Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Locutora y periodista, Virginia Calzada Fraché, participó del ciclo a través de una serie de textos que evidencian desigualdades impuestas por un modelo patriarcal denunciado pero vigente. En el campo de las ideas, se conocen mujeres destacadas que han “sobresalido” en un mundo de varones pensadores. Virginia Woolf nos ayudó a pensarlo.
Hablando de ideas ¿qué lugares ocupan las mujeres en medios de comunicación? “La buena partenaire” sigue siendo un rol así como la “voz bonita”. Las desigualdades en acceso a lugares por capacidad profesional son responsabilidad de las decisiones empresariales de las gerencias de los holdings, generalmente integradas por varones poco afectos a la reflexión filosófica, mucho menos el pensamiento crítico antipatriarcal. Uno ha constatado que ímprobos varones ocupan lugares por su condición de género en muchos medios, habiendo mujeres brillantes confinadas a segundos planos, sin ningún tipo de criterio profesional.
“Feminista, mamá, laburante y activista”, nuestra invitada también nos trajo la “Alfonsina (Storni) que más me gusta. Reflexionando. Poniendo en un diario que en ese momento que tenía una circulación enorme a discutir y a entrar en contradicción”.
Dejamos aquí una conversación que interpela política e íntimamente. Unas Lectura compartidas que recorren las reflexiones emanadas de la trayectoria de una profesional de la comunicación que ejerce en nuestra ciudad y su pensamiento.
*Lecturas compartidas es un segmento del programa Un grillo en tu almohada conducido por Astor Vitali, de lunes a viernes de 18 a 20 horas.
La madre de un joven de 16 años del barrio Matadero denunció que efectivos de la Policía Bonaerense golpearon a su hijo “por la vestimenta con la que andaba”.
El hecho ocurrió días atrás en la intersección de Fabián González y Castelli, a las ocho de la noche: “Lo para la policía, le dice que se tiene que identificar porque por la vestimenta que andaba, le dicen que había chocado un hombre. La policía lo levanta con bicicleta y todo, lo tira al piso y lo caga a palos. Cuando llego me dicen que es por la ropa que usa. Justo apareció mi hermana en Castelli y vio cómo la policía le decía que la bicicleta era robada. Tenemos identificado quiénes fueron y el patrullero”, dijo Rosa Schwaner.
La mujer dijo a FM De la Calle que “en Pascua lo corrieron, le decían que era porque había roto unos vidrios y, sin decirle por qué, le pagaron. Tuve que salir a buscarlo”.
“Fui a la Fiscalía a hacer la denuncia y me decían que tenía que llevar a mi hijo a sacarle fotos, que las que yo tenía no servían pero no pude ir porque trabajo”.
“Mi hijo tiene miedo, me dice que no haga más nada por miedo a que lo agarren en la calle y le hagan algo. Desde ese entonces va a la escuela y a casa, trata de esquivar a la policía”.
“Un día va a pasar en otro lado y no voy a llegar. Ahí seguro lo encuentre muerto o hecho bolsa. Quiero que esto no sea un caso más de la policía, estoy cansada”, escribió Schwaner en las redes.
El columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó la actualidad económica a partir de las negociaciones de los representantes del Fondo Monetario Internacional con funcionarios del gobierno nacional y con referentes del Frente de Todos.
“El fracaso de las políticas de este gobierno junto el FMI hablan de una corresponsabilidad. Si nos vamos a centrar en la visita de ayer negociando con gobierno y oposición para ver si nos habilitan el ante último tramo del crédito que queda, perdemos de vista cómo el FMI hizo la vista gorda a lo largo de cinco revisiones donde no solo las cosas estaban empeorando sino que incluso se deterioraron las cuentas externas que se supone es lo que tiene que resolver”.
¿Qué pasó en la reunión de ayer con el representante del Fondo?
Más allá de cómo quedaron las cuentas fiscales del segundo trimestre, están pensando cómo se hace para llegar a diciembre y qué va a pasar después. Los trascendidos hablan de un vacío de poder que alienta a la incertidumbre de lo que venimos hablando. No se originan en la reunión de ayer, es un clima generalizado.
¿Qué puede pasar después del 10 de diciembre?
Sin especular demasiado, puede ocurrir que llegue el siguiente gobierno y no se encuentre con reservas disponibles. Las de libre disponibilidad son menos de 10 mil millones. Estas son estimaciones porque el Banco Central dejó de publicar los números. Si se encuentran sin reservas, ¿cómo va a manejar la política cambiaria? Lo que hace Alberto Fernández es marcar la cancha de una negociación agresiva. Recordemos que lo que sostiene es el pago de la deuda, no discute la legalidad o legitimidad de la deuda.
