Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren todos los teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.
Las medidas de prueba, solicitadas por los fiscales de la causa, los abogados de Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, habían sido rechazadas en primera instancia por la jueza María Gabriela Marrón.
Las querellas, que ya habían solicitado su apartamiento, acompañan el pedido del Ministerio Público Fiscal.
Esta tarde lo jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Larriera y Leandro Picado, hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocaron parcialmente la decisión de la jueza María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre había rechazado masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y los abogados de Cristina Castro habían señalado en que la resolución de la jueza causaba un profundo perjuicio a la investigación y apuntaban a una única dirección: desestimar la hipótesis de la desaparición forzada, aun cuando siga siendo la más fuerte y probada de todas las hipótesis, y cerrar la causa.
La resolución de la Cámara de esta tarde permite subsanar en parte aquel grave error. Los jueces ordenaron que se realicen dos de las más importantes medidas de prueba que habían solicitado: un nuevo allanamiento del puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.
Sobre el primero de los puntos, el escrito de la Cámara detalla que el nuevo allanamiento e inspección se debe realizar sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, para la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones.
En sus fundamentos, la Cámara sostuvo que ya existían en el expediente judicial pruebas que justifiquen este allanamiento: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Teniente Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozos del destacamento y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.
A la luz de esta decisión, tanto la CPM como la querella familiar reclamaron que se autorice la pronta participación del perito Marcos Herrero para impedir que nuevas demoras impliquen la pérdida de evidencias que pudieran recabarse en el lugar.
Sobre el segundo de los puntos, la Cámara sólo autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa; los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, se puede confirmar que estuvieron en contacto con Facundo Astudillo Castro el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.
Asimismo, los jueces autorizaron a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a extraer, mediante software forense, la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas de la causa.
A la par de esta resolución de la Cámara, también se conoció el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón realizado por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.
En la apelación presentada ante la Cámara, los integrantes del Ministerio Público Fiscal ya habían sostenido que las decisiones de la jueza implican una clara intromisión en las facultades que le competen a la fiscalía y que, en su conjunto, expresan una única idea: seguir como única hipótesis de la causa la muerte por accidente.
Con argumentos similares, la parcialidad manifiesta de la jueza Marrón y el poco interés por conceder medidas de prueba que investiguen la desaparición forzada seguida de muerte, la CPM y Cristina Castro ya habían pedido que la magistrada sea apartada de la causa. En ese momento, la Cámara rechazó el pedido de las querellas, que ahora acompañarán la presentación realizada por los fiscales Heim y Azzolín.
En el marco de la investigación por las causas de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso.
Los fiscales solicitaron, además, se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias de prueba que se están realizando en un sentido similar.
En el marco de la instrucción delegada que tienen los fiscales se han dispuesto una serie de medidas de prueba que buscan despejar interrogantes relacionados con diversas circunstancias de la causa entre las que se encuentran las razones por las cuales el cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado en el estuario de Bahía Blanca.
Entre esas diligencias, el 23 de octubre pasado se ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en donde fue hallada su mochila y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), acompañaron un informe titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, razón por la cual el 5 de febrero decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.
El mismo día en que se presentara el informe referido, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. A criterio de los fiscales el documento era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.
Los fiscales resolvieron devolver el informe, recordándole al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza María Gabriela Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.
Sorpresivamente para los fiscales, el 10 de febrero la jueza Marrón dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia que ella había ordenado. Invocó como cita legal el instituto de las “medidas para mejor proveer” y consideró que eso no implicaba reasumir la instrucción del caso, cuya instrucción se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal en función de lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
Azzolin y Heim consideraron que esta última decisión era nula y así lo solicitaron. En su presentación indicaron que en el marco de la instrucción delegada le está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público, conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, y violan el debido proceso. Valoraron además que la fundamentación era aparente, ya que el instituto de “medidas para mejor proveer” está previsto para otro proceso (el civil y comercial), para otra etapa del proceso (el plenario) y para otros presupuestos (hechos contradictorios) y, por eso, inaplicable al proceso penal. Consideraron además equivocada la mención a que la decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario; por el contrario, entendieron que cuando un juez actúa de esa forma esta, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.
