Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Cristina Espina, titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, se refirió en FM De la Calle al paro de 48 horas que culmina este miércoles. “Si no somos convocados seguiremos en lucha, solo atenderemos las emergencias locales y de la zona como hacemos siempre. (…) Lo lamentable es que además de convocarnos tarde, no tuvimos ninguna oferta. Los agentes de la salud no estamos tenidos en cuenta, ni recomposición salarial obtuvimos”, afirmó.
Espina sostuvo que “queremos un 40% de aumento retroactivo a enero, que esté reajustado a la canasta familiar o a lo sumo que tengamos paritarias abiertas”. Además aclaró que “es difícil conseguir gente para guardias, estamos un 25% menos de sueldo con respecto al hospital municipal”.
Respecto a las condiciones laborales sostuvo que “pedimos mayor recurso humano y por supuesto que se haga frente a los problemas edilicios, por suerte no tenemos grandes problemas con los insumos. Aparentemente vendría el dinero para reparaciones de cañerías y demás, estos fondos se renovarían cada tres meses. Esta idea es buena, debe ser así, es de la única manera que sirva lo que se hace”.
Texto: Diego García.
El intendente Héctor Gay firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar a Bahía Blanca en el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). Martín Soulier, coordinador en el cono sur de la iniciativa explicó a FM De la Calle que es “una respuesta que lanzó el banco hace algunos años a dos grandes problemáticas que tienen que ver con el crecimiento de la población urbana en América Latina y el Caribe y el cambio climático”.
El plan califica como emergentes a las ciudades intermedias -de entre cien mil y dos millones de habitantes- que crecen por encima de la media nacional en términos poblacionales y económicos. “Tratamos de ver cómo fue el desarrollo de la mancha urbana de la ciudad en los últimos veinte o treinta años y cómo se proyecta que sea a futuro, en un escenario tendencial donde no se controla ese crecimiento o en uno inteligente o sostenible”.
“Se trata de cuantificar los costos de provisión de los servicios públicos básicos en un escenario y otro para que se pueda ver y observar cuánto más barato es para la ciudad desarrollar el crecimiento de la mancha de una forma sostenible”, dijo el funcionario.
Según Soulier, “no es algo que viene el BID a decirle a la ciudad qué es lo que tiene que hacer, se desarrolla entre equipos de profesionales del BID, del Ministerio del Interior de la Nación y de los gobiernos locales, incluyendo en la participación a instituciones de la académica y el sector privado”.
Durante la primera etapa, “se hace un levantamiento de distintos planes sectoriales o territoriales que se hayan llevado a cabo con anterioridad en la ciudad y de los principales actores de cada uno de los temas. (…) También de grandes proyectos o iniciativas que hayan en los temas en preparación o ejecución y se comienza la contratación de algunos estudios que realizamos”.
Las primeras tareas se financiarán con una “donación” del gobierno central mediante préstamos del BID recibidos por el Ministerio del Interior “destinados a estudios de preinversión”. Una vez desarrollado el “plan de acción”, las “unidades ejecutoras del préstamo” a nivel nacional podrán destinarlos para atender problemáticas vinculadas, por ejemplo, a “residuos sólidos” o el “mejoramiento de barrios”.
(Por Astor Vitali) Es común en las izquierdas y los progresismos hacer referencia a la “victoria cultural” de la derecha. En el marco del 40 aniversario del golpe cívico militar de 1976 y del plan continental llamado Operación Cóndor se alude también a la utilización del terror y la imposición de tormentos físicos como principal herramienta de dominación.
Sin embargo, una vez restituidas las democracias en Nuestra América, ellas no garantizaron los objetivos de lucha por los que murieron (fueron asesinadas-torturadas-desaparecidas) las generaciones que bregaron por justicia social. Más bien, durante las democracias los diferentes gobiernos continuaron las políticas económicas que inauguró en Argentina, Martínez de Hoz, en cuanto a su matriz.
En el ámbito artístico también hubo persecución física y simbólica y una profunda transformación de los gustos y prácticas del pueblo. Hablando de música, de aquella sociedad con orquestas en cada barrio y fiestas populares que se vio hasta los sesentas queda entre poco y nada.
En cambio, el mercado operó en la simplificación de la oferta acotando al gran público propuestas homogeneizantes mientras que la riqueza de las músicas populares quedó reducida a un minoritario público melómano.
En una charla organizada en el contexto del III Congreso Iberoamericano de Culturas*, el músico, compositor y bandoneonista Rodolfo Mederos hizo referencia al proceso de penetración cultural. Para referirse a ello primero introdujo elementos para pensar cuál es la sustancia de la que está hecha la música latinomericana.
Por otra parte, reflexionó hacerca de uno de los falsos enfrentamientos que se han intentado instalar en los debates referidos a la música es aquel que habla de música popular contra música erudito. En este fragmento, Mederos propone pensarlo de otra forma.
Finalmente, poniendo como ejemplo el tango, pero significando que es un hecho cultural del que pueden inferirse las conclusiones hacia otras músicas, explicó cómo el imperialismo logró operar sobre las músicas del pueblo y “pulverizar la memoria”.
*Los audios están extraídos de este video completo en el que se puede ver y escuchar una charla de los músicos Rodolfo Mederos y Silvio Rodríguez llevada a cabo en 2010 en Medellín, Colombia.
Roberto Calamita militó en la década del 70 en la universidad en las filas del Frente Antiimperialista y por el Socialismo impulsado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue detenido tras la declaración del estado de sitio en noviembre del 74, pasó siete como preso político hasta su exilio en Italia. De visita en Bahía Blanca en el marco del 40º aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar dialogó en FM De la Calle sobre su tarea en 24marzo.it y los procesos judiciales contra genocidas.
“Quien ha estado dentro de un infierno no puede dejar de preguntarse el porqué del infierno. Ese infierno existió, existió en determinados lugares, precisamente en Bahía Blanca existió en La Escuelita, en las cárceles, en Sierra Chica donde yo pasé, en la cárcel de Rawson donde yo pasé, en la Unidad 9 donde yo pasé”, dijo Calamita y agregó que “si hay alguien que piensa que la existencia de un infierno aquí sobre la tierra, en nuestra ciudad, tenga algún sentido todavía o haya tenido sentido que se haga cargo. Cada uno se hace cargo de sus propios errores, de los errores de los veinte años, nadie se cree un héroe, pero aquí ha existido un genocidio. A mí todavía me da vergüenza escuchar a quienes se refieren a ese período como Proceso de Reorganización Nacional”.
El entrevistado se apoyó en la tesis plateada por Marcelo Valko en Pedagogía de la Desmemoria y destacó que “todo genocidio es hijo de otro genocidio, es decir, no solo es necesario conocer estos testimonios o lo que pasó para saber nuestra propia historia sino la historia de nuestra sociedad, porqué suceden estas cosas y para que no sucedan nunca más. Es obvio que nosotros a los veinte años hemos tenido errores y nadie quiere dejar de subrayarlos porque por ahí hoy hay un intento de reflotar la teoría de los dos demonios”.
Calamita comentó que tras la cárcel y el exilio se acercó a otrxs argentinxs que “hemos vivido en estos infiernos” y fundaron la organización 24marzo.it: “El alma mater ha sido Jorge Iturburu, antes de 24 de marzo ya existían durante la dictadura los movimientos de familiares, mi hermano Walter ha sido muy activo en estas comisiones, pero hoy existe 24marzo.it que ha llevado adelante una serie de procesos (…) Massera, Podlech y el último el del Cóndor donde han declarado una cantidad de testimonios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de Chile o Nila, la ministro de Sanidad de Evo Morales, hay más de cien testimonios que han viajado a Italia”.
“Memoria quiere decir darle espacio a la reconstrucción de aquellas vidas. Estos procesos en Italia, además de ayudar a otros países para que sigan el ejemplo argentino y aunque están hechos con la ausencia de los imputados, reconstruyen antes que nada la historia, el caso más emblemático es el de Luis Stamponi y Mafalda Corinaldesi que son personajes históricos de esta ciudad”, relató.
