Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Astor Vitali) Por estos días los titulares de los diarios, las placas en la TV y los comentarios en las radios versan en torno de la idea de que oficialismo y oposiciones deben tener actitudes de colaboración. Se supone que, a unas semanas de las elecciones generales, las fórmulas que competirán por los órganos de gobierno deberían llegar a un punto de acuerdo por la salud del país. Esta postura es tan ficticia como mentirosa.
La naturaleza de la disputa electoral se da precisamente porque las alianzas participantes no coinciden en su proyecto económico, político, social y cultural. En el caso de las fórmulas sobre las que se polarizarían los resultados, si bien dentro de un esquema de continuidad capitalista, la razón de ser de su existencia es de naturaleza antagónica e irreconciliable. ¿Cómo podrían co-gobernar neoliberalismo y neokeynesianismo (pongamoslé)? No se puede. Es inaplicable.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), difundió en las últimas horas un comunicado en el que expresa que consideran “que, en esta particular y difícil situación que está atravesando el país, los líderes de la sociedad debemos actuar con patriotismo y generosidad. Apelamos al diálogo y la generación de acuerdos entre los dirigentes empresariales, sindicales, sociales y políticos”. Parece que ahora que el país está en quiebra (con ganadores en el sector financiero) la responsabilidad es de todos. De esta forma, “la falta de estos acuerdos nos ha llevado a crisis recurrentes que tienen un efecto cada vez más negativo sobre la sociedad en su conjunto”.
Sin embargo, a mí no me miren. La responsabilidad del actual estado de cosas es de los gobernantes que tomaron medidas económicas de corte fundamentalista neoliberal con sus consabidos resultados, y del empresariado que apuntaló el proyecto político Cambiemos. Ustedes festejaban que por fin la Argentina gozara de sus mentadas “libertades” económicas.
Durante estas semanas, cuando todo se desbarajusta y temen por la estabilidad de su tasa de ganancia, consideran “muy importante que los dos principales candidatos presidenciales, Mauricio Macri y Alberto Fernández, acompañados por la dirigencia política y social de todos los sectores, generen los espacios necesarios para acordar las principales acciones a llevar en conjunto en este momento, hasta las elecciones y la asunción de un nuevo período presidencial”.
Este miércoles, los empresarios que bancaron el modelo de Macri y que ahora se moderan frente al moderado Fernández -puesto que requerirán de sus servicios-, presentarán esta serie de planteos en el Hotel Sheraton. Se viene la cruzada por la responsabilidad, “patriotismo” y el país serio.
Mientras todo esto ocurre, los sectores asalariados vimos disminuida nuestra capacidad de compra de una manera virulenta. Llegar a fin de mes es, para una persona argentina asalariada, una idea utópica. La capacidad de ahorro es historia antigua o futurismo inverosímil.
En este momento concreto del proceso electoral, nadie dice lo que piensa. El juego del “país serio” y el patriotismo repentino que les viene de golpe a quienes jamás han apostado más que a su finalidad de lucro es una cháchara gastada e inútil. Buscan ganar tiempo y que no se les desordene del todo sus negocios con el objetivo de que, una vez asumido el nuevo gobierno, su proyecto de pocos vuelva a imponerse.
No es ilógico que, en este estado de cosas y con los números de las PASO en las manos, los sectores de poder empresarial le den la espalda a su mejor intento de gobierno propio conducido por Mauricio Macri y busquen tender lazos con “la amenaza populista”. En última instancia, como bien lo saben por experiencia de la historia reciente, cierto peronismo les garantiza una tasa de ganancia que consideran razonable (aunque siempre quieran más) y su vez gobernabilidad y contención de la protesta social. El macrismo gastado garantiza neoliberalismo desalmado pero no gobernabilidad. Las condiciones del momento actual no son iguales a las de 2001. Buscan un tránsito ordenado.
