Ayer, el ministerio de Educación recibió a dirigentes mandatados por las bases de docentes de universidades nacionales. “Lo que esperábamos y lo que nos llevamos fueron resultados coincidentes”, dijo el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, a FM De la Calle.

La cartera viene reafirmando en diferentes declaraciones que no habrá reapertura de paritarias. El gobierno también lo hizo “a través del presidente de la nación” quien manifestó “que no había posibilidad de reabrir las paritarias. Por eso la reunión fue protocolar. Se hizo porque estaba incluida en el acta acuerdo firmada en el mes de mayo”.

El gobierno dijo a los y las representantes que “no están dispuestos a reabrir la discusión salarial, que quieren seguir monitoreando la inflación, que para ellos la inflación iba en franco descenso”.

Con la negativa como respuesta, se pautó una nueva reunión para el 12 de octubre.

Concluido el trámite por las parte, “en forma inédita la Conadu y la Conadu Histórica llamaron a una conferencia de prensa conjunta y anunciaron frente al ministerio de educación un paro para este próximo martes 4 de octubre y la continuidad del plan de lucha en unidad de acción”.

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Por parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina recibió muestras de solidaridad y adhesión a la campaña contra los despidos a dirigentes y delegados del sindicato docente de la provincia. Desde el SUTEF y la CTA Autónoma de Tierra del Fuego impulsan iniciativas de solidaridad con recolección de firmas.

Luego, la Conadu Histórica tuvo su congreso para el cual el martes ADUNS definió en asamblea a sus delegados y delegadas. Zaninellí informó que se determinó “adherir al paro y fijar como paro de 48 horas los días jueves 13 y viernes 14 de octubre en coordinación con la Conadu y con otras organizaciones que quieran seguir reclamando esta justa reivindicación que es de reapertura de la discusión paritaria, la desaparición del impuesto a las ganancias sobre el salario a los trabajares y un presupuesto educativo acorde a las necesidades los trabajadores y los estudiantes”.

El economista Julio Gambina analizó, en diálogo con FM De la Calle, los números sobre pobreza difundidos por el INDEC y resaltó que el 32,2 por ciento de la población viva en esa condición es una cifra “abrumadora” aunque “lo ideal hubiese sido generar una estimación estadística entre el último dato de 2013 y la actualidad”.

“El INDEC prefirió tomarlo como punto de partida y políticamente el gobierno de Macri lo utiliza y dice quiero que me evalúen desde ahora, con lo cual está obviando todo el ajuste que hubo en estos diez meses. La Universidad Católica cuando dio su dato, que era a marzo de 2016, señaló que la pobreza había pasado de un poquito más del 29 por ciento al 32,4 por ciento a marzo”, afirmó.

El economista precisó que “la inflación de abril fue del 6,5 por ciento, o sea que el deterioro de los ingresos populares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ha sido brutal. Al mismo tiempo que se informan estos datos del INDEC ayer se conoció que hay una caída del consumo en el mes de agosto, algo que es bastante inesperado” y “los datos del PBI a junio hablan de una recesión consolidada con caída de la producción de junio de 2016 contra junio de 2015 del 7,9 por ciento de la industria manufacturera que es el sector más importante en pérdidas de empleo”.

“Los datos de la pobreza consolidan y confirman el ajuste de redistribución regresiva que hay en la Argentina, por eso es incorrecto que Macri salga a decir que a él tienen que evaluarlo a partir de ahora. Y es más, ya corrigió su primer mensaje presidencial cuando asumió el 10 de diciembre, dijo que el objetivo es pobreza cero y ahora dice que no alcanza un período presidencial para eliminar la pobreza en Argentina”.

“Eso que solo estamos hablando de la pobreza por ingresos, si habláramos de la pobreza estructural, lo que en los censos nacionales se habla de necesidades básicas insatisfechas, es decir, esas condiciones de pobreza absoluta en que vive una parte importante de la población, veríamos que hay una situación estructural de pobreza en Argentina y que se ha subido el piso”, concluyó Gambina.

(Por Astor Vitali) Este domingo a las 20 en el Teatro Municipal, la Banda de la Asociación Filarmónica de Bahía Blanca ofrecerá un concierto con variado repertorio. Lo recaudado será destinado a la cooperadora del Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero.

El concierto será dirigido por Patricio Pinto. “El laburo con la banda comenzó en abril de este año. Gustavo (Kamerbeek) se acerca a mí como trombonista, en primera instancia. Él sabía que yo tenía algo de experiencia acerca de la dirección de bandas en Chile. Entonces en un programa me invita a dirigir un par de obras. Por una baja que tuvimos en la cantidad de clarinetes Gustavo pasa a formar parte como clarinete concertino y yo paso a dirigir todo el repertorio”, contó a FM De la Calle.

Además, “la banda ha tenido un crecimiento este año que nos ha permitido enfrentar un repertorio un poco más exigente, reactualizar una serie de obras de años anteriores con un trabajo un poco más minucioso”.

Acerca del repertorio, Pinto aseguró que intentan “hacer algo muy variado cosa de mantener al público lo más entretenido posible. En este concierto en particular podrán escuchar cosas como tango, obras específicas para banda y obras de solista”.

Como solista participará la flautista y piccolista, Edelvais Montani. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca junto con las profesoras Eugenia Gallego y Paula Oyhamburo y los continuó en la Universidad Nacional de las Artes en la ciudad de Buenos Aires, bajo la guía de Laura Rus. Ha tomado clases con profesores como Jorge de la Vega, Raffaele Trevisani, Michel Bellavance, Horacio Parravicini. En 2016 ganó la Beca a la Formación del Fondo Nacional de las Artes, para perfeccionarse con el profesor Raúl Becerra en Capital Federal, con quien estudia desde el año 2014.

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La hojalata suena

Además será el primer concierto del flamante ensamble de percusión de la asociación, llamada Tambor de hojalata. Habrá una puesta en escena diferenciada para dicha formación y los invitados prometieron sorpresas para el público.

Su director, Matías Laborde, recordó que fue invitado por “Gustavo Kamerbeek a formar parte de la banda sinfónica y con Andrea Zapata pasamos a ser los preparadores de la fila de percusión. A mí me surge la inquietud de poder hacer cosas aparte con los chicos que estaban en la banda sinfónica. Les propuse a ver si querían tocar cosas aparte y la verdad que están estudiando un montón. Empezamos a armar un pequeño programa y a Gustavo le convenció la idea incluirlo en uno de los conciertos”.

La Asociación   

Diego Borgani, tesorero de la Asociación Filarmónica de Bahía Blanca, sostuvo que la entidad está conformada por “gente con un objetivo común que es enseñar. Enseñar a ser mejores personas, en este caso, a través de la música”. Según el clarinetista, la AFBB nace en 2009 de diferentes fuentes. Una rama que viene de lo que era la Asociación Amigos de la Orquesta (Sinfónica) y el proyecto de la Joven Orquesta del Club Argentino. Por otra parte, Gustavo Kamerbeek que ya venía con un proyecto de coro de clarinetes. Hoy es el único estable en el país.

Actualmente, la Banda Sinfónica y el Coro de Clarinetes funcionan de manera estable. Además, de manera bianual se organiza el Encuentro de Clarinetes al que asisten en calidad de oyentes y docentes músicos y músicas del país y el mundo.

