“Para nosotros ha pasado una vida, un año que parece una vida. Recordar lo bueno y lo malo todo este mes fue recordar estas cosas que nos ponen más sensibles. Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida. Que lo que le hicieron a Facu no se lo hagan a nadie más”, dijo a FM De la Calle Cristina Castro, a un año de su desaparición forzada de su hijo.

Su familia junto a amigas y amigos organizaron una serie de actividades para honrar la memoria de Facundo y reclamar justicia.

“Vamos por el juicio político a la jueza”, dijo la Cristina. “Cuando empezamos todo esto les dije que estábamos frente a gigantes, logramos sortear a Ulpiano Martínez, estamos frente a un paredón que es la dra. Marrón, que sigue ninguneando, chicaneando a los fiscales que tienen ganas de trabajar”.

Enfatizó que “no tenemos que dejar que nos pisen la cabeza, Bahía es complicado en temas judiciales. Estamos esperando las respuesta de la Cámara, me hubiera gustado que nos reciban, que nos escuchen, no se puede y la estamos peleando desde donde podemos y como podemos”.

Cristina comentó que ya compartió reuniones de trabajo con la fiscala Iara Silvestre, designada días atrás en lugar de Martínez. “He tenido charlas personales con ella. Su primer gesto fue llamarme y ponerse a disposición, me pareció una persona integra. Me interesa que no se venda, que no pase lo de Ulpiano Martínez que entregaba información, que haga su trabajo no importan los resultados. Esta mujer me ha demostrado que va a ir por la verdad y la justicia”.

Mil flores para Facu

Esta tarde se realizará un bocinazo en Pedro Luro con réplicas en distintas ciudades del país. Mañana el colectivo #MilFloresParaFacuCastro transmitirá por redes sociales un festival cultural y el informe que presentarán integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.

Comenzará a las 10:30 y se podrá seguir por Youtube y Facebook. En el lugar habrá solamente un grupo de personas invitadas por las restricciones vigentes en el marco del aislamiento.

“Los amigos de Facu no me han dejado en ningún momento, somos muchos, no podemos estar todos juntos y abrazarnos pero nos fuimos dividiendo durante el día para estar todos y poder honrar la memoria de Facu como a él le hubiera gustado”, finalizó Cristina.

Entre las actividades previstas está la pintura de un mural en vivo, actuaciones musicales, lectura de poesía.

Este domingo a las 20 FM De la Calle difundirá el Capítulo 3 de “¿Quién mató a Facundo?” – Documental urgente en tiempo real“. Información, testimonios en primera persona e imágenes exclusivas que relatan los aprietes de parte de agentes involucrados en la investigación, los obstáculos y dilaciones de la justicia, el relato tergiversado de altas cúpulas policiales.

El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca acompañará la lucha de Cristina y la querella por conocer la Verdad y lograr Justicia con el conversatorio “Justicia por Facundo Castro, contra la impunidad, verda y justicia”.

Participarán Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Sergio Maldonado, hermano de Santiago; y Margarita Jarque por la Comisión Provincial por la Memoria.

Se podrá acceder desde las 18 al Zoom (ID de reunión: 899 3811 3927
Código de acceso: 325556).

En el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, el abogado querellante Leandro Aparicio repasó las evidencias que constan en la causa. Las sospechas recaen sobre un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense aunque aun no hay nadie imputado.

Destacó que luego de la reunión con les fiscales Andrés Heim, Horacio Azzolin y Iara Silvestre “decidimos profundizar y analizar situaciones respecto a las conexiones entre la policía de Villarino y la de Bahía Blanca. Eso lo pudimos realizar después del análisis que hace la DATIP en relación a los teléfonos secuestrados”.

“Estamos frenados en la producción de más pruebas porque tenemos una jueza en la que no confiamos. Resolvimos algunas pruebas sensibles no pedirlas mientras esté esta jueza”, dijo a FM De la Calle.

Comentó que están “analizando las fotografías encontradas en los teléfonos secuestrados por segunda vez a los policías. (Alberto) González entregó el suyo pero (Mario Gabriel) Sosa, (Jana) Curuhuinca y (Siomara) Flores no entregaron todos los teléfonos, entregaron solo algunos, por eso los fiscales piden un nuevo secuestro, la jueza dice que no y los fiscales apelan”.

