Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La Biblioteca Macedonio Fernández de Villa Ventana recibió alrededor de 700 libros que pertenecían al ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, fallecido en un accidente de tránsito en 2016. Su familia reunió los volúmenes y los donó a esta biblioteca de la cual era socio y donde concurría asiduamente.
La bibliotecaria Amalia Bernat comentó en FM De la Calle el homenaje realizado el 14 de abril para “mostrar otras facetas más allá de la pública trayectoria que todos conocemos. Hugo además de ser socio de la Macedonio tenía su casa de fin de semana, un lugar al que acudía y que quería muchísimo. Fue creando lazos y vínculos, en la biblioteca lo tuvimos en muchísimas oportunidades brindando conferencias, charlas, trayendo a otras personas”.
“Su familia en un acto de mucha generosidad donó los libros que estaban en Bahía Blanca y en Villa Ventana; después, Fabián Gauna mandó desde Buenos Aires los libros de su biblioteca personal. Es un material sumamente rico que lo podemos dividir en dos partes: Hugo lector por placer y su lectura en base a derechos humanos, política e historia. Estamos muy agradecidos, orgullosos y con una gran responsabilidad del cuidado de este patrimonio”, comentó Bernat.
Sobre la muestra/homenaje mencionó que “tenía una mesa de libros dedicados por Mirta Colángelo para Hugo –sus dedicatorias son una belleza y un homenaje más–. Otro sector era de libros especialmente dedicados, desde Baltasar Garzón hasta Alicia Partnoy (autora de La Escuelita). Cuando me toca recibir los libros, lo más importante y conmovedor fue recordar haber hablado de poetas que llegaban a Hugo de la mano de Mirta Colángelo, una persona que queremos muchísimo en el ámbito cultural de la región”.
Uno de los paneles con objetos encontrados en los libros que pertenecían a Hugo Cañón.
“Los textos tenían marcas, la mayoría están intervenidos. Él los que eran de estudio los subrayaba, marcaba, tenía anotaciones. Otros simplemente tenían señaladores, marquitas, eso que haces como lector cuando realmente lo haces tuyo al libro. Los libros hablan del carácter y la personalidad de una persona y fue muy hermoso compartir en ese grupo que estaba homenajeándolo esa tarde del 14 de abril los textos elegidos por él”, comentó.
Los libros de poesía, novelas, ensayos, cuentos, fueron ordenados en el sector correspondiente de la biblioteca, “la diferencia es que tienen una etiqueta que dice “Biblioteca Dr. Hugo Cañón”. En cuanto a los textos sobre derechos humanos, política, historia, tienen “un anaquel dedicado exclusivamente”.
“Es realmente un trabajo conmovedor porque seguimos ingresando los libros. Eso quisimos compartir además de material fotográfico –Hugo como gran curioso le encantaba la fotografía y viajar–. El día de la muestra había “cosas graciosas” dispuestas en paneles: “billetes, cartitas, plumas -de Mirta Colángelo- (porque los libros de Mirta estaban siempre con plumitas y pétalos como adornaba ella sus cajitas)”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de Bahía Blanca.
El organismo destacó la “incapacidad absoluta para asumir una tarea de similares características y responsabilidades” a la que ejerció durante tres años como subrogante del Juzgado Federal 1.
Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo a FM De la Calle que “hay dos grandes motivos que, cada uno por si solo lo invalidan para ser fiscal. El primero es su actuación en los juicios de lesa humanidad donde sistemáticamente obturó, frenó, obstaculizó el avance de los juicios de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca, de eso hay acaba prueba en distintos expedientes donde eso quedó completamente claro cuál era su actitud, es decir, lo hizo durante tres años, no es que estamos cuestionando una resolución en un caso”.
“Y el segundo es, en términos más generales o integrales de cómo llevar adelante un juzgado sea federal o lo que sea, él demostró también incapacidad absoluta para hacerlo porque el estado en el cual lo dejó cuando no fue ratificada su designación como juez subrogante era realmente calamitoso y no solo tiene que ver con una cuestión de seguridad de las personas que allí trabajaban, ya que por ejemplo había explosivos a la intemperie, sino que también tenía que ver con que eso terminaba afectando el derecho de defensa de muchas personas detenidas sin indagar mucho tiempo”, agregó.
El 9 de mayo a las 10 se realizará la audiencia en el Senado donde deberá aprobarse o no el pliego de Martínez como fiscal bahiense. En la misma oportunidad se definirá la cobertura de cuatro vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones local.
“Nosotros enviamos esta impugnación que nos parece suficiente, también hay otros organismos que han enviado sus impugnaciones y han propuesto preguntas para hacerle al candidato. Esperemos que la Comisión de Acuerdos realmente lleve adelante la audiencia y se le hagan las preguntas pertinentes”, dijo Efrón.
Finalmente, subrayó que la candidatura de Ulpiano Martínez “va a la Comisión de Acuerdos porque fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que no es menor, o sea es grave que un candidato como este llegue a esta etapa final, es grave”.
Así opinó Carlos Quiroga, concejal por Unidad Ciudadana, sobre el proyecto del oficialismo aprobado por el Concejo Deliberante en su última sesión. El ex-intendente Rodolfo Lopes dijo que “se van a dar cuenta que con este 3% no baja absolutamente nada”.
El edil ratificó la decisión del bloque en comunicación con FM De la Calle: “Todo aquello que pudiera dejar un centavo más en el bolsillo de la gente nos parecía bien y queríamos acompañarlo”. Así lograron incorporar dos artículos en el proyecto: “Uno establece que el Departamento Ejecutivo está obligado a la reasignación de partidas del presupuesto a efecto de conformar un fondo de la misma magnitud al que estaba determinado (con la tasa)”.
