9 de Julio en Bahía: La patria violenta

(Por Astor Vitali) El 9 de julio en Bahía Blanca se vivió con prácticas antidemocráticas, violentas y repudiables. Durante el acto oficial, el intendente Héctor Gay sostuvo:

“Es muy bueno que estemos aquí convocados por un desfile cívico militar que nos une como sociedad y que apunta a fortalecer el acercamiento de todos los sectores de la comunidad, factor imprescindible para construir el país que todos queremos. Este desfile que hemos recuperado para la ciudad es una muy buena ocasión para rendir homenaje a quienes dejaron sus vidas en aquellas luchas por la independencia pero también en combates posteriores como la guerra de Malvinas de hace apenas tres décadas. Belgrano decía que le hervía la sangre observar tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera más interés por la patria. Ser independientes significa que nuestro futuro depende de nosotros. Que nos comprometamos y trabajemos con pasión pero que decidamos ser protagonistas. Y también que entendamos que aislados y enfrentados no llegamos a ningún lado. Ojalá que este cumpleaños de la patria sea punto de partida en la búsqueda de la unidad y trabajar juntos para que nos vaya mejor a todos los argentinos. ¡Viva la patria!“.

Es menester destacar el valor que el jefe comunal asigna al acto cívico militar como un lugar central en la construcción de unidad ciudadana. Está orgullo de haber “recuperado” el desfile. No sorprende dada su reivindicación del discurso del “enemigo interno” allá por el 25 de mayo de 2016.

Pero lo que ocurrió al medio día, cuando policías de civil comenzaron una secuencia de hostigamiento hacia estudiantes que reclamaban por el cumplimiento de una ley y la posterior detención arbitraria y sometimiento a vejámenes, de los que se da cuenta en la denuncia rubricada el jueves, y en la conferencia de prensa donde se mencionan hechos de violencia física y verbal y abuso sexual, es de una gravedad inusitada.

Sin embargo, ninguna autoridad local abrió la boca hasta el momento. Teléfono para el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, quien está al frente además de un partido, la UCR, que se jacta de su tradición democrática. No se puede negar el carácter político del hecho dado que se da a doscientos metros del acto oficial, de las manos del operativo de seguridad de ese mismo acto.

Otro tanto merece mencionarse del parte policial, haciendo gala del uso de prácticas setentistas, en el que expresan que, según ellos, les pibes tenían un claro objetivo de irrumpir en el escenario del acto. Hecho que nunca ocurrió. Nos retrotrae inmediatamente a las versiones de “enfrentamientos” cuando había fusilamientos por parte de las fuerzas estatales o paraestatales. La metodología de la comunicación es idéntica: la diferencia es que la realidad hoy es absolutamente constatable en los videos publicados casi inmediatamente.

Es menester destacar que la democracia no ha logrado o las fuerzas políticas que han gobernado no han querido construir fuerzas de seguridad de la democracia.

Hubo incluso comunicadores que, teniendo en sus manos los videos donde claramente se ve a policías de civil abusando de su poder ante una protesta pacífica en la que ni siquiera cortaba la calle, prefirieron difundir la versión policial o contraponerla asignándole un grado de verosimilitud imposible.

A todo esto hay que sumarle que en el Honorable (¿?) Concejo Deliberante, durante la sesión de hoy, no sólo no se votó ningún pedido de informe ni proyecto alguno respecto del asunto sino que hubo apenas una intervención, del concejal Walter Larrea (Unidad Ciudadana), en Homenajes y Manifestaciones. Y chau.

¿Por qué es de rigor político este tema? Primeramente porque está claro que el hostigamiento de los policías de civil no se lleva adelante si no hay autorización para operar. Ratifica esta percepción el hecho de que ninguna autoridad municipal salió a cuestionar la violencia ejercida sobre los jóvenes.

Hablamos de la posibilidad de que un milico cualquiera, vestido de civil, sin que estés cometiendo ningún delito te meta en cana y cague a palos o abuse de vos. Esto ocurrió el martes y seguirá ocurriendo en la medida de que no exista un rechazo unánime político y social.

Podés mirar para otro lado, claro. Pero también podés ser el próximo.

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Profertil: tres infracciones en menos de un mes

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El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó esta madrugada a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Hubo cinco denuncias vecinales.

El 16 de junio, la empresa fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco.

Hoy, el incremento de ruido se produjo a partir de las 05:30 como consecuencia de las maniobras de parada de planta no programada por un problema de energía eléctrica.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.

A diferencia de lo ocurrido con la explosión de Dow que puso en vilo a la ciudad el viernes 28 de junio, por el evento de Profertil se procedió al labrado de un acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).

/por

“Una manifestación no constituye ningún delito”

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La Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso de las detenciones arbitrarias por parte de la policía a estudiantes que se manifestaban por la aplicación de la ley que establece el boleto educativo.

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, manifestó que “se ha instalado una práctica derivada de la detención por averiguación de identidad o antecedentes y su regulación, que derivó en un uso más extendido de la resistencia a la autoridad como herramienta a la detención”.

“Tienen como herramienta no tomar declaración en las primeras horas, motivo por el cual una persona se pasa 24 o 48 horas en una dependencia policial. Son multipropósito, se las usa en manifestaciones públicas, cuando alguien quiere interpelar a la policía por la detención arbitraria, para el uso indiscriminado de la fuerza”.

Pomares explicó que “la presencia de personas en una manifestación en un lugar no constituye ningún delito sino un derecho que es el de peticionar a las autoridades. No es cualquier derecho sino que es la base del sistema republicano de gobierno. Es, constitucionalmente, el principio fundamental de la organización democrática, de ninguna manera pueden interferir en un acto así”.

El abogado señaló que “hay un aval generalizado del despliegue policial en los territorios que está acentuado en el control de determinados sectores, que suelen ser los sectores de los más jóvenes y los más populares que participan en acciones que confrontan a los poderes políticos”.

“Esto es con el apoyo de distintas órbitas políticas: provincia, nación y municipios que insisten en exacerbar una seguridad pública sustentada en un despliegue policial. Cuando uno delega esas tareas en el control policial, la policía lo hace con los manuales que tienen incorporados en sus rutinas de control territorial que son las prácticas violentas”, comentó.

Pomares concluyó que “nos preocupa el personal no identificable, que sea una práctica extendida que no tiene ninguna justificación, porque el personal policial que participa de una actividad pública lo hace -en el mejor de los casos- en prevención del delito no en el marco de una investigación que requiera algún tipo de tarea de inteligencia de civil. La realización de tareas de inteligencia está vedada por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”.

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Precariades: la condición laboral cotidiana

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(Por Pablo Becher) En las últimas décadas, diversos estudios sociales y económicos han visibilizado el crecimiento de la precariedad como uno de los elementos constitutivos de una nueva configuración en las relaciones laborales, que atraviesan al conjunto de trabajadores y trabajadoras asalariades en todo el mundo. Si bien el carácter de novedad puede ser puesto en debate, es interesante visibilizar el establecimiento de una nueva morfología, como expresó el brasileño Ricardo Antunes (2009), que ha adoptado el mundo del trabajo capitalista, configurado por diversas modalidades de informalidad,  flexibilidad y condiciones de trabajo precarias, organizadas de forma diferente a como se expresaban en el “empleo típico” de los años fordistas a mediados del siglo XX. La recomposición implicó una disminución abrupta del clásico obrero industrial para dar lugar a una población asalariada multiforme.  En este sentido, la tendencia mundial en medio de un contexto capitalista en constante transformación y competencia interburguesa, ha sido el deterioro manifiesto de la protección social en un amplio espectro de trabajadores/as, la creciente inestabilidad laboral, y la existencia de una cantidad considerable de puestos de trabajo con bajas remuneraciones en medio de la absoluta informalidad.

