Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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“El padre del dueño de La Nueva se quiso agarrar 33 hectáreas de lo que era la Villa Amaducci y lo perdió. Ese señor lo que hizo fue comprar boletos truchos”, dijo el abogado Leandro Aparicio en respuesta a quienes lo acusan de instigar la toma en Spurr.
El diario La Nueva Provincia, propiedad del empresario Gustavo Elías, y el jefe de la Policía, Claudio Petrizan, difundieron un audio privado entre el abogado y vecinos que participan en el reclamo de las tierras.
“Es un reclamo que tenemos que hacer, en los gobiernos anteriores le han regalado a los amigos del poder lo que han querido. ¿De dónde sale todo esto? De La Nueva, los dueños de La Nueva son familias que se han agarrado terrenos de aquí para allá”.
En diálogo en FM De la Calle agregó: “Lo que más me preocupa que como (el gobierno) no tienen sensibilidad, tal vez crean que reprimiendo puedan conseguir más votos”.
Aparicio recordó que “el lunes a la mañana iba caminando por la plaza y los vi. Me explicaron que varias personas habían sido detenidas, menores y mayores, la semana anterior y que querían continuar con la toma”.
“Lo que hice fue ver la causa al otro día. Cuatro personas se reunieron con Enrique Gandolfo y otra compañera y de esa charla es el extracto donde los aconsejé y les dije que la toma es una posesión pacífica, no era un delito. No lo digo yo, lo dice el Código. Y a partir de ahí se sucedieron todos estos episodios que tienen otro trasfondo y van para otro lugar”.
El abogado destacó que “la Resolución 707/19 de la Suprema Corte, en virtud de las tomas multifamiliares, le da un protocolo a los fiscales: antes de mandar a reprimir tienen que ir ahí, hacer un control y determinar si el desalojo va a ser más eficiente que dejar todo como está, tienen que hacer un relevamiento con trabajadoras sociales y toda una serie de medias previas”.
“Ahora bien, eso es jurisdicción provincial, no sé si sería aplicable en el caso que actúe la justicia federal”.
Integración Ciudadana manifestó que la respuesta del municipio ante la toma de terrenos en Spurr por parte de más de 400 familias “no hace más que desviar el problema sin hacerse cargo de la realidad bahiense”.
La abogada María de los Ángeles Rosón señaló que “tanto el secretario de Gobierno (Fernando Compagnoni) como (Héctor) Gay han referido que el fundamento de la actuación de vecinos es únicamente una cuestión política”.
“Esto es, una vez más, una demostración de no hacerse cargo de esta realidad acuciante de un sector de la población que es el que menos recursos tiene, que no tiene en empleo y que sufre los avatares de las políticas de este gobierno”.
Rosón dijo que “para este gobierno hacer valer la ley es aplicar la ley Penal, es dar intervención a la justicia de Faltas. Entendemos que hay una criminalización de la pobreza”.
“La actitud del Municipio es congruente con la seguida en todas las expulsiones desplegadas durante el actual gobierno. Es decir, una clara manipulación de la ley, ejercer un rol sancionador evitando hacerse cargo de la pobreza y de los vecinos que no tienen acceso a sus necesidades básicas”, reza el comunicado.
Para la dirigente, “no hay acciones anteriores a esta situación, esto es desencadenante, no siguen ningún protocolo”.
Respecto a las indicaciones de la Suprema Corte para casos como este, destacó que “se tiene que hacer un informe socioambiental, tomar contacto con las familias, quiénes son, ¿son 400 familias que nacieron de un día para el otro en un estado de vulnerabilidad? El Estado tiene que intervenir previamente. Desde luego que debe ser dificultoso. Ahora, mucho más dificultoso es afrontar el problema”.
(Por Astor Vitali) Nuevamente las tomas de tierras expresan un tema central para la comunidad bahiense: el déficit de vivienda. Ante la falta de planificación de los sectores económicos que concentran las riquezas y la consecuente inacción de sus expresiones partidarias, en cambio, buscan soterrar esta desesperante realidad a través de operaciones mediáticas y políticas.
La economía contemporánea argentina arroja una regularidad: a los trabajadores y a las trabajadoras del siglo XXI no les alcanzan sus salarios (aun juntando dos) para cubrir sus necesidades básicas, entre las que se encuentra la vivienda. En los últimos años he visitado diferentes tomas y pude verificar, entrevistando a muchos ciudadanos, que la composición general de quienes llegan a la decisión de buscar un terreno para edificar reúnen varias similitudes: a) se trata de personas asalariadas o trabajadores subocupados; b) sus ingresos no les permiten costear el precio de vida digna; c) la acción de la toma no implica la apropiación (mal vista por nuestra legislación de carácter capitalista, aunque exista el derecho constitucional a la vivienda) sino que buscan un lugar y piden a gritos que el estado arbitre los medios para disponer de esas tierras (casi siempre públicas) y fije una forma de pago para acceder a ellas.
El caso de lo ocurrido en el barrio Spurr estas últimas semanas es paradigmático. Unas cien familias de laburantes (ahora muchas más), ante la imposibilidad de acceder a una vivienda debido a que sus ingresos bien habidos no alcanzan, deciden tomar terrenos. De inmediato, solicitan una reunión con el intendente Héctor Gay, quien debería velar por el bienestar de la comunidad, con el fin de generar herramientas desde la política para que quienes se encuentran en la toma puedan comprar las tierras a través de un plan de pagos.