La política del “país serio” y toda su pantomima es indistinta para las mayorías que ya perdimos y a las que nadie nos dice con claridad cuándo las gotas invisibles de la “lluvia de inversiones” –la gran mofa macrista y de sus aliados- nos dejará de mojar la oreja.
El Gobierno fijó unilateralmente el salario mínimo vital y móvil en $16.875. El aumento será escalonado en 3 cuotas: 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre. Sin embargo, la canasta básica se encuentra en $31.934 según datos del INDEC.
Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, opinó que “es insuficiente porque no cubre lo que viene sufriendo la familia trabajadora, tendría que haber sido por arriba del 50, un 55%. Si vamos a pensar que en el día a día uno no se encuentra en ninguno de los alimentos básicos el mismo precio me parece una falta de respeto, no estamos de acuerdo”.
La gremialista comentó que en la última reunión de la Multisectorial 21F “se discutió mejorar los esfuerzos para que más personas votemos la ida de este gobierno que la mayoría de compañeros y compañeras coincidimos que es el peor gobierno desde que se recuperó la democracia, es insensible a la situación por la que atravesamos la mayoría de la población”.
“Hay que militar y recuperar el acceso a la salud, la educación, a la soberanía tan devastada, entregada por esta gente. Hay que entrar a ver un plan que implique reactivar el consumo, promover política activas de Estado, dar insumos y ayudar las PyMES para recomponer el mercado interno y recomponer el consumo familiar”.
“Estamos generando una reunión de conducción, de la comisión ejecutiva de la CTA porque entendemos que en estos meses tenemos que lograr alguna acción conjunta con Yasky, con los Moyano y Palazzo, con el Frente Sindical y organizaciones populares para generar una acción para parar la depredación que estamos sufriendo y plantear una discusión que por única vez se sienten a discutir una reparación salarial”, finalizó Martínez.
Un nuevo juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo comenzó esta mañana. Están acusados por extorsionar y pedir coimas a albañiles para trabajar en el cementerio entre 2007 y 2010.
“Aún no hemos avanzado con los ‘otros’, los que creen que zafaron, los delincuentes que han podido quedar al margen de la Justicia con la ayuda de los ‘padrinos’, el poder y el dinero, pero van a caer, sólo es cuestión de tiempo”, dijo Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein.
Tercer juicio en la historia de Bahía Blanca a exfuncionarios públicos de gestiones inmediatas anteriores por coimas, extorsión y homicidio y no hay un sólo político que apoye, opine públicamente y/o haya colaborado en la causa. Complicidad absoluta de TODOS.
— lorena zerneri (@lorenazerneri) September 2, 2019
Caramelli ya fue condenado a cinco años de prisión por el homicidio de la joven fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza. Además, junto a Pombo también fueron sentenciados por cohecho y extorsión contra un comerciaente de Parque de Mayo.
Caramelli recibió entonces una pena de siete años de prisión, la cual cumple en su domicilio por ser diabético, y Pombo fue castigado con 3 años y 6 meses como partícipe necesario.
“Esto pasó en nuestra ciudad, mientras todos lo sabían y festejaban. Poco a poco el tiempo va demostrando que nuestro lema ‘la corrupción mata’ no es sólo una frase hecha.
La corrupción instalada en los gobiernos de Bahía Blanca, mató a Dai. Muchas de las personas que integraron e integran el gobierno de la ciudad, mataron a Dai. Y no es sólo el Ejecutivo, es el Legislativo y el Poder Judicial”, afirmó Zerneri.
La denunciante agregó “pasaron cinco años y cinco meses y sin embargo la muerte de Daiana sigue vigente, porque el desinterés de muchos en investigar, la complicidad en tapar y esconder, el olvido, la nueva oportunidad que se le brinda a muchos funcionarios que colaboraron y fueron cómplices de su homicidio, sigue intacta en el poder, que nunca cambia, sólo va mutando”.