“Ahora estamos esperando la resolución de la Cámara respecto de la nulidad planteada por los fiscales en cuanto a la incorporación por parte de la jueza de un informe trucho de un señor que dice que Facundo se ahogó (NdR: refiere al titular del IADO, Eduardo Gómez). Ese informe le llega a los fiscales con otro del estudio de mareas del día 30 de abril y que no estaba firmado por ningún profesional”.

“Aparece este informe de Juan de los Palotes sin ningún rigor científico que dice que Facundo se accidentó. Eso lo devuelven, la jueza lo quiere meter para enviarlo a Naciones Unidas cuando tenía que contestar el informe, los fiscales dicen que ya lo devolvieron, la jueza ahí toma la tarea de investigación y los fiscales la recusan por eso”, recordó.

Heim y Azzolín solicitaron a la Cámara Federal la nulidad del documento presentado desde el IADO. “Si la Cámara dice que esa medida es nula, entiendo que la jueza no puede seguir investigando”.

Por otro lado, les representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron a Casación para insistir en el apartamiento de la titular del Juzgado Federal N°2 rechazado por la Alzada local.

Conexión de la policía de Villarino y la de Bahía

“Hay un informe que hace la DATIP donde establece conexiones y vinculaciones respecto de uno de los policías de un móvil, con alto mandos de la policía de acá y con altos mandos de la policía de Villarino”, indicó Aparicio.

El letrado señaló que hay que tener en cuenta algunos elementos ante la hipótesis que pretende imponer Marrón: “El teléfono de Facu se activa el 1 de mayo cerca del mediodía en una celda cerca de la comisaría donde fue secuestrado el Toyota Etios donde se encontró la turmalina, en el destacamento (de la Policía Local) de Pacífico al 200. Si es cierto que se ahogó, ¿primero se vino a Bahía, activó su teléfono, se volvió a ese lugar, dejó el bolso a 3 km de donde se lo encontró, dejo toda la ropa en el bolso, se fue desnudo, dejó una zapatilla y se metió en el agua para ahogarse?”.

Por último, Aparicio insistió en que “nunca vamos a poder tener justicia con esta jueza, tampoco sé si con esta Cámara. Tenemos una base muy firme de prueba para seguir peleando esta causa en donde sea. Cristina está muy fuerte en su reclamo de justicia. La Municipalidad de Villarino está haciendo todo lo posible para hostigar y apretar a distintas personas. No es ningún capricho ni antojo, estamos soportando la justicia o injusticia de Bahía”.

La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.

A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva  y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.

Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.

“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.

La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.

Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.

El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.

Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.

Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.

“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.

La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo  recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.

Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.

A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.

Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)

El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.

El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.

A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.

Las dudas se centran en:

  • Lo sucedido Mayor Buratovich.
  • La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
  • La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
  • Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
  • La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
  • La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
  • Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.

Mayor Buratovich

De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.

Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.

En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.

En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.

Teniente Origone

Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.

Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)

La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.

Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.

Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.

Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.

A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.

Alberto González (FM De la Calle)

González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.

Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.

No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.

Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.

Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.

En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.

Continuación del viaje a Bahía Blanca

En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.

Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.

El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.

No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.

Fin de la desaparición

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.

En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.

El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.

La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.

Patrulleros en la zona

El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.

En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.

Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.

Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.

El equipo fiscal y las medidas pendientes

El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.

El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.

También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.

La obligación de llegar a la verdad

Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.

Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.

“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.

-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?

El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.

En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.

La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.

(FM De la Calle)

-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.

La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.

La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.

Un trabajo a distancia, pero articulado

Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:

El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.

Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.

Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.

La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.

-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?

La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.

Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.

Fuente: fiscales.gob.ar

“Mientras que volver a la escuela lo más pronto posible es imperativo para la educación, el desarrollo social y la salud mental y física de pibes/as, no se ha hecho suficiente para lograr que las escuelas sean seguras para estudiantes y docentes”, citó Horacio Romano en su columna semanal de FM De la Calle.