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Programa completo:

Ensamble de percusion de la AFBB

Steve Reich: Music for pieces of wood (fragmentos)

Murray Houllif: Rock talk

Cecile Chaminade:

Concertino para flauta Op. 107 (arr. Clayton Wilson)

Jan Van Der Roost:

Tanczi; suite sobre tres danzas rusas

George Gershwin:

“The Symphonic Gershwin ” (arr. Warren Barker)

Vicente Greco: La viruta (arr. Lucas Gordillo)

Piotr Ilich Tchaicovsky: Vals de las flores

 

(Por Alfredo Grande) En el marco de la cultura represora, es fundamental plantear mal los problemas. O sea: si desordenamos, confundimos, “empiojamos”, reducimos, simplificamos, banalizamos y dogmatizamos el punto de partida, siempre las conclusiones serán parciales, convencionales y, casi siempre, reaccionarias.

A mi criterio, el punto de partida es el “derecho a la vida”. Es decir: yo tengo el derecho a defender mi vida frente a aquello que pretenda atacarla. Este es para mí el nivel fundante. Y justamente por ser fundante está atravesado por lo ideológico y lo político. Si yo tengo el derecho a defender mi vida, eso implica que nadie tiene el derecho de atacarla. Asesinar no es un derecho. Es el arrasamiento de mi derecho. No hay derechos incompatibles entre sí.

“En la cultura represora,
siempre es mejor el malo conocido
que el bueno por conocer.
Lo que está prohibido es conocer”
(Aforismo implicado A. G.)

Cuando son incompatibles, estamos en presencia de diferentes formas de abuso de poder. Entonces se observa el pasaje del derecho al privilegio. Asesinar es lo opuesto a matar. El mandamiento es no asesinarás. El “no matarás” es un mal punto de partido. Entre otras cosas, porque hace la violencia tabú. Una serie se llamaba: “mujeres asesinas”. Mujeres eran, pero no asesinas. La “ballena asesina” ni es ballena ni es asesina. La orca mata para vivir. No asesina porque odia a la población de focas. Matar en defensa de la propia vida amenazada es un derecho y un deber. Desde ya, para la cultura represora matar y asesinar es lo mismo. Simplemente porque la cultura represora tiene el monopolio de los asesinatos impunes.

En el lenguaje encubridor que utiliza: asesinar es “neutralizar al activo”. Pero matar es también destruir un vínculo que oprime, una cultura que nos arrasa o las ideas que nos destruyen. Es necesario insistir con que matar siempre es en defensa propia. Pero la “defensa propia” no es un absoluto. En realidad nada lo es, y bien podríamos decir que incluso lo absoluto es absolutamente no absoluto. La “defensa propia” no es solamente individual, aunque también.

El fusilamiento de Liniers fue en defensa propia de la revolución de mayo. Pero no es un absoluto que el fusilamiento era lo único que se podía hacer. El debate actual sobre la justicia por mano propia se hace sobre la convicción más profunda, casi diría el prejuicio más reaccionario, de que toda justicia tiene que ser por mano ajena. O sea: los directamente afectados tienen que someterse a su majestad el derecho, al feudalismo de los códigos de procedimiento y a los principados de los diferentes fueros. La mano ajena en el ámbito de la justicia asegura los diferentes mercados cautivos, que hasta hace poco incluía los divorcios de común acuerdo.

Se sigue apelando a la “justicia por mano ajena” cuando hay evidencia suficiente de que apenas es “injusticia por mano ajena”. Lo que muchos llaman impunidad. Y la impunidad no es solamente jurídica, sino también política y cultural. Ya no hay códigos y la pedagogía del gatillo fácil, hipócrita forma de designar a la pena de muerte, fue enseñada durante décadas por las llamadas “fuerzas de seguridad”. Los garantes de la más absoluta inseguridad, como queda evidenciada con la venta de las indulgencias por parte de las fuerzas policiales. Indulgencias o licencias para asesinar y robar. Indulgencias que algunos llaman zonas liberadas. Con un tarifario para nada vigilado pero rigurosamente actualizado.

Consumado el delito, desde la denuncia, todo el proceso está viciado por la más absoluta inoperancia y la más abyecta complicidad. Versión siniestra del “roba pero hace” a su actualización: “asesina y sigue haciendo” Se ha perdido la adecuación necesaria entre el acto delictivo y las herramientas necesarias para consumarlo. Dicho en otros términos: para robar se asesina, para secuestrar y pedir rescate se asesina a familiares.

Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas siguiendo la misma lógica. El exceso, la desmesura, la falta de equivalencia entre los medios y los fines. Los pungas, los descuidistas, las mecheras, han sido reemplazados por organizaciones criminales que se han cartelizado. Desde que la industria de todo tipo de drogas llegó para quedarse, no hay lugar para los débiles. Nadie busca el consenso y las hegemonías y jerarquías se resuelven a balazos. No hay que esperar que las “maras” se multipliquen. Hay versiones locales igualmente letales. Si a la delincuencia versión siglo XXI que se sostiene y se ampara en algún poder del estado, le sumamos el aparato policial y judicial, es fácil entender que hoy todos somos, como en los tiempos de la dictadura asesina, un blanco móvil.

Obviamente, la derecha liberal y la derecha fascista usarán el argumento de la inseguridad para publicitar y plebiscitar prácticas de exterminio. El narco-terrorismo será una de las claves para justificar exterminios plenamente anunciados. Pienso que una de las claves del accionar de la cultura represora es preparar los peores efectos, para luego combatirlos sin interesarse en las causas.

Más de 14 millones de personas entre pobres e indigentes es un enorme caldo de cultivo y campo de cosecha de una marginalidad que sólo encuentra justicia en el azar y en el delito. La mitad de niñas y niños no son pobres. Han sido empobrecidos que es una forma de asesinato a mediano y largo plazo. De la misma forma que gobernar queda delegado, depositado y cristalizado en los representantes, la justicia queda monopolizada por los diferentes estamentos del poder judicial.

Por eso más que gobierno hoy se habla de gestión, y por eso la justicia es degollada con la guillotina de la impunidad. En “Búsqueda frenética” el personaje que hace el actor Liam Neeson brinda un buen aprendizaje de lo único que permite enfrentar a los secuestradores y torturadores de mujeres. En “Durmiendo con el enemigo” el personaje que hace la actriz Julia Roberts nos enseña del método para liberarse de un marido acosador y golpeador. Insisto: el derecho a defender la propia vida y, desde ya, la dignidad de la propia vida, es para mí fundante.

“Si es mejor un mal arreglo
que un buen juicio,
la justicia es un parche
y el derecho es un rito”
(Aforismo implicado A. G.)

El derecho a comer es sostenido por una de las formas de justicia por mano propia, que son los comedores populares.

El derecho a estudiar está sostenido en las clases más empobrecidas por los “bachi” populares.

Pero la cultura represora juzga a la justicia por mano propia desde su propia perspectiva de clase. Sabe que su lógica es robar y asesinar y temen, y con razón, que la tortilla se vuelva. Pienso que la justicia verdadera siempre es por mano propia. Una mano propia colectiva y revolucionaria. Lo demás son expedientes.

La delincuencia hizo un pacto con el Poder y pasó al lado siniestro del espejo. Para esterilizar a la justicia por mano propia se le endilga el san benito de la venganza.