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en una gran mayoría de trabajadores/as, marcada por un aumento significativo de la desocupación abierta, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y la proletarización-descalificación de amplios sectores, incluyendo la clase media. Esta tendencia puede visibilizarse en la propia Encuesta Permanente de Hogares (EPH- INDEC) que refleja que un promedio de más de un 35% de la población activa en los últimos diez años se encuentra en estas condiciones. Sin lugar a dudas dentro de este proceso que afecta a toda la clase obrera, la precarización laboral se presenta como una condición que formaliza y naturaliza un fenómeno histórico cada vez más visible. Este fenómeno solo es entendible en su complejidad como síntoma de los cambios y mutaciones en la dinámica en el  interior del patrón de acumulación capitalista, sino también como parte de una respuesta del capital a su propia crisis. De esta forma, al crecimiento de la desocupación – de ese creciente ejército de reserva que empuja al trabajador/ active- y la creciente alza del sector marginal sin oportunidades ni posibilidades de acceder a un empleo, se suman múltiples personificaciones sociales que tienden a engrosar las filas de la población sobrante: jóvenes sin empleo y estudio, ancianes jubilades y pensionades que no pueden acceder nuevamente a trabajar, personal no calificado en nuevas tecnologías, personas ex privadas de la libertad, personas con discapacidad, personas con distintas orientación sexual, entre otres.

Por otra parte, la precarización afecta con mayor crudeza a las mujeres (que alcanzó en Argentina a un 58% para el primer trimestre de 2019 – fuente EPH-INDEC) que en muchos casos cobran una remuneración menor que los hombres por igual tarea y extienden su jornada laboral en actividades domésticas dentro de casa como trabajo sin reconocimiento. Y también a los migrantes y personas de descendencia étnica diferente, que son puestos a realizar actividades intensivas por un mínimo salario.

La legislación laboral durante gran parte del gobierno macrista (2015- 2019), si bien no pudo presentar la reforma laboral, en los hechos estableció distintas medidas tendientes a flexibilizar aún más los mecanismos de contratación laboral, permitiendo al conjunto del capital un marco regulatorio laxo con el objetivo de reducir costos laborales, bajar los pagos por indemnizaciones y las rigideces del mercado, en un contexto de alta inflación y recesión. Precisamente, en un marco de dificultades económicas generalizadas para la acumulación y ahorro de capital, la inversión descendió abruptamente (y sí se extendió la deuda externa) y la mano de obra fue la más afectada no solo a nivel de salario real (vía tarifazo) sino también en cuanto al deterioro de sus condiciones laborales, y de su propia supervivencia (por mayores despidos), lo que volvió a la estrategia empresarial de reducir costos una reacción determinante para el mantenimiento de “supuesto piso de ganancias”.

Si bien durante el período anterior, con el gobierno kirchnerista, el número de convenios colectivos aumentó por rama de actividad, la tendencia en alza de convenios por empresa fue una constante que ascendió significativamente durante el macrismo. Esta situación fue oportuna para las grandes empresas, que se vieron beneficiadas de implementar sus condicionamientos al negociar directamente con los trabajadores, mediando en algunos casos con sindicatos adeptos. A los cambios por contratos por tiempo determinado, períodos de prueba, regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, reducción de cargas patronales, el marco regulatorio fue dando cuenta de una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora en el lugar de trabajo. La intensidad laboral implicó un aumento en las horas trabajadas, con un mínimo de mano de obra, aumentando de esta forma la plusvalía absoluta.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a precarización laboral?

La precariedad se ha definido conceptualmente de diversas formas. Tanto es así que su percepción ha ido variando para dar a entender no solo una condición específica del asalariade sino también a un fenómeno emergente y disruptivo, una forma de estar/ser vinculado a la pérdida o debilitamiento de los vínculos sociales de integración y protección social que sostuvo el “Estado de bienestar”. En esta dirección, que luego discutiremos, el concepto de precariedad laboral se asocia al deterioro de las condiciones laborales, inestabilidad, inseguridad, desprotección ante la expansión de las relaciones no formales y falta de derechos sindicales, relacionados con un momento histórico de visibilización de la cuestión social, debilitado en la actualidad por el neoliberalismo, sin discutir de fondo al Estado y las configuraciones que adopta el capitalismo (Ezkenazi y Marticorena, 2010). Esta perspectiva se caracteriza entonces como un síntoma de nostalgia, de un pasado al cual se desea volver, bajo el manto de un capitalismo nacional aliado a un estado democrático que asegure el pleno empleo y los derechos sociales perdidos. De esta forma, la comprensión de la precarización como una dimensión contemporánea de la configuración actual del trabajo aparece como un espejo roto del capitalismo industrial fordista basado en la sociedad salarial (como decía el sociólogo francés Robert Castel (2012)) donde se hace hincapié en  los procesos de desmantelamiento y degradación del “empleo típico” (contratos a término, trabajo subcontratado, trabajo parcial, tercerizado, siempre realizado por varones adultos).

Otra mirada del concepto de precarización apunta a discutir este concepto exportado de Europa, en el marco de la intelectualidad, para entenderlo como complejo proceso histórico que acompaña al capitalismo desde sus inicios, generando una estructura ocupacional múltiple con diferentes grados de inserción, que tiene como final principal bajar costos al capital. Es en ese sentido y, como menciona la economista Mariana Fernández Massi (2014), es que puede hablarse de distintas escalas de precariedad en el empleo asalariado y no de si es estable o erosionado.

En diversos estudios, la precariedad laboral aparece como un mecanismo del capital para asegurar una inserción débil y marginal del trabajador/a en el proceso de trabajo. Inserción atravesada por condiciones contractuales que no garantizan la permanencia y se refleja en indicadores como la falta de aportes jubilatorios, ilegalidad y relaciones endebles en la medida de que los trabajadores no gozan de un sistema protector que les garantice derechos a indemnización por despido, pago de vacaciones y aguinaldo (Neffa, 2010). En los últimos años la introducción de tecnología en algunos sectores como el metalúrgico o automotriz puso en jaque la contratación de personal con antigüedad y redujo drásticamente la ocupación. Pero, en general, el uso de maquinaria y tecnología no ha hecho más que aumentar la cantidad de trabajo informal, empeorando las condiciones laborales existentes (como de hecho surge en el sector de la industria frigorífica o textil).

La matriz dominante que expresa la condición de precariedad implica la intensificación de la explotación capitalista, que oculta el rol deshumanizante y de alienación que surge cada vez con más fuerza en el interior de la llamada “cultura del trabajo” (mas productividad, mayor consumo, menos ocio, menos vagancia, más actividad fuera del propio trabajo). La alienación significa en este sentido desapropiarse de la propia tarea manual e intelectual, para perder el sentido de la identidad como trabajador o trabajadora, explotade y oprimide en su condición de trabajo hacia /para otro.

Metodológicamente, la visibilización de la precariedad no resulta sencilla. Si bien el análisis de dimensiones objetivas de la precariedad a través de distintas variables relacionadas con el empleo (dentro del EPH) resultan significativas para evaluar un sector generalizado de trabajadores (fundamentalmente en términos de prestaciones sociales), sin embargo, el reconocimiento de las dimensiones de tipo subjetivo, que aluden a los sentidos y percepciones que se tienen sobre el trabajo, permiten visibilizar una relación particular entre el fenómeno de estudio con las vivencias y experiencias propias de los trabajadores, en tanto representaciones de los sujetos (riesgos psicosociales, satisfacción en el trabajo, utilización de los saberes).

