Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Este sábado 11 de Junio a 21.30 en el Teatro Municipal se presentarán Neguá y Sergio Pacheco. La primera formación está integrada por Florencia Ricci y Marianela Pacheco y el solista estará acompañado por Martín Boonstra.
Padre e hija integraron Los Pacheco Dúo, grupo con la que editaron tres discos de estudio y algunas grabaciones en vivo. Además, Sergio organiza desde el año 2000 el Encuentro Nacional de Músicos Independientes en Bahía Blanca, del que participan artistas de la región y referencias como Raúl Carnota, Franco Luciani, Rafael Amor, Orosco Barrientos, Chango Farías Gómez, entre otras. A su vez, su programa Encuentro de músicos es una cita a la que asiste una audiencia que se mezcla entre bahienses y muchos músicas y músicas de todo el país, a través de internet.
En esta oportunidad, las propuestas que se presentan son nuevas. Neguá se constituyó el año pasado con el objetivo de abordar composiciones latinoamericanas, canciones de autores de la ciudad y otras propias. La formación de Sergio Pacheco junto Marín Boonstra también es reciente y toma como base del repertorio las nuevas canciones del hacedor del Encuentro.
Las entradas anticipadas tienen un costo de $80 y están en venta en la boletería del Teatro. El día de la función el valor será de $100.
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A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.
La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.
Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.
Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.
“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.
Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.
“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.
Bases militares
“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.
Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.
“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.
En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.
El discurso de Gay
La integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.
“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.
Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.
Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.
(Por Francisco J Cantamutto) El enorme malestar social que crea el plan de ajuste provoca discusiones dentro del gobierno. Los problemas políticos del ajuste económico.
El gobierno de Cambiemos tiene disputas internas, que se han hecho conocer –otra vez- como de “halcones y palomas”. La metáfora es mala porque aquí no hay relación predatoria entre ambos tipos de aves ni dietas disímiles; se refiere apenas a los diferentes estilos para aplicar un mismo programa económico. Por un lado, están quienes pretenden un ajuste más brutal, profundo y veloz, en clave de shock. Por otro lado, están los que creen que es mejor dosificar la administración de políticas, permitiendo ajustes graduales. No son posiciones siempre fijas, porque se cruzan perspectivas ideológicas, vínculos con diferentes sectores empresariales y lecturas del proceso político. Créase o no, la pelea la vendrían ganando los gradualistas.
Por ejemplo, el primer debate en este sentido se dio en torno a la devaluación de diciembre. En ese caso, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el coordinador del equipo económico Gustavo Lopetegui creían necesario ir con calma, mientras que el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger creían necesario liberar totalmente el tipo de cambio. El riesgo percibido por los primeros era el riesgo de un exceso de devaluación (que el dólar llegara a $20, por ejemplo), mientras que los segundos creían que era una buena señal de libertad al mercado. Si bien al inicio primó esta última visión, la segunda devaluación en febrero obligó a intervenir en el mercado para contener la estampida.
En el mes pasado trascendieron nuevos chispazos, en relación al control de la inflación y el nivel de las tasas de interés. Prat Gay habría criticado que las tasas de referencia –como las LEBAC, al 37,5% anual- estaban demasiado altas, y esto bloqueaba la inversión. Esto llevaría a una parálisis de la actividad. Sturzenegger, por su parte, criticó que su par no era lo suficientemente veloz en la tarea de reducir el déficit fiscal, lo que lo obligaba a emitir pesos y buscar formas de licuar esa emisión. Esto llevaría a dificultades para reducir la inflación. Esta discusión, sin embargo, se dio en el marco de un diálogo fluido –facilitado por el viceministro Pedro Lacoste- y objetivos de política compartidos. Reducir la inflación –aún a costa de recesión-, generar clima de inversiones, y luego recién reactivar la economía. Por eso ambos ponían las fichas en el segundo semestre, ahora trasladado al 2017.
Más radicales se presentan otros sectores del propio gobierno (Carlos Melconian, presidente del Banco Nación) y sectores afines (como Daniel Artana, de FIEL, o Dante Sica, de la consultora ABECEB) que insisten con que la frecuencia semanal de malas noticias genera malestar, y la “sensación” de que no hay buenas perspectivas. Esto atentaría contra el “clima de inversiones”, posponiendo las decisiones que permitirían a la economía salir del actual trance. Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor relevado por la Universidad Di Tella muestra caídas mes a mes, lo que implica menor demanda y, por ello, demora decisiones de inversión.
Esta obsesión con la inversión no es trivial, pues se supone que es el objetivo ulterior de la política de estabilización y ajuste, presentado como lucha contra la inflación y la “herencia” kirchnerista. Según el razonamiento del gobierno, con cuentas fiscales balanceadas, menores tasas de inflación y un clima de previsibilidad, las inversiones llegarán y reactivarán la economía. Prat Gay comenzó su tarea, con los despidos en el Estado y el arreglo con los buitres, la tarea recae ahora en otros funcionarios. Concretamente, les tocaría la posta a la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera, encargados de atraer la inversión extranjera. El 23 de marzo pasado, en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense se anunció –por tercera vez- una Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, de gestión compartida por estos funcionarios. Pretenderían transformar al ente mixto (público-privado) Fundación Exportar, para que promueva conjuntamente exportaciones e inversiones. Hasta ahora los resultados concretos son esquivos: no hay prácticamente nada que anunciar respecto a inversiones.
Cabrera es además acusado de no ofrecer ninguna contención a las PyMEs, actualmente en pie de guerra por el tarifazo y la apertura de importaciones. Pero aquí es donde el límite no es personal, sino de la fuerza política. El sentido general de las reformas neoliberales fue claro desde sus inicios: privilegiar la estructura de poder definida en el mercado y sostenida por el Estado para la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Eso significa que el Estado pone toda su estructura al servicio de los sectores más concentrados del capital, no se achica ni minimiza, sino que modifica su accionar. Tampoco significa que el empresariado concentrado tenga acuerdos plenos respecto de todo un programa, sino apenas de su sentido general contra las clases populares –y fracciones más débiles del propio capital. Esto explica que incluso en el marco de las reformas estructurales de la última dictadura en el país o durante la Convertibilidad se dieran disputas al interior del bloque en el poder, con personeros políticos representando fracciones de capitalistas.