Por eso conviene discriminar 4 registros que exigen un análisis concreto: 1) In Justicia por mano ajena (impunidad). 2) Injusticia por mano propia (exceso en legítima defensa, caso ingeniero Santos) 3) Justicia por mano propia (colectiva, cuando la propia vida está amenazada) 4) Venganza (individual y/o grupal y sostenida por los directamente afectados).

Será desarrollado en futuros trabajos. Pero conviene recordar esta advertencia: (Mateo 26:52) Jesús le dijo: “Guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere”.

[email protected] de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes.

El presidente Mauricio Macri abandonó la principal promesa de campaña al destacar que “es obvio que no alcanzan cuatro años” para llegar a la “pobreza cero” y a pesar de los despidos, el ajuste y los tarifazos -entre otras políticas de tranferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados- aseguró que las medidas tomadas por su gestión generarán empleo y mejorarán la educación pública y serán el camino para reducirla.

Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria, que costaba 5.175,92 pesos en agosto para una familia compuesta por dos mayores y dos niñ@s de 6 y 8 años.

Ese mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

“Esta no es la única forma de medir la pobreza e indigencia, pero para realizar una medición multidimencional, que sería complementaria al método actual, se requiere mucho trabajo, y en esta etapa de emergencia estadística, tratamos de centrarnos en nuestras potencialidades”, explicó Jorge Todesca, al dar a conocer las cifras en una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La región con mayor porcentaje de pobreza es el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana (32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). En los aglomerados mayores a 500 mil habitantes, la pobreza se ubicó en 31,8 por ciento, mientras que en las ciudades por debajo de ese nivel de población, en el 34,2 por ciento. En el caso de la indigencia esa relación es inversa: es el 6,6 por ciento en las ciudades más grandes y 5,0 por ciento en las de menor porte. El Noreste es en general la región de peores indicadores y la Patagonia muestra los mejores números.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la región de mayor relevancia para explicar la cantidad de pobres e indigentes. El Indec registró 4.543.000 pobres en el GBA y 917.000 indigentes. En segundo lugar, en la región Pampeana hay 1.925.000 personas pobres y 453.000 indigentes.

Por edades, el sector más afectado por la pobreza es el de los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 40,3 por ciento de la población y concentran el 34,9 por ciento de la pobreza y el 32,1 de la indigencia. Le siguen los niños y adolescentes de 0 a 14 años, con 32,3 y 33,1 por ciento, respectivamente. Luego los de 15 a 29 años, con 29,5 y 32,2 por ciento. Y finalmente los de más de 65, con 3,3 y 2,6 por ciento.La región del Noroeste, con el 40,1 por ciento es la que tiene mayor tasa de pobreza, seguida por la del Noreste con el 35,8 por ciento y Cuyo 35,6 por ciento.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, destacó que las mediciones hechas por la intervención del Indec, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “no se pueden comparar” con los nuevos números porque las anteriores “estaban mal hechas. No se puede mirar frescamente eso como un dato”.

El último relevamiento de este tipo de datos se realizó a mediados del 2013, durante el último mandato de la Cristina Fernández de Kirchner.

Las explicaciones sobre por qué se dejaron de difundir estas cifras vinieron mucho después, en marzo de 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer “el número de pobres” y consideró esa medición como “bastante estigmatizante”.

Pero tres meses más tarde, y sin que se supiera ninguna medición oficial, la propia presidenta, ante la 39na Asamblea de la FAO aseguró que el índice de pobreza se ubicaba en Argentina “por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento”, gracias a las políticas activas implementadas a partir de 2003.

Ya en esos momentos el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaba que el índice de pobreza trepaba en el 2014 al 27 por ciento de la población, mientras que la propia CTA oficialista la había estimado en el 17,8 por ciento.

Para fines de 2015, el Observatorio Social de la UCA estimó que la pobreza alcanzaba a 29 por ciento de la población, y la indigencia a 5,3 por ciento.

Fuentes: Télam, Página/12, FM De la Calle.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente se conocía al acto de adoptar como una obra de caridad, sin embargo, mediante fueron pasando los años el significado fue cambiando, hasta el día de hoy, que es conocido como el acto que realizan muchas parejas, como también padres/madres solteros, cuando no tienen la posibilidad de concebir o ya tienen un hijo y deciden cuidar de otro niño. Para poder tener la tenencia de un menor, los padres deben atravesar una etapa, donde el juez, analiza si poseen los requisitos para brindarle el amor y contención necesario en su crianza.

En el año 2015, Marcelo Feliú impulsó una nueva ley que puso como eje principal el agilizar el proceso de adoptabilidad, con un plazo fijo de seis meses para que los jueces analicen los expedientes, donde se cuenta desde que se toma la primera medida de protección del menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, y con el resguardo de las debidas garantías del debido proceso para todas las partes involucradas, para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados.

Con respecto a los postulantes para adopción, algunos de los requisitos fueron modificados, entre los que se encuentran la diferencia de edad entre adoptante y adoptado que antes era de 18 años y ahora bajó a 16. También se permite que adopten las uniones convivenciales, algo que antes no se consentía y se mantiene la posibilidad para personas solas y matrimonios. En este último caso se extiende la posibilidad también a los matrimonios igualitarios.

Este nuevo código, se enfocó principalmente en los tiempos del proceso, el cual implica tres etapas: un estado de adoptabilidad del niño; una guarda provisoria; y el juicio de adopción.

Todos estas reformas fueron pensadas a favor del niño, para evitar que generen lazos afectivos con guardas provisorias con las que no puedan mantener el vínculo a futuro y con el objetivo de garantizarles una estabilidad emocional.

El amor más allá del deseo

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En nuestra ciudad se encuentra la agrupación “M.A.M.A.-Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes” la cual brinda apoyo desde 1985, con los objetivos de dar información y contención psicológica para a aquellos que todavía no se iniciaron el proceso de adopción, también a las personas que se encuentran en lista de espera, como también los casos que se encuentra vinculado con algún niño o las que ya tienen un menor por la vía de adopción.

Con respecto a los temores que enfrentan los padres antes, durante y luego del proceso, Carolina Recalde directora de MAMA explica “hay muchos miedos, incertidumbres. Hay un poco de idealización en los pretensos adoptantes, en que cuando llega el niño ‘bueno llegó y ya se termino todo, y le damos para adelante’ o la historia de ese niño y ya está. No, hay que respetarla, uno adopta con la historia, entonces hay que estar preparados. Lo que nosotros tratamos es que los papás estén lo mejor preparados para cuando llegue ese niño a la familia”.

Por otra parte, refiriéndose a la otra cara, en que los padres que adoptan, luego de un periodo junto al niño los devuelven a la justicia, Recalde afirmó: “el tema es que la gente necesita pedir ayuda. Porque esto tiene que ver con la idealización. Vos idealizás un chico o una nena y después no cumplen esas expectativas que vos tenes, entonces decís bueno, al primer berrinche lo devuelvo. Entonces, ante esa situación, hay que pedir ayuda”.

“Si estuviste idealizando a ese niño, tal vez, ese niño también idealizó a sus padres “¿cómo serán mis papás cuando los encuentre?”. Entonces, creo que cuando uno tiene el deseo y cuando llega el hijo, ya el hijo es para siempre” agregó.

