La Comisión Provincia por la Memoria denunció que la muerte de Braian Miguel Ianiro Olivera, un interno de la Unidad Penal de Villa Floresta de 24 años, murió en “un estado de total abandono” por parte de las autoridades penitenciarias y judiciales.

Para el organismo la situación del joven implicó torturas y malos tratos. La causa tramita en la UFIJ 2, a cargo del fiscal Diego Conti bajo la carátula “averiguación de causal de muerte”. Según consta en el expediente, el hombre padecía “tuberculosis aguda”.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, dijo a FM De la Calle que realizaron una inspección en el penal y encontraron a “Brian en un estado de total abandono, desatención, un estado de caquexia, es decir, la piel pegada a los huesos”.

“Inmediatamente planteamos que fuera trasladado al hospital, nos dijeron que no lo habían trasladado por falta de camas. Apareció la cama posteriormente y al día siguiente falleció. Tampoco tenían precisión del cuadro, nos dijeron que no sabían qué tenía, otros detenidos comentaron que estaba en Sanidad tirado en un colchón, sin suero, sin nada”.

“No puede ser que esa persona con ese cuadro estuviera así, tirada en una sala de internación que no reúne ningún principio básico para internación, debería haber estado internada y con un tratamiento. No está acreditado que podía haber sido tuberculosis”, agregó.

El secretario del organismo señaló que “lamentablemente no nos llama la atención porque, como venimos denunciando desde hace muchos años, hay un problema con la atención penitenciaria. Salud penitenciaria depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Salud para que persona privadas de su libertad sean tratadas como cualquier vecino, vecina. No se coordina con los programas del Ministerio de Salud ni programas extramuros. Tienen serios problemas con la entrega de medicación, hay escases de profesionales”.

García recordó el caso de Cárdenas Otegui. “Lo encontramos en un estado similar de caquexia, de piel y hueso, también con nula atención. Pasaron 16 años y volvemos a encontrar una persona en estas condiciones en un lugar tan deteriorado como aquel, las cosas han empeorado, son personas que se mueren con enfermedades tratables”.

“El problema es que no hay consecuencias por prácticas que son contrarias a la práctica profesional y la legislación vigente -aseguró Cipriano García-. La persona privada de la libertad está privada de eso, no del resto de los derechos , así como el Estado es garante de la salud. Hay una doble obligación estatal de garantizar la salud. La justicia tiene que investigar y hacer cumplir porque no pueden ir por su cuenta al médico y hacerse estudios sino que dependen” del Servicio Penitenciario.

Personal de clínicas privadas realizará una medida de fuerza jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales. Se trata de un cese de actividades convocado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

“Estamos reclamando paritarias anuales, un 45% de aumento que va escalonado, julio, septiembre, noviembre y diciembre, con una revisión en febrero. No hemos tenido una contestación favorable, es complicada en el contexto de pandemia”, comentó a FM De la Calle Juan Forchino, miembro de comisión directiva de ATSA.

El trabajador del Hospital Italiano destacó que “no hubo ni siquiera negociación, no hubo respuesta favorable. La contestación es que no hay plata como para bancar los aumentos salariales. Seguimos quedando abajo por los salarios, perdemos poder adquisitivo día a día, es imposible palear la situación. Estamos a la espera de una negociación de último momento”.

Señaló que “el agotamiento es generalizado, los empleados de sanidad están muy cansados, estresados”.

Por otra parte, informó que durante la protesta se garantizarán “la atención de emergencia que lleguen a los hospitales, servicios de emergencia privados, pediátricos y clínicas.

Por último, en relación a la pandemia, enfatizó que “si bien los hospitales se han armado de diferente manera para palear la situación en algunos momentos llega a colapsar el servicio sanitario”.

Con motivo del décimo aniversario del inicio del primer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca -el cual condenó a 18 represores cuyos crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”- FM De la Calle comparte las siguientes reflexiones de sobrevivientes y militantes por los derechos humanos.

Adriana Metz, su madre Graciela Romero y su padre Raúl Eugenio fueron detenidos y continúan desaparecidos al igual que su hermano Raúl, nacido en cautiverio en La Escuelita y apropiado por los terroristas de Estado

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky junto a Adriana.

Junio del 2011 un rato antes de la primera audiencia me enteraba de que tenía que declarar. En la calle me crucé con Hugo Cañón y me dijo que Bahía empieza a ser algo más justa. Cuánta razón tenía. Fue la primera condena por la apropiación de un bebé, mi hermano, sin que él haya recuperado su identidad. Se pudo comprobar que nació y alguien se lo llevó. 44 años después, lo seguimos buscando. La justicia citó a un civil, Massot, y a un cura, Vara. No solo lo decían familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos, quedó demostrado en la justicia que fueron desaparecidos por razones políticas. Falta mucho pero se hizo bastante, vamos a seguir, no queda otra.

Marita Aure, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios

El inicio de los juicios fue un momento muy especial cargado de grandes expectativas, de mucho trabajo previo en lo inmediato de los organismos de derechos humanos en pos de su consecución y con mucho acompañamiento de la sociedad en general.

Pasaron seis años del comienzo de los juicios a nivel nacional hasta que se logró su realización en la ciudad por las reticencias y trabas del Poder Judicial local que se rehusaba a ser parte del juzgamiento. Todos los integrantes del Tribunal Oral Federal han sido de otras jurisdicciones, con la excepción de un representante local en la actual conformación.

En estos diez años se han llevado a cabo varios juicios a Ejército, Armada y actualmente a la Triple A. Aún quedan otros por hacer. Mucho se ha caminado, develado, aportado a la verdad histórica. Se han logrado condenas ejemplares y otras que no lo han sido. Siempre se pidió Justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Siempre hemos dicho que la justicia tardía tiene poco de Justicia. Con los juicios estamos algo más cerca. De todos modos, ¡seguimos exigiendo su cumplimiento!

Walter Larrea, abogado querellante por la APDH y la Comisión de Desaparecidos de Río Negro y Carmen de Patagones

Hace diez años comenzó un proceso demorado por distintas normas que trabaron el proceso de verdad jurídica. El juicio estaba previsto para meses antes pero hubo que recusar a los magistrados porque en los días previos a la audiencia se conoció la noticia de que los jueces de l tribunal oral se habían reunido con los procesados a tomar café en un club de la ciudad. Eso demoró hasta el mes de junio.

Pasaron cientos de testimonios cruentos, la satisfacción de saber que se inició un camino que había llevado muchos años de impunidad, merced a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero que finalmente la democracia argentina comenzaba a saldar una deuda con desaparecidos, familiares y con la sociedad toda.

Emociona cumplir 10 años y el deseo que la justicia avance en la culminación de todos los procesos porque el tiempo atenta contra la posibilidad de brindar justicia. El juicio tuvo una importancia trascendental, pero los procesos de memoria, verdad y justicia no deben anclarse únicamente en procesos judiciales, sino en políticas públicas de no repetición y memoria. Y para que sobrevivientes, familiares y la sociedad toda podamos tener la posibilidad de procesar aquel tiempo y postular que ni en la Argentina ni el mundo, el terror como práctica estatal, la dictadura como método de gobierno, la desaparición forzada, tortura y muerte no puede ser jamás una acción política.

Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del CONICET. Estudió en la UNS hasta que su exilio en 1975

Me parece importantísimo hacer memoria, verdad y justicia y recordar muy fuerte al fiscal Hugo Cañón, que hizo de su vida un esfuerzo para que estos juicios lleguen a Bahía Blanca; a los organismos de derechos humanos que se movilizaban cuando pocas personas se movilizaban; y a la UNS, que prestó sus dependencias. A partir de ahí comenzó un proceso de condenar a los responsables del terrorismo, de la Triple A, los crímenes que se cometieron del 74 al 83. Hacer memoria, verdad y justicia ayuda para que ese Nunca Más siga presente en Bahía Blanca.