Ya a fines del siglo XX, a la luz del enorme descontento social de las reformas, dentro de la propia ortodoxia mundial comenzaron a plantearse cuál era el problema. El supuesto, claro, es que las reformas neoliberales son beneficiosas y sobre esto no hay discusión. Un documento muy circulado del Banco Interamericano de Desarrollo –una de las instituciones de crédito responsables de presionar por las reformas- presentaba ya en el 2000 lo que veían como problema: la duración total y secuencia de aplicación de las mismas. Este debate lo había planteado casi una década antes la pretendida heterodoxia del mainstream, que coincidía con el sentido general de liberalización y apertura, pero que, a diferencia de sus pares más tecnócratas, tomaba en consideración los problemas políticos (por ejemplo, leer aquí un conocido texto de 1992 de Dani Rodrik). Esta variante que ganó espacio con el estallido de la crisis mundial en 2008: economistas igualmente neoliberales, pero con consideraciones políticas (como Stiglitz o Krugman). ¿Cuál es el debate? Cuán rápido y profundo tomar las mismas medidas, de manera de evitar alianzas sociales y políticas que las resistan.
Es por eso que el propio Prat Gay dijo, ese mismo 23 de marzo pero en la Sociedad Rural, que eligieron “el camino del gradualismo porque es el único posible”. Un ajuste más acelerado no sólo foguearía la resistencia en las calles, sino que impediría el juego de alianzas en el Congreso y las provincias, que tan bien llevan adelante otros gradualistas como Frigerio y Pinedo. El problema de esta estrategia es el malestar permanente por las medidas contrarias a los intereses populares: ¿hasta cuándo podrán sostener el discurso de la “herencia K”?
No hay que confundirse, por dosis o por shock, todos en el gobierno quieren aplicar el mismo veneno.
(Por Julio Gambina) ¡Multitudinaria marcha NI UNA MENOS! La violencia contra las mujeres es en todo los terrenos. Hay más mujeres que hombres en la Argentina. Sin embargo, hay menos mujeres registradas en el mercado laboral. Los salarios de las mujeres son menores a los de los varones. La mayoría de las mujeres hacen gratis los trabajos de cuidado. Trabajan gratis en sus casas y en tareas sociales. La desocupación es mayor entre mujeres que entre varones. Las amas de casa no son consideradas mujeres trabajadoras desocupadas y por su tarea no se les paga. La violencia de género ejercida contra las mujeres es cotidiana y más común de lo reconocido. ¡No al femicidio, a la discriminación de género y al patriarcalismo!
Hasta acá el post en mi muro del “face”, que resulta uno de los más compartidos y comentados a pocos minutos de colocado. Varios “me gusta” y “reacciones”, junto a comentarios: “bien dicho” y “basta de capitalismo colonial patriarcal”. Probablemente se incrementen los comentarios y quizá cierta polémica. Son muchas/os las/os que postearon mensajes relativos a la movilización callejera en variadas ciudades de todo el país. Casi nadie estuvo afuera del fenómeno de conciencia sobre la cuestión y familias enteras se movilizan, incluidos algunos que no se mueven por ninguna otra causa. La razón de la movilización es la asunción de un tema generalizado que se hizo evidente con la movilización callejera.
El tema existe y existía, pero adquirió relevancia con la multitudinaria movilización, y no solo del 3/6 del 2015, sino con las marchas de las mujeres y con la militancia consecuente del movimiento de mujeres, que en trabajosa militancia social popular extendida tiene el logro del presente movilizado. La consigna por la reivindicación de género atraviesa a las distintas clases y necesita hacerse más compleja en la consideración de la explotación y discriminación hacia las mujeres en el trabajo. Por eso mi reflexión sobre el “mercado laboral”[1] y el trabajo del “cuidado”. Es parte de lo mismo y además tiene especificidad, que se reproduce cotidianamente en la lógica de acumulación capitalista.
Trabajadoras y trabajadores para construir un paro nacional
Por eso, las mujeres también protagonizaron la movilización del día anterior, el 2/6, convocada contra el Veto a la ley anti despidos y contra los tarifazos. La cita fue promovida por las CTA y nutrida con varios sindicatos de las CGT y organizaciones sociales y políticas, más muchas/os indignadas/os que querían y demandan el paro nacional. Es que si los trabajadores en general están afectados por las políticas de ajuste del gobierno Macri, las mujeres lo sienten en mayor magnitud y no solo por lo señalado al comienzo, sino que también existe discriminación al interior del ámbito de trabajo y en la propia organización social o política, que reproduce las lógicas sistémicas. No podría ser de otro modo, pues la hegemonía cultural atraviesa a todas las organizaciones.
Es curioso como la “dirigencia” se sorprende de la masividad de la protesta y queda atrás del sentimiento popular masivo. El pasado 3/6/15 sorprendió la masividad del “ni una menos”. Igual sorprendió a propios y extraños la masividad de la movilización del 29/4/16 convocada por las CGT y las CTA contra el ajuste, el veto a ley anti despidos y los tarifazos. Igual se sorprenderán ante la construcción de un paro nacional.
La bronca es grande contra los despidos, la inflación y la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, el tarifazo y la impudicia de la fuga de capitales y la lógica de que “pobres hubo y habrá siempre” manifestada en declaraciones de funcionarios de Macri. Son los que señalan: “si el combustible es caro, que no compren”, o “creían que podían tener acceso a una TV u otros consumos”. Son expresiones de los que se consideran la elite privilegiada y con acceso a bienes y servicios negados para los de abajo, la mayoría de la población.
Las centrales sindicales demandaron al Parlamento la emergencia ocupacional y así se elaboró la legislación para suspender los despidos, que muchos suponían de escaso efecto concreto, aun cuando pudo instalar la agenda de la gravedad y extensión de las cesantías. El movimiento obrero organizado pudo instalar agenda de debate político en la sociedad. Claro que no es el único tema y quizá ni siquiera el que involucre a más población, tal como ocurriría si se pudiera instalar la cuestión de la indigencia o la pobreza, la malnutrición o la ausencia de salud y educación, entre muchos temas que incluyen el ingreso y calidad de vida de las/os jubiladas/os. Lo que pretendemos resaltar es que sobre la ofensiva del gobierno Macri por lograr hegemonía política desde su mayoría electoral, el movimiento obrero pudo instalar desde la movilización una agenda política más cercana a sus intereses.
Claro que el poder mueve también sus fichas e intenta desmarcar al movimiento obrero y por eso negocia con el sindicalismo tradicional para desalojar la calle y seguir disputando hegemonía. La lógica discursiva de las CGT es que la “gente no está para protestas”. La realidad lo desmiente y en todo caso, se trata de la disposición a desplegar iniciativas políticas para disputar el poder. Es una cuestión de miles y de millones de personas, por lo que se demanda masividad y ello supone juntar lo diverso, tanto en las movilizaciones obreras como entre las mujeres.
La sociedad movilizada disputa agenda, por derecha y por izquierda. Recordemos las movilizaciones “Blumberg”, o las protestas de la Mesa de Enlace. No todo lo movilizado era por derecha y sin embargo, la agenda era reaccionaria.
