Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

La presentación de De Luca esperaba respuesta desde agosto de 2016. El 4 de julio Casación había declarado inadmisible la queja interpuesta contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que, a su vez, había convalidado otro del juez ad hoc Claudio Pontet el cual declaraba la falta de mérito del empresario.

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La titular de SUTEBA, Gabriela Delfino, se refirió en FM De la Calle a la vuelta a clases luego del receso invernal. Mencionó que hay “una resistencia a volver a la presencialidad por la situación de las escuelas en este momento”.

“Nada ha cambiado desde la época previa, salvo que a partir de 10 de agosto se llevarían a cabo los actos públicos virtuales. Esto significa la posibilidad de acceder al trabajo de una cantidad de docentes que no pudieron hacerlo cuando se implementó el ASPO y la posibilidad de cursos de tener docentes que antes no lo tenían”, expresó.

Delfino argumentó que “las escuelas no están en condiciones para volver a la presencialidad y lo más preocupante fue la entrega de bolsones. No teníamos nada, al tiempo bajó un protocolo de cómo hacer la limpieza de los bolsones, pero esto fue en julio. Nadie nos entregó ni un barbijo casero. Vamos a llevar adelante esta tarea con los cuidados que nosotros creemos que hay que tener y esto pone en riesgo, no solo a las docentes, sino a las familias que retiran los bolsones”.

Respecto de las realidades que se pusieron de manifiesto con la virtualidad en la escuela, afirmó: “Hemos dicho hasta el cansancio que la desigualdad que denunciábamos se expuso y se profundizó, porque quien no tiene acceso a internet y a dispositivos está bastante más complicado que el resto. También los alumnos que seguían las tareas por plataformas se están cansando mucho”.

“Cada vez hay más chicos que se van desconectando, van saliendo de los grupos de Classroom. Tiene que ver con que la escuela estructura el trabajo, el pensamiento, aunque no hagas nada tenés que estar ahí y eso genera el espacio y el ambiente propicio para la enseñanza- aprendizaje”.

“No vemos que desde el gobierno haya ningún movimiento o propuesta en este sentido para acercar conectividad para alumnos y familias que necesitan. Lo que vimos es un crédito aparentemente barato para comprar computadoras que en realidad no es tan barato. Comparando precios una computadora con el crédito actual del Banco Nación de 50 mil pesos, se iría a 61 mil pesos si las sacás en cuotas. Tenemos que pagar para trabajar”, dijo.

Las condiciones de trabajo distan de ser las mejores: “Hay docentes que les preparan el cuadernillo de la semana a cada uno, hacen 30 juegos de cuadernillos porque los chicos no pueden acceder a obtener las tareas de otra manera. Este es el trabajo de la ‘continuidad pedagógica’, es un laburo enorme”.

“Más allá de las buenas intenciones que expresa el gobierno de Trotta, en lo real y concreto, en el último acuerdo paritario nacional lo único que hicieron es extender lo que ya se venía dando, lo del pago de suma extraordinaria es lo que veníamos cobrando y eso es 4 mil y pico de pesos que se reparten en 4 meses”.

Presencialidad

“Hay un fuerte debate con las autoridades y una resistencia a volver a la presencialidad por la situación de las escuelas en este momento. Va muy lento pero estamos haciendo un relevamiento de las situaciones que necesitamos tener claras para la vuelta: tipo de ventilación, cantidad de baños, cuántos alumnos y docentes son grupos de riesgo, cuántos auxiliares”.

Explicó las dificultades del sistema mixto entre virtualidad y presencialidad: “Cuando empezamos a imaginar cómo podía ser esto. Si se hace como el gobierno propone de hasta ocho alumnos por aula, en verdad hay algunas materias que las van a ver, por lo menos de forma presencial, una vez al mes”.

“Además, obliga a los docentes a estar en esta modalidad dual que implica muchísimo más trabajo que la presencialidad. Si bien es cierto que no salís de tu casa, estamos sobrecargados, los mensajes nos llegan a cualquier hora, cuando las familias pueden, cuando logran tener datos, ese es el gran origen de la sobrecarga. Exigir la desconexión sin lo otro, es absurdo”, sentenció.

“Desde integración Ciudadana vemos que las políticas públicas que implementa el Municipio en Cultura y área de Niñez y Adolescencia están dirigidas a evadir la responsabilidad del Estado municipal de satisfacer las necesidades básicas de estos sectores con una metodología de implementación de programas que transfieren la responsabilidad hacia los ciudadanos solidarios”, dijo María de los Ángeles Rosón.

La agrupación difundió un comunicado que se trata de una “novedosa forma de gestión de políticas públicas, que consiste en transformar áreas críticas y fundamentales del Municipio en una plataforma virtual”.

“En el área de Políticas Sociales está Bahía Solidaria donde el Municipio únicamente propone una plataforma en la cual los ciudadanos solidarios pueden dirigirse e inscribir qué van a donar. Son los ciudadanos quienes atienden esas necesidades siendo que el Municipio tiene la responsabilidad”, argumentó.