Por otra parte, el artículo 3 indica “que rindan cuentas trimestralmente de qué obras se están haciendo para que no suceda lo del año pasado, que se recaudaron $8.8 millones y apenas invirtieron el 23% de ese recurso”.
Respecto al 67% de fondos restantes, Quiroga aseguró que pidieron documentación “porque hay cosas poco claras, dicen que los procesos licitatorios son muy lentos pero los recursos están comprometidos. Vamos a profundizar este tema cuando se discuta la rendición de cuentas de obras públicas y de todas las áreas del municipio”.
El ex intendente Rodolfo Lopes criticó la derogación de la ordenanza, reivindicando el fin para el cual había sido creado y modificado durante su gobierno. “Estoy en las antípodas de lo que pueda pensar este gobierno”, aclaró.
“El intendente no entiende porque no defiende al usuario de Bahía Blanca, si no se reuniría con autoridades de EDES y les preguntaría por qué de la provincia de Buenos Aires esta ciudad es la que más caro paga el kilowatt. Estamos en un corredor energético, tenemos dos centrales termoeléctricas, nadie puede explicar el tema del precio de la energía, son sinvergüenzas”.
Además expresó que “hacen creer a la población que sacando ese 3% le van a bajar el precio a la boleta, es una mentira total. El costo se baja hablándole a los cuatro empresarios de la provincia de Buenos Aires, amigotes de estos personajes, y diciéndoles ‘en vez de ganar tanto ganen menos, pero no generen este conflicto con la sociedad’”.
La tasa municipal que se derogó fue implementada en una ordenanza a fines del ‘89 y significaba “la posibilidad de tener un fondo solidario de los que tenemos gas para los que no tienen gas. Una parte para eso y otra parte para hacer redes de gas, porque cuando uno analiza: el que más caro paga el gas es el que menos tiene y más necesita”, dijo el ex intendente.
Durante su intendencia el acuerdo con Camuzzi implicó que si el/la vecinx pagaba por la red, la empresa le retribuía 1000m3 de gas. Si bien el compromiso se mantiene, él descree: “Si hoy que tienen el dinero que llega de arriba (el 67% de recursos que mencionó Quiroga) no lo usan, ¿te parece que van a disponer una partida para hacer las obras que nunca hicieron?”.
Sobre la derogación indicó que “están quejándose todos los intendentes de la provincia –que no pertenecen a Cambiemos– que no toleran que se esté sacando el impuesto porque hay herramientas que se desfinancian y no van a representar un valor importante para bajar el costo de la tarifa.[…] El político no tiene que tener miedo, hay que enfrentar esa realidad. El costo político lo está pagando la sociedad”.
Foto factura: Ramiro Villalba.
En el marco del Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, nos referiremos al asunto del arte y el trabajo. No está demás aclarar que, un primer debate al respecto, está referido a la cuestión de si un artista es un trabajador.
Este tema es crucial porque da una referencia del lugar que ocupan los y las artistas en la sociedad donde se desenvuelven. Hay una idea del artista como alguien especial, despegado de la realidad y de su entorno. Esa idea fue construida por los mercados, generando una especie de figura ideal a la que aspirar –hablamos de este contexto histórico, en otras etapas el debate fue distinto. Figura a la que, en rigor, jamás se alcanzará. Ser Madonna es un imposible pero ¿cuántas gentes quisieron serlo?
Entonces, esa idea de artista es una idea construida con intereses económicos, con el afán de inventar ídolos inalcanzables. Un producto de mercado.
Muy por el contrario, los y las artistas, para llegar a dominar una disciplina (música, teatro, danza, pintura, dirección, cine, dibujo, un largo etc.) deben dedicar un arduo y sistemático esfuerzo. Esto es trabajo y capacitación. Igual que un ingeniero. Tal vez, hasta le cueste al artista mayor rigor y disciplina. Luego, para mantener su destreza y actualizarse, quien se dedica al arte debe tener un constante trabajo de entrenamiento y puesta al día.
A esto hay que sumarle las horas invertidas en aparente ocio. Silvio Rodríguez se ha referido al tema, en defensa del ocio. Spinetta, también. Cuando un artista esta aparentemente haciendo “nada”, en rigor, está procesando información, elaborando conceptos que luego verterá en su obra. Está pensando. La obra no es el resultado de los 5 minutos en que se ejecuta un instrumento, o la hora y media sobre las tablas, o el tiempo del trazado de una obra, ensamble, escritura, etc. La obra es el proceso de maduración de una ética, una estética y un pensamiento-sentimiento puesto en acción.
En otras palabras, el/la artista (o quien se precie de serlo) trabaja sin descanso, todo el día, aun cuando aparentemente no hace nada.
A esto hay que sumarle que la persona es cuestión (o la mayoría de ellas) no son millonarias sino que son hijos e hijas de la clase trabajadora. Clase que tiene prejuicios sobre el famoso “no laburar”. Así que, viento en contra, estas personas, como el resto de sus pares, lo único que tienen como herramienta para subsistir es su fuerza de trabajo: si no tocan no comen, si no dan clase no comen, si no venden obra no comen, si no actúan, no comen y así podríamos seguir. Con lo cual, como el resto, el artista tiene que trabajar para vivir. Como aquella canción que rezaba “actuar para vivir”.
Por último, y aclarando que estamos hablando muy someramente dada la extensión de esta columna de opinión, está el debate del valor social de la producción artística. Porque la postura conservadora que cuestiona el carácter de trabajador del artista plantea que un albañil, por ejemplo, debe cobrar porque su trabajo cobra valor social al satisfacer una necesidad concreta. En cambio el arte no sería una necesidad básica.