Disputa del consenso
Existe en la actualidad razones para la movilización popular. El gobierno disputa hegemonía convocando al consenso pasivo y si puede al activo y lo hace desde la crítica a 12 años de kirchnerismo, algo que ya le dio réditos en el voto, quizá la mitad de lo cosechado en noviembre del 2015.
Ahora pretende que sea consenso activo y por eso publica “El Estado del Estado”[2] para mantener viva la llama de la crítica al gobierno anterior y avivar el rechazo de buena parte de la sociedad, incluso de los de abajo. Allí no se condena el acuerdo del poder, como las concesiones petroleras y mineras, los acuerdos secretos, caso Chevron, o el conjunto de iniciativas estatales que confirman el modelo productivo y de desarrollo de promoción de la dependencia tecnológica y productiva a mano de las transnacionales, en el agro, la industria o los servicios.
También disputa consenso con la articulación legislativa del “pago a jubilados” con el “blanqueo de capitales”. El fondo es limpiar la fuga de capitales, interés de pocos enriquecidos y además, fuente de ingreso de divisas, indispensable para la lógica de la política económica del gobierno Macri. Parece atractivo compensar a los beneficiarios estafados por malas liquidaciones previsionales, aun cuando se ocultan quitas y pagos en cuotas, tanto como desfinanciamiento del Fondo de Garantías y Sustentabilidad (FGS). El FGS está generado con recursos previsionales que pertenecen a las/os trabajadoras/es jubiladas/os, administrado por ANSES, y que se nutre, entre otros, de la renta generada por acciones privadas que pretenden ser liquidadas y retornadas a la propiedad y gestión de particulares.
El movimiento de jubiladas/os también se moviliza, y desde hace mucho tiempo por asegurar fondos previsionales suficientes para satisfacer las necesidades de las personas mayores. Por eso rechazan el proyecto y exigen se compensa a los litigantes con sentencia o no, como a los que reciben liquidaciones por debajo de lo que corresponde; y más aún el 82% móvil con relación a las/os trabajadoras/es en actividad. Se propone que los recursos para tal fin provengan de rentas generales y no desfinancien el FGS. La reforma previsional en curso, contenida en la propuesta legislativa, será resultado de la movilización gestada desde abajo o la que promueva el discurso oficial relativo a lo que se puede o no.
En rigor, la cuestión es si la iniciativa del gobierno y del poder se impone en la disputa del consenso social, o si la movilización popular genera consenso para otro proyecto político, social y cultural de confrontación con la lógica del capital, la de la ganancia, la acumulación y la dominación.
Esta última consideración no está instalada en la mayoría social y muchos creen que es ilusorio convocar a cualquier actividad anti capitalista, bajo el argumento que la sociedad no está para disputas mayores.
Se equivocan, los ilusos son los que creen que todo se resuelve con solo ir por reivindicaciones democráticas (salario, empleo, condiciones de trabajo) hasta que se consolide una potencia para ir por más, contra el régimen del capital.
No tienen razón los líderes sindicales que agotan las iniciativas en que la gente no está para más y que es un tiempo de cerrarse en la defensa corporativa.
Es erróneo. Este es un tiempo para ir por más organización y movilización, en el espíritu originario de la CTA, que sostenía un nuevo modelo de organización de las/os trabajadoras/es, que son la mayoría de la sociedad, estén regularizados o no, tengan salario o no. Es desde ahí que en el 2002 se sostuvo la necesidad de superar la crisis política con la construcción de un movimiento político social y cultural de liberación. La constituyente social fue un intento, que siempre puede ser relanzado más allá de como se la nomine.
Manipulación del poder o masividad movilizada en la disputa
Por eso hay que pensar en la capacidad de movilización manifestadas el 2 y el 3 de junio pasados, aun con diferencias de participantes y motivaciones, ya que ambas ponen en evidencia que los debates en la sociedad se manipulan desde el poder con el peso de los medios privados y monopólicos (cadenas) de información del poder, o se instalan democráticamente desde la masividad de la movilización popular.
Es cierto que no alcanza con movilización, e incluso con organización, ya que se requiere definir el proyecto que indique el rumbo, para mí, anticapitalista, pero este requiere de aquel. No es un detalle menor, que la CTA Autónoma se auto define como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.
Sin proyecto o rumbo puede ser estéril cualquier iniciativa, pero no hay proyecto posible sin la dinámica social masiva y movilizada. Eso requiere articular lo diverso, y ensayar búsquedas de acciones que promuevan sujetos para el cambio, que construyan programas y rumbos estratégicos, y en ese camino, resuelvan los adecuados instrumentos para la disputa integral del poder.
Foto: Sala de Prensa
La Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicxs del Sur emitieron un comunicado conjunto en el que expresan que “el veto de la reforma de la Ordenanza 12.711 representa un innecesario golpe a la voluntad de la comunidad artística organizada”.
Las reformas vetadas implican “el simple reconocimiento por parte del Concejo Deliberante local de las formas de funcionamiento en que el Consejo Consultivo del Instituto Cultural de Bahía Blanca se desenvuelve desde sus comienzos. Esto es, la elección por asambleas de las personas que representan a cada área y la regularidad de las reuniones del Consejo”.
Respecto de los fundamentos del veto, las organizaciones sostuvieron que “redundan en una serie de opiniones infundadas que ha venido manifestando el Director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, quien sostiene que las modificaciones requieren un ‘consenso mayor’”. En este sentido, se preguntaron “¿cuál consenso es mayor que las expresiones de la propia comunidad artística que viene discutiendo en asamblea y mandatando a sus consejeros y asesores desde hace seis años? ¿Cuál consenso mayor que el trabajo mancomunado desde siempre con el HCD?”.
Actores y UMSur creen que “el problema no es el consenso de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura sino que el director de Instituto Cultural no está de acuerdo con que la comunidad participe activamente en las decisiones de gobierno en lo referido a cultura. ¿Cuál es el problema con escuchar las voces de los y las protagonistas? ¿Acaso no quiere que sean públicos los debates en torno de hacia dónde se destinan los fondos públicos, como por ejemplo el Fondo Municipal de las Artes? ¿Por qué hace tres meses no recibe a los Consejeros y Asesoras? ¿Qué es lo que no quiere mostrar?”.
“Impulsar el veto a las reformas sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo expresa una visión de gestión del Instituto Cultural basada en gobernar de espaldas a la comunidad”.
A su vez, señalaron que “la misma gestión que gastó al menos $250 000 para que se lleve a cabo en la ciudad el programa provincial ´AcercArte´, dejando a los artistas locales como mero participantes de un concurso, es la que ´no dispone de recursos´ para el normal funcionamiento de proyectos de impacto social y cultural, como la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, sobre la que se dijo que habría un aumento del 40 % y no se cumplió, ya que al día de la fecha no ha sido percibido en las remuneraciones”.