Opinó que “el Municipio se va transformado en una ONG donde las necesidades públicas se están atendiendo con recursos de la gente y no con recursos públicos. La responsabilidad de que les llegue algo a estos sectores parte de los ciudadanos, es una clara forma de desligarse de las responsabilidades, bajo la denominación de modernización del Estado. El municipio no puede ser un mero intermediario entre oferta y demanda y debe tener un rol protagónico. El Municipio no está para entregar suministros, esta para garantizar los derechos.”

En relación al sector cultural, Rosón destacó que “se ha implementado esta plataforma para que los artistas bajo sus propios recursos y peculio hagan una producción de streaming y la suban a la plataforma. De esta manera está desfinanciando porque estos programas no van acompañados de una política de presupuesto adecuado, están subejecutados”.

La abogada mencionó que “la Asociación Argentina de Actores y UMSur cuando inició la pandemia hacen una presentación para colaborar con el Municipio y asegurar el trabajo de los artistas y asegurar que a la gente le llegue la oferta cultural. Hacen esta propuesta de contenidos y lo que hace el Municipio es adecuarlos a los fines de desfinanciar”.

Por último, destacó que “hemos tenido que recurrir a la Defensoría del Pueblo para poder lograr una explicación. Lo que la Defensoría solicitó al Municipio todavía no lo respondió, por lo cual, nos obliga a seguir instando a distintos organismos porque tienen la obligación de rendir cuentas. Veremos cómo continuamos, necesitamos no solo que se sepa qué se hace con el presupuesto sino que ese presupuesto se cumpla para el sector al cual está asignado”.

“Cambiemos en el poder municipal: Cambiemos Municipio por ONG”

Desde un tiempo a esta parte, el Municipio de Bahía Blanca viene implementando una novedosa forma de gestión de políticas públicas, que consiste en transformar áreas críticas y fundamentales del Municipio en una plataforma virtual. En el afán por “desligarse de los problemas” (léase en términos jurídicos: “incumplir sus obligaciones estatales”) utiliza el cliché de “Modernización” para trasladar su responsabilidad hacia los vecinos y la vecinas, y vaciar el presupuesto asignado para sus funciones en dichas áreas.

Con el programa Cultura en Casa, son los artistas bahienses quienes, a su cargo y ad honorem, realizan un contenido vía streaming y lo suben a dicha plataforma municipal. Así, el hecho de que los artistas trabajen (gratuitamente) y generen cultura para la ciudad, depende de ellos mismos.

En el programa Bahía Solidaria, los ciudadanos informan virtualmente qué desean aportar, para el tiempo de emergencia y recientemente, para festejar el día de los niños y niñas. De modo que cubrir las necesidades básicas de las familias más desfavorecidas, depende de la solidaridad de los vecinos y de las vecinas. De este modo, la Municipalidad se ha transformado en “un espacio colaborativo donde ofrecer y pedir ayuda”. Estos programas van acompañados del desfinanciamiento presupuestario del área.

Esta gestión para la no gestión, es producto de la adecuación por parte del Municipio, de proyectos elaborados y desarrollados por organizaciones sociales que vienen desplegando un intenso trabajo territorial en pos de los trabajadores y de la niñez bahiense (Unión de Músicos y Músicas de B Bca y la Asociación de Actores y Actrices de B Bca; la ONG La Misión, Lo + de los Sueños, y La UNS).

Desde Integración Ciudadana repudiamos esta moderna modalidad de gobernar, porque no va acompañada de presencia estatal fuerte que destine el presupuesto público suficiente para atender las necesidades de las áreas de la cultura y de la niñez y adolescencia de nuestra ciudad.

Repudiamos que el presupuesto público se transforme en presupuesto privado para atender obligaciones públicas.

Repudiamos que el Estado Municipal se convierta en una plataforma de provisión o dotación, porque estamos convencidos de que no se trata de entregar suministros sino de garantizar derechos.

Esta tarde se realizó una caravana hasta la Fiscalía federal de Bahía Blanca para reclamar la aparición con vida de Facundo Castro, al cumplirse tres meses desde la última vez que se lo vio subiendo a un patrullero de la Policía Bonaerense.

Cristina Castro, la madre del joven que encabezó una marcha en Pedro Luro, saludó la convocatoria local mediante un mensaje: “Les quiero agradecer por estar, por el bocinazo, por el apoyo, por la marcha. Pedirles que no nos callemos más. Que nunca más sea nunca más”.

“Que devuelvan a Facundo, que se haga justicia, apartamiento del fiscal inmediatamente, basta de encubrir personas, basta de la Bonaerense, basta de matar a nuestros jóvenes. Pedimos que entreguen a Facundo ya, pedimos justicia”, afirmó.

https://www.facebook.com/notes/secretaria-de-ddhh-cta-bah%C3%ADa-blanca/a-3-meses-de-la-desaparici%C3%B3n-forzada-de-facundo-documento/3182596831776087/?__tn__=HH-R

Uno de sus abogados, Leandro Aparicio, dijo que “Cristina es la primera interesada en que Facundo esté con vida. Las pruebas que hay en el expediente nos dicen que a Facundo lo desaparecieron y que desde entonces se activó un protocolo que tiene cinco etapas. (…) El rol que cumplía antes La Nueva Provincia lo cumple ahora La Brújula. Esa es una parte esencial de este encubrimiento”.

