Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, destacó en FM De la Calle el aumento de pasajeros transportados durante el verano para el tramo Bahía Blanca-Constitución y evitó definiciones en torno a la recuperación de la vía Pringles.
El funcionario prefirió hablar de “la cantidad de pueblos que quedaron conectados”, como “Saavedra u otros pueblos que volvieron a tener una actividad” y adjudicó la baja del tren de pasajeros que pasaba por Sierra de la Ventana, Saldungaray y otras estaciones de la región a que la vía está “en mal estado. “Le corresponde (arreglarla) a Expreso Pampeano, compañía que tiene la concesión (…) yo dependo de que la vía la pongan en condiciones”, aseguró.
Aclaró que por el mismo motivo el viaje a Capital dura aproximadamente doce horas: “Es problema de la vía, hay que analizar bien las precauciones de velocidad que tienen ahí”. “No es muy lógico que una empresa de carga sea la concesionaria (del tramo de vía) y que pongan las velocidades cuando en realidad la prioridad siempre fueron los pasajeros”.
Orfila precisó que la autoridad de aplicación a la cual corresponde exigir inversiones en esos tramos es la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y las empresas concesionarias son Ferrosur desde Cañuelas hasta Olavarría y Ferroexpreso Pampeano de Olavarría hasta Bahía.
Orfila aseguró que cuenta con una plantilla de 23.000 personas, “es la empresa más grande del país en cantidad de gente”. Al ser consultado sobre el traspaso de trabajadores de Ferrobaires dijo que ” absorbimos más del 50%”.
“Cuando empezaron los servicios (julio 2017) eran cerca de 800 trabajadores, después el gobierno provincial se encargó muy bien de ofrecer planes de incentivo para retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, incentivos económicos en un plan de contención interesante; diría que la gran mayoría de la gente la aceptó”, opinó.
Los testimonios de trabajadores y usuarios recogidos por FM De la Calle mostraron el descontentó con la decisión gubernamental.
¿Qué servicios funcionan?
El servicio a Bahía Blanca se presta con formaciones cero kilómetro con aire acondicionado, amplios asientos, coche comedor con 48 plazas, baños adaptados con movilidad reducida y una biblioteca sobre rieles con más de mil libros para leer durante el viaje.
Los pasajes para el tramo completo Plaza Constitución-Bahía Blanca cuestan $750 en primera, $900 en pulman y $2626 en camarote para dos personas. Los jubilados tienen un descuento del 40%. Los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje, mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis. Además, en las compras a través de la página web las tarifas tienen un descuento adicional del 5%.
Días y horarios
Saliendo desde Plaza Constitución, lunes, miércoles y viernes 19:52 horas, llegando a Bahía Blanca a las 8:43 del día siguiente.
Saliendo desde Bahía Blanca, martes, jueves y domingos 19 horas llegando a Plaza Constitución a las 7:48 del día siguiente.
Puntos de venta y modos de pago
– Via web (con tarjeta de crédito y débito, 5%de descuento en la tarifa): a través de la página www.argentina.gob.ar/transporte-trenes-argentinos
– Boleterías (en efectivo, tarjetas de débito y crédito, hay que llevar DNI): Retiro, Chacabuco, Junín y otros 43 puntos del país.
(Enrique Gandolfo / CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego) El viernes 23, la presencia de Nora Cortiñas en la colmada aula magna de la Universidad Nacional del Sur magnetizó a la concurrencia con su palabra sencilla y profunda, con su emoción y su lucidez para comunicar esa enorme fuerza ética colectiva de las Madres de Plaza de Mayo, capaz de conformar una indestructible muralla de memoria ,verdad y justicia.
Una muralla que es a la vez puente hacia la multitud de jóvenes que ovacionaban a esa anciana mujer vital, vencedora del olvido y del rayo cruel de los asesinos y sus cómplices que le arrebataron a su querido Gustavo y a los y las 30 mil.
Nora es hoy la imagen fiel de ese huracán de brava ternura que conformaron las Madres para reclamar la aparición con vida de esa generación rebelde que luchaba por una sociedad sin explotadores ni explotados.
En la sala bahiense faltaba una mujer y su pañuelo blanco. La salud de Celia Korsunsky de las Madres de Bahía le impide hoy, ir a los lugares en la cual su presencia fue infaltable durante 37 años. Sentí la necesidad de decirlo en la sala porque la memoria es también reconocimiento de quienes han dejado una huella en lucha por los derechos humanos en nuestra ciudad.
Una huella indeleble de la cual bien vale recordar hoy, aquel día que Celia estuvo cara a cara con Alfredo Astiz, el verdugo a quien ahora el poder político quiere beneficiar con la “prisión domiciliaria”. Fue un 24 de marzo de 1995, año en que el presidente indultador Carlos Menem iba a conseguir su reelección.
En la Plaza Rivadavia se hacía el acto frente a la Municipalidad. Antes de comenzar vino un estudiante secundario a decirnos que había visto a Alfredo Astiz sentado en la mesa de un bar en la vereda de la calle Alsina, a la salida de la galería Plaza. A 60 metros del lugar donde se hacía el acto.
Si bien sabíamos que el genocida vivía en la ciudad fuimos a comprobar la veracidad del dato. Y efectivamente estaba allí, tomando un café y leyendo una revista. Se sentían impunes y nos provocaba, pese a que pocos días antes (3/3/95 “La confesión”, Página 12) otro marino que había vivido en Bahía, Adolfo Scilingo, había confesado su participación y la de los oficiales de la Marina en los llamados “vuelos de la muerte” de la dictadura.