Respecto al hecho que muchas parejas deciden adoptar bebés y no niños de dos años en adelante, explicó que “para muchos implica, que tiene menos historia, lo amoldo a mi manera…le puedo dar la mamadera, cambiar los pañales y lo puedo llevar al jardín. Básicamente es eso. Bueno, bárbaro… sí. Pero, cuando vos adoptas un niño más grande, no le cambiaste los pañales, no le enseñaste a caminar, pero le podés enseñar otras cosas. Hoy por hoy, el 95% de los matrimonios o los homoparentales quieren niños menores de 3 años. Pero la realidad, es que la mayoría de los niños que hoy están en estado de adoptabilidad son mayores de 6 años”.

En cuanto a la relación del chico con el padre adoptivo el psicólogo Alejandro Osorio aseguró: “Uno ve diferentes relaciones con los padres adoptantes, mucho tiene que ver la postura y la actitud de estos padres hacia esos hijos. El hecho de transmitirle la verdad. El poder haberle dado amor, seguridad, contención, puede transformar el hecho de haber sido adoptado en algo no necesariamente traumático. Porque estamos constituídos desde lo psicológico desde el cariño, el amor, nos identificamos a partir de ahí, entonces cuando nos encontramos con adultos contenedores y que saben dar amor, que saben poner este deseo, no desde el narcisismo, sino desde construir una familia. Uno observa que no necesariamente debe quedar una huella en ese hijo adoptado”.

También recalcó: “La familia, no viene dado desde lo sanguíneo. La familia es quien te da amor y quien te cuida, entonces se sienten realmente hijos y adquieren características propias de la familia, estilos familiares. No así, que he tenido también pacientes a los que se les ha ocultado la verdad hasta la adolescencia, pueden tener una huella más traumática”.

Con referencia a los temores que enfrentan “están el no poder dar amor, no congeniar con el niño y en esto entra el secreto de la adopción. El amor es libre, no ata, no prohíbe. Es desde la libertad que uno se relaciona en el seno familiar o en las amistades, como en la pareja. Y la condición de la libertad es necesaria también con los hijos. Un papá, sean hijos adoptados o biológicos, no puede coartar la libertad de este hijo. Acompaña, aconseja, habla desde la experiencia, pero nunca puede dirigir la vida de ese hijo, entonces ahí se necesita un acompañamiento hacia el adulto, ese papá y esa mamá para que puedan sentir esa seguridad, de que si han creado en vínculo, pueden ir con la verdad”, aclaró Osorio.

Para finalizar, al hablar sobre los prejuicios que se les tiene a los matrimonios igualitarios afirma “me parece que va por la capacidad de brindar esta contención, este apoyo, amor. Pero por otro lado, a mi entender, la sociedad le falta evolucionar, lamentablemente, porque no está preparada para aceptar esto”.

Con una movilización desde el Obelisco a la Cancillería se conmemoró en Buenos Aires el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La actividad convocada por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina contó con la presencia de Cristi Bautista, madre de una de las víctimas del crimen de Estado terrorista que conduce Enrique Peña Nieto.

“Ayotzinapa a todas luces es un crimen de Estado, no solamente por la participación explícita y probada de policías municipales y ministeriales de la ciudad de Iguala sino también por la participación de militares la noche de aquel 26 de septiembre de hace dos años”, afirmó a FM De la Calle Mónica Mexicano.

La integrante de la Asamblea destacó “la omisión del Estado mexicano ante las primeras horas, que eran cruciales para empezar a buscar a los chicos, cuando ya se evidenciaba mediante las pruebas que se trataba de una desaparición forzada. Hay numerosos testimonios de los sobrevivientes, así como videos que muestran que fueron los policías municipales quienes se llevaban a los chicos en las camionetas”.

“Eso se contrasta con esa supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere hacer creer mediante el cerco mediático que los medios de comunicación en México hacen, con esta gran mentira que dice que los chicos fueron llevados por el crimen organizado, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinario, donde también participa el Equipo de Antropología Forense, mediante pruebas científicas han podido determinar que esa supuesta verdad histórica es una mentira”.

Mexicano dijo que continúan exigiendo junto a los familiares “la aparición con vida de los chicos” porque “hay pruebas que dio el GIEI que siete días después de que desaparecieron los celulares siguieron activos dentro del campo militar de la zona de Guerrero. Sabemos que ellos saben dónde están los chicos y es lo que queremos que nos digan: dónde están”.

“Hay un par de personas detenidas que fueron los que el Estado inculpó como parte del crimen organizado pero sabemos que son lo que acá llaman perejiles, personas que mediante la tortura hacen declaraciones falsas. Además está preso el gobernador de Iguala, la ciudad donde acontecieron los hechos, junto con la mujer, pero no acusados por este crimen de Estado sino acusado por lavado de dinero, lo cual no tiene nada que ver con la situación que se está planteando. Para nosotros fue un intento de lavado de cara del Estado mexicano ante la presión internacional”, manifestó la activista.

La integrante de la Asamblea de Mexicanxs comentó que “en repetidas ocasiones hemos ido a Cancillería exigiendo al gobierno argentino que se pronuncie contra las graves violaciones sistemáticas que el gobierno mexicano está cometiendo, entendemos que es un crimen de Estado y que hay Estados que bancan esta situación, ningún mandatario se ha pronunciado sobre Ayotzinapa nunca. No nos queda más que apelar a la solidaridad de la gente, de los pueblos, y continuar con esta exigencia de justicia”.

“Los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos son estudiantes que quieren ser maestros, la escuela normal de Ayotzinapa es un espacio que posibilita la formación de profesores de gente que viene del campo, que no tiene recursos para estudiar en otra escuela, da la posibilidad de internarlos, de que vivas en la escuela, te pagan la comida, la estancia, te pagan para estudiar”.

“Además tiene una tradición de militancia siempre solidaria con las luchas del pueblo mexicano sobre todo donde la mayor parte son comunidades indígenas y campesinas, las cuales están en una situación de violencia política y económica, ellos siempre han sido solidarios y obviamente esa es otra de las razones por las cuales el Estado mexicano apunta a la desaparición, al hostigamiento de los militantes sociales” concluyó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.

En el acto, que se realizará este martes 27 estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participará el vicegobernador, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana comentará el Informe. La cita es en el salón Eva Perón del Anexo del Senado, avenida 7 esquina 49, La Plata a las 18.

Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante informes a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. Estas denuncias —avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales— requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter.

En este sentido, desde el año 2005 la CPM viene realizando, a través del Comité Contra la Tortura, el trabajo de inspecciones sistemáticas en lugares de encierro, que se desarrolla con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos por las Naciones Unidas. Autonomía que le permite actuar con independencia de los cambios de gobierno.

En esta oportunidad, la presentación del Informe Anual. El sistema de la crueldad X se da en un contexto de reciente cambio en las gestiones del gobierno provincial y el nacional, y los datos que este trabajo deben servir como un diagnóstico y una herramienta para discutir las políticas de penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia. Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

(Por Luis Ponte) Con el título ¿Hacia dónde va la cultura?, el docente e investigador argentino Guillermo Mastrini (*) publicó esta semana en el portal periodístico LetraP un artículo donde expresa su mirada sobre el proyecto de ley de mecenazgo cultural que el gobierno nacional acaba de presentar en el Congreso.

El objetivo de esta ley es que las empresas financien proyectos culturales a cambio de reducciones impositivas”. Con lo cual,  dice Mastrini, “el Estado cede la iniciativa a la inversión privada para que ésta defina cuáles son los proyectos que merecen ser financiados.”

