Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Se confirmaron dos nuevos casos positivos de Covid- 19. Se trata de un enfermero del Hospital Municipal de 32 años y de un trabajador del Hipermercado de la Cooperativa Obrera de 24. El primer caso está relacionado a un contacto estrecho y del segundo se investiga el nexo epidemiológico.
Héctor Jacquet, gerente de la Cooperativa Obrera, comentó a FM De la Calle: “Sabemos los contactos que tuvo el último día en la sucursal, lo que no sabemos es dónde se pudo haber contagiado. Estuvo trabajando el lunes, a las 10 de la mañana había terminado y se fue a su casa sin síntomas. A la noche aparecen síntomas y el martes a la mañana se le indicó hacer el PCR”.
Con estos dos nuevos casos, se reinicia la cuenta de 21 días sin nuevos contagios para habilitar el pase a la Fase 5.
Señaló que es “prácticamente nulo el movimiento de trabajadores entre sucursales. Tomamos una media hace un tiempo de prohibir la circulación de repositores externos que iban de sucursal a sucursal. Sí hay movimiento de fleteros pero tenemos con un protocolo más estricto”.
Jacquet comentó que el joven “está bien” y que se lo identificó a partir de “un protocolo especial que tiene la Cooperativa hace más de un mes. Todas las mañanas, antes de salir a nuestro trabajo, un empleado nos consulta acerca de nuestro estado de salud. Surge allí y el chico no vino a trabajar, directamente desde su casa se buscó una consulta medica. Ayer más cerca del mediodía le piden un análisis de PCR y luego de las 11 nos avisan que es positivo”.
En relación al protocolo aplicado en la sucursal de Aguado comentó que “el primer paso se hace el cierre del lugar, comienza una tarea de desinfección y mientras tanto se comienza a indagar acerca de los posibles contactos estrechos con trabajadores, que son media docena porque es un sector y grupo bien acotado. A partir de ahí se toman acciones con la Municipalidad de modo de preparar la sucursal para volver abrir”.
La reapertura “la define los resultados de los empleados -que se testearán-, saber que el caso de contagio está contenido y no se ha diseminado, que el edifico esté en las condiciones necesarias de sanitización y la espera no menos de 72 horas y según lo que diga la autoridad municipal”.
Por último, el gerente mencionó que “la confianza nuestra está en tener al personal muy comprometido con el uso de barbijo permanente, limpieza de manos y de superficies, sanitización de sectores, uso de amonio quinta generación para la desinfección y después la conducta de las personas, adentro y fuera del trabajo. Siempre recomendamos que cuando salgan del trabajo hagan una actividad con muchas precauciones”.
La demanda de políticas públicas que atiendan la emergencia cultural y el incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad en Bahía Blanca motivaron un pedido para intervenga la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Así lo anunciaron la Unión de Músicxs del Sur, la Asociación Argentina de Actores y los Espacios Culturales Independientes. Es por “la vulneración de los derechos culturales de la comunidad y de los derechos laborales del sector cultural de Bahía Blanca”.
“Ambos derechos fundamentales que hoy se encuentran transgredidos a consecuencia de las acciones, omisiones e incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad cultural, por parte del Departamento Ejecutivo”, afirmaron las organizaciones.
La abogada María de los Ángeles Rosón explicó a FM De la Calle que quieren “generar un ámbito de encuentro y de participación que el Municipio ha negado dese hace tiempo, no tiene que ver con la iniciación de la crisis sino que tiene que ver con una negación de la participación que viene con anterioridad. Lo que se recalama es el cuplimiento de ordenanzas que están vigentes, las que intentaron derogar”.
Reclaman que el defensor solicite al Tribunal de Cuentas información sobre la partida presupuestaria para el área de cultura en los últimos dos períodos, detalle sobre la ejecución presupuestaria y se expida informando si existe subejecución presupuestaria.
Además, demandan que se ordene al Municipio presentar actas que comprueben la existencia de las reuniones que dice haber mantenido con distintas organizaciones de la cultura y se establezca y gestione, en forma urgente, una audiencia con el intendente Héctor Gay, responsables del Instituto Cultural y el delegado de la Defensoría.