Además de nula, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio, que no había sido ordenada inmediatamente después de la devolución del informe, implicaba cristalizar su postura sobre el caso, que había insinuado previamente, y que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie. Los fiscales indicaron que esto implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y por eso solicitaron su apartamiento.
Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, firmantes del pedido de recusación, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20– para intervenir en la investigación en forma conjunta o alternada con el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.
Hugo Héctor Álvarez, vicepresidente del PJ y dirigente local y nacional del gremio de la AFIP, declaró en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Convocado por la defensa de Osvaldo Pallero siguió el mismo camino del desmemoriado titular del justicialismo, Adalberto Simón.
Embanderado en el “ejemplo” de José Ignacio Rucci afirmó que -aún hoy- no podría explicarles a sus hijos qué fue la Alianza Anticomunista Argentina que funcionó durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez.
Pallero es un ex militante de la Juventud Sindical Peronista e integrante de la seguridad de Remus Tetu. Según el ex interventor de la UNS, integró la primera tanda de represores contratados porque “habían enfrentado los ‘problemas subversivos’ en la UTN y, en tal carácter, se habían postulado espontáneamente para hacer lo propio en la UNS”.
Álvarez conoció al imputado en las colonias de Maldonado durante su infancia. Según manifestó, entre 1973 y 1976 no lo frecuentó. “Yo seguí la carrera de técnico automotor, teníamos taller a la mañana y clases a la noche. En el mediodía mi padre, que era ferroviario, se iba a Darregueira y yo tenía que encargarme de unas vacas”.
Tras la vuelta de la democracia se reencontraron en la militancia en distintas líneas del peronismo aunque no recordó a cuál pertenecía el acusado. Dijo que Pallero trabajaba en la Junta Nacional de Granos y que no le consta que haya sido empleado de la Universidad del Sur.
Respecto a la banda parapolicial comandada por Rodolfo Ponce y Remus Tetu, el dirigente afirmó que “lo que uno veía es lo que mandaban los diarios, no estaba en eso (…) Decían que había una Triple A y las cosas que decían los periódicos en ese momento. No le podría especificar”.
Recordó que José López Rega “fue ministro” aunque no sabe si se lo vinculaba con la organización paraestatal. Ignora si Pallero participó en algún grupo violento: “Nunca lo vi armado ni me contaron”.
Con el correr de los años tampoco conoció más que “lo que llegaba en los diarios” sobre los crímenes que hoy son juzgados. Dijo que eso no se habla “en nuestro ámbito de militancia”.
Consultado si en alguna ocasión se enteró de la vinculación de Ponce con grupos armados declaró: “Le tengo que contestar lo mismo, tenía una edad diferente en ese momento, ellos eran más grandes, no lo conocía a Ponce, lo que decían los medios lo decían los medios”.
“Si lo tuvo ni me acuerdo tampoco”, dijo cuando el fiscal le preguntó si el diputado nacional del FreJuli y secretario de la CGT bahiense había ocupado algún cargo.
-¿Hoy tiene algún conocimiento, si le tuviera que explicar a sus hijos, sobre qué era la Triple A?, preguntó la querella.
-No.
-¿Escuchó hablar de la patota de Ponce?
-Por los diarios, que había una patota, que había un Falcon verde.
-¿Qué actividad tenía?
-No me acuerdo.
En cuanto a los crímenes de militantes en la época dijo: “Me acuerdo en la universidad, lo que decían los diarios es que parece que estaban repartiendo volantes, vino alguien y le pegó un tiro”. No sabe si Remus Tetu tenía guardia de seguridad o alguna relación con Ponce.
Álvarez afirmó que José Ignacio Rucci es “un ejemplo” para él aunque desconoció si Ponce tenía la misma línea política que el ex jefe de la CGT nacional.
El presidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, Adalberto Mario Simón, declaró esta mañana en defensa de Héctor Ángel Forcelli, uno de los cuatro ex integrantes de la Triple A juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Afirmó que sabía “muy poco” sobre la actuación de la banda parapolicial que cometió decenas de homicidios de militantes políticos y que atemorizaba a la población patrullando la ciudad y haciendo ostentación de armas en ámbitos sindicales y universitarios.