Como expresa en su trabajo Mariana Fernández Massi (2014) vale la pena comprender que la caracterización de la estructura productiva resulta clave en la definición de las condiciones de empleo ofrecidas. De esta forma, pueden observarse diferencias cruciales en las distintas ramas de actividad a nivel nacional. Por ejemplo, es común el empleo no registrado y el no reconocimiento de los derechos laborales en el sector de comercio y esparcimiento, con jornadas laborales intensivas y pluriactividad. En el sector de servicios sociales, y fundamentalmente en el sector público, están muy difundidas formas de contratación vinculadas a planes de empleo y becas/pasantías por poco tiempo, sin percibir el mismo sueldo que un empleado de planta. En la industria y la construcción las altas tasas de precariedad se pueden visibilizar en las insalubres condiciones de trabajo, pese al continuo señalamiento de cuerpos de delegados sobre el problema, lo que ha acarreado muertes y accidentes laborales de gravedad. En muchos casos estos sectores amparados por negociación colectiva son aquellos en los que hay menor reconocimiento de derechos laborales, menores salarios y jornadas laborales atípicas. El sector servicios financieros, inmobiliarios, informáticos y empresariales presenta grados de precariedad bajo, pero su expresión aparece en la extensión de la jornada, con horas extras, e inestabilidad.

En Bahía Blanca los datos del informe de precariedad e informalidad del CREEBA[1] del 2018 comparan las tasas con los niveles nacionales, señalando que en la ciudad  para el cuarto trimestre de 2018 hubo un 31% (equivale  a 29400 personas) de personas en situación de informalidad y un 38% de precariedad (equivale a 49500 sujetos), que resultan relativamente cercanos a la tasa nacional (37% informalidad y 42% precariedad). Teniendo en cuenta el margen de error que tienen estas muestras tomadas desde la EPH, sin embargo muestran un panorama de la situación que diacrónicamente (es decir a lo largo del tiempo) va presentando una desmejoría y un proceso de deterioro del mercado de trabajo laboral bahiense (ver gráfico 1 extraído del informe).

Esta situación implica diversas estrategias empresariales “cuando el negocio va mal” que van desde la polivalencia y la multifuncionalidad del trabajador o trabajadora (que pasa a barrer, limpiar, cepillar baños, llevar la contaduría y servir paquetes, además de su tarea concreta) hasta la intensificación de los ritmos, tiempos y procesos de trabajo. En última instancia, los comercios o industrias de menor envergadura apuestan por el despido sin causa, los retiros o jubilaciones anticipadas o los concursos de quiebra.

En las situaciones de precariedad el espacio y el tiempo se metamorfosean, cambian de la concentración al trabajo en red, o de las relaciones personales a las relaciones inmateriales, basadas en aplicaciones digitales (APP) que borran los sentimientos y reproducen las sensaciones de abandono, ignorancia o desidia. Estos mecanismos informáticos amplían las formas de extracción de trabajo y reproducen la lógica de la incertidumbre como móvil para la realización de tareas. Sin lugar a dudas la uberización del mercado laboral va por ese camino.

A este trabajo virtual se le suman las nuevas formas de organización, más flexibles, con jornadas de trabajo part time, a destajo o con el cobro de plus por horario extra. Aquí el emprendedurismo o el trabajo voluntario se asientan como paradigmas del trabajador/a moderno: el primero con la falsa  lógica por el cual el/la obrere puede individualmente montar o concretar su propio negocio porque se convierte en un empresario de la noche a la mañana (sin darse cuenta de que en forma encubierta sigue siendo un asalariado) y el segundo con la idea de que asumiendo las obligaciones y aceptando sacrificios, que nunca serán reconocidos por el patrón, el/la obrere se convence de que puede llegar a convertirse en un líder. Ni hablar de las formas distorsionadas que asumen algunas cooperativas, lejos del espíritu solidario y socialista que las constituyó en sus orígenes. Muchas de ellas se montan como empresas capitalistas donde predomina la autoexplotación y una cruel flexibilización laboral.

Pero la peor forma de contratación es la que asumen empresas tercerizadas. Como explica Victoria Basualdo (2014) la tercerización se refiere a la descentralización de las tareas, y a la decisión de una empresa de que un tercero puede realizar tareas eficientes dentro de la misma (ya sea como subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra temporal y utilización de trabajadores autónomos). Se desintegra el verticalismo empresarial, aunque no la cadena de mandos, para ahondar más en una confusa red de contratos que diluye ciertas responsabilidades y permite mayores flexibilizaciones, incluyendo el propio salario.

¿Qué sucede con la subjetividad del precariade? Por un lado la sensación de inseguridad y de ver imposibilitadas la idea de pensar un proyecto a largo plazo implican mecanismos de defensa que pueden derivar en trastornos psicológicos o graves problemas de salud. De hecho las tasas de enfermedades asociadas el trabajo han crecido en los últimos años (como el consumo de ansiolíticos) provocando una mirada despectiva del trabajo como realidad cotidiana, ya que el control de la propia tarea disminuye (incluso en las actividades intelectuales como la docencia o la investigación) y aumenta la ansiedad y el estrés por terminar como sea las tareas asignadas.

En este sentido, la sensación de falta de reconocimiento, de inseguridad por las endebles condiciones de trabajo o la expropiación de un saber artesanal para convertirse en una máquina que debe cumplir determinados tiempos y producciones, revitalizan las peores características del viejo taylorismo ahora remodelado bajo nuevas modalidades de trabajo.

La posibilidad de generar un trabajo libre resulta una utópica posibilidad en medio de mecanismos de control que vigilan los movimientos extraños y rutinizan las tareas, los diálogos y los productos que necesita el mercado. El acostumbramiento se vuelve la única forma de continuidad.

Ante estas formas de explotación, la organización de les trabajadores/as y las resistencias colectivas, desde el sindicalismo, la sororidad, hasta los encuentros entre pares en actividades culturales y deportivas, constituyen alternativas necesarias para enfrentar la cosificación de la tarea y la precarización laboral.

Porque en última instancia no solo se trata de mejorar las condiciones de trabajo, los salarios o la propia organización laboral, que por supuesto resultan fundamentales para finalizar con la explotación. Sino también, de la posibilidad de convertir la idea material y simbólica del trabajo como una actividad vital, libre, fundada en el tiempo disponible, rechazando de plano la idea del trabajo como excedente para la reproducción de capital, la mera producción de mercancías innecesarias y el tiempo de producción destructivo y superfluo. Se debe posibilitar como afirma Antunes la posibilidad de rescatar el verdadero sentido estructurante del trabajo vivo contra el sentido (des) estructurante del trabajo abstracto para el capital, que cosifica al trabajador/a como una mera mercancía. “De modo radicalmente contrario, en una nueva forma de sociabilidad, plenamente emancipada, construida por los individuos libremente asociados o por la asociación libre de los trabajadores” (Marx), el florecimiento del trabajo social que desestructura el capital a través de la atención de las auténticas necesidades humano-sociales desestructurará al capital. Dando un nuevo sentido tanto a la vida dentro del trabajo como a la vida fuera del trabajo” (Antunes, 2009:42).

Bibliografía

-Antunes, Roberto (2009), “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)”, en AAVV. Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Vol. I, CLACSO, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216040822/04.pdf

-Basualdo, Victoria y Morales, Diego (2014), La tercerización laboral, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Castel, Robert (2012), (2012), El ascenso de las incertidumbres. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

-Ezkenazi, Matias y Marticorena, Clara (2010), “Reflexiones críticas entre precariedad laboral y trabajo asalariado”, en Revista Herramienta web, disponible en: https://herramienta.com.ar/herramienta-web-6/reflexiones-criticas-acerca-de-la-relacion-entre-precariedad-laboral-y-trabajo-asa

-Férnandez Massi, Mariana (2014), “Dimensiones de la precariedad laboral: un mapa de las características del empleo sectorial en la Argentina”. en Cuadernos de Economía, 33(62), Buenos Aires, pp:231-257.

-Neffa, Julio Cesar (2010), “Naturaleza y significado del trabajo/empleo precario”, en Busso, Mariana y Pérez, Pablo (Comps.), La corrosión del trabajo, Buenos Aires, Miño Dávila, pp: 17- 50.

[1] http://www.creebba.org.ar/coyuntura/informe_otros/01_ipil_4_2018.pdf

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Primera reunión de Apell tras la explosión: “Acá nadie te explica nada”

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(Por Giuliana Crucianelli) Donde termina avenida Dasso. Donde no hay más avenida, solo descampado. Donde las pocas calles que hay son de tierra y la basura se acumula en un baldío, allí está la Sociedad de Fomento del Barrio Boulevard Juan B. Justo. Al final del recorrido de la 500. Cruzando el Puente La Niña, con un fondo de chimeneas. Con un fondo de “progreso”.

-Bajáte acá nena que yo sigo para la ruta, me dijo el colectivero cuando le pregunté si sabía dónde quedaba Reconquista al 3000.

Gracias siglo XXI por el GPS, pensé. Tres perros flacos salen al encuentro en una vereda donde no pasa ni una bicicleta. Al lo lejos diviso un cartel: Unidad Sanitaria. Eureka. La encontré.

-Buen día, vengo a la reunión del Proceso Apell.

-Sí, es por acá. ¿Vos quién sos?

-Soy de FM De la Calle. Nos enteramos de esta reunión abierta y vine.

Una a una las personas, pocas, se presentaron. Luego tomó la palabra Gabriela, vecina del 26 de Septiembre e integrante del Apell. Dirigiendo la mirada hacia mí, dijo:

-Esta reunión estaba convocada con anterioridad a la explosión en Dow. Era para la comunidad educativa de la 703.

Más tarde me enteraría que fue voluntad de la docente Mirta abrir la reunión a la comunidad y convocar estudiante por estudiante, familia por familia, a que se sumen al encuentro.

Tití, peluquera y vecina del Boulevard, abrió el juego:

-Parece que nos toman el pelo.

Ah la flauta, arrancamos tranqui, pensé.

Comenzó a contar: olores, ruidos, que un día salió afuera y le picaba la garganta, que cuando llamó al CTE le dijeron que era por el tanque negro -¿Qué tanque negro? Si eso no existe más-, que a los pibes a los quince días de nacer les dan un PAF, que nunca antes nadie se había enfermado, que cuando le decís al médico que vivís en White lanzan un ahhh y bueno usted qué quiere, pero cuando hay que firmar un certificado ninguno lo firma.

Una catarata de sucesos que terminaron con un:

-¿Para qué carajo nos llaman?.

Rubén llegó a la reunión con ropa de fajina listo para irse a trabajar. Toda la vida en “el Bule”.

-La verdad es que yo no escuché nada, vivimos al lado de la termoeléctrica que cada dos por tres mete unos venteos que te tiembla toda la casa. Nos acostumbramos a los ruidos.

-La próxima deberíamos decirle al CTE que venga porque hay cosas que nosotros no podemos contestar, dijo un miembro del proceso Apell.

La reunión siguió con las bondades del programa de respuesta ante emergencias, las recomendaciones de la ONU y, en contrapartida, vecinas planteando que nadie les decía la verdad.

Las sirenas se accionan cuando las personas deben confinarse. No se pueden confinar por más de dos horas, tienen que ir a buscarlas antes. Legalmente hay dos horas para avisar a la comunidad que pasó. Lo mejor es que se guarden en casa. Cuando haya una emergencia la sirena comunitaria va a sonar sin parar.

Así sucedía la reunión, entre los pasos a seguir ante un riesgo inminente y la vida cotidiana. Mirta preparaba unos cafés con mucho edulcorante para calmar los ánimos.

-La gente está preocupada pero con ganas de participar, de saber qué hay que hacer ante una emergencia. Nos alientan a seguir con el desafío de capacitar y hacer una instrucción a los vecinos, concluyó el coordinador del Proceso Apell, Daniel Ayala.

-Esto hace 30 años que nos está pasando. Todo esto es una pelotudez, es humo para la tribuna, me dijo Tití antes de volver a la peluquería.

Un llamado telefónico puso fin a la reunión, aunque poco a poco se había ido disipando. Antes de irme, la maestra y tres vecinos me pidieron mi teléfono.

-Por si pasa algo.

Me fui por donde llegué. Ya mediodía y las calles seguían inhóspitas. En la parada del colectivo me crucé con otra vecina que volvía a su casa.

-Viste cómo es… -dijo al saludarme- Acá nadie te explica nada.

Escuchá el reporte desde Ing. White para En Eso Estamos:

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Operativo rosquitas: “Queremos que la Municipalidad nos deje trabajar”

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Tras reunirse con el secretario de gobierno, Fernando Compagnoni, las productoras de roscas azucaradas reclamaron en la puerta de la Municipalidad que les permitan seguir la venta ambulante y les devuelvan los materiales decomisados.

“La única respuesta que tuvimos es que si nosotras volvemos a la calle lo que vamos a ganar es una denuncia penal y que corramos el riesgo de caer presas porque esto es ilegal”, comentó Romina Lezcano.

Cuatro mujeres sin empleo comenzaron el proyecto a fines de febrero: “Había dos chicas que tenían la plata para comprar los materiales. Hoy somos 30 personas las que vivimos de esto. Yo tenía un negocio, lo cerré y seguí con las rosquitas. Es lo único que tengo”.

“Vinimos varias veces a la Municipalidad, antes de arrancar con esto estuvimos averiguando qué era lo que nos pedían. La Municipalidad te exige muchas cosas pero no contamos con el dinero. A medida que fue creciendo, se fue invirtiendo en máquinas, en acomodar el lugar como para seguir trabajando, como los que recién empiezan la plata para hacer todos los tramites no la tenemos. Exigimos que el Municipio nos deje seguir trabajando mientras se hacen los papeles”, dijo.

Lezcano aclaró que “no queremos que nos paguen los alquileres, queremos trabajar. Con una bolsa de alimento que te pueda dar la Municipalidad le das de comer a los chicos dos días nada más. Somos todas mamás solteras y no tuvimos ningún apoyo del municipio”.

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Aparicio sobre estudiantes detenidos: “El accionar policial fue totalmente ilegal”

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En la mañana de hoy se presentará la denuncia del grupo de estudiantes que sufrieron hostigamiento por parte de policías de civil así como los vejámenes a los que fueron sometidos dos estudiantes tras su detención arbitraria el martes 9 de julio, a doscientos metros de los festejos oficiales por la ceremonia oficial.

El abogado Leandro Aparicio señaló a FM De la Calle que lo ocurrido fue “muy grave. Los chicos describieron todo lo que pasó con precisión quirúrgica. Así va a ser presentado” en la denuncia. “Espero que se hagan las medidas de prueba que deberían haber sido solicitadas de oficio” para luego aguardar “que la fiscalía avance y dar comunicación a Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires”. A su vez, el letrado informó que lo llamaron en la mañana de ayer desde la Auditoria General de Asuntos Internos para pedir constancia de lo que había pasado.