Finalmente, pretenden que se informe al ministro de Cultura provincial sobre el inicio del trámite “en virtud de la posible gravedad institucional municipal en el área de su incumbencia”.
“La cuarentena llevó a una disminución de la actividad física notable. Todos nuestros datos van a parar a algún lado, los de contadores de pasos de teléfonos o de aplicaciones de relojes fueron a un centro que los monitorea y registraron casi un 40% de disminución de la actividad física en distintos países”, dijo el médico Horacio Romano.
Fue en la columna de Salud de En Eso Estamos, programa que se emite de 10 a 12 por FM De la Calle.
“El que cuenta pasos es quién está más predispuesto a controlarse, es decir que disminuyó aquel que hace bastante actividad. Si uno deja de ir al trabajo y tiene escalera, deja de hacer esa actividad física. Eso nos lleva a más tiempo en la cama, sentados, más tiempo durmiendo, mirando televisión” agregó.
Romano comentó que el “teletrabajo lleva más cantidad de horas frente a pantallas y uno esta más tiempo sentado. , Ni siquiera camina el tiempo necesario para ir a trabajar. Esos trastornos predisponen enfermedades, uno tiende a ir hacia la masita dulce, hacia la galletita y alimentos ultra procesados”.
“La OMS habla de tratar de no consumirlos. Aquellos alimentos que parecen alimento pero no lo son. Mucho de los ultra procesados tienen aditivos que primero te hacen comer más y son bastante nocivos. Los más recomendable son los alimentos naturales sin procesar”.
Romano destacó la importancia de la rutina cotidiana: “Hay que ordenarse con los tiempos porque cada vez hay periodos de ayuno más prolongados. Tratar de que la comida sea ordenada, desde la mañana hasta la noche temprana y después un rango sin alimentación que va desde las 8 o 9 de la noche hasta la mañana. Cada vez se ve más que ese periodo sin alimentarse mejora los procesos metabólicos”.
“Y lo último es moverse. De la manera que se pueda, caminar, bicicleta fija o móvil, algún elástico. Hay que tratar de hacer 4 o 5 veces a la semana por lo menos durante 20 minutos”, recomendó.
Se cumplen 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo en el cual la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea dejaron caer toneladas de explosivos para derrocar a Juan Domingo Perón. Se estima que el ataque a la población civil dejó más de 350 muertos y centenares de heridos.
Alejandro Horowicz, doctor en Ciencias Sociales y autor de “Los cuatro peronismos”, dijo a FM De la Calle que se trató “un fenómeno tan inusitado como bombardear la Plaza de Mayo, fue un objetivo civil que no tuvo más objeto que sembrar el terror directo y mostrar hasta que punto estaba dispuesta, en este caso, la Marina de Guerra a destruir lo que haga falta para conseguir su objetivo”.
“Es un mensaje político, si la sociedad argentina no se anoticia de esto tiene el ’76 para saber cómo la ESMA es la continuación de ese bombardeo”, destacó.
Es necesario entender en qué contexto se inscribe el bombardeo: “Una sociedad que lleva sus conflictos a un punto donde ya no es posible resolverlos sino por vía militar. La oposición al gobierno legítimo del general Perón, no solo por ganar elecciones sino porque de hecho constituye un período que no por tener manchones deja de ser centralmente democrático, no niego el comportamiento del gobierno peronista con la oposición, pero conviene destacar el comportamiento de la oposición con Perón. En la misma plaza, apenas dos años antes, en un acto de la CGT y la presidencia ponen bombas donde murió mucha gente en el subterráneo”.
En relación al rol de la oposición y la Iglesia Católica en aquella jornada, Horowicz recordó que “participó un sector radical -Miguel Zavala Ortíz participó personalmente en el bombardeo, un hombre que fue canciller del gobierno ‘democrático’ del dr. Illia-. La participación de la Iglesia Católica es producto del enfrentamiento que tiene el gobierno peronista desde el ’54, enfrentamiento que llevó a terminar con la educación católica en la escuelas públicas, terminar con la proscripción de los prostíbulos y a establecer el divorcio vincular”.