“Y aunque parezca que hicimos mucho, no fue así, sólo hemos podido probar algunos delitos cometidos por estos dos sujetos delincuentes de poca monta, pero hay mucho más, que tiene que ver con ellos, con delitos federales, donde es muy difícil entrar, porque ahí también habita la corrupción”.
La tasa de inflación de agosto muestra una aumento de 4,75% respecto a julio. La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el año 27,61%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 50,03%, volviendo a subir luego de dos meses de baja.
“Estamos otra vez en una situación al filo del precipicio. Vamos a ver cómo lo pueden llegar a manejar. Son todas soluciones malas, con el cepo por lo menos se van a contener las reservas”, dijo a FM De la Calle el economista Juan Larrosa.
Opinó que “lo que queda es esperar que no pase lo peor. Lo peor es una hiper y está a la vuelta de la esquina. Están tomando medidas en un marco de incertidumbre muy fuerte”.
“Un shock inesperado asociado a un problema de incertidumbre política derivó en una fuerte inestabilidad de variables financieras, principalmente el tipo de cambio, la que trasladó sus efectos a los precios. Si bien se produjo una rebaja en el IVA para algunos ítems del capítulo Alimentos y bebidas, su efecto fue colapsado por subas generales en todos los capítulos. Las tercera y cuarta semanas marcan, precisamente, las mayores alzas”, explica el informe.
Todos los capítulos registraron alzas: Alimentos y bebidas (4,76%), Indumentaria (9,99%), Vivienda y servicios básicos (2,11%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,49%), Atención médica y gastos para la salud (5,67%), Transporte y comunicaciones (2,49%), Esparcimiento (9,63%), Educación (1,80%), Otros bienes y servicios (4,97%). Por el contrario, ningún capítulo registró bajas.
El informe destaca que la tercera semana marca un salto destacable en las mediciones de inflación, sobre todo para Indumentaria, Equipamiento y funcionamiento del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Esparcimiento y Alimentos y Bebidas. “Extrañamente en este último caso se corresponde con la toma de datos posterior rebaja del IVA en diversos alimentos”.
Indumentaria salta casi un 17% mientras que Esparcimiento lo hace casi un 12%, siendo que Alimentos y bebidas termina el mes con 6,34% arriba respecto al fin de mes anterior. Ello anticipa un fuerte efecto de arrastre para el mes de septiembre.
“Nada se puede tomar si a uno no le pertenece”, dijo el concejal de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, respecto a la ocupación de terrenos que realizan centenares de familias en el barrio Spurr.
“No compartimos eso, no es la solución, no corresponde, no hay que hacerlo. Ahora, también es el emergente de una falta de política habitacional y una falta de tierras de la que el gobierno se tiene que hacer cargo”, afirmó a FM De la Calle.
Desde el lunes 12 de agosto más de cuatrocientas familias se instalan en un gran bloque de tierras sobre Esmeralda al 1000. El macizo pertenece a la Administración de Bienes del Estado y está bajo custodia municipal. El intendente Héctor Gay descargó la gestión del reclamo en las autoridades de la justicia federal.
Quiroga manifestó que su sector tiene “una política de tierras que será explicitada en su momento y que será eventualmente aplicada si Federico Susbielles, como nosotros esperamos y confiamos, es nuestro intendente”.
“Mientras tanto, es un problema de ellos. Habrá gente avivada, gente que maliciosamente promueve este tipo de actos ilegales sabiendo que lo son y perjudicando a quien está en la vía y sin un techo con el que cubrirse. Ahí el Estado debería dar las respuestas y evitaría estos malos entendidos y esta cosa espantosa de propiciar que gente que está en la última miseria se convierta en perpetradores de un delito”.
Consultado por la difusión de un audio privado en el cual el abogado Leandro Aparicio asesora a vecinos de la toma, el concejal dijo: “Desconozco con precisión el derecho, sí entiendo que no es correcto y no está dentro de la ley ocupar un terreno que a uno no le pertenece. Lo demás, el abogado se hará cargo, desconozco cuestiones jurídicas. Si alguien me viene a pedir asesoramiento a mí, más que ‘eso no lo hagas’ no le puedo decir, no tengo formación jurídica”.