La respuesta del intendente es no recibirles y delegar la tarea en su secretario de Gobierno. Al recibir a un grupo de delegados, Compagnoni afirma que no puede hacer nada y a otra cosa.
En este estado de desamparo de lo público, las familias buscaron asesoramiento legal. Por su parte, la CTA, como siempre lo ha hecho, se solidariza con las familias sin techo y repudian la represión. Las declaraciones de los fanáticos oficialistas de estas horas han llegado hasta el ridículo de intentar criminalizar la solidaridad ante hechos sociales de tamaña magnitud. Ni el más aventurado de los conservadores de antaño hubiera estirado sus anhelos punitivos.
El domingo por la mañana, el grupo de gobierno de la ciudad decide emprender una campaña de estigmatización a través del holding La Nueva. Dan a conocer un audio en el que el abogado Leandro Aparicio sostiene: “Hoy fui a ver la causa y la instructora me dijo que no hay nadie imputado. (…) Con esto quiero decirles que si ustedes se organizan y de manera pacífica intentan tomar posesión de esos terrenos más allá de un eventual desalojo que pudiera hacer quien traiga los papeles y diga que es el dueño de esos terrenos le tendrán que hacer un juicio civil de desalojo. Yo les aconsejo que no corten ninguna ruta, ninguna calle ni ninguna vía porque esos son delitos federales”. Luego les expresó que convocaran a medios de comunicación y que convocaran a las fuerzas políticas para expresar que no hay ningún tipo de delito. Además, les sugiere, “no responder a las provocaciones que haga la policía” y que ante cualquier anomalía de la policía llamar a los medios y a él.
Montados a esta publicación, el grupo de gobierno desconoce totalmente la necesidad de estas familias e intenta ensayar el archisabido recurso estigmatizante de que la toma ha sido instigada “desde afuera” y el intendente dice que “no es el camino”. Omite señalar cuál sería el camino, dado que las familias solicitan precisamente la búsqueda de consensos con el estado para arribar a buen puerto.
El presidente del Colegio de Abogados, Rafael Gentili, dijo en su radio amiga que podría tomarse como “hostigamiento (sic) para cometer un delito”. Que “no es especialista en Derecho Penal” pero que entiende que configura un delito. Sin más, realizó esta grave acusación. Si bien siempre hay dos lados de una biblioteca, hay letrados que sólo consultan la más limpia y más pulcra. Nada dijo el colegiado de la violación del artículo 153 bis del Código Penal en tanto se difundió, por una lado, una conversación privada y, por otro, una conversación confidencial entre cliente y abogado.
La municipalidad dice que no puede hacer nada porque los terrenos son del ferrocarril lo que a todas luces es ridículo. Si una función tienen los estados y la política es arbitrar los medios (que sólo están en manos de lo público) para dirimir este tipo de conflictos. No es cierto que no puedan evaluar alternativas mediante una negociación política sea con el sector ferroviario o con cualquier otro privado. Lo que hace el municipio es lavarse las manos, dejando a ciudadanos y a ciudadanas sin la protección que debería brindar y además instan a la criminalización del legítimo reclamo de vivienda, como se desprende de las declaraciones del abogado del municipio Gustavo Avellaneda quien sentenció que se trata de un delito (contradiciendo el artículo 181 del Código Penal) y recordó que días atrás, cuando comenzó la toma, hubo 19 detenidos. Buscan que la policía resuelva por la fuerza un problema que es político y de orden público.
El accionar del abogado Leandro Aparicio es lisa y llanamente razonable ante el requerimiento de auxilio de ciudadanos en el marco de un estado de derecho sobre el que se basan para legítimamente reclamar acceso a la tierra para construir sus viviendas. Muchos de estos vecinos y de estas vecinas han señalado, incluso a través de nuestros micrófonos, que ya habían solicitado respuesta en el ámbito público.
El colmo de la zozobra institucional lo podemos encontrar en las declaraciones de Compagnoni (¿Cuánto cobra Compagnoni?) quien les ofreció ser escuchados por la agencia de Políticas Sociales. ¿Qué puede hacer esta secretaría más que ofrecer algún que otro plan? ¿Cómo se puede responder con tarjetas a quienes buscan solución para su vivienda?
El intendente municipal, Héctor Gay, a quien hay que reconocerle un grado de coherencia acérrima en su política antipopular, dijo que no es el camino. ¿Cuánto cobra Héctor Gay? ¿Quinientos mil pesos mensuales? ¿Cómo se atreve a decirle a cientos de familias desesperadas por la situación económica de la que es en parte responsable que “no es la forma”? ¿Desde qué lugar se siente éticamente habilitado para aseverar tal cosa?
El episodio de la toma de viviendas en el barrio Spurr va cerrando el último capítulo de un gobierno que ha sido totalmente hostil al conflicto social y absolutamente insensible e indiferente a las necesidades de la comunidad de Bahía Blanca.
Por último, las fuerzas políticas en un contexto electoral ¿qué posición van a tomar frente a esto? ¿Se harán eco de la hipocresía de la bahía blanca y de su biblioteca pulcra o pondrán por delante los intereses de la comunidad y de aquellos sectores más perjudicados de las políticas económicas y pondrán la cara allí o le dirán al intendente: miré usted debe ocuparse de esto? ¿O resulta piantavotos la solidaridad?
Esperemos que en los próximos días el reclamo tenga un desenlace favorable bajo la responsabilidad política única del intendente Héctor Gay y que no encuentre como en otras oportunidades la salida en la represión y el hostigamiento de los sectores más pobres de nuestra comunidad.