Remarca que “es éste el primer anuncio importante en el área de cultura, luego de 10 meses de gobierno” (de la Alianza formada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica). Y aquí, nos permitimos completar que las informaciones previas relacionadas con esta cartera tuvieron que ver con los despidos de cientos de trabajadores en ese Ministerio; los piedrazos sufridos por esos mismos trabajadores desde balcones del Barrio Recoleta, cuando marchaban en reclamo de sus fuentes de trabajo; el cargo de asesora de la novia del propio Ministro de Cultura Avelutto negado primero, pero confirmado finalmente por el periodista Alejandro Bercovich (C5N);  más despidos y el cierre del CCK por auditorías y supuestas fallas edilicias, mientras se lo recibía y homenajeaba allí a Obama con cortes y quebradas; las protestas aún desoídas de miles de alumnos y profesores de música en todo el país, por el cierre de las Orquestas infantojuveniles del Bicentenario, y más.

Este “detalle de malas noticias” viene a cuento no sólo por el hecho de ejercer el santo oficio de la memoria, sino también, para enmarcar que la presentación de este proyecto de ley, viene precedido de una serie de hechos y dichos para nada casuales ni ingenuos, que lo enmarcan en algo que varias columnas atrás describimos como un “clima de época”.

Como dice el autor con otras palabras “hay que reconocer que el proyecto de ley de mecenazgo resulta coherente con un gobierno que desde el Estado procura ceder la iniciativa al sector privado. Si la política energética ha quedado en manos de un ex CEO de una multinacional petrolera, no debería resultar extraño que la política cultural esté a cargo de un ex directivo de Penguin Random House, la mayor editorial del mundo.”

Cuando el Ministro de Cultura remarca que – transcribe Mastrini – “su colega Prat Gay entendió el sentido estratégico que tiene este proyecto porque el dinero no pasa por el Estado, la empresa lo deposita en la cuenta del artista”, nos queda poco margen de dudas acerca del encuadre y los objetivos a los que apunta la ley de mecenazgo cultural “marca Cambiemos”.

Pero a esta altura, hay que hacer foco también en las opiniones de aquellos que sentados en los confortables sillones del sentido común, aprueban que la empresa privada sume su aporte económico a la actividad cultural que el Estado debe gestionar y financiar.

Prácticas que, instaladas en el tiempo, se naturalizan e invisibilizan las verdaderas causas del uso de las mismas (falta de presupuesto, o de imaginación y/o de voluntad y/o de inoperancia del funcionario de turno; intereses creados, convalidaciones varias, o todo eso a la vez), ni mucho menos, en las consecuencias negativas que acarrean para una – de haberla, claro – política de Estado en Cultura.

Por eso nos preguntamos con el autor “para qué sirve una política cultural y cuál debe ser su orientación. Una parte de la cultura ya forma parte de una estructura mercantil en la que los capitales son invertidos, con dispar suerte cabe aclarar, para obtener una ganancia. Está directamente vinculada con la televisión, las cadenas radiales, la industria musical internacional, las grandes producciones hollywoodenses y el mercado del libro. Pero la industria cultural absorbe sólo una pequeña parte de la producción cultural. En paralelo, museos, bellas artes, pequeñas producciones editoriales, musicales y cinematográficas requieren de ayudas económicas para poder subsistir. La acción del Estado resulta decisiva para promover una oferta cultural diversa, federal, y más aún para estimular el acceso a los bienes simbólicos. Supone expandir los límites del mercado, tomar riesgos, promover vanguardias y valores culturales populares de reducida escala mercantil.”

Obviamente las empresas quieren el mayor rédito posible. Está en su ADN. Por lo tanto, respaldarán las propuestas culturales consolidadas, y/o aquellas que les sirve para mejorar su imagen. Lo cual, dice el autor, “va de la mano de varias amenazas contra la política cultural.  Como el desfinanciamiento público”.

También advierte al estudiar las limitaciones de estas políticas de mecenazgo qué sucede cuando se aplican en sociedades con una estructura social fragmentada y desigual como las nuestras.

Y pone, para ello, el ejemplo concreto del Brasil de Collor de Melo de los años ‘90s. Donde, una vez implementada la ley de mecenazgo, el financiamiento mostró un aumento de la inversión y las fuentes de trabajo al costo de concentraciones marcadas sobre tres tipos de beneficiarios:  a) ramas culturales específicas como el cine, el teatro y el ballet; b) sectores culturales con estrecha llegada a los círculos empresariales y c) una alta concentración de la producción cultural en los grandes centros urbanos de San Pablo y Río de Janeiro, en desmedro de zonas más desfavorecidas.

Con un Estado ausente y en retirada en casi todas las áreas, incluida la Cultura, cercenado por decisiones políticas que más tienen que ver con una larga, paciente  y nutrida construcción de lugares comunes a través del juego de intercambios entre medios masivos y hegemónicos  y  sus públicos consumidores, queda un terreno fértil para la restauración (elección de término no casual) de que lo privado motoriza todo.

Poco margen queda entre lo que define el mercado a través de las Industrias Culturales y lo que le resta un Estado que cede gran parte de sus iniciativas al sector privado, para todos aquellos sectores con una producción simbólica difícil de guiarse exclusivamente por la lógica de la ganancia”.

 Tema de nuestra segunda nota, la semana próxima.

 

 

(Por Helen Turpaud Barnes) Hace poco ocupó mucho espacio mediático la charla sobre derechos sexuales y aborto en el Colegio Carlos Pellegrini de Capital (la charla incluyó la mención de pastillas abortivas). Presurosa, la buena conciencia adulta condenó la charla invocando la “protección” de tan jóvenes mentes que no tendrían la madurez para estar ante información tan “delicada” que además –opinaban- debería haber sido provista por personal médico (siempre que este estuviera contra la legalización del aborto, porque los y las médicas que abogan por ella no suelen desalentar que se informe sobre el tema desde espacios no médicos). Curiosamente, las múltiples charlas escolares que desinforman pavorosamente sobre el aborto no son denunciadas y mucho menos con los mismos argumentos.

Estas actitudes representan la verdadera desprotección del sector que dicen estar protegiendo tan gallardamente. El paternalismo adulto con respecto a las adolescencias remeda el paternalismo machista respecto de las mujeres: dicen “cuidar” a través de la obstaculización del ejercicio de derechos fundamentales.

El embarazo adolescente es una realidad. Los métodos anticonceptivos pueden fallar y hay miles de factores que llevan a embarazos no deseados. No se trata de hordas de jovencitas inconscientes “embarazándoSE” del Espíritu Santo por ahí. Ante esto, el aborto pocas veces es visto como una opción y se escuchan opiniones de una inusitada crueldad: “si se abrió de piernas que se joda”, “si no se cuidó que se haga cargo”, “ok, la violaron pero el bebé tiene derecho a nacer”, etc. ¿Qué implica decirle a una adolescente que es demasiado chica para recibir cierta información pero a la vez que si queda embarazada “debe hacerse cargo”? Hay un perverso desbalance en creer que una preadolescente es muy “inmadura” para recibir ESI pero no para gestar, parir, reconocer, criar, alimentar, abrigar, educar, proteger, contener, mantener y tutelar a un hijo/a durante los próximos veinte o veinticinco años de su vida. Para la mente machista esto no comporta ninguna contradicción: informarse y decidir requiere de racionalidad e inteligencia, rasgos ausentes en las mujeres ya que estas serían más bien “sensibles” e “intuitivas”; en cambio, la maternidad sagrada en la que se piensa sería algo “natural” que no requiere ni pensar, ni decidir ni saber nada.

