

Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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“El oficialismo se compromete a no continuar con el proyecto de derogación de ordenanzas y a trabajar en una propuesta cultural superadora que, en un tiempo estipulado, sera analizada y discutida con las partes que venimos llevando adelante esta mesa de diálogo”, señalaron desde la UMSur, la Asociación Argentina de Actores y la Red de Espacios Culturales Independientes.
Durante la mañana de ayer, fueron recibidos por el secretario de Gobierno César Tomassi, el presidente del Concejo Deliberante Fernándo Compagnoni, el jefe del bloque oficialista Nicolás Vitalini, la directora del Instituto Cultural Morena Llanca Rosselló, el presidente de la comisión pertinente del cuerpo deliberativo Carlos Quiroga (FdT) y quienes integran dicha comisión, Analía López (FdT), Lucía Pendino (JpC), Silvina Cabirón (JpC) y Soledad Martínez (JpC). Participó también la edil Gabriela Schieda del bloque unipersonal Arturo Illia. También asistieron integrantes del nuevo organigrama del Instituto Cultural.
La intención era derogar cuatro ordenanzas claves para el sostenimiento democrático cultural: la reglamentación que crea el Instituto Cultural, la ordenanza del Fondo Municipal de las Artes, la que regula el funcionamiento de los Espacios Culturales Independientes y la del Fondo de Eventos Permanentes.
“Acordamos que no se derogue hasta tanto no siga habiendo otra mesa de diálogo, donde presenten el proyecto en forma concreta y donde nosotros podamos aportar y contemplar lo que consideramos con los acuerdos e incluso discutir la forma en la cual se va a presentar el proyecto”, señaló Belen, Lopez, delegada de la Asociación Argentina de Actores.
Agregó que “hay un proyecto abierto, una intención de trabajo, pedimos que antes de derogar cualquier tipo de ordenanza exista una ordenanza no solo superadora sino concreta, que no la hay. Lo presentado hasta el momento es solo una derogación”.
Por su parte, Astor Vitali, secretario general de la Unión de Músicxs del Sur manifestó que “en principio si no hubiéramos movilizado esto lo hubieran impuesto de una manera autoritaria, ese proyecto no esta escrito, hay que señalar la honestidad de(l secretario de Gobierno, Cesar) Tomassi que dijo que el objetivo era quitar el carácter de recurso afectado de los fondos, es decir poder utilizar recursos que estaban destinados a cuestiones consensuadas por la comunidad a través de estas ordenanzas”.
“Ellos hablan de ampliar la participación de la comunidad que ya estaba contemplado en esta ordenanzas, con lo cual los argumentos no justifican la derogación de ninguna de las ordenanzas vigentes que son el cuerpo legal construido desde la democracia hasta hoy. Si nos sorprendió lo de los recursos afectados. Este acuerdo que implica que no se trate en la próxima sesión, aunque esto no puede levantar el estado de alerta de la comunidad porque nos va a tener que tener en una posición muy critica respecto de qué tipo de proyecto vamos a discutir en esta mesa de negociación”, argumentó Vitali.
Finalmente, el músico destacó que “quedamos en un próximo encuentro donde se van a establecer los posibles acuerdos, pedimos que se supedite no presentar el proyecto de derogación hasta que no haya un acuerdo con la comunidad. Así se construyen los acuerdos democráticos no al revés”.
Este viernes a las 18:30 se llevará a cabo una asamblea en El Tablado, Chiclana 453, con el objetivo de definir los pasos a seguir.
Foto: Juan Caputo
Las periodistas Mariela Dobal y Virginia Calzada Frache, integrantes de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, realizaron un balance del primer año de la colectiva durante la transmisión especial de FM De la Calle en defensa de la Plaza del Sol.
“Estábamos atomizadas, dispersas en nuestros lugares de trabajo, y lo que hicimos fue amalgamarnos. No somos iguales, no pensamos todas iguales, sin embargo eso no hizo que no podamos juntarnos. A partir de la encuesta pudimos contar lo que nos sucede, lo que nos pasa puertas adentro de los medios, eso que es privado, eso que poco se sabe a propósito de las agendas periodísticas. Casi no tenemos poder de decisión de los contenidos que se ponen al aire”, comentó Frache.
Dobal destacó “lo que significa el espacio público para mujeres, diversidades, adolescentes e infancias. Cómo han ganado el espacio público para visibilizar tantas cosas. Acá estamos, mírennos, esto de salir a la calle, de ocupar estos espacios nos puso en un lugar de mucha disputa en todas las agendas”.
Señaló, además, la importancia del uso de lenguaje: “No es casual, por eso nos denominamos red, esto de empezar a tejer las historias individuales para formar una trama colectiva. Era parte del desafío. Es una apuesta, dejo de lado lo que soy conmigo y veo qué pasa con otros y otras y eso me permite tener una perspectiva más amplia y con compromiso de una construcción más amplia que el espacio propio”.
Agregó que “con el paso de las generaciones hay personas que continúan oprimiendo y haciendo uso y abuso de esa violencia intrínseca para seguir perpetuando el silenciamiento de muchas compañeras. También ahí como sociedad tenemos que estar presente. Hay un medio que elige a sus trabajadores, hay un Estado que elige financiar a esos medios de comunicación y también hacer uso de las presencias – ausencias”.
“El Estado municipal no está ausente, está presente en su lista de prioridades de la mirada del mundo, de la mirada de la réplica del capital y beneficios para pocos. Destruir este espacio (la Plaza del Sol) para privilegios de algunos bolsillos es una manera de elegir y estar presente. Si no nos manifestamos es muy difícil de incidir en nuestras agendas. Ahí está el servicio de la comunicación, ahí es donde tenemos que ser un vehículo para poder tener esas representaciones”.
Frache dijo que “hay como una marca de lo que tenemos que decir o hacer como políticamente correcto para el afuera. Todo lo que nos tenemos que bancar puertas adentro y si decimos quiero este tema te cuestionan, bastardean. Nosotras hicimos deconstrucciones para volver a construirnos juntas. Cuando nos dicen, a ver enséñame… No. No tenemos porqué ir a enseñar nada, busquen su propio camino y herramientas como aliados verdaderos”.
En el mismo sentido, Dobal apuntó que “discutir esto trajo ruido, preocupaciones, las famosas listas, hasta dónde puede ser tan chiquitita la mirada. No pasa por ahí, pasa con que cada uno se haga cargo y que las compañeras sepan que no están solas y que esto tiene que frenar y podemos hacerlo juntas”.
La intención del Departamento Ejecutivo de avanzar en la derogación de las ordenanzas 12.711, 19.038, 18.486, 9.116 y modificatoria 17.919 constituye un acto de atropello inaceptable. Los bahienses estamos orgullosos de las distintas expresiones culturales de nuestra ciudad como muestra de la diversidad y de una identidad que debe ser apoyada y acompañada por el Estado Municipal.
Todas estas ordenanzas son el fruto de años de trabajo y propuestas discutidas pluralmente en el marco del Honorable Concejo Deliberante y del Consejo Cultural Consultivo. No se puede avanzar unilateralmente sin consultar ni dialogar con las y los hacedores culturales bahienses.
Apoyamos la continuidad del Instituto Cultural y de las estructuras de participación y sus fondos de financiamiento. Solicitamos que el Intendente Municipal reflexione, retire la ordenanza derogatoria y convoque a un diálogo amplio. Defender nuestra cultura y los mecanismos de participación ciudadana es defender y fortalecer a nuestra Democracia.
SUSBIELLES, Federico; FELIU, Marcelo; GODOY, Gabriel; Partido Justicialista; CGT Regional Bahía Blanca; CTA Regional Bahía Blanca; CTA de los Trabajadores; HIJOS; Integración Ciudadana; Agrupación Nuevos Vientos; DURAN, Ayelen; Frente de Todos Bahía Blanca; LINARES, Virginia; AYUDE, Raúl; VAMOS/ Frente Patria Grande; IANTOSCA, Miriam “Gogo”; Unidos y Organizados; GHIGLIANI, María Gisela; LOPES, Rodolfo; La Cámpora; QUIROGA, Carlos; Grupo 83; MANDARA, Gustavo; Partido Solidario; MENDOZA, Manuel; APYME; LLITERAS, Fabian; Militancia Peronista; INSAUSTI, María de las Mercedes; La Norma Pla; LARREA, Walter; Partido Humanista; FERAN, Elias; Los Irrompibles; ROSENFELD, Pablo; Causa Nacional/ Polo Social; PIRES, Romina; Nueva Mayoria; MARTINEZ ZARA, Lucia; Cardumen; ECHEVERRIA, Paula; Frente Feminista Nacional y Popular; MANDOLESI BURGOS, Santiago; CALDERARO, Luis; Kolina; MORENO SALAS, Carlos; FPV Volvemos; GALLARDO, Raúl; Celeste y Blanca de los trabajadores Soc B. Bca; BEVERINI, Franco; Con Bahia; Bases Ciudadanas; LOPEZ, Analía; Ateneo Nestor Kirchner; GARCIA VAZQUEZ, Laura; Mesa de educación; Consejeros Escolares Frente de Todos; CANO, Marina; Nuevo Encuentro; CAMPELO, Fernando; Partido para la Victoria – Corriente Luche y Vuelve; FABARO, Carlos; Agrupación 14 de Septiembre; LARRABURU, Diana; ITALIANO, Matías; GARCIA, César; PTP – PCR; CCC; Movimiento Evita, Socialismo para la Victoria; La Watu y siguen las firmas…
La Unión de Músic♪s del Sur rechaza en todos los términos los anuncios realizados hoy por la recién designada directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Morena Llanca Rosselló. Dicha funcionaria sostuvo en conferencia de prensa que eliminará las ordenanzas 9.116, 12.711, 18.486, 19.038 y sus modificatorias.