El fiscal Pablo Fermento diálogo con FM De la Calle luego de que el tribunal oral de Bahía Blanca absolviera a seis represores y condenara a otros once en el Juicio Armada II.
En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.
En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.
El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.
-¿Qué destacan del fallo?
Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.
Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.
La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.
-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?
Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.
Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.
Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.
-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?
Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.
Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.
-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?
Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí. A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.
Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.
-Fueron varios los que recuperaron la libertad.
Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.
Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.
-¿Queda alguno en cárcel común?
No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.
El Concejo Deliberante reclamó al Municipio que reanude el trámite de la declaración de Emergencia Alimentaria solicitado en diciembre de 2017 por Unidad Ciudadana.
“Apenas asumimos presenté el proyecto en emergencia alimentaria, Gisela Ghigliani reclamó emergencia en medicamentos y Walter Larrea la emergencia laboral. Tres indicadores sociales de una extrema gravedad ya por entonces. Veinte meses después sigue ahí. Declarar la emergencia no es una cuestión simbólica sino que es disponer de facilidades para tomar decisiones rápido, tener recursos disponibles”, señaló el concejal Carlos Quiroga.
Afirmó que “la gente se está muriendo de hambre, no saber qué van a comer. Para miles y miles de familias vivir significa simplemente la supervivencia, todo el proyecto, las expectativas, se remiten a ver si mañana comemos. Les están arrancando fragmentos de su calidad de personas”.
“De diciembre del 2017 a 2018 los pobres pasaron de ser 44 a 78 mil. En ese momento Soledad Monardez se dio el lujo de subejecutar 80 millones que tenía asignado para el área social y la premiaron con el Juzgado de Faltas con el voto del socio minoritario de Roberto Ércoli”, agregó.
Respecto a la asistencia municipal a familias vulnerables, Quiroga comentó que “la gente tiene que hacer un peregrinaje para conseguirla, además ¿sabés lo que significa venir al centro para las familias sin recursos? El boleto de colectivo a 30 mangos, el combustible de la moto, como no tienen las motos en condiciones se las decomisan si viene al centro”.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y el Departamento de Economía de la UNS firmaron un convenio para para que dentro de los próximos 3 años se realice la medición de pobreza multidimensional en la ciudad.
Silvia London, directora del IIESS, dijo a FM De la Calle que mantuvieron una reunión con el intendente Héctor Gay para “analizar qué tipo de estadísticas tiene el municipio, colaborar con nuestros propios datos y poder hacer esta medida de pobreza multidimensional”.
“Buscamos tener una medida que dé mucha más información de las necesidades de sectores más vulnerables para establecer políticas específicas”.
London comentó que la medición multidimensional “es una medida que no solamente considera pobreza por ingresos sino otros factores, son tres índices y, sobre cada una de estas, hay otras variables que las componen. Sobre esto se ven carencias de vivienda y educación, obviamente el ingreso también, es parte de la medición pero no es lo único que lo determina”.
“Tenemos un problema en Bahía Blanca con respecto a una porción de la sociedad que está en situación de pobreza y la idea es poder ver exactamente qué dimensiones son las más significativas para actuar”.
“Para los que hacemos investigación, el resultado es cuando estos datos llegan a los hacedores de política. En ese sentido es muy bien recibido por nosotros que la Municipalidad tenga interés de que se hagan estos diagnósticos”, concluyó.
Se cumplió el primer aniversario de explosión de la Escuela 49 de Moreno en la cual se produjeron los asesinatos laborales de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.
La docente morenense Andrea Blanco visitó Bahía Blanca para acompañar la proyección de la película “Escuela Bomba”.