Muy bien ¿cómo subsistirían los medios de comunicación sin música, cortinas, etc.? ¿El trabajo en el cine lo imaginan sin música? Aun cuando las películas eran mudas, había artistas en escena para dar vida a esas obras. ¿Comercios sin música? ¿Reuniones sociales sin música? ¿Encuentros sin música? ¿Cómo es que la música no cubriría una necesidad concreta en nuestras vidas si nuestras vidas están llenas de ésta? ¿Y el diseño no cumple una función? ¿Y sin literatura habría civilización? ¿Y sin teatro habría un relato de la humanidad? Y muchos otros interrogantes sobre el arte y su carácter de necesario.
Decir que el arte no cumple una función social es tan estúpido como plantear que se podría vivir sin los conocimientos que tiene un albañil.
En términos de generación de riqueza, que requiere un apartado en particular, podemos decir que la industria cultural argentina llegó a aportar al país mayor riquezas que lo que ha hecho la industria de la minería, en términos relativos del Producto Bruto Interno. Sin dudas, las industrias culturales son generadoras de valor y, por ende, es justo que quienes crean esas riquezas sean retribuídos/as. .
Aclarada esta cuestión revisamos la situación actual entre arte y trabajo. Primeramente hay que destacar que, en un contexto de ajuste general en los ámbitos público y privado, las mayorías (o sea, las víctimas del ajuste) deben priorizar en qué gastar su salario.
Sabemos que durante los últimos años el salario perdió frente a la inflación. Esto implica que si antes un trabajador o una trabajadora podían, con esfuerzo, pagar alquiler, servicios, alimentación, educación, salud, etc. y además asistir a algún espectáculo o tomar clases de alguna cuestión artística, hoy ve vulnerados sus derechos culturales ya que se ve forzado/a a no efectuar consumos culturales, y pagar solo las cuestiones básicas para no morir de hambre o no vivir a la intemperie.
Sin duda, el ajuste ataca directamente a la espiritualidad y el aspecto simbólico que a los seres humanos les hace humanos. Comer, cagar y dormir son funciones básicas. La humanidad no está allí. Hacer que el consumo de cuestiones culturales sea un bien de lujo es atacar directamente a los derechos humanos básicos y reducir al hombre y a la mujer a una mera condición de máquina pasible de reproducción para cubrir los puestos de trabajo o las vacantes del ejército de desocupados/as necesario para bajar el salario.
Sumado a esto, hablando del pago chico, la decisión política del intendente Gay, de la mano del asesoramiento del ex animador de eventos Ricardo Margo y de la silenciosa pero destructiva (i)responsable de educación Morena Llanca Rossello, el gobierno local tomó la decisión de cerrar una cantidad de talleres cuyas víctimas van por partida doble: por un lado, los y las docentes con sus derechos laborales vulnerados. Por otra parte, cientos de niños, niñas y adolescentes a quienes el estado brindaba un servicio a modo de herramienta y ahora fueron abandonados/as. Esto se llama violencia institucional.
Si tomamos en cuenta sólo los lugares donde se denunciaron el cierre de talleres, debemos hablar de: 30 señalados por ATE, 20 cerrados en los NIDO de Nocito y Vista Alegre, la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar (9 docentes, 1 por cada instrumento), y otros talleres barriales que pertenecían al programa Envión (al menos 16), talleristas de Cerri, y talleres cuyo cierre fueron denunciados de manera aislada. Hablamos de al menos 100 talleres cerrados durante esta gestión, sin temor a equivocarnos, apenas con la sumatoria de estos datos. Si se indagara con precisión (los datos no están publicados pese a ser públicos) observaríamos, sin vacilar, que el número es mucho mayor.
Sin exagerar, poniendo un promedio de 30 asistentes por taller, hablamos de al menos 3000 niños, niñas y adolescente cuyos derechos acaban de ser vulnerados por el gobierno del intendente Héctor Gay a través de la injusta administración del Estado. Esto pasa ahora y es responsabilidad de la dirigencia actual. Dirigencia que tiene la oportunidad de revertirlo; lo contrario, es una decisión.
El sector privado, por su parte, obviamente aprovecha esta situación de mayor oferta debido a escasez de demanda para negociar retribuciones salariales a la baja y lesionar sobre todo las condiciones de trabajo. Total, como en otras áreas, “si no te gusta hay una fila esperando”. El sector privado en Bahía Blanca y región es uno de los actores más precarizantes y explotadores. No consideran trabajo la oferta de los y las artistas (es decir, niegan sus derechos laborales) y han construido la idea que “hacen un favor al artista permitiéndole mostrarse” cuando en rigor, por ejemplo en el caso de la música, lo que están haciendo es ofrecer un servicio a sus clientes por el cual no pagan, a diferencia de otros servicios por los que sí pagan.
En esto hay una complicidad entre gobierno y privados ya que nadie quiere hablar de inversión cultural (es un gasto para estos actores) y pretenden negar la condición de trabajador/a, ocultarla bajo la idea de “prestadores de servicios” y con ello derivar fondos públicos para asesores improductivos y para los objetivos de sus acuerdos con el gran empresariado extranjero (no con PyMES) sobre ese supuesto “desarrollo industrial” (Polo) que hasta ahora no ha arrojado beneficios a la comunidad en términos laborales y, por el contrario, ha generado daños en términos ambientales, económicos y en materia de salud, etc.
Este es el contexto en que se desenvuelven un trabajador o una trabajadora de la cultura en la actualidad. Todavía hay artistas conservadores que defienden la idea de que un artista no es trabajador y que estaría despegado del mundo. Bueno, esa posición abona a los objetivos de un gobierno que ajusta y cercena derechos y opera contra sus pares. Aquí hemos explicado porque sí somos trabajadores y trabajadoras. Las consecuencias de la postura pretendidamente superior y hasta a veces entintada de “progre” deberán explicarla ustedes, quienes repiten el discurso de los que cierran talleres y cierran orquestas.
No hay gran obra de arte que no sea resultado de un gran trabajo. Es decir, no hay gran artista que no pueda ser considerado/a un gran trabajador/a.