“Hablar de eso sería mentirle”, dijo al tribunal y manifestó que desconoce “totalmente” que haya funcionado una célula en Bahía Blanca. Consultado por el jefe de la patota, Rodolfo Ponce, quien fuera diputado nacional del FreJuLi y secretario general de la CGT en la época, respondió: “Creo que fue legislador nacional”.
Este viernes declara el vicepresidente del PJ, Hugo Álvarez, convocado por la defensa de Osvaldo Pallero.
Simón comentó que a Forcelli se lo presentó Ezequiel Crisol en el marco de la campaña que proponía al dirigente de Empleados de Comercio como candidato a intendente a principios de la década del 90. Comiendo en el Club Olimpia sellaron su amistad: “Si hubiese llevado armas no sería amigo mío”.
El ex legislador provincial se afilió al Partido Justicialista en 1971. Durante el período de acción de la Triple A era empleado de Entel y militaba en el gremio telefónico. “Nunca me enteré de todo este tema, de esta patota, nada”.
Supo que entre las filas del peronismo hubo víctimas del terrorismo de Estado, “un compañero y una compañera, pero no recuerdo sus apellidos”.
Desde 2018 Simón transita su tercer período como presidente del peronismo bahiense. Ya había ocupado el mismo cargo en 1991 y en 2003. Sin embargo, apenas escuchó hablar de Ponce, nunca registró alguna vinculación del ex secretario de la CGT con las patotas, ni supo ni sabe de la existencia de líneas internas en su partido durante la década del 70.
A René Bustos, referente del peronismo enfrentado a Ponce, lo conoció “porque fue concejal conmigo en 2003”.
Por último, el presidente del PJ respondió a la abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, que mantuvo “dos o tres reuniones” con integrantes de la agrupación. “Hubo un acto del 17 de octubre por el Día de la Lealtad en la plaza del Noroeste, Forcelli participó y tuve algunos reclamos de los sectores de izquierda. Desde el partido les explicamos que fue un acto a puertas abiertas y Forcelli podía participar como afiliado al peronismo”.
El hecho ocurrió en 2018 luego que la justicia federal otorgara la excarcelación al represor por el vencimiento del plazo de prisión preventiva.
La jueza federal Gabriela Marrón homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Profertil en la causa que investiga la contaminación del estuario de Bahía Blanca y la destrucción de la pesca artesanal.
En junio de 2019 la Cámara de Apelaciones dispuso la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».
Profertil afirmó que el acuerdo “no implica el reconocimiento de hechos, ni otorgar validez a las pruebas que pudieren encontrarse incorporadas, ni la asunción de responsabilidad penal en el asunto”.
El convenio establece que la empresa deberá informar el avance y cumplimiento de la propuesta en forma trimestral y por el plazo de 18 meses. Las medidas serán evaluadas por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o autoridad técnica “imparcial” que la Fiscalía designe.
“La conciliación queda supeditada al cumplimiento del presente acuerdo y los restantes convenios que suscriban y ejecuten los sujetos vinculados al objetivo trazado por la Alzada. Por lo que, oportunamente, corresponderá tratar la extinción de la acción penal”, afirmó Marrón.
La causa impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.
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La fábrica de fertilizantes propuso mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de
recursos hídricos y un “compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA”.
El 29 de diciembre Santiago Martínez solicitó la homologación judicial del acuerdo suscripto con el abogado de Profertil, Ariel Diego Blázquez. Entendió que resulta “superador del conflicto planteado”.
El fallo de la Cámara de 2019 daba «fuerza probatoria» a la pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que demostró científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
Ordenaba, además, la conformación de una mesa de abordaje con todas las partes que contemple la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y reformular la normativa referida al vuelco de contaminantes “teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.
Profertil aseguró a la justicia que “no utiliza metales pesados en todo su proceso productivo” y destacó que “los elementos químicos, incluidos los metales pesados, se encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, en el agua en distintas concentraciones. Profertil recibe el agua que proviene del Dique Paso Piedras ya con presencia de dichos elementos químicos”.
