglesia argentina que era Primatesta y tenía muchísimo contacto con estos campos de concentración que no es solo La Perla sino que en este juicio también está La Ribera que pertenece a la policía, hay imputados de otros centros clandestinos también. Da cuenta de toda una serie de historias y situaciones de impunidad con la que aún convivimos, que la pudimos escuchar, la pudimos ver, pudimos acercarnos un poquito más de verdad.
-Respecto de los compañeros y compañeras que continúan desaparecidos, en un momento el juicio también tuvo mucho impacto en la prensa a partir de la puesta en escena del Nabo Barreiro diciendo que aportaba datos sobre dónde habían sido escondidos, enterrados, pero a su vez el Equipo Argentino de Antropología Forense estaba trabajando allí. ¿Sirvió para algo lo que dijo Barreiro o fue una puesta en escena?
No, eso fue una opereta del Nabo Barreiro. Barreiro fue uno de los jefes de La Perla. Fue el jefe de torturadores, del grupo de tareas que estaba a cargo de la tortura. Además fue el responsable del levantamiento carapintada en el año 87, se lo cita a declarar, él se niega y promueven este levantamiento y termina siendo sacado del cuartel, cuando estaban acuartelados, en el baúl del auto de monseñor Primatesta.
Y este mismo Nabo Barreiro es el que una vez que el EAAF había encontrado restos en hornos, porque entendemos que fueron depositados restos triturados de desaparecidos por segunda vez, o sea, habían sido depositados en un lugar y luego para hacer desparecer los rastros fueron depositados de nuevo en unos hornos viejos de cal, y el EAAF había encontrado el resto de cuatro compañeros que habían sido identificados y Barreiro dijo que iba a decir dónde había más hornos y fue toda una cuestión para estar en los medios. Lo que nos llamó mucho la atención fue cómo los medios masivos de comunicación se prendieron a esto pero no le dieron la misma importancia a los restos que habían sido encontrados en ese lugar antes. Él no aportó ningún tipo de datos de significación, no nos sirvió ni siquiera para la identificación de los restos de estos compañeros.
Atrás estaba la negociación de lo que se llama la reconciliación con el perdón, algo que entendemos que sectores que tienen que ver con el gobierno actual, el gobierno nacional, quieren promover. Esto de ley de reconciliación o un similar a la ley de amnistía como en Uruguay.
-Página/12 difundió una especie de medio de comunicación que se crearon los autodenominados presos políticos, los terroristas de Estado que están siendo investigados o enjuiciados, son tipos muy activos, ¿qué saben de ellos en la actualidad, en el contexto político que ha cambiado, con las domiciliarias y los riesgos que eso representa para la sociedad y para ustedes como familiares, como sobrevivientes?
Sabemos que estos grupos siempre se han movido. También en la época en que el gobierno nacional era comprometido con los juicios de lesa humanidad, con el gobierno de Cristina y de Néstor, ellos también han tenido este tipo de actuación. Igualmente el tema de las prisiones domiciliarias. Estamos hablando que una cosa es la voluntad del gobierno, que en este caso es un gobierno adverso a la posibilidad de profundizar la investigación sobre los delitos de lesa humanidad, sobre todo con el tema de los cómplices civiles. En Bahía Blanca tenemos a Massot, ustedes saben más que nosotros todo lo que ha pasado ahí. Pero también te puedo decir que hay un estado que es reticente o no, hablo del poder judicial, de las fuerzas armadas, de los distintos estamentos, que es reticente a las decisiones o políticas de un gobierno. En este caso creo que también hay una voluntad política del pueblo.
Creo que más allá de quienes votaron a Macri o quienes no votaron a Macri, por lo menos en Córdoba que es la provincia que lamentablemente le dio el triunfo, una provincia que va a mostrar que tiene muy claro que quiere juicio y castigo a los genocidas y que no se prende a la discusión de la teoría de los dos demonios que quieren plantear estos grupos para facilitar la impunidad de los secuestradores, de los ladrones de niños, no se los juzga por sus ideas, se los juzga por sus acciones delictivas, porque utilizaron el Estado para realizarlas, por eso hablamos de terrorismo de Estado, y se los juzga con todas las condiciones que no se le dieron a ninguno de los desaparecidos.
Cuando hablamos de terrorismo de Estado creo que el pueblo de Córdoba va a mostrar que comparte esta idea que tenemos los organismos que tiene que ver con que nuevas generaciones se comprometen con la memoria, la verdad y la justicia y que tarde o temprano volveremos a la carga con el juicio y castigo en todo el país.