Unas 400 familias permanecen desde el lunes en una toma de terrenos en el barrio Spurr. Ayer, efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense concurrieron al lugar con intenciones de realizar un censo.
Esta mañana se reúnen en asamblea para definir cómo seguirán con su reclamo de acceso a la vivienda.
Estefanía Escobar, vecina que participa en la toma, comentó a FM De la Calle la situación que atraviesan.
“Llegamos acá porque hay muchas personas que no tenemos un hogar, no queremos nada gratis, no nos negamos a pagar. Está muy difícil, es imposible alquilar. Estamos haciendo una toma pacífica. Vamos a seguir luchando pacíficamente hasta que nos den respuesta, no nos vamos a mover”, dijo.
“Fuimos a hablar a la Municipalidad, nos dijeron que nos querían ayudar con ayuda social y eso no paso en ningún momento. Nosotros estamos luchando por una tierra digna, no queremos nada gratis. Hay un basural en una parte, los de la Muni dicen que no hay tierras para dar pero hay tierras para tirar basura, mugre”.
El secretario de gobierno, Frenando Compagnoni aseguró que “no podemos permitir que después de las PASO determinados dirigentes llamen a voltear gobiernos y hacer cosas fuera de la ley. Hemos constatado declaraciones de dirigentes en este caso puntual porque esta la intervención de un letrado. Es lo que ha circulado en un audio, hay intervención de centrales de trabajadores, declaraciones de propios dirigentes que esperamos que tengan otros roles”.
Escobar también se refirió al audio del abogado Leandro Aparicio que difundió la policía y La Nueva Provincia señalando una posible incitación a la toma de tierras.
“El no nos incentivó a nosotros, nos orientó para que vayamos por lo bueno para que no nos metamos más en problemas porque ya había chicos que habían estado presos”.
“Yo vine con mi hija de 4 años, trabajo no hay, he tirado currículum y no consigo trabajo y nadie te ayuda. Así como yo hay muchas mamás”.
Por la tarde, Daiana contó que “al gobierno le pedimos una solución. Voy a difundir el audio de (el abogado comunal Gustavo) Avellaneda donde nos dice que no tienen soluciones para nosotros. Es mentira que nos brindaron ayudas no hicieron nada”.
Resaltó, además, la participación del abogado Leandro Aparicio: “Él no dijo nada, ni nos incitó a hacer nada. Esto ya estaba tomado y fuimos detenidos 20 personas, entre ellos dos menores y cuatro mujeres. Por ese tema fue que lo contactamos. Estamos luchando por un terreno para todos y necesitamos apoyo”.
A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).
Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.
A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.
Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.
Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.
Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?
Sí, sí.
¿Qué recuerdo tiene?
Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.
No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…
Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.
La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.
Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.
Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.
Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?
Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.
¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?
Según tengo entendido está paralizado.
Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?
También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.
El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.
Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?
Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.
La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.
¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?
La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.
Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.
Bueno, es su opinión, yo la respeto.
No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.
No tengo nada que decir al respecto.
¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?
No, no, no lo charlamos.
Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?
Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.
Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?
Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.
El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.
¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?
No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.
¿Ya están vencidos?
No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.
Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…
Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.
¿El suspender los concursos?
No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.
¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?
No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.
Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.
Sí, está bien, tendría que releer los informes.
Podemos quedar para otro momento.
Sí, yo aviso, yo les aviso.
Llamamos la semana que viene, ¿quiere?
Sí, yo les aviso.
No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.
No, está todo bien, está todo absolutamente bien.
El presidente de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, dijo que tienen información que advierte que el equipo de medición de ruidos del CTE “tomó valores por encima de los permitidos en el momento de la explosión (en Dow) y la empresa no fue infraccionada”.
“De confirmarse, es algo grave que se haya tomado la decisión política de no infraccionar a la empresa”, dijo esta mañana en el marco del 19º aniversario del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa. Tanto la asociación como el Concejo Deliberante requirieron los datos registrados.
Zerneri explicó que el ingeniero mecánico que estaba a cargo del monitoreo de ruidos fue a capacitarse a España, consiguió un empleo y se radicó allí. “Todavía no fue reemplazado dentro de la plantilla (del CTE). Cuando ocurre lo de Dow ya había renunciado, no estaba. Él era el especialista”.
Respecto a los escapes del 2000, el dirigente ambientalista afirmó que hubo “un avance muy importante en los primeros 10 años, había que poner en marcha la Ley Tunessi, adecuar sus herramientas, capacitar a la gente que tenía que estar en las plantas”.
“Hay otros temas que han quedado pendientes: darle estabilidad al personal del CTE, definir cuestiones con respecto a la frecuencia del monitoreo en el estuario, hay que reglamentar la ley 12530”.
Zerneri señaló que “todo el personal del CTE, excepto administrativos, están bajo un contrato, no tienen estabilidad en sus cargos. Es preocupante porque ante situaciones como estas, en las cuales se pone en tela de juicio el funcionamiento de organismos, la política suele cortar el hilo por lo más delgado”.
“Es bastante sugestivo que justamente -porque es una decisión política hacer esto- se quieran reconcursar en la puerta de una fecha en la que puede haber cambio de autoridades en lo local porque atentaría contra la estabilidad del sistema, que a dos meses de un cambio de autoridades se ponga en funcionamiento un mecanismo de elección de personas nuevas en cargos tan sensibles”, sostuvo.
El economista Francisco Cantamutto comentó las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien reemplazó al renunciado Nicolás Dujovne.