“Estamos hablando de enfrentamientos delicados. Las buenas relaciones de la Iglesia con el gobierno peronista producen un nivel de enfrentamiento porque se atribuye a la aparición de la Democracia Cristiana como partido y al hecho de que Perón consideraba la constitución de este partido contra su gobierno. En rigor era una política mundial de la Iglesia contra la izquierda”, agregó.
Para el investigador el motivo fundante es que “Perón le pisa los callos a la Iglesia y tiene que ver con la educación de las mujeres. El peronismo plantea la educación física, esto a la Iglesia la sacude, en consecuencia estamos diciendo que la autopercepción que las mujeres jóvenes empiezan a tener de su propio cuerpo empieza a ser distinta a las anteriores. Las mujeres que tienen más de 60 años rara vez sepan nadar y es difícil que las chicas de menos de 30 no lo sepan. estamos hablando nada más ni menos que el uso del cuerpo y la autodefensa”.
Horowicz mencionó que la respuesta al bombardeo existió: “Fue el primer momento donde efectivamente el gobierno se planta pero empieza a quedar claro que esto avanza en una dirección de guerra civil. Perón tiene que decidir si está dispuesto a sostener la guerra civil o se retira. Luego queda claro, en septiembre del ’55, que dispone la capacidad armada para reprimir efectiva y eficazmente y que decide no hacerlo”.
Comienza la etapa de la Revolución Libertadora y esto “impone al movimiento obrero y a los sectores más duros del peronismo, a los que sobreviven. Basta comparar las elecciones de 1951 donde el peronismo gana por paliza, cuando se producen las elecciones constitucionales de 1957 el peronismo gana las elecciones pero obtiene la mitad de votos, de cuatro millones pasa a dos. Es un retroceso es enorme. Estamos hablando del costo político de la derrota de 1955, lo cual le costó 17 años remontar y no fue producto de la estrategia de Perón sino de la crisis política argentina, del Cordobazo y del Viborazo”.
Desde Región Sanitaria confirmaron a FM De la Calle que se está llevando a cabo el Programa Detectar en algunos barrios populares. Además, en las próximas horas sumarán testeos en geriátricos habilitados.
“En los barrios se utiliza el Detectar que es a través del un método serológico. Nación aporta recursos a los municipios. En los geriátricos se utiliza una coordinación de Municipio y Provincia”, comentó Lauriano Alimenti, director adjunto de Región Sanitaria I.
Respecto de los barrios, mencionó que están evaluando realizar testeos en en el Centro de Salud Leandro Piñeiro en Vista Alegre y Noroeste. “El cronograma es municipal y están más empapados con el paisaje barrial. Estamos haciendo el soporte técnico sobre todo con las Unidades Centinelas (lugares de vigilancia epidemiológica), estamos diciendo cómo hacerlas, cómo llevarlas a cabo”.
Para la operatoria se establece un sistema de semáforo con tres escenarios: “El verde es cuando se realiza sobre un barrio donde aparentemente no hay casos positivos, justamente esa es nuestra realidad. Se busca el caso sospechoso a través de preguntas casa por casa o en instituciones y a través de la pregunta por síntomas”.
“Si una persona tiene síntomas se sostiene el aislamiento preventivo y se testea también a la familia y la manzana del barrio. Si empezamos a ver personas con síntomas y estamos testeando en barrios el escenario es amarillo, el Municipio debería hacer una búsqueda más exhaustiva. Si encontramos que esos sospechosos se convierten en positivos se tiene que realizar un cerco epidemiológico en los barrios, cierre de circulación”, detalló.
En relación a los testeos en los geriátricos mencionó que “esta semana, después del miércoles, tendremos un cronograma. Ya tenemos el primero y a través de esa prueba vamos a ver qué barreras hay y qué cosas hay que mejorar”.
Destacó que “en principio se trabaja con los geriátricos habilitados, mientras podamos registrar con las áreas de fiscalización vamos a ir a aquellos más vulnerables”.
El fiscal Marcelo Romero Jardín requirió que el Municipio informe quién ordenó destruir o enterrar el material reciclado existente en el galpón del relleno sanitario.
Es en el marco de la denuncia de un grupo de recicladores contra el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño a la propiedad.
Los trabajadores afirman que el funcionario mandó sacar y enterrar el material reciclado que acopiaban en un galpón bajo llave. Esto habría ocurrido el 25 de marzo, sin aviso y tras haberse decretado el aislamiento obligatorio.