No podemos descartar el escenario en el cual, en este diálogo político, haya algún tipo de acuerdo entre gobierno, FMI y alguna parte de la oposición para pasar algunas de las reformas que reclama el Fondo en estos meses de transiciones. Reforma laboral, reforma previsional, reforma de la carta orgánica del Banco Central, algunas privatizaciones como son las del Banco Nación y Provincia. Sin ser una reforma de la escala del ’89, que le habilitaron a Menem a hacer lo que hizo después, no se puede descartar que alguna de esta reformas se plantee como prenda de cambio para señalarle al Fondo que algunas de estas reformas ya se hicieron.
El equipo de la fórmula FF dice que propone un congelamiento de precios de 180 días para avanzar en las negociaciones parciales, se congelan los precios con los salarios habiendo caído un 20%. Esto si bien no es una reforma laboral, es una caída muy fuerte de los salarios reales que es parte de lo que el FMI busca.
(Astor Vitali) Hay una noción fundamental, una línea divisoria entre las diferentes maneras de habitar el mundo, una verdadera frontera humana: la noción de justicia. Nadie (o pocos) asumirían públicamente una posición en defensa de la injusticia. Sin embargo, la definición de lo justo y los rangos asignados a qué injusticias deberían resolverse con mayor ahínco o cuáles tendrían prioridad representan la nueva divisoria de aguas. Pero ya no en dos -justos e injustos-, sino en miles de micro reclamos fragmentados que chocan entre justos parciales. Desde arriba, una minoría de injustos organizados se divierte con este patético espectáculo.
Democracia contra autoritarismo. Estado o corporaciones. Burgueses y proletarios. Patriarcado versus feminismos. Sociedad de consumo sobre derecho a ambiente sano. Pañuelo verde o pañuelo celeste. Son algunas de las postales de consignas en pugna durante los últimos tiempos.
Los reclamos políticos justos pueden actuar de dos formas: en oposición o en complemento. La tarea del poder económico global, en pos de mantener sus privilegios, es lograr que los reclamos actúen dentro de su principal ley formal: la competencia. No siempre enfrentados, pero muy pocas veces coordinados, cada sector intenta levantar su bandera unos centímetros más alto que las otras. Las víctimas de distintas injusticias disputan ente sí su derecho a ser atendidas primero.
El gran acierto del poder globalizado en este siglo tiene aquí su clave: la atomización perfecta. En la atomización perfecta de los reclamos nunca ninguno de ellos logrará suficiente poder o capacidad contrahegemónica para vencer a su oponente perfectamente organizado.
La atomización perfecta, además de conveniente, resulta un recurso infalible dado que ofrece la hipnótica y pueril ilusión que dan las victorias parciales: una ordenanza por aquí que reivindique tal derecho, una ley por allá que –después de años de lucha- finalmente se sanciona (y aquí empieza la pelea para que se aplique dicha ley), un recurso asignado a través del ejecutivo, una victoria gremial sobre empresas que, mientras tanto, aumentaron su rentabilidad, y una lista infinita de logros parciales que las luchas populares pueden obtener. Atendiendo el micro reclamo, el micro reclamante siente que sus años de lucha han sido útiles a una causa atomizada que no afecta el devenir impertérrito de la injustica sistematizada.
Ante este panorama de micro decepciones (sueños pobres incumplidos), ¿por qué no invertir la lógica de pensamiento? Si el acierto de los injustos es la micronización de las aspiraciones sociales y su atomización, debería tenderse a concluir que en lugar de que los microreclamos actúen en oposición maduren su capacidad de miras y su visión periférica y otorguen carácter complementario a las luchas por causas parciales.
Pasado en limpio: si veo una causa justa, que no afecta a mi causa justa particular, la tengo que hacer propia, la hago mía. Y así vamos desatomizando los reclamos fragmentados y dando un carácter corpóreo a esta señora tan nombrada y tan ausente: la Justicia.
Foto: ElClavo
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores.
Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.
Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas.
Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal.
“Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.
El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación.
Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.
Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.
“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.
Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.
“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.
La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto.
“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría.
La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.
El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.
La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.
El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.
La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
No estuvieron por cuestiones de salud:
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
La madre de Ángel Almada, asesinado tres años atrás en Ing. White, denunció que la última persona que vio al chico con vida, nunca declaró en la causa que investiga el homicidio.
Se trata de Trinidad Acosta, hija del ex delegado municipal, quien se excusó por estar de viaje aunque fue vista en el mismo momento y a pocas cuadras de donde la convocó el fiscal.