El planteo surge de una correspondencia la revista científica The Lancet. “En países como el nuestro, en la cresta de la ola, sin todas las medidas de mitigación, tener la escuela abierta es una barbaridad, es no comprender el fenómeno, no querer verlo”, advirtió el médico.

Romano comentó que “The Lancet en marzo publica un estudio de epidemiólogos de Londres que plantean que las medidas de mitigación como distanciamiento, uso de barbijo, ventilación de ambientes y la limitación en las clases fueron efectivas”.

Según la publicación, “el cierre de primarias y secundarias está asociado a una reducción sustancial de la reproducción de casos, en muchos países y durante tiempo prolongado”.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido muestran que “la prevalencia de la infección en chicos y chicas de 2 a 10 años y de 11 a 16 se elevó por encima de la prevalencia para todos los demás grupos de edad antes de las vacaciones de Navidad de 2020”. El gobierno inglés anunció el retorno a clases presenciales el 8 de marzo.

En nuestra ciudad, en base a números mencionados por el intendente Héctor Gay días atrás, “la cifra de 80, 90 pacientes que dice que el sistema escolar ha denunciado, no condice con los afectados que hay entre 0 y 20 años. Ha habido ceca de 750 pacientes en ese rango etario. Los chicos pueden ser asintomáticos, por ende, solo están registrando sintomáticos”.

“Es bastante más y los trabajos en Noruega y Dinamarca destacan que docentes y convivientes se enferman el doble y más”.

Por último, respecto a las responsabilidades personales, Romano señaló que “estamos parados en una cuestión individual, capitalista, que asusta como especie, la humanidad se puede ir por la alcantarilla de la historia porque no quiero usan un barbijo e ir a tomar un café, parece bastante zonzo”.

Las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Neuquén continúan con los cortes de ruta para reclamar salarios dignos. La protesta comenzó semanas atrás, en rechazo al acuerdo entre el gobierno, ATE y UPCN por un 12% de aumento.

En la provincia de Vaca Muerta, promesa de “dólares y progreso”, las autoridades realizaron una nueva oferta de un 53% en varias cuotas que ya fue avalado por la ATE y este mediodía era analizada por les autoconvocades.

“Desde enero del 2020 a la actualidad, el personal de la salud recibió un 15% de aumento únicamente. Cuando tenemos en Neuquén una inflación que superó los 45 puntos y la perspectiva del 2021 es similar. El gobierno lo que tendría que haber hecho es intentar recomponer el salario perdido”, comentó a FM De la Calle Martín Álvarez Mullally, integrante del Observatorio Petrolero Sur.

Agregó que “con esta última oferta que ATE aceptó, hasta diciembre es alrededor del 40% del salario real. Tenés una economía que rige al calor de salarios petroleros y el sector público cobra muy poco, no accede a esos salarios”.

“El fracking como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales le da una característica a toda la economía de enclave, es la dependencia de una sola actividad. Eso ha generado desigualdad, que Neuquén se torne invivible”.

Álvarez Mullally explicó que “así como dicen que Vaca Muerta es la joya de la abuela, la provincia donde se desarrolla está fundida, es la que mayor deuda ha tomado del país, tiene números que son sumamente alarmantes”.

La economía regional “está atada a un mercado internacional que es super complejo de entender. La mayoría son empresas multinacionales o capitales argentinos atados a precios internacionales. El precio del crudo o el precio del gas hace que a ‘la botonera Vaca Muerta’ las empresas las levanten y la bajen todo el tiempo. Ya para 2016 tenías 3500 obreros petroleros despedidos, más 1500 que rotaban y cobraban la mitad del sueldo. Esa variación de despedir mucha gente es constante”.

“Cuando viene toda esa gente demandan viviendas, hospitales, escuelas. En la temporada alta captás más regalías e impuestos y en la baja te quedás sin regalías y con un mar de gente desocupada que te demanda ayuda estatal”, dijo Álvarez Mullally.

“No podés cerrar un hospital o un jardín porque bajó el precio del crudo porque hubo un bombardeo en una fábrica en Arabia Saudita, cosa que pasó el año pasado”, detalló.