Adelante iba Celia con su pañuelo blanco. No llegábamos a 100 los y las manifestantes dispuestos a producir en el centro de Bahía Blanca lo que Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio iban a impulsar en todo el país desde 1997: “donde no hay justicia hay escrache”.
Nos dirigimos entonces por la calle del lado contrario a la mesa del bar. Alguien lanzó la consigna “Astiz cobarde en las Malvinas, asesino en el país”. Cantarla nos daba fuerza para seguir y paso a paso nos acercamos a la mesa en un momento de tensión indescriptible.
El genocida no se movía, impasible fijaba la mirada en la revista. Vimos al dueño del bar con el teléfono en la mano, seguramente llamando a la policía. La calle Alsina se había paralizado. Muchos preguntaban que pasaba, quien era el hombre allí sentado.
Difícil saber cuánto tiempo se sostuvo el repudio. Pero como no recordar a Celia y su pañuelo blanco frente a Alfredo Astiz, sintetizando con su presencia la decisión colectiva de que no los íbamos a perdonar, no nos íbamos a reconciliar e íbamos a seguir pidiendo juicio y castigo.
Cuando nos fuimos otra vez a la plaza, no sabíamos lo que luego una foto develó: Alfredo Astiz después se va del bar con Salvador Fernández un periodista de la Nueva Provincia y Canal 9, quien vino en auxilio de su amigo.
La presencia de Nora, evocar a Celia nos sigue dando esa fuerza necesaria para decir lo que se cantó como consigna en el Aula y en la calle: cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas.
Y también para que a esta tardía reparación justiciera la acompañemos con la decisión de construir otra vez ese hermoso proyecto colectivo de emancipación y socialismo por el que lucharon los y las que cayeron.
El lunes 19 por la mañana, docentes y madres de la OIJBM realizaron una conferencia de prensa para exigir respuestas oficiales por parte del municipio respecto del inicio de las actividades. Asimismo, hicieron público un nuevo pedido de audiencia al intendente de la ciudad, Héctor Gay, luego de que desde la Secretaría de Políticas Educativas les indicaran que debían presentar “una nota por escrito si querían que se les concediera una entrevista”. Se trata de la séptima nota ingresada por Mesa de Entradas.
Posteriormente, tuvo lugar una reunión en el recinto del Concejo Deliberante en la cual ediles presentes se comprometieron a convocar a la funcionaria responsable del tema, Morena Roselló, quien hasta el momento no ha dado respuesta ante el pedido del deliberativo.
Hoy la comunidad de la OIJBM continua con su plan de acción: a las 9 y a las 18 horas montará una mesa (en la puerta del municipio y en la Plaza Rivadavia, respectivamente) para conversar con la gente y continuar con la campaña de firmas de puño y letra que se suma a las más de dos mil acumuladas en forma digital a través de la plataforma change.org.
Esta mañana Albin Cedeño, docente de la orquesta, se refirió en FM De la Calle sobre la colecta de firmas y el plan de acción. A la tarde, además, se anuncia un concierto de la orquesta, luego de dos años sin funciones.
Fuente: Unión de Músicos del Sur
Con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó tres nuevos informes con datos estadísticos sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país. Se trata del Informe estadístico, el Dossier de sentencias -actualizados a marzo de 2018- y el Informe de Trayectorias temporales, donde se publican datos construidos a partir del análisis de los tiempos de las causas, que incluye información a diciembre de 2017.
El 2017 se caracterizó por la cantidad de sentencias dictadas. Fueron 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006. En total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas.
Durante el año pasado se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates. Entre otras, concluyó la causa ESMA Unificada. Tras cinco años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y el veredicto tuvo por primera vez acreditado la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”.
También finalizó el debate oral “Operativo Independencia I” -donde se investigaron los crímenes cometidos contra 270 víctimas ocurridos en la provincia de Tucumán a principio de 1975-, la megacausa “Juicio a los Jueces” en Mendoza –en la que se juzgó hechos cometidos por ex integrantes de la Justicia Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía provincial y la Policía Federal contra 170 víctimas- y la “Causa de los Magistrados” en Córdoba -donde se condenó a ex magistrados provinciales por hechos contra 75 víctimas-.
Datos generales de la situación de las causas
La Procuraduría evaluó que, aunque el total de sentencias de 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras.
Según el Informe Estadístico realizado por la Procuraduría, a marzo de 2018 se registran un total de 599 causas en trámite, en las que son investigados 2485 personas por delitos de lesa humanidad.
Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.
Estado procesal de las causas por delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, las causas que ya se encuentran elevadas a juicio suman 103, pero hasta el momento sólo respecto de seis se dispuso la fecha de inicio del debate. A la fecha, únicamente se encuentran en juicio 15 causas: 12 en la etapa de debate oral y 3 en la de plenario -en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal-.
Por ejemplo, la causa “Ford” en San Martín (provincia de Buenos Aires) es una de las que actualmente se encuentra en etapa de debate, después de transcurrida más de una década desde el inicio de las actuaciones. La investigación sobre los hechos sufridos por los obreros de la automotriz empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal. En 2006, la causa fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín. Pero recién siete años después fue reactivada y elevada a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.
Nueva metodología de análisis: “trayectorias temporales”
Con el objetivo de conocer y medir las demoras en los tiempos procesales, durante el 2017 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desarrolló una herramienta que permite calcular el promedio de tramitación de causas en todo el país. El concepto se denomina “trayectoria temporal”, y fue presentado a través de un Informe donde por primera vez se dan a conocer los resultados del análisis respecto de las causas por delitos de lesa humanidad.