Esto significa destruir todas y cada una de las ordenanzas construidas en el marco del estado de derecho por la comunidad bahiense, tanto a través del Consejo Cultural Consultivo como del propio Honorable Concejo Deliberante. La Lic. Rosselló envía este violento paquete de medidas porque cuenta con la posibilidad del oficialismo de “cocinar” cualquier medida legislativa a través del uso de la facultad del doble voto por parte del presidente del cuerpo, facultad que debería ser de uso extraordinario.
Esta funcionaria, apenas asumida, intentó argüir una serie de planteos, con dificultades argumentales. El programa (ya ni siquiera se trata de un órgano sino de un programa de “gestión cultural”) se llama “Cultura abierta” y supuestamente estaría basado en una “nueva mirada, más dinámica, más activa, más participativa” de la que no pudo dar cuenta. “Invitar a participar a otros actores, cómo piensan la cultura dentro de cada espacio barrial”.
La señora Rosselló dice que busca más presencia en los barrios y cualquiera con memoria no puede dejar de sentirse estafado. Señora Rosselló: si usted estaba tan preocupada por los barrios, ¿por qué durante su gestión cerró cien talleres barriales? ¿Por qué le arrancó a miles de pibes la posibilidad de acceder a su derecho a la cultura? ¿Por qué cerró durante tres años la Orquesta de Infanto Juvenil del Barrio Miramar? ¿Por qué miente descaradamente? ¿Usted no cree en la memoria de los pueblos?
Consultada por cuáles serían esos lugares de participación ciudadana, no puede más que balbucear, porque sus conjuros carecen de fundamento: “diferentes mecanismos”, “diferentes acciones”.
La señora Rosselló sostuvo que hay una “cultura emergente”, una “cultura digital”, para ejemplificar los destinatarios de esta “cultura abierta”. Al respecto, hay que señalar varias cosas. Que la cultura emergente debe ser estimulada, entendiendo a esta como las expresiones que surgen del quehacer de una comunidad. Ahora bien, ¿la cultura emergente es un argumento para que el Estado municipal decida borrar su área abocada a los temas específicamente culturales y artísticos? ¿Alguien se imagina al estado italiano planteando que frente al fenómeno de los grafitis decreta el cierre de su Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y resuelve tirar a la basura el depósito custodiado del acervo de Da Vinci?
Este tipo de fundamentalismo anticultural no es nuevo. Está basado en lo más reaccionario del pensamiento político. Supone cosas como que “la gente no lee” entonces hay que acercar “entretenimiento”. Además de subestimar a nuestra población, se enmarca en un proceso de pauperización cultural dirigido por las clases dominantes.
Según estos criterios, quienes defendemos el acervo cultural universal, es decir, el derecho al acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, somos parte del pasado. Según estos débiles argumentos que caen por su propio peso, forjados con acero oscurantista, Borges sería cosa del pasado, el Quijote un bodrio muy largo y las ciencias, claro, quedarían en mano de los hijos de quienes puedan pagar una educación, porque, como se sabe según estos agentes del salvajismo capitalista, “la gente no lee”.
Nos vemos no sólo en la obligación de señalar el absoluto rechazo a las medidas que intentarán tomar, sino además de exigir:
1) al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, el uso responsable de sus facultades, el no uso de su facultad de doble voto, la actitud honrada de habilitar el debate político y no de imponer a manotazo limpio unas medidas que lo harán ingresar a la Historia como el responsable de facilitar políticas nefastas que resultaran muy dañinas al ya castigado tejido cultural;
2) la inmediata renuncia de la Licenciada Morena Llanca Rosselló, quien mediante la elucubración de estas medidas no hace más evidenciar su total ineptitud para ejercer un cargo público en la era democrática además de su insuficiente formación para el manejo de la cosa cultural;
3) al señor intendente de Bahía Blanca, el cese de las hostilidades contra nuestra población y para con quienes nos desempeñamos en el ámbito cultural en particular, sepa usted que tiene responsabilidades ante la ley como funcionario público y que el ejercicio autoritario de sus funciones no pasará desapercibido ante la conciencia cívica de nuestro pueblo ni ante la memoria colectiva;
4) a la oposición, que arbitre con seriedad todas las instancias de acción política dejando de lado pequeñas disputas de poder en función del bien común en el entendido de que ha sido ungida por el voto popular para ejercer un rol concreto frente a la crueldad de estas políticas virulentamente antipopulares.
A la comunidad de Bahía Blanca, expresamos que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura siempre hemos estado del lado de nuestro pueblo y hemos luchado junto a cada sector afectado toda y cada vez que hubo una oportunidad. Las afirmaciones de Rosselló nada tienen que ver con “abrir” a ninguna expresión cultural sino con abrir heridas en el tejido social lacerado, intentando generar divisiones. No nos cabe duda de que como resultado final nos espera el incumplimiento de sus promesas y el vaciamiento de lo que cada barrio logró construir y sostener. Creemos que es fundamental el entendimiento entre los y las de abajo frente a este claro ataque de los beneficiarios de un modelo económico excluyente.
Defendemos el Instituto Cultural.
Defendemos el Fondo Municipal de las Artes.
Defendemos el Consejo Cultural Consultivo.
Defendemos nuestras conquistas en democracia.
Repudiamos el ejercicio autoritario de la función pública.
Exigimos la inmediata renuncia de Morena Rosselló.
Por todo esto convocamos a toda la comunidad a concentrar el próximo viernes 10 de enero a las 11 horas en la esquina de Sarmiento y Estomba.
El Municipio informó esta mañana que envió un proyecto al Concejo Deliberante para derogar las ordenanzas que regulan el funcionamiento del Instituto Cultural y programas de financiamiento como Eventos Permanentes, Espacios Culturales Independientes y el Fondo Municipal de las Artes.
La “no continuidad” de dichas normas durante el segundo mandato de Héctor Gay es para permitir la creación de una Secretaría de Cultura y Educación bajo el concepto de “Cultura Abierta”, presentado como una “nueva e innovadora forma de gestión”.
La “flamante secretaria” del área, Morena Llanca Rosselló, escucha voces. Sin entrar en detalles sobre los actores individuales o colectivos con los cuales dialoga, informó que la propuesta surge “a partir de la escucha de las diferentes voces que tiene nuestra ciudad, sumamente valiosas, que quieren hacer, vecinos, artistas, diferentes actores de la ciudad vinculados con el arte, la cultura, la educación y el turismo”.
Le reprocharon el cierre de al menos, 100 talleres artístico-culturales que llegaban a los barrios; la paralización durante tres años de la Orquesta Infanto-Juvenil de Villa Miramar; el cierre de salas de jardines maternales municipales; la precarización y destrato de los talleres artístico-culturales vigentes; y la eliminación de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo (órgano similar al Consejo Cultural Consultivo).
Hoy, la funcionaria prometió “una nueva mirada, una nueva forma de pensar, más dinámica, más activa, más participativa para poder llegar a más sectores de la ciudad”.
“Un mecanismo sobre la afectación de recursos es hacer convocatorias públicas para vecinos, artistas, especialistas en un tema específico y, sobre ese gran foro, se realizará un sorteo para que podamos trabajar con algunos de ellos”, afirmó.
Consultada sobre la eliminación del Instituto Cultural, Rosselló aseguró que se trata de una “reconfiguración”. “Estamos haciendo una oferta en la que jerarquizamos el área de cultura (…) hablar de que algo deja de existir es muy diferente de lo que estamos transmitiendo y queriendo decirle a nuestros vecinos”·
Según la comuna, “con el fin de atender a la articulación entre áreas transversales con competencias concurrentes y potenciar ‘Cultura Abierta’ como una nueva e innovadora forma de gestión, el Ejecutivo envió un proyecto al Concejo Deliberante que estipula la no continuidad de las ordenanzas 12.711 y sus modificatorias (Instituto Cultural), 19.038 (Eventos artísticos y culturales de organización regular y continuidad en el tiempo), 18.486 (Espacios culturales independientes y regulación de los mismos), 9.116 (Fondo municipal de las artes) y sus modificatorias”.
El año pasado cerró con un incremento general de precios del 55,7% en Bahía Blanca. “Un nuevo y preocupante récord en la serie histórica del CREEBBA”, informó el organismo de la Bolsa de Comercio que mide la inflación desde 1996.
En diciembre, se verificó una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento de precios minoristas al aumentar un 4,3% en relación a noviembre.
Durante el último mes, en Bahía Blanca, el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar en Bienes y servicios varios, con un alza del 6,1%. Respondió a incrementos del 9,4% en artículos de tocador descartables, 7,8% en artículos de tocador para la higiene y el cuidado personal, 4% en cigarrillos y 1,9% en servicios para el cuidado personal.