-¿Qué impacto tuvo en la provincia el desarrollo del juicio?
Yo te diría que el impacto en esta provincia fue enorme porque hay una Córdoba antes y después de La Perla. Creo que en este juicio vamos a tratar de enterrar a esa Córdoba conservadora, reaccionaria, que siempre fue en la historia, y tratar de poner algo de aquella Córdoba rebelde, revolucionaria, de la Reforma, del Cordobazo y de la lucha de los pueblos por su emancipación. Creo que Córdoba ha sido muy afectada por el terrorismo de Estado, fue una de las provincias junto a Tucumán más afectadas del interior, miles de obreros fueron llevados a las mazmorras de los campos de concentración, estudiantes. Córdoba era rebelde, era la Córdoba de Agustín Tosco, de Atilio López, la mayoría de los dirigentes revolucionarios se formaron acá y en ese sentido hay una Córdoba que va a sentir un cimbronazo con esta sentencia.
Mañana (por hoy) va a ser una contraCórdoba, va a estar todo el pueblo porque no sabés la cantidad de gente que a lo mejor no puede ir porque lamentablemente no conseguimos el asueto administrativo, o porque los chicos tienen que ir a clases, estamos hablando de un día laborable, pero han mostrado cartelitos diciendo “Yo quiero juicio y castigo”, “Yo voy a la sentencia”. Esto nos ha trascendido a nosotros como víctimas y a las organizaciones sociales que están organizando la espera de la lectura de la sentencia.
“Si se suman los porcentajes de personas ocupadas y desocupadas que buscan trabajo o están disponibles para ocuparlo se concluye que 19,8% de la población activa de Bahía Blanca-Cerri (BBC) tiene problemas de empleo. En el total urbano nacional el guarismo alcanza a 28,5%”.
Así lo indica el Boletín de Estadísticas Laborales, una iniciativa del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” financiado con fondos de la UNS y dirigido por el economista Gustavo Burachik, luego de la primera publicación oficial de datos del INDEC de la era Cambiemos.
El documento muestra que “la desocupación en el segundo trimestre del año fue más baja en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) que a nivel nacional” y que “la diferencia es explicada íntegramente por la menor oferta laboral (tasa de actividad) bahiense ya que la proporción de personas ocupadas es idéntica”.
“Esta menor presión se origina, casi con seguridad, en el desaliento laboral; la baja probabilidad de conseguir un puesto de trabajo (menor aún, de ocupaciones con cobertura de seguridad social, estabilidad, etc.) desincentiva la búsqueda laboral. Las personas sin ocupación, disponibles para el empleo pero que han desistido de una búsqueda activa son registradas como inactivas”, explica.
Además, el informe destaca que “más de 10% de los ocupados en BBC está buscando activamente cambiar de empleo. Se trata de una forma de desempleo (oculto en la ocupación) ya que los trabajadores que se encuentran en esta situación ejercen presión sobre una demanda laboral que, en el mejor de los casos, está estancada desde hace varios años. Casi la mitad de este conjunto corresponde a los llamados subocupados demandantes, es decir, personas con empleos a tiempo parcial que buscan una mayor ocupación horaria. A su modo, presionan también sobre la demanda laboral los subocupados que, si bien no están buscando activamente más horas de trabajo, están disponibles para aceptarlas”.
Los autores del relevamiento aclararon que el reinicio de la publicación de información laboral recabada por la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre de 2016 “supone la aparición de un vacío de información de dos trimestres y que “el instituto, además, anunció la revisión de los datos publicados hasta el cuarto trimestre de 2015” y desaconsejó su utilización, “lo que equivale a reducir la credibilidad de cualquier comparación hacia atrás de la nueva información publicada”.
(Por ¿Quién te juna?*) En Argentina, respetar la identidad de género es una obligación establecida por el artículo 12 de la Ley 26.743, el cual está dedicado al trato digno de las personas. Establece que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad”, tanto en el ámbito público como el privado.
Si bien la lucha por los derechos ha avanzado a pasos agigantados desde la proclamada ley del matrimonio igualitario hace ya casi seis años, la pelea no termina; quedan muchísimas cosas por hacer.
Tal es el caso de la Ley de cupo laboral trans, que estipula que “el sector público debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, incluyendo “el personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación”. Además, se debe “establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.
La promotora de esta ley, Diana Sacayán, era tucumana, lideraba la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA), y era dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), y en 2012 recibió el DNI con su identidad autopercibida. Trabajó en el programa de diversidad sexual del INADI y colaboró en el suplemento Soy de Página/12 y en la revista El Teje. También fue gestora de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.