Por último, recordar a las víctimas que sufrieron el terrorismo de Estado en Bahía y que transformaron su sufrimiento en testimonio y permitieron condenar a los responsables. Gran homenaje a ellas y ellos porque nos permiten mirar lejos, tener esperanza y mostrar que ese sufrimiento se ha transformado en condena.

Ángeles Prádanos, hija de Juan Carlos, profesor universitario y técnico del INTA Ascasubi

Gracias por mantener viva la memoria a través de los juicios que se dictan en todo el país, les agradezco a todos los que participan y han participado, quienes están en la justicia, ex militantes, sobrevivientes, los medios y la sociedad que acompaña. No ha sido fácil que haya juicios, es algo que jamás me imaginé. Lamento que muchos ya por impunidad biológica no estén y tantos casos que les han dado domiciliaria. Es una enseñanza para la sociedad y las generaciones futuras, Argentina es un ejemplo. Espero que la justicia llegue a todas las víctimas.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA

Destacar las emociones que recorrían las calles y el edifico de la UNS, en todas las personas que nos habíamos congregado para celebrar el inicio de aquellos juicios. Habían pasado 35 años de los reclamos por, en primer lugar, la aparición con vida y, luego, por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos.

La cantidad de personas en aquella manifestación y acto estaba atravesado por esa idea de haber alcanzado algo por lo que tanto se había luchado. Y ahí estaban también las memorias presentes de tantos y tantas compañeras que habían dado la lucha desde el comienzo acompañando a los organismos de derechos humanos.

También, es parte de la verdad histórica, era necesario una decisión política que era anular las leyes de la impunidad. En esta ciudad, que en tantos lugares se habla del conservadurismo, también la lucha debería reflejarse, para llegar a ese día hubo un cúmulo de lucha obrera y popular presente. Recordé a Miguel Loyola y a Enrique Heinrich.

Fue el inicio de este proceso de juicios que hoy tiene otro eslabón en crímenes que se cometieron antes, como son los de la Triple A, para los que algunos tienen desmemoria y es necesario refrescar todos los días. Fueron 24 asesinatos entre el ’74 y ’75 y buena parte de las víctimas era militantes del movimiento social, obrero y estudiantil. Llama la atención que el presidente y vice del PJ se olviden que también en esa época se cometieron crímenes y que había responsables y que están identificados en el juicio.

Hay una continuidad en la lucha por la memoria y en no dejar en el olvido a estos crímenes que intentaron acallar las voces que no se resignaban a un presente de explotación, sometimiento y saqueo y llevaron adelante una lucha. Recordamos a los y las compañeras, no por las determinaciones que llevaron a su asesinatos sino por sus actos de vida en la militancia y de creer en los sueños que tenían.

Julia García, sobreviviente del terrorismo de Estado y hermana del “Negrito” Luis Jesús García, asesinado por la la Triple A

Recordar todas las luchas y esfuerzos que se pusieron para llegar a ese punto. Recordar todo lo que fue, habían pasado 35 años del golpe, la lucha del pueblo argentino fue incansable, comenzó con los familiares de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos. Un camino que no solamente significó el dolor por las desapariciones, torturas y muertes sino una lucha en contra del propio Estado, de diferentes gobiernos.

Rescatar el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP, pero no se debe olvidar la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, el indulto de Menem. En Bahía en particular, a pesar de estar vigente estas leyes, se pudo avanzar con los Juicios por la Verdad y tuvimos la suerte de que hubiera miembros del Poder Judicial comprometidos como Hugo Cañón y Abel Córdoba. Este juicio y todos los posteriores son una clara muestra de la organización, de la búsqueda de la verdad y de la información. No me quiero olvidar de ustedes por su presencia y compromiso en la difusión, la otra voz de lo que significó la complicidad de La Nueva Provincia en el genocidio.

Telma Alonso, ex consejera universitaria, militante por los derechos humanos e impulsora del juicio académico a Gloria Girotti

Nos parecía que no llegaba nunca la iniciación del primer juicio por delitos de lesa humanidad pero finalmente llegó. Cuando pienso, no sin una mezcla de alegría y de nostalgia, en ese día histórico me viene a la memoria el recuerdo de gente muy valiosa que nos acompañó, algunos ya no están, como el querido Hugo Cañón o Eduardo Hidalgo, otros siguen en su camino de lucha como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marcela, la mamá del Negrito García, José Schulman, el colectivo H.I.J.O.S., los militantes de los distintos campos comprometidos con los derechos humanos. Este hecho fue la demostración más cabal de que es necesario apostar con mucha fuerza al proceso de verdad, memoria y justicia. Se lo debemos a los 30 mil compañeros que están siempre presentes con nosotros y a todas las víctimas de esta nefasta dictadura genocida.

(Por Nacho Urruspuru) Desde que a finales de abril el gobierno de Iván Duque anunció un nuevo plan de ajuste para la clase trabajadora colombiana bajo el eufemismo de “Reforma Fiscal”, las calles de Colombia -en especial las de Cali- han sido escenario de una movilización popular sin precedentes en su historia contemporánea.

Y es que la dura realidad que transita día tras día la enorme mayoría del pueblo colombiano no  deja demasiado margen para ver si se puede aguantar un tiempito más hasta que la cosa mejore o el contexto y la economía cambien.

Al menos 3 décadas de continuidad neo-liberal redujeron la economía a niveles de primarización casi colonial. Hay súper-concentración de la riqueza y niveles de pobreza exponenciales. De hecho el detonante de esta rebelión -la “Reforma Fiscal”- se propuso a fines de solventar el pago de deuda externa, no con aportes de los grandes capitales nacionales, sino pidiendo un esfuercito más a los y las laburantes.

De todas formas, el problema no está ahí, mejor dicho, no está sólo ahí. La deriva de la economía colombiana no es coyuntural, es más bien estructural. ¿Alguien puede creer que en Colombia se haya llegado al punto de tener que importar café y maíz? En países como Haití, Honduras, Nicaragüa, una parte muy importante del PBI proviene de las remezas que giran a sus familias compatriotas que han migrado a países del primer mundo. En Colombia –un país con más de 50 millones de habitantes y enormes riquezas – también. Y un dato llamativo: desde el desarme de las FARC-EP muchos territorios quedaron a merced de las multinacionales para la expoliación libre de sus recursos naturales. Todo este contexto sirve para explicar por qué aún en medio de una pandemia que ya se ha cobrado más de 100.000 vidas y, aun conociendo el enorme aparato represivo desplegado por el gobierno, millones de colombianas y colombianos salen a las calles a decir ¡basta!

Desde “Encuentros Latinoamericanos”* sentimos la necesidad de conversar con compañeros y compañeras colombianas para poder saber, de primera mano, las causas y antecedentes que construyeron este presente; las situaciones vividas en las manifestaciones –ocultadas y negadas por el gobierno y los medios adictos-; las perspectivas de cambio que se generan en torno a un pueblo movilizado y en un contexto continental políticamente volátil.

Desde Bogotá participaron:

Tatiana Tellez Bejarano, especialista en Relaciones Internacionales (UNILA- Universidad Federal de Integración Latinoamericana) y miembro del Grupo de investigaciones GIEPTALC.

Miguel Ángel Beltrán Villegas, sociólogo, escritor, profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político. Perseguido durante la presidencia de Álvaro Uribe, en 2009 fue detenido ilegalmente y presentado a la opinión pública como uno de los terroristas capturados más peligrosos. Actualmente, luego de un verdadero calvario, fue completamente absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Algunos temas que también fueron abordados en este capítulo fueron:

  • Situación de líderes y lideresas sociales.
  • A casi 5 años de su firma. ¿Qué significaron los tratados de paz entre el Estado colombiano y las FARC?
  • Narco – Estado. Injerencia de EE.UU. en la política y la economía colombiana.
  • Relaciones Colombia – Venezuela (conflicto fronterizo).

El mapa político de América Latina está en constante movimiento. Y en las calles de cada país la situación social, sanitaria y económica acelera cambios que hasta finales de 2019 parecían muy lejanos.