¿En qué consiste la propuesta?
Compromisos para mejorar la calidad del efluente
Mejora industrial en el sistema de agua de enfriamiento, construcción de planta piloto para optimizar el tratamiento de agua, rediseño de la planta de tratamiento Branch e incremento de frecuencia de controles-análisis periódicos de elementos relevantes.
Compromisos para mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente
Establecer como límite interno de aportes al efluente, la mitad de los exigidos por la normativa actual para metales pesados.
Compromisos para optimizar la utilización de recursos hídricos
Rediseño del sistema de enfriamiento para reducir el consumo de agua y el caudal de efluente, y un proyecto para recuperar vapor de agua venteado a la atmósfera para reutilizarla en el proceso.
Compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA
Utilización de nuevas tecnologías de última generación en la construcción de la ampliación de la planta y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de efluente para su reutilización.
Se realizó una marcha para pedir justicia por las víctimas de femicidios. La movilización partió desde la Plaza Rivadavia y pasó por la Comisaría de la Mujer. La convocatoria respondió al malestar colectivo luego del femicidio de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja y agente de la Policía Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez.
La joven había denunciado al policía en 17 oportunidades y tenía una perimetral. Le había escrito a una amiga “si no vuelvo, rompan todo”. Días más tarde, Martínez la asesinó.
“Hoy nos volvemos a convocar en las calles para visibilizar el panorama trágico y desalentador que el Estado maneja hacia las mujeres y disidencias. Desde el gobierno consideran que se han dispuesto políticas para ayudar a las víctimas de violencia machista durante la pandemia, cosa que vemos a diario que no es así. Tenemos un Estado vacío de contenido estructural y económico, para hacer de su discurso un acto real mientras nosotras seguimos siendo asesinadas”, señaló ayer Daniela, una de las manifestantes.
Agregó que “las muertes violentas del relató mediático oficial no son hechos aislados, son crímenes de odio generados por un sistema patriarcal legitimado. El femicidio nuestro de cada día parece no activar los resortes de un Estado que degrada sus recursos y abdica su responsabilidad, el extremo de un abanico de violencias de género solo enfrentada por los colectivos organizados”.
“Denunciar no sirve cuando la policía es cómplice de un Estado que no garantiza nuestro cuidado. Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y hasta que eso no cambie la realidad seguirá siendo desigual para las mujeres e identidades disidentes, tenemos una asistencia pública precarizada, hay una relación directa entre derechos económicos y vulnerabilidad en las violencias”, señaló.
Daniela agregó que “la vida, los derechos y las libertades de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries no se cuida con presupuestos recortados, políticas vaciadas y trabajadoras precarizadas, no alcanzan las leyes si no se cumplen, no alcanzan los cursos si no tienen perspectiva de género, no alcanza que denunciemos si la policía es cómplice, nos prostituye, nos viola, nos golpea y nos desaparece. Nos faltan las pibas, nos sobran los machos, el Estado es responsable”.
Será esta tarde a las 19 en la Plaza Rivadavia, “Nos autoconvocamos por Úrsula y todas las víctimas de violencia machista”, dice el llamado.
Se trata de una movilización que tiene origen en el reclamo por el femicidio de la joven de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Úrsula fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, agente de la Policía Bonaerense.
El lunes por la noche cuando amigos, amigas y familiares se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir justicia, la policía disparó balas de goma e hirió a varios manifestantes desde adentro de la dependencia.
Úrsula había denunciado en, al menos, 17 oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. El policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.
Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2021 se produjo un femicidio cada 25 horas. El 70% de los femicidas son parejas o exparejas. Cuatro de ellos son integrantes de las fuerzas de seguridad.
Se presentó un amparo colectivo para que ABSA ponga en marcha un plan de obras que regularice la provisión de agua en la ciudad. También se intimó a la Municipalidad a que realice un plan de contingencia “serio”.