Al respecto, detalló que “Stamponi fue un continuador de la obra del Che Guevara en Bolivia y como dice su última compañera de no haber existido (…) esa lucha que hicieron esos compañeros, que es una lucha imperfecta como siempre repetimos, solo quien no hace nada no se equivoca, de no haber existido un personaje de esa catadura intelectual y de valor moral, hoy posiblemente no existiría el proceso de cambio que está habiendo en Bolivia”.
“Luis Stamponi es un puntaltense que parte a Cuba a hacer entrenamiento y luego sigue al Che Guevara en su lucha en Bolivia. Muerto el Che Guevara sigue la construcción del movimiento del Ejército de Liberación Nacional y funda el PRT boliviano. Luego de una vida muy aventurosa y de haber escapado varias veces a la represión, viene apresado por el ejército boliviano y entregado cuando descubren que no era un boliviano -tenía un documento falso-, que es argentino y lo entregan al Ejército que lo lleva muy probablemente a Orletti y de allí no se sabe más nada de él”, manifestó Calamita.
Por su parte, Mafalda Corinaldesi dejó Bahía Blanca para buscar a su hijo detenido en Bolivia. Al enterarse de que fue entregado a los genocidas argentinos, viaja a Buenos Aires. “Estaba alojada en una pensión, pocas noches siguientes, una comisión policial la viene a buscar y desde entonces está desaparecida. Hemos dicho en las entrevistas y las reuniones que hemos hecho en Italia que probablemente Mafalda fue una precursora de las Madres de Plaza de Mayo en la lucha inclaudicable y heroica de la vida de su propios hijos”.
Foto: Marta Bustos y Roberto Calamita, sobrevivientes del terrorismo de Estado, se saludan tras presenciar la charla Justicia y Dictadura organizada por la Comisión de Apoyo a los Juicios.
La Universidad Nacional del Sur convoca al alumnado para brindar apoyo escolar apuntando a fortalecer el nexo con las escuelas del nivel medio para difundir la oferta académica y social institucional. La propuesta pretende afianzar la implementación de políticas de inclusión educativa y la democratización del acceso a la educación. La iniciativa parte de la Secretaría de Cultura y Extensión y busca, a su vez, relevar los problemas barriales.
“La idea es que la propia comunidad universitaria se involucre con la sociedad en este tipo de acciones, conozca las necesidades y demandas de Bahía Blanca mientras realiza su formación académica y se comprometa en tareas comunitarias. Además, se busca que los estudiantes avanzados colaboren con sus pares en el ingreso al nivel superior, ayudándolos en el primer año, que es clave para evitar la deserción”, dijo el secretario de Extensión, Claudio Carucci.
A lxs beneficiarixs se les ofrecerán visitas guiadas a la UNS y encuentros sobre orientación vocacional y técnicas de estudio; amén de asesorarlos sobre aspectos de la vida universitaria, tales como servicio de comedor, traslado, biblioteca, becas para facilitar su inserción en el sistema. En este caso, las actividades se harán en coordinación con las Secretarías Generales de Bienestar Universitario y Académica.
Las inscripciones de voluntarios y voluntarias se reciben hasta el 31 de marzo a través del siguiente formulario: bit.ly/convocatoriavoluntariado2016 y las consultas pueden hacerse en el 4595036.
El proyecto contempla cinco líneas de acción: 1) apoyo escolar (nivel primario y medio) y acompañamiento educativo en organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad; 2) muestra itinerante de la oferta académica de la universidad y de los instrumentos de financiamiento de estudios de la educación universitaria; 3) visitas guiadas a la universidad con encuentros sobre orientación vocacional, incumbencias profesionales y suministro de información para el sostenimiento y bienestar estudiantil; 4) acompañamiento de los procesos de inserción y aprendizaje de los estudiantes ingresantes de la UNS; y 5) jornadas de identificación de problemas barriales con la participación de la comunidad y de docentes de la universidad.
En diálogo con FM De la Calle, Carucci se refirió además al 26° Plenario de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) que se realizará los próximos días jueves 31 y viernes 1 en el Centro Histórico Cultural de la UNS. En el marco de dicho encuentro orientado a docentes, no docentes, estudiantes y actores sociales, se realizarán conferencias, talleres y charlas abiertas sobre la formación en Extensión.
“…el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas”.
Jeremías Bentham (1748-1832)
(Por José Luis Ares*) Es curioso. Los jueces profesionales están desprestigiados (en ocasiones, con razón); cualquiera sea la decisión serán cuestionados. Actualmente algunos sectores cuestionan también a los jurados populares, es decir, un grupo de ignotos ciudadanos elegidos al azar llamados a resolver un grave caso penal. ¿Quién debería juzgar entonces?, ¿una computadora?.
Como un elemental ejercicio de honestidad intelectual debo definirme como “juradista converso”; a partir de los años 90 comencé a estudiar el tema, me opuse, he sido crítico y aun actualmente prefiero el sistema escabinado al estilo cordobés, pero siempre tuve claro que había que cumplir la constitución, que por tres veces manda al legislador consagrar el juicio por jurados.
Cuando se proyectaba el sistema que finalmente fuera consagrado en la Provincia de Buenos Aires, muchos decían que en atención al bombardeo mediático y a la popularidad del discurso de la “mano dura”, los jurados condenarían a todo el mundo, incluso sin pruebas, lo cual suena terrible, pues ya los antiguos romanos tenían claro que es preferible un culpable libre que un inocente preso. A ello respondía que una cosa es lo que se dice en una charla de café, con ligereza, poca información y ningún compromiso, y otra muy distinta cuando esa persona, ciudadano respetable, (docente, obrero, comerciante, ama de casa, de un sector acomodado o de una barriada humilde), deba asumir el delicado rol de juzgar a un semejante, previo juramento solemne y tome plena conciencia de que la decisión de seis mujeres y de seis hombres podrá implicar que otra persona pase gran parte o el resto de su vida en prisión.
Encuestas oficiales muestran una realidad quizá impensada. El 77 % de los jurados manifestó que mejoró su imagen de la justicia; la gran mayoría consideró positiva la experiencia y expresó que volvería a actuar como jurado.
Existen sistemas en que el juicio por jurados es obligatorio para algunos delitos. En cambio, en nuestra provincia, en principio se aplica respecto a delitos con penas de más de 15 años de prisión, pero el imputado puede optar por ser juzgado por un tribunal técnico. La razón de ello, según se argumenta, es que constituye una garantía para el imputado que puede renunciarla, pues figura en el artículo 24 de la Constitución Nacional, que se encuentra en la sección de derechos y garantías.
Cuando se habla de los votos necesarios para obtener una condena se soslaya (o se ignora) que el sistema anglosajón, en que abreva el modelo bonaerense, requiere unanimidad, y solo en pocos lugares de ese ámbito se han fijado mayorías calificadas. ¿Y por qué unanimidad?. Porque precisamente al no fundamentar el fallo y solo resolver “culpable” o “no culpable”, que todos los juzgadores coincidan le da solidez y legitimidad a la decisión, a la vez que aleja las posibilidades de error. Por lo demás, se ha resuelto que las instrucciones que brinda el juez profesional -con intervención de las partes- suplen la motivación del fallo (Corte Europea de Derechos Humanos, caso “Taxquet vs. Bélgica” de 2010; la casación de esta provincia sostiene lo mismo), a la vez que el juicio debe grabarse en audio o video.
El jurado introduce la equidad pues resuelve según su íntima convicción, su leal saber y entender, conforme la prueba que se le presenta y percibe con sus ojos y oídos; escucha los distintos argumentos, la “teoría del caso” de cada contendiente. Ese análisis, en ocasiones no requiere mucha discusión pues al ingresar a la sala de deliberación se tiene ya claro lo que se debe decidir (como les ocurre a los jueces profesionales luego de escuchar los alegatos y aun antes de ello). Se exigen diez votos para arribar a un veredicto de culpabilidad (salvo en casos de prisión perpetua en que se requiere unanimidad), y no habría problemas en que sean nueve, pero creo que ello es irrelevante.