“Dijeron que van a aguantar el dólar entre las bandas de 58 y 62 pesos, que es el esquema que teníamos antes, y que se van a seguir cumpliendo las metas de déficit fiscal pautadas con el FMI. Básicamente lo que dijo Lacunza es ‘volvemos al escenario pre-PASO'”.
“Lacunza es un ortodoxo, les parece que esto es correrse del programa y que hay que volver a ganar credibilidad. Para la economía ortodoxa se trata de reglas claras y credibilidad. Eso de salir con un programa alternativo minimiza el impacto pero, por otro lado, es un problema porque es correrse de lo que vinieron a hacer y en eso mina la credibilidad. Entonces, dicen ‘volvemos al plano original y de acá no nos movemos’. El problema de esto es que esa credibilidad ya fue destruida”, dijo Cantamutto.
El columnista de FM De la Calle señaló que el presidente del Banco Central, Gui Sandleris, dijo que “el sistema financiero está bien, lo cual en cierta medida es cierto. La semana pasada no se puso peor porque lo que fue una corrida bursátil no llevó a una corrida del sistema financiero”.
“Los bancos están con mucha liquidez, lo que dijo es que para dotarlos de tranquilidad, han logrado retener los depósitos, dijo que subieron las tasas del intereses de Leliq al 75% y con eso le pidieron a los bancos que los trasladen a plazo fijo”.
En conclusión: “Ni siquiera había que salirse de su esquema de políticas, entonces, la inestabilidad vivida la semana pasada forma parte de la impericia del gobierno porque no es posible que si se puede volver al camino anterior no se haya hecho la semana pasada”.
La Municipalidad concursará los cargos de los coordinadores del Comité Técnico Ejecutivo y el Proceso Apell. La noticia fue comunicada en la última reunión del Comité de Control y Monitoreo y motivó la presentación de una nota pidiendo su suspensión.
Los trámites se iniciaron el 3 y el 18 de julio, luego de la explosión en el craker BB2 de la planta de Dow. Los expedientes se encuentran hace varios días en la Subsecretaría de Capital Humano.
La búsqueda de reemplazantes para César Pérez y Daniel Ayala fue anunciada la semana pasada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, en el encuentro mensual del CCyM.
Horas después, integrantes del organismo consultivo y de asesoramiento presentaron una nota en el municipio solicitando que el proceso para concursar los cargos sea detenido “a fin de ser evaluadas por el CCyM, las condiciones y posibles modificaciones para dar estabilidad en el cargo a las posiciones mencionadas”.
La carta lleva las firmas de representantes de la Universidad del Sur, la delegación local del OPDS, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, la Sociedad de Fomento de Ing. White, la Unión Industrial, la cooperadora del Hospital Menor de White, la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, el Sindicato de Petroquímicos y el Concejo Deliberante.
El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que establece modificaciones para la ocupación de veredas, de manera que faciliten la accesibilidad de personas con discapacidad.
La normativa es producto de un año de trabajo del Observatorio de Derechos para las Personas con Discapacidad y la Fundación Diser.
Mara Recondo explicó cómo serán las distancias que se deberá respetar: “Un metro cincuenta de la pared hacia afuera y setenta centímetros de cordón, en veredas más grandes, un metro setenta. En las veredas que son más chicas de un metro cincuenta no se puede poner nada, la ordenanza que estaba vigente regulaba solamente la actividad gastronómica”.
La medida no es arbitraria sino que “en el Observatorio trabajamos con diferentes comisiones. Hay una que es de accesibilidad, hay un arquitecto e ingeniero que trabajan, este metro cincuenta surge de que dos personas, tanto como quien va en silla de ruedas con acompañante o dos personas con discapacidad. Recavamos información e hicimos la prueba territorial y ese metro cincuenta es el espacio óptimo”.
“Vemos en muchos lugares estos cerramientos, en restaurantes, en ferreterías también. Estos cerramientos tienen que estar autorizados sobre planeamiento urbano y el rol muy importante de fiscalización”.
“El espíritu del observatorio no es la sanción, culturalmente necesitamos tener esta sanción como está establecido en el artículo de la ordenanza que habla de clausura o decomiso de los elementos si no se cumple. Somos hijos del rigor, si no tenemos amenaza no cumplimos. Está penado con multa, hay reincidencia por si no se cumple, está la posibilidad de clausura o decomiso de los elementos”, comentó.
Respecto del tránsito, Recondo comentó que “si bien está la ordenanza vigente, no pudimos aumentar la cantidad de boxes reservados para personas con discapacidad. Eso depende del Ejecutivo. Hablamos con Ramiro Frapiccini, el director de Tránsito. Hay 38 boxes, ocho no son funcionales. 30 para todo Bahía Blanca es muy poco”.
“En la ordenanza que se aprobó las facultades se transfirieron al Ejecutivo para pintar y delimitar esos boxes”, concluyó.
El concejal de Unidad Ciudadana, Walter Larrea opinó en FM De la Calle acerca de las candidaturas de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez y el actual secretario del bloque Frente Renovador, Carlos Salgado, para ocupar los Juzgados de Faltas. Los pliegos se tratarán en la próxima sesión.
“Nos hemos opuesto, no estábamos de acuerdo con el pliego de Monardez, creíamos que no tenía los antecedentes que se necesitan. Nos parece que esto tenía que tener una conversación, entró por vía normal y la se va a tratar la semana que viene”.