“Diana era una luchadora por todos los derechos humanos, ella luchaba mucho por la diversidad, por las cuestiones de los derechos de las travestis, pero también por los derechos de los que menos tienen aquí en nuestro país”, nos cuenta Paula Lorenzo en comunicación telefónica. Paula forma parte de la comisión de familiares y compañerxs que piden justicia por Diana Sacayán y que reclaman “por su brutal travesticidio”.
“Estamos pidiendo justicia porque se asesinó a una referente social, y también para poner en claro cuál es la situación de las personas travestis en Argentina. Ella misma [Diana] denunció mucho el asesinato, cómo eran las vidas y cómo eran las muertes de las travestis. Para que cambie un poco la cosa, tenemos que luchar por justicia. Es un caso muy emblemático”.
Paula nos habló sobre las actividades que realiza la comisión: “Organizamos la primera marcha contra los travesticidios, justamente para decir y poner en primer lugar las vidas de las personas travestis. Porque si bien tenemos la ley de identidad, todavía sufren muchísimas discriminaciones en instituciones como los hospitales, las escuelas”. Y afirma que todavía falta un trabajo muy grande por hacer. En las escuelas aún no se habla de educación sexual. “Expulsan a las personas que tienen otra identidad de género”, comentó Lorenzo.
Por su parte, Nicole Pietrangelo, integrante de la Colectiva Feminista y de Watu Corriente Comunista, opina que hay limitaciones en la Ley de cupo laboral trans.
“Partir del 1% del cupo de la ley laboral trans –agrega Pietrangelo–, ya está marcando un límite más que importante. Me parece que más allá de lo que diga o no un papel, hay que partir de una realidad en la que estamos inmersxs, que tiene que ver con el estado real de la economía en este país y, concretamente, en los municipios. Para nadie es una novedad que Bahía Blanca es una de las ciudades con mayor desocupación; históricamente lo ha sido en los momentos más críticos; y por otra parte, a medida que avanza, a los sectores más marginados, más vulnerados, más puertas se les cierra”.
“A mí no me alcanza con una ley –afirma de manera contundente–. Que partan del reconocimiento de que nuestra expectativa de vida es de 35 años. La gran mayoría de las travestis tienen muy bajo nivel de escolaridad, y en muchísimos casos analfabetismo (o semianalfabetismo). Lo que no debería ser un destino, para muchas compañeras se ha convertido en un destino, que es la prostitución”. Esto, según Pietrangelo, se debe a que no les han brindado la oportunidad de capacitarse para tener otra salida laboral.
Nicole considera que no se toma en cuenta las diferentes realidades de las provincias, ciudades, o pueblos. Y que “no es la misma situación para una chica que recién está empezando, que para una que ya lleva muchísimos años, que para una que se ha prostituido (que son la gran mayoría), que para una que no. Esa supuesta integración de 1% en el cupo laboral de planta, esperando que sea permanente y no en negro, no deja de ser una pequeña medida. Es la falsa integración”.
“Te damos trabajo, pero no resolvemos las cuestiones de fondo, no resolvemos con perspectiva, no tenemos proyecto a largo plazo”, establece la integrante de la Colectiva Feminista. Finalmente, insiste que “como parte del pueblo, no alcanza con leyes, no alcanza con supuestas voluntades discursivas, y hasta que no tomemos las decisiones que nos competen en nuestras manos, podemos esperar pequeños parches, pero la bicicleta no se va a arreglar”.
*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9Mhz.
(Por Astor Vitali) Este jueves 25 de agosto el Teatro Municipal de Bahía Blanca recogerá los ecos de las generaciones que son ni más ni menos que el aire de los fuelles de esta ciudad portuaria.
Bandoneonistas, junto a diferentes instrumentistas invitados compartirán escenario con el dúo “Zambrana-Taborda” (Guitarra/Bandoneón) y los bandoneonistas Nicolás Malbos, Esteban Rivera, Nicolás Pereyra y Javier Mendigochea. El cierre está en dedos de la Orquesta Típica en Conserva. En voz, participarán Gerónimo Blint y Fiorella Guidi.
Hace poco más de una década, un grupo de jóvenes organizaron jornadas de formación acerca del bandoneón y a partir de allí nacieron una serie de instancias en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca y en el Teatro Municipal. Ambas fueron iniciativa del músico y docente Julán Mansilla.