Algunas críticas son inconsistentes pues apuntan a la esencia y a la lógica misma del sistema. El fiscal carece de recurso ante un veredicto de no culpabilidad pues el jurado representa al pueblo, y el fiscal (órgano estatal) nada puede cuestionar; la garantía del recurso es para las personas y no para el Estado. Distinto es el caso de la víctima presentada como particular damnificado, que generará controversia en algún momento.
Si se me permite la perogrullada: el juicio por jurados es distinto al celebrado ante jueces técnicos y experimentados en la tarea de juzgar, y por ello requiere otro entrenamiento y otra presentación del caso por los contendientes. Si un deportista es experto en nadar en lagunas, y debe lanzarse a las aguas del mar, deberá prepararse de otra manera. Por eso, los litigantes que enfrenten a un jurado deberán capacitarse en técnicas de litigación, deberán preparar bien su hipótesis, mostrar claramente la evidencia, argumentar con sencillez y contundencia. Los acusadores no cuentan con algunos jueces técnicos complacientes que preguntan inquisitivamente -cuando deberían hacerlo limitada y excepcionalmente- y así ven afectada su imparcialidad. En este sistema, ni el juez técnico, que preside el juicio, ni los jurados pueden efectuar pregunta alguna a testigos, peritos e imputados.
El arte del proceso consiste en tratar de persuadir al juez. El jurado bonaerense goza de buena salud, está vivo y avanza, es una bocanada de aire fresco en el burocratizado ámbito de tribunales; implica una saludable participación del pueblo en la administración de justicia. Estimo que resulta prematuro hacer balances y pedir modificaciones legislativas, hay que dejar andar el sistema.
Si un litigante cree tener un asunto sólido y le va mal al presentarlo ante el jurado, lo que debería hacer la próxima vez, es preparar mejor el caso, con más y mejor prueba, afinar argumentos, clarificar conceptos. En definitiva, hacer todos los esfuerzos a su alcance para persuadir a esos ignotos jueces accidentales, que con responsabilidad ciudadana deben decidir el caso; se trata, ni más ni menos que de convencer al jurado.
(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso-de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
(Por Francisco J Cantamutto) La visita de Obama a nuestro país dejó múltiples polémicas. Qué anuncios trajo en materia económica.
Obama termina su mandato con una agenda renovada para América Latina, concebida históricamente por Estados Unidos como su “patio trasero”. La rehabilitación de las relaciones con Cuba como hito histórico fue “compensada” visitando luego Argentina para felicitar al flamante Gerente de la Nación. En sus acotados discursos no evitó decir que había apoyado este cambio, lo que Macri reconoció como una ayuda clave. Acomodando un discurso que rezuma banalidad como forma de evitar las definiciones, se dejaron algunos anuncios relevantes.
La última gran ofensiva imperialista fue el proyecto continental lanzado a inicios de los noventa, conocido como “Iniciativa para las Américas”, luego devenido en ALCA. Este proyecto fue derrotado en Mar del Plata en 2005, gracias a la organización coordinada a nivel continental de diferentes movimientos sociales. Bush hijo debió retirarse sin conquistas. Este proceso se dio en el marco de ascenso de diferentes gobiernos de tintes populares. Durante este período se produjo una creciente penetración del capital chino en la región, que se consolidó como socio comercial de la región y como fuente de capitales, consolidando una relación de tipo dependiente. La competencia entre capitales chinos y estadounidenses ha tenido el Caribe como uno de sus espacios clave, con el proyecto chino de abrir un canal en Nicaragua para competir con el de Panamá como epicentro.
Naturalmente, Estados Unidos no abandonó sus intereses en la región, pero demoró en reorganizar sus proyectos. Una de sus estrategias centrales fue incitar la agenda de la Alianza del Pacífico como alternativa a los gobiernos “populistas”. Se trataba de una alianza entre países con tratados de libre comercio con la potencia del Norte, que evitan redistribuciones “populistas” del ingreso. La agenda, retomada en múltiples medios locales, tiene ahora una nueva etapa con la caída de los precios de los commodities (que mermó los recursos disponibles en la región) y la desaceleración de los procesos de integración regional, como explica el experto Leandro Morgenfeld.
Justamente, los principales acuerdos en materia económica estuvieron orientados en la desregulación del comercio. Según explica Verbitsky, hubo acuerdos sobre garantías de propiedad intelectual (más pagos de royalties), de simplificación de trámites comerciales, de asistencia técnica en materia de telecomunicaciones y cooperación nuclear. De la mano del acuerdo entre YPF y Chevron (que permanece secreto, a pesar de la orden judicial de hacerlo público) fue la base para acuerdos en materia de energías no convencionales, cuya explotación ha permitido a Estados Unidos alcanzar en producción a Arabia Saudita, tal como explica Julio Gambina. La canciller Malcorra dijo sin tapujos que el horizonte es un acuerdo de libre comercio, aunque por la vía del MERCOSUR. Es decir, la agenda que enterramos hace una década, vuelve al pie del cañón.
El comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos ha caído año a año, siendo nuestro tercer socio comercial, muy por detrás de Brasil y apenas debajo de China. El saldo ha sido crecientemente deficitario para Argentina desde hace años, alcanzando los 4.272 millones de dólares en 2015. El resultado de estos acuerdos de mayor desregulación será, pues, mayor déficit, y por lo tanto, mayores salidas de divisas.
A cambio, la Cámara del Comercio estadounidense en Argentina anunció en el predio de la Rural inversiones por 13.800 millones de dólares durante el mandato de Macri. La suma no llega a compensar las salidas esperadas por el arreglo con los fondos buitres, cuya aprobación legislativa está ya culminándose. Estados Unidos no muestra así demasiado énfasis en recuperar posiciones inversoras en el país, dejando en espera de mejores anuncios al gobierno de Macri. El país del Norte viene perdiendo posiciones de inversión año a año en toda la región, además de convalidar la trayectoria en materia de negocios en el país: producción de bienes primarios y servicios. Vale decir que Argentina tuvo un descenso de la inversión extranjera en 2014 debido al pago a REPSOL por YPF. Contrario a lo que Macri señaló al levantar las regulaciones en materia de remisión al exterior de utilidades, el país no dejó de ser atractivo para el capital extranjero, al menos no se detecta eso en los números del último estudio disponible de la CEPAL. Este estudio indica además que el saldo neto de la inversión extranjera en la región es negativo, pues la salida por pagos de royalties y utilidades sobrepasa las entradas de nuevas inversiones.
Es decir, los acuerdos fomentan mayores déficits comerciales, mayores salidas de royalties y pagos de utilidades. En una economía que aqueja de falta de dólares, este rumbo no parece ser la solución. Del mismo modo que no lo está siendo el arreglo con los buitres, el gobierno reafirma el carácter dependiente de nuestro país, sin ninguna concesión. El componente ideológico del libre comercio parece nublar los análisis más básicos.
El 17 de diciembre de 2013, La Nueva Provincia publicó un artículo titulado “Un adolescente robó una moto y murió al chocar contra un árbol”. En la sección “Seguridad” el diario de los Massot construyó la versión de un hecho que se cobró la vida de Sebastián Ezequiel Bustos, de 16 años.
Según la publicación, Bustos “perdió la vida en el interior del Parque de Mayo, luego de cometer el hecho delictivo junto con otro individuo que está prófugo, aunque la policía aseguró que lo tienen identificado”.
Sin embargo, María Rossi, madre de Sebastián, dijo a FM De la Calle que “fallece por el choque de la camioneta policial” y que “la moto era de mi marido”, padre del joven. “No era robada”.
La familia fue avisada “a las 10 de la mañana” de lo ocurrido “aparentemente a las 4 de la mañana” con la víctima fatal, a través de un patrullero que va a la casa de María y lleva al padre hasta la comisaría Segunda y de allí directamente “hasta la morgue”.
María se pregunta “en todo ese trayecto, ¿qué estuvieron haciendo?”.
¿Qué ocurrió?
“Sebastián está en el Parque de Mayo a la madrugada no sabemos por qué. No sabíamos qué había ocurrido. La gente nos cuenta que fueron a una entrega. Se lo llevan al Parque de Mayo pero él se está volviendo”. Otra persona “roba una moto pero el seguimiento fue para Sebastián, no fue para el pibe este”.