Transporte y comunicaciones se ubicó en segundo término con una suba del 5,3% influenciada por aumentos del 10,2% en transporte público de pasajeros con la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para taxis y remises en la ciudad que comenzó a regir sobre la tercer semana del mes previo, 5,2% en vehículos de transporte personal, 4,5% en funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y 2,1% en comunicaciones.
Salud se posicionó en tercer lugar con un incremento del 5,1% debido a alzas del 12,2% en aranceles de medicina prepaga y servicios de medicina auxiliar, 3,4% en elementos para primeros auxilios y 2,9% en medicamentos.
Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, fue el restante de los capítulos que finalizaron el mes por encima de la inflación general.
Pese al reciente congelamiento de tarifas de servicios básico, nuevos aumento y arrastres del mes de noviembre posicionan a bienes y servicios Regulados como la categoría de mayor crecimiento (5,7%).
Sobresalen aumentos en prepagas, transporte de corta distancia y combustibles (12%, 10% y 8% respectivamente). En segundo lugar, se ubica la categoría Núcleo que aumentó 4,0, disminuyendo 0,8 p.p. respeto a la medición de noviembre.
Finalizado el 2019, la categoría núcleo acumula 56,5% de inflación. Por último,
la categoría Estacionales exhibió la menor variación (2,6%), causada por aumentos en frutas frescas del 14%.
Con respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad (cuadro 5), los ítems que más subieron fueron la carne vacuna (10,9%), el azúcar (10,6%), el café (10,3%), la manzana (9,2%), el aceite de maíz (6,7%), el té en saquitos (5,8%), la harina de maíz (5,3%), el agua mineral (3,8%), el pan (3,8%) y la papa (3,8%). En tanto las únicas bajas se presentaron en el tomate (-20,3%), la leche fresca (-5,5%), la naranja (-1,7%) y la leche en polvo (-1%).
(Por Red de Comunicadoras de Bahía Blanca) Cumplimos un año “en red”. Estamos agradecidas y movilizadas. Recorrimos un camino impensado y fortalecedor. Desde aquellas primeras mateadas en las que nos encontramos, a los comunicados colaborativos que hicimos públicos para expresar nuestro repudio a despidos y a las violencias sufridas en medios locales de prensa… hemos aprendido a visibilizarnos y a acompañarnos.
Nos faltaba sólo eso: encontrarnos de verdad. Escucharnos, descubrir nuestras coincidentes decepciones y sorprendentes sueños compartidos. Repensarnos en el despertar feminista para muchas, con los consejos oportunos y aleccionadores de aquellas ya transformadas por este movimiento liberador.
Con plena diversidad nos conformamos como RED. Elegimos esa forma de organizarnos porque somos tejedoras profesionales. Punto a punto hemos hilvanado nuestro oficio, algunas veces sin cuestionarnos demasiado, incluso las situaciones dolorosas que padecimos trabajando periodísticamente. Pero ahora llega el tiempo de desovillarlas, desandarlas, para deconstruirnos y seguir creciendo. Y para eso, nos volvimos a elegir.
Somos una RED inspirada en la gran participación de las mujeres en los escenarios públicos de Argentina y Latinoamérica. Creemos indispensable enlazarnos con otras organizaciones y saberes para complementar nuestro camino y prácticas cotidianas. Nos posicionamos activamente frente a la condena del silenciamiento y aislamiento que pretende imponer la cultura liberal y patriarcal.
En la Red de Comunicadoras Bahía Blanca construimos un espacio para escucharnos, formarnos y no callar más. En nuestro primer año, produjimos materiales audiovisuales y documentos con pronunciamientos colectivos, nos reunimos con ganas y constancia y logramos un relevamiento histórico donde reflejamos las desigualdades y violencias sufridas en nuestros ámbitos laborales. Fue presentado el 25 de noviembre, un día elegido con la certeza de que mucho tenían que ver: contextos actuales y resultados. Y así fue. Ante una gran convocatoria y gracias a la numerosa participación de encuestadas, pudimos contar con fundamentos las brechas de género y la inequidad laboral perpetuada en los medios locales de comunicación, cuyos puestos de decisión son ocupados por hombres, injustamente, en su amplia mayoría.
Hasta el lenguaje que usamos ilustra estas realidades, por eso también lo cuestionamos e intentamos su utilización no sexista, a pesar de que sigan considerándolo “accesorio”. NOMBRARNOS es reconocernos. Despojarnos de los prejuicios y mandatos del lenguaje para aprehenderlo desde una praxis liberadora, capaz de identificar las nuevas representaciones.
Queremos agradecer una vez más y públicamente a las profesionales que nos acompañaron en este proceso fundacional: Carolina Goldman, María Julia Eliossof y Agostina Costantino. Sus talentos y miradas feministas nos ilustraron la búsqueda y nos acariciaron el alma.
Como mujeres comunicadoras y trabajadoras en los medios privados, estatales y comunitarios, vamos asumiendo la importancia de reflexionar sobre las dimensiones de género. Sabemos que estamos comenzando, y que poner en palabras lo que nos pasó por el cuerpo lleva tiempo. Afrontarlo JUNTAS es un desafío que prometimos atravesar. Emocionadas e indignadas, alegres y reflexivas, enojadas e inconvenientes… pero SOLAS NUNCA MÁS.
No podríamos expresarlo mejor que Loahana Berkins: “esas cosas me parecen maravillosas y siento que de alguna manera tiene que ver con nuestra lucha. Acá estamos nosotras, poniendo la verdad en el cuerpo a todas las violencias, para seguir brillando.”
El ejercicio de relatarnos ya comenzó. Revivimos entonces, esos momentos llenos de dolor, avasalladas en el silencio cómplice de una redacción, en la producción de un móvil periodístico, en el insulto fuera de micrófono, en el golpe vil ante las miradas de una sala de prensa, en las decisiones que nos dejan sin poder preguntar, nada más y nada menos. No para revictimizarnos. Sí, para dejar testimonio a las que vienen y vendrán. Nombres y apellidos de violentos que ya no tendrán el privilegio del anonimato, para desempolvar su miseria. Ya pensaremos en protocolos internos de alerta y cuidados sororos.
A un año de empezar a “tejernos” para desentramar nuestras experiencias y forjar la trama colectiva, nos habita un profundo orgullo por lo realizado y un sincero agradecimiento a quienes nos escucharon y nos dieron la oportunidad de expresarnos. Hoy valoramos este presente JUNTAS. Y resuenan en nosotras las palabras de Ana Cacopardo… “Hay vidas celebradas tan a fondo, que parecen no alcanzar varias vidas más para contarlas”.
Intentaremos narrarlas, porque somos las historias que contamos.
Gracias por vuestra lectura, les deseamos un 2020 de muchas alegrías y sanas resistencias.
“A esta plaza la dejaron caer porque hay extractivismo urbano. Agarran un lugar emblemático y valuado de la ciudad, lo dejan caer, lo compran por monedas o, si es público, lo privatizan y transforman en un negocio”, dijo a FM De la Calle el ceramista Tato Corte.
Durante la última emisión de En Eso Estamos, transmitida desde la Plaza del Sol en la previa de la fiesta en defensa de dicho espacio público, recordó los años de la Feria de la Cultura.
El artista destacó que “esto es lo mismo que la soja transgénica, la minería o el fracking. Hay un patrimonio que es cultural, que es el que ustedes están rescatando contando estas cosas, lo que significó esta Plaza de la Resistencia y la Memoria donde terminan las marchas del 24 de marzo, donde los desocupados vendían lo que sería la economía popular, todas estas cosas hay que refrescarlas”.
Comentó que la Feria de la Cultura nació con la democracia. “La primera edición fue en el ’87, nos sirvió para encontrarnos y conocernos. La dictadura había generado una gran división, no nos conocíamos los plásticos, los bailarines, los poetas, los alfareros y esta plaza sirvió para eso”.
“Fue un espacio que sigue siendo válido en su propuesta: encontrarnos manos, voces e ideas que testimonian la integración de nuestra gente. Ese fue el lema de principio a fin y está absolutamente vigente”.
Corte dijo que “la Feria fue esa cosa gigantesca en la cual miles personas nos encontrábamos: productores, consumidores de arte, de creación, participando durante tres noches acá”.
“Con el tiempo nos dimos cuenta que la Feria coincidía con el solsticio de verano, una fiesta que la humanidad festeja desde hace miles de años. No estábamos haciendo más que un ritual viejísimo de los pueblos originarios de todo el mundo, celebrando el día con más sol”.
“Y la plaza tenía ese nombre. En realidad porque era parte de una de las tantas estafas de la dictadura. Este era el Banco Trozzo que hizo un hotel, modificó las dos calles -Olivieri y Arribeños que no llegaron hasta O’Higgins- para hacer una plaza seca con grandes cubos como parte frontal. El grupo quebró y, cuando vuelve la democracia, está ese edificio sin ocupar con una empalizada donde se pusieron los nombres de los desaparecidos”.