Entrando al canal de Youtube: FMDELACALLETV podés acceder a la lista de reproducción con todos los capítulos de ENCUENTROS LATINOAMERICANOS.

*Encuentros Latinoamericanos: Espacio que surge como un desprendimiento natural de la columna sobre actualidad latinoamericana que intentábamos concretar desde Foz do Iguazú con Fernando Romero Wimer para “El Despertar de la Calle”, programa que iba todos los sábados de 10 a 12, por FM De la Calle, 87.9 MHz. La idea central que siempre guío esta iniciativa es la de generar un espacio para compartir información, experiencias y reflexiones sobre los distintos países y pueblos que conformamos Latinoamérica.

Diez años transcurrieron desde la fría mañana del 28 de junio de 2011 en la cual comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era el primer tramo de la causa Ejército con 17 represores sentados en el banquillo y una multitud manifestándose frente al rectorado universitario y colmando el Aula Magna de Colón 80.

Quince meses después, llegaría el día de justicia para parte de las víctimas del terrorismo de Estado con condenas a cadena perpetua a 14 imputados, de 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Sus crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

También se ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad de integrantes de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.

Pablo Fermento, fiscal auxiliar a cargo del debate oral de la causa Triple A, por aquel entonces estaba “en la trinchera”, había ingresado al equipo de la Fiscalía cuando Hugo Cañón entregó la posta a Abel Córdoba, y participó de los preparativos del juicio.

-¿Qué significó ese primer juicio?

Era avanzar sobre tierra virgen, no había nada reconocido, así que muchísima ansiedad. Estamos en una jurisdicción de alguna manera tardía en lo que era el desarrollo de los trámites respecto a otras ciudades, en La Plata ya había sentencia desde hacía varios años, en Neuquén también, en Bahía costó un poco más, se trataba de que por primera vez la justicia declarara la existencia de La Escuelita, de los centros clandestinos, de un plan criminal sistemático en la región, muchísimos desafíos. Hubo un prófugo antes de arrancar el juicio, además del antecedente de (Oscar “laucha”) Corres. Muchísimo trabajo, el equipo a full, muy movilizante, algo que te supera por todos lados, técnica, profesional y emocionalmente, fue un juicio fantástico.

-A diferencia del que hoy está en curso acumulaba años de aportes e investigaciones judiciales, de la Conadep, de los organismos de derechos humanos…

Exactamente, el primer juicio fue la consolidación de un trabajo de tres décadas, arrancando desde los habeas curpus que se metieron en la fecha en cuanto a registro documental, los primeros esfuerzos de familiares, de compañeros, de la comunidad en la búsqueda de verdad y justicia; los procesos en sede militar; la 11/86 que fue el Juicio a las Juntas versión Bahía Blanca ya con la presencia de Hugo (Cañón); posteriormente los Juicios por la Verdad; y todo ese bagaje fueron los pilares sobre los que se construyó aquella sentencia.

Hubo personas como Hugo, (Luis) Cotter, Mirta Mántaras, en ese momento la secretaria de Fiscalía era Haydée Hernández, Pirucha para los conocidos, que venía de hacer los Juicios por la Verdad, era una interacción generacional super interesante. Estaba Eduardo (Hidalgo), ya se había ido (Ernesto) Malicia. Abrió caminos, en Bahía fue el primero de los ocho que vamos, fue para nosotros los más jóvenes, parte de un proceso que se tenía que dar y se iba a dar, pero para la gente más grande era ver concretado algo que pensaron que tal vez nunca iba a pasar.

-¿Qué decían los testigos luego de declarar por primera vez ante un tribunal? ¿Cómo les impactaba?

Fue totalmente nuevo para todos. Mi mirada en ese momento también era la de alguien que recién iba acercándose a todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo más un montón de situaciones, pero para mí también fue la primera vez que vi declaraciones de víctimas de estos delitos en juicio, yo no había seguido los Juicios por la Verdad, cuando empezamos a trabajar sí vi los videos pero verlos ahí por primera vez y escuchar a los chicos de la ENET, que ya no eran chicos pero que de alguna manera lo seguían siendo porque era como volver a su infancia, a su adolescencia, ellos ya habían declarado dos o tres veces, con esa carga y ese compromiso, era fuertísimo. Escucharlo a Eduardo a quien uno veía como representante de la APDH, un militante, contar su historia, te partía al medio. Y para ellos también era el compromiso de declarar en esas condiciones de estar todo por decirse, no porque en los otros juicios esté todo dicho pero, de alguna manera, ya hay reconocimientos sobre los que se continúa. Hay hechos que consideramos notorios y que se establecieron en ese juicio.

-Luego la sentencia no solamente implicó penas importantes para los represores que estaban en juicio sino que abría investigaciones sobre los sectores civiles. ¿Cuánto esperaban y cuánto se pudo trabajar a partir de ese fallo?

Fue el puntapié para investigar a los civiles. Antes del fallo ya habíamos realizado la imputación a los secretarios federales (Hugo Sierra y Gloria Girotti), se había solicitado el allanamiento de La Nueva Provincia sin imputación, que fue rechazado, pero lo que fue la investigación a los directivos de LNP salió de ahí en base a lo que se había exhibido entorno a los enfrentamientos fraguados, cómo se habían presentado en el diario cuando habían sido fusilamientos.

Siguió con investigaciones al juez (Francisco) Bentivegnia. Ya habíamos hecho la imputación a (Guillermo Federico) Madueño, el juez federal, que estuvo prófugo y falleció al poco tiempo de ser capturado y al capellán (Aldo) Vara. Y en 2015 iniciamos este juicio que está terminando a la Triple A bahiense.

-¿De aquella sentencia están confirmadas las condenas salvo en un caso?

Queda pendiente tratar por la Corte el recurso de Walter Tejada, los demás recursos fueron rechazados. Hace unos días nos corrió traslado el tribunal para la ejecución de las penas, deja de ser prisión preventiva y pasa a ser cumplimiento efectivo de condena.

-¿En aquella sentencia se comenzaba a realizar reparaciones simbólicas?

En Armada I, en 2015, se ordenó la publicación de la sentencia en LNP. En Bayón se solicitó la reparación civil, que no nos hicieron lugar, y en Sticker -que fue en 2013- se solicitó la anulación de un Consejo de Guerra, más allá de que no producía un efecto concreto, esos consejos fueron utilizados para blanquear los cautiverios en La Escuelita y la continuación de esos cautiverios en la cárcel nunca se habían anulado esas condenas y consideramos necesario repararlos simbólicamente.

Triple A: cerca de la sentencia

Juan Carlos Curzio, uno de los cuatro imputados en la causa Triple A.

Este martes la Fiscalía replicará el alegato de la defensa de los cuatro imputados por haber integrado la Triple A. “Vamos a contestar algunos planteos sobre el tratamiento de los hechos y la valoración de la prueba, después hubo planteos técnicos que tiene que ver con cuestionar la imprescriptibilidad de la acción, la incostitucionalidad de la asociación ilícita, del pedido de perpetua y otras que trataremos de desarrollar brevemente para no dilatar más el proceso”, explicó.

Agregó que en su alegato “la defensa en lo general trató de establecer un contexto diferente del que existió y planteamos nosotros, que este escenario previo a la dictadura ya formaba parte de la maquinaria del terrorismo. Y sobre el homicidio de Watu (Cilleruelo) intentó deslizar la duda razonable entorno a la intervención de Aceituno: acepta que fue Jorge Argibay quien disparó y la presencia de su hijo Pablo y sostiene que no habría sido Aceituno sino Sañudo el tercer ejecutor. Es uno de los puntos que vamos a tratar mañana”.

Luego tendrá la opción de replicar la querella a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello y de hacer su dúpica la defensa oficial.

Cumplida dicha instancia, restarán las palabras finales de los acusados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- y la lectura del veredicto del tribunal.