María agregó que testigos recabados por ellos sostienen que “las cámaras que supuestamente estaban en IREL ahora no están más. Hay una cámara también en la arcada del Parque de Mayo. Pedimos ver las cámaras y tampoco nos mostraron nada”.
La investigación
“El caso fue cerrado porque nos llamaron para firmar. Con mi marido no firmamos. Estamos como nulos, esperando siempre a ver qué se puede aportar”. En tal sentido, quienes tengan información al respecto pueden escribir a [email protected] o llamar al 4523074.
“El expediente es más o menos lo que dice en el diario (LNP) con la diferencia de que el calibre que dice en el diario no es el que dice el expediente”, sostuvo María.
En el mencionado artículo, publicado horas después del hecho, el comisario Alejandro Barreto declaró que “en principio, este muchacho (por Sebastián) sería uno de los encargados de llevar a cabo la logística de los delitos”.
La sección Seguridad asegura que “Barreto confirmó que entre las prendas que vestía el muchacho fallecido, se incautaron ‘un arma de fuego calibre 22, un destornillador y un cuchillo, elementos que utilizaba para realizar este tipo de delitos’”.
En este sentido, María reclamó “blanquear el nombre de Sebastián porque el ya no está. Mi hijo no se puede defender. Lo ensuciaron mucho en el diario. Cosas que no son. Eso todo fue armado. Es una estrategia armada porque después de lo que pasa con Sebastián hubo tres casos más. En Bahía tenemos el caso de Giuliano Gallo. El caso de Néstor Vittadini. Son casos de persecución policial. Es la policía. Quiero limpiar el nombre de Sebastián. Él no estaba robando ninguna moto”.
Un día más en el barrio
María Rossi advirtió que “los chicos fueron muchas veces amenazados en la Plaza” del barrio Cooperación II. “A Sebastián lo perseguían. Le han dicho ‘te vamos a agarrar con la moto y te vamos a tirar en la zanja’. Porque él tenía 16 años y usaba la moto de mi marido para andar en el barrio. El respetaba mucho el horario de trabajo de su papá. Este pibe (por el prófugo) le insiste, le insiste, le insiste. Se lo lleva o se lo llevan a este lugar (por el Parque de Mayo) y pasa lo que pasa”.
En tal sentido, la madre de Sebastián se preguntó: “¿tantos patrulleros que fueron a mi hijo y el otro se escapa? Para nosotros es una entrega de acá a la China. Sabemos que este pibe trabaja para la policía. Es todo muy confuso”.
Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y atentados de todo tipo fueron algunos de los hechos que fueron perpetrados por la Alianza Anticomunista Argentina, la asociación ilícita conformada en el seno del Ministerio de Bienestar Social por la que el pasado 19 de febrero fueron condenados cinco de sus integrantes.
Se trata de Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Arturo Pascuzzi, quienes fueron condenados por la jueza federal María Romilda Servini a cuatro años de prisión al término de un proceso que tramitó con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP). El fiscal federal que intervino en la causa, Eduardo Taiano, y la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre, habían solicitado una pena de cinco años.
La jueza señaló en la sentencia que la Alianza Anticomunista Argentina “fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un Ministro de la Nación”, en referencia a José López Rega. En ese sentido, consignó que todos los ahora condenados estuvieron “vinculados en cierta forma al Ministerio de Bienestar Social”.
El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre el funcionario y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno del por entonces secretario privado de Juan Domingo Perón.
Elementos de prueba
Primero como testigo y después como imputado, en 1975 el ex militar Salvador Horacio Paino “admitió haber organizado (por orden de López Rega) esta asociación criminal que dio a llamarse ‘Triple A’”. El fallo recuerda que Paino “aseguró que le habían encargado el asesinato” del diputado Rodolfo Ortega Peña y que pudo ver una lista de las personas que la asociación ejecutaría, entre los que nombró al padre Carlos Mugica y al ex subjefe de policía Julio Troxler, entre otros. En ese sentido, aportó un organigrama con la estructura, integrantes y funciones de la organización.
Por otro lado, una variedad de testimonios dieron cuenta de la existencia de armamento en la sede del ministerio, atentados contra los diarios El Mundo, Clarín y la revista Militancia, que obligó a periodistas a exiliarse en Perú. Asimismo, narraron que en las reuniones de gabinete “se proyectaban las fotografías de aquellos que habrían de ser eliminados”.
Contexto
Para la magistrada federal, “el delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado”. Y precisó que se utilizó el espacio “como lugar físico de sus reuniones, se financió -entre otros aportes- su funcionamiento, se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas”.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Nº3 en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano, apuntó en el pedido de pena que “los pasos seguidos por la banda criminal consistían en: difundir sus amenazas, lo cual instalaba el terror y provocaba el aislamiento de sus víctimas; luego ejecutar la brutal condena y finalmente exhibir los cuerpos torturados, destrozados, como una inconfundible marca registrada”. “Hipólito Solari Irigoyen fue el primero de la lista de varios más”, añadió la jueza en el veredicto, que además de los crímenes de Ortega Peña y Troxler (“Se cree que motivó su deceso la investigación en curso contra el titular de la cartera del Ministerio de Bienestar Social”, detalló), también enumeró los del hijo del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Raúl Laguzzi, de Alfredo Curutchet en Beccar, el de Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, y los de Pedro Barraza y Carlos Laham, muchos de ellos reconocidos en comunicados.
Roles
En la sentencia, se identificaron las funciones de los acusados. La de Conti “era la de ‘enlace’ entre López Rega y los distintos miembros de la asociación”, en tanto “se encontraba a cargo del grupo de ‘acción psicológica y propagandística (utilizando sus influencias y cargos en los canales de televisión) y de los grupos N°1 y N°2 de la asociación criminal”. Tuvo gran peso el testimonio de Ricardo Rubens Capelli, quien fue testigo y resultó baleado en el asesinato de Mugica: estando internado en el Hospital Rawson recibió la visita de Conti, quien le comunicó que López Rega se ponía a disposición “para lo que necesite”. Su reacción fue inmediata: le pidió a sus amigos que lo sacaran de ahí “porque iba a ser boleta”. Es que otra de las actividades del periodista era ir a ver a testigos directos del accionar de Triple A “a fin de amedrentarlos”.
El mismo testigo refirió que escuchó que “Conti le dio a Paino 10 millones de pesos para que éste armara la Triple A”; asimismo, dijo que “por la oficina de Conti pasaba la gente de la custodia de López Rega”.
En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F y de la agrupación de extrema derecha, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”. Como “era el que manejaba personalmente los fondos del Ministerio”, “sin su participación la organización ilícita no habría actuado con tantas facilidades”. El edecán presidencial entre 1973 y 1974, Tomás Medina, sostuvo que con la participación de Villone “se encubrían y ayudaban a las andanzas de esta organización ilícita”.
Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Servini y los acusadores consideraron probado que estuvo a cargo de “comandar un subgrupo del grupo uno, recibiendo órdenes de manera directa de Conti”. A modo de ejemplo, se determinó que retiró del aeropuerto de Ezeiza un cargamento de 10 ametralladoras (siete MK5 y tres MK3), y fue identificado por uno de sus secuestrados, que además de Paino declaró contra él. Cozzani -quien durante la dictadura militar sería la mano derecha de Miguel Etchecolatz en la policía de Buenos Aires y en 2012 fue condenado a perpetua- se incorporó en la formalidad como Supervisor de Operaciones. Finalmente, se determinó que Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.
Sobre el delito de asociación ilícita en general, la jueza indicó que “se agotó en 1975”. Al respecto, consideró que “La ‘marca’ o ‘las señales’ de la asociación quedarán puestas en evidencia” con otras causas en trámite, elevadas a plenario, “donde se investigan las responsabilidades de todos los imputados” por hechos puntuales como privaciones ilegales de la libertad, homicidios y lesiones graves. “Conti, Villone, Yessi, Cozzani y Pascuzzi conocían sobradamente lo que acontecía en el seno de esa asociación, por su permanencia en la misma, y por la división de roles (…), se encuentra acreditada la existencia de un acuerdo o pacto entre ellos”, detalló.