El “si se abrió de piernas que lo tenga” muestra un claro y vengativo deseo de CASTIGO: si se “equivocó” debe “pagar”, “aguantársela”. En sintonía con siglos de condena religiosa de lo sexual, tener relaciones sigue siendo visto como un acto inmoral que debe acarrear un peso para quien las tiene (sobre todo si es mujer). En caso de un embarazo, la adolescente o mujer ha de hacerse cargo de la situación por unas dos décadas de ahí en más. Tener relaciones sexuales no es un delito, claro, y sin embargo el tiempo por el cual una mujer debe hacerse cargo de un embarazo indeseado supera con creces a casi todos los “castigos” por lo que pueda cometer una persona adulta y penalmente imputable. Si alguien mata a tiros a tres personas probablemente reciba menos años de cárcel que el tiempo que se espera que una mujer se haga cargo de un hijo/a que la sociedad y el Estado la obligaron a tener como “castigo” a su inmoralidad, su “falta de responsabilidad” o la mera fatalidad de un método anticonceptivo que ha fallado.

Con otros “errores” adolescentes afortunadamente somos más flexibles. A nadie se le ocurriría que si un pibe o piba no estudia para un examen se le debe negar la educación en los próximos veinte años. Incluso si un/a preadolescente comete un delito grave no deberá “pagar” por esto durante tanto tiempo como se espera que “pague” una preadolescente que tiene sexo inseguro, sea por olvido, falta de información o coacción de un varón (a quien rarísimas veces se condenará). Cualquier error, “calentura” o el más mínimo desliz de “la costurerita que dio el mal paso” le implica a una adolescente o mujer “pagar” por más tiempo que ninguna otra cosa en el mundo: el patriarcado no da puntada sin hilo. Si en una escuela o ante un accidente lo más sensato nos parece dar segundas oportunidades, acompañar y no condenar, ¿por qué el único error que no admite la más mínima consideración es el embarazo no deseado? El “no cuidarse” al tener relaciones sexuales es visto como el “error” más imperdonable e irreparable del universo. Las chicas deben ser perfectas o no ser. Y con “no ser” entendemos que deben reducir su vida al servicio de alguien que no desean o ser vistas como salvajes asesinas. Mientras se siga esgrimiendo esta retórica bíblica del embarazo y parto como “castigos” seguiremos preguntando por qué jamás impondríamos “castigos” tan severos para casi ninguna otra cosa, a lo sumo con excepción de la tortura, un asesinato múltiple o un secuestro extorsivo.

Lo que se pretende castigar en una mujer no es el aborto, puesto que el embarazo indeseado YA es visto como castigo por los dedos acusadores. Evitar eso por medio del aborto es volverse prófugas de la “ley natural”. El “crimen” no es abortar, sino sustraernos a la lógica patriarcal de vernos como meras reproductoras. Nada enoja tanto al machismo como ser burlado por las mujeres.

Quienes se quejan de que las/los abortistas restan humanidad a los embriones también los deshumanizan transformándolos en vehículos de una disciplina sexual impuesta a las mujeres. Si muchas personas creen que una adolescente no es capaz de recibir y procesar determinada información, tampoco deberían creerla capaz de criar un hijo/a. Pero aquí de repente las adolescentes son las Chicas Súperpoderosas. El embarazado adolescente sería un “error” pero se espera que las adolescentes sean perfectas y no queden embarazadas. O si lo quedan, deben ser perfectas de ahí en más y criar perfectamente a los hijos e hijas producto de embarazos no deseados. Una sociedad que sacraliza la maternidad hace de ella una manifestación de perfección cuyo incumplimiento constituye un pecado imperdonable. Pero nada es perfecto. Reconocer el aborto como una posibilidad y un derecho es un acto de profunda humanidad.

La obligación de ejercer la maternidad a toda costa, contra el propio deseo y las propias posibilidades, es el verdadero acto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad no de la adolescente o mujer, sino del Estado y la parte de la sociedad que la “condenan” y le niegan el pleno ejercicio de sus derechos.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

(Por Astor Vitali) Los Organismos Artísticos del Sur presentarán nuevamente una versión de La Traviata, de Giuseppe Verdi. Se trata de la única ópera que el órgano realizará este año. La primera función será el día de hoy y la segunda el domingo, a las 21 y 20 horas, respectivamente. Participarán los tres cuerpos del ente público (ballet, coro y orquesta). La dirección general estará a cargo del Maestro Federico Sardella y la dirección de escena estará a cargo del regisseur Felipe Hirschfeldt.

Las plateas y palcos bajos tienen un costo de $250, los palcos en 1er y 2do piso $180 y el paraíso $100. Estudiantes con identificación podrán acceder de manera gratuita únicamente durante la función de hoy y jubilados tienen un descuento del 50 %.

Felipe Hirschfeldt ha dirigido 4 traviatas. Su punto de partida tiene origen en los conceptos vertidos por “Piave, el libretista, en la que hay una mirada crítica en la contradicción de la clase burguesa. Mi mirada va modificándose y la realidad, el contexto va modificándose. Siempre hay posibilidad de nuevos relatos dentro de la obra”, dijo el artista a FM De la Calle.

“Traviata plantea la problemática de la que Verdi habló en el siglo XIX: las contradicciones de la burguesía, el rol de la mujer, el concepto de familia, los valores conservadores y contradictorios que sostenía la burguesía. Nosotros todavía seguimos teniendo crisis en un sistema patriarcal que todavía sostiene valores represivos en relación a la mujer, en relación a los roles que cada integrante de una familia ocupa”.

Mirada actual sobre una obra vigente

El miércoles, la Sala Payró cobijó a quienes asistieron a una charla encabezada por los maestros Sardella y Hirschfeldt, en la que dialogaron sobre la gestación, la historia y otros aspectos del clásico verdiano, “con ejemplificación musical. Justamente se cantó el dúo con Giorgio Germont y Violetta que es un dúo clave que determina el contexto de la historia. Ahí está la puja de valores y la exposición de esta crisis de valores que cercena, que coarta”.

charla

La perspectiva del regisseur

“El teatro, tomando la ópera como teatro, no puede pretender entretener. Ya no podemos pretender ir al teatro -o los que hacemos una propuesta teatral- y pretender entretener. Eso se suma a que todavía estamos lidiando con posiciones del siglo XIX. Por ejemplo, el público de ópera burgués necesitaba de esa diversión. Nosotros ya tenemos otros medios como el cine y la televisión para entretener. ¿Qué le queda al teatro? Volver, primero al actor, ver cuál es realmente el concepto, la problemática que está implícita y que está realmente presentando cada obra. En este caso Traviata, el cuestionamiento a valores burgueses”, explicó el regisseur.

“Todo depende del contexto. Tenemos al Metropolitan Opera House que sigue insistiendo en la diversión. Pero también tiene presupuesto para generar diversión con grandes despliegues. No es nuestra intención. Ese tipo de propuestas no me interesan. Sí me interesa preguntarme qué sentido tiene hacer esto, qué punto de conexión tiene con nosotros, cómo dialoga con nosotros. Y en ese sentido tenemos esa actualidad que presenta la obra que es insoslayable”.