El análisis de los tiempos procesales en las causas por delitos de lesa humanidad permitió un doble resultado, estratégico para el trabajo de la Procuraduría. Por un lado, permitió conocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones, y al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses.
Además, se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales. Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora.
El Informe también analizó los tiempos desde un corte sincrónico, considerando las trayectorias temporales de las sentencias de 2017. Por ejemplo, la causa que menos tiempo demandó es uno de los tramos de “Campo de Mayo”, mientras que la que cuenta con una mayor trayectoria temporal es “Esma Unificada”, con un total de más de 10 años transcurridos entre el primer requerimiento de elevación a juicio y la publicación de los fundamentos de la sentencia.
Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina
Informe Estadístico sobre el Estado de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Argentina
El Tribunal en lo Criminal Nº3 condenó a prisión perpetua a Marcelo Camarero “por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y violencia de género, femicidio”, de Liliana Díaz Benítez.
La pena fue la solicitada por Viviana Lozano, abogada de la familia de la víctima, y el fiscal Mauricio del Cero. El abogado defensor Yamil Castro Bianchi había pedido que se lo declare inimputable o en su defecto se lo condene por homicidio simple.
La semana pasada, durante tres audiencias se escucharon testimonios de familiares, amistades y peritos que actuaron el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego, donde ocurrió el crimen.
Ni el femicida ni su abogado estuvieron durante la lectura del veredicto de la jueza Daniela Castaño y los jueces Eduardo D’Empaire y Hugo De Rosa.
Declaraciones después de la sentencia
Rodrigo D’Annunzio, ex pareja de Liliana: “Desde el primer momento confié mucho en mi abogada y la justicia, esta justicia ejemplar que todos queríamos […] para que Lili descanse en paz”.
Viviana Lozano, abogada: “[El fallo] es lo que vinimos a buscar, nos llevamos una sentencia condenatoria a prisión perpetua con la figura de femicidio”.
Elbio Díaz Benítez, hermano de la víctima: “Se hizo justicia, la única forma que pedimos fue la ayuda de los fiscales, y nuestra abogada. Mi agradecimiento profundo a la justicia argentina. […] Agradezco a la gente que está acá. […] Es un consuelo”.
Néstor Alende, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios de Bahía Blanca se refirió esta mañana en FM De la Calle a las actividades convocadas en el marco de 42º aniversario del último golpe cívico-militar.
“Como todos los años desde la Comisión convocamos a una reunión amplia, con distintas organizaciones, partidos, agrupaciones, sindicatos y paralelamente hubo también otro encuentro con otras organizaciones con la intención de lograr una unidad aunque sea provisoria, por decirlo de alguna manera, para este 24 de marzo y poder marchar juntos al menos algunas cuadras”, explicó.
Agregó que, “lamentablemente, como pasa año tras año a pesar de nuestros intentos, esto no ha sido posible por la negativa del otro sector. Nosotros entendemos que cualquier agrupación de derechos humanos tiene que ser independiente de los partidos políticos y del gobierno de turno”.
Ayer se hizo pública una Carta Abierta a la cual adhirieron varias organizaciones que coincidieron, “primero, en el recuerdo de los compañeros detenidos desaparecidos, en la exigencia de cárcel a los genocidas, en el repudio en la intención de liberar a los genocidas, a la doctrina Chocobar (…). Son los puntos principales por los cuales nosotros pudimos lograr un espacio de unidad entre diversos actores del campo popular”.
Respecto de la convocatoria planteada para este sábado agregó que harán una marcha que terminará en la ex Plaza del Sol donde se leerá un documento consensuado entre las organizaciones que convocan al acto y se realizarán intervenciones culturales.
Hoy más que nunca:
¡¡¡30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, PRESENTES!!!
UNIDAD contra la IMPUNIDAD
Este 24 de marzo, a 42 años del golpe cívico militar que dio inicio a la etapa más oscura de nuestra historia, nos encontramos inmersxs en un contexto donde las políticas neoliberales implementadas desde el gobierno macrista y sus aliados, políticos, sindicales y del campo de la cultura y la comunicación continúan y profundizan su avance sobre los derechos de nuestro pueblo.
En materia de derechos humanos la política oficial de desandar el camino recorrido por la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, suma variados atropellos sobre los mismos. Solo basta con recordar el apriete judicial sobre las Madres de Plaza de Mayo; las prisiones domiciliarias a los genocidas; las declaraciones de Nicolás Massot pidiendo “reconciliación”; el proyecto de convertir campo de mayo en un parque nacional; el intento de reducción de las condenas a través de la aplicación del 2×1, el renacimiento de la doctrina de los dos demonios y la desaceleración de los juicios entre otros.
Pero no solo estamos en presencia de un ataque a la memoria de lxs 30000, sino de una ofensiva política y cultural para legitimar e intentar legalizar una avanzada represiva que tuvo sus casos paradigmáticos en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato por la espalda a Rafael Nahuel por parte de Gendarmería y Prefectura en connivencia con el Poder Judicial y gubernamental.
La ola represiva alcanza a la encarcelación de militantes; a las golpizas y detenciones en marchas y a la persecución del pueblo mapuche, por mencionar algunas. Dicha escalada, es propiciada desde las más altas esferas del gobierno, cuando el propio Mauricio Macri recibe y elogia al accionar del policía Chocobar, inaugurando una “nueva doctrina” en la cual las fuerzas represivas tienen luz verde para la violencia institucional, la tortura y el gatillo fácil, como en el caso de Facundo, un chico de 11 años asesinado en Tucumán por las balas de la policía.
Con la misma matriz ideológica liberal de la dictadura en lo económico y lo social, resulta imposible no recurrir a la represión lograr los objetivos de destrucción del empleo, de ajuste sobre los sectores más vulnerables y de disolución de la organización social y política que pueda hacerle frente. Consecuentemente, proponen borrar la historia y terminar con las organizaciones populares, principalmente las sindicales.
Entendiendo que la unidad debe contemplar la diversidad de trayectorias y de proyectos cuando la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en riesgo y que los derechos humanos del presente son vulnerados en cada represión, en cada femicidio y en cada encarcelamiento por causas política, necesitamos el ejemplo de la lucha de nuestrxsdesaparecidxs y militantes que nos antecedieron. Ellxs identificaron claramente donde estaba el enemigo y lograron anteponer en los momentos más difíciles en el país y en exilio, la solidaridad por sobre el sectarismo, la concordia frente al disenso y la unidad de acción entre los diversos proyectos.
Sigamos con su ejemplo y sus banderas en alto, profundizando experiencias que nos han unido en estos últimos años, tales como la lucha conjunta frente a los tarifazos; la marcha en contra del 2×1 y las protestas masivas por la derogación de la Ley de Medios, la prisión de Milagro Sala, el intento de asesinato de la dirigente social Julia Rosales, en contra la reforma previsional y frente a la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
También destacamos que fue esta unidad la que logro que al genocida Etchecolatz, quien fuera hallado culpable de delitos de lesa humanidad, pero también apuntado como el responsable ideológico de la segunda desaparición de Jorge Julio López, se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en diciembre del año pasado.Pero lamentablemente,se supo a horas del 24 de marzo que el gobierno amenaza con dar domiciliaria a Alfredo Astiz, contodo lo que eso significa, un genocida represor y femicida que encarna lo más siniestro de ladictadura. Son 700 los represores que están en sus casas y el único lugar para ellos es lacárcel ypara lograrlo necesitamos UNIDAD.
En el ámbito local, sabemos que este año seguirá habiendo dos actos. Esta realidad nos impone la tarea y el esfuerzo para lograr confluir en una sola manifestación en memoria de nuestros 30.000; porque frente a esto tenemos el avance del gobierno de Mauricio Macri y sus aliados sobre nuestras conquistas. Somos conscientes que en los sindicatos, los centros de estudiantes, y las propias organizaciones políticas, sociales y territoriales las bases vienen impulsando la necesidad de la unidad en estas fechas. Este es un claro mensaje que debe interpelar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar las mismas.
Por eso sentimos que debemos dar una clara demostración de unidad en la calle, el lugar donde siempre defendimos los derechos humanos y donde le arrancamos a los gobiernos los juicios a los genocidas, y donde ya derrotamos en el pasado el intento no novedoso de los sectores de poder, de dar vuelta de página. Este es el desafío que enfrentamos y que obliga a la práctica de nuestra humildad y solidaridad por sobre cualquier otra cuestión.
En este sentido y para finalizar, entendemos como un sentido de unidad acompañar, adherir e impulsar la participación de nuestro pueblo en las siguientes actividades:
– Jornada de Reflexión que se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca el próximo jueves 22 a las 10 horas.
– Charla debate con Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Aula Magna UNS (Av. Colón 80) – viernes 23 de marzo 19 hs.
– Acto en el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” – Comando Quinto Cuerpo de Ejército (Camino La Carrindanga) –sábado 24 de marzo – 10 horas.
– Todas las actividades de movilización que se realicen en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado.
LA CALLE ES UNA SOLA Y ESTE 24 TENEMOS QUE ESTAR AHÍ MAS QUE NUNCA
¡Unidad contra la Impunidad, en la demora está el peligro!
¡30.000 compañerxsdesaparecidxs, Presentes!
Adhieren hasta el momento (miércoles 21 – 12 horas)
Cardumen
Nueva Universidad UNS
ADUNS
Comisión de Apoyo a los Juicios
Conducción del CEHum
CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego
Kolina Bahía Blanca
CTEP
Movimiento Evita
Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo
BloqueHache Humanidades
CEINA – Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América del Departamento de Humanidades UNS
UmSur
AsTraMyC
APYME
SECASFPI
CTA Pcia. de Buenos Aires
Patria Grande Bahía Blanca
Mala Junta Bahía Blanca
CCC Corriente Clasista y Combativa
MIJP Movimiento independiente de jubilados y pensionados
MUS Movimiento de Unidad Secundaria
FNC federación nacional campesina de Villarino
Obreros rurales de la cebolla
Mujeres Bahia Blanca
PCR Partido Comunista Revolucionario
PTP Partido del Trabajo y del Pueblo
JCR juventud comunista Revolucionaria.
Partido Comunista
Federación Juvenil Comunista La Fede
Asociación Argentina de Actores
Iglesia Metodista
Cura en Opción por los Pobres
Colectivo Pueblo en Lucha
Nuevos Vientos
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Bahía Blanca – Daireaux
CONAT – Corriente Nacional Agustín Tosco
Libres e Iguales. Publicación Colectiva
Agrupación El Kincho
Caritas Arquidiocesana Bahía Blanca
Bahiensas Feministas
Voluntariado de jóvenes y memoria Bahía Blanca y la zona
FM De la Calle
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El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó la central el sábado en Mar del Plata.