“Se hicieron dos ferias en esa vieja estructura hasta que Carlos Schardgrodsky -otra persona que tampoco está- remodeló la plaza, eliminó los cubos en el 89. La tercera Feria ya teníamos esta estructura que, además, permitía que en cada uno de estos pequeños círculos Mirta Colángelo narrara historias, los chicos pintaran, dibujaran, más allá estaban los alfareros, los grupos de teatro y los arquitectos usaban el escenario y las veredas tenían puestos permanentes de feria”, recordó.
El alfarero mencionó que el gobierno radical impulsó una política de talleres barriales porque por primera vez “se vio desde la estructura oficial que el habitante de los barrios podía ser un productor de cultura, además de consumidor. Esta Feria multiplicaba esa posibilidad de que lo popular llegara acá”.
Corte afirmó que le “espanta” la posibilidad de “eliminar estos árboles -esa acacia blanca es un bonsai con esas raíces afuera, ni hablar del ombú, tenemos un ginkgo biloba que sobrevivió al ataque nuclear de Hiroshima, el jacarandá que era el favorito de Mirta (Colángelo)-, me aterra que se pueda pensar en eso pero a su vez me doy cuenta con lo que están haciendo en Mendoza”.
“Yo nací allí. Mendoza es un desierto. Con el riego han creado una cultura de oasis y uno de los paños de vida más grandes del mundo. Y la minería a cielo abierto con los químicos va a destruir la viña, un vino emblemático de la Argentina, vamos a tener un malbec cianurado”.
“Esto nos permite pensar, además del espanto, que acá mucha gente se ha movilizado y preocupado. Es una ciudad con inquietudes, me alegra eso, la presencia de la radio en este emblemático lugar”, concluyó.
El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de agosto, Hernán Zerneri, aseguró que seis meses después de la explosión en Dow solo se produjo un cambio de autoridades en el organismo de control.
Consultado por FM De la Calle, Zerneri destacó la falta de confianza en el Comité Técnico Ejecutivo: “Lo que se hizo fue desligar al CTE de su rol de control y se hizo intervenir a la justicia. No tengo pruebas pero no creo que la justicia haya intervenido de oficio, evidentemente alguien levantó un teléfono con la clara idea de patear el tema. Esto para nosotros fue algo preocupante porque el Estado no confía en su organismo de control”.
“Se vio reflejado en el cambio de coordinador, cosa que no se manifestó en su momento. Esto nos da la razón de lo que dijimos. Esperemos que las nuevas autoridades reciban el respaldo suficiente del sector político como para desarrollar su tarea”.
El 28 de junio explotó un recipiente en la planta de Dow atemorizando a buena parte de la ciudad. Para el Municipio, el CTE y el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable el hecho no mereció ni una infracción. La fiscalía a cargo de Cristian Aguilar abrió una investigación y aun debe definir si hubo delito o no.
Para Zerneri, “la cuestión más preocupante fue la repetición de un evento de magnitud que ya habíamos tenido hace un tiempo en la misma empresa con la explosión en el reactor, que se volvió a repetir por una falla de procedimiento. Fue preocupante porque sabemos que cada vez que ocurre algo trasciende el límite de las empresas, generó estupor e incertidumbre por lo que fue la explosión”.
“Veníamos de un tiempo donde no había eventos de magnitud y, de repente, ocurren estas cosas y hace rendir examen a toda la gente que está vinculada al tema. Lo que falló nuevamente fue la comunicación y la respuesta a la emergencia. Puso en tela de juicio los mecanismos actuales de comunicación para los cuales tampoco ha habido una respuesta desde el ámbito público, de canalizar a través de nuevos mecanismos formas de que la comunidad se entere de forma rápida y certera de lo que se debe hacer. No ha habido ninguna respuesta concreta. No ha habido el establecimiento de una nueva forma. Hay redes sociales, la gente comunica más rápido que el Estado”.
En cuanto a la designación del ingeniero Walmir Morete al frente del CTE, el ambientalista afirmó: “Vamos a tener las primeras reuniones del Comité de Control y Monitoreo para ver cuáles van a ser los lineamientos del ingeniero que va a estar a cargo. Estamos con expectativa de saber como va arrancar el 2020 de cara a lo que es el control de las industrias”.
El Partido Obrero cuestionó la política de espacios públicos y la especulación inmobiliaria impulsada por el gobierno de Héctor Gay.
En un comunicado destacaron al caída de una columna de luz en Plaza Rivadavia, a centímetros de una mujer que caminaba por el lugar el sábado pasado. Del poste estaba atado un pasacalles con alegorías religiosas que fue embolsado por el viento.
“Que una columna de hierro de 100 años de antigüedad se haya quebrado de esta manera denuncia una sola cosa: la falta de mantenimiento y desidia por parte del municipio. El gobierno de Gay ha demostrado en cuatro años de gestión un enorme desinterés por recuperar los espacios verdes más populares de la ciudad, como el Parque de Mayo, Parque Independencia, Plaza Rivadavia, etcétera”, dijo Néstor Conte.
Destacó que la relación óptima de espacios verdes según la OMS tiene que ser de 15m2 por habitante. En Bahía Blanca es de 3,49 m2. En 2017, el intendente impulsó que una parte del Parque Noroeste sea convertido en depósito de chatarras de autos. La movilización de vecinos lo impidió.
El texto recuerda la muerte de Daiana Herlein por la caída de una rama en el Parque de Mayo en 2014. “Fue consecuencia del completo abandono de los espacios públicos por parte del gobierno anterior del PJ. En lugar de recuperarlos, el actual gobierno de Cambiemos se dedicó a clausurarlos. Hizo una eliminación masiva del arbolado público de toda la ciudad, peligroso o no”.
“La misma política destructiva se vio en la Plaza Pellegrini, en la que ante el deterioro de las clásicas pérgolas, el municipio avanzó con topadoras sobre las mismas, lo que provocó el repudio de los vecinos y descendientes del ingeniero que diseñó la plaza”.
Asimismo, mencionó la intención de destruir la Plaza del Sol para la construcción de cocheras subterráneas y al demorado concurso de “mejoras innovadoras” para el Parque Independencia.
“La especulación inmobiliaria tiene la prioridad en la ciudad, donde mueren o son mutilados obreros de la construcción o personas que circulan por la vereda. La falta de espacios públicos y su mantenimiento se asienta en la política de ajuste del gobierno local, pero también en la desidia y abandono para organizar la estructura que ya existe, afirmó.
Desde el PO aseguraron que “es necesario que el personal y el presupuesto para el sector estén acordes a las necesidades de la ciudad, para terminar con la precarización de la vida de los bahienses”.
(Por Astor Vitali) Último editorial del año. El jueves terminamos el ciclo 2019 de Un grillo en tu almohada y el día siguiente participamos de la radio abierta que realizó FM De la Calle desde la Plaza de la Resistencia y la Memoria (Plaza del Sol o Lavalle), en coincidencia con vecinos y vecinas que se manifestaron de manera crítica con el proyecto de privado que intenta realizar estacionamiento por esos lares y una plaza seca, es decir, arrasando lo público por intereses privados, con su correspondiente sarasa del supuesto impacto social positivo que traería dicha inversión.
Afortunadamente, no hay mucho que explicar al respecto: para cualquier persona en Bahía Blanca que desee estar mínimamente informada de cómo ocurren las cosas, resulta una obviedad el hecho de que en nuestra ciudad no se mueve un dedo desde lo público en ningún proyecto que no sea un curro previamente concebido por los sectores privados que se beneficiarán (ver, por ejemplo, el cierre de los históricos carritos en Parque de Mayo en favor de los negocios de comida rápida, redituables para amigues del poder).
Ha habido cambio de gobierno a nivel provincial y a nivel país. Como contrapartida, Bahía Blanca ratificó a Juntos por el Cambio por un cincuenta por ciento de los votos, convirtiéndose La tierra del Diablo en un bastión de resistencia del proyecto meritocrático y de la desigualdad.
Mientras no queda claro si las decisiones de gobierno se toman en las oficias de Alsina o en mesas extraoficiales de capitalistas influyentes, la explosión de Dow en abril de este año y las posteriores investigaciones que dan como resultado la responsabilidad de la empresa –no una falla humana- tuvo como respuesta de nuestra dirigencia la lisa y llana complicidad, con el premio de la inauguración del Dow Center, eje central en la política de inserción y dominación capitalista que el siempre poético empresariado trasnacional da en llamar “responsabilidad social empresaria”. Seguirán profundizando su inversión en la compra de voluntades, dirigentes, directivos de instituciones educativas (incluso universitarias), periodistas, legisladores y funcionarios en su proyecto de “generación de consensos”, es decir, de construcción de la red de complicidades necesarias para profundizar su saqueo. La inversión que realizan en ello es inversamente proporcional a la inversión que necesita la ciudad para un proyecto de desarrollo económico genuino que no dependa del viento y de la voluntad de un par de empresas trasnacionales que vienen a hacer aquí lo que no les es permitido en sus países.
A todo esto, la campaña electoral sobre la que el Frente de Todos tuvo un buen desempeño, generó una expectativa positiva en la posibilidad de que el rol de la oposición sea responsable. ¿Cómo? Sí, responsable. No en el sentido que ha sido utilizado en otros momentos, es decir, un rol de levantar la voz en contra de los proyectos pero también la mano a favor de los mismos. Eso debería llamarse oposición funcional. Responsable significa que consciente del mandato otorgado por el pueblo bahiense en operar en el marco de acuerdos políticos de signo contrario a la maquinaria neoliberal y antipopular encabezada por el intendente, Héctor Gay.