Según informó el abogado de los recicladores, Leonardo Urruti, el pedido de Romero Jardín apunta a conocer “si existió algún acto o autorización para que opere la Asociación 23 de Agosto y los denunciantes en el predio y para recuperar material reciclable” y “si por alguna normativa local o acto administrativo se dispuso la destrucción y/o entierro del material separado y/o reciclado que se encontraba en el galpón”.
“Creemos que es un buen primer paso en la investigación y aguardamos que la Fiscalía tenga en cuenta también las restantes medidas de prueba que se ofrecieron, entre ellas, numerosos testigos, documentación aportada sobre las autorizaciones de los trabajadores y la propiedad de lo recolectado, pedidos de informes, videos y el pliego de bases y condiciones de la licitación del relleno”, afirmó el letrado.
Agregó que “la declaración formulada por Insausti la semana pasada demostró que no tiene tapujos para afirmar mentiras y atacar sin fundamento a las víctimas. El subsecretario se ríe en la cara de los bahienses cuando dice que están haciendo un buen trabajo en Medio Ambiente. Son buenos humoristas. Todo indica que existe una pésima gestión, no les interesó enterrar toneladas de materiales reciclados; nunca tomaron medidas para cuidar la salud de los trabajadores y, desde hace tres meses, impiden que haya reciclaje en Bahía Blanca”.
Manifestó su preocupación “por la inacción de los diversos bloques del Concejo Deliberante que toman medidas de control. También creemos que las asociaciones ambientalistas deberían pronunciarse”.
Relajo ambiental en el HCD
La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, presidida por la whitense Marisa Pignatelli no se reunió desde su conformación y mucho menos la Comisión Asesora Ambiental. Está última fue creada por ordenanza e involucra la participación de diversas instituciones de la ciudad. Está desactivada -de hecho- por parte de Cambiemos desde noviembre de 2018.
El jueves pasado, el cuerpo aprobó un proyecto de Walter Larrea solicitando información al Municipio respecto a la vinculación entre la comuna y los recicladores y el rol de la empresa Ingeniería y Arquitectura -la cual gestiona el relleno-.
Además, en base a lo establecido en el pliego de la licitación de la operación del relleno consulta sobre las “autorizaciones de uso y disposición” de la Asociación 23 de Agosto del “galpón de transferencia e instalaciones complementarias con cercado perimetral a efectos de favorecer el desempeño de los recolectores” y el acuerdo requerido para generar “programas de gestión integral de residuos consolidando un marco de reciclaje con inclusión social”.
Los policías bonaerenses Daniel Enrique Dupré, Cristián Gabriel García y Matías Guerra Velarde fueron indagados este domingo, acusados de extorsionar a un hombre. Uno de ellos brindó su versión de los hechos y los otros dos se negaron a declarar.
Por el caso, la Comisaría Quinta fue allanada el sábado. Su titular, Nicolás Pérez, pidió licencia.
Según consta en la investigación se les atribuye haber citado a la víctima a la sede de la Comisaría Quinta el viernes pasado, donde tres efectivos policiales le exigieron al denunciante indebidamente, la entrega de dos mil dólares como condición para no terminar como imputado en una causa penal, además de publicar su nombre en medios periodísticos como sospechoso o vinculado a una causa penal; todo ello a sabiendas que ese acto producía temor en la víctima por verse penalmente comprometida y afectada su reputación profesional.
La Fiscalía informó que por temor, el extorsionado se vio obligado a ofertar dos mil dólares que fueron entregados ese mismo día en horas de la noche en la intersección de calles Perú y Zelarrayán de Bahía Blanca donde, los efectivos terminaron aprehendidos.
El fiscal Del Cero comentó que Guerra Velarde “negó todo tipo de responsabilidad en los hechos argumentando que era ajeno, que no sabía si había algún tipo de arreglo. No negó la posible existencia de la extorsión aunque se desvinculó de ella”.
Sin embargo, el policía no explicó por qué intervinieron la Comisaría Quinta y el servicio de calle -que él integra- en un hecho que corresponde a la Comisaría Primera dado que partió del destacamento del barrio Patagonia.