Respecto a Salgado, Larrea señaló que “en lo personal tengo un muy buen concepto, sé de su expertise nos parece que esto tiene que tener un tratamiento más de consenso, conversarlo, elevar una terna, con lo cual no te puedo adelantar cuál va a ser nuestro criterio”.
“Es cierto que la administración de la justicia de Faltas necesariamente tiene que tener una continuidad, es cierto que Germani se jubila en diciembre, ahora parece que en septiembre, y esto ameritaría algún apuro. Me parece que no se puede decidir así, con mayoría o con doble voto del presidente”.
Larrea manifestó que “esto es un acuerdo del concejal Roberto Ércoli que ha acompañado al menos estos dos años, sin excepción alguna, las iniciativas del oficialismo. Incluso cuando el oficialismo perdió mayoría con la salida de Schieda, el concejal siempre estuvo acompañando. No sé si tendrá que ver con una devolución de favores, el voto de Ércoli no va a tener ningún tipo de sorpresa”.
“A lo mejor es una devolución de gentilezas, sin que esto implique un juicio de valor, porque aunque lo querramos vestir con otras ropas la designación de Salgado va en este sentido”.
Por último, comentó que “hay cuestiones que no se pueden saldar por diferencias ideológicas insoslayables. El tema de la aplicación de la ley y la designación de funcionarios, queremos dignificar esa función, ojalá sea alguna posibilidad de alcanzar consenso”.
(Por Astor Vitali) En términos geopolíticos, se habla del transcurso de una guerra comercial protagonizada por Estados Unidos y China. Sin embargo, en términos culturales, la política mundial está atravesada por una guerra de posiciones heredada del resultado del fin de la guerra fría: la guerra sorda.
A partir de la caída del llamado socialismo real, los intelectuales orgánicos del capitalismo desarrollaron un marco teórico para la conquista de la voluntad de los electorados. Ya no había que discutir ideas: había que tirar buenas ondas. El ascenso al poder del macrismo en Argentina es consecuencia directa de este devenir.
La Alianza entre el grupo encabezado ro Jaime Durán Barba y el grupo de empresarios con interés en construir un partido propio dirigidos por Mauricio Macri tiene fecha de inicio por el año 2002. Mientras Francisco de Narváez soñaba con comandar una fuerza de origen peronista, haciendo uso de la franquicia de una estructura con desarrollo territorial y sapiencia electoral, el grupo de Macri coincidió con Durán Barba en la necesidad de forjar una nueva herramienta lejana a lo que se dio en llamar la “vieja política”.
Desde entonces, alegría, frases inconexas, la militancia de los anti programa y sobre todo la idea de “lo nuevo” atravesó la hechura de campañas y candidatos que finalmente tuvieron éxito tras el fin del ciclo iniciado por Néstor Kirchner en 2003. Las encuestas en el centro de la escena, el trabajo comunicacional, especialmente de la imagen y la construcción de una serie de lugares comunes fueron herramientas redundantes sobre las que machacaron hasta el cansancio.
Esta postura política se basa en la idea central de que “la gente” ya no está interesada en la política y que espera que los mandatarios sean figuras que no se parezcan ni de costado a un político profesional. “Jaime era el típico consultor de la línea americana. Defendía la teoría de que el mundo de las ideologías se había terminado. Lo único que importaba era ser competitivo en el lenguaje del mundo de hoy. El candidato ya no compite con otro candidato: compite con Madonna”, dijo Doris Capurro, una de las tejedoras de la Alianza con el publicista Durán Barba, al periodista Andrés Fidanza.
Esta posición fue útil para combatir a lo que esos ideólogos del fin de las ideologías combatieran a lo que dieran en llamar los populismos. Sin embargo, el resultado electoral de las PASO 2019 en Argentina mostró que esa estrategia puede ser útil para ganar un gobierno frente al desgaste de un período como el ciclo kirchnerista pero no alcanza para convencer a la ciudadanía de que las penurias económicas que viven a diario por la aplicación de políticas neoliberales representan “algo positivo que hay que atravesar para estar mejor”. La economía política, es decir, las ideologías, volvieron al centro de la escena.
La cultura de la imagen y de las buenas ondas también penetró en las ideas de campañas de fuerzas progresistas y de izquierda. Seremos claros: es menester desarrollar con la mayor inteligencia y efectividad posible todo tipo de herramientas de carácter virtual para articular en la lucha de posiciones tanto en contexto electoral como en el accionar político diario. Pero ese desarrollo de las herramientas comunicacionales no pueden constituir una política en sí misma: deben representar la organización política concreta.
“Nada se pierde, todo se transforma”, dice un principio universal. El llamado fin de la guerra fría pasó la batalla a otro lugar: el inicio de una guerra sorda entre la corriente internacional que sentenció el fin de las ideologías y articuló sus propuestas políticas y electorales en esa línea y quienes creen determinante la construcción presencial, política y articuladora de las distintas expresiones populares.
En el fondo, el domingo pasado la Argentina dio una buena noticia al mundo: a diferencia de la década del noventa en que Menen gozó de un voto de confianza reelectoral en su proyecto cultural, económico y político neoliberal arrasador, la mayor parte del pueblo argentino puso las ideologías dentro las urnas señalando que no acepta de ninguna forma un programa de dependencia con el FMI, de saqueo financiero, de apertura a las importaciones, de vaciamiento de los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos humanos básicos a través de los sistemas públicos de salud, educación, seguridad, cultura y justica y no está dispuesta a volver a aceptar un planteo de pobreza estructural para que las minorías gocen de privilegios suntuosos.