¿Cómo votarán en presupuesto? ¿De manera responsable o funcional?
Por abajo, aquí en la calle y con la plebe, los desafíos de las organizaciones que emanan del pueblo son muchos y muy variados. El espejo de Mendoza es interesante: las calles le marcan a Alberto Fernández que fue electo para hacer lo contrario a lo que haría Macri. Si la megaminería es parte del proyecto neoliberal entonces un gobierno de signo contrario al macrismo debe aplicar una política económica que no garantice facilidades a la megaminería sino que diversifique las propuestas económicas en un sentido soberano y con perspectiva estratégica. No existe megaminería progresista y megaminería neoliberal; existe megaminería y responde claramente a intereses opuestos a los de nuestro pueblo.
Allí está el desafío hoy: hubo amplio consenso en la construcción de un frente para derrotar en las urnas al neoliberalismo pero queda abierto el dilema de cuán delegativa será la democracia, qué rol ocupará en pueblo con sus reclamos y qué tan dispuesto estará un frente tan amplio -como el de Todos- a acceder a las demandas de las mayorías en detrimento de los sectores de poder.
De paso, digamos claramente, no es progresista ni popular tocar el ingreso de un jubilado sin antes afectar las riquezas de quienes se han beneficiado con nuestro empobrecimiento. Bancos, trasnacionales, usureros, usureros virtuales y otro tipo de sanguijuelas de la economía improductiva deben verse severamente afectados en la redistribución de la riqueza para que un trabajador o un pensionado vean con buenos ojos hacer un “esfuerzo”. Los esfuerzos siempre los ha hecho nuestro pueblo.
Como vienen las cosas, si la obsecuencia y el temor no dirigen la política sino las necesidades populares y el intento de un proyecto, las estructuras tradicionales se verán condicionadas por la demanda en la calle, en las comisiones internas, en los laburos, en los gremios, en los centros de estudiantes, en las esquinas de los barrios.
La lucha contra el hambre no puede conciliarse con guiños a la voracidad de los angurrientos que siempre se han comido todo. Una cosa es contra la otra. Si por abajo, en la calle y en cada acuerdo de la democracia popular las demandas son claras, será más fácil descubrir si el gobierno que asume por un frente construido en oposición a un gobierno impopular finalmente optará por su pueblo o será una nueva promesa de la política Argentina, tan llena de gente maravillosa que pone el cuerpo pero tan llena de charlatanes que asumen por el pueblo y gobiernan por el Fondo.
Hay expectativas populares. Hay responsabilidades políticas. Hay una trama abierta que develará la Historia en el que tu aporte, como el de cada quien, sí hace a la diferencia.
Por último, que el uso de la inteligencia y el pensamiento crítico domine los discursos, es un deseo de buen año.
IPC Online informó que en diciembre la tasa de inflación aumentó un 5,08% respecto a noviembre. La variación fue mayor al mes pasado y acumula en el año y en los últimos 12 meses, 54,76%.
“Se cierra entonces un año con el registro más alto de inflación interanual desde que este proyecto mide variaciones de precios”, destacaron.
Los capítulos Alimentos y bebidas e Indumentaria se mantuvieron especialmente activos todas las semanas totalizando subas del 4,26% y 1,85% respectivamente.
Sin embargo, no fueron los que lideraron las principales alzas: Transportes y comunicaciones con 9,78% fuertemente influenciado por automóviles y el efecto arrastre del aumento del taxi así como Atención médica y gastos para la salud con 8,17% empujado por el aumento de los sistemas prepagos de salud y medicamentos. La primera semana reflejó el mayor impacto de estos dos últimos capítulos.
Todos los rubros registraron alzas en el siguiente orden: Transporte y comunicaciones (9,78%), Atención médica y gastos para la salud (8,17%), Otros bienes y servicios (5,05%), Equipamiento del hogar (4,44%), Alimentos y bebidas (4,26%), Vivienda y servicios básicos (2,90%), Esparcimiento (2,21%), Indumentaria (1,85%) y Educación (0,30%).
El ingeniero en electrónica Walmir Edgardo Morete fue designado coordinador del Comité Técnico Ejecutivo. Reemplazará a César Pérez en el organismo de control de las plantas industriales del polo petroquímico y el puerto bahienses.
El flamante funcionario egresó en 2011 de la Facultad Regional de la UTN y trabajó en Petrobrás y la planta compresora de TGS en La Adela.
Semanas después de la explosión en Dow el Municipio avanzó en la apertura de concursos para reemplazar a los responsables del Proceso Apell y el CTE.
En este último caso, el jurado elaboró un orden de mérito de cuatro concursantes y el intendente Héctor Gay eligió a Morete. Ni en la web municipal ni ante las reiteradas consultas de este medio se difundieron los otros nombres.
El decreto 1017 del 18 de diciembre designó al ingeniero como “personal temporario mensualizado” con un salario cercano a los 150 mil pesos.
Dependerá de la Oficina Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental con mandato de dos años prorrogables por dos más.
(Notas Periodismo Popular) Este lunes habrá sesión de la Legislatura provincial con el objetivo de derogar la ley 9209 que habilita la megaminería y restituir la 7722. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez el pasado viernes luego de una semana de movilizaciones masivas en rechazo a la normativa.
Los festejos recorrieron toda la provincia de Mendoza el viernes pasado. Por la noche el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para derogar la ley 9209 votada una semana antes. “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, dijo.
La fecha señalada para la votación es este lunes y estará acompañada, como todos estos días, de una importante movilización popular en la capital provincial.
La normativa ahora vigente dejó sin efecto a la 7722 que protegía los recursos hídricos mendocinos abriendo las puertas al desarrollo de emprendimientos megamineros. Es que, entre otras cosas, se eliminó la prohibición de la utilización de químicos contaminantes como el cianuro.
Antes de la votación del viernes 20 de noviembre ya habían comenzado las protestas. Sin embargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo -con los votos del oficialismo y casi todo el peronismo opositor- y promulgación por parte del gobernador, se intensificaron.
Esto llevó a Suárez a anunciar, a mitad de semana, que frenaría su reglamentación para “informar” mejor a la población sobre los fundamentos de la ley. Pero fue rechazado por un espectro tan amplio como variado y transversal de la sociedad mendocina que continuó exigiendo como única salida la derogación. Allí se cuentan desde las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, pasando por los productores vitivinícolas, la Iglesia Católica y hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia que instó a suspender la tradicional fiesta hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas.
La presión popular obligó a Ejecutivo a dar marcha atrás. Sin embargo, las manifestaciones se sostienen y anunciaron que no terminarán hasta que la derogación de la ley 9209 figure en el Boletín Oficial.
En ese marco este sábado se realizó en Uspallata una asamblea de todas las asambleas de Mendoza en defensa del agua. La localidad fue elegida porque a 30 kilómetros se intentó instalar el Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero de capitales rusos. “Hay representantes de la empresa que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella”, relató a Página/12 Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata. “Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, agregó.
Asimismo este domingo se mantuvo el “banderazo” de carácter plurinacional convocado en toda la provincia y que tuvo una gran participación. A lo largo de la ruta 40 hubo varios puntos en los que se ondearon banderas argentinas pero también la wiphala.
Este lunes todas las fuerzas estarán concentradas en la Legislatura donde se espera que las mismas personas que aprobaron la ley hace apenas 10 días, ahora la anulen. En caso de concretarse será un hecho histórico para la provincia y un importante precedente en la lucha por la defensa del medioambiente a nivel nacional.
Este viernes cerramos la programación 2019 sumándonos a la Fiesta por la Plaza! Desde las 10 de la mañana estaremos en vivo por la 87.9 y delacalle.org desde O’Higgins 140.
Desde las 17 se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.
Habrá actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.
Acercáte y compartí la jornada con quienes hacemos De la Calle!
10 a 12: En Eso Estamos con Mauro Llaneza y Giuliana Crucianelli (participa Mariela Dobal).
12 a 13: Descoordinades (Coordinadora Estudiantil Artística)
13 a 15: Astor Vitali, Sergio Pacheco, Eduardo Lázzari y Edgardo Epherra.
15 a 15:30: Mundos Imaginarios con Silvia Pirillo.
15:30 a 16: El huevo de la Serpiente con Juan Compagnoni, Tomás Palomeque y Ayelén Zanfagnini.
16 a 18: Bajo control con Fabián Ramos y equipo.
18 a 19: Voces desde la plaza con Giuliana Crucianelli y Paula Ércoli.
Operación y técnica: Fer Alarcón, Emiliano Randazzo, Walter Albouy, Fabián Zapata, Nicolás Fernández Vicente.
(Por Noemí Giosa Zuazua – Fotos: Magalí Agnello) En su casa del barrio Juan López, en Bahía Blanca, Mónica Dambolena, costurera, 49 años, no para de dar vueltas. Hace menos de 24 horas enterró a Juan Cruz, su hijo, tras cuatro días de agonía. El 17 de octubre del 2010 había tenido un accidente en el trabajo y, cuando lo ingresaron a la guardia, su vida estaba prácticamente concluida. “¿Su hijo se quemó con gas?”, la interrogó la médica. “Tiene el 95% quemado”. Mónica no podía entender: ¿se refería al 95% del brazo, de la pierna? “Hablo del cuerpo completo, señora”, le dijo la médica. “Lo único que no tiene quemado son las plantas de los pies porque llevaba zapatos, y el lado del bolsillo donde tenía la billetera”. Juan Cruz murió el 21 de octubre.