El investigador del OPSur mencionó que “hay un problema de desarrollo grave y, sin embargo, la apuesta es defender Vaca Muerta y proyectarlo. Después tenés el impacto ambiental, la cantidad de subsidios que recibe el proyecto es enorme”.

“Siempre estuvo el mito de que Vaca Muerta va a generar los dólares que el país necesita. La relación da negativa, las petroleras perciben subsidios, y giran a empresas de paraísos fiscales parte de eso, entonces hay más fuga de dólares que se capta”, finalizó.

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) realizará este jueves un paro nacional en canales de aire y productoras tras rechazar la propuesta salarial de las cámaras del sector. 

El gremio reclama un incremento del 39% para el semestre abril-septiembre. “Hace 15 días que estamos con ATA-CAPIT discutiendo el tema, estábamos esperando una oferta razonable pero no sucedió”, dijo a FM De la Calle el secretario general de la seccional bahiense, Horacio Tolza.

Comentó que “ofrecieron una propuesta irrisoria de un 20% separador en un 10% y el otro 10 en cinco veces a un 2% por mes. Nos pareció que nos estaban tomando el pelo y por eso se decidió hacer el paro”.

En Bahía Blanca la medida de fuerza será por dos horas por turno y afectará a los canales 7 y 9. “En el 9 va a ser total y en el 7 puede llegar a haber informativo porque no son todos afiliados pero cuando llega el momento de repartir las ganancias logradas también las reciben. Sería bueno que fueran solidarios con sus compañeros”.

“En la pandemia hay industrias que han sufrido la desgracia de venir para abajo y esta ha crecido porque la gente estuvo en su casa. Las tandas que ves, que tienen que ser de 12 minutos, son de 18 o 16. Esto quiere decir que al producto lo están vendiendo bien pero al trabajador no lo quieren hacer participar de las ganancias. No le pedimos más que competir o estar cerca de la inflación”, agregó Tolza.

El Tribunal Oral Criminal N°3 realizará el 27 de mayo la audiencia preliminar del juicio por jurados que analizará la responsabilidad de Gregorio Raúl Costa en el femicidio de Susana Melo.

La modalidad del debate oral fue elegida por el acusado, quien reconoció haber asesinado a su pareja el 21 de marzo de 2020.

Según la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego (UFIJ N°5), durante la madrugada, Costa disparó intencionalmente a Melo en la cabeza, presumiblemente en el interior de la vivienda de Solier al 4000.

“Todas esas conductas desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer”, afirmó el funcionario.

Luego, el imputado trasladó el cuerpo hasta un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252 donde fue encontrado por la policía.

Costa será juzgado por “homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género”.

Tras de la audiencia se fijará la fecha en la que se llevará a cabo el juicio oral.

FM De la Calle recopiló opiniones de referentes y referentas de las organizaciones que firman el documento que propone implementar una tasa extraordinaria para paliar algunos de los efectos de la pandemia en la ciudad.

“Si queremos disminuir la circulación para poder seguir dando atención tenemos que ofrecerle a la gente para que no necesite circular, o que circule lo menos posible. Si le pedimos solidaridad con el vecino también tenemos que pensar de qué manera se puede llevar a cabo esa solidaridad. Para todas las familias no es lo mismo hacer un aislamiento. Eso lo tenemos que visibilizar”, dijo la presidenta de CICOP, Cristina Ferraro.

Agregó que “es momento de que aquellos sectores que han enriquecido y han acrecentado la riqueza que ya tenían hagan un pequeño aporte a las mayorías que se vieron perjudicadas desde marzo del año pasado.

Nicolás Fernández Vicente, integrante del Consejo Cultural Consultivo, sostuvo que “muchas personas se han visto afectadas por la pérdida de empleo formal e informal, la imposibilidad de ni siquiera poder realizar changas. En el sector cultural ha sido manifiestamente visible. Hay quienes frente a la difusión de la propuesta señalaron que la herramienta es la reasignación de partidas presupuestarias. El año pasado se pudo constatar que los recursos redirigidos de parte del Municipio habían sido 20 millones de pesos abajo que lo que se había invertido en pauta publicitaria oficial. Si la imposibilidad de implementarlo viene por este lado, la experiencia nos indica que no ha resultado”.