Lo que se expuso como un “voto bronca” es también un voto de reivindicación de las ideologías. Argentina es un país que guarda en un lugar de su memoria los profundos aprendizajes surgidos de las históricas luchas de su movimiento obrero. El macrismo huele mal, aunque para algunos sectores la propuesta mayoritaria que se opuso no sea seductora en todas sus aristas.
En este sentido, es importante que el movimiento obrero resuelva con nitidez cuál será su mensaje para la fuerza política que gobernará el país durante el próximo período presidencial. Mientas que las organizaciones de base no han logrado constituir una herramienta política propia de reivindicación de clase, es decir anticapitalista y antipatriarcal, la apertura de un nuevo período político determinado por el alto nivel de endeudamiento y dependencia sugiere un espacio para dejar en claro un mandato de repudio a las políticas económicas antipopulares y, a su vez, vislumbrar los puentes que permitan perfilar la articulación propositiva hacia un programa propio.
Todas las batallas (electorales, gremiales, sociales, culturales) están enmarcadas en el contexto de esta guerra sorda de reivindicación de la política como herramienta válida para luchar. En este sentido, la visibilización de miles y miles de cuadros de base que dan pelea a diario, de las expresiones de organización comunitaria, social y gremial, la construcción de mensajes políticos y discursos que seduzcan desde la política sin disfrazarse en el lenguaje hegemónico de la imagen (y sin dejar de utilizar los medios de comunicación) son tareas necesarias para, en este especial momento, dar vida a un discurso de reivindicación de la ideologías.
No cabe decir superficialmente que el discurso dominante esté herido, ni que la civilización neoliberal esté en retirada. Pero sí se puede afirmar, en vistas de lo que ocurre en todos los rincones del mundo, que las poblaciones se están cuestionando el fin de las ideologías. Ya no es la década del noventa. Que por propio sentido de supervivencia vuelven a discriminar ideológicamente el rumbo de sus gobiernos. Que la noción de justicia puede quedar en un segundo plano durante un tiempo, incluso prolongado, pero tiene un carácter implacable y más temprano que tarde prima como sentido colectivo.
Hay que tomar nota de que las tropas del fin de las ideologías no están en su mejor momento y que están expuestas en un punto fundamental: su conciencia de que son vulnerables a la organización política. ¿Hay ganadores predestinados en la guerra sorda? Nadie puede escribir la Historia a destiempo, es decir, antes de tiempo. Pero se puede vaticinar que será posible ganar la guerra sorda cuando las ideas populares tomen la palabra y los sentidos.
“No habrá aumento para las familias con créditos UVA”, twiteó esta tarde el presidente Mauricio Macri. Afirmó que “para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto”.
Por la mañana, la bahiense Florencia Ruppel adelantó que una decisión de estas características les daría “un respiro” a las familias afectadas por las corridas del dólar.
“Estamos pidiendo que se revea el sistema, llamamos a la eliminación del UVA porque no hay revisión del capital ajustable que es lo que yo le debo al banco. Mi capital ajustable aumentó 2600 pesos en un día y medio. No hay visibilidad, realmente estamos esperando el anuncio oficial en los bancos. Mientras anuncian esto, mi capital ajustable sigue aumentando”, dijo a FM De la Calle.
Ruppel comentó que tienen “comunicación con los bancos y ni ellos saben, la medida anterior fue oficializada pero no había comunicación a los bancos. Muchos medios levantan la nota pero a nosotros no nos dijeron nada”.
Un anuncio similar realizado por la gobernadora María Eugenia Vidal en abril “fue tomada en cuenta en el Banco Provincia pero los anuncios de Macri no, estamos esperando”.
Señaló que ” La cuota estoy pagando es el doble de lo que saqué. Mi crédito fue el monto máximo que podía tener mi marido con su recibo de sueldo. Yo tomé el crédito en 2017, el año pasado hubo una corrida del dólar en julio o agosto, nosotros los sufrimos en septiembre y octubre. De 400 pesos que se venía incrementando pasó a incrementase 750. Representa el 28% del ingreso familiar. En caso de que pasara el 30%, que era lo que decía la medida de Vidal, con el Bapro íbamos a tener ese reajuste”.
Estudiantes de la ciudad mendocina de Gral. Alvear protagonizaron días atrás una huelga y corte de ruta contra el fracking y en defensa del agua en la zona.
Lucía Demarque, integrante de Jóvenes por el Clima y estudiante secundaria, comentó a FM De la Calle que “al principio hubo cinco perforaciones y ahora son más. Hubo derrames que pueden causar cáncer, deformaciones, abortos espontáneos”.
“Este proceso produce una sismicidad inducida. Sabiendo que Mendoza es una zona sísmica, es una inconsciencia total por parte de los dirigentes. Además, no cuentan con el apoyo popular”.
Les estudiantes y organizaciones ambientalistas reclaman una ley para poder prohibir el fracking en Gral. Alvear.
“En el 2007 nuestros padres hicieron la Ley 7722 y se puso en vigencia. Es la que protege al agua y a nosotros de este proceso. Queremos hacer una ley en contra del fracking pero los diputados no sancionan nuestra ley porque dijeron que no sabían qué era el fracking y debían estudiarlo. Lo siguen estudiando después de un año y no hay ningún avance, se ve que son un poco burros”.