El abogado describió los hechos sobre los que sostienen la denuncia del encubrimiento:

  • Empieza el primer día que lo desaparecen cuando le hacen mandar un mensaje de texto del teléfono de Facundo a un amigo cuando nunca hablaba así. Obviamente eso lo mandó un policía.
  • El 8 de mayo la policía que lo llevó (a Origone, Xiomara Flores) desactivó el whatsapp. Qué casualidad. Sin novedades dice el informe de la Policía Federal.
  • El 1 de junio el amigo va a hacer la denuncia y le dicen que tiene que ir la madre. Cuando va, le toman la denuncia en un papel de rotisería. Tené paciencia que ya va a aparecer. De atrás escucha que dicen que los hermanos de la novia eran malos.
  • Las primeras testimoniales dicen lo mismo que decían de Angelito Almada: que se deprimía, que era malo, que andaba mal con la madre, con la novia, que se drogaba, que daba vuelta por los caminos.
  • La tercera parte empieza el 15 de junio cuando se tendría que haber hecho el rastrillaje y no se hace porque llueve. Se le meten a la casa de los hermanos de la novia sin orden de allanamiento, a uno lo llevan a la comisaría, lo tienen entre cuatro apretándolo.
  • El 17 Luciano y Cristina van a Buratovich y no pueden entrar porque hay cinco patrulleros que los bloquean. La que borró el whatsapp (Xiomara Flores) dice que lo llevó a Origone.
  • El 18 de junio un hombre que no dice que es policía declara que vio a Facundo en Bahía. Vuelve a declarar en la cuarta etapa del encubrimiento sin que sepamos nada, manejaba todo la Bonaerense hasta que planteamos la desaparición forzada y la sacamos. Al mismo testigo, cuando declaró en la justicia federal, el fiscal Heim lo cortó porque incurría en falso testimonio.
  • Las últimas tres semanas fueron acumular testimonios truchos que cortan el 6 de julio, ahí no intervenía más la Policía Bonaerense. El 13 de julio una periodista trucha dice ‘vuelco en la causa, habría una persona que habría llevado’. Eso es lo que dice el ministro Berni hoy. Esa persona la mete (el policía Gabriel) Sosa, el que está en la foto con Facundo en la camioneta y Xiomara Flores.
  • Luego consiguen un informe de las lectoras de los autos que pasaron ese día: primero las trae una policía. La lectora marca el ingreso, la gente que entra pero no la hora. Averiguamos con gente de Algarrobo (que aparece) y no viajó ese día. La Municipalidad manda otro el 13 de julio con todo el listado y ahí viaja el auto con los testigos que vieron subir a Facundo al patrullero. El 14 de julio la policía pide otro más y en ese no está ese coche pero sí está el que dice que llevó a Facundo. Eso es lo que La Brújula pone hoy para desacreditar a los tres testigos.

“Obviamente el Estado es desaparecedor, por supuesto que por fiscales, por jueces, por políticos. Pero también por la parte civil, como ese funcionario de Villarino que firmó ese informe trucho que después esta cloaca con ese delincuente de Germán Sasso usa para encubrir a la policía”, agregó Aparicio.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también hizo llegar su adhesión y sostuvo que “necesitamos que Facundo aparezca con vida lo antes posible”. Este sábado se cumplirán tres años de la desaparición forzada seguida de muerte del militante solidario con el pueblo mapuche en el marco de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof Cushamen.

El fiscal Pablo Fermento solicitó la elevación parcial a juicio oral del ex oficial médico Humberto Adalberti y del ex suboficial enfermero Adalberto Bonini. Están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad (en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas y Bonini por 70), de quince homicidios y de la sustracción de los hijos nacidos en cautiverio de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

Según el requerimiento, los imputados asistían a “La Escuelita” para brindar atención médica a las personas cautivas y con esa acción contribuían al mantenimiento de las victimas en esa condición.

“La atención sanitaria, a través de la provisión de medicamentos, enfermería y atención médica –propiamente dicha- resultó esencial para prolongar el cautiverio de los secuestrados en el CCDyT –sometidos a constantes tormentos- mientras no se decidiera otro destino para ellos”, aseguró la Fiscalía.

A la época de los hechos, Humberto Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Adalberto Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de los sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud al centro clandestino para revisar a los detenidos y para asistir en los partos de las víctimas.

Adalberti había sido imputado en 2006 pero la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó su falta de mérito. El avance de las investigaciones derivó en la recolección de nuevos elementos de prueba que permitieron su procesamiento, como la declaración de un testigo que indicó que años después pudo reconocer al imputado por su voz en un lugar público.

La causa en la que fue requerida la elevación a juicio de ambos imputados centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

“Vemos muchas dificultades para que la causa se tramite con celeridad como debería ser por la la importancia que tiene el caso. Hay medidas de prueba que la Fiscalía demora”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria Roberto Cipriano García.

Agregó que “así como tardaron 10 días en abrir los libros secuestrados de la comisaría, falta el cotejo de ADN en las manchas de sangre que se encontraron en el patrullero, el análisis de estudios de los AVL y su cotejo con las personas que declararon. Deberían resolverse más rápido, son pericias técnicas que permitirían aportar elementos centrales para saber qué pasó con Facundo”.