Respecto del accionar policial, sostuvo que fue “totalmente ilegal e irregular. No solamente en el momento de la aprehensión sino después fue in crescendo hasta ser algo gravísimo: estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablado de vejaciones, de tortura, de apremios ilegales en ese lapso de tiempo que fue bastante corto” entre la aprehensión y las primeras horas en la Comisaría Segunda.

“Estoy seguro que fue la movilización, las organizaciones la que impidió que esto se complique más. A veces en estos casos se le toma indagatoria al otro día” si no fuera por las organizaciones “esto no hubiera sido posible”.

“La fiscalía le dio la orden de libertad y no le formuló cargos. Pero puede ser que en el algún momento le llegue una notificación. No lo creo porque no tiene sentido, no tienen elementos y en definitiva es mucho más grave lo que pasó después que lo que se le pretendía imputar a ese chico”.

Como cuestión de fondo, Aparicio destacó que “lo que hay que visibilizar es que esto no es lo único que le pasó a los chicos sino la persecución que tuvieron por parte policía de civil que no es la primera y que se ha dado ya en otra circunstancias como con los familiares de Daiana Herlein y con los familiares e Katherine Moscoso”.

En este sentido, lamentó que lo hayan “sufrido los chicos pero es bueno que hayan creado una evidencia. Los policías se envalentonaron al ver que eran pocos y jovencitos. Ahora toda la sociedad puede ver cómo funcionan, cómo operan. Para que los policías hagan esto alguien los tiene que mandar”.

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“A estos zurditos los vamos a recagar a palos”

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Leandro Aparicio, abogado de les estudiantes detenidos en el marco de una protesta por el boleto educativo gratuito, formalizará este jueves una denuncia por abuso de autoridad contra efectivos de la Comisaría Segunda.

“El que manda acá soy yo, me tuerce el brazo para atrás, el que estaba de civil. Me manda adentro y cuando voy caminando por el pasillo de la comisaría me dice ‘a los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo, ahora qué te hacés el machito, ahora estamos solos, ahora qué vas a hacer'”, dijo a FM De la Calle, Jonathan Machuca en referencia al policía de campera gris en la foto. A la derecha, el comisario Andrés Biragnet.

El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística fue detenido junto a Al, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios. Fueron liberados por el reclamo de organizaciones de nuestra ciudad que se manifestaron durante el feriado frente a las comisarías Segunda y Primera.

“El accionar de ese policía de civil, el que me aprehende, hizo abuso de autoridad deteniéndome de forma muy violenta y accionando golpes contra mi dentro del patrullero. Ahora tengo un diente flojo, me pegó una piña, me torció los brazos. Al compañere de la FES  lo agarraron de los pelos, tiene rasguños en el brazo, lo metieron en el patrullero y ahí adentro nos decían que cuando lleguemos a la comisaría nos iban a recagar a palos. ‘A estos zurditos, los vamos a recagar a palos, qué se hacen los machitos con sus compañeros'”, comentó Machuca anoche durante el programa Descoordinades.

Al denunció: “Noté un acto bastante discriminativo por mi condición sexual, uno de los policías nos agredió verbalmente y en una de esas dijo zurditos putos, zurditos, bla bla bla. Cuando me fue a poner las esposas me apoyó su pene en la parte de atrás, lo puedo tomar incluso como acoso sexual, fue bastante evidente lo que hizo”.

Al, menor de edad, fue el primero en recuperar su libertad, su familia lo contuvo,”coincidió con mi convicción y entendió perfectamente la situación”.

“No desobedecí ninguna orden y nunca intenté lesionar a nadie como dice el acta. Resistencia a la autoridad es bastante ridículo porque me forcejearon entre cuatro o cinco personas, me agarraron del pelo, del cuello, tengo lastimada la muñeca izquierda”, comentó.

Agregó que el accionar policial evidenció también “el odio hacia la juventud: nos decían que teníamos qué estar haciendo ahí, que eramos unos irrespetuosos y demás. La misma juventud que estuvo luchando durante la dictadura por el boleto estudiantil gratuito sigue estando y vamos a seguir, a esto para nada lo voy a tomar como algo desmovilizador”.

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Teatro municipal: Fotografías de una gestión que desdeña a su pueblo

(Por Astor Vitali) Este fin de semana la comunidad bahiense se vio burlada nuevamente por la acción irresponsable de las autoridades en materia cultural. Durante las últimas horas un conjunto de fotografías donde puede verse a dos modelos posando a modo de promoción de piezas indumentarias circuló por las redes sociales.

Sinceramente, durante los primeros minutos tendí a pensar que se trataba de algún tipo de operación orquestada en el contexto de alguna interna, que la estupidez no podía ser de tal magnitud y me dispuse, como corresponde a la tarea periodística, a consultar a diversas fuentes respecto de la verosimilitud de esas imágenes.

Todo fue confirmación. Luego de que el intendente municipal, Héctor Gay, de la mano del director del Instituto Cultural, Ricardo Margo, decidieran cerrar el teatro “por tiempo indeterminado” basado en estudios preliminares de la UTN; luego de mudar todas las actividades artísticas y culturales, realizando un perjuicio a asociaciones históricas (como Artistas del Sur) o mudar sin condiciones trabajos de mucho tiempo como el taller de luthería; luego de decirle al conjunto de la ciudadanía que el teatro debía permanecer cerrado porque había riesgo para cualquiera que ingresara; después de haber instalado esta idea y, sumado a eso, evidenciado su profundo desdén por la suerte del teatro en el la circunstancia concreta de que no hay ningún tipo de indicio de que se lleve adelante refacción alguna sobre el edificio (no se sabe si habrá alguna promesa de carácter proselitista, al menos): las autoridades del ámbito cultural deciden abrir el teatro público para uso privado, sin más.

Además del desdén por el conjunto de la comunidad que demuestra este tipo de conductas arbitrarias, también dan cuenta del carácter chabacano de quienes ocupan espacios de poder en el ámbito público, su falta de preparación y su absoluto desinterés por el cuidado de la imagen de una de las salas más prestigiosas del país. “Sí, vení pasá”, habilitó alguna autoridad a los interesados en desarrollar las fotografías, como quien hace pasar al quincho de su casa a un par de visitantes interesados en mirar los trofeos y sacar unas imágenes.

No se trata de caer sobre dos o tres irresponsables de baja estofa sino de observar en este evento un síntoma de una ciudad cuya dirigencia política es poco menos que superficial, carente de todo conocimiento de la importancia de las expresiones artísticas para los pueblos que deberían representar.

Otro tema es por qué este asunto nos interesa sólo a unos cuantos y a unas cuantas que nos movemos en el ámbito específico del arte. Evidentemente la cuestión cultural no solamente está fuera de la agenda política en los escenarios palaciegos sino que, como trabajadores y trabajadoras de la cultura hemos perdido terreno (cedido también) en la palestra ideológica.

La idea de “entretenimiento” ha ganado lugar en la batalla cultural en el sitio de la cultura. Y esto es parte de un proceso político bastante más complejo pero es el que habilita que un hato de irresponsables que cobran salario público puedan llevar adelante este tipo de tropelías sin que se les mueva un pelo y, en rigor de verdad, sin que mueva el amperímetro social a gran escala.

Es bueno que nos escandalicemos ante atropellos absolutamente injustificados y por los que deberían rendir cuentas. Mejor sería que quienes nos desenvolvemos en el ámbito de las artes y el trabajo cultural seamos capaces de crecer en organización de base (más allá de grupos de WhatsApp y uso de redes sociales de catarsis insustancial e improductiva) y modificar esas condiciones de base que nos limitan a movernos en el círculo pequeño de esta calesita demacrada y sin luces cobijada por la indiferencia.

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Liberaron al último detenido: “Jamás me sentí solo”

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El dirigente de la Coordinadora Estudiantil Artística, Jonathan Machuca, fue liberado esta noche luego de declarar en la Fiscalía.

Había sido detenido junto a un militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, quien recuperó la libertad por la tarde.

Machuca denunció que fueron golpeados y amenazados por parte de efectivos policiales. “A los zurditos como vos, a los putitos, yo me los cojo”, le decía un policía. “Pegaban para sacarse la bronca”, agregó y detalló que fueron obligados a desnudarse en el patio para ser revisados.

Los estudiantes fueron llevados en primer término a la Comisaría Segunda tras ser aprehendidos por la Policía Bonaerense en una protesta por el incumplimiento por parte del intendente Héctor Gay de la ley provincia que establece el boleto educativo gratuito.

El operativo se realizó en 12 de octubre y Sarmiento a más de dos cuadras del palco oficial.

Mañana a las 9, las y los estudiantes junto a integrantes de las agrupaciones que reclamaron la liberación de los jóvenes brindarán una conferencia de prensa en Alsina 65.

Compartimos el texto leído hace instantes en el programa especial de Descoordinades de FM De la Calle:

La Coordinadora Estudiantil Artística es una organización que nuclea estudiantes de las distintas escuelas terciarias de arte de la ciudad de Bahía Blanca.

Como parte de nuestras actividades políticas, el día miércoles 3 de julio resolvimos en asamblea interclaustro, junto con diferentes organizaciones estudiantiles, manifestarnos en el marco del acto oficial del 9 de Julio, a favor del la implementación de la ley 14.735 que regula el boleto estudiantil gratuito.

Convocamos a concentrar en la Municipalidad de Bahía Blanca para dirigirnos a Sarmiento y 12 de octubre, donde se encontraban otres compañeres. Desde la primera cuadra de Alsina fuimos seguidos por dos policías de civil.

Llegando al Teatro Municipal fuimos desviados por un policía uniformado, motivo por el cual bordeamos el teatro para llegar a calle Yrigoyen. Durante ese trayecto fuimos seguidos por policías uniformados y los otros dos de civil.

En calle Sarmiento y 12 de octubre, donde nos esperaban otres compañeres, un policía nos informa que no podemos avanzar hacia el acto con los bombos pero sí con las banderas.

Sin embargo, cuando decidimos avanzar con las banderas, el comisario de la Segunda no nos lo permite, alegando que esté no era un acto político sino un acto público cívico militar.

A partir de esto decidimos que no era coherente participar del acto sin los símbolos que identifican nuestra lucha, por lo que nos concentramos en ese lugar donde los policías vestidos de civil nos habían dicho que podíamos estar haciendo uso del corte de calle oficial.

En el lugar desplegamos nuestras banderas de espaldas al acto mirando a la calle donde pasaban los autos e hicimos sonar los bombos. Inmediatamente fuimos amedrentados por las fuerzas a cargo del comisario antes mencionado, quien dijo ser el jefe del operativo de “seguridad” del acto oficial.

Luego de forcejeos por parte de las fuerzas civiles y uniformadas metieron al patrullero a un compañere integrante de la FES (Federación de Estudiantes Secundarios) quien es menor de edad y otro compañero de la Coordinadora Estudiantil de Artística.

Inmediatamente resolvimos convocar a las distintas agrupaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales hacia la comisaría Segunda donde serían trasladados.

Durante la desconcentración nos siguieron policías de civil y uniformados hasta Yrigoyen y 12 de Octubre, donde un grupo siguió caminando y otro se retiró en auto, para concentrar en la comisaría Segunda.

El grupo que se fue caminando fue seguido por personal civil y uniformado que les decían, sugerían, cómo debían comportarse y manifestarse para reclamar por nuestros derechos.

Alrededor de las 15:30 le compañere de la FES fue liberade por ser menor de edad mientras que a Jonathan Machuca, nuestro compañero, todavía continuaba detenido.

A las 16:15 fue trasladado desde la comisaria Segunda hacia la comisaría Primera.

En un primer momento se nos informó que dado que la Fiscalía no trabajaba en este feriado, Machu debía permanecer la noche detenido para ser citado a declarar recién mañana a las 9.

Gracias a la lucha colectiva, al reclamo de todes, a la presión mediática, al accionar del abogado Leandro Aparicio y a la unión de quienes nos acompañaron y apoyaron toda la jornada, logramos que alrededor de las 20.30 nuestro compañero fuera llevado a declarar e inmediatamente, cerca de las 21, fuera liberado.

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Estudiantes detenidos por reclamar por el boleto gratuito y la educación pública

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Dos estudiantes fueron detenidos este mediodía cuando se manifestaban en defensa de la educación pública y por la aplicación del boleto educativo en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

La Policía les imputó desobediencia y resistencia a la autoridad. La acusación no corresponde con la versión de las y los estudiantes presentes ni con los videos que registraron la intervención policial en 12 de octubre y Sarmiento, a dos cuadras del desfile cívico militar organizado por Cambiemos.

Mientras integrantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas se congregaban frente a la Comisaría Segunda, efectivos de civil seguían e intimidaban a un grupo de estudiantes que se dirigían caminando al lugar.

Un menor de edad, militante de la Federación de Estudiantes Secundarios, fue liberado esta tarde. Jonathán Machuca, dirigente de la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las Escuelas Artísticas fue trasladado a la Comisaría Primera donde deberá pasar la noche a la espera de que la UFI 15 le tome declaración.

“Estoy bien, me propiciaron algunos golpes en el patrullero, tengo un diente flojo, me duele mucho, tengo un par de dolores de espalda y de pies pero estamos bien. Para mí fue un abuso de autoridad porque fue en un lugar donde estaba permitido, así y todo nos aprehendieron con mucha violencia y dejándome hasta mañana detenido hasta las ocho para declarar en Fiscalía”, dijo Machuca.

Sus compañeras y compañeros convocan a acompañarlo y pedir su liberación frente a la sede policial de Berutti 650.

En la causa intervino en primer término el abogado Emmanuel Tellechea quien afirmó que “hay una filmación donde queda claro que ninguno de los dos estaba cometiendo ningún delito, no obstante lo cual la policía decidió aprehenderlos e imputarlos por lo que conocemos como combo manifestación: resistencia y desobediencia a la autoridad, atentado a la autoridad y tentativa de lesiones”.

“Según la versión de la policía habría intentado Jonathán golpear a una persona de policía, no se ve a cuál porque no estaban golpeando. Lo mismo en el caso de ‘Al’, más la desobediencia que en la filmación se ve claro que la orden era que soltara el bombo que estaba tocando y lo soltó”, agregó.

Horas después, se sumó como defensor de Machuca el abogado Leandro Aparicio.

El boleto educativo gratuito por el cual manifestaban los centros de estudiantes es ley provincial aunque el gobierno municipal nunca cumplió la normativa.

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Teatro bomba: “¿Para sacar fotos no es peligroso?”

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La agrupación de artistas bahienses Teatro Abierto exigió explicaciones a las autoridades del Instituto Cultural por haber permitido la realización de una sesión de fotos publicitarias de un comercio privado.