“El viernes iba a concurrir a la audiencia con mi abogado, Leandro Aparicio. Siempre tomo la 500, esta vez tomé otra línea donde iba ella. Me pareció raro que fuera sola. Nos bajamos en el mismo lugar. Voy a la Fiscalía, me anuncio, espero que llegue ella. Voy a hablar con Romero Jardín y me dice que la chica no se iba a presentar porque presentó un escrito de que estaba de viaje. Ahí mi indignación”, comentó Silvia Almada a FM De la Calle.
“Fue citada a declarar con anterioridad, donde el papá de ella estaba muy ofuscado, hay una constancia donde ella se presenta y el padre se pone violento y no la dejó declarar. Esta iba a ser la primera vez que ella declarara siendo mayor de edad”.
La madre de Ángel comentó: “Todavía no caigo, no puedo entender cómo esta gente se sigue manejando de esta manera, es la vida de un chico. Mi abogado va a presentar esta foto, las pruebas que tenemos de que ella estaba en Bahía, estaba a cuatro cuadras de Fiscalía como mucho, no fue porque no quiso”.
“El celular sigue sin peritarse tres años y medio después. Desde el principio la causa de Ángel fue manoseada. Las pruebas que había eran declaraciones puntuales de chicos que fueron apretados o algunos que firmaron la declaración sin saber qué firmaban. Una vergüenza la policía, la DDI, tuvieron durante un año y medio el video de Ángel donde se lo ve con esta chica”, finalizó.
El CREEBA realizó un relevamiento de la producción y desempeño económico de las cuatro empresas más grandes del complejo petroquímico local a través de los balances que vuelcan en la Comisión Nacional de Valores.
“Hacemos un valor bruto de producción y observamos que de 2017 a 2018 había una caída del 10% asociada a la caída de la industria de manufactura del año pasado”.
“Profertil es la que más produjo, después Dow. Cuando nosotros valorizamos nos da un valor de 3.2 mil millones de dólares. Es 2% superior al 2017. Si bien bajó la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. Si miramos los precios internacionales hubo un aumento del 9%. Se produjo menos pero lo que se exportó fue a un valor mayor”, comentó el economista.
Por otro lado, el economista destacó que “la urea es lo que más se consume a nivel nacional, algo se exporta. Todo lo que es consumo interno de estos bienes ha caído y bastante. El sector de energía y producción de petroquímica es algo que ha andado relativamente bien, considerando la gran devaluación”.
Semilla afirmó que pese a la alta recaudación, quienes exportan no son los que generalmente más aportan: “Cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y lo cambia en el Banco Central. Hay una normativa nueva, de hace tres años y medio que en vez de que las empresas liquiden esos dólares en 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo. Lo mismo pasó con el sector del agro, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares”.
En cuanto al impacto de la facturación de estas empresas en la economía bahiense, explicó que “lo que se analiza es el aporte a las tasas municipales. Eso es casi un 15% de las arcas municipales, en general. El Polo tiene arriba de 1000 personas trabajando y son perfiles bastante profesionales. Tiene una alta mano de obra que hace que tengan satélites trabajando, que lo que hacen es generar un mercado”.
El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, dijo a FM De la Calle que la obra social de la Universidad Nacional del Sur atraviesa un momento crítico y que podría ingresar en cesación de pagos.
“Se trata de la atención de la salud de las familias de docentes y no docentes de la Universidad. Una obra social que fue ejemplar durante muchísimos años y hoy, producto fundamentalmente de las políticas de ajuste y devaluación de este gobierno, del incremento de tarifas, e impericias de la conducción local, seguramente mala administración, llegamos a este grado de situación que nosotros denunciábamos hace meses”, declaró.
“La única solución que plantea el Consejo Administrativo de la Universidad es seguir pretendiendo que este déficit se solucione a través de mayores aportes de afiliados y afiliadas, a través de pagar más coseguros, reducir las prestaciones. Eso es dinero que debería salir del salario para palear el déficit de la obra social que no definimos los afiliados. Nos oponemos a que se ejecute ese plan de ajuste y proponemos otras soluciones como reclamar a la Universidad del Sur que realice un aporte extraordinario, dado que es el empleador natural, y reclamarle al Ministerio de Educación”.
El presidente de SOSUNS, Juan Carlos Lobartini, planteó un programa de ajuste y reducción de prestaciones: “Estamos hablando de 10 mil afiliados y afiliadas. Pretenden aprobarlo en la reunión del Consejo el próximo jueves. Pensamos en ir a hacer oír nuestra voz, no ser neutrales con esta posición, defender la obra social. Pero de ninguna manera pretender que el salvataje de este déficit lo paguen los salarios de los trabajadores”, finalizó Zaninelli.