Otros dos interrogantes no aclarados por el imputado fueron los motivos por los cuales se encontraron “a las 21 del viernes en una esquina ajena a la jurisdicción de la Quinta y que llamativamente carece de cámaras de seguridad” y “qué hacía él observando a sus compañeros cuando se reunían con la misma persona que habían citado ese mismo día a la mañana”.
Con esos elementos, el Fiscal Mauricio del Cero solicitó la detención de los policías y la Jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar a dicho pedido convirtiendo así, la aprehensión en detención.
El vigi colorado
Revancha del destino?, se preguntó en redes sociales el profesor Esteban Uset. Relató que el subcomisario a cargo de la Quinta, Nicolás Pérez “fue uno de los canas que en medio de un conflicto, cago a tiros y palos a pescadores, vecinos y alumnos en White y los sacó a la rastra de la iglesia el 24 de diciembre 2009 (… sí, el día de Noche Buena)”.
“Reparamos en él por su agresividad y por sus burlas y risas en medio de la represión…Con los chicos de DelaT le hicimos el tema ‘el viji colorado’ porque en él se resumía la violencia policial… Todo vuelve decía mi vecina y eso espero… la canción termina: pero nuestra gente y yo, no nos olvidamos…”.
El gobierno provincial anunció la asistencia financiera a clínicas privadas. El “salvataje” será a través de un acuerdo entre empresarios y la obra social bonaerense.
El secretario de Salud de SUTEBA, Gabriel Bonfliglio, dijo a FM De la Calle que “están utilizando los fondos de la obra social, 400 millones de pesos mensuales, no se sabe por cuántos meses, prestados a empresas privadas que cuando nosotros acudimos nos cobran sobreprecios, cobros indebidos. Evidentemente la plata que aportamos está pero la desvían para otras cuestiones”.
“En salud no se trata de ahorrar dinero, todo lo contrario. Lo cual nos muestra que hay un agujero negro, ¿dónde van a parar esos fondos de todos nosotros? Es un 5% lo que aportamos todos los meses”, apuntó.
Argumentó que la situación es crítica “con prestaciones que están yendo a la baja permanentemente con sobreprecios, trámites interminables para obtener cobertura. Nos venimos a enterar como tantas veces dijimos que la plata de los aportantes está y no es utilizada en lo que tiene que ser que es garantizar la salud”.
“Sabemos de compañeros y comapañeras que acceden a prestamos para atender la salud de su familia, recursos de amparo. Y nos enteramos que hay un ahorro en IOMA, no solo es de extrema gravedad y ofensivo, durante este tiempo se estuvo jugando con la salud de compañeras, teníamos razón cuando hacíamos esas denuncias diciendo que plata había”, comentó.
Bonfliglio señaló que la situación es aún mas grave: “El maltrato que sufrimos en IOMA cada vez que acudimos por una prestación, para cualquier acceso a especialistas tenemos cobros extras. IOMA mira para otro lado, son cobros en negro, sumas altas. Ni hablar si tenés que acceder a una prestación de alta complejidad”.
El Concejo Deliberante sancionaría en su próxima sesión la creación de una comisión específica para atender temas de mujeres, géneros y diversidad.
Según lo acordado entre oficialistas y opositoras, tras su conformación, el espacio diagramará un protocolo interno para la actuación ante casos de violencia machista.
Sigue en discusión el proyecto de emergencia presentado por el Frente de Todos.
La concejala Gisela Ghigliani dijo a FM De la Calle que la creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad “la presentamos dentro de un paquete de tres proyectos antes de que comience la cuarentena. Nos parece que llegado el momento de tener una comisión para abordar las temáticas de manera específica”.
En cuanto al protocolo de actuación interno del Concejo ante Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación, la concejala señaló que es una vía para poder “definir de qué manera actuar para cualquier persona que se sintiera hostigada o discriminada por su género”.
“Es muy importante contar con estos espacios porque pueden hacer su aporte con perspectiva de género y desde los derechos humanos del tratamiento de otros temas de otras comisiones, transversalizar la mirada de género en la política pública”.