“Vimos en las redes una sesión de fotos que estaban realizando en la Sala Payró, los artistas la reconocemos muy fácil, más allá de que tenían etiquetado al Teatro Municipal. Empezamos a investigar si eran actuales o viejas y eran del 5 o 6 de julio. Averiguamos quién había abierto o autorizado, quién había cedido el espacio, recopilamos información y sabemos que la autoridad del Teatro autorizó que se abran las puertas y se prendieran las luces para esa sesión de fotos”, dijo a FM De la Calle Mayra Díaz Alchu.

El Municipio cerró el Teatro hace 119 días tras un relevamiento de la UTN sobre las condiciones de seguridad del histórico edificio. Se advirtió a simple vista riesgos en el sistema eléctrico, condiciones de seguridad e higiene precarias, falencias en la prevención y el combate de incendios. Sin embargo, desde entonces, no hay novedades sobre el plan de obras alguno.

La integrante de Teatro Abierto afirmó que “en primera instancia nos parece peligroso porque ellos mismos dicen que es una bomba de tiempo que no se puede habitar. ¿Cómo es que dejan que alguien entre a hacer una sesión de fotos exponiéndolos al riesgo que ellos predican?”.

“Por otro lado, nos despierta la inquietud de si es realmente tan peligroso o hay alguna otra razón que hace que se cierren las puertas para los artistas y el público en general pero sí se abra para un privado. En este caso, ellos pidieron el teatro y les dijeron que sí, la responsabilidad es del Teatro”, dijo.

Díaz Alchu recordó que “el taller de Luthería y Artistas del Sur en el mismo día se enteraron que ya no podían ingresar, tuvieron que mudar todo en un día, prácticamente los dejaron en la calle. Artistas del Sur está juntando moneda por moneda para poder subsistir, para pagar un alquiler porque les dicen que no pueden estar en ese lugar porque es peligroso. ¿Para sacar fotos no es peligroso? ¿Para que una modelo camine no es peligroso? Por un lado están exponiendo a estos artistas que van a sacar fotos pero tampoco comunican este sector se puede usar y este no. Necesitamos una respuesta del Instituto Cultural, ellos son los responsables de lo que pasó”.

Agregó que “no solamente a nosotros como artistas nos afecta por nuestra fuente laboral sino que a la persona que camina por la calle y paga el Teatro con sus impuestos la están privando de ese derecho. El Teatro es de todos, no es de una empresa ni de una gestión y no nos dan ninguna respuesta, porque tampoco tenemos novedades de que se esté haciendo algo para mejorar el Teatro”.

En ese sentido, comentó que “tenemos entendido que a la UTN no le aprobaron, o están esperando que aprueben, el presupuesto para hacer una última inspección para ver qué hay que hacer. Está totalmente parado y nadie sale a decir nada, es urgente que el Instituto Cultural se expida al respecto”.

Ricardo Margo aseguró anoche a La Nueva Provincia que “no es que el teatro esté intransitable, sino que no puede usarse para espectáculos con cientos de personas” y calificó al permiso como “desacertado”.

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Explosión en Dow: el CTE realizó una nueva inspección

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El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.

 

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Acoso en Noroeste: “Demandamos que el Municipio se expida públicamente”

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La Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes del Colegio de Trabajadores/as Sociales repudió el acoso sexual padecido por una de sus colegas por parte del delegado de Noroeste Juan Campos.

El viernes trascendió que una trabajadora social de la Delegación realizó la denuncia judicial y horas después el delegado solicitó una licencia al intendente.

“Exigimos que se destituya de forma inmediata a este funcionario público que claramente evidencia un actuar misógino y violento. Siendo sumamente importante sentar precedente ante futuras situaciones de acoso laboral y abuso de poder en todos los espacios”, señalan en el comunicado.

La titular de la Comisión, Fernanda Orozco, declaró a FM De la Calle que “debe haber un cumplimiento de la ley 26.485 -de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género- que no debe dejarse a la buena voluntad de los funcionarios sino que deben generarse protocolos en los espacios públicos”.

Desde el Colegio también repudiaron el accionar de los medios de comunicación: “Insistimos en que los medios aun continúan reproduciendo machismo a la hora de comunicar hechos que tengan como víctimas a mujeres y disidencias”.

“Este tipo de situaciones se dan a diario y las víctimas muchas veces no se animan a denunciar, los tiempos han cambiado y con ello la impunidad con la que siempre se han manejado. Es una responsabilidad de todos/as vivir en un sociedad sin ningún tipo de violencias”.

Orozco señaló que “debe generarse un espacio donde se pueda realizar la denuncia sin ningún tipo de implicancia laboral, en este caso un trabajador en cualquiera de todas las formas laborales, sabemos que el Estado tiene muchas personas en situación de precarización”.

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Operativo Rosquitas: “Es un producto que no tiene mucho riesgo”

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José Luis Montanaro, responsable del área de Fiscalización municipal, brindó explicaciones acerca del operativo que Precom y la Policía realizaron este fin de semana, en el cual decomisaron  una veintena de tuppers con roscas azucaradas y otros elementos.

“Hay tres cuestiones que nos preocupan: la seguridad de las chicas, estaban en la banquina de la ruta; cómo eran transportadas ante cualquier accidente, si las chicas sufrían algún tipo de lesión la opinión pública iba a demandar acción del Estado; y el riesgo sanitario. A pesar de que es un producto que no tiene mucho riesgo, el riesgo implícito de que alguien lo consuma y se pueda intoxicar”.

“Pasadas las semanas y los días esta producción y esta venta ambulante creció exponencialmente, nos llamaba la atención la unificación de materiales y que la mercadería era la misma, nosotros somos agente de constatación y no determinamos cosas que no podemos identificar en el momento”, comentó Montanaro.

Agregó que “vimos que en un vehículo no habilitado para el transporte de alimentos y de personas estaba toda esta cantidad de productos panificados que no tienen ningún tipo de procedencia y se secuestró toda la mercadería”.

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Histórico fallo Judicial por la Masacre de La Bomba

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(Por Agustina López Oribe para ANRed) Tras 14 años, se dictó sentencia sobre el juicio civil que la Federación Pilagá realizó al Estado Nacional por los delitos de lesa humanidad durante la Masacre de La Bomba en 1947. 

El juez subrogante Fernando Carbajal, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, ordenó hacer lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y estableció una serie de resarcimientos para el pueblo pilagá.

Alerta sobre la falta de iniciativa por parte del Estado de esclarecer los hechos durante el proceso y destaca la labor de Valeria Mapelman, documentalista, quien no solo recabó testimonios de los sobrevivientes durante 4 años para el documental Octubre Pilagá y escribió un libro profundizando la historia, sino que también registró la mayor parte de los trabajos periciales y aportó documentos oficiales relevantes para la investigación. La sentencia expresa que pudieron probarse una sucesión de hechos que desencadenaron la masacre, la persecución y ocultamiento posteriores.

Se acreditó que hubo durante varios meses del año 1947 una comunidad espontánea de población pilagá en el paraje La Bomba, donde previamente ya era habitado por un grupo pequeño y el cacique Oñedié tenía una chacra. El resto de las personas que llegaron al lugar fueron convocadas por Tonkiet, un líder religioso con capacidad de sanador. No puede probarse la cantidad de gente convocada allí pero podrían ser miles. Cantaban, bailaban y transitaban por el pueblo Las Lomitas donde habitaban criollos y quedó probado que las ceremonias religiosas y de curación eran los aspectos centrales de la concentración.