“La misma gestión que dilata las audiencias pedidas por los hacedores de cultura de la ciudad, pero no demora un segundo en acordar prebendas con el sector privado”.
En defensa del trabajo regional, el comunicado señala que “Bahía Blanca cuenta con cantidad y calidad de artistas que observan una vez más cómo hay recursos para proyectos que se gestan en oscuras oficinas, en lugar de utilizar los fondos públicos de los contribuyentes bahienses para el desarrollo de sus expresiones culturales”.
Exigieron “la marcha atrás de la medida y el trato correspondiente al Consejo Consultivo así como a las propuestas y demandas de todos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura de la ciudad, sin dilaciones”. A su vez, manifestaron “al intendente municipal Héctor Gay y al conjunto de ediles que” no quieren “una gestión cultural de espaldas a la comunidad artística”.
“Por una política cultural participativa y construida democráticamente”, firmaron las organizaciones sindicales.
Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.
Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.
“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.
El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.
El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.
Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.
El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.
“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.
El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.
Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.
Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.
El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.
El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo “integral” con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.
El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó “un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015”.
En el aspecto previsional se dará “continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio”.
En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron “instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar”.
A 40 años del secuestro y desaparición de Raymundo Gleyzer
“Nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir, para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán... “
Raymundo Gleyzer, 1974
I
(Por Luis Ponte) “Raymundo Gleyzer ha desaparecido. La historia de siempre. Lo arrancaron de su casa, en Buenos Aires, y no se sabe más. Había hecho películas imperdonables”.
Así arranca “Se los traga la tierra”, de Eduardo Galeano, escrito en junio del ’76, días después del secuestro de su amigo el cineasta argentino que había nacido en Buenos Aires 35 años antes.
Sus padres ruso-ucranianos, Jacobo y Sara Aijen, fueron los fundadores del IFT, el teatro popular judío, en el barrio del Once. Allí, Raymundo comenzó a entender la idea del arte como manifiesto de lo político. Militante del Partido Comunista, lo abandonó para sumarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo.
En 1964 se inscribió en la carrera de cine en la Universidad Nacional de La Plata. Ese mismo año, con la filmación de “La Tierra Quema”, un documental sobre los campesinos del Nordeste de Brasil, comenzó a forjar su estilo de trabajo, su forma de entender el cine. Entre el registro de las actividades partidarias y su filmografía artística con su impronta militante.
Fue también camarógrafo de los noticieros de Canal 7 y Canal 13 -en éste, junto a los debutantes Mónica Cahen Danvers y Andrés Percivale- y de los primeros reporteros argentinos que filmó en las Islas Malvinas. En 1974, fue uno de los cuatro cámaras que registraron “Adiós Sui Generis”, la mítica despedida del dúo de rock argentino formado por Charly García y Nito Mestre.
En 1971, filmó “México, la revolución congelada”, donde aborda el inicio de la lucha campesina que lideraron Francisco Villa y Emiliano Zapata, en el inicio del siglo XX, y que concluyó con el surgimiento del PRI en la nación azteca. Para este proyecto consiguió permiso y apoyo para la filmación – con helicóptero personal y todo- del por entonces candidato a presidente Luis Echeverría, que estaba en campaña política.
Cuando éste asumió la presidencia, advirtió al estrenarse el filme que no era el elogio a la “revolución hecha institución” que esperaba, sino una feroz crítica a un ideal traicionado. Se enfureció y mediante su embajador en Buenos Aires exigió y consiguió que el gobierno argentino prohibiera el documental, que sólo duró un día en cartelera, en tanto en México su prohibición hizo que el filme recién se exhibiera en 2007. Ante su reclamo, en la embajada mejicana en Argentina, a Gleyzer le reconocieron “todo lo que se dice en la película es verídico y cierto. Lo que pasa es que hace que México se vea mal…”
II
La gran convulsión social que América latina vivía desde mediados de los ’60 con luchas obreras y campesinas, dio origen en la región al surgimiento de un movimiento cinematográfico que intentó retratarlas.
En Argentina, esa tendencia se expresó en dos corrientes: por un lado, el grupo Cine de Liberación, que proponía una visión desde el peronismo y que tuvo en “La Hora de Hornos”, de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, realizada en 1968, su obra más representativa. Por el otro, la iniciativa colectiva del Cine de la Base, de la cual Gleyzer fue uno de los fundadores, partía desde elaboraciones sustentadas en concepciones de la izquierda revolucionaria.
En 1973, Gleyzer materializa “Los Traidores”, acaso, la obra cumbre de su intensa trayectoria. La película narra la historia de Barrera, un sindicalista que pasa de defender los intereses de sus representados a transformarse en un ariete de la patronal. Para muchos, una parábola sobre José Ignacio Rucci. Sorprende el filme por su ritmo sostenido de narración, por el manejo de cámaras, para la época en que fue realizada; por entrar y salir de la ficción y el documental; con hallazgos para la época, como la escena donde Barrera sueña su propio entierro; y sobre todo porque la vigencia de su guión, nos hace dudar si fue escrito hace cuatro décadas o cuatro días atrás…
III
La tensión entre el contenido de sus obras y la situación política imperante en nuestro país durante la mayor parte de la década en la que Gleyzer produjo casi toda su filmografía (1964 a 1974) lo obligó a ingeniárselas por fuera del sistema para filmar, producir, escribir, elegir actores, buscar locaciones y también proyectar y difundir sus trabajos. En ese contexto produjo varios mediometrajes que daban cuenta de las luchas sociales como “Swift”, “Ni olvido ni perdón”, y la “Masacre de Trelew”, en la cual son entrevistados los líderes de Montoneros, FAR y ERP.
Muchas veces el grupo, proyectaba las películas en salas improvisadas de barrios obreros o fábricas, con un auto afuera preparado para cargar el pesado proyector y salir disparados en caso de que vinieran las fuerzas de seguridad. Tampoco le era fácil la realización. Como había una sola empresa que revelaba los celuloides en Argentina, el sólo hecho de llevarlos implicaba que las autoridades se enteraran de sus contenidos. Para eso Gleyzer había hecho amistad con unos pilotos de Aerolíneas Argentinas, que le llevaban las valijas de forma oculta a Nueva York en donde un empresario americano amigo se las revelaba y devolvía para el viaje de vuelta.
Las páginas del libro de su vida pasaban a un ritmo vertiginoso. El que imponían su impronta de rebeldía, la militancia y su pasión por filmar. Pero su prematura última hoja ya estaba a punto de ser arrancada. La actividad de Cine de la Base determinó que el grupo fuera puesto en la mira de la banda de asesinos parapoliciales, la Tripe A.