La ópera fue un género popular en las ciudad que la vio nacer y creció al calor de las discusiones y los debates de época. Por supuesto, las cortes y las burguesías pretendieron controlarla por su impacto en la conciencia social, tal como ocurre actualmente cuando los gobiernos y los mercados ejercen diferentes tipos de poder, institucionalización o censura sobre las expresiones artísticas contemporáneas. “Como todo material, depende cómo lo tomemos, cómo construimos el diálogo con el espectador a través de este material. Nosotros como artistas dialogamos con el espectador y en conjunto construimos conocimiento”, finalizó Hirschfeldt, consultado acerca de si la ópera puede considerarse un terreno de disputa ideológica.

Elenco

Violetta Valery: Marina Silva (Soprano)

Alfredo Germont: Juan Carlos Vasallo (Tenor)

Giorgio Germont: Gustavo Gibert (Barítono)

También participarán:

Flora Bervoix: Constanza Cepedano, mezzosoprano

Anina: Luisa Reimers, soprano

Gastone: Roberto Delorusso, tenor

Barone Douphol: Eduardo Cortinez, barítono

Marchese D’Obigny: Jorge Bregant, bajo

Doctor Grenvil: Guillermo Robaina, bajo

Giuseppe: Alberto Corelli , tenor

Sirviente de Flora: Javier Jacobi, bajo

Mensajero: Juan Manuel Iriarte, bajo

afiche

Fotos: OAS

En Bahía Blanca rige la Emergencia por Violencia de Género la cual otorga al municipio facultades y presupuesto para revertir el número víctimas. La medida fue renovada en junio de 2015 y luego de nueve meses del cambio de gestión se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género. Algunos aportes.

El martes 13 se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género municipal; el mismo cuenta con el trabajo  de las áreas de seguridad, políticas sociales e infraestructura. FM De la Calle dialogó con Soledad Monardez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, quien comentó que el servicio de asistencia por casos violencia está en el municipio desde hace varios años. El mismo cuenta con profesionales interdisciplinarios que ahora, bajo la impronta de la nueva gestión, “empezaron a tomar un registro de las denuncias y presentaciones espontáneas para poder llevar adelante una estadística”. Antiguo reclamo de las organizaciones que trabajan con esta problemática ya que el Servicio de Prevención de Violencia Familiar y Maltrato Infantil  (PROMOVER) funciona desde el año 1993 asistiendo y asesorando a mujeres víctimas de violencia.

Además se comenzaron a estudiar los protocolos de intervención para analizar cuáles son las herramientas más efectivas, contemplando que “el trabajo rico se verá más adelante”. En la presentación del nuevo Plan se mencionan dispositivos que ya venían funcionando, como grupos de reflexión (2015), atención a la Violencia Masculina (2014) –ahora con modificaciones-, nuevos botones antipánico y el hogar Refugio (2010) con la novedad de la construcción de un nuevo refugio en terreno municipal, promesa que la antigua gestión de Lucía Martínez Zara también había realizado. Para este año el intendente  afirmó a la Red Local de Violencia de Género que la licitación de la obra será sobre fin del 2016.

Respecto a este tema Nora Dinoto, referente de la Red Local, remarcó a FM De la Calle que “el refugio es una necesidad importante que veníamos  advirtiéndole no a esta gestión, sino a la anterior, porque es insuficiente la capacidad del refugio que está funcionando. No hay lugares protegidos para alojar a las personas que son víctimas de violencia, así que esperemos que se logre”. El primer módulo de construcción de la nueva obra tendrá capacidad para cuatro familias, en su segunda instancia “el proyecto general abarcaría cuatro habitaciones más”. Cabe resaltar que según Monardez toda la actividad del antiguo espacio de contención se trasladaría a este nuevo dispositivo.

Quizá una de las apuestas más grandes que propone la presentación del Plan es la apertura de la nueva Oficina de Políticas de Género con Víctor Andenoch como coordinador de esta área, ex trabajador de la guardia de niñez. Los ejes de trabajo que se desarrollarán a partir del 2017 serán, en palabras del funcionario; identidades sexuales, trata y aborto. ¿Cómo se implementarán algunas de estas políticas públicas en un gobierno donde su principal referente Héctor Gay, este año declaró creer “sólo en un orden natural de las cosas” refiriéndose al matrimonio igualitario?

La presentación del Plan Integral contra la Violencia de Género suma la participación del área de seguridad con capacitación a Guardia Urbana y Policía, creación de un equipo especializado para el abordaje en situaciones de violencia de género y la adquisición de un móvil especializado. Estas propuestas se estaban debatiendo en la Red Local de Violencia organismo donde participa la Comisaría de la Mujer, con Liliana Pinedo y Silvia Francisco como referentes de la misma. Dinoto resaltó que para este espacio es “importantísimo formar a la policía para que sepan cómo atender a las personas que atraviesan situaciones de violencia ya que intervienen en operativos bien puntuales”.

Así como muchas organizaciones sociales que trabajan con problemáticas vinculadas a las mujeres, la Red Local colabora con iniciativas desde el 2011, dato que el Intendente Héctor Gay tuvo conocimiento, según Nora Dinoto, en la última visita de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Este año desde la Red planean también formalizar una base de datos con estadísticas de denuncias que ingresan a la Comisaría de la Mujer y de la Fiscalía departamental de la oficina de violencia de género, con la intención de hacer un seguimiento de todas las puertas que las mujeres van golpeando hasta lograr o no resolver su situación. “Es algo pendiente que tenemos como red, porque necesitamos contar con estadísticas que releve la situación de nuestra ciudad para evaluar y optimizar recursos”. Además ya están programando la Cátedra de Violencia 2017 que organizan en conjunto con la Universidad Nacional de Sur.

La Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca decidió no apelar el fallo de la Suprema Corte que anuló un amparo que impedía la instalación de una antena de telefonía celular en el Club de Equitación. Trabajarán para que no corra la misma suerte la cautelar del juez Ares contra otra antena en el mismo lugar.

Para el abogado Leandro Aparicio la resolución correspondiente a la causa “Gómez, María Amparo contra Municipalidad de Bahía Blanca, Club de Equitación Bahía Blanca y Telefónica Móviles Argentina” es abstracta “porque no tiene ninguna consecuencia práctica”.

El letrado explicó a FM De la Calle que hubo dos amparos: el primero cuando las familias vecinas al club advirtieron la presencia de una antena de 35 metros en la esquina de Agustín Álvarez y Javier Rizzo en marzo de 2013. La jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar “parcialmente” e instó a las empresas a cumplir la Ordenanza 17.130, sancionada cuando la disputa judicial ya había comenzado.

La Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata le dio la razón a la empresa, la ONG apeló a la Corte y mientras el máximo tribunal provincial analizaba el tema la antena cayó: “El fallo hace referencia a una torre que se desmanteló”.

“De la misma manera en que hicieron la primera vez, sin avisarle a ningún vecino, sin hacer la consulta, sin que nadie esté enterado de lo que estaba pasando, ponen otra antena, más escondida, más camuflada, apenas perceptible para los vecinos que igual la ven y se hace el segundo amparo”, recordó Aparicio.