Miguel Vidal, vicedirector de Cáritas Bahía Blanca, mencionó que “el Papa Francisco nos sigue llamando a sumarnos a enfrentar estar pandemia a nivel mundial pero también la otra pandemia que es la pobreza, que se gesta a partir de un sistema muy injusto. Queremos ser parte de propuestas que le lleguen a la gente y que la ayuden a recuperar su dignidad”.

El secretario general de ADUNS, Sergio Zaninelli, dijo que “es urgente y necesario generar una tasa extraordinaria que atienda a esta crisis sanitaria, económica, policial y social. Es una acción que no ha querido tomar el gobierno nacional, lo que ha impulsado con poco éxito fue el impuesto a al riqueza”.

Manifestó que “la pobreza y la indigencia crece mes a mes, los jubilados ven depreciados sus salarios, la atención en la pandemia es cada vez más caótica, de algún lado tienen que salir los recursos, no puede ser que los pongan siempre los que menos tienen. Llegó la hora de invertir la tortilla”.

Cecilia Epherra, integrante de la Unión de Músicos y Músicas del Sur, expresó que “es fundamental y necesario en este momento aplicar una sobretasa especial a los sectores económicos que no solo no han detenido su actividad sino que han incrementado sus ingresos, para distribuir esos recursos desde una política pública hacia los sectores más vulnerables, que necesitan garantizar sus condiciones básicas para sobrevivir y tener una calidad de vida de los espacios de la comunidad. Es fundamental que ya no dependan de los lazos de solidaridad, como ha sido en el caso de músicos y músicas, sino que además se pueda contar con la decisión política”.

Finalmente, Damián Funk de Sureando opinó que “ante el crecimiento de la pobreza y la desocupación en los sectores más marginales y el aumento de precio de los alimentos, proponemos que la política tenga un poco más de audacia e iniciativa e instrumente de manera inmediata esta tasa que les traería algo de alivio”.

Familiares de víctimas de incidentes viales se reunieron con el diputado Facundo Moyano (FdT) para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Tolerancia Cero al alcohol al volante. La expectativa es que en los próximos 3 o 4 meses se trate en el Congreso.

Santiago Saccoccia, padre de Facundo, participó del encuentro y comentó a FM De la Calle que la iniciativa plantea “modificar la ley de adicciones para indicar que la conducción en estado de alcoholismo pase a ser un tema de salud a nivel nacional. Se modifican los artículos de los niveles, quedando el cero como tolerancia”.

“Al ser impulsado como un tema de salud nacional creemos que va a tener un empuje más grande y estamos convencidos que va a salir”, dijo Saccoccia. Detalló que una vez aprobado deberán adherir las provincias y municipios.

En el ámbito municipal, Saccocia señaló que para tratar la ordenanza “convocaron a un plenario, no sé con qué objetivo, estaba todo revisado por las partes, estuvimos todos de acuerdo. No hay fecha para eso y no se sabe cuando se va a llevar a cabo”.

Foto: Diputados Bonaerenses

Los incendios del Delta pusieron en el debate público la necesidad de caminar hacia una ley de preservación y mantenimiento de los humedales.

Un grupo de profesionales de la ciencia que investigan estos espacios geográficos elaboraron un documento con aspectos que deberían ser contemplados en la normativa.

La doctora en Ciencias Biológicas e integrante del CERZOS CONICET, Paula Pratolongo, es una de las firmantes y comentó los aportes en diálogo con FM De la Calle.

¿Qué es un humedal?

Es un ambiente donde las funciones están dominadas por el agua pero no es una laguna profunda. El agua es poca o es intermitente o son suelos encharcados. Hay funciones que me determinan que eso es un humedal. De esas funciones se derivan de las cosas que valoramos del ecosistema, que puede ser un valor económico o intangible.

Una de esas funciones es que purifican el agua, eso tiene que ver con el nivel de la inundación. Si yo tengo un ambiente donde la inundación somera, con agua poco profunda, hay un intercambio muy intenso ente el suelo y la atmósfera.