El Senado de la Nación reformó esta semana el Código Procesal Penal. Por reclamos de la oposición y organizaciones civiles la modificación excluyó un capítulo vinculado a la vigilancia digital.
Valentín Muro, columnista de La Nación, dijo a FM De la Calle que “estamos hablando de la posibilidad de que el gobierno pueda hackear legalmente la computadora o celular de una persona que está siendo investigada”.
Muro explicó que la iniciativa “regula la manera en que el Estado puede hacer escuchas telefónicas. El Código anterior permite ‘libertad probatoria’ que si bien contempla la escucha de teléfonos de línea, cuando se trata de nuevas formas de obtener información –como intervenir una computadora o celular– el juez puede elegir usar esos recursos”, y queda a su criterio la duración de la vigilancia.
Lo que plantea el nuevo Código son penas más graves para quienes filtran información –en respuesta a lo ocurrido con las escuchas de CFK y Parrilli–, y explicitar varias de estas prácticas: “en particular, la intervención de dispositivos electrónicos”. Asimismo manifestó que el problema es que la redacción de la reforma tiene puntos “flojos”: “no estipula por cuánto tiempo se podría intervenir los dispositivos” de la persona.
Si bien al intervenir una línea fija la información que se obtiene es clara porque “se puede saber con quién está hablando la persona investigada y si es irrelevante a la causa no tiene por qué quedar registrado”, el problema con un celular es que se tiene acceso de manera remota al micrófono o la cámara (pueden activarse), también a las fotos que se haya tomado, a cuentas como Google Drive o Dropbox, “incluso a la información de tu cuenta de Tinder”.
En años anteriores, ONGs internacionales publicaron una propuesta que estipulaba de qué manera los gobiernos pueden hackear dispositivos de la manera más ética posible. Respecto al documento comentó que “tiene trece puntos donde, por ejemplo, marcan: si la persona después recibe una notificación de que fue investigada –acá sólo se saca a la persona de la causa sin que se entere que fue investigada–, límites al uso de la información obtenida, cuánto se puede obtener y durante cuánto tiempo”.
El proyecto tampoco establece cuáles podrían ser las razones para intervenir dispositivos, “si bien los motivos suelen ser pedofilia, trata de personas, narcotráfico”, en este tipo de vigilancia “no queda claro cuándo podemos hacer eso, si por cualquier tipo de causa podemos intervenir la computadora de alguien; que sería extremo”.
La seguridad de la información recolectada tampoco es efectiva, “se podría mandar de forma digital y así garantizar (de manera más segura) que la persona que tiene que escucharlo lo pueda hacer”. Actualmente las escuchas telefónicas se graban en discos (3000 por día) como archivos de audio y se transportan por Correo Argentino.
“Estábamos seguros de que iba a aprobarse, pero se rechazó la modificación del artículo 30 que deja de lado todo lo que garantiza ciertos derechos. Después de que se discuta en Comisión, idealmente se abriría a la participación de expertos en seguridad informática, derechos civiles, y más especialistas”.
“Vinimos al Concejo Deliberante para manifestar nuestro repudio hacia la concejala Soledad Martínez porque volvió a vincular a Sebastián Rodríguez Maidana al caso de esta niña Mariana Sol Bruna“, dijo esta mañana Ana Canullo en el marco del paro docente .
La dirigente de Suteba agregó que “son gravísimos los dichos y no dañan solamente la vida de este docente sino que atenta contra la organización sindical, la participación política”. Si bien le acercaron una nota a Martínez, la concejala no bajó al recinto. “Pedimos que se desdiga de sus dichos. […] Si no creyéramos que tiene una clara intención, pensaríamos que es de una gran irresponsabilidad”, aclaró.
Sebastián Rodríguez Maidana fue vinculado a la investigación de la muerte de Bruna por un allanamiento realizado en su domicilio. La Fiscalía y la Policía Federal entraron por error a su vivienda y encontraron 47 gramos de marihuana. Maidana ahora es investigado por tenencia de estupefacientes.
“Consideramos que estas manifestaciones, no sólo perjudican al docente, sino que desvían el eje de la exigencia de justicia por la muerte de Mariana, ya que mientras tanto quien abusó de la adolescente de 15 años y la abandonó muerta en la puerta de un hospital, camina libremente por las calles”, dijeron desde el sindicato.
Paro con nombre y apellido
Respecto al pedido de la Jefatura Distrital de armar una nómina con los nombres de quienes adhirieran al paro, Canullo opinó que “es muy grave pero no nos llama la atención, las presiones que se viven dentro de las escuelas son terribles y es sistemático. Desconocemos esa planilla pero de ninguna manera se puede dar esa información, es inconstitucional, hacer paro es un derecho”.
“Pueden las directoras mandar un porcentaje de acatamiento de adhesión pero no una nómina. La acción es parte de esta cacería de brujas que hacen. Una cosa es que nosotrxs avisamos en las escuelas por una cuestión de organización, otra que esos datos los eleves a la Jefatura. Es una acción (más) disciplinadora de este gobierno hacia lxs trabajadorxs que nos organizamos”.
En relación a los cambios en la educación generados por un recorte presupuestario, la secretaria general del gremio manifestó: “Estamos atajando un montón de cosas, generalmente estos cambios no son para mejor, terminan de precarizar aún más nuestra tarea y los aprendizajes”.
“Los bachilleratos todavía no arrancaron (los primeros años) y estamos muy preocupados porque todo lo que se propuso como paliativo o alternativa al cierre todavía no fue puesto en marcha”. Explicó que la oferta es limitada porque hay la mitad de los bachilleratos y pocos cursos.