En octubre de 2015, el juez José Luis Ares ordenó quitar la antena en un plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento. Además, remitió la causa a la Fiscalía para investigar al entonces intendente y actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua y los ex titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Por más que sean antenas, en el mismo lugar y demás, sin cuestiones distintas porque acá sí hay más prueba aportada por la parte actora, por nosotros, el bioquímico Montenegro, el ingeniero Mata y otras pruebas técnicas habilitan a impedir que se instale esa antena en ese lugar, más aun cuando hay niños y jardín de infantes cerca”, comentó Aparicio sobre la causa que también deberá resolver la Suprema Corte.

Este sábado la localidad de Bernasconi recordará a Eduardo Sergio Korsunsky, militante del PRT desaparecido en San Nicolás a principios de la dictadura genocida en 1976, hijo de la Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca Celia Jinkis. La directora de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos pampeana, Ana Inchaurraga, aseguró a FM De la Calle que Dado “no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”.

El acto será este 24 de septiembre a las 11 en el Instituto Mariano Moreno -Urquiza 447- al que concurrió Eduardo en su juventud. Se colocará una placa en su memoria y se inaugurará un mural en una plaza cercana.

Inchaurraga contó que la idea “surge el 24 de marzo cuando Celia fue a Jacinto Aráoz, nos vimos comprometidos con la situación de que ellas ya son muy mayores, están grandes, la necesidad de que sean visibles los desaparecidos pampeanos, esto tiene que ver con una decisión no solamente política sino también afectiva, de cómo uno desde un lugar aporta y piensa en la memoria colectiva, de qué manera posicionarnos”.

“Es muy emocionante, muy emotivo todo cómo se va dando, cómo lo vamos pensando, Bernasconi tiene sus particularidades como todos los pueblos chicos donde el silencio se plantó y dejó su marca, los jóvenes prácticamente no conocen a Dado, no se habla”, dijo y agregó que “también surgió de qué manera podíamos proponerle al pueblo que eso salga para afuera y que en la localidad se instale el nombre de Dado Korsunsky y que se repregunte, romper con ese silencio. Y fue así como sucedió, hicimos el mural, los vecinos se iban acercando, de a poquito pudimos recabar testimonios, ponerle color, ponerle una cara, el nombre de Dado, que uno pasa y lo ve, tiene una impronta muy emotiva”.

Entre los primeros recuerdos que brotaron en el pueblo se escuchaba que “la vecina de allá sabe pero no te va a decir, nunca más nadie habló del tema, se comenta que ese día que lo estaban buscando a Dado hubo un operativo grande pero nunca trascendió”.

“Cuando estábamos pintando el mural sacaron a los chicos del secundario a ver y aprovechamos para contar quién era, transmitir, porque además Dado tiene la impronta de que fue hiperinteligente, un seductor, brillante, le gustaba la astronomía, entonces poder captar a las nuevas generaciones con eso, volverlo a poner en nombre de quién es Eduardo Sergio Korsunsky, que nació en Bernasconi, que fue a ese secundario, no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”, concluyó.

(Por Astor Vitali) Lo hará mañana a las 19:30 en La Casa de la Cultura de la UNS (Alem 925). La cantautora hablará de su libro La Banda Lavanda. Cuaderno de creación, metodología y experiencias.

“Las mujeres que somos activistas autónomas, autogestivas, que estamos por fuera de las organizaciones y los gobiernos, que no estamos respaldadas por entidades que te den valía sí o sí tenemos que dejar escrito lo que hacemos”, dijo la artista a FM De la Calle, acerca de las motivaciones que dispararon la realización del libro.

“Esto lo podemos trasladar a todas las personas que estamos acompañando a construir un mundo mejor –para decirlo rápida y facilistamente- pero que no hay ningún tipo de visibilizarían que hacemos nosotros y nosotras mismas”, agregó.

Silvia Palumbo trabajó con el proyecto de empoderamiento a través del armado de bandas y dictado de talleres desde el año 2004 recorriendo México, el estado español (País Vasco, Valencia, Asturias) y Francia. En Argentina hay bandas en la provincia de Buenos Aires y la Pampa. La iniciativa está por extenderse a la provincia de Neuquén.

“Era muy importante de que yo, antes de que me agotara del todo, tenía que plasmar la metodología que he creado con varias líneas de trabajo que estudié. Una metodología para poder transmitir lo que yo denomino empoderamiento expresivo y cultural para las mujeres. Podemos transmitir música, textos, voces, movimientos escénicos. Todo esto en función de algo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y una ofensiva contra la cultura patriarcal”.

 “El patriarcado es transversal a todos los sistemas”

Los desafíos de construir una metodología

“Me encontré con muchas dificultades y con gente maravillosa que me ayudó. Fuimos avanzando muy lentamente. En realidad yo empecé hace cinco o seis años a escribir este libro en la cabeza. Después empecé a escribirlo. Pedacitos, pedacitos, pedacitos…”, recordó Silvia.

Finalmente, “el 4 de enero de este año me senté en Pehuen Có y dije ‘hasta que no lo termine no me levanto’. Porque me tenía harta. Y además porque es móvil esto. Cada experiencia nueva que tengo de trabajo me va cambiando y sigo construyendo la metodología. Es para decir esto es una parte y dejar marcados los ritmos básicos del proyecto, la historia, las canciones y los fundamentos teóricos”.

Este año, el libro se presentó en seis localidades del estado Español, “amparada por las bandas”.

labanda

¿Hay arte feminista?

“La respuesta no es lineal. La pregunta inicial en talleres de escritura con Diana Bellesi era ¿existe la literatura feminista? Después ¿existe la literatura de mujeres? Primero, los conceptos de todas las artes son conceptos patriarcales. Todo está fundado sobre los diferentes parámetros patriarcales: en la música, en la pintura, en la literatura, en todo”.

“Sí podemos hablar de esto: primero, las mujeres han hecho música desde siempre desde roles opresivos pero siempre reproduciendo los parámetros patriarcales. En la literatura es donde más se despegaron y empezaron a construir su cuarto propio, como decía la Virginia Woolf. La escritura te da esa intimidad, ese tiempo para poder desplegarte. Todo lo que son las artes escénicas viene mucho más lento”.

“Pasando a si hay arte feminista, yo creo que hay una búsqueda. Una búsqueda de una cultura feminista que no es para las mujeres porque es desde una ideología. El feminismo es una filosofía y una ideología. La gente minimiza esto pero hay millones de libros escritos sobre filosofía feminista, sobre historia feminista. Hay todo un basamento poderoso desde lo académico para poder una apoyarse ahí para poder decir ‘podemos construir arte feminista’, si es que el arte tiene que estar abalado por estas estructuras de poder”.

“Yo creo que sí, que cada vez hay más manifestaciones de expresiones hechas por mujeres y varones que están dando cuenta de lo que es el feminismo o de lo que es la opresión de género”.

“En lo personal, yo hago arte feminista. Soy una activista hace 30 años que puedo decir que construyo un montón de cosas totalmente concentrada y clarificada de lo que quiero decir desde ese lugar del feminismo. Ahora, claro, esto va a llevar muchísimos años. Muchísimos años para que haya gente que pueda abrazar este concepto. No solamente abrazarlo… porque hay un abrazo muy superficial. Esto de hablar de género, todo el mundo habla. Esta cuestión de cómo van cooptando, reciclando, rearmando, alivianando estas cosas tan densas y tan profundas”.

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