A pesar de la lucha, se sigue realizando fractura hidráulica: “Vemos los camiones con materiales que siguen trabajando sin problema con arena silica. Dijeron que utilizaban el agua que sacan de petróleo para reutilizarla, eso es mentira ya que nosotros investigamos y hablamos con un ingeniero que nos dijo que solo se puede hacer con agua dulce”.
Demarque comentó que “en la provincia el gobernador está a favor del fracking y muchos candidatos también. Nuestro intendente está yendo en la misma lista que uno de los gobernadores. El gobernador está a favor del fracking y el intendente no. Si estás en desacuerdo no sé si tendrías que postularte con uno de los candidatos que sí lo está”.
La dirigente estudiantil denunció que la participación en la huelga les valió la persecución de las fuerzas de seguridad y las autoridades educativas.
“Hubo muchos chicos que se prendieron en la lucha. Gendarmería nos vino a amenazar. La policía nos dijo que era un delito, que nos iban a pedir nuestros nombres para llamar a las escuelas, algo que no se puede hacer porque no tiene nada que ver con las escuelas. Lo único que tenían que hacer era poner una falta, nos amenazaron con doble falta, amonestaciones. Esto no puede ocurrir, se parece más a una dictadura que a una democracia”, afirmó.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) y adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, dijo que ante la devaluación del 40% “en los próximos días vamos a movilizarnos en defensa del salario”. En línea con las declaraciones de otros dirigentes gremiales y sociales, dijo a FM De la Calle que “hay intercambio de opinión de qué hacer en momentos como el que estamos viviendo”. Hoy tendrá lugar una reunión de la conducción nacional de la central de la que participa.
Durante la mañana de ayer, Macri anunció una cantidad de medidas, entre ellas, el congelamiento del precio de los combustibles. Rigane sostuvo que “no hay probabilidad cierta de que se ejecute. Para hacer un cambio de fondo tiene que terminar con la dolarización de la tarifa tanto de los combustibles como de los servicios públicos”. Antes de terminar la jornada en que habían sido anunciadas esas medidas, el gobierno dio marcha atrás con el supuesto congelamiento de precios.
A través de un comunicado, la entidad que nuclea a sindicatos de la rama de la energía señaló que “entre el viernes 9 de agosto y hoy (por ayer), miércoles, la devaluación del peso argentino fue del 40%. Cada dólar pasó de valer 45,19 pesos a 63 pesos, según la cotización oficial en el Banco Nación. Ante esta situación, el movimiento obrero, a través de distintos gremios y centrales sindicales, ya manifestaron su repudio”.
“Hacemos un llamado a una mayor unidad en la acción para preparar una gran movilización en defensa del salario y los derechos adquiridos de cada trabajador y trabajadora. Vamos hacia una masiva marcha en defensa de la soberanía popular y el pueblo argentino”.
Rigane remarcó que “a pocas horas del rotundo rechazo por parte del pueblo argentino a las políticas de hambre y exclusión de este gobierno, alertamos a todos los trabajadores que esta corrida cambiaria impactará de forma feroz en los salarios, la inflación y el costo de vida de cada trabajador”.
Elecciones en la FeTERA
Hasta las 18 se llevan a cabo las elecciones de la entidad federada a través de 50 mesas distribuidas por territorio argentino. El dirigente sindical, que va por la renovación de la secretaría general, expresó que esperan “la participación de todos los compañeros y compañeras del ámbito de la energía y que podamos desarrollar esto con amplia democracia. Es lo que hace viable y posible cualquier iniciativa que pretendamos llevar adelante. Hemos planteado la recuperación de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los trabajadores”.
El ingeniero de la Universidad Nacional del Sur, Santiago Maiz, es uno de los peritos convocados por el fiscal que interviene en la investigación de la explosión ocurrida el 28 de junio en la planta de Dow.
Esta mañana explicó en diálogo con FM De la Calle los alcances del informe realizado en base a la inspección ocular realizada dos días después del incidente y a la documentación entregada por la multinacional.
El documento fue firmado también por los ingenieros Daniel Ziegler y Mauro Puccinelli (UNS) y por el perito Andrés Medina. Los expertos concluyeron que al “error humano” se sumó la ausencia de una válvula de seguridad en el equipo V907.
¿Qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas?
Lo que pasó fue que por el corte de luz del fin de semana anterior la planta se detuvo y lo que se hizo fue poner en servicio ese sector. En los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente que y al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara.
¿Cuál fue el impacto en la planta?
Como es una instalación de vapor que funciona con alta temperatura, son equipos, cañerías y tanques que están aislados térmicamente y recubiertos con chapa de acero inoxidable delgadas y entre la chapa y los diferentes elementos hay una capa de aislante, eso estaba todo destruido, y el equipo en cuestión era una chapa torcida, uno miraba y decía eso era el tanque.
La explosión fue tremenda. La chapa del tanque tenía casi un centímetro de espesor, en la explosión pegó contra una brida y era como si hubiese calcado la forma de la brida la chapa del tanque. Hay una foto espectacular que sacó Dow donde uno puede ver la violencia o la energía que tenía ese tanque acumulada cuando explotó.
¿Eso implicó alguna consecuencia respecto de algún otro tipo de procesos más allá del que involucra agua a o vapor?
No. Ese tanque estaba en un lugar rodeado de, no sé si se hace así a propósito, pero estaba contenido por la misma estructura, las mismas cañerías y otros equipos. Por ejemplo, al lado del tanque había un intercambiador de calor de placas, que es un equipo muy pesado, que obviamente lo bajó de su pedestal pero que lo que hizo fue contener la explosión. Está muy protegido por la misma instalación. Supongo que tiene una lógica dentro de la instalación, cuando uno hace una planta también hace un estudio de riesgos.
Cuando el fiscal les pregunta respecto de la expansión del daño, hablan de una distancia de 35 o 40 metros del recipiente y, en segunda instancia, mencionan que el primer sector con materiales inflamables estaba a más de 50 metros. 10 metros parece muy poco. ¿Qué conclusión tienen respecto del riesgo de que esa explosión pudiese haber afectado algún otro tipo de proceso?
Lo que observamos es que en una zona primaria, 10 o 15 metros, esa explosión hubiese sido fatal si había una persona en ese lugar por la cantidad de líquido, la cantidad de agua a alta presión y temperatura. Y en un radio de 35 o 40 metros la explosión hubiese sido de alto riesgo por la cantidad de partículas proyectadas, válvulas, bridas que explotaron y fueron esparcidas.
La zona de caldera está a unos 50 metros, es lo primero que se encuentra con combustibles y llamas, lo que podía haber llegado a pasar es que golpeara algún proyectil, expulsado por la misma explosión, y que podría haber causado la ruptura de alguno de los equipos que trabajan con gas o llama. De ahí a que se forme una reacción en cadena hay una probabilidad que es muy baja porque tendrían que suceder una serie de eventos y que eso se traslade a otro lado.
¿Daño por fuera de la planta hubo?
No.
¿Y riesgo?
No, riesgo tampoco porque una de las cosas que nos preguntaban era si podía haber desencadenado alguna reacción en cadena o fuga de material tóxico. En el lugar donde explota el tanque es solamente cañería de vapor que se utiliza en diferentes procesos, a diferentes temperaturas.
Todo lo que había era agua, que es tratada químicamente, se le quitan minerales o partículas que pueda tener, porque ese vapor se utiliza para mover turbinas de vapor o para diferentes procesos donde ese agua debe tener una calidad muy alta y debe ser baja en oxígeno para que no produzca corrosión. Pero no representa un grado de toxicidad que pueda comprometer a alguien.
Yendo a las causas, el informe de la empresa que aceptó el CTE, puso el foco sobre un error humano, que no se abrió una válvula en la puesta en marcha post corte de energía. ¿Comparten esa hipótesis?
Sí, hay un error humano en los pasos del procedimiento de la puesta en marcha. Si uno sigue esos pasos es imposible que el tanque esté conectado a una fuente de presión y que no tenga una salida o escape. Pero además de ese error humano, que es una válvula que no se abrió para liberar el vapor que entraba, ese equipo no tenía válvula de alivio de presión. Si la hubiese tenido ni nos hubiésemos enterado que hubo un error humano porque en lugar de explotar el tanque se hubiese activado el sistema de seguridad.
¿Qué quiere decir que no tenía esa válvula? ¿No estaba ocasionalmente o nunca la tuvo?
No figura en los planos que hubiese una válvula de seguridad ahí. Desde el diseño no fue contemplada.
Ustedes citan una documentación del fabricante del recipiente que dice que debe tenerla y que se debe encargar la empresa de ponérsela.
Ese tanque fue fabricado bajo la norma ASME VIII División 1, que es una norma estadounidense, acá se usa una norma similar. En esa norma hay un apartado de los sistemas de seguridad que abarca y dice claramente que todo lo que es recipiente a presión debe tener un dispositivo de alivio de presión.
En todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad, hace diferenciaciones si el recipiente está expuesto a la llama o no, pero en todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad. Dice que no es necesario que lo provea el fabricante pero sí lo debe instalar quien lo utiliza. Desde la puesta en marcha debe tener un dispositivo de alivio de presión.
¿Hace cuánto tiempo funcionaba este equipo en Dow?
El equipo tiene fecha de fabricación del año 99.
¿Desde entonces estuvo funcionando sin esa válvula?
Claro, ese equipo se fabricó en el 99 y debe haber sido instalado en ese año o al año siguiente.
¿Desde aquel entonces hasta aquí no hubo un organismo de control que advirtiera esa situación?
No, porque generalmente cuando uno fabrica bajo esas normas debe acatarlas. Uno cuando vende su producto dice que su planta está bajo norma ASME VIII, mismo lo exige el comprador. Eso queda a cargo de la empresa.
Esa válvula, aun habiendo error humano, ¿hubiese impedido la explosión?
Claro, esa válvula hubiese liberado el exceso de presión.
Hacen una sugerencia de no puesta en marcha o habilitación de la planta hasta que esto no esté resuelto…
La misma norma con la que fue fabricada la planta indica que en el caso que haya algún incidente se debe cambiar todo a nuevo. Es porque uno debe tener 100% de confiabilidad en los equipos que está poniendo para que no vuelva a suceder. Todos los equipos que estaban en un radio de 35 a 40 metros se deben cambiar a nuevo o, en el caso que sea un equipo muy caro, debería revisarse por completo.
Luego de que se conocieran los resultados de los comicios del domingo pasado, Maucio Macri culpó a la oposición por falta de credibilidad y construyó el relato de que la ciudadanía debería votar oficialismo en octubre para sufragar como desean “los mercados” y así el país gozaría de estabilidad económica.
FM De la Calle consultó a referencias políticas y económicas acerca de los resultados de las PASO 2019, la reacción del gobierno y las perspectivas hacia el mes de octubre. Por el contrario, se remarca que el resultado electoral es un claro mensaje popular contra las políticas del macrismo, especialmente, su modelo económico.