Finalmente recordó que la negociación paritaria que “no avanzó sino que retrocedió, la propuesta anterior era de 15%, esta es semestral y del 10% en 3 cuotas, con promesa de volver a reunirnos en junio. No creemos estas promesas porque también prometieron que la paritaria empezaría en noviembre y comenzó en febrero. Este gobierno está muy determinado a condenar a un sector de trabajadorxs al ajuste, a sueldos por debajo de la línea de pobreza”.
En el marco de la carta abierta realizada por varixs periodistas y comunicadorxs bahienses respecto al tratamiento de las noticias referidas a los últimos hechos de violencia en la ciudad, la periodista y locutora, Virginia Calzada Frache habló con FM De la Calle.
“Se sucedieron en Bahía Blanca en muy corto tiempo, muchos sucesos lamentablemente violentos no solo para las mujeres sino para niños, niñas, adolescentes y fue abrumador, o por lo menos así lo viví yo, el tratamiento que se les dio a los mismos”.
“A veces, hay cosas que suceden por azar pero también tiene que ver con lo que sucedió en estos último días. Digo el azar porque nos encontramos con los colegas y ahí pusimos en común y dijimos: porqué no escribimos, porqué no ponemos algo, porqué no dejamos sentado públicamente que no todo es lo mismo, que no todas las coberturas se hacen desde el mismo lugar y quede allí públicamente”.
Respecto a su percepción sobre la publicación de esta carta pública, la periodista explicó que “a mí me hace mucho ruido esta cuestión que tiene ver con marcar algunas situaciones como que son la excepción. Y esto lo traduzco en que cuando se adjetiva o se dice, por ejemplo, de casos de femicidio o de situaciones de violencia de hombres hacia mujeres, lo catalogan como ‘el loco’, ‘el monstruo’ y a mí eso me hace mucho ruido y lo planteé con las compañeras y los compañeros”.
“Si nosotros lo planteamos como que es la excepción, como que es ‘el monstruo’ perdemos la responsabilidad que tenemos como sociedad, porque yo creo que ese hombre es producto de esa sociedad, y como es producto de esta sociedad nos tenemos que empezar a hacer cargo. Si lo aislamos, queda ahí aislado y como sociedad no nos hacemos cargo. Bueno, también hagámonos cargo como periodistas cómo construimos esos mensajes, qué pasa con la construcción de esos mensajes, cómo contamos esas historias, desde dónde nos paramos para contar esas historias, para mí eso era muy importante”.
“El reclamo salarial es el 25% en una cuota y con cláusula gatillo, esto tiene una fundamentación bastante sencilla: nosotros miramos siempre hacia atrás para definir el monto en una paritaria. La inflación 2017 según el INDEC fue del 24,8%, con lo cual 25 es el piso de lo que permite recuperar esa pérdida de poder adquisitivo y, aún desde la perspectiva del gobierno que dice que hay mirar para adelante, hoy todas la proyecciones de inflación están hablando de una inflación arriba del 20% y en algunos casos cercana al 25”, comentó.
El diputado provincial por el Frente Renovador Lisandro Bonelli analizó por FM De la Calle el anuncio que hizo María Eugenia Vidal sobre la derogación de impuestos en las boletas de servicios.
“Que la gobernadora haya tomado el proyecto, lo ponga arriba de la mesa y lo haga realidad, es una buena noticia”, aseguró. Recalcó que se trata de un proyecto que habían presentado desde el Frente Renovador hace un año y medio, y la anulación incluye “impuestos que se generaron hace más de 35 años, en la dictadura, impuestos inconstitucionales”.
“Me parece importante aclarar que el problema tarifario no es de la provincia ni de los municipios, es principalmente del gobierno nacional. Quien decidió aumentar de manera desmedida las tarifas de gas y luz es Macri. Más allá de lo que anunció Vidal le pedimos al Presidente que tome la iniciativa que hemos presentado en el Congreso Nacional”.
“Tenemos que discutir qué tipo de impuesto cobramos y qué cantidad de impuestos cobramos. No puede ser que el vecino que usa gas envasado pague 21%, lo mismo que el vecino de una zona pudiente. Ese impuesto del IVA necesitamos que se cobre de manera discriminada, de acuerdo al poder económico de cada vecino”.
Respecto a la sesión fallida de la semana pasada el diputado aseguró que “como consecuencia de los nuevos aumentos le planteamos a la Gobernadora discutir rápidamente para aliviar el bolsillo de los bonaerenses. Lamentablemente la semana pasada ni los legisladores de Cambiemos ni Vidal quisieron sentarse a discutir. Por suerte han recapacitado y la van a llevar a la práctica”.
Si bien no ven posible la propuesta de Unidad Ciudadana de retrotraer las tarifas a los valores de principios del 2017, “no lo vemos posible por la decisión política de Macri, que ha decidido jugar para las empresas de servicios en detrimento de la gente, empresas en manos de sus amigos. Sí creemos que puede hacer un esfuerzo desde lo fiscal”.
Gisela Estremador, integrante del equipo periodístico del noticiero de Canal 4, se refirió a la carta que ayer difudieron periodistas y comunicadorxs bahienses como respuesta a los hechos de violencia social y escraches mediáticos ocurridos durante las últimas semanas.
Comentó a FM De la Calle que la iniciativa surgió tras ver “el tratamiento periodístico que se hacía de temas sensibles que no son de estos últimos tres meses” pero que sí mostraron “que la situación ya estaba desbordándose y no existían los límites”.
“Nos parecía importante que todos los trabajadores que de una u otra manera sientan posición con respecto a lo que están editando” sean incluidos para “darle la mayor pluralidad de voces. […] Estamos satisfechos porque son alrededor de 50 firmas y en Bahía Blanca lograr esto, que cada unx se haga responsable de firmar y todo lo que conlleva al posicionamiento político que esto tiene, nos parece a destacar”.