Aseguró que recibieron apoyo de varios sectores: “Estamos hablando con la CGT, movimientos sociales, otras organizaciones de defensa de los intereses de los usuarios, corrientes de izquierda como la del ‘Pollo’ Sobrero. La idea es conformar un frente común para enfrentar esta política que tiene una expresión clara en términos económicos y sociales”.
Sobre los dichos de Hugo Godoy, titular de ATE y referente de otro sector de la CTA-A, respecto a que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”, Rigane afirmó que “el congreso contó con la presencia de más de 25 centrales sindicales del mundo que estuvieron presentes acompañando a nivel regional y nacional”.
“Han decidido alejarse de la CTA-A y conformar su propio espacio, algo a lo que tienen derecho. Es un grupo encabezado por ATE Nacional, Visitadores Médicos y otras organizaciones que hace mucho tiempo dejaron de participar y aportar a la CTA Autónoma, produciendo un desfinanciamiento. […] Si nos basamos en el tema estatutario ya hace mucho tiempo dejaron de pertenecer a la central porque dejaron de cumplimentar las exigencias que tienen cualquier entidad afiliada”, dijo.
En cuanto a la posibilidad de una confluencia con la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky, Rigane afirmó que ambas están en procesos electorales propios aunque eso “no quita que entre las dos CTA sigamos trabajando para la posibilidad de una unidad orgánica en algún momento; no hay que descartarlo pero hoy no es la prioridad”. “Yasky representa un proyecto político partidario, el kirchnerismo, nosotros somos respetuosos mientras que no se convierta en un posicionamiento institucional que son los problemas que tuvimos en el 2010”.
Al ser consultado por la diferencia entre unidad gremial y unidad política explicó: “Nos consideramos y creemos que el movimiento obrero debe ser autónomo de los partidos políticos de los patrones; es una regla de juego institucional sea quien sea el gobierno. Cachorro Godoy no puede hablar de eso porque pertenece a Unidad Popular y es presidente del partido de la provincia de Buenos Aires. Tiene una contradicción flagrante que la lleva incorporada entre lo que dice y lo que hace”.
“(La unidad) tiene que tener un nuevo nivel de progreso, hasta ahora ha sido unidad en acción, importante, significativa, nos ha permitido estar en la calle junto a otros sectores reivindicando las mismas cosas, pero ahora tiene que tener un plan de acción y la primera iniciativa tendría que ser un paro nacional”.
La Asociación de Profesionales de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo con integrantes del gabinete municipal y acordaron continuar las negociaciones paritarias este miércoles a las 16:30.
Luego del anuncio unilateral de la comuna de incrementar los salarios en un 5% a partir de marzo a cuenta del arreglo final, el secretario gremial del STM, Federico Anselmi, aseguró “planteamos en la última reunión con Elisa Quartucci, pedir como cláusula gatillo una recomposición de lo que había sido la inflación de enero y febrero (4,9%) porque no se había cerrado la paritaria 2017”.
Según Anselmi “hay una diferencia entre lo que dice el intendente, lo que manifiesta el sindicato y lo que está plasmado en el convenio colectivo de trabajo: la paritaria debe ser anual dentro del año calendario enero-diciembre. Mañana en la mesa de paritarias lo que vamos a plantear es que el 5% tiene que ser retroactivo al mes de enero”, ratificó.
Ayer, la Municipalidad estuvo representada por Compagnoni y Anselmi dijo que hubo “diferencias de opiniones con respecto a la última reunión de paritarias donde ya había una hipótesis de conflicto por los puntos que no se habían hecho efectivos en enero como decía la paritaria del año pasado. Consensuamos hacer una nueva reunión mañana, donde se comprometió a traer una respuesta respecto a estos planteos y respecto a la paritaria 2017.
Este año plantearán “el número que nosotros suponemos que debe ser de incremento salarial y empezar a tocar distintos temas como condiciones laborales que se plantearon a principio de año y deberían ser monitoreados en la mesa de paritarias. […] Vamos a pedir un 20% en 4 cuotas y hacer una revisión trimestral para ver si vamos acompañando la inflación o estamos por debajo”, aseguró.
Por otro lado, al consultarle sobre el cambio de sistemas de parquímetros explicó que no hay personal suficiente para cubrir la zona “si la amplias en casi un 100%”. “Ni ustedes ni la ciudadanía tienen muy en claro el sistema nuevo. Nosotros estamos en la misma, no tenemos muy en claro cuál es el sistema de control. Sabemos que la gente que ayer controlaba diez manzanas hoy tiene que controlar veinte”.
“Creemos que es insuficiente el personal, los móviles, todo lo que tiene que ver con el control. [Los agentes] no tienen la capacitación suficiente para llevar adelante el control. Me parece que todavía no estamos en condiciones, empleados municipales (gente de control de tránsito de Sapem parquímetros), de llevar adelante de manera satisfactoria lo que es el control del nuevo sistema de estacionamiento. Extraoficialmente, charlando con algún compañero, me dicen que no hay control de la zona de parquímetros, no tienen órdenes todavía de hacer algún tipo de control como para hacer una infracción”.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) anunció mediante el Boletín Oficial la derogación de los reglamentos de las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA. La resolución se publica a tres días del cierre de presentación de proyectos y generó consultas del sector comunitario e indígena ante la Defensoría del Público: manifestaron su preocupación ante la incertidumbre sobre la ejecución del fondo.