Esta presencia fue considerada como una “invasión” y motivó en un primer momento el ofrecimiento por parte de la Gendarmería de ser reducidos y trasladados a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y luego, frente a la negativa de los pilagás, se desencadenó una masacre que duró varios días.

“Dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico, entre una comunidad que reclamaba derechos básicos (comida y la posibilidad de decidir su propio destino) y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y, cuando lo intentaba agravaba el conflicto (provisión de alimentos en mal estado) o respondía según baremos de la época con la pretensión de “reducirlos”, reflexionó el juez en el escrito.

Una vez desencadenado el fusilamiento masivo que según el magistrado fue “planificado y organizado por las autoridades estatales”, a cargo del comandante Emilio Fernández Castellanos, jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería, penetraron sus tropas, acompañadas de algunos civiles en el monte “en forma de abanico” y agrega el juez: “típica maniobra de despliegue para ocupación del territorio”.

Se deja claro que “no existió ningún ataque que justificara la respuesta del uso de ametralladoras” y que “los disparos se realizaron sobre la población civil mayormente desarmada” porque días antes la Gendarmería había retirado todo elemento de metal o considerado peligroso del asentamiento multitudinario. Esa fuerza “los persigue matando a hombres y violando y asesinando mujeres y niños”, asegura el fallo.

No puede establecerse la cantidad de víctimas porque no hay registros oficiales de ningún tipo, dejando en evidencia que hay un intento claro de ocultamiento de los hechos por parte del Estado. “Este silencio oficial debe ser severamente reprochado pues se constituye en una clara demostración del carácter ilegal y clandestino de los actos realizados”, escribe el juez Carbajal y “con la complicidad de los medios de prensa”.

Se produjo luego una persecución y matanza sistemática de los pilagá huyendo que además de centenas de ametralladoras contó con un avión de la Fuerza Aérea que despegó en El Palomar, aterrizó en Resistencia donde se extrajo la puerta principal para colocar una ametralladora Colt Calibre 7,635 milímetros que permaneció una semana en el territorio de conflicto. “El uso de la aviación para la represión del pueblo Pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado”, sentenció Carbajal.

Se ocultaron los actos ilegales quemando las tolderías de los asentamientos y los cadáveres dispuestos en el lugar: “el fuego como elemento encubridor de los actos”, enfatizó el fallo.

La reparación otorgada no será de tipo individual y ordena la sentencia dos tipos de reparaciones: No patrimoniales y Patrimoniales. La primeras son de carácter integral y el primer acto de reparación es el propio dictado de la sentencia que “implica establecer los hechos sucedidos y posiciona a los actores en el rol que le cupo como víctimas y victimarios, dejando establecida la verdad histórica judicialmente determinada”. Luego estipula su publicación en la web del Ministerio de Justicia de la Nación y el INAI; la publicación en el Boletín Oficial y ordena incluir el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”. Adjudica toda coordinación a la Federación Pilagá para redactar, imprimir y distribuir material de difusión para uso educativo. Además ordena al Estado la realización de un monumento conmemorativo y que otorgue una serie de becas destinadas a promover y fortalecer al pueblo pilagá.

Las reparaciones patrimoniales serán destinadas a promover el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá y será de la suma de 720 SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente de 12.500 pesos) a razón de 6 SMVM mensuales para cerca de 6000 personas que conforman la Federación.

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“El aceite de cannabis le ha cambiado la vida a mucha gente”

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La Asociación Cannabis Medicinal se presentó días atrás en la Banca 25 del Concejo Deliberante para pedir la implementación de un registro de usuarios, cultivadores y productores de cannabis utilizada para tratamientos de enfermedades.

“Es un fenómeno que crece desde las bases, es una lucha que viene de las madres, incluye ahora que las instituciones lo acompañan”, comentó Martín Palacios, vicepresidente de la organización.

La propuesta apunta a replicar lo que se realiza en otras localidades donde, a través de un registro, se les permite a quienes utilizan aceite de cannabis cultivar la planta para usos medicinales sin fines de lucro.

“Está en camino la investigación, ha sido asignado presupuesto al CONICET, se están haciendo mediciones porque en el mercado negro circula cualquier aceite. Están midiendo qué contenido tiene y si son efectivos. También están investigando el sistema endocannabinoide en procesos degenerativos relacionados con enfermedades como Alzheimer y Parkinson”, comentó Palacios.

Agregó que “en este momento planteamos que hay una ley incompleta que ha generado un montón de prensa y que no da protección a los usuarios. La demanda crece no solamente por la difusión de la ley sino por el boca en boca, esto le ha cambiado la vida a mucha gente. Apunta a separar a la marihuana del paquete de drogas duras, nadie tiene que asustarse por una planta. Los concejales se mostraron interesados y quieren ayudar”.

“Esto está vinculado a la salud y no a las fuerzas de seguridad, la gente que sufre un robo o un allanamiento se ve privada de su fuente de salud”.

El gobierno nacional aprobó una habilitación en la provincia de Jujuy para cultivar y exportar cannabis para uso medicinal. Al respecto, Palacios señaló que “es una porquería, no resuelve absolutamente nada, se dio permiso al INTA y CONICET pero nunca se especificó cómo y con qué presupuesto se iban a hacer las investigaciones. Está diseñado para las multinacionales”.

“En Jujuy hay una mano corrupta y negociados millonarios con un proyecto ostentoso. Que no dejen cultivar a la gente y vendan a una multinacional para exportar a otros países es tremendo”, concluyó.

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Lesa humanidad: detuvieron al ex presidente de la Cruz Roja

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La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.

El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.

“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

Recordó que “son conocidos los casos del enfermero (Adalberto Osvaldo) Bonini, a quien mencionaron muchos testigos como la persona que llevaba los medicamentos y siempre se supo que (Raúl Eduardo) Mariné era el que dirigía ese rol criminal y que uno de los médicos era (Jorge Guillermo) Streich, ambos se encuentran fallecidos”.

“En el caso de Adalberti, esta Fiscalía lo había imputado en su momento, es otro de los capitanes médicos junto a Streich, como la otra persona que concurría a La Escuelita a tratar a enfermos. Esto se pudo reconstruir, sobre todo, en base a la declaración de algunos conscriptos que en aquel momento prestaban servicio y que, por el hecho de ser médicos, estaban afectados al hospital y pudieron hablar y percibir esta dinámica. Incluso a alguno de ellos le ordenaron ir a La Escuelita en una situación, se negó y fue sancionado”.

El Juzgado Federal requirió a la Fiscalía que defina la situación de imputados a quienes se le había otorgado la falta de mérito.

“A partir de declaraciones testimoniales que se recibieron en los últimos juicios se habían despejado dudas que quedaban sobre Adalberti, que fue uno de los apuntados ya desde los Juicios por la Verdad como uno de los médicos que hacía esta tarea”, dijo Fermento. Por ello, se solicitó el procesamiento del cirujano.

La Unidad Fiscal solicitó además la ampliación del procesamiento del enfermero Bonini, quien espera ser juzgado por la desaparición de Julio Infante. Ahora se le reprocha su intervención en el centro clandestino.

En el caso de Sierra y Girotti el fallo de la Cámara no significa su procesamiento “sino que se revocó el sobreseimiento que de haber quedado firme impedía seguir insistiendo con esas imputaciones”.

“La Fiscalía tiene varias líneas de investigación en curso y, en función de eso, va evaluando ampliar imputaciones o insistir con imputaciones que no prosperaron en el pasado, como el caso de Adalberti”, explicó Fermento.

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