Días atrás se reglamentó la Ley de Talles sancionada en 2019. Prevé la creación y aplicación en todo el país de un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Anybody es una organización que desde el 2011 trabaja por “activar la conciencia sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño en la propia percepción del cuerpo”. Una de sus integrantes, Lucía Ramos, licenciada en nutrición con una mirada no peso centrista, dialogó con FM De la Calle acerca de los alcances de la ley.

Explicó que la normativa contempla tres puntos fundamentales. El primero es “la elaboración de una tabla de talles, se va a confeccionar a partir de un estudio antropométrico, donde se escanean los cuerpos de personas a lo largo de todo el país y, a partir de allí, se elabora la tabla de talles”.

En segundo lugar, “esta ley contempla algo interesante que es la realización de campañas, información y sensibilización para concientizar sobre la discriminación y estigmatización por cuestiones de talles”. Y, por último, establece “el trato digno y equitativo en los comercios de indumentaria”.

Sin embargo, la norma no obliga a que empresas y marcas tengan todos los talles. “Consideramos que es un paso más y todavía queda mucho trabajo. Esto de alguna manera lo que hacer es unificar talles y va a permitir que en cualquier local y marca los talles tengan un mismo tamaño, ahora un S o M son del mismo tamaño o incluso existe el talle único”.

Ramos enfatizó que “es importante destacar que la segunda causa de discriminación en el país es el aspecto físico, según un estudio del INADI de 2020. No encontrar ropa vulnera un derecho básico de las personas. Es una ventana que abre una problemática que es muchísimo más amplia”.

En 2020 Anybody encuestó, como cada año desde 2013, a más ocho mil personas para conocer las problemáticas en relación a los talles. Entre los resultados se destaca que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).  El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo“.

“Casi el 75% de las personas encuestadas planeta que tiene problemas para encontrar ropa, encontrar talles. Esto tiene muchas repercusiones de la autopercepción de la persona”, argumentó la nutricionista.

En relación a lo relevado, la imposibilidad de encontrar ropa y calzado acorde con el cuerpo coincide con talles de cuerpos no hegemónicos. “Más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que hubieran querido comprar el talle único, esto pasa con mayor frecuencia en indumentaria femenina, es el extremo de esta problemática. ¿Qué representa ese talle único? Un cuerpo hegemónico, que no es el cuerpo de las personas que nos rodean, que encontramos en el bondi, en la facultad o el supermercado”.

En relación a su visión y formación como profesional de la salud en un modelo no peso centrista afirmó que “hay un camino, cada vez se avanza más en materia de diversidad corporal, es lento, pero que de a poco hay más profesionales que están saliendo de este modelo que centra la salud de una persona en su peso”.

“Existen muchísimos determinantes y la apariencia física no es suficiente para determinar el estado de salud. Con solo ver a una persona no podemos determinar cuál es su salud. Detrás de esto hay discriminación y estigma, con solo ver a alguien no podemos saber cómo son su hábitos, cómo es su alimentación, qué tipo de movimiento realiza ni como es su salud”, explicó.

Finalmente, señaló que para la aplicación del SUNITI resta “terminar con el estudio antropométrico que ya comenzó, falta relevar un 40% de la muestra, elaborar la tabla de talles”.

El Senado transformó en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. “Es una bisagra más dentro del proceso de emancipación del colectivo trans feminista en tanto años de lucha”, dijo a FM De la Calle, Saira Millaqueo, integrante de Ciudadanas Trans

La norma -aprobada por 55 votos a favor y 1 en contra, y 6 abstenciones- establece que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“El cupo viene a materializar el empoderamiento y para ejercer nuestra ciudadanía, con libertad de oportunidades. La ley de Identidad de Género, en lo personal, cambió el rumbo de mi vida. Para mayo que se sancionó la ley yo no tenía DNI y para enero del 2013 yo tenía documento y cambiaban mis objetivos, proyectos y podía reapropiarme de esa identidad que tenía negada”, afirmó Millaqueo.

Agregó que “estos sucesos marcan una bisagra porque en meses, a un año a más tardar, cambia ese entorno de vulnerabilidad, de clandestinidad, de completa ilegalidad que vivimos la comunidad travesti trans, cambia para bien, a una realidad que se materializa”.

La militante bahiense destacó que el promedio de vida de 35 años del colectivo tras explica la necesidad de una política pública focalizada. “Si en una sociedad donde el promedio de vida es de 70 años y no nos preocupa que haya una comunidad que se muere antes de los 40 es más que preocupante. Es urgente resguardar esos derechos vulnerados”.

Las condiciones de vida actuales son de “extrema pobreza y vulnerabilidad, violencia institucional, todavía se ve la falta de acceso a una salud integral. Más allá de la ley de Identidad de Género, en los hechos falta materializarla porque no lo interpreta la sociedad, sigue habiendo obstáculos por estos sectores conservadores que no logran captar el cambio de época, no interpretan las necesidades que atravesamos por meros prejuicios, discriminación y preconceptos que se tienen sobre nuestras existencias”.

Millaqueo señaló que la ley contempla el acompañamiento para que las personas que ingresen por el cupo trans “tengan la posibilidad de capacitación y terminalidad educativa”.

Por otro lado, se refirió al artículo 7, cuestionado por un sector de la oposición, el cual establece que no se deben tomar en cuenta los antecedente penales derivados de la ejecución de códigos contravencionales: “Hablamos de una población que hasta el 2012 iba encarcelada con 30, 60 y hasta 90 días de arresto por el hecho de salir vestida como deseaba”.

La flamante ley ordena la creación de “un registro y a partir de ahí evaluar los perfiles laborales, de los cv que llegan, de quiénes van a estar dispuestas para esos cargos. El cupo es selectivo porque hay que cumplir determinados requisitos, nuestro movimiento sabe que muchas van a quedar por fuera del cupo. Seguimos soñando con la reparación histórica, por condiciones que no están contempladas dentro del cupo, por un régimen de cobertura para quienes nunca tuvieron un aporte jubilatorio”.

En relación a las empresas privadas la normativa prevé incentivos fiscales para quienes contraten personal trans. “Los organismos van a tener que hacer un trabajo de sensibilización, tiene que ser profundo, porque es una fuerza productiva que ha sido inviabilizada y tiene que ser tenida en cuenta”, señaló Millaqueo.

La ley lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán porque “fueron, junto a otras como Pía Baudracco, las que tuvieron la visión política de mirar las raíces del problema de la expectativa de vida de la comunidad y el estar destinadas al trabajo sexual como único destino de vida”.

El vicepresidente del Senado bonaerense, Alfredo Fisher, presentó un proyecto solicitándole al gobernador, Axel Kicillof, que gestione “la restitución y reapertura del servicio ferroviario de transporte de pasajeros encomiendas y cargas livianas que vincula la Estación Constitución con Bahía Blanca por el ramal Pringles”.

“Durante muchos años el servicio ferroviario que pasaba se deterioró y eso ha sido responsabilidad de la falta de atención de nuestros gobiernos, pero por más mal que estuviera siempre lo tuvimos hasta que la ex gobernadora Vidal tomó la decisión de suspenderlo. Se terminó con el servicio de la empresa de Ferrobaires, veníamos mal y eso fue el acabose”, dijo a FM De la Calle el ex intendente de Laprida.

El ramal Pringles a partir de Olavarría conecta las estaciones de Laprida, Pringles, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Estomba y Cabildo.

Según el proyecto, la cancelación del servicio de Ferrobaires en toda la provincia generó un impacto real en las economías locales, afectó a 104 pueblos y ciudades y a más de 670 mil usuarios y usuarias.

Fisher afirmó que “ahora, con una concepción distinta de parte del gobierno respecto de lo que significa el transporte de pasajeros vía tren, podemos ir recuperando el servicio”.