En 1976, ya en plena dictadura, Gleyzer viajó a Nueva York por motivos de trabajo. Tenía un contrato para la UNESCO por dos años para filmar documentales en Africa. Pero, aún sabiendo que estaba en la mira de los represores, retornó a Argentina. El 27 de mayo de 1976, fue secuestrado y trasladado al centro clandestino de detención conocido como El Vesubio, en el que ya estaba también Haroldo Conti, y donde se lo vió por última vez.
Tras su desaparición, sus compañeros partieron al exilio para denunciar la situación de represión que se vivía en Argentina, y en 1979 filmaron desde Perú “La Triple A son las tres armas”.
IV
Y como una alegoría a su vida, la misma brutalidad de sus secuestradores y asesinos, es la que salva el legado artístico de Gleyzer. Tantos años corrido él y su obra para protejerla, la realidad le dicta a la ficción su último guión. En la audiencia realizada en agosto de 2010, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio, su compañera Juana Sapire, declara: “A Raymundo lo secuestraron de su departamento en la calle Federico Lacroze. Se llevaron todo. Arrasaron. Hasta la cucharita de la azucarera se llevaron. Todo se afanaron. Como eran incultos e ignorantes se robaron el televisor, pero la obra de Raymundo no la tocaron…”
V
Buenos Aires, junio de 1976: se los traga la tierra*
Raymundo Gleyzer ha desaparecido. La historia de siempre. Lo arrancaron de su casa, en Buenos Aires, y no se sabe más. Había hecho películas imperdonables.
Yo lo había visto por última vez en febrero. Fuimos a cenar con nuestros hijos, cerca del mar. En la trasnochada, me habló del padre.
La familia de Raymundo venía de un pueblecito de la frontera entre Polonia y Rusia. Allá cada casa tenía dos banderas diferentes para izar y dos retratos para colgar, según marchaban las cosas. Cuando se iban los soldados rusos, llegaban los polacos, y así. Era una zona de continua guerra, infinito invierno y hambre sin fin. Sobrevivían los duros y los pícaros, y en las casas se escondían los pedazos de pan bajo los tablones del piso.
La primera guerra mundial no fue novedad para nadie en aquella comarca sufrida, pero empeoró lo peor. Los que no morían empezaban el día con las piernas flojas y un nudo en el estómago.
En 1918, llegó a la región un cargamento de zapatos. La Sociedad de Damas de Beneficencia había enviado zapatos desde los Estados Unidos. Vinieron los hambrientos de todas las aldeas y disputaron los zapatos a dentelladas. Veían zapatos por primera vez. Nunca nadie había usado zapatos en aquellas comarcas. Los más fuertes se marchaban bailando de alegría con la caja de zapatos nuevos bajo el brazo.
El padre de Raymundo llegó a su casa, se desató los trapos que le envolvían los pies, abrió la caja y se probó el zapato izquierdo. El pie protestó, pero entró. El que no entró fue el pie derecho. Lo empujaban entre todos, pero no había caso. Entonces la madre advirtió que los dos zapatos tenían la punta torcida para el mismo lado. Él volvió corriendo al centro de distribución. Ya no quedaba nadie.
Y empezó la persecución del zapato derecho.
Durante meses caminó el padre de Raymundo, de aldea en aldea, averiguando.
Después de mucho andar y preguntar, encontró lo que buscaba. En un lejano pueblito, más allá de las colinas, estaba el hombre que calzaba el mismo número y que se había llevado los dos zapatos derechos. Los tenía, brillantes, sobre una repisa. Eran el único adorno de la casa.
El padre de Raymundo ofreció el zapato izquierdo.
-Ah, no -dijo el hombre-. Si los americanos los mandaron así, así debe ser. Ellos saben lo que hacen…
*Eduardo Galeano
“Soy Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. A Mica la mataron por su condición de ser mujer. A Mica la mataron porque no se pudo defender. Hoy no es la marcha de Mica, es la marcha de todas. Y vamos a pedir que se haga justicia por todas esas mujeres que son víctimas. Víctimas de la mano de un hombre o de la mano de un ser aberrante. Me conmueve mucho ver a muchos hombres acá porque esta lucha tiene que ser de todos”.
La mujer abrió la histórica jornada del segundo #NiUnaMenos bahiense, parada en una tarima frente a la Municipalidad, con frente alta y puño apretado. Mica sonreía en su remera que anunciaba “otro ángel” en el cielo y el recuerdo eterno. Atrás, acompañaban familiares de Ivonne Gallardo, de Leticia Cayuli, de Kathy.
“Como saben, el caso de Katherine Moscoso todavía sigue impune, hace un año y once días que venimos luchando, mi familia y compañeros de Justicia por Kathy seguimos reclamando justicia y verdad. Seguimos viviendo con asesinos en Monte Hermoso, seguimos con impunidad. Siguen mujeres asesinadas. Las matan por ser mujer. Queremos justicia por Micaela. Por ella. Pero a diferencia de Mica, que sabemos quién es su asesino y tiene que pagar por lo que hizo, por Katherine todavía no. Hay mucha mugre bajo la alfombra de Monte Hermoso”, dijo la prima Wanda Banegas.
Cuatro mil. Cinco mil. Siete mil. Diez mil. Más que el año pasado. Menos. Las que sean que entren en más de cuatro cuadras hasta las manos. Así fue el reclamo por “ni una muerta más” y contra la violencia machista en Bahía Blanca con la consigna “El Estado es responsable”.
Daniela Epuñan, leyó un comunicado de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir: “Mari mari pu peñi, mari mari pu lamgen. Con la Conquista del Desierto las mujeres originarias pasamos una situación de esclavitud que a lo largo de la historia de este país se fue sosteniendo y perpetuando. Esa conquista significó la esclavitud física, sexual y doméstica de las mujeres. Estas violaciones sistemáticas fueron impulsadas por el sistema colonizador y mantenida por el Estado argentino. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión ya que se intenta invisibilizar la realidad que vivimos hoy en las ciudades y zonas rurales”.
“Utilizamos el término feminicidio porque entendemos que es una planificación intrínsecamente vinculada con las corporaciones, los asesinatos no han terminado”, dijo. Y habló de sus cuerpos-territorio enfermados y asesinados por las corporaciones el extractivismo. De Diana Itatí Piñeiro, guaraní de 17, en Puerto Esperanza, Misiones. De Juana Gómez, qom de 15, que no volvió de un festival: “Fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada, dos días después la encontraron semidesnuda colgada de un árbol. Fueron dos hombres que creyeron como tantos otros que pueden dominar por su género”.
Las organizaciones que realizaron la convocatoria local destacaron el aumento de los femicidios desde el primer #NiUnaMenos. “Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad”.
“Se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación”, opinaron.
En el documento consensuado plantearon que “en todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto”.