Tenía 25 años, era el segundo de una escalera de seis hermanos, tres varones y tres mujeres. No bien consiguió trabajo en la empresa Camin Cargo Control SA, en 2008, se independizó y se mudó con un amigo de la escuela técnica donde estudiaba Seguridad e Higiene. Juan Cruz tenía gustos de pueblo: se juntaba con amigos los sábados, salía a guitarrear por los bares de Bahía. Y, los domingos, no faltaba a los almuerzos familiares.
Mónica, en verdad, conocía pocas cosas del trabajo de su hijo -sería, se dijo, por un pacto de confidencialidad que firmó al entrar-. Sabía que tomaba muestras de hidrocarburos de barcos que llegaban al Puerto de Ingeniero White. Que los guardaba en un dúplex que Camin Cargo Control alquilaba en un barrio residencial de Bahía. Que prestaban este servicio a empresas de El Polo Petroquímico de Bahía Blanca, un concentrado de corporaciones trasnacionales que producen hidrocarburos, fertilizantes y resinas plásticas. Empresas que cotizan entre los primeros puestos de facturación del país, que generan 1700 empleos estables, contaminación, y también muertes laborales.
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¿Qué es un Polo?
Un polo petroquímico suena, además, poderoso. Este lo es. De los siete polos del país, es el más importante. Se instaló entre mediados de los años 70 y los 80, con empresas de propiedad estatal o mixta financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo. De la región de América Latina, después de los dos brasileños en Salvador de Bahía y en Río Grande del Sur, ocupa el tercer lugar.
A diferencia de los polos de los Estados Unidos, que deben alejarse de las ciudades por lo menos 100 kilómetros, este queda a ocho de la ciudad de Bahía Blanca, con 300.000 habitantes, y a escasos 100 metros de los barrios de Ingeniero White, un pueblo portuario de 12.000 vecinos que hace años era de pescadores artesanales.
Durante una década de búsqueda de justicia por su hijo, Mónica Dambolena reconstruyó una historia atravesada por contaminación de alto riego, muertes laborales, inspecciones silenciadas y expedientes que se esfuman alrededor de El Polo Petroquímico de Ingeniero White, el más importante del país.
Su ubicación no es casual. En Ingeniero White confluyen los tres gasoductos que vienen de las cuencas Austral y Neuquina. Por sus serpientes de acero viaja la principal materia prima de las petroquímicas: el gas natural.
Desde la Ruta Nacional Nº 3, entrando al pueblo por la Avenida 18 de Julio, un cartel con el título “Polo Petroquímico”, y el nombre de seis empresas, da la bienvenida al complejo. Entre olores a cloro, a azufre o a putrefacción de los hidrocarburos, descansan, trabajan y, sobre todo, resoplan las antorchas y las chimeneas de ese dragón inmenso apodado El Gigante.
Excepto YPF, hoy las plantas que lo habitan son de capital privado transnacional. Ahí, dos grupos empresarios producen las resinas para la industria plástica. Uno es Petroquímica Bahía Blanca PBB-Polisur, propiedad 100% de la americana Dow Chemical. Es una de las petroquímicas más importantes del mundo la que compró estas plantas al Estado argentino, cuando el gobierno de Carlos Menem las privatizó. La llaman “La Dow”. La recuerda la historia como la empresa que, junto a Monsanto, fabricó el herbicida que usó Estados Unidos para matar a tres millones de vietnamitas y dejar medio millón de chicos con malformaciones: el famoso Agente Naranja.
El otro grupo, también privatizado, hoy es de capitales brasileños: Unipar Indupa. Sus plantas productivas son enjambres de cañerías de distintos diámetros que se entrecruzan y forman torres de destilación, por donde fluyen líquidos y gases.
Buena parte de nuestra vida moderna depende de lo que sale de aquí. Las resinas que produce El Polo son en polvo, o en millones de globitos livianos de color blanco – pellets- que compran las empresas plastiqueras y que funden a alta velocidad o con calor. Los pasan por grandes máquinas con moldes que escupen botellas de lavandina, cepillos de dientes, cajones de recolección de frutas, juguetes, armazones de anteojos, ropa de cuero sintético, paragolpes de autos, jeringas, tarjetas de crédito. El plástico de la vida misma.
Hasta las prótesis para el cuerpo humano, las válvulas para el corazón o los vasos
sanguíneos vienen de este lugar. El plástico convive con nosotros mucho más cerca de lo
que pensamos.
Otras cuatro empresas completan el escenario. Las plantas de TGS y de Mega SA, que producen etano, el insumo que usa Dow para las resinas. La empresa Profertil -mitad canadiense y mitad de YPF- fabrica fertilizantes de urea granulada. Y, al final del recorrido, a 30 cuadras de la ciudad de Bahía, está la refinería de la ex-Petrobras, que hace dos años compró el grupo holandés Trafigura. Allí se hacen las naftas, en la planta ubicada frente al barrio de vecinos Loma Paraguaya, y al Jardín de Infantes Nº 926.
Para quienes todavía trabajan en sus empresas, pertenecer a El Polo tiene sus beneficios. En mayo de 2019, un operario que entraba a Unipar Indupa sin antigüedad ganaba en bruto $70.000. Los beneficios son el 60% del salario básico. Son solo para los empleados estables. Los subcontratados -“los otros”- cobran menos, comen en otros comedores, tienen ropas y herramientas de seguridad de menor calidad, hacen las tareas de mayor riesgo. Los “unos” pertenecen al sindicato de Petroquímicos, los “otros” pertenecen a Uocra.
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¿Cuando El Polo paga, qué paga?
Al igual que el plástico, El Polo está metido en todas partes. Quien quiera conocer las intimidades del pueblo que vocifera contra El Polo, una de las personas señaladas para visitar es María Rosa – Tití – Sedrani.
Nativa de White, Titi inauguró en 1982 un salón de peinados -Mari Mau- en la calle Guillermo Torres, donde solo corta a caballeros: “Los varones son más fieles -dice, ajena a la corrección política-. “Si están conformes, no te abandonan”.
Alta, flaca, corte biselado con mechas rubias, Titi es mucho más que peluquera. Hoy, con 67 años, hijos, sobrinos y nietos, es una de las que luchan contra el avance de El Polo en el barrio. Para que nadie dude de sus ideas, en la puerta de la peluquería, Titi ató una sábana blanca con letras rojas que da la bienvenida: “Pan y trabajo, el Fondo al carajo”.
Con voz de cigarro, habla sin pelos en la lengua: “Cuando empezaron a llegar las empresas, no teníamos idea de lo que iba a pasar”. Lo primero que notaron en el barrio fue una rajadura en las casas por la obra de la central termoeléctrica, que hundió las napas de agua subterránea de baja profundidad -napas freáticas-. Dicen que succionaron agua, secaron las napas, y se deprimieron.
Lucharon muchos años. Soportaron leer informes técnicos que explicaban las grietas por la forestación y el asfalto, cuando no había calles pavimentadas. “A mi casa, la grieta la quebró en dos. Recién hace ocho años, después de pelearla 26, me dieron dinero para arreglarla”, se indigna Titi.
El gigantismo de El Polo llega hasta el Hospital Menor, al que le dona algún instrumento; avanza en las escuelas, en las que entrega material escolar a los chicos, y entra en el deporte: en el Club Huracán financió la cancha de pasto sintético, y la infraestructura de las canchas de inferiores. “Ellos, con esos programas de Responsabilidad Empresaria, se meten en todas las instituciones que pueden”, se lamenta Titi, y remarca que los aportes de El Gigante son arbitrarios: “Nosotros necesitamos que hagan en el hospital una sala para quemados, porque esto es una bomba de tiempo”.
No todos los vecinos están dispuestos a luchar como Titi. Muchos no quieren problemas: “Entre la radio LU2 -de la que fue muchos años periodista el intendente actual Héctor Gay- y el periódico La Nueva Provincia, les lavan la cabeza”, se lamenta la peluquera.
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“¿Señora, cómo podemos arreglar esto?”
En la familia de Juan Cruz Manfrendini, el joven que murió en el 2010 producto de una explosión, varios están vinculados a El Polo. Su papá Federico, hoy jubilado, trabajó en Indupa durante treinta años. El cuñado de Juan Cruz trabaja en una de las empresas de El Polo. Su hermano y su hermana trabajan en el restaurante de El Consorcio del puerto, vinculado a El Polo. Su primo político -Maximiliano Metz-, era jefe zonal de Camin Cargo Control, la empresa a la que El Polo subcontrata servicios, y es quien le consiguió el trabajo. En la práctica, su jefe.
Ese domingo 17 de octubre, el día de la tragedia, los Manfredini y los Metz almorzaban como festejo del Día de la Madre: Mónica y su hermana -esposa de Metz- agasajaban a su mamá. A las cinco de la tarde, un llamado telefónico paralizó la reunión: le avisaron a Maximiliano Metz que su primo había tenido un accidente.