La Resolución 1803/2018 del ENaCom, publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, deroga las resoluciones 415, 416 y 550 que establecen los reglamentos para las líneas 3, 4 y 5 del Fondo de Fomento Concursable de la Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de las convocatorias para proyectos de producción radiofónica y producción audiovisual, cuya fecha de cierre estaba pautada para el 23 de marzo, y de proyectos de gestión, con fecha para el 2 de mayo.
La Resolución Sintetizada, que lleva la firma del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel Ángel De Godoy, no da precisiones sobre la continuidad de la convocatoria, sobre nuevos plazos o posibles modificaciones a los reglamentos. En el texto completo de la resolución, publicado horas más tarde, se puede leer que se deja “sin efecto el proceso iniciado” y da intervención a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENaCom para adecuar los reglamentos de convocatoria de las tres líneas abiertas del FOMECA.
Explica en el mismo texto que, por recomendación del Ministerio de Modernización, las modificaciones apuntan a evitar que para la presentación de proyectos se solicite información ya requerida en trámites previos. Cita también la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 8 de febrero de 2018 que “efectuó una serie de consideraciones (…) de las cuales se concluye la importancia de fortalecer los mecanismos tendientes a controlar la administración y ejecución de los fondos públicos”.
En enero de 2018 se había publicado, con un año de retraso, la convocatoria a las líneas 3, 4 y 5 del FOMECA correspondiente a 2017. El procedimiento administrativo para la presentación de proyectos presentó modificaciones sustanciales respecto a convocatorias anteriores y la Defensoría del Público puso en marcha un intenso proceso de acompañamiento para facilitar a las organizaciones beneficiarias la comprensión de la plataforma online y los requerimientos para la presentación de proyectos. Las capacitaciones que brindó la Defensoría en estos meses abarcaron a 120 organizaciones de todo el país. En los encuentros y consultas telefónicas se evidenciaron falencias de diverso orden en el procedimiento de Registro y presentación de proyectos. Algunas de estas deficiencias, y las consecuentes recomendaciones, ya habían sido manifestadas al el ENaCom en la nota N° 740/2017 de la Defensoría del Público y otras se expresan en el informe que recoge el proceso de acompañamiento que se puso en marcha en noviembre de 2017.
Las modificaciones que anticipa la Resolución se anuncian sin que mediara aviso a la Defensoría del Público ni a los sectores beneficiarios del FOMECA y generan incertidumbre sobre la continuidad del fondo, a tres días del cierre del plazo de presentación de proyectos en las líneas de producción radiofónica y audiovisual.
El FOMECA es el fondo creado en el artículo 97 inciso f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09, que destina 10% de los fondos recaudados mediante el pago de gravámenes al fortalecimiento de “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”.
La suspensión del FOMECA perjudica el fortalecimiento de medios y proyectos de comunicación que promueven la participación de las audiencias. Por tratarse de medios sin fines de lucro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró necesario el acompañamiento del Estado y los FOMECA se constituyeron en una herramienta para cumplir ese objetivo.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentará un informe con la descripción de los inconvenientes del sistema de registro FOMECA que se verificaron durante las capacitaciones realizadas con medios beneficiarios. Asimismo, instará al organismo competente a convocar con urgencia a todas las líneas de fomento previstas por la Ley 26.522.
Fuente: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La CTA Autónoma se divide y encara la renovación de sus autoridades con caminos alternativos. El secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, se refirió en FM De la Calle al congreso que realizó su sector. “El próximo espero que haya muchos mas comensales que el viernes y que podamos consolidar el avance hacia un proceso electoral convocado para el 8 de agosto”, aseguró.
Godoy remarcó que están “muy satisfechos del congreso extraordinario donde definimos ratificar la CTA Autónoma como la organización que vamos a seguir fortaleciendo y desde allí proponer la unidad y la lucha contra las políticas gubernamentales. Para ello es que convocamos a una nueva medida de fuerza en la primera quincena de abril”. Afirmó que “hubo un solo congreso el día viernes” con 410 de 656 congresales, mientras que el sábado la plenaria (de Micheli) reunió a “poco más de un centenar de congresales”.
Sobre Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, dijo que “se empeña en querer decidir las cosas solo y dando la espalda a la mayoría de los dirigentes y militantes de la CTA”. Por esto es que buscan fortalecer al sindicato “como una central que aporte a la unidad de los trabajadores desde una propuesta de nuevo modelo sindical y queda reducida a su mínima expresión esa idea de que la unidad se hace por arriba entre dirigentes sin garantizar una propuesta de cambio a un modelo sindical que en la Argentina está caduco”.
Godoy aseguró que “hay que parar a Macri y al mismo tiempo construir una unidad del movimiento popular que pueda generar una alternativa que no sea repetir las experiencias del pasado reciente. Fueron los errores del gobierno que asumió en el 2003 el que nos llevó a este presente de herencia de Macri”.
El dirigente comentó que “la unidad no tiene que estar solamente reflejada en los sindicatos y las organizaciones sociales, tenemos que abrir un abanico de otros sectores para poder plantear alternativas verdaderamente integradoras. […] Necesitamos construir una alternativa: en la lucha de los trabajadores, pueblos originarios, campesinos, vastos sectores de la cultura, la educación, el estudiantado, el pequeño y mediano empresario, hay condiciones para construir esa unidad” concluyó.