Explicaron que el Estado es responsable porque “cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios”. Y es poco lo que se hace para cambiar esta realidad: por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En la ciudad “el presupuesto otorgado a política de género es nulo”.
El texto fue firmado por: Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelen Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza.
Las demandas: basta de violencia hacia las mujeres y de vaciamiento de políticas de protección a la mujer; por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; basta de impunidad, que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, María Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata; por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios; por los derechos de las mujeres trabajadoras. Basta de femicidios. “Ni una menos! Ni una muerta más… Nos queremos vivas!”.
El documento completo y galería de imágenes de FM De la Calle AQUÍ.
(Por Alfredo Grande) Varias veces he insistido en la extrema disociación entre democracia y estado benefactor. O sea: el terrorismo de estado anula la democracia, aún la más superficial. Pero la democracia no anula todas las formas de estado terrorista. Creo que es necesario definir el concepto de Terror. León Rozitchner escribió mucho sobre como el terror construye subjetividad. He tomado mucho de sus ideas e intento amplificarlas en lo que he bautizado como “psicoanálisis implicado”.
Mi primer libro publicado por la Agencia de noticias Pelota de Trapo se llama: “Crónicas de Trapo desde el psicoanálisis implicado”. Lo he definido como un “analizador del fundamento represor de la cultura”. La cultura represora tiene su máxima expresión en el terrorismo de estado, pero tiene múltiples expresiones en las democracias superficiales. Desde la masacre de Budge hasta los tarifazos.
Sobran los ejemplos y no hay organismo de derechos humanos que no haya denunciado y combatido estas formas del fascismo camuflado. Democracia o dictadura es una fórmula encubridora. Puede haber democracia y dictadura. Después de todo, hasta un asesino serial puede ser tierno con su familia. Pero creo que los globos de la democracia han impactado demasiado como un bien en sí mismo. Es decir: a un dispositivo lo hemos clonado en un valor. Y la democracia no es un valor. No es el bien y mucho el menos malo. El posibilismo, la resignación, el minimalismo fundamentalista de los demócratas, los meritócratas, los burócratas, tiene como uno de sus orígenes la idealización del voto y la entelequia de la voluntad y el poder popular.
“En la cultura represora
siempre el remedio
es peor que la enfermedad.”
(Aforismo implicado A. G.)
Para ilustrar: desde la conadep, el juicio a las juntas, los juicios de lesa humanidad lo que está en el banquillo de los acusados son personas. O sea: conductas concretas tipificadas como delitos. Menos el de genocidio. Creo que la única excepción es un fallo no fallado del juez Rozanski. Lo que nunca se juzgó políticamente es a las fuerzas armadas para asesinar. Si los bancos salieron airosos de todas las crisis, las fuerzas armadas, como institución, también.
Se han abierto delivery del ejército, marina y aeronáutica. Gendarmería, policías municipales, barras bravas, las “batatas” del sindicalismo ocre, etc. El monopolio de la fuerza pública tiene muchas sucursales, pero la casa central sigue siendo el Estado Represor y Democrático. Como éramos pocos, parió la abuela fascista. El decreto 721/2016 publicado en el boletín oficial por el gobierno nacional deroga el decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín que determinaba un control civil sobre las Fuerzas Armadas para la democracia. Control relativo pero control.
Gradualmente, o de golpe, las fuerzas armadas volverán a ser el brutal ejército de ocupación que, desde Roca al menos, siempre fueron. Y serán. Pronto le pedirán perdón por los juicios de lesa humanidad. Y habrá una estatua a Videla. Ya empezó Prat Gay pidiendo perdón por el sufrimiento de los capitales españoles. No sabía que los capitales sufren. Ese perdón es una forma nada larvada de traición a nuestra patria. Es el mismo espíritu que ordenó amputar nada menos que nuestro himno nacional.
Para mayor penuria, el abrazo de Hebe de Bonafini con el General Milani anticiparon estos males. Hebe, la gran luchadora contra la dictadura militar, indultó a las Fuerzas Armadas al abrazarse con su jefe mayor. La agrupación HIJOS de La Plata fue duramente cuestionada al quemar dos muñecos que simbolizaban ese abrazo siniestro. Hasta remover esa yerba mala de nuestra democracia, mucha sangre será nuevamente derramada. Ya lo está siendo porque desocupación, tarifazos, inflación, amenazas laborales, es anticipar la muerte. Es la muerte en vida. Mantengo una profunda convicción: a las fuerzas armadas el pueblo no las abraza.
Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a “encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos”. Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.
“Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general”, aseguraron desde la Colectiva.
Agregaron que “son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos esperando que las promesas se materialicen”.
Por todo esto volvemos a decir:
Basta de violencia hacia las mujeres
Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata
Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios
Bastaa de feminicidios
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
EL ESTADO ES RESPONSABLE
NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS
(Por Francisco Tavaglione) La violencia de género es la cosa más instituida y quizá una de las más arraigadas y antiguas de nuestra cultura. Ya en la biblia, en la que todavía se basan muchos valores actuales, la mujer es concebida como inferior al varón, condenada por haber comido de la manzana a parir con dolor y a someterse al hombre (Genesis. 3; 16-17), y a él, por haberla escuchado a ella, lo condena a tantos sufrimientos más.
El paso del tiempo conoció a muchas revolucionarias, pero casi todas las obras de aquellas libertadoras fueron absorbidas por el contexto, tras lo que sus grandes cambios, fueron asimilados por la moral, el machismo y las “buenas costumbres” patriarcales (no todas, claro está, y por suerte).
En consecuencia, entre diez mil y dos mil años después de que empezara a forjarse nuestra cultura, la mujer sigue ocupando un mismo lugar en la estructura social, a pesar de todas las luchas y los movimientos que hombres y mujeres ponemos en acción para cambiar esta situación. Aunque hoy la sociedad (aparentemente) intenta tomar conciencia de la injusticia en que tuvo relegada a la mujer, sin embargo el resabio sigue presente en nuestra cultura, y se deja ver en todas las opiniones de aquellos que justifican un feminicidio, en base a las actividades o los gustos de la víctima. Sigue presente en los medios de comunicación, en todos aquellos periodistas aberrantes y blasfemos que ante un asesinato, preguntan a los familiares si tenía novio, si aquel día se había ido enojada, o si se drogaba.
Ante esta situación, me llama muchísimo la atención dos cosas.
En primer lugar, el hecho de que se le dé más importancia, y más vuelta, y más trascendencia, a cómo iba vestida, qué costumbres tenía, de dónde y hacia dónde iba, etc., que el hecho mismo de que la hayan secuestrado, violado y torturado. Es como si la sociedad dijera: que la maten no es lo curioso, eso pasó siempre, lo curioso es lo que ella estaba haciendo antes –para que- la maten.