Imprescriptibilidad de la asociación ilícita
Tal como sostuvieron la fiscalía a cargo de Taiano, la querella, el juzgado en la etapa de sumario y la Cámara Federal de Apelaciones, Servini coincidió en que “no existe ningún obstáculo legal para la persecución de este delito, pues la acción penal respecto del mismo es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad”. “La organización denominada ‘Triple A’ fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un Ministro de la Nación –López Rega-, y si bien en esa época nos gobernaba un gobierno constitucional, las autoridades que tenían a su cargo la dirección del país, toleraron su actuación, los procedimientos de su accionar y sus objetivos de presionar, amedrentar y por qué no eventualmente aniquilar a sus opositores tanto ideológicos como partidarios”, detalló.
“Todo este cuadro de situación, completa los requisitos que el derecho penal internacional exige al definir estos crímenes de lesa humanidad, cuando contempla la necesidad de que el ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil sea cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”, agregó la magistrada en respuesta al planteo de prescripción interpuesto por una de las partes.
Fuente: fiscales.gob.ar
Foto: Lopez Rega entrega un cheque durante el casamiento al ex jefe operativo de la Triple A, Rodolfo Almirón -ambos fallecidos impunes-.
La columna de Luis Ponte cayó 24 de marzo. En ese contexto, el recuerdo y recorrido fue para Tomás Gubitsch, a quien se lo recuerda por “mandar a la mierda” a Piazzolla cuando éste le pidió que hiciese declaraciones pro dictadura en Italia, donde se encontraba exiliado.
Gubittsch es un gran músico que aportó a diferentes géneros. Pero también es uno de los miles de nombres afectados por el terrorismo de Estado que tuvo entre su plan de acción modificar radicalmente las expresiones artísticas y la construcción cultural como objetivo de trascendencia.
(Por Julio Gambina) Cuando me preguntan sobre el orden económico social del presente no hay más remedio que hacer historia, especialmente desde el Golpe de Estado de 1976.
El fenómeno visible tiene que ver con las torturas, los asesinatos, las desapariciones, las detenciones, los exilios. Todo ello remite al dolor, físico y mental, de afectados directos, familiares, amigos, compañeros de militancia y destino en la vida. Un poco menos se visibiliza la desorganización social y política buscada por los ejecutores materiales e ideológicos del golpe, lo que supone indagar en las motivaciones del ejercicio del terrorismo de Estado.
Lo esencial de la iniciativa política de las clases dominantes hacia 1976 apuntaba a reestructurar el orden económico, social y político de funcionamiento del capitalismo en Argentina, como parte de un proceso similar en la región. En 1973 en Chile y en Uruguay, luego en 1976 en Argentina y otros procesos similares en la región darán inicio al ensayo de restauración liberal del orden social en el ámbito mundial, más conocido como neoliberalismo. Un ensayo que buscará generalizarse luego con la restauración conservadora liderada por Thatcher y Reagan en los 90´ y que se extenderá con renovada fuerza a la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.
De la defensiva capitalista a la ofensiva
El diagnóstico apuntaba a cerrar el ciclo defensivo de las políticas keynesianas instrumentadas en el capitalismo a la salida de la crisis del 30 del siglo pasado y generalizadas, más allá de matices, luego de la segunda guerra mundial. El carácter defensivo devenía de la fuerte iniciativa y organización de sectores subalternos que en Europa podían imitar el ejemplo soviético de construir el socialismo. En EEUU se necesitaba superar la crisis del 30, surgida desde Wall Street, por lo que el “new deal” (nuevo acuerdo), con su planificación y diferente papel del Estado favoreció la construcción de la nueva hegemonía estadounidense en el sistema mundial, creando las condiciones de la bipolaridad.
La crisis de los 70´ había dado la vos de alarma de los límites del desarrollo capitalista bajo la orientación kerynesiana y el gasto estatal pasó a ser el objeto de la crítica de las clases dominantes. Había que abandonar las políticas defensivas, porque ya afectaba a la rentabilidad de las empresas dominantes. Bajo esas condiciones se hace fuerte la restauración del liberalismo, bajo la denominación “neoliberalismo”, y las matizadas interpretaciones de cómo salir de la crisis de los 70. Es en esas condiciones que la corriente neoliberal de pensamiento acude como sostén teórico y formuladores y ejecutores de la política económica de los regímenes terroristas en el cono sur. Con matices, la escuela de Chicago difunde sus pensamientos para una política de transformación reaccionaria del orden capitalista.
En las condiciones de la Argentina y otros países de la región, se impuso el proceso de desarme del orden capitalista bajo el formato anterior. Si las décadas previas fueron las de la industrialización sustitutiva de importaciones, con aliento al mercado interno y la construcción de un amplio proletariado, especialmente industrial y por ende una burguesía también extendida en la producción agraria, industrial y de servicios, la reversión económica suponía la desarticulación social y política de ese entramado social. Por eso el golpe, las prohibiciones, el amedrentamiento y la manipulación de la opinión pública y el sentido común instalado.
La política neoliberal anticipada en el último tramo del gobierno constitucional (por ejemplo: el “rodrigazo” en julio de 1975) se consolidó en 1976 con el Plan Martínez de Hoz, expresión del sector más concentrado de la economía local, cuyos efectos se sienten aún con los cambios institucionales, estructurales, acecidos desde entonces y muy especialmente en los años 90´ del siglo pasado. Es la base material para pensar la liberalización en curso y la inserción subordinada en nuevos tratados de libre comercio que sellan la presencia de Barack Obama en esta Argentina gobernada por Macri.
¿Qué cambió desde 1975/76?
Las relaciones laborales mutaron sustancialmente, con flexibilización, precariedad, tercerización, subempleo, desempleo y su correlato en desorganización y de-sindicalización. En materia de Estado se promovió un fuerte cambio de función, con privatizaciones, desregulaciones y aliento a la mercantilización de derechos sociales, tales como la educación y la salud, entre otros. La inserción internacional subordinada fue la forma de relacionar a la Argentina con el mundo, con tratados de libre comercio y la extensión de tratados bilaterales en defensa de las inversiones, tanto como la generalización de la prórroga de jurisdicción soberana, que hoy se sufre con la sentencia Griesa.
Instrumentos económicos privilegiados que llegan hasta nuestros días fueron la ley de entidades financieras y una política monetaria y financiera de subordinación a la lógica del sistema mundial liderado por los organismos internacionales. También el régimen de inversiones externas que nos somete a la decisión transnacional sobre el modelo productivo y de desarrollo, con soja y transnacionales de la alimentación y la biotecnología; con inversiones mineras para mega minería a cielo abierto con explotación de bienes comunes y contaminación. Es la industria de armaduría para la exportación y los servicios privatizados y altamente concentrados. Es el mecanismo del endeudamiento externo en ciclos sucesivos adoptados por los gobiernos constitucionales en una continuidad con el pecado original de la dictadura genocida.
Las clases dominantes en la Argentina reorganizaron la cotidianeidad del desarrollo capitalista desde el terrorismo de Estado y ya bajo formas constitucionales de gobierno se someten y profundizan la institucionalidad heredada. Por eso continúa la prórroga de jurisdicción soberana, en los acuerdos por nueva deuda, en los contratos con China y con Chevron. Por lo mismo se afianzan las tendencias aperturistas y condicionadas de los instrumentos del libre comercio y la subordinación a los organismos multilaterales. Ese es el sentido de las relaciones internacionales que se fomentan en el presente, con reuniones y presencias de jefes de Estado de Italia, Francia, Inglaterra, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, y claro, con EEUU.
No alcanza con la crítica o la prédica de un relato que evidencia las motivaciones del golpe genocida del 76, si en simultáneo no se construyen las bases materiales y subjetivas para una lucha anti capitalista.
“Nunca Más… Para todos los sectores…”, reclamó la vicepresidenta PRO del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, al cumplirse cuarenta años del último golpe de Estado cívico militar, haciendo tanto ruido como el silencio de la gestión municipal de Héctor Gay sobre la dolorosa efeméride. La docente subió su deseo a su cuenta de Facebook y linkeó un “listado completo de ataques y asesinatos de montoneros y erp”.