El economista en jefe del CREEBA, Gonzalo Semilla, destacó los indices de precariedad en el mercado del trabajo de Bahía Blanca durante el primer trimestre del 2019.
“Cuando hacemos una comparación interanual nos arroja un aumento de la informalidad. Está asociado a lo que se desencadenó a partir de abril y mayo del año pasado: devaluación, caída del consumo, aumento del desempleo, aumento de la pobreza. Es gente que ha quedado en la calle y tiene trabajos de pocas horas por días o no lo tiene”.
“En los primeros meses del año, cuando veíamos los indices nacionales veíamos que había un sector que quería mejorar, que lamentablemente se enterró y volvió a caer toda la actividad. De todas formas son niveles muy altos y que se ubican por debajo de la media”, comentó Semilla.
?Mercado laboral (1° Trim 2019):
?Tanto la informalidad cómo la precariedad cayeron en Bahía Blanca en relación al trimestre anterior en tanto que crecieron en la comparación interanual.
☑️Informe completo: https://t.co/X2WYHDyTAG
@spcrucianelli @region_sexta @EconomiaEnLinea pic.twitter.com/bScG2Neflh— CREEBBA (@creebba) August 23, 2019
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH), se estima que la tasa de informalidad alcanzó al cierre del primer trimestre de 2019 el 27% (lo que equivale a aproximadamente 27.100 personas), mientras que la tasa de precariedad se ubicó en 34% (aproximadamente 46.800 individuos).
A nivel nacional, por su parte, la tasa de informalidad asciende al 36% mientras que la de precariedad fue del 41%.
En cuanto a la evolución de los dos indicadores a lo largo de los últimos trimestres se advierte una baja en la informalidad y precariedad en relación al trimestre anterior (4 puntos porcentuales en ambos casos), explicada en parte por factores estacionales, en tanto que en términos interanuales, se observa un deterioro de ambos indicadores de 3 y 5 puntos porcentuales.
El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.
El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.
Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.
¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?
Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.
Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.
Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.
Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
El Concejo Deliberante designó a Soledad Monardez y Carlos Salgado como titulares de los Juzgados de Faltas por el doble voto de la presidencia.
La oposición destacó el papel del concejal Roberto Ércoli quien se excusó de participar de la sesión aunque permaneció en el Concejo. Una suplente garantizó el empate a Cambiemos a cambio de que su secretario de bloque sea juez.
“El expediente de Monardez estuvo desde mayo en doble lectura porque no le daban los votos. Él daba su voto si el segundo cargo que dejó vacante Germani se lo daban a su secretario. Ahí sí Monardez le parecía apta y salió el combo de los dos jueces. No me parece ni ético ni transparente como pregona el intendente. Se ha puesto nervioso pero no todos somos iguales”, dijo a FM De la Calle Gabriela Schieda.
Clink caja: secretario de Ércoli candidato a juez de Faltas
Gisela Ghigliani afirmó que el edil del Frente Renovador “ha votado absolutamente todo a Cambiemos y ha sido una herramienta importante. Cuando empieza la sesión, él no se sienta en la silla, la concejala suplente lo reemplaza, pero él se queda en el recinto, algo nunca visto. Es una actitud de provocación ya que se quedó tomando mates o café con persona del gremio de UTA”.
La concejala recordó que la candidatura de Monardez hace cinco meses que está circulando por en Concejo. “No quiso venir a dar explicaciones, ni quisieron que venga a responder preguntas. Un juez es para toda la vida. El curriculum de ella es bastante limitado y se van acabando las herramientas democráticas”.
Schieda subrayó que Ércoli “estaba en las gradas con (Ricardo) Pera y los muchachos de la UTA. Si estás mal de salud te podés ir a tu casa. Estaba tomando un cafecito, se lo veía muy bien, de camisa blanca”.
El dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza discutió en la previa de la sesión con la concejala: “Estaba un poco nervioso, no sé por qué porque ya se sabía el resultado. La discusión fue porque me dijo que yo me había hecho radical k y que ya tenía arreglado con el PJ y el kirchnerismo un puesto para diciembre y por eso estaba en contra de votar los jueces de Faltas”.
“Si él está acostumbrado a transar yo no tengo la culpa. Yo no transo, puedo negociar un artículo, evaluarlo, opinar, pero esto de amigo-enemigo no lo concibo así. Aprendí mucho de Balbín y Perón, de Alfonsín. Tener algunas ideas en común para la sociedad con el peronismo no me convierte en kirchnerista. Todos saben que siempre fui antikirchnerista. Ahí la pifió”, agregó.