Luego del rechazo manifestado por las comunidades educativas afectadas por el cierre de bachilleratos que había anunciado el gobierno provincial, el viernes la Dirección de Secundaria en La Plata firmó un acta en la cual se compromete a dar marcha atrás con la medida. Sin embargo, desde Suteba advierten que la resolución sigue en vigencia.
La secretaria general del gremio en Bahía Blanca, Ana Canullo, expresó a FM De la Calle que “de todas formas, creo que esto es un poco más complejo porque la resolución todavía no se derogó y tampoco creemos que tengan la voluntad de hacerlo. O sea, esta situación de que todos los bachilleratos de adultos pasen a la órbita de la Dirección de Adultos y dejen de pertenecer a secundario sigue estando”.
“Lo que aparentemente se pudo frenar es el tema de que no se cierren este año los primeros años, que estos primeros años van a pasar a la órbita de los CENS. Los primeros pasan a los CENS pero seguirían funcionando en los mismos lugares que son los bachilleratos de adultos. Lo que nos dijeron es que no se cierran, aparentemente los docentes no pasarían a disponibilidad (…). La verdad que creemos que el gobierno de alguna forma tenía que dar cuenta de esto que estaba pasando”, expresó.
Consultada sobre cómo funcionaría en lo concreto esta nueva conformación y como sería el traspaso de estos bachilleratos a los CENS, Canullo comentó que “en Bahía Blanca hasta ahora, son cinco los CENS que hay cuando bachilleratos de adultos hay catorce. Entonces, habría que ver de quién dependerían todas las escuelas que están en los barrios, a qué CENS corresponderían”.
“Tenemos que ser cuasi inflexibles en el tema de la calidad, de la presencialidad, porque esto era algo que nos preocupaba muchísimo, tiene que ver con que los chicos vayan a los cursos, donde haya un profesor o una profesora, con compañeros, en una escuela. Bueno, eso es lo que nosotros queremos garantizar y debemos garantizar porque no era la oferta. La oferta era directa y eran tres días de clase, dos no; o como los Fines que son mensuales”, manifestó.
Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña informara que el Estado destina 130 millones de pesos a sostener a la Iglesia Católica desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto para derogar las normativas que así lo establecen. La mayoría de ellas corresponden a decretos de dictaduras militares.
La diputada nacional Nathalia González Seligra dijo a FM De la Calle González Seligra que “por un lado tenemos un Estado laico, el artículo 2 de la Constitución Nacional plantea que el Estado tiene que sostener a la Iglesia Católica en términos generales (esto no significa económicamente)”. Por otro lado, los decretos de la dictadura cívico-militar sí plantean en términos de remuneraciones: “sueldos a los obispos, jubilaciones de privilegio (que equivalen al 80% de lo que cobra un juez nacional)”.
Este gasto de 130 millones de pesos “en el marco de que estamos atravesando una crisis que el propio gobierno reconoce, teniendo que ajustar las cuentas fiscales, con el debate de si tiene que haber aumento o no alrededor de las paritarias de los trabajadores… nos parece que hay que discutir seriamente que el Estado nacional no puede seguir sosteniendo a la Iglesia Católica, más allá de la libertad de culto que sí es legal y defendemos en nuestro país”, aseveró.
Explicó que tiene implicancias legales ya que la Iglesia es reconocida desde 2014 -en una reforma del Código Civil- como persona jurídica. Es decir que “la Iglesia en términos civiles y económicos tiene un trato diferente a cualquier otra organización no gubernamental del país”.
Sobre “la millonada de pesos que el Estado destina a los obispos” agregó que también tiene implicancias políticas “porque es una institución que tuvo complicidad en la dictadura. Y que hay muchos “cuestionamientos abiertos alrededor del trato que han tenido desde Mendoza al Próvolo sobre abusos de niños hasta el cuestionamiento por la injerencia política que tienen en la educación y salud. Desde ese punto de vista también creemos que debe separarse a la Iglesia del Estado, y en términos económicos implica derogar estos decretos”.
Respecto a la respuesta del sector eclesiástico -aseguraron que no son salarios lo que perciben sino una asignación para el sostenimiento de los obispados-, González Seligra ratificó: “Acá se está debatiendo que son sectores de la Iglesia que están sostenidos por el Estado mientras hay millones de trabajadores que ni siquiera llega a un salario de 10 mil pesos cuando la canasta familiar está en 17 mil pesos, entonces ¿por qué sostener a la iglesia mientras hay trabajadores bajo la línea de pobreza?”.
(Facundo Muñoz – FM De la Calle) El próximo jueves a mediodía se conocerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Liliana Días Benítez, ocurrido el 8 de junio de 2016 en Cnel. Dorrego. Este viernes el fiscal Mauricio del Cero y la querella pidieron prisión perpetua para Marcelo Camarero. “Mató porque quería matar”, dijo la abogada Viviana Lozano. El defensor solicitó que se lo declare inimputable y afirmó que otorgarle la prisión perpetua sería como aplicarle la pena de muerte. El femicida se negó a declarar.
Del Cero argumentó que, por un lado, debe valorarse si realmente el imputado fue afectado por un trastorno mental transitorio y, por el otro, si es culpable y, por ende, le corresponde la calificación de homicidio simple.
Comentó que “el estado depresivo no se probó” porque “jamás en la causa se pidió una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado” y porque “Camarero no presentaba una patología psicológica o psiquiátrica orgánica previa”.
En relación a la ingesta de alcohol con pastillas que subrayó la defensa durante todo el proceso, Del cero sostuvo que está “absolutamente convencido que en este juicio no hay una sola prueba de ello. Antes, durante y después del hecho Camarero tomó muchas decisiones. De lo que sí podemos estar seguros, es que el arma la sacó del auto y la llevó a su casa”.