Tanto la acción o la omisión mencionadas contrastan con la contundencia del repudio al terrorismo de Estado demostrada por centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos en las plazas del país el jueves pasado, en el aniversario del inicio formal del plan sistemático genocida para la eliminación de lxs opositorxs a la dictadura, cuya denuncia por parte de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos fuera ratificada por más de 150 sentencias judiciales.
Perdriel fue electa en octubre de 2015 y es una de lxs cuatro representantes del macrismo en el órgano educativo. El oficialismo local la propuso como candidata a presidenta del Consejo aunque perdió la elección a manos de la larraburista Susana Rodríguez.
En su curriculum virtual, Perdriel detalla que se desempeña en la Escuela Primaria Nº10 y hasta el año pasado lo hacía como directora de la EP Nº17 “Cnel. Leonardo Rosales”. También pasó por el Instituto Julio César Avanza como “profesora de EGB para I y II Ciclo” y “Docencia”. Entre sus “aptitudes” apunta: “negociación”, “inglés” y “oratoria”.
El reclamo de la consejera no sorprende en las filas de la Alianza Cambiemos donde militan varios funcionarios ligados a la dictadura y muchxs de sus dirigentes, a pesar del esfuerzo por contenerse o disimular, muestran la hilacha habitualmente. Desde “el curro de los derechos humanos” que prometió abolir el actual presidente durante su campaña hasta su más reciente nunca más a la difusa “violencia institucional“, pasando por el bache de Quilmes del cocinero Molina, el encubrimiento de la participación civil en el golpe denunciado por el SiPreBA, hasta el negacionismo del ministro porteño Darío Lopérfido.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj milita por el encierro domiciliario de genocidas y, en sintonía con Perdriel, recibió en la mismísima ex ESMA al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización de militares y familiares creada para pedir “memoria completa” y juicio y castigo para los “crímenes de la guerrilla”.
¡Escuchá! Cuentos, rimas, y versitos para los más chiquitos (y no tanto)” de Alicia Partnoy y Ruth Irupé Sanabria -con ilustraciones de su madre y abuela Raquel-, será editado próximamente en La Pampa por la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 mediante su editorial 7 Sellos.
Alicia es sobreviviente del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca y exiliada en Estados Unidos, donde se desempeña como profesora de Filosofía y Letras. El libro recopila textos de finales de los 70 y principios de los 80, escritos en la cárcel de Devoto para “jugar” con su hija “a través de sus líneas”.
Para Yanina Lofvall, integrante de 7 Sellos, la edición es “una alegría inmensa” porque “era un anhelo de Alicia, que es una gran militante y ha escrito cosas inmensas de valor histórico como ‘La Escuelita’ pero tenía ese sueño de poder publicar los cuentos y los versos que alguna vez escribió a su hija y en eso estamos”.
“Este libro para niños tiene escondido entre sus líneas el amor de Alicia. Nos muestra el ejemplo de una madre que en las épocas más oscuras de nuestra historia, que atraviesa su vida particular, el amor vence al odio”, aseguran desde la editorial en el lanzamiento de la preventa de la obra.
“Introduce el libro una carta que tiene que ver con las cosas que Ruth pensaba o preguntaba sobre su mamá mientras estaba detenida”, comentó Lofvall a FM De la Calle y agregó que los textos permiten abordar el terrorismo de Estado “desde un lugar un tanto particular que quizás no siempre se analiza, que tiene que ver con el vínculo de amor de una madre detenida con su hija, y cómo a través de esos cuentos, de esos relatos, ella trataba de que no se quiebre el vínculo de amor”.
La editorial publicó un adelanto de la obra para trabajar en las escuelas en el marco del 40º aniversario del golpe de Estado y su resultado puede verse en la página de 7 Sellos, en la cual comparten los dibujos de lxs niñxs que escucharon el cuento “Un sueño muy loquito”.
“Pedimos el acompañamiento de la gente para que Alicia sienta que este libro llega y que es una manera también de reestablecer la presencia de los desaparecidos en este contexto histórico tan complejo, volver a poner el tema en cuestión desde los lugares que hay que analizarlo, porque este vínculo entre Alicia y Ruth sigue marcado por esta historia”, dijo Yanina.
Para adquirir el libro en la etapa de preventa que finalizará en mayo pueden consultar mediante Facebook o escribiendo a [email protected]
Carta de Alicia a Ruth no incluida en el libro, publicada por su autora en Facebok:
V. Devoto, 17-4-79
HOLA RUTI!
¿Cómo te va? A mí más o menos porque estoy engripada. Aat chús! Estoy meta estornudar y sonarme la naríz, qué rabia! Me de bonca estar resfriada. Aat chús! Y cada vez que estornudo me tengo que agarrar el diente porque sino !ZAS! se me vuela ¡qué lío! Entonces con una mano me tengo que tapar la boca para que no se me vuele el diente. !At chús! Y con la otra mano tengo que buscar rapidito el pañuelo para sonarme la naríz. ¡At chús! At chús! Aaat chús! Ahora estoy acostada y bien tapadita, tomé té y remedios y tengo que esperar un poco hasta que se me vaya este resfrío hincha. ¿Sabés por qué uno se agarra un resfrío? Resulta que en el aire andan una especie de bichitos tan chiquitos que ni se ven, a veces no te hacen nada, pero a veces cuanto se te meten adentro te resfriás; esos bichitos se llaman VIRUS. ¡Qué nombre! ¡VIRUS! me da risa y cuando es uno solo no se llama VIRU se llama VIRUS igual! Resulta que si una se queda en la cama o adentro de la casa y no toma frío y se toma el remedio que le da el doctor, el cuerpo toma fuerza y más fuerza y zás! Mata a todos los VIRUS y uno se cura. Sabés que cuando eras chiquita y vivías con papito y conmigo, cuando te resfriabas o te agarraba tos – también por culpa de los virus – yo me quedaba cuidándote y papito iba a llamar por teléfono al doctor y a comprarte los remedios o si no al revés, yo te iba a comprar los remedios y papi te cuidaba y te ponía la bolsita de agua caliente para darte calor en el pechito y la espalda, eso hace bien para que el cuerpo se ponga fuerte fuerte y pueda echar afuera todos los virus. Ahora cuando te enfermás te cuidan el Chino y la Raquel o los abuelitos Berta y Carlos. ¿Cierto? Ellos te cuidan siempre porque te quieren mucho. Papito y yo también te queremos mucho pero no te podemos cuidar porque no nos dejan estar con vos ahora, pero cuando podamos te vamos a cuidar corazoncito. Ahora te mando besos…
PD: Besos y mas besos! ¡Aat chús! Te quiero mucho
MAMÁ
Concurso literario: últimos días para participar
Uno de los desafíos de la editorial 7 Sellos es “buscar la identidad del autor y su texto, para que la edición del libro refleje un producto acabado de la inspiración del escritor”. Por ello propusieron a niñxs y adolescentes, escritorxs, movimientos cooperativos, ONG’s e instituciones participar del “Concurso Literario Identidades” para “conocer, profundizar y comunicar las identidades que atraviesan a autores y sociedades”.
Se puede participar enviando textos hasta el último minuto del próximo 30 de marzo según estas bases y condiciones.
El Centro Cultural La Panadería y Grupo Nuevodrama Teatro, en adhesión a los actos conmemorativos del 40° aniversario del último golpe de Estado cívico militar, presentará a las 21 la obra Arturo Ui en Lamadrid 544, posteriormente se realizará una vigilia cultural con músicxs, poetas y artistas.
Alberto Rodríguez resaltó por FM De la Calle la necesidad de revisar por qué militaban lxs 30 mil y destacó que “las luchas no pueden estar divididas, el 24 no puede tener dos marchas y por eso este 23 queremos que sea una vigilia en unidad, hemos hecho la convocatoria a todos los sectores, es una expresión cultural, es más unitaria, menos problemática tal vez, ojalá que en esto sí nos podamos encontrar”.