La CPM querella institucionalmente en la causa a la par de la familia de Facundo Castro. Juntos recusaron al fiscal Santiago Martínez, quien ayer fue ratificado por la jueza Gabriela Marrón.

Hoy se cumplen tres meses de la desaparición del joven de 22 años que partió el 30 de abril en dirección a Bahía Blanca.

-¿El ADN ya debería estar resuelto?

Sí, en muchos casos no hay desde la Fiscalía una clara indicación de qué es lo prioritario. Entonces, los cuerpos auxiliares y la policía terminan decidiendo qué hacer primero. Siguen distintas hipótesis, decimos que hay elementos importantes de pruebas sobre la hipótesis principal que es la desaparición forzada de Facundo que no se están practicando de manera rápida.

-¿El 30 de abril las 10 Facundo fue infraccionado en Buratovich, ¿qué pasó después?

Ahí es donde empieza a confundirse si efectivamente estuvo en un destacamento policial o no. La primera cuestión que llama la atención es que la policía dice ‘lo infraccionamos y lo dejamos seguir viaje’, cosa que no pasaba en ningún lado. Hay imprecisiones sobre qué pasó después, hasta el testimonio de estos tres vecinos de Pedro Luro que ven que es subido a un patrullero por dos agentes policiales pasando Buratovich. Eso es central.

Ahí hubo un trabajo que hizo la mamá con el abogado mirando los AV. Llegaron a la conclusión de que uno de los patrulleros estaba en el lugar y horario que dicen estos tres testigos en Buratovich. Eso es lo que todavía no está confirmado por el estudio que hace la Fiscalía sobre los AVL y que daría mucha potencia a esos testimonios.

-¿Es el patrullero que manejaba el policía González?

Exacto, corroboraría el testimonio de esas tres personas. Después hay muchos elementos en el causa traídos por la Policía Bonaerense que aparecen destinados a confundir, testimonios que cuando declaran no están seguros si era Facundo, que dicen que lo vieron en Bahía, aparece una persona que dice que lo llevó pero no está corroborado que ese día haya viajado esa persona.

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-Respecto a la testigo que dice haberlo acercado a Bahía la familia sostiene que la declaración dice que ue el 27 de abril y la información filtrada refiere que fue el 30. ¿No está acreditado que fue el día de la desaparición?

Exactamente, ese es otro tema, la mamá se lo ha planteado a la Fiscalía y nosotros también en reuniones con el Estado nacional en función de la acción que iniciamos ante el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. El Comité exigió al Estado que elabore un plan, una de las cosas que plantea la Secretaría de Derechos Humanos a la jueza es que se ponga mucho cuidado y énfasis en cómo se filtra la información y llega primero a los medios que a la familia. Van dando veracidad a los medios que también dicen cosas que no se corroboran en la causa.

Cipriano García señaló que todavía no se conocen los resultados de las pericias informáticas respecto de las triangulaciones de antenas para ubicar el celular de Facundo.

“La que aportaron las empresas es información incompleta, es otro tema que se incluye en la mora en diligencias judiciales. Hay que adoptar otras medidas, constituirse en la compañía con una orden de registro y exigir que se entreguen los datos en ese momento. Hay otras posibilidades que tiene la justicia para agilizar esa respuesta”.

Respecto de los testimonios que dicen haber visto a Facundo en Bahía, señaló que “varios dudan, dicen que era parecido, no dan certeza de que sea efectivamente Facundo, aportan elementos diferentes a lo que habían dicho en la primera declaración”.

El médico Horacio Romano reflexionó en su columna de FM De la Calle sobre el concepto de ciencia de la modernidad y la necesidad de ver más allá de la causa- efecto para incorporar otros saberes.

“Ampliar la cabeza en cuanto a pensar y accionar en salud. Hay un pensamiento complejo que intenta romper con las causas reduccionistas de causa- efecto, a decir que en realidad es una causa en un contexto y que no solamente depende de un bichito, de que el azúcar está alta. Depende de los hábitos de vida, de consumo, de cómo vivo, de la contaminación y de muchas causas extras”, explicó.

Agregó que “el concepto de ciencia lo da la modernidad, empieza con la llegada a América y con el desarrollo capitalista. Hay toda una idea de ciencia que va condicionada con eso, una idea de orden y progreso, eso sirve para una etapa histórica de la humanidad pero no para lo que vivimos ahora”.

Destacó que todo lo que se pensó en los siglos XIX y XX acerca de “lo que debería ser, ya no es. Entramos en una etapa de crisis mundial, de calentamiento global, la pandemia sin ir más lejos. Cuestiones que afectan a toda la humanidad, que descolocan”.

“Las respuestas no pueden ser las mismas y necesitan otra manera de pensarse, una mirada mucho más amplia y que, a su vez, interactúe con otros actores por fuera de la ciencia. El saber no solo lo tiene la academia, otros saberes populares tienen que sumarse para la toma de decisiones”.

Como aprendizaje de la pandemia “nos va a quedar es cierto grado de cerrazón que hemos tenido muchos, de formaciones profesionales más acentuadas, de no convocar otros saberes, cuestión no tan simple. En lo personal no me resulta tan fácil cuando se mezclan prejuicios, alguna índole conspirativa, está siendo bastante complejo analizarlo fríamente, tal vez porque estamos en el medio del problema”.