“En este concierto van a tocar varios alumnos míos. Eso demuestra que ha pasado una generación desde la época que nos juntábamos a estudiar con Néstor Marconi. Es un buen fruto que se está transmitiendo esta cultura a través del instrumento”, dijo a FM De la Calle. Además, dos de los primeros alumnos de la cátedra fundacional hoy están dando clase.
Bahía Blanca tiene una larga tradición de bandoneonistas, algunos de los cuales trascendieron la ciudad como Luis Bonnat lo hizo en la orquesta del Maestro Osvaldo Pugliese. “Es una ciudad llena de cultura relacionada a este instrumento. Felizmente, hay mucha gente interesada en colaborar”.
Es menester destacar que parte lo recaudado durante la jornada será destinado a un fondo cuyo destino fijado es la compra de más bandoneones para el taller que ofrece el Teatro Municipal. Hasta el momento “se han comprado 3 bandoneones”, informó Mansilla.
Entradas:
El día de la función General $100
– Anticipadas $80
– Anticipadas Estudiantes y Jubilados $70
La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.
Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.
“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.
Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.
“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.
La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.
“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.
El fiscal federal Antonio Castaño requirió la indagatoria de Juan Ignacio Suris en un causa por lavado de activos provenientes de narcotráfico y la facturación apócrifa. La medida se extiende a otras 15 personas que actuarían como testaferros.
Para Castaño, Suris (41) contaba con un grupo de personas que se movilizaban en vehículos costosos que eran suyos, ya que se comprobó que él mismo pagaba los seguros y hasta tení¬a la cédula azul con su nombre. Suris está preso desde 2014 en el penal de Saavedra en el marco de otra causa por la confección y comercialización de facturas apócrifas.
Además, deberá afrontar nuevamente un juicio oral en una causa por narcotráfico, luego de que la Cámara de Casación Penal revocara el fallo absolutorio por el cual en septiembre fue beneficiado junto a otros 10 acusados de integrar una banda dedicada a la venta de estupefacientes en Bahía Blanca y zonas cercanas.
El fiscal Castaño dijo a Télam que en la nueva causa “hay documentación más informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) basados en las actividades que desarrollaba Suris, como así también la cantidad de dinero generada por las actividades ilícitas”.
“Por tal motivo, presentamos un pedido de imputación por lavado de activos y consecuentemente la declaración indagatoria del propio Suris, de su padre y de los que estaban involucrados en la causa de narcotráfico y de empresas que constituían juntamente por la venta de las facturas truchas”, expresó.
El fiscal explicó que “esto es a partir de las facturas apócrifas, como así también por la causa del narcotráfico”, que tiene como base escuchas telefónicas que durante el juicio oral fueron declaradas nulas, pero Casación las convalidó.
Castaño comentó que en la causa de lavado de activos -además de Suris- también pidió la indagatoria de su hermano, Guillermo Martín Suris (29), y de Ezequiel Ferarri Reynoso, quien integraba la supuesta banda narco.
Además se sospecha de la participación de los ya procesados en la causa de las facturas: su padre Eduardo Suris (70), Domingo Tomás Goenaga (44), Nicolás Ibarra Gutierrez (35), Flavio Carrano (42) y Juan Pipkin (26), quienes también fueron imputados.
“No sólo había autos en el tema lavado de activos, sino que figuran movimientos bancarios de Suris, todos relacionados a las cuentas de las sociedades que él había creado, entre los que habían montos de catorce y de siete millones de pesos”, comentó Castaño.
Según el fiscal, “eran cuentas de empresas que no tenían actividad”, al ejemplificar que algunas no tenían personal y en otros casos ni siquiera domicilios.
Sobre los inmuebles, Castaño indicó que “hay uno en la Capital Federal y otro en Bahía Blanca, que figuran a nombres de terceros”.
“Los vehículos figuraban a nombre de terceros que no podían justificar su ingreso, pero la tarjeta azul estaba a nombre de Suris como así también los seguros que los pagaba él”, expresó.
La causa por la confección de facturas apócrifas comenzó a partir de una investigación de la AFIP en 2011, que denunció la maniobra dos años después y es querellante en la causa.
Los pesquisas analizaron las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas supuestamente administradas por Suris y, en algunas de ellas, se registró un mecanismo financiero sospechoso.
La maniobra consistía en que una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques con el objetivo, siempre de acuerdo a la acusación, de simular pagos por operaciones que no existieron.
En ese marco, el propio Suris declaró ante los investigadores que en ningún caso se depositó dinero en efectivo, sino que él concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para respaldar los depósitos y justificaba la salida del dinero mediante cheques.