El secretario general de la CTA Regional Bahía Blanca sostuvo que la judicialización de la toma de viviendas en el barrio Spurr “marca una línea de intervención de parte del gobierno municipal y de la justicia”. Porque no hace “una lectura de la realidad que indique que los reclamos de vivienda y el déficit habitacional son evidentes y que esta toma de tierras está enmarcada dentro de ese reclamo que existe en otros sectores de la ciudad. A ese pedido ante las autoridades públicas se responde de esta manera”.
Respecto de la imputación del delito de usurpación, basados en la interpretación de que fue “violento”, el dirigente explicó a FM De la Calle que“retuerce lo que dice le código penal. Es público que el reclamo ha sido genuino, pacífico, ahora continuo y que tiene legitimidad”.
¿Qué motiva la toma? “Lo definía muy bien hace unos días un joven que frente a una pregunta de un periodista: ´cuando empezamos esto no lo conocíamos ni a Aparicio ni a nadie. ¿Sabe qué, don? Lo que nos empujó a esto es la necesidad´. Es una verdad innegable, cualquiera que se acerque al lugar verá que hay un reclamo genuino. Hay un estado de necesidad”.
Sobre las acusaciones que expresaron públicamente varios funcionarios de que la central obrera “instigó” al desarrollo de la toma, el dirigente sindical sostuvo que “hay un propósito avieso de quienes sobre estiman nuestra capacidad de organización. La CTA, lo decimos sencillamente, no tiene la capacidad de organizar a cuatrocientas familias en el barrio Spurr sencillamente porque no tenemos la inserción social en ese lugar como para producir ese grado de organización”.
Además, argumentó que “los funcionarios que hablan de esta manera desprecian la capacidad de organización de los y de las de abajo, como si no pudieran organizarse colectivamente por las suyas, tomar decisiones, reunirse en las asambleas, decidir qué van a hacer, por donde van a encaminar sus pasos”.
“Lo que nunca entenderán estos funcionarios y estos jueces es que sí hacemos un esfuerzo, pero de ahora, por ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, y la CTA tiene escrito desde el primer programa una de nuestras acciones principales iba a ser la solidaridad con quienes reclaman por sus derechos. Eso fue lo que hemos hecho”.
Gandolfo repudió la decisión del gobierno de Héctor Gay de retirar asistencias sociales a quienes reclaman por vivienda. “Eso es tremendo. Se reconoce su estado de necesidad y por lo tanto se les da un plan y por otro lado cuando se disponen a reclamar por algunos de sus derechos se los quitamos si protestan”.
Por último, el titular de la central local exhortó a pronunciarse en torno a la situación de estas familias: “Frente a esta situación donde está puesta sobre el tapete la cuestión social es muy importante que todos y todas, organizaciones y personas, se hagan oír colectivamente y tomen posición con respecto a esto: que lo digan”.
(Por Astor Vitali) El gobierno de Bahía Blanca tiene la decisión política de soslayar el legítimo reclamo de vivienda de unas cuatrocientas familias. Con este fin, adoptó la postura de judicializar el reclamo y estigmatizar a la organización social.
Bahía Blanca es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires con mayor territorio fiscal. El gobierno local ha arbitrado diferentes convenios con entes nacionales con el fin de disponer de su custodia y orientar el potencial uso de los mismos. La toma de tierras en el barrio Spurr se emplazó sobre terrenos del ferrocarril.
El gobierno de Héctor Gay definió su estrategia y la está llevando a cabo.
- Judicialización del reclamo: el grupo gobernante ha decido recurrir a la Justicia Federal bajo el argumento de que se trata de “usurpadores”. La imputación de este delito implica que se haya accedido a la tierra a través del uso de “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él” (Art. 181 Código Penal). Dado que la toma fue de forma pacífica, y pese a que la interpretación del derecho debe ser taxativa (violento no es igual a masivo –salvo en las bibliotecas de Avellaneda y de Ulpiano Martínez-), construyeron la remanida interpretación de que al ser una ocupación masiva e “instigada” para ellos esto constituye violencia.
- Estigmatización de las organizaciones: actualmente hay más de cuatrocientos terrenos marcados. Los primeros días se trató de un grupo de treinta familias, organizadas entre sí, con el objetivo de reclamar al gobierno el acceso a las tierras y los medios para pagarlas. El gobierno culpa a un abogado utilizando un audio cuya publicación violó la privacidad entre cliente y letrado. El abogado sugirió que no cometieran ningún delito federal, como cortar vías férreas, entre otros aspectos de sentido común. Luego, el gobierno apunta contra la CTA, central que, como en cualquier otro conflicto, se expresó públicamente en defensa del reclamo.