Romano aseguró que “cuando la incertidumbre es poca y hay que decidir entre A y B la ciencia normal sirve, ya cuando hay más incertidumbre y las decisiones son más importantes se llama a quienes tienen más experiencia”.

A tres meses de la desaparición de Facundo Castro la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA convoca a una caravana y bocinazo desde las 16:30.

Partirá de la Plaza Rivadavia y se movilizará hasta la sede de la Fiscalía para reclamar la aparición con vida del joven, el apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez y el avance de la investigación.

“El objetivo es mantener en vigencia el reclamo para que esto no se acalle, sabemos bien que cuando no hay protesta de la sociedad y reclamo el poder silencia estas cosas rápidamente”, comentó a FM De la Calle Dante Patrignani.

La convocatoria señala que “la familia y amigos/as denuncian, no solo a la fuerza policial como principal responsable de su desaparición forzada, sino también la trama de encubrimiento urdida por el fiscal federal Ulpiano Martínez”.

“La consigna es aparición con vida de Facundo -no nos resignamos a que no sea así- y el apoyo a la familia en el pedido de apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez a quien ya conocemos los que militamos en organismos de derechos humanos”, dijo Patrignani.

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Recordó “su actitud de encubrir poderosos porque ha tenido una actuación deficiente al filtrar información a la prensa basura, a La Brújula y a Sasso. Información que resultó falsa a partir de las declaraciones de los testigos en sede judicial y, por otro lado, porque no ha ido la investigación con la rapidez que requiere. El silencio ayuda al encubrimiento”.

El Tribunal Oral mantuvo el beneficio de la excarcelación de Juan Carlos Curzio tras el llamado intimidatorio que este realizó a la testigo Cristina Leiva, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Lo hizo “teniendo en cuenta que la testigo relató circunstanciadamente cómo había sido la llamada y que ella misma consideró que no se sentía intimidada ni amenazada, más allá de la no correspondencia de parte de quien se encuentra imputado en esta causa del llamada telefónica”, comunicó

La Fiscalía había planteado que el mensaje no era solo para ella “sino para todos los testigos convocados”. Pablo Fermento explicó que “hay mucho miedo en torno a este juicio y es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los que tienen que venir”.

El juez Roberto Amábile informó esta mañana que se requirió al Programa Verdad y Justicia un informe para confirmar si existe temor en los testigos y si este es provocado por los imputados.

El tribunal sostuvo la libertad de Curzio con la “prohibición específica de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos bajo la condición de revocársela y trasladarlo a una unidad del servicio penitenciario”.

Para ello, consideró que cumplió en detención el mínimo de la pena prevista, su estado de salud y la situación de pandemia.

La jueza federal Gabriela Marrón rechazó “por improcedente” la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Tampoco hizo lugar a la solicitud de Martínez respecto a una imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados para que “discipline” a los querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Cristina Castro sostuvo que «el principal desaparecedor de personas es el Estado» no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también «a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

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La magistrada sostuvo que “no advirtió ninguna irregularidad en la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajustaba a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

A su entender el fiscal cuestionado actúa con “seriedad; objetividad en la búsqueda de la verdad; seguimiento de todas las líneas de investigación; recopilación del material probatorio pertinente y útil, con la diligencia debida; diseño institucional; cooperación intra e inter-estatal; especialidad en las diferentes áreas de investigación; acceso a la justicia de las víctimas; y plazo razonable”.

Para Marrón, el planteó se trató “de una mera discrepancia con la estrategia fijada por el director del proceso”.

Mañana se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo y habrá movilizaciones en Pedro Luro y distintas ciudades del país. En Bahía Blanca una caravana con bocinazos partirá desde la Plaza Rivadavia a las 16:30.

El fiscal Pablo Fermento pidió la detención de Juan Carlos Curzio por intimidar a una testigo. El ex corredor de speedway es uno de los cuatro imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Cristina Leiva declaró hoy y brindó detalles de varios de los integrantes de la banda parapolicial, a quienes conoció por vínculos familiares y de su militancia en el peronismo. “Ese llamado no tenía otro objetivo más que intimidar y condicionar el testimonio”, afirmó Fermento.

Sin embargo, el fiscal destacó que “no es solo para ella sino para todos los testigos convocados a este juicio”. En los últimos días ya tuvieron que desistir de varios a causa del temor.

“Hay mucho miedo en torno a este juicio. Es muy difícil llegar a los testigos y que presten su declaración. Es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los testigos que tienen que venir”.

La abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, adhirió y dijo que “Leiva acaba de decir que actuaban libremente dentro de un partido político hasta que fueron apresados o la asociación a la que represento los tuvo que denunciar en esta querella. Me parece pertinente porque siguen amenazando sin la palabra explícita, llamándolos por teléfono”.

Además de Leiva, hoy declararon José Lualdi y Alberto Brandán. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

“A veces no es necesario hablar”

Leiva ratificó esta mañana lo dicho por Juan Larrea respecto al inesperado llamado del criminal. “Primero me llama mi socia diciéndome que había llamado un tal Juan Carlos que decía que había estado en la cantina pero no había dado el apellido. A los 15 o 20 minutos recibo el llamado de Curzio”.

“Años que no lo veía ni sabía de su vida porque no tenemos trato de amistad. Me dice que es Juan Carlos, que si me acordaba que estuvo en las cantinas. Tanto insistió que se me prendió la luz y le hice una pregunta: ¿vos no estuviste en gayola? Se ríe y me dice que sí. ¿A dónde estás? Estoy en mi casa”, contó.

Respecto a vinculación con la Triple A, el represor agregó: “‘No, no, me involucraron por una cuestión de dinero, no tengo nada que ver’. Ahora comienzan los juicios -le digo- la verdad si hubiera sabido que estabas involucrado no hubieras pisado nunca la puerta de mi casa”.

“No veo el motivo del llamado, no sé si sabría que tenía que declarar o no, si llamó pretendiendo una intimidación o advirtiéndome. No me dijo nada pero a veces no es necesario hablar”, afirmó la testigo.

Los únicos contactos previos que había tenido con Curzio fueron fortuitos. Un día se acercó a su casa para saludar a un campeón de speedway que se alojaba allí. En otras dos o tres ocasiones apareció “para saludar” en una cantina que Leiva administraba. “Yo ignoraba la asociación que tenía con esta gente que manejaba este grupo de asesinos”.

La Fiscalía federal informó este miércoles sobre el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

Entre ellas, la PROCUVIN sugirió producir un estudio integral de orden técnico que concentre toda la información obtenida hasta el momento y aquella que reste requerirse, con miras a determinar el recorrido que habría efectuado Facundo desde las primeras horas de la mañana del 30 de abril pasado, como también con qué personas se habría cruzado y/o entablado diálogo, por distintas circunstancias, en el trayecto.

La procuraduría especializada estimó que debería disponerse de la intervención de un gabinete especializado de la fuerza u organismo que se considerase pertinente para llevar adelante el análisis indicado, y someter a su estudio tanto los datos físicos (informes, legajos, listados, documentación en general) agregados a la causa, como la información o datos del tipo tecnológicos que han sido relevados.

Se refiere a los dispositivos móviles, su análisis y el de llamadas de telefonía y mensajería con activación de celdas, georreferenciación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, datos de telefonía celular, geolocalizadores de móviles (AVL), modulaciones, lectoras de patentes vehiculares, cámaras.

El fiscal Santiago Martínez dispuso que fuera la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la encargada de llevar adelante el estudio mencionado.

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Por otra parte se siguen recibiendo declaraciones testimoniales mediante la plataforma de comunicación online Zoom, tanto las ordenadas por el Ministerio Público Fiscal como otras requeridas por la querella particular, a las cuales se hizo lugar. En el mismo sentido se continuará en los próximos días con la celebración de audiencias ya fijadas.

Rastrillajes

Aunque con resultados negativos, desde el pasado sábado 25 hasta el lunes 27 de julio se llevaron a cabo distintos rastrillajes con efectivos de la Policía Federal (PFA), la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, a los cuales se sumaron personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ayer se efectuaron tareas de reconocimiento del terreno en un tramo de la Estación Ferrocarril Aguará en General Cerri. Entretanto, continúan las labores de investigación tendientes a corroborar diversos datos vinculados con el paradero de Facundo, a cargo de personal especializado de la PFA y demás fuerzas federales.

Se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, de la Comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino.

Peritaje

Tras recibirse los libros secuestrados del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, se requirió al Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA que practicara un amplio peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” –utilizado como libro de guardias- a los efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril de 2020 existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido.

Otras medidas

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) aportó información solicitada y se le requirió que indicara en qué antenas registraron impactos líneas objeto de investigación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) remitió las respuestas a los pedidos formulados.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina remitió el informe UFED (dispositivo forense de extracción de datos) confeccionado respecto al teléfono celular Samsung A6 secuestrado en el marco de la causa, en actuaciones relacionadas con tareas de campo realizadas.

En tanto, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos en cuanto a la información aportada.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina puso en conocimiento que, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, solicitó información a distintas compañías de comunicaciones. A esa División se le remitieron los informes recibidos del Ministerio de Seguridad, a fin de que los incorporaran al análisis encomendado.

Se requirió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que, con carácter de urgente, informara las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone; de la Comisaría de Mayor Buratovich; y de la Patrulla Rural de Villarino del 30 de abril pasado.

Se solicitó además que indicara los motivos por los cuales ciertos móviles no contaban con Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). También se pidió a esa cartera que aportara los datos del personal policial de servicio el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, con indicación de aquellos que hubieran prestado funciones ese día y no se encontraran asentados en el libro secuestrado, como también que se individualizara la cuadrilla a la que fue asignado cada uno de ellos en la fecha en cuestión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Lorena Zerneri se refirió en FM De la Calle al proyecto aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo revise el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez accedió a la jefatura de Parques Municipales.

“En 2018 presento la denuncia en el Tribunal de Cuentas y llega a La Plata. Este año, Parques deja de depender de Infraestructura y pasa a Espacios Públicos, ingresa el ingeniero forestal Pablo Bianco y pasa a depender de Tomás Marisco. Decido presentar copia de la denuncia y de su estado en el Municipio y de ahí pasa al Concejo, no sé si de antes conocían las pruebas o no y se aprueba por unanimidad”, detalló la mamá de Daiana Herlein.

En cuanto al cambio de opinión en las filas del oficialismo, afirmó: “No tengo la menor idea qué pasó, cuando se presentó en el HCD en el 2016 hubo falta de voluntad para tratarlo”.

Uno de los aspectos de la denuncia “tenía que ver con la forma de llamar a concurso, además de que está claramente hecho a medida. Se llamó a un concurso cerrado y otro dentro del Departamento donde era la única ingeniera que se podía presentar. Se presentó en primera instancia, se anuló y, en segunda instancia, se vuelve a presentar y se lo dan a ella”.

Zerneri destacó que “se supone que rindió, que la evaluaron estas personas que no tienen ni idea de agronomía e incumbencia forestal. Eran dos del sindicato y tres del Municipio que eran ingenieros pero nada que ver”.

“La otra parte eran los antecedentes que tenía ella por la muerte de la llama. Fue sancionada y suspendida por ese tema. Con ese antecedente le permiten participar en un concurso como única postulante y se lo dan”.

Se refiere es el ataque a una llama, secuestrada en un operativo de Zoonosis y alojada posteriormente en Parque Independencia. El animal terminó muerto. “Ante tal circunstancia se instruye un sumario administrativo a fin de determinar la eventual responsabilidad disciplinaria de distintos agentes municipales“, recuerda un pedido de informes de 2017.

“Más allá de si tienen margen o no de correrla, si es que lo analizan y ven que lo que hubiera correspondido era hacerlo de otra manera, se debería tratar de subsanar y no decir ya estamos fuera de tiempo, sigamos con todo mal para adelante. ¿Y después si pasa algo?”, se preguntó.

Zerneri apuntó que “está a la vista de todos el trabajo de esta mujer que ha sido devastador en Bahía porque aun no tenemos un censo, todo lo que ha hecho está mal. Eso es el resultado de poner una persona que no tiene ni idea ni ganas, lo mejor sería que hagamos las cosas bien y que ingrese alguien que tenga ganas y que sepa trabajar. Tengo la esperanza de que se evalúe esta situación”.

Pensando en el futuro, afirmó. “Siempre pienso en mi hija, podría volver a pasar y podría evitarse”.

Respecto al amparo político que tuvo hasta ahora la funcionaria cuestionada, Zerneri dijo que “cuando fue la denuncia del robo de herramientas, Gutiérrez firmó que estaba todo. Mostraba la caja del calefactor y decía acá está el calefactor y era una caja. Ella firmó y dijo que (Rubén) Valerio tenía todo y que la denuncia no correspondía. Vaya a saber lo que habrá hecho para que algunos personajes la estén cubriendo”.

Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.

Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.

El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.

Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.

Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.

El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.

El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.

El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.

Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.

“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

La Asociación de Profesionales de la Salud solicitó al intendente Héctor Gay la readecuación salarial dado que, por la crisis sanitaria, el sector no tendrá paritarias y permanecen con el sueldo congelado desde diciembre.

“Es un ajuste de los salarios de todo el personal de salud que está trabajando ininterrumpidamente. No estamos pidiendo aumento sino un ajuste porque no se han abierto las paritarias por la crisis económica y sanitaria. Pedimos que se considere que nuestros sueldos no queden congelados con el tiempo, no queremos ganar más sino lo que normalmente ganamos”, comentó Marina Papucci.

Respecto del cobro del bono de cinco mil pesos anunciado por Nación, la presidenta de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud mencionó que “algunos cobramos y otro no, hicimos ese reclamo”.

El pago se realizó a quienes se desempeñan en lugares con internación como el Hospital Municipal. “Son cuatro cuotas y cobramos la primera. Los de unidades sanitarias no cobraron el bono y estamos con la gestión con Municipio y Nación”.

Previamente habían enviado otra carta al jefe comunal en la cual expresaban: “Vemos con asombro que no son consideradas las recomendaciones de los expertos en estas contingencias, abonando así las causas de la expansión del virus con las decisiones que se toman a nivel local”.

Papucci señaló que “comenzó a haber más diálogo y toda la información que se publica ahora es más creíble y real que la se venía publicando”.

“Estamos en el pico en la cantidad de casos, el Municipio está con planes de detección en barrios populares, se trabaja desde las unidades sanitarias y centros respiratorios”, comentó

En relación al Operativo DetectAr dijo que “comenzaron a hacer muchos más testeos, era lo que le pedíamos al intendente, y la habilitación de las Unidades de Cuidados Mínimos. Es el día de hoy que se están haciendo testeos en los barrios periféricos, se ve plasmado en los análisis en los hisopados”.

“A veces parecían pocos casos para la cantidad de población y el grado de vulnerabilidad con los barrios. El hecho de acercarse a los vecinos y preguntarles cuando una hace un testeo le da un marco de cómo está esa familia. El plan DetectAr es ir a barrios populares y no solo tiene que ver con testeos sino con la educación de los vecinos”, finalizó.