Una hora antes, al dúplex de la calle Cuyo 1388, llegaba Juan Cruz en búsqueda de garrafas. Su primo y jefe, Maximiliano Metz, en pleno almuerzo familiar, lo mandó a tomar muestras de hidrocarburos a un buque que había amarrado en el puerto. Juan Cruz entró al departamento con el recorrido habitual: subió la escalera, abrió la puerta del cuarto donde almacenaban garrafas llenas y vacías, encendió la luz y, en una décima de segundo, una explosión lo envolvió en una sola llama. Consiguió bajar a la calle y un policía lo auxilió: “Me dio su celular y me dijo que llamara al jefe y le avise”, declaró después el oficial.
En la vida de Mónica todo cambió. Cuatro días de agonía de su hijo, en los que no se movió del hospital esperando un milagro. Por allí pasaron amigos de Juan Cruz, familiares, compañeros de trabajo. Todos opinaban: que en el dúplex había concentración de gases; que los vecinos se venían quejando del olor a podrido; que la culpa era de Metz; que el presidente de la empresa, Marcelo Camín, lo alquiló para vivienda y no estaba habilitado. Juan Cruz, decían, era una víctima de la tercerización y la precarización laboral.
Mónica discutía con ella misma. De todo eso, ¿qué era verdad?
El mismo día del entierro, Marcelo Camín, presidente de la empresa, viajó desde Buenos Aires a Bahía Blanca y la citó a Mónica en un hotel. Buscaba convencerla de que Juan Cruz había manipulado incorrectamente una garrafa, y no se había puesto las ropas reglamentarias. Al final, la pregunta que faltaba: “¿Señora, cómo podemos arreglar esto?”. Mónica mareada de dolor, y también indignada: “¿Arreglar, qué cosa?”, le dijo, “solo se puede arreglar si mi hijo vuelve a la vida”. En ese momento, juró pelear hasta conocer la verdad.
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Mónica Dambolena sabía que llegar a la verdad dependía de ella. ¿Podía su sobrino, Maximiliano, ser el culpable de la muerte de su hijo? ¿Por dónde empezar a investigar?
Las redes sociales le abrieron el camino. Un antiguo compañero de trabajo de Juan Cruz, por Facebook, la ayudó a entender. La casa matriz de Camin Cargo está en Texas, Estados Unidos, y tiene filiales en 15 países de América Latina, como se constata en la página web de la empresa. En Argentina, el presidente, Marcelo Camin, es sobrino del presidente general, Héctor Camin, de los Estados Unidos. Como se probó luego en el juicio, ese dúplex era un depósito clandestino. La empresa se ocupa de extraer y de guardar muestras de los hidrocarburos que venden Petrobras, TGS, Mega y Profertil, en resguardo de la calidad, por si los compradores reclaman. Cuando había que analizarlas en Buenos Aires, las mandaban por la empresa de pasajeros Plusmar, mintiendo sobre el contenido, para abaratar costos.
En los mails que estaban en la computadora de su hijo y que involucraban a Marcelo Camin, presidente de Camin Cargo Control SA, Mónica descubrió que para ahorrar dinero la empresa enviaba muestras explosivas de hidrocarburos en los micros de pasajeros.
Así empezó Mónica a descifrar los mails que estaban en la computadora de su hijo y que Maximiliano Metz mandaba a Marcelo Camin y a otros integrantes de la empresa: “En los últimos meses se han roto varias muestras de hidrocarburos, tanto en la terminal de Bahía Blanca como en el micro, como en Retiro; hasta aquí hemos tenido suerte, porque los operadores de encomiendas siempre me han creído cuando les digo que se trata de “agua de perforaciones contaminada”. Si en algún momento nos toca alguien con la más mínima idea de olor a nafta o textura de un gas-oil, sonamos. Ningún surveyor envía muestras por micro, todos tienen servicio privado para esos movimientos. Sin llegar a pensar en el incendio de un micro y todo eso, si nos hacen una denuncia, ni Cúneo Libarona nos salva”. Firmado: Maximiliano Metz.
El rompecabezas de responsables que Mónica empezó a armar llegaba al Consorcio de Gestión del privatizado Puerto de Bahía Blanca y a la Municipalidad. En la causa civil que luego iniciarán los Manfredini contra el Consorcio y contra la Municipalidad, patrocinada por el doctor Hugo Fernández, que todavía no tiene fallo, se les adjudica responsabilidad por no haber cumplido con su obligación de controlar el destino de las muestras de residuos peligrosos.
Más de 20 años llevaba El Polo en Ingeniero White. Otros trabajadores habían muerto en estas empresas. En septiembre de 2004, murió Nicolás Bernat, de 24 años, estudiante de Ingeniería Mecánica. Trabajaba para la contratista Narelco SA prestando servicios en la planta de Petrobras. La chispa de una amoladora alcanzó los productos con los que Nicolás limpiaba las piezas. En el 2010, murió Fabián Monterroso, a los 46 años, al caer en una pileta de agua caliente en la empresa ex Solvay-Indupa. Prestaba servicios para la tercerizada Desler SA. Murió con el 90% de su cuerpo quemado. En el 2011, Cesar Benítez, de 24 años, paraguayo, trabajaba para la subcontratista IGM. Murió sepultado en un pozo de más de 13 metros de profundidad prestando servicios en la empresa Louis Dreyfus. En el mismo año, murió Ariel Quinteros, de 40. Trabajaba en un tablero en la terminal Bahía Blanca del Puerto de Ingeniero White y recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en el 40% de su cuerpo. En enero de 2012, murió Pablo Díaz, con 32 años: trabajaba para la empresa contratista Vale. Un rayo cayó en una zona sin pararrayos. Dos operarios
sufrieron quemaduras; Díaz murió quemado. En el 2017, le siguió Darío Marillan. Trabajaba para una contratista de Cargill. Se dijo que murió por causas naturales.
Nadie se había metido con estas empresas hasta que Mónica Dambolena y la familia Manfredini decidieron pelear por justicia.
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El controlador que terminó quitándose la vida
En uno de los cuartos de su casa chorizo de la ciudad de Bahía Blanca, el 14 de octubre de 2012, un ingeniero agrónomo de 40 años, llamado Martín Negri, se pegó un tiro.
Trabajaba como inspector del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), del que depende la habilitación, supervisión, penalización o clausura de las empresas contaminantes. Martín Negri estaba encargado de los controles ambientales a las empresas de El Polo. En sus funciones, instruyó la clausura de la empresa Dow Chemical por escapes, registró denuncias contra Indupa, también contra Petrobras por sus deficiencias y por trabajar con una habilitación vencida hacía ocho años. El OPDS las desestimó.
La denuncia contra Petrobras anticipó una tragedia. En esa refinería de petróleo, el 10 de agosto de 2011, a la una de la mañana, murió Adrián Valente, con 44 años, por una explosión en la sala de descanso de los empleados. El accidente fue por una de las irregularidades denunciadas por Martín Negri, por la que había dictaminado la clausura de la empresa. Después de esta explosión, Negri fue relevado de su cargo, y más tarde despedido.
En marzo de 2012, el ingeniero agrónomo publicó una carta levantada por la red social Taringa! y por el blog Corrupción Argentina; algunos de sus fragmentos también fueron reproducidos por medios digitales locales y blogs. Allí, Negri denuncia el maltrato laboral que sufrió de su jefa, en el OPDS. A los siete meses de esa carta, Negri, que según dicen se sentía perseguido, se suicidó.
El ingeniero dejó grabadas en un celular Nokia las conversaciones que mantuvo con su jefa durante dos años. Ese material hoy lo tiene Leandro Aparicio, el abogado que llevó el caso de la muerte de Adrián Valente: “En las grabaciones queda claro cómo opera el OPDS. Martín Negri habla de los “cieguitos”, como los inspectores que, intencionalmente, pasan por alto irregularidades, y también de los “caranchos”, los inspectores que aplican a las empresas un sistema de presiones para no sancionarlas, a cambio de la entrega de sobres con dinero”, explica el abogado.
El caso de Martín Negri en poco tiempo estará en los cines. Aparicio se lo tomó muy a pecho y se transformó en el realizador integral de un documental ficcionalizado que se estrenará en las salas en el año 2021. El caso de la muerte del trabajador Adrián Valente fue archivado por el fuero penal: la ART determinó que Valente no estaba en su lugar de trabajo, por lo que no le correspondía indemnización. La Justicia encontró que la empresa no era responsable.
Las muertes laborales registradas en esos años tienen rasgos parecidos: los trabajadores prestaban servicios para alguna empresa tercerizada por El Polo y las condiciones de seguridad laboral no eran las adecuadas. Todas las demandas se cerraron antes de llegar a juicio. Algunos juicios fueron evitados por los acuerdos monetarios de las empresas con las familias obreras de los trabajadores muertos. Otras demandas fueron desestimadas y archivadas por los fiscales que encontraron al trabajador culpable por su muerte.