- Subestimación del carácter ciudadano de las cuatrocientas familias: el gobierno arguye que las familias no fueron motu proprio sino que fueron manejadas por un audio y un grupo que se solidarizó. El planteo cae por su propio peso ya que la toma se inició el día 8 de agosto, muchos días antes de la conversación con el abogado. De igual manera se dio la exposición pública de la central obrera en defensa del reclamo. El gobierno no está dispuesto a reconocer que las familias allí presentes se encuentran en el lugar por lisa y llana necesidad.
- Operación mediática de sintonía fina y campaña de falacias: se han forzado los argumentos a un nivel inverosímil. En primer término, el municipio ha llegado a decir a través de su asesor letrado de que se trata de personas que “no están en situación de calle”. Pese a que aún no han realizado un censo desde que se lleva adelante la toma, se atienen a un listado elaborado por el propio gobierno. Hay que tener voluntad antipopular, realmente: para el municipio no están en situación de calle porque no duermen con un colchón en la vereda pero saben perfectamente que, si no están en situación de calle, al menos están en situación de hacinamiento. Por ejemplo, once personas viviendo en una casa para cuatro. Los grupos mediáticos tributarios al proyecto de Héctor Gay reprodujeron sin el mínimo rigor periodístico este conjunto de falacias en cadena. Algunos trabajadores de prensa han caído en una actitud lamentable de simples reproductores de partes oficiales sin empatía alguna con lo que ocurre en la realidad. Lamentable porque algunos de ellos recorren la ciudad y conocen la realidad social en plenitud.
El accionar del gobierno deja sorprendido a cualquier persona desapasionada. Judicializa un reclamo justo, culpa a quienes se solidarizan, trata de ciudadanos y de ciudadanas de segunda a personas que perfectamente pueden organizarse en asambleas y acordar un plan de acción sin depender de terceros, estira la interpretación legal para imputar un delito (en lugar de dar una respuesta política) y re victimiza a quienes se encuentran en situación de hacinamiento, en buena medida, por padecer las políticas económicas del gobierno.
Otro capítulo en un gobierno destacable por su carácter de clase y por su total insensibilidad ante las agudas problemáticas que atraviesa su comunidad.
El abogado Gustavo Avellaneda dialogó esta mañana con FM De la Calle sobre las denuncias judiciales impulsadas por la Municipalidad ante la toma de terrenos en el barrio Spurr por parte de más de 400 familias.
“No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es denunciarlo”, afirmó.
Ante el incumplimiento del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna y reconociendo la inexistencia de políticas municipales que atiendan el déficit habitacional, aseguró que la disyuntiva se resuelve “como se está resolviendo: en las elecciones”.
El funcionario comentó que el 8 de agosto tomaron conocimiento del inicio de una toma en Spurr y actuaron “como siempre”: se acercaron al lugar con la policía y procedieron a “limpiar” el lugar.
El mismo día, por la tarde, un grupo más nutrido concretó la toma. La policía detuvo a 19 personas “porque hubo resistencia a la autoridad”. Por flagrancia, la causa se abrió en la justicia provincial.
El lunes 12, las y los manifestantes concurrieron a Alsina 65. Conversaron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, y el propio Avellaneda. “Fuimos claros que no podíamos disponer de las tierras que no son municipales. La Municipalidad no da tierras para la construcción de vivienda ni da tierras para que hagan ningún tipo de emprendimientos públicos o privados. Tenemos la custodia de la tierra pública”.
Según el funcionario “se le ofrecieron los paliativos que ofrece la Municipalidad para estos casos. La posibilidad de un alquiler y la posibilidad de que haya una mejora habitacional” mediante la construcción de una pieza en la vivienda en la que hacinan las familias demandantes.
Inconformes, afirmaron que volverían a ocupar los terrenos. “Y fue lo que terminaron haciendo el día lunes que tomamos conocimiento del audio. Aconteció tal cual se reprodujo el audio de la forma que había asesorado el abogado interviniente”, dijo Avellaneda sobre el audio difundido por el jefe de la policía y La Nueva Provincia en el cual el abogado Leandro Aparicio conversa con representantes de la toma.
El martes la comuna realizó una denuncia en el Juzgado Federal. “La Municipalidad no tiene intervención porque está en un trámite judicial y a resultas de lo que ordene el juez”.
-¿Para el municipio es solo una cuestión policial-judicial?