El senador se reunió con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para pensar alternativas intermedias. “Trenes Argentinos ya había hecho una revisión de la vía, el diagnóstico no fue tan complejo, es una infraestructura reparable, no es un presupuesto inabordable. Sí hay escases de formación y material rodante. Se nos ofrecía una alternativa previa, la circulación entre Bahía- Olavarría de un coche motor que pueda transportar pasajeros que puedan hacer trasbordo en las dos puntas, está lejos de ser el retorno del servicio completo, pero está en un horizonte más cercano”.

El senador provincial enfatizó que “es un servicio esencial para los sectores más complicados en términos económicos. Una familia de Pringles, de Sierra, si no tiene una suma importante de dinero no puede ni pensar un viaje a Buenos Aires, a hacer un trámite, alguna cuestión de salud, ver afectos, no les queda otro remedio que juntar mucha plata para un remis o acudir al estado municipal. Pretendemos que se vayan haciendo los pasos necesarios para que más temprano que tarde recuperemos el servicio”.

Ferrosur Roca comenzó a operar en 1992 en forma intensiva el ramal con cuatro formaciones diarias que luego se fueron incrementando. “El ramal quedó al 100% disponible únicamente para el transporte intensivo de cargas pesadas y a granel entre las cabeceras y Olavarría sin ningún tipo de conexión positiva con las regiones, distritos y municipios locales”.

“Para el transporte de cargas, que se desarrolla con un promedio de velocidad más baja, no requiere de las condicione técnicas que requiere una formación que va más rápido y que transporta pasajeros. Esta empresa, que era gerenciada por Loma Negra, después una empresa brasilera, y ya cerca del vencimiento de la concesión no ha atenido ningún reparo en mantener la vía para que pueda circular un convoy de pasajeros”.

(Por Astor Vitali) Cuando murió David Viñas, muchos intelectuales se ocuparon de decir que se había ido un tipo de intelectual que ya no sería posible. Un argentino de corte sartreano propio del siglo XX, en esta América convulsa. Pero ¿Viñas buscaba, con su obra y con su trabajo, convertirse en una pieza de museo (como querían esos intelectuales) o en motor del pensamiento crítico que pueda encarnar en otres pensadores que le vayan sucediendo? Murió Horacio González y, al margen de la partida de un pensado original y único en tanto su obra es suya y su mirada propia, rechazo las posiciones que despiden a un tipo de intelectual que ya no será posible. Que haya vivido Horacio González es motivo suficiente para desear más pensadores de corte gonzalezco.

¿Qué es rendir homenaje? Depende del legado. En el caso de una persona que se dedicó al pensamiento crítico, parado en su tierra y posicionándose en su tiempo, esta pregunta es de fácil resolución: se espera personas inspiradas en el pensamiento crítico que se paren sobre su tierra y se posicionen en su tiempo, a modo de homenaje.

Este es nuestro punto de partida: nada de homenajes que hablen de González con el lamento de la añoranza, con la mirada del atardecer perdido que jamás vuelve. Sí, es cierto: su voz en un espacio público, no vuelve. Pero la voz es un hecho misterioso constituido de muchos más elementos que cuerdas. ¿No está su voz en los libros escritos, en las cátedras dadas, en centenares de alumnos y de alumnas que acudían a sus clases deseosos de saberes, empujados por articulaciones del lenguaje, siempre provocativas y con textura? Podemos encontrar su voz en los miles de escenarios en el espacio público, instituciones, organizaciones en las que el eco de sus pensamientos resuena y resonarán.

Se ha destacado por estas horas, también, su honestidad. Decir que alguien es honesto porque no robó es decir poca cosa. La configuración de los delitos es establecida por quienes tienen algo que perder y, en contrapartida, es interés de los y las intelectuales críticos la política de los desesperados –a quienes todo les fue ya arrebatado, inicialmente. La honestidad intelectual –que González tenía– es una honestidad de otro tipo; es una que cuesta en recursos económicos (altos costos económicos paga quien se atreve a los matices, en ámbitos de pensamientos conscriptos a una causa cerrada), cuesta juzgamientos apresurados de quienes leen hasta el título y prefieren la rápida reacción (que debería ser siempre de derecha) a la profunda reflexión, y por supuesto, se pagan altos costos en el ámbito de la circulación de ideas en un contexto en el que la industria cultural padece el grado de concentración vigente.

Estas horas son, para Horacio González, de enorme reconocimiento y afecto: amigos y enemigos saludan a un pensador crítico, con el que se pudo acordar o disentir pero a quien se puede eludir.

Ayer me dijo alguien: escribía medio críptico, difícil de entender. Hay allí, en el uso del lenguaje (del pensamiento) de González, algo que reivindicar: alguien que piensa complejo, enuncia complejo y al hacerlo, al brindar sus pensamientos a la comunidad, no hace otra cosa más que estar a su servicio, y sobre todo, no subestimar a sus interlocutores.

Hay otros dos modelos de intelectuales: el que “habla difícil” pero su decir no resuena (orador vacuo) y aquel que “se le entiende” pero su diatriba constituye una estafa (el chanta de masas).

Horacio González buscó la profundidad del pensamiento, la complejidad de las ideas, las imbricaciones de las ideologías contrapuestas. Hay una pregunta de verdaderas implicancias políticas: ¿qué hay de verdad en el pensamiento del enemigo?

Me dijo esta persona que, además de sentir que González “hablaba difícil”, de igual modo, cada vez que lo leía sentía que no entendía pero que había algo importante allí en su palabra, y que esto lo llevaba a interiorizarse en su pensamiento hasta comprender. Bravo, Horacio. González seducía con su pensamiento, entonces, podemos decir. González hacía, con palabras y con ideas complejas, que las personas se internaran en la complejidad, en lugar de quedarse en la llanura de la imagen en la era de los likes. ¿Puede haber algo más contrahegemónico que generar en los otros y en las otras una actitud vedada por el mercado, una acción exactamente contraria a la esperada o generada por la maquinaria del poder?

Retomar el asunto de su vínculo con el campo de lo enemigo, en su discurso de despedida de la Biblioteca Nacional (2015), González habló del respeto de los legados como una “pequeña astucia de la historia”. Es decir, estudiar a los conservadores, tanto o más que a los propios. En otras palabras, adentrarse en el pensamiento milenario, dado que los conservadores basan sus sistemas con anclaje helénico, latino, etc.  

“La idea de best seller la conocemos; nos produce el placer que elegimos, bueno o malo. La idea de leer aquello que sostiene nuestro espíritu, también la conocemos, es una idea formidable, la lectura es una lectura amiga, que intercala con nuestros pensamientos otros de los que podemos aprender. Y después hay un ejercicio lectural, que es un ejercicio atrevido, porque invierte esta relación lineal y afectiva de lo que leemos, y se trata de sacar experiencias de lo que no nos gusta o de lo que consideramos demencial o inapropiado, siempre que esté sostenido por un espíritu que nos intereses. Ese espíritu que nos interesa no necesariamente puede decir las cosas interesantes para nuestra vida, y no obsta que lo condenemos, también. Pero, para el lector, condenable o no condenable, nunca cesa la soberanía que lleva hasta las últimas consecuencias de la lectura. Es el lector que lleva hasta las últimas consecuencias de su no gusto, de su no acuerdo, la capacidad de explorar un texto enemigo.

Hay algo en la lectura que al enemigo lo convierte en algo donde cesa la hostilidad, y en un único segundo, en un chasquido, se muestra de alguna manera un mundo asombroso, donde reina a veces casi soberana una palabra, una idea, una forma del genio” (Facultad Libre).

Saber que es preciso reconocer cómo piensa quién me piensa. Porque un enemigo se piensa y piensa al otro. Hay, en rigor, una actitud vanidosa o religiosa en quien se queda con su librito de verdades, únicamente, y no intenta indagar sobre lo diferente. Lo que nos constituye es la otredad: ¿cómo desconocerla, entonces, si nos constituye? Estoy delimitado, y mis límites participan de lo externo, se tocan con lo otro, necesariamente, lo reconozca o no.