“No fue un accidente porque se pudo haber evitado si garantizamos la condiciones en las que se trabaja y se aprende. Si bien sucedió ahora, en este gobierno, no son cosas de ahora. Aunque Vidal es responsable. Las malas condiciones de infraestructura de las escuelas preceden a este gobierno, negligencia y múltiples causas que se podrían haber sido evitadas”, dijo Blanco en FM De la Calle.
Agregó que “lo que pasó luego de la explosión fue lo que se pudo construir colectivamente, eso tiene una potencia tremenda, las cosas se fueron desarrollando por la masividad del conflicto. El primer día se suspendieron todas las actividades, fue el dolor y la certeza de que cualquiera de nosotros podría haber sido Sandra y Rubén”.
El distrito estuvo casi seis meses con suspensión de clases. “Empezamos mayoritariamente el ciclo lectivo 2019, la mayoría de las escuelas sin gas. A una escuela céntrica le habían puesto aires acondicionados para calefaccionar y cuando empezó el frío empezaron a estallar las instalaciones eléctricas”.
En Capital Federal, las autoridades del cine Gaumont censuraron el estreno del film: “Teníamos fecha, estaba en agenda y dos días antes nos dicen que no iba a salir. Eso generó toda una situación alrededor de la película. El director es Juan Mascaró, tuvo la cintura de decir ‘la pasamos en la calle’, y eso tuvo un efecto interesante. Queremos que el documental resulte una herramienta para poner luz a la situación de la provincia y del país, porque no se distancia lo de Moreno con el resto de las localidades”.
“Escuela bomba” es una producción independiente del Departamento de Educación de la Universidad de Lujan, “sin un solo peso, con una cámara prestada”.
Blanco señaló que “intentamos en 68 minutos reflejar lo que los distintos colectivos piensan, el impacto de los asesinatos, la muerte, la explosión. Todo lo que vino después, lo que pasó con la película es análogo a lo que pasó con la explosión”.
“Sandra y Rubén fueron dos compañeros muy comprometidos en su organización sindical y en su labor. Muy comprometidos con su trabajo, con esa escuela y con la comunidad. Su compromiso social habla de ellos como laburantes, como sujetos históricos. Y si no fueran así también deberíamos estar haciendo esto por cualquier trabajador que muere tratando de ganarse la vida”.
La docente comentó que “judicialmente el que tiene algún costo es el gasista, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Claramente los responsables son los gobernantes, sin embargo, ellos no pagan ningún costo”.
“En Moreno los padres han sacado a cachetazos a (el Director General de Cultura y Educación, Gabriel) Sánchez Zinny de la escuela, hay mucha irritabilidad ganada, eso está y tiene su efecto político. Ninguno tiene causas ni procesos judiciales por esto”.
Por último, Blanco señaló que “si Sandra estuviera viva estaría pagando los costos de la explosión porque siempre somos los trabajadores los que pagamos los costos”.
Empleados de la fábrica de colchones Fabra Fons cobrarán los salarios adeudados y el 70% de indemnización tras de la venta del edificio de Sarmiento al 1300 a un grupo inmobiliario.
Héctor Giacobini, delegado de los trabajadores, comentó en FM De la Calle que “la pesadilla terminó, estamos yendo con el abogado para ver cuándo depositan el dinero de los salarios adeudados. La indemnización corre a partir del mes que viene pero hicimos un buen arreglo porque el habernos quedado dentro de la empresa nos favoreció”.
Afirmó que “la maquinaria la iba a comprar otra persona y creo que ya arregló. Va a tratar de llevar 10 o 12 compañeros para trabajar con él, los más antiguos que sabemos el funcionamiento. Ellos no saben nada del rubro, por eso nos llevan a nosotros”.
Giacobini comentó que quienes se quedaron sin trabajo “son gente que puede conseguir trabajo, el resto no porque estamos a 3 años de jubilarnos. El alivio está porque no tenemos que sufrir más, ahora es cobrar. Algunos tienen trabajos extras como yo que vendo verdura, lo que me importa es trabajar 3 años más para poder jubilarme”.