Esa alternancia entre un período que se inunda y otro que no, hace que haya reacciones químicas en los suelos, que hacen que mucho del nitrógeno que entra como fertilizante y que potencialmente podría causar un daño se transforma en nitrógeno gaseoso, en el componente principal de la atmósfera. Eso hace que si yo ingreso una carga de nutrientes exagerada, como un residuo cloacal, genera floraciones de algas tóxicas y nocivas, disminuye la proporción de oxígeno y puede provocar mortandad de especies. Todo eso se se evita si tengo una franja de humedales entre el desecho y la franja de agua.

¿De qué se trata y para qué serviría un registro de humedales?

Uno de los principales focos de la ley es destinar fondos y establecer quien se encarga de hacer el inventario. Primero, tenemos que definir a qué cosa consideramos humedal y a qué no. Después hay que decir a dónde están, cómo son, qué funciones tienen, cómo se modifican en el tiempo. Es una herramienta de gestión.

Tenemos ejemplo de los humedales asociados a la ría, cada vez que hay que hacer una obra que modifique algún aspecto de ese humedal hay que hacer un estudio de impacto, audiencia pública, se consulta a expertos. Si se cambia la cabeza y se trabaja sobre la gestión del territorio, contar con este inventario hace que uno pueda definir qué se puede hacer y qué no, con qué intensidad, cómo vamos a entender cómo funciona cada espacio de la provincia y cómo podemos intervenir en eso.

¿Qué cambiaría al momento de evaluar el estuario bahiense?

Obligarnos a poner en marcha el inventario, obliga a tener una legislación específica dentro de lo que se considera humedal y va a imponer determinadas pautas de uso. A partir de la ley se va a evaluar de otra manera el uso del espacio, ya no va a ser el impacto aislado de determinada cosa que quiero poner o sacar. Va a estar ordenado qué se puede hacer y qué no, no me tengo que poner a mirar en cada caso específico qué impacto tiene.

¿Qué resistencias enfrenta esta ley?

En la parte académica somos siempre los mismos, la gente que promueve estas iniciativas son siempre las mismas. El problema de base que hay que resolver no tiene un trasfondo político pero entran otras cosas que ponen en juego intereses de otros sectores y ahí la parte técnica no discute demasiado.

La abogada Mónica Fernández Avello, en representación de la Agrupación H.I.J.O.S., solicitó penas de prisión perpetua para Raúl Aceituno y de diez años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Focelli.

Es por haber integrado la asociación ilícita Triple A, la cual cometió decenas de crímenes en nuestra ciudad durante los meses previos al golpe de Estado de 1976. En el caso de Aceituno, se le imputa, además, participación directa en el homicidio de David “Watu” Cilleruelo.

“Por los 30 mil, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, las compañeras y compañeros víctimas de la Triple A y sus familiares, señores jueces, les solicito que se haga justicia”, concluyó.

El 3 de mayo continuarán las audiencias con los alegatos de Leandro Aparicio y Francisco Fuster, en representación de la familia de Luis “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur, respectivamente.

La querella no computó ningún tipo de atenuantes. “Es obvio que no existieron condicionamientos de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento que los hubiera compelido a cometer los hechos”. Sí sumó agravantes, “principalmente respecto a la extensión del daño causado y a la ausencia de arrepentimiento”.

Por otro lado, adhirió a los pedidos de reparación simbólica realizados por la Fiscalía y requirió que se revoquen las excarcelaciones de Curzio, Pallero y Forcelli y la detención domiciliaria de Aceituno.

La abogada cerró con una cita de la testigo Gladys Haydé Elvira:

“Para que una sentencia sea justa debe ser reparadora. (…) Hay que reparar los 45 años de demora, el medio siglo que pasó con los asesinos impunes. Esta gente ni siquiera se cambió de vecindario, nos obligaron a convivir por medio siglo a las víctimas y a los familiares con los asesinos. (…) Espero de este tribunal una sentencia ejemplificadora, aleccionadora, que acabe con la impunidad para siempre (…), aun así, con los 45 años de impunidad. Quiero decir que José, Julio, Gabe, los 30 mil no son solo Memoria, son, por sobre todas las cosas, convicciones que levantaron los pañuelos blancos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que en este presente todavía sin justicia, levantan los hijos, las hijas, los nietos y nietas”.