“Quizás tengamos que hacer un mea culpa porque tal vez no llegó a personas que adherían, quizás hay gente que esto le hace ruido y tendrá que rever alguna práctica (o no) que está haciendo. […] Hay determinados límites donde no todo da lo mismo: puede haber otra forma de comunicar y no hay que subestimar a las audiencias, tampoco a aquellos que van a ser futuros comunicadorxs; no se les puede ofrecer como único modelo comunicacional este que muchas veces se explota y se pone como ejemplo”.
Estremador agregó que “esta forma de comunicar, con mayor o menor grado de sensacionalismo, existe y existió siempre, esta inmediatez con la que se nos superponen un montón de temas de altísimo grado de sensibilidad”.
“Estamos asistiendo a un espectáculo muy triste. Los límites son tan difusos que hay determinadas cuestiones que nos imponen y quedan, quedamos un poco shockeados por lo que leemos pero pasó de largo y mañana se construye otra noticia, otra realidad, y no importa si lo que se estaba contando era del todo cierto, era una interpretación, tenía una intencionalidad puntal y pasó”.
Al consultársele sobre el criterio que muchos medios aplican argumentando que “es lo que la gente quiere ver”, la comunicadora cuestionó: “¿La gente quiere ver eso? Estamos en un momento donde la sociedad termina siendo esclava de eso, el linchamiento mediático, luego no importa si por lo que te estaban acusando era verdad o no, quedaste expuestx y después vemos si pasó o no, si te trajo algún tipo de consecuencia en tu vida personal o laboral”.
“Es subestimar muchísimo, no todas las audiencias quieren eso. Hay muchas que quieren productos de calidad, información de calidad. Lamentablemente la hegemonía mediática está imponiendo este tipo de modelos”.
Lo afirmó Walter Larrea (Unidad Ciudadana) a partir del bloqueo oficialista para que el presidente de Bahía Transporte Sapem, Tomás Marisco, concurra al Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre el funcionamiento de los parquímetros. Por otro lado, el edilse refirió a la aprobación de la ordenanza de “Buzones Anti Narco” para recepcionar denuncias anónimas.
Sobre esta última iniciativa Larrea aseguró que “fue un proyecto escabroso que en primera instancia habíamos decidido no acompañar” ya que la ordenanza amplía la categoría de delitos a denunciar “dejando un poco al arbitrio de cada ciudadano la denuncia”.
“Había que dar un debate porque, de salir así, el proyecto iba a constituir una intromisión en las garantías de todas las personas. […] La apertura de buzones, recepción y evaluación de denuncias va a estar en manos de un ámbito conformado por la Comisión de Seguridad, Secretaría de Seguridad, concejales que quisieran participar y la fiscalía especializada en drogas”, explicó.
El otro tema resonante en la última sesión legislativa fue el rechazo por segunda vez por parte de Cambiemos para convocar a Marisco al recinto. Larrea mencionó los dos pedidos de informes (uno de Unidad Ciudadana y otro de Cumplir) y aseguró que “a estas alturas se torna imperativo que el presidente de Sapem concurra a dar explicaciones”.
“El pedido de informe sin las respuestas nos permite esta interpelación de manera directa. […] Que Marisco explique todas esas cuestiones que preocupan a los concejales: qué pasó con la recisión del contrato de Eycon, los fundamentos, en función de qué fue el resarcimiento que la empresa recibió, cuál es la merma de recaudación del estado municipal por el no funcionamiento de parquímetros”, entre otras.
Además, afirmó que los cinco reemplazos para los síndicos de Sapem ya fueron seleccionados, a pesar de que dos tienen que ser aprobados por el HCD: “Cuando me toque asumir el directorio pienso pedir las actas donde se designan a esas personas”.
Y reiteró: “¿Cuál es el impedimento para que venga Marisco y exponga? Supongamos que no hay ningún tipo de irregularidad, habrá que bancarse los sopapos dialécticos de la oposición pero no se puede mantener en una zona de nebulosa de explicaciones […] a esta altura el que tendría que venir es Gay”.
Insistió en que seguirán demandando respuestas y acompañarán el reclamo de la sociedad “porque entre otras cosas con la falta de recaudación se está desfinanciando el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y ‘pasajeros frecuentes’, es dinero público y hay partidas que se están dejando de percibir”.
La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió una vez más el recorte del Estado, más de 60 despidos se registraron en el país la semana pasada. El Colegio de Trabajadores Sociales de Bahía Blanca realizó un abrazo en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para repudiar la situación y los tres despidos acontecidos en nuestra ciudad. La movilización culminó en la Municipalidad con el acompañamiento de varios sectores sindicales.
Raquel Flores, una de las trabajadoras sociales despedidas, conversó con FM De la Calle respecto a las señales que venían visualizando antes del recorte ya que en la actualidad no se encontraban dentro de ninguna dependencia del Estado. A partir de septiembre de 2017, por decreto, y luego del intento de baja de más de 170 mil pensiones, el Poder Ejecutivo absorbió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones, para dar lugar a la Agencia Nacional de Discapacidad. En este proceso varios trabajadores/as quedaron sin claridad respecto a su lugar dentro del organigrama institucional.
“La última alerta que tuvimos fue cuando desde Coordinación Territorial que viene a ser nuestra dependencia superior, nos informan que nosotros teníamos la liquidación de nuestro sueldo a través de una financiera, lo cual significa que no solamente se generó un desguace de las políticas sociales, del vaciamiento del estado, sino que también los afectados específicamente a pensiones, quedaban liquidados por una tercerización provisoria”, aseguró Flores.
También denunció la situación en la que queda la dependencia local de Desarrollo Social y los trámites/expedientes por pensiones: “El cierre del expediente es con el informe del trabajador social, la gestión del trámite requiere de profesionales. El hecho de que despidan a las dos únicas trabajadoras sociales en Bahía Blanca significa el cierre de la comisión acá en Bahía Blanca”.