En relación a la Ley Micaela Ghigliani afirmó que “no hemos recibido capacitación. Ese proyecto también lo presentamos y se aprobó, estamos pidiendo su pronta implementación. Por eso es importante poder tener este tipo de comisiones para trabajar, se ven como cuestiones ajenas y las reacciones son generalmente ante un femicidio, que es la cara más cruenta pero no se pueden ver otras violencias como la simbólica, cuesta identificar que están ejerciendo violencia porque se ha naturalizado”.
Señaló que “no es solo el seguimiento de las políticas públicas, ni analizar el presupuesto sino incluir la perspectiva de género en el Concejo”.
La concejala comentó que desde el Ejecutivo se informó que existieron capacitaciones nConsultada acerca de si la cúpula política municipial había recibido formación en el marco de la Ley Micaela comentó que “hemos preguntado formalmente y nos han dicho que si, pero no encontramos una capacitación formal”.
(Por Astor Vitali) Una nueva revista. Una revista digital. Una tarea importante: editar. Seleccionar dentro caos publicado unas formas que quien lee puede tomar, cargárselas al acervo y vivir con ello. Editar es dar cosas que ayudan a vivir. Cosas que te cambian la perspectiva de las cosas. Editar es sacudir. Editar es forjar herramientas para otras vidas. ¿No es poca cosa, no? Editar es dar sentido.
Tal vez, una de las tareas más gratas para un escritor –por fuera de la suya propia- está basada en el contacto con nuevas obras, nuevos textos y sucesos culturales. Ese diálogo en primera persona con lo que va ocurriendo y el privilegio de contarlo a su público a través de su prisma.
Tlön, es una nueva revista. Una revista digital. Una tarea importante en manos del escritor, periodista y docente Edgardo Ariel Epherra.
El Consejo Superior Universitario aprobó “aceptar como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Sur, tanto en las producciones académicas como en la comunicación institucional, administrativa y de gestión”.
“Nos parece un paso muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria y de una educación con más oportunidades y más diversa”, señaló a FM De la Calle Saira Millaqueo, desde el Observatorio de Géneros y Diversidad Sexual.
Agregó que “busca visibilizar la multiplicidad de diversidades que habitan la comunidad universitaria, a partir de ahí promueve y acepta el uso de lenguaje inclusivo. No busca imponer que se hable de determinadas formas sino que se promueve que se empiecen a correr esas costumbres de relacionarnos de forma genéricamente masculina y androcentrista y se generen lenguajes en los que las diversidades se vean reflejadas”.
La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.
En caso de ser necesaria la consulta por tratarse de una variable que se requiere indagar, se debe preguntar por el género autopercibido. Cuando por necesidades externas a la UNS sea requerida esta información, se aceptará como válido lo indicado en el DNI de la persona”.
Esta resolución encuentra su fundamento en “la necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”. También se citan allí como ejemplos numeras universidades y unidades académicas del país que ya han adoptado esta media, como las de Río Negro, Cuyo, la UBA, de Rosario y otras, e incluso la del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la UNS.
Además, se reconocer en la resolución aprobada “que existe material de referencia generalmente aceptado y de acceso gratuito, como es el caso del Manual Pedagógico sobre el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del (RAADH) del MERCOSUR” y que si bien “el intento de utilizar lenguaje no sexista, puede conllevar algunas dificultades en la búsqueda de expresiones que no resulten repetitivas o tal vez disruptivas en la expresión oral (…) las mismas son necesarias para visibilizar, desde el punto de vista político e ideológico, a la totalidad del grupo al que se hace referencia”.
Fuente: Prensa UNS y FM De la Calle.
Este fin de semana se realizará la colecta anual de Cáritas. Producto del aislamiento será de manera virtual. Los datos para colaborar se encuentra en el facebook y la web institucional. Algunas parroquias recibirán donaciones en sus sedes. Los aportes digitales se recibirán hasta fin mes.
“Más allá de que siempre ha habido la posibilidad de colaborar virtualmente, ahora lo que queda es esto solamente. Veremos cómo resulta, esperamos que la comunidad colabore, que sea un medio amigable y pueda depositar ahí su confianza”, comentó a FM De la Calle el vicedirector Miguel Vidal.
Respecto a la asistencia en los barrios en el marco del aislamiento, comentó que “el problema es sanitario y las consecuencias están asociadas a la cuestión económica y alimentaria”.