Fernández Avello agregó: “Por los testigos fallecidos durante este juicio. Maffo Pereyra, que durante su declaración se quedó sosteniendo la cabeza de su amigo Watu. Esa gran mujer que fue la compañera de Gini, Marta Fabini. Eugenio Navarrete, Víctor Basterra y Jorge Bernardi. También Luis Ángel ‘el Turko’ Salomón, quien tomó registro de todos los juicios en Bahía Blanca. Y por ese gran luchador contra la impunidad en Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo”.

Lo aseguró a FM De la Calle el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña. Señaló que “el suero equino es un tratamiento autorizado por ANMAT, de anticuerpos policlonales, que busca incluir fragmentos de anticuerpos que neutralizan el virus en todos los pacientes que tengan Covid moderado”.

La administración es en dos etapas por vía endovenosa. El objetivo es disminuir “el efecto del virus dentro del cuerpo. Es algo similar a lo que ocurre con el plasma. Se puede hacer en forma masiva, puede llegar a todos los lugares sin tener que esperar ala donación de plasma de la gente. Se busca es que el paciente no entre a la terapia”.

Vacunas: “Ya se está pensando en bajar la edad de vacunación”

“Hay 122.034 personas inscriptas en Bahía, de ambas dosis tenemos 60.410 vacunados y de una sola 55.678. Estamos casi al 50% de los inscriptos. El número es muy alentador”, dijo Fariña.

Afirmó que el criterio de vacunación es: “personas de 60 a 69 con o sin comorbilidades, de 50 a 59 años con o sin enfermedad preexistente y, a partir de ahí, empezamos entre 40 y 49 años con comorbilidades. Ya se está pensando en bajar la edad de vacunación”.

Fariña agregó que “hoy llegan dosis, entre el martes y el viernes recibimos casi 18 mil dosis de Sputnik V y Covax. Es un número tranquilizador para seguir inmunizando. Son todas primeras dosis hasta no bajar la edad de vacunación”.

“Está demostrado que el hecho de tener una sola dosis aumenta la inmunidad y esto hace que aquella persona que se contagie el virus lleve la enfermedad de manera más llevadera y no ingrese al hospital”.

En las últimas horas hubo cambios en los centro de vacunación, las cinco postas son: 

  • Universidad Nacional del Sur: Avenida Alem 1272
  • Universidad Tecnológica Nacional: Montevideo 340
  • Centro de Jubilados de White: Plunkett 3800
  • Unión Ferroviaria: Almafuerte 643
  • Cooperativa Obrera: Chiclana 627

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.

El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

El concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat, dijo a FM De la Calle que “si bien cerramos el ejercicio en equilibrio siempre se necesita mayor cantidad de recursos”.

“Me parece una buena medida, que en Bahía en gran parte ya se aplica y que habría que ver la viabilidad legal”, agregó en relación a la propuesta de crear una tasa o aporte extraordinario de los sectores que mantuvieron o mejoraron sus ingresos durante la pandemia para financiar los costos de la emergencia.

Para el edil radical “tal vez habría que pensar en aumentar o diferenciar la alícuota para no afectar al comercio en general. (…) No creo que los sectores más importantes de la economía de nuestra ciudad, en caso de que se de una situación muy grave y haya que recurrir a generar fondos extra, estén en contra”.

“Creo que es valioso el debate, buscar nuevas herramientas, venimos manifestando hace tiempo, cuando creamos la Comisión de Reactivación Económica el año pasado, que dada la magnitud de la crisis no iba a alcanzar con las medidas tradicionales en todos los ámbitos y tampoco en el municipal con la ordenanza fiscal e impositiva y la exención de las tasas impositivas”, señaló .

En caso de aplicarse la tasa, ¿podría gravar en porcentajes diferenciados según niveles de producción o ingresos?

Sí, por supuesto. Hay una norma que sancionamos hace unos años donde congelamos la alícuota para los sectores productivos medianos para darle previsibilidad y que pudieran prever las inversiones futuras.