Eso da asco, y asco deberían sentir los periodistas, y los medios de comunicación que transmiten esos valores, porque todos lo sabemos, la pantalla genera cultura, y los valores que transmiten son, precisamente, los mismos que respiramos hace diez mil años con respecto a la mujer. En este sentido, los medios se oponen a una evolución, a un cambio de perspectiva, perpetuando los valores de antaño que casi nadie se hace cargo de todavía sostener.
En segundo lugar me llama la atención que la prensa, sabiéndose que es una industria de opinión, costumbres, tendencias y cultura, sin embargo siga transmitiendo los feminicidios como si se tratara de un apasionante e intrigante caso de Sherlock Holmes o su maestro Dupín. Periodistas ávidos por resolver el misterio, aparentan estar investigando a fondo el caso; reconstruyen con imágenes y escenas virtuales la escena del crimen, y de ser posible lo relacionan con asesinatos anteriores que en su momento despertaron la atención de la gente –entiéndase: dieron rating-. Entonces, ¿cómo puede ser, que sabiendo que la prensa produce tendencias, sigan profesando con tanto gusto, con tanto agrado, un asesinato, un secuestro, una violación? ¿No constituye el machacar y machacar un feminicidio, una legitimación del crimen? No es la noticia en sí lo que legitima el feminicidio, es el modo en que lo hacen, siempre igual, siempre dándole importancia a los mismos puntos: tras un asesinato, se busca una responsabilidad en la víctima. Si todos aceptamos la corrupción y esta circula en la tele con mayor comodidad que la justicia –y esto no es casualidad: es, precisamente, una movida política para legitimar la corrupción-, ¿por qué no sucedería lo mismo con los feminicidios? Si los suicidios no se transmiten porque genera “imitación”, ¿cómo es posible que no rija la misma prohibición para los feminicidios?
Implícitamente la televisión nos pone en contra de la mujer. Nos dice que la mataron, pero lleva nuestra atención a otro hecho, al hecho de que algo de responsabilidad debe haber tenido para que la maten, o la violen, y si en ella no se encuentra responsabilidad, entonces algún familiar o amigo, o las drogas. La televisión legitima una y otra vez el feminicidio, y solamente nos hace prestarle atención a cuestiones que no tienen nada que ver con el tema, un tema tan amplio como su historia: el machismo.
Nos va a costar muchísimo más trabajo, y más tiempo, y más víctimas, cambiar nuestra perspectiva si no somos conscientes de la información y la prensa que consumimos, que nos forma la opinión y, lo que es peor, educa a nuestros chicos.
La sociedad no puede seguir presumiendo que evolucionó en un tema tan sensible, si ante la aparición de un cuerpo ultrajado y sin vida, se sigue preguntando por qué había ido a comer un helado antes de que la maten.
(Imagen realizada por Francisco Tavaglione)
¿En qué consisten los cambios?
1. El nuevo régimen de personal convierte a todo el personal de la AFI en “personal de inteligencia”. Esto supone que aún quienes prestan servicios de apoyo, como limpieza o administración, sean considerados “agentes de inteligencia”. El decreto derogado (1311/2015) preveía regímenes profesionales por tipo de personal (inteligencia, seguridad y apoyo) concebidos en función de las características de las labores a desarrollar y restringiendo la protección de identidad al personal que cumple tareas operativas en la institución (agentes de inteligencia en sentido estricto) y solo para los casos en que fuera realmente necesario.
2. Se introdujo nuevamente “la disciplina del secreto” (art. 4 último párrafo, Decreto Nº 656/2016), ya presente en el Decreto 950/2002. Esta decisión del Ejecutivo representa un retroceso en una democracia que por primera vez, en junio pasado, había logrado dar publicidad a información básica sobre la organización y el funcionamiento del sistema de inteligencia. Se trata además de una decisión infundada, ya que no existen motivos que avalen el régimen del secreto en aspectos como el organigrama o la estructura orgánica y funcional y en aspectos críticos en materia de rendición de cuentas como ser la administración de fondos.
3. También se derogó la metodología de trabajo de “inteligencia por problemas”. Esto limitaba la posiblidad de producir inteligencia únicamente respecto a problemáticas criminales o defensivo-militares relevantes para nuestro país, pero además, toda orden de producir inteligencia debía ser aprobada por el Director General a través de una directiva de inteligencia, que debía incluir la fundamentación, tema específico, duración y ámbito, dirección operacional de cabecera, dependencias operacionales intervinientes, asignación presupuestaria y carácter de los fondos asignados (reservados o no) (art 21 del anexo II del Decreto Nº 1311/2015).
Esta simple medida prevenía que la AFI hiciera inteligencia respecto de cuestiones ajenas a las problemáticas de seguridad interior o defensa nacional, e implicaba un resguardo para el personal subordinado, porque toda labor de inteligencia debía tener su autorización correspondiente. A su vez, permitía a los órganos de control, como la Comisión Bicameral de Fiscalización de las actividades de inteligencia, controlar las labores de la AFI en función de las problemáticas identificadas en el Plan de Inteligencia Nacional vigente y comprobar cómo se asignaban los recursos aprobados por el poder legislativo.
4. El mismo anexo (II) establecía un mecanismo de coordinación de la AFI con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los ministerios públicos provinciales, limitando la participación de personal de la AFI sólo en apoyo a aquellas actividades que no pudieran ser realizadas regularmente por policías o fuerzas de seguridad. Este capítulo del anexo tenía la intención de contribuir a prevenir uno de los peores males que aqueja al sistema: la estrecha relación entre el personal de inteligencia y los jueces, en especial los federales.
5. También se derogó el régimen de administración de fondos, cuyo notable avance con respecto al período SIDE/SI era que distinguía entre fondos públicos y reservados, estos últimos destinados únicamente a actividades cuyo objeto requiriera que se mantuvieran en secreto. Vale recordar que la política de transparentar la gestión de fondos del organismo a cargo de la inteligencia nacional fue un compromiso asumido por el Estado Nacional con las víctimas del atentado de la AMIA, como parte de una solución amistosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el decreto 812/2005.
Desde los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA hasta el presente, el sistema de inteligencia nacional no sirve a la protección de los ciudadanos ni de los intereses de la Nación, sino más bien a intercambios espurios cuyo objetivo más frecuente es la manipulación o extorsión política y la cobertura o impunidad judicial. La crisis del sistema llevó el año pasado a la reforma de la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional.
El resultado del proceso de reforma fue un marco normativo que significó un compromiso de mejorar la calidad institucional del sistema. Ese piso fue luego refrendado por el decreto Nº1311/2015, aprobado en junio del año pasado. Sin embargo, la gestión deficiente y sin voluntad de cambio en la AFI impidió llevar a cabo las reformas organizacionales y de las prácticas que proclamaba el decreto reglamentario. Pero restablecer el régimen precedente que llevó a la crisis del sistema y volver a fojas cero los avances logrados está lejos de ser la mejor opción.