Se les dieron todas las posibilidades a las personas que querían ocupar, las facilidades y los programas que tiene el municipio en ejecución para que desistan de la usurpación. Es muy difícil negociar con 300 personas, están en pie de exigencia. Si hay una orden judicial que indique que el municipio debe hacer un censo e intervenir Políticas Sociales, haremos lo que el Juzgado diga. Pero la situación de ocupación tiene que ser debidamente judicializada porque es un delito.
-La Suprema Corte indicó que la provincia y los municipios deben establecer protocolos de actuación para estos casos. ¿Han trabajado en alguna consideración en este sentido que pueda aplicarse al caso puntual?
Hemos generado un protocolo propio en función de las experiencias de estos años. Es un protocolo que no se ciñe precisamente al de la Corte. El de la Corte es más específico cuando intervienen muchas familias. En este caso no se puede aplicar porque es justicia federal. En otras modalidades se ha aplicado el protocolo del municipio que ha sido la intervención en el sector, la posibilidad de darles alguna respuesta. Esto pasó en la toma de Miramar, a las personas que estaban ocupando allí se les otorgó terrenos para construir, salvo a una sola persona que negaba a salir. Yo soy uno de los que estuvo en la toma del otro día. Estuve viendo la modalidad de la toma, la cantidad de menores, cantidad de mujeres y entendimos que no era aplicable el protocolo y que teníamos que ir por vía judicial.
-¿La Municipalidad tiene política de vivienda?
No, te voy a dar un dato para que entiendas. Bahía es la única localidad de la provincia que más extensión de tierras estatales tiene -por ferrocarriles, Vialidad- y no podemos disponerla porque están en manos de la ABE, Administración de Bienes del Estado. Ese organismo dispone lo que se hace.
-Si ustedes tienen la custodia y están pensado en avanzar en un proyecto con el Club Villa Mitre, ¿no tienen capacidad de tramitar la disposición de esas tierras para la construcción de viviendas?
El Club Villa Mitre presenta un proyecto para ese sector, la Municipalidad no da el ok. Lo que hace es la gestión ante el ABE con la presentación del proyecto.
-¿Ustedes reconocen que hay una demanda legítima de necesidad de vivienda en la ciudad?
En la ciudad y el país.
-¿Desde el municipio tienen capacidad de acompañar la demanda de estas familias, de resolverlo de una manera que no sea a través de la justicia?
No, estas llevando esto a otro terreno. Nosotros no estamos resolviendo la parte de vivienda por parte de la justicia.
-¿Usted habló del pago de un alquiler o la ampliación de una pieza?
Sí, porque esos son los programas que tiene vigente el municipio.
-¿El alquiler cuánto dura?
Depende de cada circunstancia. No es mi área la que define cuánto dura un alquiler. Es la Secretaría de Políticas Sociales.
No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es, ante la existencia de un delito que afecta los bienes del Estado, denunciarlo.
-Pero ante la necesidad de una vivienda…
La necesidad de la vivienda es una cosa, el delito es otra. La necesidad de vivienda es innegable. Creo que no hay programas públicos que impulsen la construcción de viviendas desde el municipio de Bahía Blanca. Por una cuestión presupuestaria, por lo que sea. Lo que hizo mucho el municipio es regularizar situaciones irregulares, entrega de escrituras a vecinos que hacía muchos años que estaban.
-Esa es una muy buena política pero involucra a personas que ya tienen una casa, no atiende a la falta de vivienda…
No tengo conocimiento de que haya una política específica de construcción de viviendas del municipio. Eso no habilita a que la gente venga, cometa un delito y yo no lo pueda denunciar. Uno es una cuestión política y lo otro es una cuestión judicial.
No te voy a negar la necesidad de vivienda en Bahía, en la provincia y en el país. Se puede cuestionar al municipio la falta de política en ese sentido. Pero el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.
-Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de brindar ese derecho, ¿cómo se resuelve?
Como se está resolviendo, en las elecciones.
(…)
-¿Por qué se habla de usurpación y no de posesión?
Porque entendemos que se ha hecho de forma organizada, instigada por parte de un profesional y con el soporte de un organismo sindical como la CTA, que ha estado presente en la reunión de la Municipalidad, estaba el señor Gandolfo. La conferencia de prensa del abogado la hace desde la CTA, por lo cual, hay un soporte para que digan vayan y ocupen. Sabiendo que pertenece a otro, se hace un hecho ilícito.
-Pero es pacífica, no es violenta…
No, nadie está hablando de violencia.
-El fiscal dijo que se puede interpretar que como es masiva es violenta.
Eso es una interpretación de la justicia y ahí no puedo intervenir.