Los veedores judiciales que supervisaron el escrutinio provisorio de las PASO informaron a la jueza María Servini de Cubría que hubo fallas en el sistema del conteo de votos y que el software a cargo de la empresa Smartmatic “funcionó de forma totalmente defectuosa”.
Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, dijo a FM De la Calle: “Lo que más nos preocupa es que, si bien el informe es lapidario, se queda corto porque, por ejemplo, dice que el software de escaneo de los telegramas funcionó bien y en condiciones de seguridad. No creemos que los veedores estén en condiciones de informar eso. Los especialistas dicen que el sistema de escaneo está lejos de ser validado por alguna auditoría, que si bien funcionó, las condiciones de seguridad del software son nulas”.
“Hay cosas que tienen gravedad. Smartmatic sacó inmediatamente un comunicado diciendo que desconectar las terminales informáticas de los fiscales era una práctica de contingencia en caso de que algo fallara. Con el fin de priorizar la carga cortaron la información a veedores y gente que estaba siguiendo en el centro de cómputos el escrutinio provisorio”.
La carga de los datos provisorios se demoró porque hubo un problema de capacidad de los servidores: “Previeron una capacidad de trabajo menor a la que hubo. Es terriblemente grave porque cuando uno instala una aplicación tiene que probarla con el uso más intensivo, no jugarla de mínima”.
En segundo término, Busaniche advirtió “que la empresa tiró la pelota afuera con el comunicado. El Poder Ejecutivo dice que es un problema de la empresa como si fuera un testigo y no el responsable. El Gobierno la contrata pese a la cantidad de elecciones fallidas, la cantidad de denuncias, debería haberla descalificado de primera mano. El Ejecutivo se comporta como un comentarista”.
La empresa está a cargo del desarrollo del software para la transmisión de telegramas desde las escuelas y luego interviene en el escrutinio provisorio. ¿Hay condiciones para que Smartmatic se encargue de la elección de octubre?
“La doctora Servini no resolvió el amparo del Frente de Todos que pidió que se designen veedores judiciales y se aparte a Smartmatic. No creo que el Poder Ejecutivo tome acciones reales, tiene un par de problemas más urgentes que les ocupan el tiempo. Este conflicto con el tema dólares es más un conflicto político que económico y tiene que ver con la cuestión electoral. Entonces, flaco favor le haríamos a la situación económica si encima el 27 de octubre tenemos un apagón informativo en el escrutinio provisorio”.
Busaniche afirmó que “hay que redoblar las fuerzas para que entreguen el software. No hay tiempo físico de cambiar la empresa, de hacer una auditoria ni hacer nada que corrija el rumbo. Lo único que se puede hacer es aceptar la ayuda que se está ofreciendo, ampliar la posibilidad de que los partidos vean y auditen. La casa de naipes que esáa armada con el tema dólares es un problema político y lo último que necesitamos es romper el sistema electoral”.
(Por Astor Vitali) Es una pregunta que haremos en el día de la radiofonía argentina. Como se sabe, un grupo de locos, los locos de la azotea, tranmitieran Parsifal desde techo del teatro Coliseo registrando así lo que se conoce como la primera transmisión de radio en el mundo. Más allá de las discusiones sobre en qué lugar del orbe alguien por primera vez hizo uso social de esta tecnología, es evidente que Argentina tiene una larga tradición en radiofonía y amplios públicos que disfrutan de ella.
Como hemos señalado varias veces desde estos micrófonos en otros aniversarios, la radio fue amenazada de muerte muchas veces: desde la aparición de la TV hasta el actual despliegue de la cultura on demand. Sin embargo, se adapta a distintas plataformas y cada vez hay más radio y más tipos de radio. Para todo.