En cuanto a la selección de la obra de Bertol Bretch, el actor afirmó que “tiene que ver con lo que está pasando, lamentablemente, el ascenso de los sectores reaccionarios al poder, en este caso en nuestro país, pero Europa con las movilizaciones y avances de los grupos de ultraderechistas en contra del inmigrante, creo que la xenofobia ha aumentado en el mundo en función de que este señor por más que tenga color negro y sea demócrata ha avanzado en las guerras y en la destrucción de países como Libia o Siria. Creo que el imperialismo nunca ha dejado de actuar”, aseguró Rodríguez.
Al ser consultado sobre la recepción del gobierno macrista a Barack Obama colocando banderas estadounidenses en el Parque de la Memoria, Alberto subrayó que se trata de “una nueva desaparición de los desaparecidos (…) ya que el principal responsable junto con la junta cívico militar que asumió en aquel entonces, no cabe dudas que Estados Unidos fue el que jugó el rol principal”.
“Lo que viene se va a hacer mucho más difícil”, adelantó y agregó que como “diría un viejo maestro: los ricos cuando ven peligrar sus bienes se unen y son un puño único, quienes luchamos por una sociedad distinta no nos une el dinero, por lo tanto tenemos muchas veces diferencias y desunión, creo que los treinta mil tenían una idea de país, hay que empezar a debatir eso, qué tipo de país, por quién luchaban, por qué Estado luchaban, cuáles eran sus ideales”, dijo.
En ese sentido, opinó que en que en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia quedó pendiente la discusión sobre los proyectos políticos de la militancia setentista: “No se retomaron los escritos, las revistas, los periódicos de aquel entonces para ver si realmente estábamos luchando por un sistema democrático burgués donde la corrupción siempre iba a manos de los ricos, donde los negocios los hacían las grandes corporaciones, donde las mineras se quedaban con la tierra y con el fruto de las mismas sin pagar un céntimo. Ese no era el proyecto revolucionario de los setenta. No para imitar, no para volver a querer llevar adelante los mismos métodos, pero sí creo que hay que rediscutir gramscianamente una nueva forma de hacer política”.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron un recurso para que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició con falta de mérito al director del diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia), Vicente Massot. Reseñaron las pruebas sobre la acción psicológica ejercida por el diario y documentos sobre los aportes de Massot al crimen de dos obreros gráficos.
La presentación apunta a torcer el rumbo fijado en la causa por el juez subrogante Claudio Pontet, quien dictó en primera instancia la falta de mérito y luego fue apartado del expediente, y la confirmación -fechada el 25 de febrero- de esa decisión por parte de los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, quines deberán tratar ahora la admisibilidad del recurso y rechazarlo o enviarlo a Casación para su tratamiento.
Massot está acusado por la Fiscalía de haber realizado aportes indispensables en el homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior. También, le imputan haber efectuado desde el diario aportes “esenciales” en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.
En el recurso de casación, Palazzani y Nebbia señalaron que la resolución de la Cámara Federal era nula “por ausencia de mayoría válida de votos coincidentes” para analizar la actuación como juez subrogante del secretario judicial Pontet y la consecuente validez de su fallo. La Fiscalía había tachado de ilegal la actuación de ese funcionario, a quien incluso había recusado -sin que esa petición hubiera sido tratada a tiempo- por su relación con Massot y su parcial actuación en las causas por crímenes de lesa humanidad. Por ese motivo señalaron oportunamente que correspondía “declarar la inexistencia de la falta de mérito dictada en primera instancia”.
Por otro lado, los fiscales señalaron que la resolución “padece de arbitrariedad y fundamentación aparente” y remarcaron que “el dictado de la falta de mérito resulta equiparable a sentencia definitiva”, lo cual -sostuvieron- es suficiente motivo para fundar la admisibilidad del recurso.
Acción psicológica
Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que la resolución de los camaristas “reconoce que las acciones psicológicas eran parte del plan criminal (lo que implica admitir su relevancia penal), que para su ejecución resultaban necesarios los medios de comunicación y que no sólo la misma se ejerció a través de La Nueva Provincia, sino que está resultaba indispensable para tal tarea”. Y subrayaron que, en ese contexto argumental, la confirmación de la falta de mérito es la “tergiversación” de los hechos. “De acuerdo al resolutorio, la imputación penal reprocha a Vicente Gonzalo Massot el ser dueño de un monopolio mediático regional, durante el período de los años de plomo”.
Los representantes del Ministerio Público explicaron que “la sentencia invierte completamente los términos de la hipótesis imputativa, pues esta última no parte de lo que era La Nueva Provincia, sino de lo que hizo, es decir, qué publicó durante el período de tiempo investigado, y de qué modo dicha actividad se encontraba funcionalmente inserta dentro del plan criminal sistemático, de un modo general (incitando a todo el tejido social a participar del genocidio, legitimando las acciones genocidas, y ocultando su ilegalidad) y particular (publicando información falsa en relación a las víctimas del accionar genocida)”.
También subrayaron que los tomos con los diarios de la época -secuestrados en un allanamiento encabezado por los fiscales en la sede del medio gráfico- son la prueba de esa hipótesis.
Los fiscales señalaron que en el diario, la radio y la televisión conducidas por la familia Massot “quedó plasmado un mensaje de incitación al genocidio, a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano (el ‘enemigo’, el ‘subversivo’, el ‘apátrida’, el ‘ideólogo’), un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.
Esa misma conducta se dio con “una amplísima empresa de persecución y señalamiento del blanco (la configuración y selección del “otro”), en buena parte orientado hacia aquellos que denunciaban y/o reclamaban por las personas desaparecidas, calificándolos como acción psicológica del enemigo”, describieron.
En este sentido, los fiscales cuestionaron la interpretación que los camaristas hicieron de la acusación, al considerar -los jueces- que la Fiscalía puso todo el peso de la acción psicológica desarrollada por las Fuerzas Armadas en La Nueva Provincia y señalar que la empresa fue “utilizada” por los responsables militares de la zona. Esas dos aseveraciones, señalaron, son erróneas, pues “como toda actividad criminal compleja realizada como parte del terrorismo de Estado, la acción psicológica constituía uno de los planos del plan criminal consumado de manera general sobre la población, y particular sobre cada una de las víctimas. Además, la acción psicológica implicaba en sí misma una actividad colectiva, que abarcaba diferentes actores y etapas”.
Al respecto, puntualizaron que “una vez reconocido que la acción psicológica era parte del plan criminal general y particular y que La Nueva Provincia participó materialmente de tales procedimientos, lo que correspondía sopesar era si dicho aporte resultaba penalmente relevante”.
Inteligencia de manual militar
Los fiscales citaron además los reglamentos militares de la especialidad de inteligencia, que definen los objetivos y los medios, y recordaron que el jefe del V Cuerpo del Ejército, Adel Vilas, definió por entonces a La Nueva Provincia como “un valioso auxiliar de la conducción” en las tareas de acción psicológica, luego de que el diario presentara como muertos en un enfrentamiento a víctimas de una ejecución.
Por otro lado, los fiscales cuestionaron que la Cámara pretendiera presentar que el diario alentó a la denominada “lucha contra la subversión” sólo en su aspecto “legal” y recordaron al respecto que “la exhortación cotidiana y constante al exterminio de un grupo de la población, no sólo no puede considerarse un apoyo a aspecto legal alguno, sino que se encuentra expresamente contemplado por el Derecho Internacional Público, como uno de los más graves delitos que puede concebir la humanidad”.
En ese sentido, añadieron que “no puede predicarse sobre una misma actividad un carácter legal y otro ilegal. Lo que correspondía determinar es si Vicente Gonzalo Massot, como miembro del núcleo decisional de la empresa, participó voluntariamente de dicha ilegalidad”.
Además, remarcaron que la Cámara Federal bahiense no dio tratamiento a “la plena coincidencia entre la actividad emprendida por el núcleo decisional de La Nueva Provincia y los reglamentos militares y fines del plan criminal”, pese a que “se trataba de un aspecto de análisis esencial para comprender el ‘qué’ de la imputación”.
El verbo y la acción
Los fiscales cuantificaron que entre 1976 y 1977 “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra”. Al respecto, indicaron que “la verdadera dimensión de su alcance y relevancia criminal se adquiere de su completa lectura”.