Y, como somos pensados, es preciso también, pensar. “Un proceso popular como el que encabezaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, necesitaban pensamiento”, dijo en la mencionada despedida de su cargo de director de la biblioteca.

Defender el pensamiento es una actitud eminentemente contracultural en el contexto actual, por ende, crítica y revolucionaria.   

Borges y Horacio González compartieron mucho: la pasión por el ser de esta tierra, la Biblioteca Nacional, el amor por la literatura, los deslizamientos de lo que parece fijo y las implicancias concretas y metafísicas de lo que nos es dado. El González maduro estuvo al frente de lo que llamó “una de las viejas maestras de la Historia de la nación argentina” que “no es una única historia”, debiendo considerar además que “nos hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad”.

Desde posturas ideológicas irreconciliables, el pensamiento puede discurrir en el ámbito de las profundidades de la indagación filosófica y ética: y esto constituye un aporte invaluable a su pueblo. Para en el medio de su pueblo. No arriba: entre.

Por supuesto, es una vida muy larga y este artículo muy corto. Datos biográficos, anécdotas, emociones y saberes se escribieron estos días por doquier. Aquí quisimos dejar sentado que Horacio González es un pensador ubicado en su pueblo, indagando milenios, abriendo puertas entre lo que no quiere verse, tal vez, por temor a reconocerse.

“Teníamos razón desde el comienzo, lo ocultaron, no salen a reconocerlo. El operativo ya se desarrolló ante el desconocimiento de las poblaciones”, dijo a FM De la Calle Domingo “Mingo” Jofré, integrante de las Asamblea Jáchal No se Toca, colectivo que denunció que un cargamento de 100 toneladas de mercurio serían trasladados desde la mina Veladero de San Juan hasta el puerto de Bahía Blanca.

El asambleísta hizo un llamado a comprometerse con las causas ambientales y manifestó su deseo: “Que algún fiscal o algún juez, aunque sea por vergüenza, no por empatía, se presenté en el puerto de Bahía Blanca, pregunte de dónde salió, con autorización de quién, por dónde recorrió, cómo llegó hasta ahí”.

“Con eso hay una cadena de mandos que tendrían que estar presos y se determinaría el cierre de esta mina ilegal que está violando la Ley de Residuos Peligrosos produciéndolos, violando la Ley de Glaciares destruyéndolos, violando la Ley de Medio Ambiente y las leyes naturales porque está destruyendo nuestra cordillera y violando nuestra Ley de Minería que dice que después de tres incidentes la mina debe cerrar definitivamente y esta mina ya se cansó de insultar a nuestro territorio”, afirmó.

Jofré participó de una mesa virtual junto al biólogo e investigador CONICET, Guillermo Folguera, referida a los alcances del mercurio y los riesgos de su traslado.

Según lo informado por el Consorcio de Gestión del Puerto son cinco contenedores de 20 toneladas cada uno que «permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG».

“La mina Veladero es de oro y plata, por lo menos eso es lo que declara. Se dedican a obtener un lingote que se llama de metal doré, donde van oro, plata y otros elementos que nunca declaran. La faena minera se trata de volar y triturar una montaña y llevar esa roca a un valle de lixiviación, es decir un piletón. Ahí vuelcan esa montaña triturada y la riegan con una solución. Hacen un cóctel que tiene el efecto de extraer de esa roca triturada los minerales diseminados, les interesa el oro, la plata, etcétera, y ahí aparece el mercurio que es un mineral prohibido”, argumentó Jofré.

Explicó que el mercurio “es un subproducto no deseado de la megaminería en nuestro territorio, en Veladero. Es una actividad que produce en su accionar residuos peligrosos altamente tóxicos y prohibidos en el mundo. Ahí ya hay una faena y destrucción, por más que el ministro (Matías) Kulfas venga a decir que en Veladero se está haciendo patria es extractivismo”.

La comunicación oficial da cuenta que el cargamento fue trasladado “con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina” .

Al respecto, el asambleísta mencionó que “son las mismas instituciones que deberían haber controlado que no se produzcan los derrames que ocurrieron en Veladero en 2015. Un año después nos enteramos de dos más, nos enteramos por mensajes de empleados que entraban en pánico, no por los órganos oficiales. No puedo creer que estén controlando porque nunca controlaron”.

El residuo tóxico se exportará para su tratamiento en Suiza y su posterior disposición final en Alemania. “Si hay negocio debe ser non sancto porque la utilización del mercurio está prohibido, no se puede usar ni comercializar, no se puede usar para nada legal. Hace ruido que 100 toneladas de mercurio vayan cruzando el Atlántico medio a escondidas, van a Suiza, hacen un tratamiento y después van a Alemania”.

Por su parte, el biólogo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera sostuvo que todo depende de “la confianza en que los empresarios amigos del poder hagan bien las cosas y tengan suerte en el camino. Está todo sostenido desde ahí. Hay que empezar a discutir qué democracia tenemos, el informe del puerto de Bahía aparece una primera cuestión aparentemente oficial, donde no se menciona quién se hará cargo”.

Destacó que “la falta de información no es un equivoco, es una parte fundamental, si no no pueden hacer lo que hacen. En los derrames del 2015, 2017, fue informado de manera informal, en todos los temas no hay informe oficial, megafactoría de cerdos, aprobación de trigo transgénico, la megaminería en Andalgalá”.

“No taparnos los odios, abrir los ojos, reconocer que desde hace mucho tiempo hay gente que reacciona a esto. Escuchar a esa gente que dice que hay un gobierno que cogobierna con la mineras, hablan tanto de la soberanía y la patria y están cogobernando con poderes extractivistas, llevándose recursos no renovables, el costo lo estamos pagando con la salud y el medioambiente”, finalizó Jofré.

Tras cinco jornadas, terminó este mediodía el alegato de la defensa en la causa que juzga a ex miembros de la Triple A de Bahía Blanca. El 29 de junio desde las 9 se dará lugar a las réplicas de las partes.

La estrategia consistió en resumir los crímenes a “luchas sectoriales entre bandas dentro del peronismo y en algunos casos por fuera de él”, la negación del control de los hechos por parte del Estado y, por lo tanto, la descalificación de los mismos como delitos de lesa humanidad y genocidio.

La intervención, a cargo de Gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento, culminó con el pedido de absolución para los cuatro imputados por haber integrado la asociación ilícita que cometió más de una veintena de crímenes de lesa humanidad.

La defensa pública pidió la inmediata libertad para Raúl Roberto Aceituno y que se mantenga la excarcelación de Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

En el caso de Aceituno, respecto a la acusación por el homicidio de David “Watu” Cilleruelo, requirió subsidiariamente se lo condene como “cómplice secundario” a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.

La semana pasada se presentó en comisiones del Consejo Superior Universitario un proyecto que plantea cambios en la forma de cursado. Se trata del Sistema Integrado de Cursado y Aprobación de los Espacios Curriculares.

La iniciativa fue planteada por un grupo de profesores del cual forman parte el rector y el vice, Daniel Vega y Javier Orozco.

“Para pasar a este sistema paternalista tienen que avasallar varios derechos estudiantiles”, comentó a FM De la Calle Juan Cruz Dellerba, estudiante de derecho y asambleísta por la lista Nueva Universidad.

“Es pasar de este sistema de autogestión, de tener la libertad de manejar la carrera como nosotros deseamos -si quiero rendir un final puedo, si no quiero rendir también, si quiero hago 5 materias o hago 2 o si necesito salir a laburar también puedo- a un un sistema paternalista donde la universidad te dice cómo tenés que hacerlo, en qué momento. El estudiante no gobierna su carrera “, aseguró.

El dirigente señaló que esta iniciativa “deroga la obligación de los docentes de poner mesas de examen libres y regular todos los meses. Se reduciría a una pequeña ventana donde podemos rendir en un cierto período de tiempo”.

“Plantea la imposibilidad total de rendir libre o una posibilidad mínima. Otra cuestión es la derogación de los recuperatorios para cada parcial que se tome. Esto parece que se recuperaría todo al final de ciclo, pero no especifica bien cómo y lo flexibiliza de una forma tajante”, mencionó.