¿Cómo anda la radio, por Bahía? La pregunta presenta varias dimensiones. ¿Económicamente? Anda a los tumbos y con dificultades de subsistencia. Sabido es que, en general, los medios de comunicación no son rentables en sí mismos. Es decir, difícil es sostener una planta estable, impuestos y costos fijos con la mera venta publicitaria en las rotativas. Mucho más en una ciudad donde la pauta publicitaria está prácticamente carterizada.
En el actual esquema de medios, una radio pasa a ser una actividad más de un holding –en el caso de las últimas modificaciones- o de unidades estratégicas de negocios, como aquellos históricos empresarios que meten seis radios en un semipiso. En el primer caso, suelen comprar medios con la idea de legitimar las actividades económicas rentables y prestigiar a los principales accionistas. En el caso de las UEN, se trata de concentrar la pauta publicitaria tomando la menor cantidad de personal posible y con la menor cantidad de programación local posible. En ambos casos, las motivaciones de esas empresas nada tienen que ver con las necesidades de la sociedad y con el derecho a la información sino con sus finalidades de negocios enmarcados en la libertad de empresa (enemiga de la libertad de prensa).
Además del plano económico, la pregunta de cómo anda la radio por Bahía también podría interpretarse desde el punto de vista de sus propuestas artísticas, de programación y periodísticas. No vamos a dar opinión porque cada quien escucha su radio y cada quién podrá juzgar en torno del tema pero sí vamos a dejar algunas preguntas para orientar las posibles respuestas.
¿Cuánto invierten las radios privadas en beneficiar la calidad de su programación? ¿Cuánto se apuesta en materia de investigación periodística? ¿Cuánto trabajo de renovación de artística se escucha? ¿Cuántos encuentros de formación se realizan para mejorar la calidad radialística? ¿Cuánta inversión se realiza para mejorar las propuestas tecnológicas de emisión? ¿Cuánto sale la radio a su medio social, sus barrios, y cuán lejos está de lo que ocurre? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te conmovió en el aire? ¿Cómo se preparan las personas que están al aire? ¿Sentís que dan todo para comunicar? ¿Cuánto te animás a investigar en el dial? ¿Cuánta gente de radio hay en los espacios de conducción de las radios públicas y privadas? ¿Cómo musicalizan las radios? ¿Haciendo negociosos con las discográficas o aplicando preocupación por la difusión de la cultura realmente existente en su medio social y la dedicación a la difusión cultural? ¿Cuántos periodistas ocupan lugares en las radios y, basados en el peso de sus nombres, olvidan ejercer chequeando datos y operan a lo tonto sin ningún tipo de fiscalización de los derechos de la audiencias? ¿Qué parte de las audiencias conocen sus derechos? ¿Cuánto de ejercicio del poder encierra la posibilidad de estar frente a un micrófono, en un estudio de radio?
Hacer radio puede resultar una actividad apasionante o puede, como todo, hacerse monótonana y fríamente. Por algún motivo, que podría explicarse desde la economía, la radiofonía local, en sintonía con un fenómeno a nivel país, está en manos de jefes y directores de pobrísima formación, cuya capacidad creativa se desconoce porque está lista para estrenar, sin uso y en oferta.
Para mejorar la salud de la radiofonía local harían falta: empresarios dispuestos a invertir en producción y por fin profesionalizarse en el rubro con el que lucran; mayor poder de decisión para quienes hacen radio hace tiempo y saben cómo hacerla; actitudes más audaces de quienes aman la radiofonía en función de la puesta en marcha de propuestas que renueven el aire; mayor participación de la sociedad civil y sus organizaciones, de los ciudadanos y de las ciudadanas de pie en el aire; preocupación por los contenidos artísticos y culturales; dimensión del fenómeno.
Para definir con claridad este comentario editorial con un ejemplo que suele esbozarse en clases de comunicación y especialmente en clases de radio: uno tiene que hacer la radio que le gustaría escuchar. ¿Estamos dando a nuestras audiencias la radio que nos gustaría escuchar? Como reza nuestro slogan: cambiar el aire depende de vos.