“Sabiendo que la Municipalidad iba a tratar de acompañar esos procesos, fuimos armándonos, nos fuimos encontrando con otros organismos y actores sociales que también están en los barrios y entre todos viendo cómo acompañábamos la realidad de gente que no tiene otra forma de cubrir las necesidades básicas, desde la comida hasta cuestiones higiénicas”, afirmó.
En términos de logística, Vidal comentó que “la primera instancia que pensábamos es cómo hacer que los barrios no vayan al centro de la ciudad, cómo hacer para que los barrios generen un círculo que se auto abastezca, que se abran los negocios para evitar los entrecruzamientos. Esto se ha complejizado porque no todos los barrios tienen la misma red de asistencia, hay barrios que están más desorganizados y con menos asistencia”.
Días atrás se anunció desde la comuna que harán testeos de Covid 19 en los barrios populares. “Podrían ser interesantes en la mediad que tengamos una estructura -dijo Vidal-. Vamos a suponer que se detectan 500 casos más para poner en aislamiento, ¿tiene Bahía un lugar para aislar a esa gente que no sea en sus casas? Va aparejado a un montón de cuestiones que resolver. Detrás de todo eso debe haber una contención en el caso que surjan infectados en lugares donde es imposible hacer el aislamiento”.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.
Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.
Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.
A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.
Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.
Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.
Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.
Resolución del Tribunal
En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.
De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.
En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.
Fuente: fiscales.gob.ar
Por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 498 y Resolución 260, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la Fase 4.
Es decir?
Fase 4: los municipios que presenten casos confirmados autóctonos de COVID-19 en los últimos 21 días y que no pertenezcan al AMBA.
? Mediante el Decreto se autorizaron y habilitan nuevas actividades y servicios:
?️ Comercio de indumentaria y calzado. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Comercio de juguetes. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Servicio doméstico.
? Servicios de estética: tatuajes, peluquerías, manicura, maquillaje, depilación y similares.
?️ Hace 6 días consecutivos que no se registran nuevos casos positivos en la ciudad. Según los protocolos restan 15 días para pasar a la fase 5.
? Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus
El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.
Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.
“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.
Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.
Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.
Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.
YPF megaminera
Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.
“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.
La Subsecretaría de Gestión Ambiental presentará la denuncia penal “luego de detectar irregularidades en el relleno sanitario”. Es por “la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar”.
El comunicado agrega que”se han registrado denuncias por acciones violentas y amenazas hacia trabajadores en el predio y hacia el propio subsecretario Matías Insausti”.
El abogado de los recicladores, Leonardo Urruti dijo a FM De la Calle que”atacar a la propia víctima es desviar la atención de la mala conducta de la administración pública. Es un argumento contra la persona en vez de admitir que tienen una responsabilidad de esto que se ha denunciado”.
Insausti no atendió a los reiterados llamados de FM De la Calle y tampoco dieron resultados las gestiones mediante la Dirección de Comunicación a cargo de José Fernández Ardaiz.
El subsecretario dijo a Radio Altos: “El galpón era un espacio sucio y lleno de roedores, es municipal y todo lo que está en el relleno es municipal. Ahí tienen que trabajar las 40 familias de manera digna por eso lo limpiamos. Había que sanearlo y más en este contexto de pandemia”.
Urruti contestó que “primero reconocieron que ellos quitaron este material que era de los trabajadores y que lo enterraron, que no les importó el medioambiente ni el reconocimiento legal”.
“Por un lado se les da la autorización de recuperar el material que querían y después dicen que es del Municipio. El material que se deposita ahí no tiene propietario porque es una cosa mueble. A diferencia de un auto, por ejemplo, estas cosas son de quien las aprecia, las recupera y le agrega valor: limpiar, compactar, pasar a una forma que se pueda recuperar. Claramente el material es de los trabajadores que lo han recuperado, no es del Municipio”, dijo el abogado.
Finalmente,afirmó que los recicladores “tenían autorización para estar en el relleno o para utilizarlo y tenían llave. El Municipio les dijo trabajen ahí y cumplan determinadas pautas. Les daban una credencial que era un burla e iba cambiando con cada gobierno y con eso ellos entraban y realizaban sus tareas”.