-Lo escuché a usted diciendo lo mismo…
Entiendo que la modalidad de la ocupación, de la forma que ha sido instigada y llevada adelante, no es una ocupación pacífica.
(…)
-¿Cuándo habría posesión?
La posesión que estamos acostumbrados a ver, requiere de un elemento fundamental que es el tiempo. Estoy ocupando durante 20 años de forma pacífica e ininterrumpida, tengo derecho a presentarme ante un juez y decirle “tengo derecho a que esta tierra sea mía”. Eso es usucapión.
Si llevo 19 años y el dueño me quiere sacar, hasta el plazo de 20 años el poseedor sigue siendo poseedor. Acá no están poseyendo, están ocupando.
-¿Qué opina de la difusión ilegal del audio de Aparicio?
El audio se difundió, no sé si es legal o ilegal.
-¿Si a usted le pasa que en algún medio, o por la vía que sea, se difunde una conversación suya con un cliente cómo la califica?
Pasó en esta toma, los chicos que conversaron con nosotros nos grabaron, se difundió en varios lados y sabemos que puede pasar. Hoy no escapa a nadie, hay que estar seguro de lo que se conversa.
-¿Y qué pasa cuando esa información la difunde el jefe de la policía?
No me consta.
-A mí me consta, se lo puedo mostrar cuando quiera. En el chat de prensa de la policía el jefe Claudio Petrizán envió el audio de esta conversación.
Le sugiero que hable con el comisario Petrizán.
-¿Cuál es su opinión como profesional? ¿Cómo se califica?
Habría que ver la circunstancia en la que se hizo, no lo sé. Yo tomé conocimiento a través de un audio difundido en los medios públicos donde se dio cuenta de esta situación. Dicen que el día lunes va a haber una toma. Yo voy sobre los hechos, no voy sobre la legalidad e ilegalidad del audio.
El Concejo Deliberante aprobó por doble voto de la presidencia la designación como jueces Faltas de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y del secretario del bloque del Frente Renovador, Carlos Salgado.
La sesión estuvo a cargo de Soledad Pisani, por ausencia de Nicolás Vitalini. El concejal Roberto Ércoli se retiró para que sea su suplente, Claudia Barreiro, la que levante la mano para designar a su colaborador.
Esta mañana, Gustavo Mandará dijo a FM De la Calle que “se recurre una vez más a la matemática fría del doble voto del presidente. Serán responsables quienes la propicien y que la población saque las conclusiones sobre esta nueva hipocresía del intendente”.
“Se jacta y una de las cosas que más ha dicho es que Bahía había recuperado la transparencia y la institucionalidad. ¿Acomodar a los que más le conviene es legal? Sí, es legal. Pero esto no es un acuerdo político ni la búsqueda de ocupar cargos estratégicos con los mejores”.
“Nunca en la historia de Bahía se designaron los jueces de Faltas así y será un hito más de Cambiemos. Llegaron, supuestamente, para mejorar las cosas y en esto lo han hecho peor. La propuesta de la oposición buscaba poner en papel lo que siempre había ocurrido a la hora de designar los jueces de Faltas -por lo menos desde el regreso de la democracia- buscando la aprobación de todo el paisaje político y siempre se había obtenido”.
Ayer, los bloques opositores propusieron realizar un concurso abierto de antecedentes y oposición en donde se evalúen competencias, idoneidad, habilidades y criterios jurídicos.
“Tenemos universidad pública, Colegio de Abogados, justicia en todos los niveles, universidades privadas. Habría dónde encontrar recurso humano para estas cosas. Se pide que se abra el juego a todos los abogados con matrícula. Luego el Concejo elabora una terna para que el intendente termine eligiendo”, explicó Mandará.
Parece que el impoluto “Sr Submarino” que solo aparece ante los bahienses cuando está en juego algún cargo electivo se olvidó de cómo eran los procedimientos para la selección de jueces de faltas… pic.twitter.com/oNmVsa4H7e
— Tomás Marisco (@TomasMarisco) August 21, 2019
Respecto al tweet del secretario general del municipio, Tomás Marisco, el edil comentó que “hay que remontarse 2005, ¿dónde estaría Marisco en ese entonces? La de Lopes fue la propuesta de Germani. Hubo una exposición ante los concejales de todas las bancadas y una plena certeza de que era persona absolutamente apta para el cargo”.
“Después lo que sucedió es que se había propuesto a un candidato, que se llamaba Greco, que no reunía a criterio de muchos concejales las condiciones, aún teniendo un magister sobre Derecho Penal. El ejecutivo retiró la propuesta, apareció el doctor Caimani, expuso ante los concejales, se le pudo preguntar, analizar y obtuvo la conformidad”.