La Fiscalía recordó en esta nueva instancia las relaciones personales de Vicente Massot con algunos de los principales ejecutores del terrorismo de Estado, como el jefe del Cuerpo I del Ejército Carlos Suárez Mason y el del V Cuerpo, Osvaldo Azpitarte; y el recientemente conocido -revelado por Fiscales- vínculo con el espía de la DINA chilena, Enrique Arancibia Clavel, a quien -según el propio archivo del agente trasandino- le pidió en 1974 información para “hacer una campaña” en sus medios “contra la penetración soviética en América Latina”.
También cuestionaron la resolución judicial que confirma la falta de mérito por “la aseveración acerca de que la intervención de Vicente Massot fue menor” durante la protesta gremial protagonizada por Heinrich y Loyola, pues “soslaya que dicha actuación personal al frente de la empresa (adoptando decisiones en su nombre) tuvo lugar en el momento más crítico del conflicto (mes de septiembre de 1975), si se computa que durante casi la totalidad del mes de agosto la familia Massot no pudo publicar el diario, hecho inédito en la historia del medio, que tampoco volvió a suceder con posterioridad”. En ese sentido, ponderaron, la sentencia de la Cámara “pasó por alto lo sustancial: que conforme surge de todas esas actas notariales, el único que negociaba cara a cara con los delegados gremiales era Vicente Massot”.
Finalmente, pusieron de relieve que “a pesar de estar indagado por la instigación o determinación de estos homicidios, no se aborda la cuestión ni siquiera tangencialmente”. En ese sentido, los fiscales recordaron que entre las pruebas figura un informe de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval, que da cuenta de una “lista de personas a ser raleadas de un medio de difusión fundamental”, en referencia al diario bahiense, encabezada por Heinrich y Loyola. En el informe la fuerza de seguridad dice que la propia empresa había contratado a un jefe de inteligencia de la Policía bonaerense para la “realización de tareas de inteligencia en relación a un proceso de infiltración ‘subversiva’, y que en esa tarea reportaba a los directivos de la empresa”.
A la muerte de ese efectivo policial, indica, el “proceso de infiltración fue asumido por los propios directivos de la empresa a través de actas notariales (en las que intervino personalmente el imputado) y denuncias a las autoridades militares”, información que fue puesta a disposición de la Prefectura, algunos de cuyos miembros fueron condenados -precisamente- por su intervención en el homicidio de los dos obreros gráficos.
Con ocho debates realizados desde la implementación del nuevo sistema, Bahía Blanca encabeza la lista de distritos con más juicios por jurados. Seis de ellos culminaron en absoluciones y dos con veredictos condenatorios. Los datos contrastan con la estadística provincial -veintiuna condenas y catorce absoluciones- y levantan polémica entre operadores judiciales, políticos y mediáticos.
“El modelo antidemocrático que La Nueva Provincia le ha dado en toda su historia a su línea editorial está permeando e influyendo en este tema. Es gente que trabaja en contra de la democracia, va a opinar mal del juicio por jurados y lo que tienen que hacer los bahienses es no dejarse llevar por discursos fascistas”, dijo a FM De la Calle Guillermo Nicora, fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, en relación a la campaña del diario de la familia Massot contra dichos procesos.
El funcionario integra además la dirección del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organismo que difundió una fuerte crítica hacia fiscales bahienses que protestaron contra los jurados locales por la alta tasa de absoluciones y el escaso tiempo destinado a las deliberaciones y señalaron la necesidad de “revisar la ley”.
“No tengo ninguna duda que el sistema por jurados es el que establece la Constitución, no tengo ninguna duda de que es el mejor sistema de justicia que podemos tener y hay un problema, pero lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no pensando en Bahía Blanca, tenemos una necesidad de reentrenamiento de todos los abogados para que esto funcione bien. No es un entrenamiento de los ciudadanos “, comentó Nicora.
Para el especialista los “abogados que están formados para hacer expedientes tienen que nacer de nuevo, aprender de nuevo para trabajar en un sistema oral, hablándole a gente que no es abogado. Esto no es un defecto, es un gran mérito del sistema, una justicia que no es comprendida por el ciudadano común es una mala administración de justicia”.
Ante la crítica que sostiene que el juicio por jurados fue implementado con espíritu abolicionista, Nicora recordó que “sin el jurado hemos tenido enormes niveles de absolución” porque “muchas veces llegamos con investigaciones amañadas por la policía, atadas con alambre, que dejan muchas dudas”. “Lo que pasa es que los jueces profesionales -y este es el problema que el jurado viene a curar- se comen las críticas de los medios cuando absuelven gente, entonces hacen un esfuerzo sobrehumano para condenar personas sin tener elementos de prueba reales porque si no, para decirlo en criollo, se arma quilombo”.
“No es mala noticia que personas que tienen dudas declaren inocente una persona. Claro, seguramente si fuese culpable sería un caso de impunidad, pero no sé si son casos de impunidad, no estoy opinando de qué tan apropiado sería o no el resultado de los otros juicios de Bahía Blanca, lo que estoy diciendo es que si tenemos dudas lo mejor que nos puede pasar es que se esté absolviendo a los imputados porque si los estuvieran condenando y nos equivocamos estamos metiendo gente inocente presa y este sería el peor de los errores”.
Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de conocer los argumentos del veredicto del jurado, el fiscal explicó que “toda la prueba, todos los elementos de información que el jurado tiene a su disposición se ventilan en la sala de audiencia y cualquier persona que vea o escuche el juicio sabe exactamente lo mismo que sabe el jurado. A partir de ahí el juez profesional con sus instrucciones, que previamente ha acordado con los abogados, le da el marco jurídico a los miembros del jurado que no son abogados ni necesitan serlo para que sepan cuál es el significado jurídico de los hechos que van a tener o no por ciertos”.
“La decisión interna del jurado está garantizada en su calidad por la deliberación y por el número. De hecho uno de los mayores problemas que tienen, y que la solución es al revés de lo que postula La Nueva Provincia, es el sistema de mayorías. El jurado funciona bien cuando es unánime, cuando las doce personas tienen que ponerse de acuerdo para condenar o para absolver. (…) El número de jurados estancados, es decir, cuando después de dos o tres días de deliberación no salen de la situación de no llegar a unanimidad, es más o menos en el 2% o 2,5% de los casos, en el 97% o 98% se logra un veredicto unánime”.
“No creo en los jurados porque absuelven sin razones”
Por su parte, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, calificó a la manifestación del INECIP como “un ataque personal absolutamente disparatado”, cuestionó la “modernidad” del sistema de juicio por jurados y opinó que con su implementación “se quiso hacer participar al pueblo en la decisión de las sentencias judiciales para transferirle la responsabilidad por la decisión”.
“Yo no creo en los jurados porque absuelven sin razones, una persona es culpable o inocente sin dar una explicación” porque “no conocen derecho y solamente se expiden sobre los hechos”. “Plantear que porque se absolvió a una persona en un juicio por jurados el fiscal trabajó mal es un disparate”, agregó en torno a los cuestionamientos contra Mauricio del Cero.
Para Fernández “el juicio por jurados está estructurado para generar más absoluciones, por eso el sector de pensamiento abolicionista o neoabolicionista que antes se oponía terminantemente ahora lo receta y lo apoya, porque solamente es a pedido de la defensa del imputado, lo que indica en primer lugar que es falso que se crea en el pueblo porque cuando se cree en el pueblo o en lo que resuelve el pueblo no importa quién pida su decisión”.
Asimismo, el titular del Ministerio Público criticó que “cuatro votos de ese jurado del pueblo por la absolución le ganan a ocho votos del mismo jurado por la culpabilidad. (…) Imagínese lo que podría llegar a ocurrir en los delitos de lesa humanidad, donde los hechos son gravísimos, homicidio, todos con penas de prisión perpetua en un juicio por jurados, donde usted piensa que de doce no va a haber uno que a lo mejor no comparta determinada política en materia de derechos humanos. Y esto aseguraría por falta de una mayoría una absolución de un criminal o de un represor”.