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Aguas que no has de beber
A las empresas, además, se las acusa de otros daños. Por ejemplo, de contaminar las aguas de la ría y de destruir el recurso pesquero. En los últimos tiempos, es común en la bahía pescar lenguados con manchas, peces sin ojos, sin aletas, monstruos marinos deformados por los desechos del mar. El abogado Lucas Beier es el patrocinador de las demandas judiciales de 51 pescadores: “En el 2009, iniciamos cuatro demandas contra las empresas Dow Chemical, Profertil, Petrobras, Mega, TGS y Cargill. Una de las demandas también es contra el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, contra Aguas Bonaerenses SA –ABSA– de la Municipalidad de Bahía Blanca y contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, todas por la contaminación de la ría”, aclara el abogado.
En septiembre de 2018, se publicó el veredicto de la pericia que encargó el juez a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Ratifica que las especies no son aptas para consumo humano por la cantidad de fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio. Muchos valores exceden hasta 140 veces los permitidos.
Recomienda a la Justicia prohibir inmediatamente la captura y el consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, prohibir que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre.
El aire también está enrarecido. Los vecinos de White viven con miedo por los desastres químicos. Las nubes tóxicas de cloro, los escapes de amoníaco y las explosiones de las petroquímicas alteraron sus vidas. El censo de salud del año 2012, organizado por la comunidad y dirigido por profesionales médicos y psicólogos, mostró una tasa de enfermedades respiratorias mayor de lo esperado, sobre todo en chicos de 6 años, que también tienen un mayor índice de diarreas. La frecuencia de abortos espontáneos resultó 14 veces mayor de lo esperado. Los médicos registran un aumento en los casos de cáncer en la ciudad, y en edades más tempranas. Para monitorearlo, están construyendo una plataforma para georreferenciar el cáncer.
A raíz del escape de gas cloro del 20 de agosto del 2000, producido por la empresa Unipar Indupa, los vecinos de White se organizaron para presentar demandas judiciales. El abogado patrocinante es el doctor Manuel Sáez: “Entre los años 2001 y 2003 se abrieron alrededor de 240 causas judiciales que demandan a las empresas PBB-Polisur, Solvay-Indupa y Profertil. Se reclama una indemnización por la desvalorización de las viviendas y un resarcimiento económico por el deterioro en la calidad de vida a causa de las enfermedades, los ruidos, los olores y los temores cotidianos”, pero todo va muy lento, aclara Sáez.
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“Lucho por justicia para Juan y para todos los juanes”
Durante nueve años y seis meses, el eje de las vidas de la mamá de Juan Cruz, de su papá, Federico, y del resto de su familia giró en torno al reclamo de justicia.
El primer acto público que marcó el camino fue a los 10 días de su muerte. El 1 de noviembre de 2010, en el cumpleaños 26 de Juan Cruz, Mónica y la familia llamaron a una misa, y convocaron a una marcha de silencio. Más de 300 personas recorrieron el centro de Bahía con pancartas que decían: “A Juan Cruz lo mató la precarización laboral”.
Desde que hablaron con el primer fiscal de la causa, Emilio José Marra, se dieron cuenta de que la pelea no sería fácil. “El fiscal nos dijo: «Manfredini, la justicia no es para los pobres, lo importante es lo que van a cobrar»”, recuerda Mónica. El mismo fiscal recomendó que el juicio fuera abreviado para los principales acusados: Maximiliano Metz y Marcelo Camin. Cuando la carátula es de Homicidio Culposo, la Justicia recomienda a los fiscales el debate oral. Un juicio abreviado evita el debate público y puede resultar en menor condena.
Mónica y Federico lucharon para cambiar de fiscal y encaminar la causa penal. Ellos se ocuparon de la investigación. Buscaron testigos, compañeros de trabajo, vecinos, policías, bomberos, secretarias, médicos y expertos en sustancias peligrosas que declararan en la causa. Recorrieron abogados, tribunales, expedientes. Mandaron cartas a la prensa. Se entrevistaron con funcionarios. Dieron notas a periodistas. Pidieron pericias. Presentaron informes.
Hasta el papa Francisco llamó a Mónica por celular para darle fuerza, después de que ella le mandara una carta.
En Bahía Blanca, organizaron más de 60 marchas. Homenajearon a Juan Cruz en la puerta del dúplex. Pintaron un mural en la esquina de Alfonsina Storni y Manuel Alberti, de Bahía. Empapelaron la ciudad con sus afiches. Lo que le había pasado a Juan Cruz les pasaba a tantos otros, en muchas empresas: “Yo lucho por justicia para Juan y para todos los Juanes que están precarizados como él”, dice Mónica.
Aunque no lo sabían, ellos también luchaban por un juicio emblemático. Al parecer, no se encuentran antecedentes. El director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, el abogado laboralista Horacio Meguira, afirma que no existen en el país empresarios privados condenados penalmente por muertes laborales.
El abogado laboralista Eugenio Biafore reconoce, al menos hasta el año 2014, un solo caso de Homicidio Culposo con condena efectiva por una muerte laboral, aplicada a las autoridades de la Universidad de Río Cuarto por la muerte de un trabajador estatal al explotar un laboratorio. En el caso de Camin Cargo Control, se trataba de llevar hasta el banquillo a un empleador privado acusado de una muerte laboral. A un empleador que, además, era contratista de El Gigante Polo Petroquímico de Bahía Blanca.
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El juicio y el veredicto
Según Fernández, abogado patrocinante de los Manfredini, un mes antes del juicio y por intermedio de sus abogados, Marcelo Camin le ofreció a la familia Manfredini US$70.000, que rechazaron. El 6 de mayo de 2019, a las 9.30 de la mañana, en el Palacio de Tribunales de la calle Estomba de la ciudad de Bahía Blanca, se abrió el juicio oral.
En la puerta de los Tribunales, un afiche lo hacía presente: “A Juan Cruz lo mató la precarización laboral: Pedimos justicia”. En la sala judicial del tercer piso, la mirada de Juan Cruz se proyectaba desde una pancarta y varias remeras. En el centro de esa sala, estaba el juez José Luis Ares dispuesto a abrir el juicio. A su espalda, una cruz y una bandera. A la izquierda, el acusado Marcelo Camin y sus dos abogados defensores. A la derecha, estaban los Manfredini, su abogado Hugo Fernández y el fiscal Gustavo Zorzano. Frente al juez, 30 asistentes que querían oír y acompañar. El cargo era por Homicidio Culposo.
Había citados 67 testigos por los Manfredini, parte querellante. Por la defensa de Marcelo Camin, un solo testigo: un perito.
Se declaró, se argumentó, se preguntó, se repreguntó. Los peritos, los policías y los bomberos fueron contundentes: en ese dúplex, había almacenadas garrafas con sustancias peligrosas e incompatibles; su mezcla era letal. Las garrafas no parecían cerradas herméticamente. Lo que se produjo la tarde del 17 de octubre de 2010 fue una deflagración: se mezclaron nitrato de amonio y fuel-oil, la misma fórmula química de la bomba que hizo estallar la AMIA. El oxígeno que entró al abrirse la puerta y el calor de la chispa al prender la luz produjeron la explosión seguida de llama incendiaria, que levantó una temperatura de 1200 grados.
La defensa de Marcelo Camin argumentó que todo había ocurrido porque Juan Cruz manipuló una garrafa incorrectamente y sin las ropas reglamentarias. El testigo que citaron lo respaldó con el análisis de su pericia: Juan Cruz estaba agachado, manipulando la garrafa. Los responsables eran Juan Cruz y su jefe directo, Maximiliano Metz. Pero el médico que trató a Juan Cruz fue claro: por la forma y la cantidad de quemaduras, se descartó que estuviese agachado, estaba parado.
Después de una semana de declaraciones, el 20 de mayo de 2019, a las 11 de la mañana, se leyó el veredicto que declaró a Marcelo Camin culpable del homicidio: por su responsabilidad en la empresa, por la imprudencia con la que actuó poniendo en riesgo al vecindario, por priorizar reducir costos antes que la seguridad de los trabajadores y por llevar a la muerte a Juan Cruz Manfredini.
Sin embargo, por no tener antecedentes y por haber dado la cara frente a los padres de la víctima, se le aplicaron 3 años de prisión, por lo cual así se dejó su ejecución en estado condicional. Además, 5 años de inhabilitación, 30 horas de cursos de seguridad e higiene y 50 horas de trabajos no remunerados a favor del Estado. También, el pago de una multa por $50.000.
Al mes fue condenado Maximiliano Metz, a 2 años y 9 meses de prisión, también con ejecución condicional, y 7 años de inhabilitación.
Los abogados de Marcelo Camin y de Maximiliano Metz apelaron a los fallos judiciales.
El empresario Marcelo Camin era contratista de las empresas de El Polo. Sin embargo, en todo el proceso penal, ninguna de estas empresas fue juzgada. Queda todavía por resolverse una causa civil en contra de ellas, del Consorcio del Puerto y de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Para Mónica, la mamá de Juan Cruz, el resultado no fue justo: “Veo que las empresas tienen más poder que el Poder Judicial. Yo, al perder a mi hijo, perdí la paz. Confiaba en que los culpables recibirían condena efectiva, pero la Justicia me quitó la esperanza. Lo que no pudieron quitarme es la fe: en algún momento, los culpables van a caer”.
Nota publicada originalmente en Revista Brando.
Acabás de leer una versión reducida de la crónica de Noemí Gioza Zuazua.

