Dellerba detalló que “le otorga a docentes la facultad de evaluar cosas tan discrecionales como la participación en clase y lo que llaman cuestiones aptitudinales del estudiante, ¿cómo se puede evaluar la participación con cursadas de 400 o 500 estudiantes?”.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la obligatoriedad de asistir a clase. “Esto excluye a quienes estudian y trabajan. Tiende a volverse un sistema elitista, quienes puedan dedicarse full time y nunca tengan una problemática, van a poder seguir este régimen de la universidad”.

“Este proyecto parece que le hecha la culpa a los estudiantes, son ustedes que no saben estudiar y como autogestionarse y nosotros como universidad tenemos que ir, decirles cómo llevar adelante la carrera. El diagnóstico es correcto, la solución es todo lo contrario”, enfatizó.

Por último Dellerba dijo que el proyecto está en comisiones: “Vemos muy difícil plantear modificaciones porque choca completamente con nuestra concepción ideológica, si junta las firmas necesarias pasa al plenario y ahí se debería votar en el Consejo Superior”.

El Consorcio del Puerto de Bahía Blanca confirmó este miércoles la llegada de 100 toneladas de mercurio provenientes de la mina Veladero. Ingresaron al sitio 21, muelle concesionado a Patagonia Norte S.A. y son custodiadas por Prefectura Naval.

Según el comunicado, son “cinco contenedores consolidados y precintados” con el residuo peligroso distribuido “en envases de máxima seguridad”.

La CTA de Bahía Blanca, alertada por la información difundida por la Asamblea Jáchal No se toca, destacó que el traslado se realizó “a espaldas de la población de Bahía Blanca e Ingeniero White y del conjunto de las localidades” atravesadas por el convoy.

“Queda absolutamente comprobado que la megaminería genera enormes cantidades de residuos peligrosos, que la mina Veladero viola las Leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente”, manifestó la central y agregó que “por acción u omisión los gobiernos son responsables, tanto en el ámbito municipal, como en el provincial y nacional”.

El Consorcio del Puerto informó que los contenedores “fueron trasladados desde la provincia de San Juan con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina, según protocolos nacionales e internacionales de seguridad vigentes”.

“Los contenedores, de 20 toneladas cada uno, permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG”.

El comunicado oficial agregó que “todo el procedimiento de consolidación de residuos peligrosos se enmarcó en lo estipulado por la Ley N° 24051, su decreto reglamentario N° 831/93 y en el cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 23922, garantizando de esta manera los máximos niveles de seguridad ambiental”.

Desde la CTA concluyeron que “la megaminería es incompatible con la vida de los territorios y es parte del modelo de saqueo extractivista que nos une en la lucha de la cordillera al mar y del norte al sur de la Argentina”.

La intervención del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación difundió que la Brigada de Control Ambiental (BCA) fiscalizó los contenedores en el establecimiento que opera la firma Minera Andina del Sol S.R.L. en la provincia de San Juan.

La Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, cuyo titular es Sergio Federovisky, le otorgó a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. la renovación de su Certificado Ambiental Anual (CAA) como generador, operador y exportador de residuos peligrosos. Dicho certificado alcanza la gestión integral de residuos peligrosos consistentes de mercurio metal líquido desde su generación, incluyendo la etapa intermedia de tratamiento de estabilización, hasta su disposición final.

Además, autoriza a la firma a exportar 500 toneladas de mercurio líquido para su tratamiento en Suiza y posterior disposición final en Alemania. También estipula que la empresa debe mantener actualizado su libro de operaciones, asentando sus diferentes etapas, e informar a la cartera ambiental nacional modificaciones sobre el proceso de generación de los referidos residuos, su sistema de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final y cualquier incidente o accidente donde el mercurio generado se vea involucrado en un plazo de 48 horas; y, al momento de la renovación, la cantidad anual producida de ese residuo peligroso, junto con el stock total almacenado.

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el rechazo in límine -sin entrar en el tratamiento del fondo de la cuestión- de la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” interpuesta por el partido NOS de la provincia de La Pampa.

El fallo destacó la falta de legitimación activa de la parte actora y la inexistencia de un caso concreto que permita propiciar la vía del control judicial.

Con el voto del camarista Roberto Daniel Amábile y la adhesión de su colega, Pablo Candisano Mera, el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado Federal de Santa Rosa.

En la resolución, la Cámara Federal no ingresó al fondo de la cuestión y rechazó la petición por cuestiones formales, dado que “no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción intentada”.

La decisión se dictó en línea con el dictamen del fiscal general subrogante ante ese tribunal, Horacio Azzolin, y de la fiscala a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, quienes habían solicitado al rechazo en una extensa presentación realizada el 14 de junio pasado, en la cual analizaron los aspectos formales del pedido e ingresaron en el fondo de la cuestión.

Antes de esta intervención de la Fiscalía General, la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, se había pronunciado en el mismo sentido en febrero pasado.

En su voto, el camarista Amábile señaló que “en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, considiro deben tenerse especialmente en cuenta los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Halabi” respecto de los alcances de la figura de la acción colectiva.

Así, señaló, “se debe corroborar la presencia de los elementos significativos del caso colectivo, que son la existencia de un conflicto colectivo que amerite su canalización, la necesidad de su tramitación y resolución por medio de un único proceso; la concurrencia de un factor de agresión común, en la medida en que la vulneración que se invoca recaiga sobre bienes colectivos o sobre intereses individuales homogéneos; la representación adecuada por parte de quien acciona en defensa del bien colectivo, o del grupo, clase o categoría de sujetos damnificados y los efectos expansivos de la sentencia”.

El camarista explicó que, sobre la base de esos parámetros, “no surge la representación del interés colectivo que se invoca, no solo en razón de la discutida posibilidad de encuadrar a los partidos políticos como uno de los sujetos habilitados por el artículo 43 de la Constitución Nacional para promover este tipo de planteos, sino que además, por las características particulares que rodean al proceso de reconocimiento de personería en curso que se encuentra impulsando la Junta Promotora del Partido NOS”, que “a la fecha impide reconocerle más potestades que las que pudieren otorgarle voluntariamente los diez miembros que de momento la conforman” como parte actora, y “menos aún, la arrogada representación de un interés jurídico concreto, inmediato y sustancial para que la acción resulte procedente”.

Por otro lado, la Cámara señaló que tampoco se ha demostrado “la existencia de un caso concreto” y, por lo tanto, “no corresponde al Poder Judicial de la Nación hacer declaraciones generales o en abstracto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que dicte el Congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino únicamente con relación a la aplicación de estas al hecho o caso contencioso producido”.

El magistrado que lideró el acuerdo señaló que “la mera invocación formal de la jerarquía constitucional del derecho a la vida que el accionante señala querer resguardar, resulta insuficiente para tener por demostrado un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa, así como también la presencia de un caso concreto que habilite la vía judicial excepcional de control de constitucionalidad de una disposición emanada de los otros dos poderes del Estado siguiendo los procedimientos constitucionales específicamente establecidos a tales fines”.

En ese sentido, citó una vez más la fiscalía para afirmar que el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 27.610 “no puede ser analizado en abstracto, dado que ello implicaría la intromisión del Poder Judicial, a pedido de un partido político en formación que carece de representantes en el Congreso de la Nación, en una discusión que ya fue suficientemente efectuada y resuelta en el seno de los poderes democráticos”.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Yica Guardia – Conexión Socioambiental) Amanecimos el martes con la noticia de que un cargamento de cien toneladas de mercurio, cuya partida desde la mina Veladero (San Juan) con llegada al puerto de Ing. White prevista para el lunes próximo denunciaba la “Asamblea Jáchal No se toca”, ya había arribado a la ciudad.