Del Cero citó mensajes enviados por Camarero a sus amigos con referencias a Liliana, por ejemplo, “se hace la perra y yo soy el Rottweiler” o “estoy a un centímetro de que se me vuele la térmica”.
“Si pegarle un tiro en la sien a una mujer no es un hecho de violencia de género, no sé lo que es”, manifestó el fiscal antes de pedir la pena de prisión perpetua para Camarero.
La abogada de la familia de Benítez, Viviana Lozano, dijo que “cualquier persona es una cosa para Camarero. Camarero pensaba de Liliana ‘es mía o no es de nadie’ y lo aplicó”. Respecto a la alevosía, la querella recurrió al fallo de la jueza Baquedano por el femicidio de Micaela Ortega y afirmó que “el disparo fue entre 3 y 5 centímetros, alevosía total y absoluta, Camarero tenía en claro lo que iba a hacer”.
Sobre la situación de violencia de género de la víctima, Lozano explicó a partir de declaraciones de familiares y amigos de Liliana que “tres personas dijeron de la mano vendada, tres respuestas distintas. Tres respuestas distintas, típico de una mujer golpeada”.
“No hay duda de que Camarero mató porque quería matar”, expresó para pedir la pena máxima, la reintegración del dinero que Camarero le debía a Liliana y que se revalúe la declaración de Sebastián Buciarelli, por falso testimonio.
Finalmente, el abogado defensor, Ignacio De Franco, manifestó que “en el último mes y medio” su asistido “no era normal” debido al consumo de alcohol en exceso. Negó que el imputado haya sido pareja de la víctima según los requisitos establecidos en el Código Civil y en cuanto al agravante por violencia de género opinó que “no podemos acreditar un hecho de violencia”.
El defensor solicitó al tribunal que declare inimputable a Camarero dado que “si es condenado por uno de estos delitos tendría menos beneficios que un represor de lesa humanidad”. Asimismo, pidió la nulidad de la acusación, de la pericia balística y del celular. “Aplicar la pena perpetua a Camarero sería aplicarle la pena de muerte, prohibida en nuestro país”, concluyó.
La declaración del último testigo
Andrés Ranieri, conocido del imputado, contó que el día del hecho había estado al mediodía con Camarero y que notó que “andaba muy bajoneado” y que “siendo las 9 de la noche me llama Andrés Pinto diciendo: ‘Llamá a Cabeza que se mandó una cagada’. Después él (Camarero) me llamó diciendo: ‘la maté, la maté, la maté’. ¿A quién? -le pregunté- ¿a la rubia (su ex pareja) o a la negra (Liliana)?. ‘A la negra’”, recordó.
Consultado sobre si era normal que el imputado tuviera un arma y la llevara consigo, dijo que “la tenía siempre ahí en la casa o en el auto”. En cuanto a la relación entre la víctima y el imputado Ranieri dijo que “ella estuvo unos 15 días viviendo (con Camarero), tuvieron una discusión, ella se fue y después volvió (…) tenían una relación de concubinato”.
“Yo hablé con ella una vez y me dijo que él la celaba”, afirmó Ranieri, quien describió a la víctima como “una persona agradable, se podía hablar de cualquier tema. Se notaba que era una chica instruida”. “Liliana cambió el número de teléfono porque Camarero la molestaba”, agregó.
Luego del episodio ocurrido el lunes en la Plaza Rivadavia, cuando una rama se quebró y cayó sobre un nene de 8 años, un patrullero quedó custodiando la zona vallada. FM De la Calle conversó con el fiscal de la causa, Cristian Aguilar.
El funcionario afirmó que la Fiscalía actúa de oficio y que tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación: “Me comuniqué con la policía y ordené la custodia del lugar hasta que se realizara la pericia, pensando que se haría en poco tiempo”.
“El patrullero está porque la pericia no se ha hecho” y aseguró que no logró la presencia de “una persona idónea para inspeccionar el lugar, por eso se puso cinta y se ordenó que haya un móvil policial para que nadie altere el lugar o se lleve el pedazo de árbol que se cayó”.
Con la intención de realizar rápidamente la pericia, Aguilar pidió la colaboración del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur pero obtuvo una respuesta negativa.
“En su momento hice averiguaciones en la Fiscalía y me indicaron al agrimensor (Luis) Caro, que intervino en la causa de Daiana Herlein. Al día siguiente [de convocarlo] presentó un escrito en la Fiscalía excusándose, diciendo que forma parte de la Comisión de Parques del Concejo Deliberante, por lo tanto, que puede conocer a alguna persona que puede resultar imputada”.
A Aguilar no le pareció razonable el planteo de Caro porque “la ley indica que toda persona de existencia física está obligada a prestar colaboración al Ministerio Público Fiscal, es obligación y si se niega se puede incurrir en un delito”.
“Yo tuve que elevar ese pedido a la justicia de Garantías porque no estuve de acuerdo. La justicia hizo lugar a la excusación, de modo que siguieron pasando las horas, el móvil siguió ahí y aún no contamos con la pericia”. Desde el Departamento de Agronomía le aseguraron que la única persona capacitada para realizar una pericia es Caro, por lo tanto, el fiscal recurrió al Colegio de Ingenieros con el mismo pedido.
Finalmente aseguró que “la Fiscalía podría seguir de oficio por un posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico”.