Reclamamos al Presidente de la Nación que revea la decisión tomada a través del Decreto Nº 656/2016, y al Congreso de la Nación que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado. La vuelta a un sistema regido por el secreto solo favorece que sus recursos puedan ser nuevamente volcados a fines ajenos a la institución, ilegítimos, ilegales y contrarios al régimen democrático al que aspiramos.
*La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia de nuestro país. Conformada en 2010, la ICCSI esta integrada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad, Democracia (ILSED), Fundación Vía Libre y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET).
La responsabilidad de funcionarios municipales, medios de comunicación e integrantes de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en el femicidio de Micaela Ortega (12) fue motivo de manifestaciones en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. Hoy a las 17 en Plaza Rivadavia se realizará la movilización por #NiUnaMenos.
Desde Integración Ciudadana, Miriam Iantosca dijo: “Ya va a volver. Es una travesura. Se fue por sus propios medios. Mientras que pasaban los días fueron las palabras que escuchó su familia, su madre, cuando se encontró con funcionarios que no le creyeron. Y eso es lo que manifestó su madre cuando nos visitó aquí en el Concejo. Fue la culpa de Micaela que aumentaron los robos en la ciudad. Fue la culpa de la familia. ¿Fue la culpa de la escuela? ¿Fue la culpa de las redes sociales? ¿Lo que usaba o dejaba de usar? Cuántos dichos, por favor. Cuántas frases y actitudes machistas. Violación de la privacidad de la familia y de los derechos humanos de la menor”.
“También se escuchó: es difícil buscar a alguien que no quiere ser encontrado. Lo dijo la persona encargada y responsable de la seguridad de la ciudad. Aunque gracias a dios esas palabras no desalentaron el esfuerzo de muchos que siguieron buscándola, investigando y acompañándola. Y quiero creer que no es verdad que se mostraron y divulgaron algunas de las comunicaciones de la menor. Cuánto para revisar que tenemos”, concluyó.
“El femicidio constituye un fenómeno global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo, sus víctimas son mujeres en diversa etapa de desarrollo, condiciones y situaciones de vida”, leyó la concejala del Frente para la Victoria Paola Ariente. “Los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa. Investigar y analizar una muerte violenta desde la perspectiva de género permite evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima de lo que pasó”.
“Las personas intervinientes en las diferentes etapas de la investigación deben prestar atención a los prejuicios obvios acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en las sociedades, ya que por su aparente carácter incuestionable no suele ser evidente ni para la justicia ni para la sociedad. Por eso, y en vísperas de una marcha, es que necesitamos que se haga cada vez más fuerte y más colectivo el grito de ‘ni una menos'”.
La concejala de Compromiso Bahía, Vanina González, manifestó que “Bahía está de duelo” y que la sociedad tiene que replantearse lo que se hizo. “Micaela marcó un antes y un después en Bahía Blanca, necesitamos un trabajo conjunto, pero un trabajo serio y comprometido para prevenir estos casos. (…) Puede ser uno de nuestros hijos, tenemos que cambiar la mentalidad, no se trata de juzgar a un adolescente, no se trata de detenerse a ver cómo se vestía o en las fotos que se sacaba”.
Martín Salaberry (FULT) recordó que “se escuchó por los medios plantear que en virtud de la carta que había dejado Micaela podría haber sido una travesura de una persona menor y que podría haber regresado al otro día” y afirmó que “el Estado no puede dudar cuando hay una persona que es desaparecida”.
“Hay que ir más a fondo y encontrar los responsables desde el Estado de esta salida transitoria que fue violentada, que venía desde el año 2014 en la provincia de Río Negro, de una persona a la cual se le da la salida transitoria pero que nunca vuelve al lugar donde debió haber estado que es la unidad penitenciaria de Gral. Roca”, dijo.
“Este es un momento de silencio y acompañamiento a los padres, familiares y amigos, entendemos que de acá a un tiempo se tendrán que hacer los análisis y evaluaciones correspondientes, seguramente el señor intendente cite al Consejo de Seguridad para realizarlos”, expresó Sergio Massarella (FpV).
La oficialista Soledad Martínez opinó que “no podemos permitir como sociedad más femicidios y violencia de género en todas sus formas, la expresión ‘ni una menos’ nos compromete a pensar y abogar por una sociedad más justa, debemos construir un mundo basado en la igualdad de derechos y oportunidades”.
En línea con la lucha contra los “enemigos” que integran “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”, declarada por el intendente Héctor Gay en su arenga del 25 de mayo, el municipio convocó a un espía del servicio de inteligencia de la dictadura como jurado de un concurso fotográfico.
Se trata del ex “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Gustavo Jorge Lobos, quien “debido a su trayectoria y prestigio”, brindó “su colaboración de manera gratuita” en la iniciativa “Retratando mi ciudad“, avalada por el Instituto Cultural a cargo de Ricardo Margo. El funcionario ya le había abierto las puertas del palacio comunal para que el ex espía organizara la muestra “30 años 30 fotos”, una retrospectiva de su maestro Pedro Luis Raota.
El Destacamento de Inteligencia, en el marco de la “lucha contra la subversión“, reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Varios de los jefes del ex fotógrafo de La Nueva Provincia fueron condenados a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad.
La pertenencia de Lobos al sistema central del genocidio quedó en evidencia con la publicación de la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en 2010. El docente de la diplomatura de Arte Fotográfico de la Universidad Salesiana compartía el prontuario con los ex Triple A Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu, el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti, el todavía juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el “periodista” del diario de Vicente Massot, Jorge Soldini.
Respecto a la existencia de civiles de Inteligencia en el staff de La Nueva Provincia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani dijo meses atrás a FM De la Calle que “es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores”. La investigación de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad probó que LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas mantenían “una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación”.
“Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano dónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar”, explicó Palazzani.
El verdadero corazón del plan de exterminio fue el Batallón 601 ubicado en la esquina porteña de Callao y Viamonte. Como señaló el abogado y ex preso político Jorge Pedraza, de “la totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión (como Lobos o Germani) y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones)”.
“Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios (como Montezanti). Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles ‘mensajes subversivos’ camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.
“La información clasificada era la base sobre la cual se definían los ‘blancos’ para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos”.
“Nuestra idea era plasmar en fotografías cómo los jóvenes ven los distintos paisajes urbanos y naturales de la ciudad. Próximamente vamos a repetir el concurso”, dijo la directora de Juventud pro, Florencia Bustelo. Tiempo de “argentinos que queremos restaurar valores”, “argentinos de bien”, diría el intendente.
No sean tibios. Digan whisky!