Las propuesta de la Multisectorial apunta a que el aporte provenga de los siguientes sectores: 1) polo petroquímico; 2) actividad portuaria de gran porte; 3) entidades financieras y bancos; 4) grandes cadenas de distribución y superficies comerciales de gran escala; 5) construcción privada –en especial, de vivienda de alta gama o grandes proyectos.

El oficialismo impulsó la exención de tasas para los sectores afectados por las restricciones que buscan bajar la circulación del virus. Para Tucat “que se le deje de cobrar a un almacén de barrio o pequeño comercio en concepto de tasa de Seguridad e Higiene o Uso del Espacio Público, es un gesto pero no le solucionamos el problema de fondo”.

“Propusimos que la provincia exima de pagar Ingresos Brutos, porque es distorsivo y afecta en un gravamen importantísimo a los emprendedores, y no fuimos acompañados”.

Según el portal de Gobierno Abierto el Municipio destinó 60 millones de pesos a cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia. En un presupuesto de 12 mil millones de pesos parece poco.

Me dijeron que no estaba actualizado y que esos 60 millones tiene que ver con qué porcentaje de partidas se habían readecuado para el fondo de emergencia. No es solo esa la inversión que se hizo, tienen que ver con el gasto extra que hizo el Municipio.

https://gobiernoabierto.bahia.gob.ar/coronavirus/inversion-publica/

La segunda ola de la pandemia lleva miles de contagios en las últimas semanas y, solo desde el domingo a este viernes, 29 muertes. El oficialismo sostiene que el cambio de fase lo tiene que definir la provincia y desde el Frente de Todos señalan al intendente Héctor Gay. Mientras tanto, el sistema sanitario funciona al límite de sus capacidades.

“De nuestra parte creemos que hace falta mejores controles, disminuir la circulación y aumentar los testeos por motu proprio y los del Detectar, que son bajos. No es correcto producir un cerramiento sobre determinados sectores que está comprobado no producen contagio. Pero sí, algo hay que hacer”, afirmó Tucat.

Tehuel De la Torre, joven trans de la localidad bonaerense de San Vicente, está desaparecido hace más de un mes. Luego de cinco allanamientos y una serie de rastrillajes hay dos sospechosos detenidos aunque la carátula de la causa sigue siendo “Averiguación de paradero”.

En el marco de la búsqueda se realizaron varias marchas pidiendo por su aparición con vida. 

“El 11 de marzo a las 19 sale de la casa hacia una entrevista de trabajo porque iba a hacer de mozo en un evento. Me lo cruzo cuando venía de mi trabajo 19:30. Me dijo que iba a ver a un amigo ‘Luis’. Esa fue la última vez que lo vimos”, comentó a FM De la Calle su hermana, Verónica Alarcón.

Agregó que luego “viene la novia y nos avisa que no había vuelto a la casa, hicimos la denuncia y empezamos a averiguar. Se hicieron allanamientos en la casa de (Luis) Ramos y encontraron pertenencias de Tehuel: su celular roto y la campera”.

Días después, apareció en la causa Oscar Montes, un chatarrero de la zona. La justicia peritó los teléfonos de Ramos y Montes, habían sido reseteados los dos del mismo día. Sin embargo, encontraron una foto donde estaban los tres: Ramos, Montes y Tehuel.

En primera instancia, Ramos y Montes fueron interrogados como testigos sobre si habían visto a Tehuel. Ambos lo negaron. El 23 de marzo Ramos fue detenido y Montes cuatro días después. Eligieron no declarar. 

“Estuvimos con Sergio Berni, se hizo un pedido de recompensa para ver si alguien tiene más información, estuvimos con la ministra de Géneros de la Provincia, Estela Díaz, se comprometieron a brindar recursos para la búsqueda”, dijo Verónica.

Para aportar datos

Quien tenga alguna información sobre su paradero, comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente: por teléfono al 0221-429-3015 o por mail en [email protected]. También se puede llamar al 911. ACTUALIDADARGENTINALGBTI+TRANSFEMINISMOS