Consultada por el mecanismo de selección que pudieron haber tenido para definir quiénes serían los/as despedidos, Raquel Flores, aseguró que lo que está ocurriendo “tiene que ver con esta situación nacional, este modelo de Estado y qué posición tienen frente a las políticas públicas. Además están las vertientes personales de la vida privada y del desarrollo profesional. Yo creo que soy parte de este desguace que afecta a los pensionados y a las condiciones del trabajador y que también afecta a la vida privada porque en lo personal yo vengo del campo nacional popular donde jamás mezcle mi condición militante dentro de mi desempeño profesional. Esto es lo que ha aparecido fuertemente en el listado de los seleccionados porque tiene que ver con personas que están o han estado en algún momento muy vinculado a los sectores de la militancia”.
Las políticas de ajuste en el organismo llevaron a ATE Pensiones a mantenerse en estado de alerta permanente, ya que como afirman de la asociación, “este gobierno desmantela áreas y recorta por los más débiles”. Flores agregó que todas las pensiones gestionadas a partir de 2015 no recibieron el ingreso al sistema.
“Están en un cuello de botella. Nosotros teníamos una apertura de expedientes normalmente un promedio de 20 pensiones por día para elaborar el informe, y ahora con estos nuevos criterios donde dejan afuera a todos los discapacitados para acceder al sistema, hay un promedio de entre tres y cinco semanales, entonces sobramos”, finalizó.
Somos periodistas, comunicadores/as y trabajadoras/es de diversos medios de comunicación de la ciudad de Bahía Blanca, reunidos ante la necesidad de expresar nuestra preocupación por las coberturas periodísticas y el ejercicio de nuestra profesión en la ciudad. Les hablamos a ustedes, lectores y lectoras, audiencias, estudiantes, docentes de la comunicación y a quien desee escuchar lo que tenemos para decir.
Construimos esta carta abierta desde el pleno convencimiento que el llamado ‘periodismo independiente y objetivo’ no existe, ni tampoco la idea corporativa del “periodismo”. Lo que hay son diversas miradas editoriales desde donde relatar la realidad y construir una interpretación de ella. En ese ejercicio creemos que la libertad de expresión, la ética periodística y la responsabilidad social que debemos ejercer, está en riesgo por la forma de dar construcción y tratamiento a esas noticias.
En las últimas semanas en nuestra ciudad se sucedieron varios hechos de violencia social que requieren de nuestra práctica periodística el máximo cuidado y respeto con estos principios básicos de la profesión. Los tiempos que corren son complejos y por lo tanto vulnerables al tratamiento que cada medio otorga a los casos; en este sentido si las herramientas que tenemos a nuestro alcance no son aplicadas de forma responsable con la información, corremos el riesgo de faltar a la veracidad de los acontecimientos y romper con los límites de nuestro sistema constitucional de derechos. Si instalamos una noticia adulterada como verdad, no sólo se falsea y miente, sino que también, se manipula a plena conciencia.
La tergiversación, el sensacionalismo, la provocación y la idea de la primicia desmembrada, son acciones tendientes a fomentar aún más la violencia social existente y a reproducir parámetros estigmatizadores y lapidarios.
Los alarmantes sucesos de violencia hacia las mujeres que se vienen sucediendo, en aumento en las últimas semanas, merecen al menos replantearnos algunas formas delejercicio de la profesión, entendiendo que los medios de comunicación son constructores de realidades y legitimadores de conductas. Cuando se dice que esos “hombres violentos” son la excepción a una regla, a una sociedad, y no el producto de una sociedad violenta, se legitiman con palabras y se aíslan como único emergente. Entonces se re victimiza a las víctimas y perdemos de vista la responsabilidad como sociedad.
El caso reciente de la difusión ilegal de imágenes de menores de edad ante el asesinato de Agustina Bustos, el nivel de exposición del docente Sebastián Maidana, la creación de escenarios más ficcionales que periodísticos del caso de las dos mujeres secuestradas, llevando los relatos a la morbosidad sin respeto por los derechos personalísimos, y la utilización de ideas estigmatizadoras son sólo algunas muestras de lo expresado anteriormente.
Como no creemos en la censura, tampoco censuramos nuestra palabra, pero sí creemos que esta lógica se aplica a nuestra profesión, cuando las únicas fuentes periodísticas son aquellas que faltan en algunos casos a su profesionalismo y que desde el lugar que ocupan en la estructura de poder las convierte en parte del problema y no de la solución.
Proponemos una carta abierta a la sociedad en su conjunto porque los/as trabajadores de la comunicación también somos parte de una sociedad que pretende informar y ser informados/as con la mayor rigurosidad y coherencia posible, de esta manera los y las abajo firmantes nos comprometemos a ejercer con profesionalismo y responsabilidad nuestra tarea.
Anabella Tarabelli, periodista; Gisela Estremador, periodista; Joaquín Baridón, periodista; Gabriel Cena, comunicador; Virginia Calzada Frache, periodista; Luis Cano, periodista; Sandra Crucianelli, periodista; Gabriel Bermúdez, periodista; Mariano Álvarez, periodista; Matías Oyamburo, periodista; Matías Freidig, periodista; Gretel Walz, periodista; Virginia Pascual, periodista; Mauro Llaneza, periodista; Mariela Dobal, periodista; Giuliana Crucianelli, periodista; Paula Ercoli, periodista; Soledad Reuque, periodista; Astor Vitali, periodista; Emanuel Brianne, fotógrafo; Sol Azcárate, periodista; Marcelo Lev, periodista; Diego Kenis, periodista; Denise Navarrete, periodista; Natalia Schnaider, periodista; Rodolfo Formosa, camarógrafo; Mario Fernando Etchegorry, camarógrafo; Mauro Salvador, comunicador; Federico Hidalgo, periodista; José Cornejo, periodista; Rocío Cereijo, periodista; Sergio Segui, periodista; Matías Aguirre, periodista; Martín Ruperez, camarógrafo; Carla Pereuilh, periodista; Facundo Muñoz, periodista; Facundo Morales, fotógrafo; Soledad Llobet, periodista; José Luis Díaz, operador de control central; Marcelo Cejpek, productor; Emiliano Falco, operador de control central; Oscar Contreras trabajador jubilado de control central; Analía Garelli, reportera gráfica; Antonio Ferullo, control central; Roberto Fiori, control central; Guillermo Aversano, productor; Cristian Romero, camarógrafo; Ángel Dantagnan, conductor-comunicador; Belén López, locutora; Brenda Ghiberti, periodista.