Se trata de una medida que interpuso la abogada representante de vecinos y vecinas autoconvocados, Sandra Vulich: “Se pide que en un plazo breve y razonable la prestadora ABSA presente un plan de obras de gestión, que contemple el estudio, el proyecto y la construcción de la infraestructura necesaria para que el bahiense tenga el recurso en cantidad y calidad que se necesita”.
“Basta de promesas, que se presente de manera escrita, con los plazos y que se cumplan, que se diga cuánto dinero se va a usar, de dónde se va a sacar, cómo se hacen las entregas de dinero”, señaló Vulich a FM De la Calle.
Respecto a la gestión municipal le corresponde “presentar un plan de contingencia serio sobre qué protocolo van a implementar los días que la gente no tiene agua. No un número de WhatsApp, no es posible que dos días antes pidas el camión cisterna. Es poco seria la respuesta que le está dando a su votantes”.
Por otra parte, la medida “obliga al entre contralor, que es la Autoridad del Agua, a que monitoree y controle una vez que empiecen las obras y, en caso de incumplimiento, se aplique la sanción que es la función que tiene la ADA y no está haciendo”.
La letrada destacó que “acompaña el amparo con un amicus curiae la Cátedra de Educación y Derechos Humanos y el Proyecto de Investigación en Derechos Humanos del Departamento de Humanidades de la UNS junto con la Dra. Mariana Katz y el Dr. Leandro Aparicio”.
Dentro del segundo objeto de la medida, Vulich mencionó que se busca “volver al sistema de facturación anterior, que no sea por valuación fiscal de inmueble sino por metro cúbico. Es un sistema injusto. De esta manera se logra que cada usuario pague por lo que utiliza, que se transparente la facturación y que se motive a la gente a hacer un uso razonable del recurso. Se solicita, además, que se interrumpa la facturación, que no se facturen los conceptos de agua potable ni el mantenimiento de la red. Se pide que no se pague hasta tanto no se empiecen las obras”.
Representantes vecinales, sindicales y concejales recorrieron la Planta Patagonia de ABSA. Se manifestaron sorprendidos por la ausencia de integrantes de la Autoridad del Agua. Desde la empresa proveedora señalaron que una vez que dispongan de los fondos comenzarán con las mejoras.
“Las obras iniciales que se va a hacer a corto plazo son pequeños retoques a los acueductos internos a la ciudad, van a aliviar un poco el caudal y la presión del agua, en algunos casos son de cinco mil o tres mil metros, dependiendo la zona”, señaló a FM De la Calle el vecino Dante Lange.
Además de Lange, Angélica Lauquen y Ángeles Montes de Oca en representación de los grupos barriales, asistieron el concejal del Frente de Todos, Carlos Moreno y la edila de Juntos por el Cambio María Laura Biondini. Francisco Fernández Solari concurrió por el Municipio y Paulo Mónaco por SOSBA. Por ABSA estuvieron el gerente regional Gustavo Bentivegna y el jefe del área de Producción, Marcelo Viola.
“Si bien el volumen de agua alcanza porque la cota del dique es buena, no alcanza el volumen de potabilización que tiene la planta sobre todo los días de mucho calor donde hay más consumo. La Planta Patagonia no tiene un reservorio, no tiene una cisterna gigante para almacenar agua. La planta se para, no en un 100% pero se le saca capacidad de potabilización porque no hay demanda”, agregó Lange.
Señaló que “a medida que más demanda tiene la ciudad la planta trabaja a pleno, pero si un día hace frío y llueve van desconectando bombeos para inyectar menos cantidad de agua a la red. Si tuvieran una cisterna se podría almacenar agua”.
Según manifestaron desde ABSA “han hecho un informe y un plan de obras que ellos creen que va a aliviar el problema del agua. Lo que estamos acordando es hacer un seguimiento de ese pedido para que el ADA le de curso”.
En el corto plazo “ofrecieron ampliar más el reparto de agua en camiones. Si no hay obras el cambio no se va a notar mucho, independientemente que de tres cuadrillas que había ahora haya veinte, eso ayuda a reparar las pérdidas y al cambio de válvulas. Lo que va a ayudar es que los vecinos tomemos conciencia de que tenemos que ser más cuidadosos en el uso del recurso”.