El sábado a la madrugada, durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata, policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª.

En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices.

Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre, violándose garantías constitucionales esenciales. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense.

En la dependencia policial, lo alojaron en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligaron a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplicaron descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.

El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de tener menos de 18 años y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente.

Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño.

Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.

Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.

Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.

Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.

Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad revisar el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez ratificó su cargo como jefa de Parques Municipales en 2016. En aquel entonces fue desoído por el oficialismo el fuerte cuestionamiento de la familia de Daiana Herlein y de integrantes de la Comisión de Arbolado.

“El concurso fue cerrado, a medida. La ley es clara, dice que tenía que ser ingeniera forestal o agrónoma con incumbencia forestal. Ella tenía el título solo de ingeniera agrónoma y no tenía las incumbencias para concursar”, dijo a FM De la Calle la ex concejala Mercedes Insausti. Recordó la “soledad” en la cual se opusieron, la falta de apoyo del Municipio y lamentó “el tiempo perdido”.

En su última sesión, el deliberativo requirió al Municipio que “dentro de la mayor brevedad posible y tomando todos los recaudos jurídicos y administrativos que sean necesarios, en salvaguarda de los intereses de todos los bahienses, evalúe la posibilidad de revisar y, llegado el caso, reformular y volver a efectuar el concurso”.

Insausti sostuvo que “lo que se objetaba en ese momento era el no ajuste a la ley provincial en la nominación de la jefatura en el concurso cerrado que se hizo y el jurado que no respondía a las exigencias de la ley provincial”.

-¿Era un concurso a medida?

Sí, totalmente. Si uno lee los considerandos faltaba poner el nombre y el apellido. La ley es muy clara, el jurado tiene que ser de expertos en temas forestales y, si vemos quiénes avalan esta jefatura, una era la directora de Espacios Públicos que era ingeniera electricista, el secretario de Infraestructura que era ingeniero electricista, la subdirectora de RRHH y el Sindicato de Municipales. Ningún experto forestal.

Entre los considerandos del proyecto firmado por “todos los bloques” destacan que con la creación de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos “se ha incorporado personal idóneo y se han efectuado reacomodamientos de recursos humanos en procura de dotar al área de nuevas ideas, capacidad de gestión técnica y compromiso con una cuestión de profunda gravitación pública”.

A los “atendibles argumentos” planteados por la Comisión de Arbolado al conocerse el llamado a concurso en 2016, se sumó el aporte reciente por parte de Lorena Zerneri a la Secretaría de Movilidad de “nueva documentación ampliatoria que podría respaldar estos argumentos” y también se recibió en el HCD “un amplio documento” en respuesta a un pedido de informes.

De allí, dijeron oficialismo y oposición, “surge la posibilidad de que, en efecto, aquel concurso pueda no haber estado ajustado a derecho, más allá de que por el tiempo transcurrido, deba analizarse si jurídica y administrativamente, dicho cargo no está consolidado”.

Insausti destacó que “el diálogo con la directora siempre es bastante duro dentro de la Comisión de Arbolado por su forma de ser. La soberbia es una limitante a la hora de plantear políticas de Estado. Si atrás de la soberbia hay más soberbia, que es el propio Ejecutivo quien la avala, se hace un camino difícil”.

“Venimos pidiendo saber a dónde vamos. El censo de arbolado del 2016 se instaló como un gran hallazgo que se haga mediante una aplicación. Cualquiera que sepa de arbolado lo desmiente, cualquier vecino podía censar su propio árbol. Así todas las políticas que se han venido desarrollando, hasta el 2019 con una directora de áreas públicas que era la jefa de este sector, que a mi entender era poco idónea en la materia: cuando algo se venía abajo venía la topadora”, agregó.

La iniciativa del Concejo plantea que, ahora, “parecería existir entre todas las partes involucradas (funcionarios provinciales y municipales del rubro, empleados municipales, sindicato de trabajadores municipales y vecinos interesados en la cuestión) una muy buena predisposición y una uniformidad de criterios para reformular y corregir rumbos, a partir de una saludable toma de conciencia generalizada respecto la acuciante necesidad de intervenir con urgencia en la gestión de la forestación de la ciudad y su consideración como una auténtica ‘Política de Estado'”.

Finalmente reconocen que la ciudad “necesita revertir muchos años de errores, abandono, desidia y malas decisiones en la materia, no sólo para mantener mínimamente las condiciones de seguridad necesarias para que el simple acto de concurrir a una plaza o un parque no implique un riesgo para la integridad física de nadie, si no también para, en beneficio de las futuras generaciones, diseñar una ciudad más habitable, sana y sustentable desde una perspectiva ambiental”.

Foto: Canal 7.

Mañana y pasado desde las 9 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Triple A. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur y por juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta semana fueron convocados testigos del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, caso que comenzó a analizarse desde el inicio de las testimoniales.

También se abordará el crimen de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 29 de junio de 1975 fue atacado por un grupo armado mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un hospital bahiense.

El jueves y viernes pasado se escucharon siete testimonios que describieron el clima de persecución que se desató en la ciudad hacia fines del año 1974 y el accionar del grupo integrado, entre otros por los imputados.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.