En 2016 las legisladoras rionegrinas Marta Milesi y Marta Bizzotto presentaron una denuncia por mal desempeño en sus funciones contra el juez Juan Pablo Chirinos, por haberle otorgado salidas transitorias a Jonathan Luna, quien nunca volvió y engañó y mató a Micaela Ortega en Bahía Blanca.
El Consejo de la Magistratura de Río Negro suspendió ahora al magistrado. El sumario iniciado a Chirinos quedó a cargo del diputado por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochás.
“La vinculación de tres casos en el análisis de las decisiones adoptadas por el juez son las que me tocó a mí llevar adelante como instructor sumariante del Consejo de la Magistratura y de sugerirle al pleno al pleno del Consejo de la Magistratura las conclusiones que arribaban al cargo de mal desempeño. Solicitándoles también que tengan bien valorada la suspensión del juez hasta tanto se resuelva esto que ahora con la decisión del Consejo de la Magistratura pasa a la órbita del Ministerio Público Fiscal”, manifestó el legislador a FM De la Calle.
Explicó qué “la decisión respecto de las conclusiones sumariales que yo había advertido, sobre la formulación del cargo de mal desempeño, fue por unanimidad. Eso incluye al presidente del Superior Tribunal de Justicia y al representante de de la Cámara Penal de esa circunscripción. Lo que fue por mayoría, con abstención, fue la separación del cargo”.
El legislador sostuvo que el Poder Judicial tiene “que abandonar esta posición corporativa y de protección, de autodefensa, porque la sociedad está reclamando otro tipo de posicionamiento, está reclamando de los funcionarios públicos, de todos los que seamos, a mí me toca ser legislador pero a ellos les toca ser jueces y lo que tenemos en común es que somos funcionarios públicos, que no somos una casta especial, que tenemos que rendir cuentas de cada uno nuestros actos y hay una sociedad esperando que así sea”.
Lo expresó Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), en FM De la Calle sobre la política energética que plantea el gobierno nacional y cómo afectan los tarifazos en la sociedad.
Respecto a los tarifazos hizo referencia al contexto histórico en el que se originó la organización a la que pertenece. “FeTERA surge como respuesta a los procesos de privatización en Argentina”. Si bien las cuestiones que los llevaron a agruparse fueron “la defensa de convenios colectivos, puestos de trabajo, recursos naturales y servicios públicos en manos del estado”, el tema de las tarifas constituyó un tema de debate: “el primer reclamo fue que las tarifas –tanto de los servicios como el combustible– tenían que estar relacionadas con los costos locales de producción, de extracción de petróleo y gas, de generación de energía eléctrica o de cualquier otro servicio público”.
También dijo que “desde principios de 1990 hasta ahora la situación se agrava y por épocas el tema de tarifazos constituye un motivo de reclamo popular”, y mencionó las políticas de atenuación que surgen “cuando los aumentos se vuelven muy difíciles de sostener con los ingresos habituales de la población”.
Según Martínez, en esa época apareció un concepto que desvirtuó todo, “convertir a la energía en una mercancía: si la energía se vende, adquiere la lógica de mercado y significa que tiene valor de comercialización que depende de la cantidad, la existencia de, la cantidad importada, la que se genera aquí, etc. Antes del ’90 era un bien social, una herramienta que tenía el estado para garantizar el desarrollo industrial, crecimiento económico, la generación de empleo”.
El gremialista ejemplificó con el proceso del petróleo, “se destila y convierte en combustible para usinas y así generar electricidad. Eso tenía un costo de extracción local distinto a lo que cotizaba en la bolsa de Texas (EEUU), y la cantidad de dólares que valía en el exterior el barril no tenía ninguna incidencia con la cantidad de pesos que eran necesarios para extraer en Argentina. Ahora es al revés, la situación de las privatizaciones ha llevado a que el precio en el exterior influya directamente en el mercado local”.
Aseguró que “los operadores privados locales lograron tener precios más elevados que en el exterior ya que el gobierno permite que valga 54 dólares (el barril) mientras que en Texas es de 48 dólares; es más caro acá porque así se autorizó, y se extrae a un valor de 16 dólares. El petrolero gana el 300% e influye en todos los precios de la economía: las tarifas, electricidad, combustible, transporte, valor de alimentos y en la producción de agroquímicos, por ende en comidas agrícolas”.
“La privatización de recursos naturales y servicios públicos es el primer problema a solucionar si queremos resolver el tema de las tarifas”.
José Rigane, secretario general de FeTERA señaló recientemente que las empresas energéticas cotizaban en bolsa y el aumento de tarifas amplificaba el valor de las acciones, al respecto Martínez comentó que “en Argentina teníamos empresas integradas (YPF, Gas del Estado, agua y energía), empresas provinciales con un solo directorio que no cotizaba en dólares, eran empleados o funcionarios con un nivel de ingreso que no era exagerado. Ahora cada una de estas empresas tiene sus propios directores, y accionistas que reclaman dividendos permanentemente. Por eso las empresas exportan más dinero –dólares, en forma de dividendo– que energía distribuyen en el país”.