La sorpresa fue compartida con emoción y alegría por buena parte de la sociedad bahiense el 12 de septiembre de 2012, cuando se conoció la primera sentencia contra crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.
No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.
Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.
“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.
Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.
“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.
El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.
“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.
Repudio en la calle
El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.
“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.
Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.
“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.
“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.
El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.
La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.
“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.
El tribunal oral de Bahía Blanca condenó a once represores y absolvió a otros seis acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.
Se trata del segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano contra 68 víctimas, casi un tercio de las cuales continúan desaparecidas.
Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales.
Mirá el detalle de los nombres, roles durante el genocidio, pedidos de pena de Fiscalía y querella y la resolución del tribunal en cada caso.
PRISIÓN PERPETUA
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
18 AÑOS DE PRISIÓN
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
15 AÑOS DE PRISIÓN
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
9 AÑOS DE PRISIÓN
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
8 AÑOS DE PRISIÓN
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
6 AÑOS DE PRISIÓN
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
5 AÑOS DE PRISIÓN
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
3 AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
ABSOLUCIÓN E INMEDIATA LIBERTAD
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
En el día de la radiofonía argentina, Un grillo en tu almohada intentó un acercamiento a diferentes visiones acerca de la radio local. ¿Cómo se hace radio en Bahía Blanca? Dificultades económicas, carterización del mercado publicitario, el recorte de los sectores pequeños ante un modelo económico que no permite el crecimiento, la concentración de la pauta oficial, las radios comunitarias y universitarias como única posibilidad de acceso al derecho a la comunicación por parte de las comunidades, son algunos de los temas analizados por nuestros consultados.
A la hora de pensar en las voces que representan emprendimientos públicos y privados, nos encontramos con la regla de que quienes están al frente de medios de comunicación local son varones.
Luis Alberto Cano (Director de Radio Altos y del portal Frente a Cano), Marcelo Tedesco (Director de Radio Universidad Nacional del Sur) y Diego Salvadori (Continental Bahía Blanca, Music, las 40 y del grupo Bahía Multimedios) en diálogo con FM De la Calle aportaron miradas en el día de un medio tan apasionante como peligroso.
Este miércoles se presenta el segundo libro del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales “Colisiones Análisis, Problemas y perspectivas”. Publicado por EdiUNS fue editado por el decano de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman.
“En principio es proseguir con el primer libro que tiene que ver con la estadística de 2015, 2016, 2017 y profundizar con algunas cuestiones que atraviesan de la problemática”.
“No hay ningún cambio, eso ya genera una perspectiva poco optimista porque los problemas siguen existiendo desde el 2012 a esta parte, mismos datos, mismas problemáticas. Cualquier cambio que uno quiera hace enseguida se van a modificar, evidentemente las lógicas de funcionamiento por los cuales se generan siniestros siguen estando”, comentó.
El alcohol tiene un capítulo especial: “Es una de las sustancias más adictivas, tiene una concepción moral muy aceptada por la población frente a otras sustancias menos nocivas o con una connotación personal como es el cannabis, por ejemplo”.
Respecto a la iniciativa de legislar por la Tolerancia Cero al volante, el decano comentó que “la problemática está desbordando, la justicia lo toma porque hay presión social pero no existen política públicas porque ahí hay poder de lobby”.
“La única sustancia que no tiene una política que controle o mitigue es el alcohol. Se plantea en términos de doble moral porque, por un lado, en el alcohol al volante se generan juicios y condenas pero, por otro, hay publicidad, hay una aceptación del alcohol sobre todo en jóvenes”.
“Según un estudio de la Municipalidad más del 50% de los menores de 14 años ya han tenido una experiencia de alcohol dura y en el 80% los padres no estaban presentes o no tenían conocimiento”, comentó.