Visibilizamos parte de los lamentables efectos del ejercicio megaminero y del desarrollo extractivista en el territorio, el cual genera enormes cantidades de residuos peligrosos. Tránsito de sustancias tóxicas como el mercurio no orgánico, violando las leyes de Glaciares, Residuos Peligrosos y de Medio Ambiente. Tal responsabilidad se vuelve tácita. La información a la ciudadanía encubierta, medios hegemónicos de comunicación callados, impunidad latente, órganos de contralor estatales que administran su función superficialmente y corruptamente en tantos otros casos, como leyes que se incumplen recurrentemente.

Un puerto lejano que aparece como destino y perfecta opción. Confusión y desinformación, típicos mecanismos de un sistema que deja rastros que esperamos no den frutos como hace unos años atrás ocurrió en Choropampa en Perú. Recordando aquel triste suceso, el viernes 2 de junio del año 2000 un camión de transporte produjo el derrame de 151kg de mercurio metálico ocasionando daños irreparables en la salud y mortales en su caso en la población.

Damos nota de esto citando parte de un informe de investigación brindado por Conicet: “Los informes del daño que ocasiona el mercurio una vez inhalado indican que el 100% del mercurio elemental atraviesa las membranas alveolares de los pulmones y se difunde hacia la sangre, desde donde es distribuido por todo el cuerpo y que, además entre un 75 y un 80% es retenido por el cerebro, los riñones y el feto de mujeres embarazadas”.

Respecto de la llegada del reciente convoy de mercurio debemos decir que no es la primera vez que transitan por el territorio sustancias con residuos altamente tóxicos y peligrosos. Siempre sucede con la connivencia de los gobiernos provinciales y nacionales y la tímida aparición de los diferentes organismos de contralor que escoltan estos tránsitos por tierra, con total ausencia de información hacia las poblaciones que ignoran semejante travesía.

No existe justificación ni excusa para estas maniobras que atentan contra la vida desde su primera vertiente que es la misma existencia de megaminería en nuestro país.

Cada Estado que mal administró estos territorios socavó sus bienes comunes, extirpó sus recursos hasta sobrepasar límites y consecuencias de degradación social, económica y sanitaria. Como de seguridad ambiental. Un sistema de negociados entre jefes patriarcales gubernamentales y sus colegas en valores corporativos y empresariales, cierran un mercado privado financiero de ganancias extradimensionales y abren camino a un sinfín de responsabilidades jamás cubiertas ni cargadas al portador.

Preguntarnos por qué existen aún este tipo de megaproyectos de minería a cielo abierto, por qué utilizan sustancias tóxicas, por qué se permite el uso del agua abusivamente, por qué no existen órganos de contralor eficientes y respetuosos de la ley y de las normativas vigentes. (…) Preguntas retóricas, preguntas necesarias preguntas que ya no queremos hacernos y de las que no esperamos respuestas, porque no las requerimos.

Quienes denunciamos estos hechos sólo buscamos y accionamos para acabar con el statu quo actual extractivista, ecocida y terricida. Podríamos agregar genocida encubierto o descubierto para quien sepa ver las consecuencias previsibles, peligrosas y evitables de estas acciones.

Aún aguardamos declaraciones oficiales por parte del directorio del Puerto de Bahía Blanca como personalmente por parte del presidente del Consorcio, Federico Susbielles. También del CTE (Comité Técnico Ejecutivo) dependiente del gobierno municipal, ARES Ambiental y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentabel (OPDS). Lo mismo respecto a los Ministerios de Energía y Minería y Medio Ambiente.

Y, lo más urgente, aún desconocemos cuánto tiempo permanecerá la carga en almacenamiento en el Puerto de Ingeniero White.

El Ministerio de Salud de la provincia anunció el pase de Bahía nuevamente a fase 3. El médico Horacio Romano habló, en su columna semanal en FM De la Calle, del subregistro de casos y de las vacunas vía mecanismo COVAX.

“Los números de la municipalidad son más correctos. (En el SISA) hay un desfasaje del 30%, hay un subregistro donde todo un sector no reporta a SISA pero si al número final de la municipalidad, con lo cual la cifra que se maneja está por debajo de la declarada” comentó.

Refiere que los datos de la tasa de incidencia cada 100 mil habitantes tomados por el Ministerio (SISA) para definir el cambio de fase no se corresponden con los datos del municipio.

“El SISA es un sistema que se utiliza para denunciar enfermedades pero que está preparado para recibir una dos, tres, diez denuncias, no para la avalancha que es esto. Cargar los datos te puede llevar por paciente 10 o 15 minutos, según la cantidad de casos es la cantidad de registros. En el Municipal hay personas dedicadas únicamente a cargar datos al SISA”, apuntó.

En relación a los laboratorios, destacó que sí informan al SISA, pero cuando se detecta un caso positivo y se hace el seguimiento telefónico no se registran ni se cargan los convivientes que probablemente den positivo también. “Convivís con 3 personas más de las cuales 2 personas probablemente tengan la enfermedad: esas dos personas no se están cargando. Esto se agrava con el sistema privado, no todo el mundo tiene acceso al SISA”.

“Debemos decir que Bahía esta bastante prolijo, en otras regiones los datos carecen bastante de realidad”.

Mecanismo COVAX

“COVAX fue una idea hermosa, nacida desde la solidaridad. Desgraciadamente, no sucedió. Los países ricos se comportaron peor que en nuestras peores pesadillas”, publicaba en su portada la semana pasada la revista científica The Lancet.

Covax “nace como una idea superadora, allá por abril o mayo del 2020, que estábamos con una idea de que el mundo podía mejorar después de la pandemia” dijo Romano.

El plan apuntaba a que “todos los países más ricos pusieran plata, por medio del mecanismo se comprarían vacunas, se crearía un fondo y cada país recibiría dosis para el 20% de su población”.

“Para EE.UU poner 5 mil millones de dólares es como poner una moneda, 700 millones Reino Unido, y 1000 millones Japón, con eso recién hace un mes se juntaron los 8 mil millones de dólares para comprar vacunas y tener un stock. Hoy hay países de África que no han recibido nada y Canadá, amparándose en este contrato con Covax, ha retirado 40 millones de dosis”, dijo.

“10 países se adueñaron del 75% de las vacunas del mundo. 92 países no han vacunado ni siquiera a su personal sanitario”, argumentó.

Sigue primando la idea de “me salvo solo y no me importa que hagan los del alrededor”, finalizó.

El Gobierno bonaerense confirmó el pase de Bahía Blanca a Fase 3. De esta manera, el distrito queda habilitado para retomar las clases presenciales el próximo lunes 28.

Se esperan precisiones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y, según lo anunciado por Carlos Bianco, jefe de gabinete provincial, se utilizará esta semana “para ir preparando las condiciones para la vuelta a una presencialidad cuidada”.

Según detalló el secretario de gobierno local, Adrián Jouglard “lo que tiene que ver con las actividades generales, comerciales y sociales, empiezan a regir a partir de hoy. En un rato sale publicado el cuadro de actividades en el Boletín Oficial”.

Acerca de la situación epidemiológica, el funcionario municipal agregó que “han mejorado los indicadores y hay una tendencia a la baja en la cantidad de casos. Eso va a llevar un tiempo hasta que se vea reflejado en la situación particular de los sanatorios, donde tienen unos 10 o 15 días hasta que se vea esa merma” argumentó.

“Es importante todo lo que se está haciendo, pero falta que pase gran parte del invierno. Hemos dejado atrás el domingo con un Día del Padre donde tal vez hubo reuniones sociales en cantidad y eso puede tener algún impacto”, finalizó.

Actividades permitidas

  • Clases presenciales (a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación)
  • Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana
  • Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23
  • Los comercios deberán cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales
    Actividades autorizadas:
  • Restaurantes y bares: espacios cerrados con el aforo del 30 %
  • Gimnasios: con aforo del 30 %
  • Shoppings: con aforo del 30 %
  • Museos: con aforo del 30 %
  • Eventos religiosos: hasta 20 personas
  • Natatorios: hasta 10 personas
  • Se podrán realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas