(Por Astor Vitali) Último editorial del año. El jueves terminamos el ciclo 2019 de Un grillo en tu almohada y el día siguiente participamos de la radio abierta que realizó FM De la Calle desde la Plaza de la Resistencia y la Memoria (Plaza del Sol o Lavalle), en coincidencia con vecinos y vecinas que se manifestaron de manera crítica con el proyecto de privado que intenta realizar estacionamiento por esos lares y una plaza seca, es decir, arrasando lo público por intereses privados, con su correspondiente sarasa del supuesto impacto social positivo que traería dicha inversión.

Afortunadamente, no hay mucho que explicar al respecto: para cualquier persona en Bahía Blanca que desee estar mínimamente informada de cómo ocurren las cosas, resulta una obviedad el hecho de que en nuestra ciudad no se mueve un dedo desde lo público en ningún proyecto que no sea un curro previamente concebido por los sectores privados que se beneficiarán (ver, por ejemplo, el cierre de los históricos carritos en Parque de Mayo en favor de los negocios de comida rápida, redituables para amigues del poder).

Ha habido cambio de gobierno a nivel provincial y a nivel país. Como contrapartida, Bahía Blanca ratificó a Juntos por el Cambio por un cincuenta por ciento de los votos, convirtiéndose La tierra del Diablo en un bastión de resistencia del proyecto meritocrático y de la desigualdad.

Mientras no queda claro si las decisiones de gobierno se toman en las oficias de Alsina o en mesas extraoficiales de capitalistas influyentes, la explosión de Dow en abril de este año y las posteriores investigaciones que dan como resultado la responsabilidad de la empresa –no una falla humana- tuvo como respuesta de nuestra dirigencia la lisa y llana complicidad, con el premio de la inauguración del Dow Center, eje central en la política de inserción y dominación capitalista que el siempre poético empresariado trasnacional da en llamar “responsabilidad social empresaria”. Seguirán profundizando su inversión en la compra de voluntades, dirigentes, directivos de instituciones educativas (incluso universitarias), periodistas, legisladores y funcionarios en su proyecto de “generación de consensos”, es decir, de construcción de la red de complicidades necesarias para profundizar su saqueo. La inversión que realizan en ello es inversamente proporcional a la inversión que necesita la ciudad para un proyecto de desarrollo económico genuino que no dependa del viento y de la voluntad de un par de empresas trasnacionales que vienen a hacer aquí lo que no les es permitido en sus países.

A todo esto, la campaña electoral sobre la que el Frente de Todos tuvo un buen desempeño, generó una expectativa positiva en la posibilidad de que el rol de la oposición sea responsable. ¿Cómo? Sí, responsable. No en el sentido que ha sido utilizado en otros momentos, es decir, un rol de levantar la voz en contra de los proyectos pero también la mano a favor de los mismos. Eso debería llamarse oposición funcional. Responsable significa que consciente del mandato otorgado por el pueblo bahiense en operar en el marco de acuerdos políticos de signo contrario a la maquinaria neoliberal y antipopular encabezada por el intendente, Héctor Gay.

¿Cómo votarán en presupuesto? ¿De manera responsable o funcional?

Por abajo, aquí en la calle y con la plebe, los desafíos de las organizaciones que emanan del pueblo son muchos y muy variados. El espejo de Mendoza es interesante: las calles le marcan a Alberto Fernández que fue electo para hacer lo contrario a lo que haría Macri. Si la megaminería es parte del proyecto neoliberal entonces un gobierno de signo contrario al macrismo debe aplicar una política económica que no garantice facilidades a la megaminería sino que diversifique las propuestas económicas en un sentido soberano y con perspectiva estratégica. No existe megaminería progresista y megaminería neoliberal; existe megaminería y responde claramente a intereses opuestos a los de nuestro pueblo.

Allí está el desafío hoy: hubo amplio consenso en la construcción de un frente para derrotar en las urnas al neoliberalismo pero queda abierto el dilema de cuán delegativa será la democracia, qué rol ocupará en pueblo con sus reclamos y qué tan dispuesto estará un frente tan amplio -como el de Todos- a acceder a las demandas de las mayorías en detrimento de los sectores de poder.

De paso, digamos claramente, no es progresista ni popular tocar el ingreso de un jubilado sin antes afectar las riquezas de quienes se han beneficiado con nuestro empobrecimiento. Bancos, trasnacionales, usureros, usureros virtuales y otro tipo de sanguijuelas de la economía improductiva deben verse severamente afectados en la redistribución de la riqueza para que un trabajador o un pensionado vean con buenos ojos hacer un “esfuerzo”. Los esfuerzos siempre los ha hecho nuestro pueblo.

Como vienen las cosas, si la obsecuencia y el temor no dirigen la política sino las necesidades populares y el intento de un proyecto, las estructuras tradicionales se verán condicionadas por la demanda en la calle, en las comisiones internas, en los laburos, en los gremios, en los centros de estudiantes, en las esquinas de los barrios.

La lucha contra el hambre no puede conciliarse con guiños a la voracidad de los angurrientos que siempre se han comido todo. Una cosa es contra la otra. Si por abajo, en la calle y en cada acuerdo de la democracia popular las demandas son claras, será más fácil descubrir si el gobierno que asume por un frente construido en oposición a un gobierno impopular finalmente optará por su pueblo o será una nueva promesa de la política Argentina, tan llena de gente maravillosa que pone el cuerpo pero tan llena de charlatanes que asumen por el pueblo y gobiernan por el Fondo.

Hay expectativas populares. Hay responsabilidades políticas. Hay una trama abierta que develará la Historia en el que tu aporte, como el de cada quien, sí hace a la diferencia.

Por último, que el uso de la inteligencia y el pensamiento crítico domine los discursos, es un deseo de buen año.

IPC Online informó que en diciembre la tasa de inflación aumentó un 5,08% respecto a noviembre. La variación fue mayor al mes pasado y acumula en el año y en los últimos 12 meses, 54,76%.

“Se cierra entonces un año con el registro más alto de inflación interanual desde que este proyecto mide variaciones de precios”, destacaron.

Los capítulos Alimentos y bebidas e Indumentaria se mantuvieron especialmente activos todas las semanas totalizando subas del 4,26% y 1,85% respectivamente.

Sin embargo, no fueron los que lideraron las principales alzas: Transportes y comunicaciones con 9,78% fuertemente influenciado por automóviles y el efecto arrastre del aumento del taxi así como Atención médica y gastos para la salud con 8,17% empujado por el aumento de los sistemas prepagos de salud y medicamentos. La primera semana reflejó el mayor impacto de estos dos últimos capítulos.

Todos los rubros registraron alzas en el siguiente orden: Transporte y comunicaciones (9,78%), Atención médica y gastos para la salud (8,17%), Otros bienes y servicios (5,05%), Equipamiento del hogar (4,44%), Alimentos y bebidas (4,26%), Vivienda y servicios básicos (2,90%), Esparcimiento (2,21%), Indumentaria (1,85%) y Educación (0,30%).

El ingeniero en electrónica Walmir Edgardo Morete fue designado coordinador del Comité Técnico Ejecutivo. Reemplazará a César Pérez en el organismo de control de las plantas industriales del polo petroquímico y el puerto bahienses.

El flamante funcionario egresó en 2011 de la Facultad Regional de la UTN y trabajó en Petrobrás y la planta compresora de TGS en La Adela.

Semanas después de la explosión en Dow el Municipio avanzó en la apertura de concursos para reemplazar a los responsables del Proceso Apell y el CTE.

En este último caso, el jurado elaboró un orden de mérito de cuatro concursantes y el intendente Héctor Gay eligió a Morete. Ni en la web municipal ni ante las reiteradas consultas de este medio se difundieron los otros nombres.

El decreto 1017 del 18 de diciembre designó al ingeniero como “personal temporario mensualizado” con un salario cercano a los 150 mil pesos.

Dependerá de la Oficina Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental con mandato de dos años prorrogables por dos más.

(Notas Periodismo Popular) Este lunes habrá sesión de la Legislatura provincial con el objetivo de derogar la ley 9209 que habilita la megaminería y restituir la 7722. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez el pasado viernes luego de una semana de movilizaciones masivas en rechazo a la normativa.

Los festejos recorrieron toda la provincia de Mendoza el viernes pasado. Por la noche el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para derogar la ley 9209 votada una semana antes. “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, dijo.

La fecha señalada para la votación es este lunes y estará acompañada, como todos estos días, de una importante movilización popular en la capital provincial.

La normativa ahora vigente dejó sin efecto a la 7722 que protegía los recursos hídricos mendocinos abriendo las puertas al desarrollo de emprendimientos megamineros. Es que, entre otras cosas, se eliminó la prohibición de la utilización de químicos contaminantes como el cianuro.

Antes de la votación del viernes 20 de noviembre ya habían comenzado las protestas. Sin embargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo -con los votos del oficialismo y casi todo el peronismo opositor- y promulgación por parte del gobernador, se intensificaron.

Esto llevó a Suárez a anunciar, a mitad de semana, que frenaría su reglamentación para “informar” mejor a la población sobre los fundamentos de la ley. Pero fue rechazado por un espectro tan amplio como variado y transversal de la sociedad mendocina que continuó exigiendo como única salida la derogación. Allí se cuentan desde las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, pasando por los productores vitivinícolas, la Iglesia Católica y hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia que instó a suspender la tradicional fiesta hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas.

La presión popular obligó a Ejecutivo a dar marcha atrás. Sin embargo, las manifestaciones se sostienen y anunciaron que no terminarán hasta que la derogación de la ley 9209 figure en el Boletín Oficial.

En ese marco este sábado se realizó en Uspallata una asamblea de todas las asambleas de Mendoza en defensa del agua. La localidad fue elegida porque a 30 kilómetros se intentó instalar el Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero de capitales rusos. “Hay representantes de la empresa que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella”, relató a Página/12 Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata. “Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, agregó.

Asimismo este domingo se mantuvo el “banderazo” de carácter plurinacional convocado en toda la provincia y que tuvo una gran participación. A lo largo de la ruta 40 hubo varios puntos en los que se ondearon banderas argentinas pero también la wiphala.

Este lunes todas las fuerzas estarán concentradas en la Legislatura donde se espera que las mismas personas que aprobaron la ley hace apenas 10 días, ahora la anulen. En caso de concretarse será un hecho histórico para la provincia y un importante precedente en la lucha por la defensa del medioambiente a nivel nacional.

Este viernes cerramos la programación 2019 sumándonos a la Fiesta por la Plaza! Desde las 10 de la mañana estaremos en vivo por la 87.9 y delacalle.org desde O’Higgins 140.

Desde las 17 se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Habrá actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

Acercáte y compartí la jornada con quienes hacemos De la Calle!

10 a 12: En Eso Estamos con Mauro Llaneza y Giuliana Crucianelli (participa Mariela Dobal).

12 a 13: Descoordinades (Coordinadora Estudiantil Artística)

13 a 15: Astor Vitali, Sergio Pacheco, Eduardo Lázzari y Edgardo Epherra.

15 a 15:30: Mundos Imaginarios con Silvia Pirillo.

15:30 a 16: El huevo de la Serpiente con Juan Compagnoni, Tomás Palomeque y Ayelén Zanfagnini.

16 a 18: Bajo control con Fabián Ramos y equipo.

18 a 19: Voces desde la plaza con Giuliana Crucianelli y Paula Ércoli.

Operación y técnica: Fer Alarcón, Emiliano Randazzo, Walter Albouy, Fabián Zapata, Nicolás Fernández Vicente.

(Por Noemí Giosa Zuazua – Fotos: Magalí Agnello) En su casa del barrio Juan López, en Bahía Blanca, Mónica Dambolena, costurera, 49 años, no para de dar vueltas. Hace menos de 24 horas enterró a Juan Cruz, su hijo, tras cuatro días de agonía. El 17 de octubre del 2010 había tenido un accidente en el trabajo y, cuando lo ingresaron a la guardia, su vida estaba prácticamente concluida. “¿Su hijo se quemó con gas?”, la interrogó la médica. “Tiene el 95% quemado”. Mónica no podía entender: ¿se refería al 95% del brazo, de la pierna? “Hablo del cuerpo completo, señora”, le dijo la médica. “Lo único que no tiene quemado son las plantas de los pies porque llevaba zapatos, y el lado del bolsillo donde tenía la billetera”. Juan Cruz murió el 21 de octubre.

Tenía 25 años, era el segundo de una escalera de seis hermanos, tres varones y tres mujeres. No bien consiguió trabajo en la empresa Camin Cargo Control SA, en 2008, se independizó y se mudó con un amigo de la escuela técnica donde estudiaba Seguridad e Higiene. Juan Cruz tenía gustos de pueblo: se juntaba con amigos los sábados, salía a guitarrear por los bares de Bahía. Y, los domingos, no faltaba a los almuerzos familiares.

Mónica, en verdad, conocía pocas cosas del trabajo de su hijo -sería, se dijo, por un pacto de confidencialidad que firmó al entrar-. Sabía que tomaba muestras de hidrocarburos de barcos que llegaban al Puerto de Ingeniero White. Que los guardaba en un dúplex que Camin Cargo Control alquilaba en un barrio residencial de Bahía. Que prestaban este servicio a empresas de El Polo Petroquímico de Bahía Blanca, un concentrado de corporaciones trasnacionales que producen hidrocarburos, fertilizantes y resinas plásticas. Empresas que cotizan entre los primeros puestos de facturación del país, que generan 1700 empleos estables, contaminación, y también muertes laborales.

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¿Qué es un Polo?

Un polo petroquímico suena, además, poderoso. Este lo es. De los siete polos del país, es el más importante. Se instaló entre mediados de los años 70 y los 80, con empresas de propiedad estatal o mixta financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo. De la región de América Latina, después de los dos brasileños en Salvador de Bahía y en Río Grande del Sur, ocupa el tercer lugar.

A diferencia de los polos de los Estados Unidos, que deben alejarse de las ciudades por lo menos 100 kilómetros, este queda a ocho de la ciudad de Bahía Blanca, con 300.000 habitantes, y a escasos 100 metros de los barrios de Ingeniero White, un pueblo portuario de 12.000 vecinos que hace años era de pescadores artesanales.

Durante una década de búsqueda de justicia por su hijo, Mónica Dambolena reconstruyó una historia atravesada por contaminación de alto riego, muertes laborales, inspecciones silenciadas y expedientes que se esfuman alrededor de El Polo Petroquímico de Ingeniero White, el más importante del país.

Su ubicación no es casual. En Ingeniero White confluyen los tres gasoductos que vienen de las cuencas Austral y Neuquina. Por sus serpientes de acero viaja la principal materia prima de las petroquímicas: el gas natural.

Desde la Ruta Nacional Nº 3, entrando al pueblo por la Avenida 18 de Julio, un cartel con el título “Polo Petroquímico”, y el nombre de seis empresas, da la bienvenida al complejo. Entre olores a cloro, a azufre o a putrefacción de los hidrocarburos, descansan, trabajan y, sobre todo, resoplan las antorchas y las chimeneas de ese dragón inmenso apodado El Gigante.

Excepto YPF, hoy las plantas que lo habitan son de capital privado transnacional. Ahí, dos grupos empresarios producen las resinas para la industria plástica. Uno es Petroquímica Bahía Blanca PBB-Polisur, propiedad 100% de la americana Dow Chemical. Es una de las petroquímicas más importantes del mundo la que compró estas plantas al Estado argentino, cuando el gobierno de Carlos Menem las privatizó. La llaman “La Dow”. La recuerda la historia como la empresa que, junto a Monsanto, fabricó el herbicida que usó Estados Unidos para matar a tres millones de vietnamitas y dejar medio millón de chicos con malformaciones: el famoso Agente Naranja.

El otro grupo, también privatizado, hoy es de capitales brasileños: Unipar Indupa. Sus plantas productivas son enjambres de cañerías de distintos diámetros que se entrecruzan y forman torres de destilación, por donde fluyen líquidos y gases.

Buena parte de nuestra vida moderna depende de lo que sale de aquí. Las resinas que produce El Polo son en polvo, o en millones de globitos livianos de color blanco – pellets- que compran las empresas plastiqueras y que funden a alta velocidad o con calor. Los pasan por grandes máquinas con moldes que escupen botellas de lavandina, cepillos de dientes, cajones de recolección de frutas, juguetes, armazones de anteojos, ropa de cuero sintético, paragolpes de autos, jeringas, tarjetas de crédito. El plástico de la vida misma.

Hasta las prótesis para el cuerpo humano, las válvulas para el corazón o los vasos
sanguíneos vienen de este lugar. El plástico convive con nosotros mucho más cerca de lo
que pensamos.

Otras cuatro empresas completan el escenario. Las plantas de TGS y de Mega SA, que producen etano, el insumo que usa Dow para las resinas. La empresa Profertil -mitad canadiense y mitad de YPF- fabrica fertilizantes de urea granulada. Y, al final del recorrido, a 30 cuadras de la ciudad de Bahía, está la refinería de la ex-Petrobras, que hace dos años compró el grupo holandés Trafigura. Allí se hacen las naftas, en la planta ubicada frente al barrio de vecinos Loma Paraguaya, y al Jardín de Infantes Nº 926.

Para quienes todavía trabajan en sus empresas, pertenecer a El Polo tiene sus beneficios. En mayo de 2019, un operario que entraba a Unipar Indupa sin antigüedad ganaba en bruto $70.000. Los beneficios son el 60% del salario básico. Son solo para los empleados estables. Los subcontratados -“los otros”- cobran menos, comen en otros comedores, tienen ropas y herramientas de seguridad de menor calidad, hacen las tareas de mayor riesgo. Los “unos” pertenecen al sindicato de Petroquímicos, los “otros” pertenecen a Uocra.

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¿Cuando El Polo paga, qué paga?

Al igual que el plástico, El Polo está metido en todas partes. Quien quiera conocer las intimidades del pueblo que vocifera contra El Polo, una de las personas señaladas para visitar es María Rosa – Tití – Sedrani.

Nativa de White, Titi inauguró en 1982 un salón de peinados -Mari Mau- en la calle Guillermo Torres, donde solo corta a caballeros: “Los varones son más fieles -dice, ajena a la corrección política-. “Si están conformes, no te abandonan”.

Alta, flaca, corte biselado con mechas rubias, Titi es mucho más que peluquera. Hoy, con 67 años, hijos, sobrinos y nietos, es una de las que luchan contra el avance de El Polo en el barrio. Para que nadie dude de sus ideas, en la puerta de la peluquería, Titi ató una sábana blanca con letras rojas que da la bienvenida: “Pan y trabajo, el Fondo al carajo”.

Con voz de cigarro, habla sin pelos en la lengua: “Cuando empezaron a llegar las empresas, no teníamos idea de lo que iba a pasar”. Lo primero que notaron en el barrio fue una rajadura en las casas por la obra de la central termoeléctrica, que hundió las napas de agua subterránea de baja profundidad -napas freáticas-. Dicen que succionaron agua, secaron las napas, y se deprimieron.

 

Lucharon muchos años. Soportaron leer informes técnicos que explicaban las grietas por la forestación y el asfalto, cuando no había calles pavimentadas. “A mi casa, la grieta la quebró en dos. Recién hace ocho años, después de pelearla 26, me dieron dinero para arreglarla”, se indigna Titi.

El gigantismo de El Polo llega hasta el Hospital Menor, al que le dona algún instrumento; avanza en las escuelas, en las que entrega material escolar a los chicos, y entra en el deporte: en el Club Huracán financió la cancha de pasto sintético, y la infraestructura de las canchas de inferiores. “Ellos, con esos programas de Responsabilidad Empresaria, se meten en todas las instituciones que pueden”, se lamenta Titi, y remarca que los aportes de El Gigante son arbitrarios: “Nosotros necesitamos que hagan en el hospital una sala para quemados, porque esto es una bomba de tiempo”.

No todos los vecinos están dispuestos a luchar como Titi. Muchos no quieren problemas: “Entre la radio LU2 -de la que fue muchos años periodista el intendente actual Héctor Gay- y el periódico La Nueva Provincia, les lavan la cabeza”, se lamenta la peluquera.

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“¿Señora, cómo podemos arreglar esto?”

En la familia de Juan Cruz Manfrendini, el joven que murió en el 2010 producto de una explosión, varios están vinculados a El Polo. Su papá Federico, hoy jubilado, trabajó en Indupa durante treinta años. El cuñado de Juan Cruz trabaja en una de las empresas de El Polo. Su hermano y su hermana trabajan en el restaurante de El Consorcio del puerto, vinculado a El Polo. Su primo político -Maximiliano Metz-, era jefe zonal de Camin Cargo Control, la empresa a la que El Polo subcontrata servicios, y es quien le consiguió el trabajo. En la práctica, su jefe.

Ese domingo 17 de octubre, el día de la tragedia, los Manfredini y los Metz almorzaban como festejo del Día de la Madre: Mónica y su hermana -esposa de Metz- agasajaban a su mamá. A las cinco de la tarde, un llamado telefónico paralizó la reunión: le avisaron a Maximiliano Metz que su primo había tenido un accidente.

Una hora antes, al dúplex de la calle Cuyo 1388, llegaba Juan Cruz en búsqueda de garrafas. Su primo y jefe, Maximiliano Metz, en pleno almuerzo familiar, lo mandó a tomar muestras de hidrocarburos a un buque que había amarrado en el puerto. Juan Cruz entró al departamento con el recorrido habitual: subió la escalera, abrió la puerta del cuarto donde almacenaban garrafas llenas y vacías, encendió la luz y, en una décima de segundo, una explosión lo envolvió en una sola llama. Consiguió bajar a la calle y un policía lo auxilió: “Me dio su celular y me dijo que llamara al jefe y le avise”, declaró después el oficial.

En la vida de Mónica todo cambió. Cuatro días de agonía de su hijo, en los que no se movió del hospital esperando un milagro. Por allí pasaron amigos de Juan Cruz, familiares, compañeros de trabajo. Todos opinaban: que en el dúplex había concentración de gases; que los vecinos se venían quejando del olor a podrido; que la culpa era de Metz; que el presidente de la empresa, Marcelo Camín, lo alquiló para vivienda y no estaba habilitado. Juan Cruz, decían, era una víctima de la tercerización y la precarización laboral.

Mónica discutía con ella misma. De todo eso, ¿qué era verdad?

El mismo día del entierro, Marcelo Camín, presidente de la empresa, viajó desde Buenos Aires a Bahía Blanca y la citó a Mónica en un hotel. Buscaba convencerla de que Juan Cruz había manipulado incorrectamente una garrafa, y no se había puesto las ropas reglamentarias. Al final, la pregunta que faltaba: “¿Señora, cómo podemos arreglar esto?”. Mónica mareada de dolor, y también indignada: “¿Arreglar, qué cosa?”, le dijo, “solo se puede arreglar si mi hijo vuelve a la vida”. En ese momento, juró pelear hasta conocer la verdad.

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Mónica Dambolena sabía que llegar a la verdad dependía de ella. ¿Podía su sobrino, Maximiliano, ser el culpable de la muerte de su hijo? ¿Por dónde empezar a investigar?

Las redes sociales le abrieron el camino. Un antiguo compañero de trabajo de Juan Cruz, por Facebook, la ayudó a entender. La casa matriz de Camin Cargo está en Texas, Estados Unidos, y tiene filiales en 15 países de América Latina, como se constata en la página web de la empresa. En Argentina, el presidente, Marcelo Camin, es sobrino del presidente general, Héctor Camin, de los Estados Unidos. Como se probó luego en el juicio, ese dúplex era un depósito clandestino. La empresa se ocupa de extraer y de guardar muestras de los hidrocarburos que venden Petrobras, TGS, Mega y Profertil, en resguardo de la calidad, por si los compradores reclaman. Cuando había que analizarlas en Buenos Aires, las mandaban por la empresa de pasajeros Plusmar, mintiendo sobre el contenido, para abaratar costos.

En los mails que estaban en la computadora de su hijo y que involucraban a Marcelo Camin, presidente de Camin Cargo Control SA, Mónica descubrió que para ahorrar dinero la empresa enviaba muestras explosivas de hidrocarburos en los micros de pasajeros.

Así empezó Mónica a descifrar los mails que estaban en la computadora de su hijo y que Maximiliano Metz mandaba a Marcelo Camin y a otros integrantes de la empresa: “En los últimos meses se han roto varias muestras de hidrocarburos, tanto en la terminal de Bahía Blanca como en el micro, como en Retiro; hasta aquí hemos tenido suerte, porque los operadores de encomiendas siempre me han creído cuando les digo que se trata de “agua de perforaciones contaminada”. Si en algún momento nos toca alguien con la más mínima idea de olor a nafta o textura de un gas-oil, sonamos. Ningún surveyor envía muestras por micro, todos tienen servicio privado para esos movimientos. Sin llegar a pensar en el incendio de un micro y todo eso, si nos hacen una denuncia, ni Cúneo Libarona nos salva”. Firmado: Maximiliano Metz.

El rompecabezas de responsables que Mónica empezó a armar llegaba al Consorcio de Gestión del privatizado Puerto de Bahía Blanca y a la Municipalidad. En la causa civil que luego iniciarán los Manfredini contra el Consorcio y contra la Municipalidad, patrocinada por el doctor Hugo Fernández, que todavía no tiene fallo, se les adjudica responsabilidad por no haber cumplido con su obligación de controlar el destino de las muestras de residuos peligrosos.

Más de 20 años llevaba El Polo en Ingeniero White. Otros trabajadores habían muerto en estas empresas. En septiembre de 2004, murió Nicolás Bernat, de 24 años, estudiante de Ingeniería Mecánica. Trabajaba para la contratista Narelco SA prestando servicios en la planta de Petrobras. La chispa de una amoladora alcanzó los productos con los que Nicolás limpiaba las piezas. En el 2010, murió Fabián Monterroso, a los 46 años, al caer en una pileta de agua caliente en la empresa ex Solvay-Indupa. Prestaba servicios para la tercerizada Desler SA. Murió con el 90% de su cuerpo quemado. En el 2011, Cesar Benítez, de 24 años, paraguayo, trabajaba para la subcontratista IGM. Murió sepultado en un pozo de más de 13 metros de profundidad prestando servicios en la empresa Louis Dreyfus. En el mismo año, murió Ariel Quinteros, de 40. Trabajaba en un tablero en la terminal Bahía Blanca del Puerto de Ingeniero White y recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en el 40% de su cuerpo. En enero de 2012, murió Pablo Díaz, con 32 años: trabajaba para la empresa contratista Vale. Un rayo cayó en una zona sin pararrayos. Dos operarios
sufrieron quemaduras; Díaz murió quemado. En el 2017, le siguió Darío Marillan. Trabajaba para una contratista de Cargill. Se dijo que murió por causas naturales.

Nadie se había metido con estas empresas hasta que Mónica Dambolena y la familia Manfredini decidieron pelear por justicia.

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El controlador que terminó quitándose la vida

En uno de los cuartos de su casa chorizo de la ciudad de Bahía Blanca, el 14 de octubre de 2012, un ingeniero agrónomo de 40 años, llamado Martín Negri, se pegó un tiro.

Trabajaba como inspector del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), del que depende la habilitación, supervisión, penalización o clausura de las empresas contaminantes. Martín Negri estaba encargado de los controles ambientales a las empresas de El Polo. En sus funciones, instruyó la clausura de la empresa Dow Chemical por escapes, registró denuncias contra Indupa, también contra Petrobras por sus deficiencias y por trabajar con una habilitación vencida hacía ocho años. El OPDS las desestimó.

La denuncia contra Petrobras anticipó una tragedia. En esa refinería de petróleo, el 10 de agosto de 2011, a la una de la mañana, murió Adrián Valente, con 44 años, por una explosión en la sala de descanso de los empleados. El accidente fue por una de las irregularidades denunciadas por Martín Negri, por la que había dictaminado la clausura de la empresa. Después de esta explosión, Negri fue relevado de su cargo, y más tarde despedido.

En marzo de 2012, el ingeniero agrónomo publicó una carta levantada por la red social Taringa! y por el blog Corrupción Argentina; algunos de sus fragmentos también fueron reproducidos por medios digitales locales y blogs. Allí, Negri denuncia el maltrato laboral que sufrió de su jefa, en el OPDS. A los siete meses de esa carta, Negri, que según dicen se sentía perseguido, se suicidó.

El ingeniero dejó grabadas en un celular Nokia las conversaciones que mantuvo con su jefa durante dos años. Ese material hoy lo tiene Leandro Aparicio, el abogado que llevó el caso de la muerte de Adrián Valente: “En las grabaciones queda claro cómo opera el OPDS. Martín Negri habla de los “cieguitos”, como los inspectores que, intencionalmente, pasan por alto irregularidades, y también de los “caranchos”, los inspectores que aplican a las empresas un sistema de presiones para no sancionarlas, a cambio de la entrega de sobres con dinero”, explica el abogado.

El caso de Martín Negri en poco tiempo estará en los cines. Aparicio se lo tomó muy a pecho y se transformó en el realizador integral de un documental ficcionalizado que se estrenará en las salas en el año 2021. El caso de la muerte del trabajador Adrián Valente fue archivado por el fuero penal: la ART determinó que Valente no estaba en su lugar de trabajo, por lo que no le correspondía indemnización. La Justicia encontró que la empresa no era responsable.

Las muertes laborales registradas en esos años tienen rasgos parecidos: los trabajadores prestaban servicios para alguna empresa tercerizada por El Polo y las condiciones de seguridad laboral no eran las adecuadas. Todas las demandas se cerraron antes de llegar a juicio. Algunos juicios fueron evitados por los acuerdos monetarios de las empresas con las familias obreras de los trabajadores muertos. Otras demandas fueron desestimadas y archivadas por los fiscales que encontraron al trabajador culpable por su muerte.

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Aguas que no has de beber

A las empresas, además, se las acusa de otros daños. Por ejemplo, de contaminar las aguas de la ría y de destruir el recurso pesquero. En los últimos tiempos, es común en la bahía pescar lenguados con manchas, peces sin ojos, sin aletas, monstruos marinos deformados por los desechos del mar. El abogado Lucas Beier es el patrocinador de las demandas judiciales de 51 pescadores: “En el 2009, iniciamos cuatro demandas contra las empresas Dow Chemical, Profertil, Petrobras, Mega, TGS y Cargill. Una de las demandas también es contra el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, contra Aguas Bonaerenses SA –ABSA– de la Municipalidad de Bahía Blanca y contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, todas por la contaminación de la ría”, aclara el abogado.

En septiembre de 2018, se publicó el veredicto de la pericia que encargó el juez a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Ratifica que las especies no son aptas para consumo humano por la cantidad de fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio. Muchos valores exceden hasta 140 veces los permitidos.

Recomienda a la Justicia prohibir inmediatamente la captura y el consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, prohibir que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre.

El aire también está enrarecido. Los vecinos de White viven con miedo por los desastres químicos. Las nubes tóxicas de cloro, los escapes de amoníaco y las explosiones de las petroquímicas alteraron sus vidas. El censo de salud del año 2012, organizado por la comunidad y dirigido por profesionales médicos y psicólogos, mostró una tasa de enfermedades respiratorias mayor de lo esperado, sobre todo en chicos de 6 años, que también tienen un mayor índice de diarreas. La frecuencia de abortos espontáneos resultó 14 veces mayor de lo esperado. Los médicos registran un aumento en los casos de cáncer en la ciudad, y en edades más tempranas. Para monitorearlo, están construyendo una plataforma para georreferenciar el cáncer.

A raíz del escape de gas cloro del 20 de agosto del 2000, producido por la empresa Unipar Indupa, los vecinos de White se organizaron para presentar demandas judiciales. El abogado patrocinante es el doctor Manuel Sáez: “Entre los años 2001 y 2003 se abrieron alrededor de 240 causas judiciales que demandan a las empresas PBB-Polisur, Solvay-Indupa y Profertil. Se reclama una indemnización por la desvalorización de las viviendas y un resarcimiento económico por el deterioro en la calidad de vida a causa de las enfermedades, los ruidos, los olores y los temores cotidianos”, pero todo va muy lento, aclara Sáez.

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“Lucho por justicia para Juan y para todos los juanes”

Durante nueve años y seis meses, el eje de las vidas de la mamá de Juan Cruz, de su papá, Federico, y del resto de su familia giró en torno al reclamo de justicia.

El primer acto público que marcó el camino fue a los 10 días de su muerte. El 1 de noviembre de 2010, en el cumpleaños 26 de Juan Cruz, Mónica y la familia llamaron a una misa, y convocaron a una marcha de silencio. Más de 300 personas recorrieron el centro de Bahía con pancartas que decían: “A Juan Cruz lo mató la precarización laboral”.

Desde que hablaron con el primer fiscal de la causa, Emilio José Marra, se dieron cuenta de que la pelea no sería fácil. “El fiscal nos dijo: «Manfredini, la justicia no es para los pobres, lo importante es lo que van a cobrar»”, recuerda Mónica. El mismo fiscal recomendó que el juicio fuera abreviado para los principales acusados: Maximiliano Metz y Marcelo Camin. Cuando la carátula es de Homicidio Culposo, la Justicia recomienda a los fiscales el debate oral. Un juicio abreviado evita el debate público y puede resultar en menor condena.

Mónica y Federico lucharon para cambiar de fiscal y encaminar la causa penal. Ellos se ocuparon de la investigación. Buscaron testigos, compañeros de trabajo, vecinos, policías, bomberos, secretarias, médicos y expertos en sustancias peligrosas que declararan en la causa. Recorrieron abogados, tribunales, expedientes. Mandaron cartas a la prensa. Se entrevistaron con funcionarios. Dieron notas a periodistas. Pidieron pericias. Presentaron informes.

Hasta el papa Francisco llamó a Mónica por celular para darle fuerza, después de que ella le mandara una carta.

En Bahía Blanca, organizaron más de 60 marchas. Homenajearon a Juan Cruz en la puerta del dúplex. Pintaron un mural en la esquina de Alfonsina Storni y Manuel Alberti, de Bahía. Empapelaron la ciudad con sus afiches. Lo que le había pasado a Juan Cruz les pasaba a tantos otros, en muchas empresas: “Yo lucho por justicia para Juan y para todos los Juanes que están precarizados como él”, dice Mónica.

Aunque no lo sabían, ellos también luchaban por un juicio emblemático. Al parecer, no se encuentran antecedentes. El director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, el abogado laboralista Horacio Meguira, afirma que no existen en el país empresarios privados condenados penalmente por muertes laborales.

El abogado laboralista Eugenio Biafore reconoce, al menos hasta el año 2014, un solo caso de Homicidio Culposo con condena efectiva por una muerte laboral, aplicada a las autoridades de la Universidad de Río Cuarto por la muerte de un trabajador estatal al explotar un laboratorio. En el caso de Camin Cargo Control, se trataba de llevar hasta el banquillo a un empleador privado acusado de una muerte laboral. A un empleador que, además, era contratista de El Gigante Polo Petroquímico de Bahía Blanca.

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El juicio y el veredicto

Según Fernández, abogado patrocinante de los Manfredini, un mes antes del juicio y por intermedio de sus abogados, Marcelo Camin le ofreció a la familia Manfredini US$70.000, que rechazaron. El 6 de mayo de 2019, a las 9.30 de la mañana, en el Palacio de Tribunales de la calle Estomba de la ciudad de Bahía Blanca, se abrió el juicio oral.

En la puerta de los Tribunales, un afiche lo hacía presente: “A Juan Cruz lo mató la precarización laboral: Pedimos justicia”. En la sala judicial del tercer piso, la mirada de Juan Cruz se proyectaba desde una pancarta y varias remeras. En el centro de esa sala, estaba el juez José Luis Ares dispuesto a abrir el juicio. A su espalda, una cruz y una bandera. A la izquierda, el acusado Marcelo Camin y sus dos abogados defensores. A la derecha, estaban los Manfredini, su abogado Hugo Fernández y el fiscal Gustavo Zorzano. Frente al juez, 30 asistentes que querían oír y acompañar. El cargo era por Homicidio Culposo.

Había citados 67 testigos por los Manfredini, parte querellante. Por la defensa de Marcelo Camin, un solo testigo: un perito.

Se declaró, se argumentó, se preguntó, se repreguntó. Los peritos, los policías y los bomberos fueron contundentes: en ese dúplex, había almacenadas garrafas con sustancias peligrosas e incompatibles; su mezcla era letal. Las garrafas no parecían cerradas herméticamente. Lo que se produjo la tarde del 17 de octubre de 2010 fue una deflagración: se mezclaron nitrato de amonio y fuel-oil, la misma fórmula química de la bomba que hizo estallar la AMIA. El oxígeno que entró al abrirse la puerta y el calor de la chispa al prender la luz produjeron la explosión seguida de llama incendiaria, que levantó una temperatura de 1200 grados.

La defensa de Marcelo Camin argumentó que todo había ocurrido porque Juan Cruz manipuló una garrafa incorrectamente y sin las ropas reglamentarias. El testigo que citaron lo respaldó con el análisis de su pericia: Juan Cruz estaba agachado, manipulando la garrafa. Los responsables eran Juan Cruz y su jefe directo, Maximiliano Metz. Pero el médico que trató a Juan Cruz fue claro: por la forma y la cantidad de quemaduras, se descartó que estuviese agachado, estaba parado.

Después de una semana de declaraciones, el 20 de mayo de 2019, a las 11 de la mañana, se leyó el veredicto que declaró a Marcelo Camin culpable del homicidio: por su responsabilidad en la empresa, por la imprudencia con la que actuó poniendo en riesgo al vecindario, por priorizar reducir costos antes que la seguridad de los trabajadores y por llevar a la muerte a Juan Cruz Manfredini.

Sin embargo, por no tener antecedentes y por haber dado la cara frente a los padres de la víctima, se le aplicaron 3 años de prisión, por lo cual así se dejó su ejecución en estado condicional. Además, 5 años de inhabilitación, 30 horas de cursos de seguridad e higiene y 50 horas de trabajos no remunerados a favor del Estado. También, el pago de una multa por $50.000.

Al mes fue condenado Maximiliano Metz, a 2 años y 9 meses de prisión, también con ejecución condicional, y 7 años de inhabilitación.

Los abogados de Marcelo Camin y de Maximiliano Metz apelaron a los fallos judiciales.

El empresario Marcelo Camin era contratista de las empresas de El Polo. Sin embargo, en todo el proceso penal, ninguna de estas empresas fue juzgada. Queda todavía por resolverse una causa civil en contra de ellas, del Consorcio del Puerto y de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Para Mónica, la mamá de Juan Cruz, el resultado no fue justo: “Veo que las empresas tienen más poder que el Poder Judicial. Yo, al perder a mi hijo, perdí la paz. Confiaba en que los culpables recibirían condena efectiva, pero la Justicia me quitó la esperanza. Lo que no pudieron quitarme es la fe: en algún momento, los culpables van a caer”.

 

Nota publicada originalmente en Revista Brando.

Acabás de leer una versión reducida de la crónica de Noemí Gioza Zuazua.

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El Concejo Deliberante tratará mañana las ordenanzas Fiscal e Impositiva. El concejal Carlos Quiroga afirmó que la propuesta evidencia el proyecto político regresivo de Cambiemos.

“Hay un fuerte aumento en la Tasa de Salud, más allá del 39,5% de tope de la Tasa de Alumbrado y Conservación de la Vía Pública, sigue habiendo unos beneficios prebendarios para las energías eólicas y los ganadores del modelo fenecido y hay poco para los que más le hace falta”, agregó.

El edil del Frente de Todos afirmó que “sabemos que necesitan la Fiscal e Impositiva aprobada para imprimir las facturas de servicios con incrementos para financiar el presupuesto, eso significa que acompañamos pero no vamos a eludir la responsabilidad para  facilitarles la sesión de mañana y que ahí puedan ellos con su mayoría automática tomar la decisión que consideren oportuna”.

“Nos parece que siguen con lo mismo, son recursos que se van cobrar para llevar adelante un proyecto político que ya conocemos, donde no hay equidad redistributiva acorde, estamos con una postura crítica”, opinó.

Según Quiroga, “no hay una sanción acorde para desalentar la especulación inmobiliaria para macizos y baldíos. Es demasiado lo que les dan a los grandes y  poquito para los demás, más allá de alguna modificación que se introdujera no van a cambiar la situación general”.

Consultado sobre la intención del oficialismo de tratar mañana también el aumento del boleto de transporte público, el concejal sostuvo que confían “que puedan esperar a ver qué nivel de subsidios envía la provincia, si es que va a haber acompañamiento para el boleto estudiantil gratuito, eso modificaría la ecuación por la cual han llegado a los 38 y pico pesos el boleto, creemos que las empresas están con la solidez suficiente como para esperar a marzo”.

El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, concurrió al Concejo Deliberante para explicar el presupuesto de su área para el 2020. También estuvieron las autoridades del Hospital Municipal y del servicio de emergencias SIEMPRE.

Gisela Ghgiliani, presidenta del bloque del Frente de Todos, dijo a FM De la Calle que “nos fuimos preocupados, el discurso que plantea promoción y prevención, trabajo en red, análisis, no lo vemos reflejado en el presupuesto ni en las líneas de trabajo. Sugerimos algunas propuestas que parten de la Mesa de Salud Mental y abordaje del la problemática del Suicidio”.

Comentó que “se había propuesto un equipo denominado Matricia, con apoyo a profesionales que trabajan estas problemáticas y un apoyo a las guardias de emergencia psicosociales como para articular, potenciar y contener. No lo vimos presupuestado, es bastante por debajo de lo que debería cumplirse desde la sanción de la ordenanza del 2015 que creaba el área de Salud Mental  y planteaba ir en la línea de la Ley de Salud Mental que dice que hay que destinarle un 10% del presupuesto de Salud”.

“Nos preocupó Adicciones, 3 millones es el presupuesto. Me parece que en una ciudad como tal sabe a poco porque lo que tenga que ver con trabajo barrial no puede estar recargado en el lomo de quienes hacen las actividades. Generar materiales, sentarse y planificar, tener transporte, es un trabajo intenso e interesante para hacer. Como nos falta la visita de Políticas Sociales estamos viendo si hay algún eje de trabajo conjunto”, agregó.

Respecto a los geriátricos, Ghigliani argumentó que “se abandonó la Mesa y nadie acompaña a estos espacios para que se puedan acomodar al funcionamiento de la ley, que es rígida, que está bien que así sea pero como Estado hay que acompañar y sostener”.

En relación al suministro de medicamentos, la concejala comentó que “cuando se le preguntó respecto al misoprostol, si se iba a encarar la compra, Acrogliano dijo que Nación y provincia lo mandan. Lo que preguntamos es si hay un apoyo a la política del interrupción legal del embarazo y si se lo entiende como algo prioritario. No nos parece la respuesta”.

Por último, la edila señaló que “Acrogliano dijo que había dificultades para el trabajo intersecretarías, que muchas situaciones se movían en compartimentos estancos, les solicitamos que hagan el esfuerzo que tiene que hacer porque esto es una falta de respuesta al vecino y vecina, más allá de las dificultades que esto le representa a los trabajadores”.

Este viernes se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Desde las 10 de la mañana FM De la Calle realizará el cierre de su programación desde el espacio público de O´Higgins 140. A las 17 comenzará el cronograma de actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

“Estamos muy felices porque la gente quiere participar, quieren decirle no al proyecto de las cocheras. Se han unido muchas voluntades y eso es lo más importante de resaltar.  Todo eso confluye y le da fuerza a esta propuesta de la fiesta”, dijo Mónica Oliver.

La iniciativa surge de un colectivo de amigas y amigos de la plaza que comenzaron a reunirse ante el avance del proyecto de empresarios locales de construir un estacionamiento subterráneo y una plaza seca a cambio de la explotación de 150 cocheras por medio siglo.

“La idea es recuperar la Feria de la Cultura. Está pensado así porque hay un enorme grupo de gente que provenimos de esa historia que empezó en el 87 y de paso homenajear a tantos artistas de la ciudad que ya no están y pasaron por esa feria”, dijo Oliver y mencionó a Fortunato Jorge, Ramiro Musotto, Aníbal Vitale, Susana Persia y Mirta Itchart.

Destacó que “la historia si no se cuenta se pierde, había chicas que no tenían idea de lo que había sido la feria. Tampoco conocían a quienes tuvieron que ver con la cultura de la ciudad. Pensamos que de alguna manera había que referenciar todo esto, que el que vaya allí aprenda, aumente su caudal de conocimiento sobre el espacio que estamos viviendo”.

“Invitamos a la Asociación de Amigos de avda. Parchappe y del sector del Noroeste para que estas experiencias vecinales se hacen a pala y pico se puedan contar y conocer. De repente uno pasa por la Plaza de Parchappe y es una maravilla y está hecha con el esfuerzo de la gente”, afirmó.

Oliver aseguró que “esas son cosas que no se pueden comprar ni vender. Es la lucha que estamos teniendo contra un sector de gente que solo le interesa el dinero y comprar, vender, negociar. Hay un montón de cosas que está pensando otra cosa, que son estas cosas intangibles”.

(Por Astor Vitali) El viernes pasado, la nueva directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Lic. Morena Llanca Rosselló, expuso en el Concejo Deliberante el proyecto de presupuesto referido a su área. Lo hizo conjuntamente con 5 funcionarios y funcionarias que pasan a engrosar los cargos políticos de un sector que, paradójicamente, cada vez se ocupa de menos cosas.

El 12 de diciembre, mientras en declaraciones públicas el intendente Héctor Gay sostenía que no había decisión tomada sobre el nuevo organigrama del Instituto Cultural, firmó un decreto que modifica “la denominación y rango jerárquico de la Subsecretaría de Educación, la que pasará a ser Dirección General de Educación, dependiente del Instituto Cultural de la ciudad de Bahía Blanca, manteniendo el número de Oficina 628, a partir del 11 de Diciembre de 2019, que tendrá como objeto implementar acciones educativas locales asociadas a los rasgos propios del modelo de desarrollo y transformación de Bahía Blanca”.

Se crean además las direcciones de Museos y Centros Culturales Municipales, la de de Proyectos Educativos y Culturales Municipales, de Infraestructura Escolar Municipal y la Dirección General de Cultura. Con la dirección del Instituto Cultural en sí mismo se configura así una estructura que contiene seis cargos políticos. Siete sumando quien esté al frente del Teatro Municipal.

El concejal Carlos Quiroga señaló que “se está violentando de manera muy flagrante la ordenanza de creación del Instituto Cultural toda vez que por ejemplo en el artículo segundo no menciona para nada la posibilidad de tener educación y turismo dentro de los objetivos del instituto. Más aún, en el inciso q del artículo décimo, que yo le pedí que leyera completo, la parte que usted omitió dice que pueden hacer todo eso con expresa excepción de las cuestiones referidas estrictamente al área educativa. O sea que tiene vedado intervenir en cuestiones que tengan que ver con la educación, y de turismo no figura nada”.

A esto Rosselló se limitó a confirmar dicha violación y a sostener -cual infantil “él empezó primero”: “pensemos que el Instituto Cultural con la subsecretaría de Educación estuvo funcionando hasta hace una semana” y que el año pasado cuando se introdujo dicha área en el Instituto Cultural la oposición no dijo nada: “no hubo ninguna objeción de ninguno de ustedes que estuvo integrando el Concejo Deliberante”.

La circunstancia de que ya funcione de facto de esta manera, violando la ordenanza, claramente no relativiza la vulneración de la norma sino que profundiza la gravedad.

La sub Secretaría de Educación, entonces a cargo de Rosselló estuvo bollando de secretaría en secretaría, como papa caliente. El premio de una gestión -con los datos en la mesa- a todas luces reprobable en cuanto al incumplimiento de sus objetivos, fue otorgarle la conducción del Instituto Cultural cuyo impacto será terrible puesto que se fuerzan tareas vinculadas al proyecto de educación meritocrático y se reduce toda el área de cultura, que antes contaba con la totalidad del instituto, a una simple dirección, denigrando su estatus institucional.

Durante la presentación del presupuesto se conoció que habrá inversión en acondicionamiento de la Plaza Payró y que está previsto reabrir el Teatro Municipal con una inversión de unos 36 millones de pesos. Será para reparar cuestiones eléctricas y de equipamiento, es decir, lo que podría haberse hecho de manera planificada y que estaba estipulado por el equipo técnico desde el año 2016.

La presentación del presupuesto tuvo otras malas noticias: un día antes del fin de la gestión Rosselló decidió cerrar cuatro jardines maternales y pedir a la provincia que se hiciera cargo. Hay promesas de continuidad laboral pero son sólo promesas ya que ello implicaría el acceso a los cargos por un sistema diferente al que venía funcionando. No habrá política municipal hacia el sector, de un día para otro.

Según una resolución firmada el 9 de diciembre, “los establecimientos educativos de nivel inicial denominados Jardín Maternal y Jardín de Infantes Pacífico, Jardín Maternal y Jardín de Infantes Petete, Jardín Maternal y Jardín de Infantes Pimpollitos, Jardín Maternal y Jardín de Infantes San Vicente”.

El documento expresa que “el Municipio de Bahía Blanca, de quien dependen los establecimientos aludidos, solicita el cierre de dichas instituciones educativas en razón de las condiciones económicas que les impiden continuar con la prestación del servicio”. Es decir, le tiraron a un provincia en su último día de funcionen cuatro jardines, eliminando de la faz municipal una herramienta característica de sus políticas sociales.

Durante casi tres horas de exposición, no ofrecieron respuesta concreta a ninguna de las preguntas más que: “estamos trabajando” y una serie de vaguedades inconexas de difícil seguimiento para cualquier persona mínimamente alfabetizada. Galimatías. Es compresible: cuesta confesar su proyecto. Para ejemplificar, podemos mencionar el tema educativo, que cobró gran protagonismo en desmedro de los asuntos artísticos y culturales, prácticamente ausentes.

Luego del desguace cultural y la eliminación de cien talleres barriales durante la gestión de la topadora Rosselló al frente del área de Educación desde 2015, en la actualidad Bahía Blanca cuanta con apenas 30 talleres en los barrios, según las funcionarias, de los cuales 16 pertenecen al programa Infinito por Descubrir. Además, no se trata de treinta talleristas sino de treinta talleres, ya que cuentan algunos que dan más de uno o se dan en carácter de períodos de grupos de meses. En otras palabras, para una población de casi cuatrocientos mil habitantes, con un déficit de vivienda de unas veinte mil familias, altos índices de pobreza y la desesperación de miles en la niñez arrojados al hambre, la violencia y la pauperización cultural, el estado municipal prevé un plan de acción que se reduce a un programa (Infinito por Descubrir) y una decena de talleristas por fuera de él.

Estos agentes de la instauración de la violencia social, encabezados por Gay y Rosselló, intentarán rebatir al planteo precedente con la construcción discursiva de que están “pensando” en un plan que se basará en una encuesta virtual para que “la gente” diga lo que “le gustaría” que haya en el barrio, tal como sostuvieron durante la defensa del presupuesto. Sin embargo, esto no es más que palabrerío ex professo dado que si estuvieran pensando en implementar mayor cantidad de talleres barriales durante el 2020 claramente éste sería el momento de incluirlos en el presupuesto. ¿Con qué recursos abrirían más talleres si no están presupuestados? Humo de baja calaña el de vuestra cortina.

De más está decir que con una encuesta virtual no se está pensado en los sectores sociales más vulnerables, para quienes debería instrumentarse un sistema de extensión territorial, a través de profesionales sociales que trabajen seriamente en un programa por cuadrillas, dado que la conectividad no es un derecho que llegue al conjunto de nuestra población.

En rigor, el objetivo de este sondeo está puesto en armar un mapa con la “oferta educativa local”. ¿Esto implica un mapa en el que se puedan observar las instancias en las que el estado garantiza los derechos culturales? Claro que no: se trata de introducir dentro del entramado del relato oficial toda la oferta educativa, es decir, dar al sector privado un estatus a través de las herramientas oficiales en un esquema que tiende hacia la gestión público privada y, con ello, da cuenta de que si algún iluso hasta ahora esperaba algún paso atrás en materia de destrucción del entramado público y de derechos, deberá ahogar su esperanza en la masa viscosa y gélida de esta política municipal que nada tiene de errante.

En sintonía con el discurso de asunción de Héctor Gay, las huestes meritocráticas en Educación están decididas a avanzar en su cruzada cultural antipopular. El vínculo con sectores religiosos conservadores se estrecha a través de la capacitación de agentes de iglesias en las que tercerizan de manera gratuita a través de “brindar herramientas” para que lleven a sus espacios barriales.

En cuanto al cumplimiento de los derechos laborales y de sus leyes, el mensaje es concreto: apostarán a la “rotación” de los agentes culturales y educativos, es decir, profundizarán la política de precarización que quita estabilidad laboral a cualquier docente o tallerista, pensando en instancias de talleres trimestrales. La volatilidad al palo.

También adelantó su política hacia el Consejo Cultural Consultivo: “No podemos hablar de desactivar mecanismos de participación ciudadana. Pero sí lo que tenemos que hacer es abrir a más actores de la comunidad de Bahía Blanca para que tengan participación en lo que tiene que ver con el asesoramiento, y en muchos puntos, en lo que tiene que ver con la participación en las decisiones”. La funcionara toma la anterior iniciativa de Ricardo Margo, quien había propuesto, con la intención de disolver la solidez de los sectores que participan actualmente del órgano, la incorporación de disciplinas como “la perfumería”.

Continúa Rosselló: “el Consejo Cultural Consultivo tiene bajo la ordenanza una figura de asesor en materia de cultura, lo cual es sumamente valioso y no puede dejar de tener existencia. Pero además de las voces del Consejo Cultural Consultivo que son voces valiosas que están comprometidas, que han estado siempre en distintas intervenciones… Yo lo puedo decir porque he tenido que conversar, discutir, resolver, arreglar, no arreglar distintos tránsitos en la comunicación, distintas idas y venidas. No podemos negar que ellos han estado y que nosotros también hemos estado. Un ejemplo concreto, y lo digo acá, fue la Orquesta del Barrio Miramar donde se plantea que hubo tres años en que lo mantuvimos cerrados. ¡No, señores! ¡Lo abrimos! Hubo toda una situación en la que hubo acuerdos a los que no se llegaron pero luego lo que hicimos fue dar respuesta a los requerimientos que había”.

“Después hay actividades, iniciativas de los distintos agentes culturales, de las universidades, de otros espacios, que también pueden tener su participación además del Consejo Cultural Consultivo. Si bien el director del Instituto Cultural tiene esa potestad de llamar, el Consejo decide y yo puedo decir como directora, no, hago esto por este lado, me parece que la mejor forma de resolverlo es uniendo diferentes criterios. No separando”.

En línea con el carácter sicótico de las declaraciones cambiemistas, en las que la realidad va por un lado (tres años de la orquesta cerrada por decisión del gobierno municipal que es quien da continuidad a los contratos) y la ficción por otra (“¡Lo abrimos!”, señala exultante la funcionaria, perdiendo de vista que nada se puede reabrir cuando no hubo sido previamente cerrado), también hay una práctica revictimizante del discurso en los que, según la visión extrañada de la flamante directora, la responsabilidad del cierre durante tres años de la orquesta de Miramar es compartida con las víctimas: “Hubo acuerdos a los que no se llegaron”. Nunca, señora, hubo desacuerdo en que continúe la actividad que usted decidió interrumpir por capricho, inoperancia y ejercicio autoritario de la función pública. Tampoco hubo decisión de les docentes de no comenzar las clases. Hubo un cierre unilateral en el que las víctimas directas fueron niños, niñas y adolescentes, sumado a la vulneración de los derechos laborales de docentes.

Las cartas están claras. Luego del anuncio de Héctor Gay de avanzar en la creación de la Secretaría de Educación y Cultural, la comunidad artística respondió rápidamente a través de una conferencia de prensa convocada por Actores y UMSur, de la que participó un centenar de artistas representatives de la vida cultural local. También se reúnen miles de firmas.

El gobierno decide entonces no modificar (por ahora) la ordenanza del Instituto Cultural y modificar a través de un decreto la configuración interna del instituto. Quedan, por ahora, salvaguardados el Consejo Cultural Consultivo, el Fondo Municipal de las Artes y las ordenanzas vinculadas al Instituto Cultural. Punto a favor de la comunidad cultural organizada. Pero avanzaron en la denigración del área de Cultura en sí misma configurándola como una dirección. Y anunciaron con claridad que, en una próxima jugada, intentarán avanzar en la licuación del Consejo Cultural Consultivo a través de la incorporación de nuevos sectores que respondan a su política.

La cruzada de las huestes meritocráticas y anticulturales midió sus primeras fuerzas y presentó un presupuesto en el que los números contradicen a los objetivos planteados formalmente. No caben dudas de que seguirán destruyendo. Es necesario decirlo así, en estos términos, sin pobres eufemismos, ya que todo es constatable en datos y en barrios.

La comunidad de Bahía Blanca y sus trabajadores y trabajadoras de la cultura tienen el desafío de redoblar la organización y la capacidad de acción política en defensa de los derechos culturales tal como lo demostraron en los cuatro años previos, pero en un escenario política distinto en el que la topadora Rosselló asumió recargada.

(Por Eduardo Latino – OPSurEn horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

Dos días antes de finalizar su mandato, el ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny dispuso que los jardines municipales bahienses pasen a la órbita provincial. La resolución modifica el funcionamiento de las instituciones educativas que atienden a la primera infancia.

“Quien se hacía cargo de la salita de 2 años era el Municipio, de las otras salas se hacía cargo la provincia a través de la subvención de las docentes. Ahora directamente deja de ser municipal para ser un estatal provincial”, dijo a FM De la Calle la concejala Lucía Martínez Zara.

Agregó que “esto hace que cambie el horario y tengan otras prioridades. Antes se habilitaba el jardín para que se pudieran quedar más allá de las 12, ahora no. Hubo un compromiso de (la titular del Instituto Cultural Morena) Roselló que van a seguir manteniendo la extensión horaria, no se cómo porque las docentes ya han sido reubicadas. La sala de dos años, va a ir a acto público y se van a abrir nuevos cargos”.

Los considerandos de la normativa evidencian que el Municipio solicitó este cambio “en razón de las condiciones económicas que le impiden continuar con la prestación del servicio y el personal involucrado”.

La concejala del Frente de Todos destacó que el desembolso económico no es representativo debido a que “el Municipio solamente tenía a cargo once docentes”.

“Al cerrarse las salas maternales, hay un retiro del Municipio en términos económicos y de política pública para la primera infancia. En Bahía hay un cupo muy pequeño para maternales públicos y la mayoría lo cubren jardines privados que sabemos son muy costosos”.

“Estas salitas eran muy importantes porque permitían el desarrollo de los chicos y le permitían a los padres y madres trabajar. Al ingresar a la educación estrictamente provincial pierden la finalidad que tiene los jardines municipales cuando nacen que es atender las infancias más vulnerables”, finalizó.

El Concejo Deliberante analiza el estudio de costos del boleto de transporte público que, de aprobarse, llevaría a $38.45 el valor de la tarifa plana.

Pablo Rosenfelt, concejal del Frente de Todos, señaló a FM De la Calle que “hay un aumento del orden del 28,67%, con lo cual la tarifa plana se iría a $38,45. Si se toma el incremento más la cláusula de actualización en julio, tenemos que hablar de un aumento de 55%, si uno lo compara con la paritaria de trabajadores que usan el transporte no ha sido tal”.

Respecto de la actualización automática, el concejal dijo que “discutimos un aumento pero hay dos, de uno sabemos el porcentaje del otro no”.

El municipio estimó el monto de subsidios provinciales mediante una proyección de lo que recibió en 2019. “Calculan en un 30%, ¿qué pasaría si la provincia decide subsidiar un porcentaje más alto? Lo que planteamos es tratar de tocar este tema en las sesiones cuando ya haya una definición del Ejecutivo provincial”.

En relación al boleto estudiantil, afirmó que “la responsabilidad es del intendente, tiene que acordar lo que prometió en campaña. Me pareció de mal gusto lo que hizo la ex gobernadora que durante cuatro años no lo tuvo en agenda y cuando pierde las PASO lo promete como si no hubiera sido electa”.

Rosenfelt mencionó que en el estudio de costos se presenta una baja de pasajeros del  3% durante este año. “Vemos que la tendencia sigue siendo a la baja, hay que prestarle atención porque ante el aumento del boleto la gente busca otra alternativa. Si no buscamos otra manera de subsidios lo que estamos haciendo es desfinanciar el sistema. La discusión es quién se hace cargo del subsidio para que no todo llegue al precio final del boleto”.

A un año de la primera manifestación de los chalecos amarillos en Francia, continúan las movilizaciones contra la reforma previsional que pretende aprobar el presidente Emmanuel Macron.

Julia Giménez, licenciada en Historia y doctoranda en la Universidad Estadual de Campinas, dijo a FM De la Calle desde Toulouse, que “lo que está viviendo Francia dialoga con lo que está pasando en Chile, con un sistema que aprieta el cuello a trabajadores, lo mismo que se está dando en Brasil, cada uno con sus particularidades”.

“Francia está en un momento intenso. Lo que tenemos más en vista son las manifestaciones y huelgas, sumado a la grave crisis humanitaria con las migraciones y la situación en la que están miles de personas que llegaron a Francia. Es un gobierno que aprieta a los franceses y a quienes llegan”.

La reforma jubilatoria apunta a “universalizar la cantidad de planes y convenios por categorías que existen por jubilaciones y pensiones, tienden a deprimir la capacidad de los trabajadores al momento de iniciar su etapa de jubilación y, en algún punto, a generar y favorecer los sistemas de pensiones privados porque va a ser tan bajo lo que va a recibir cada jubilado que va a crear un sistema privado paralelo”.

“Sube la edad jubilatoria, tiende a anular todas las formas paritarias, implícitamente va a garantizar un terreno de acción para el capital financiero y privado”.

Giménez comentó que “por parte de la juventud se siente el constante cambio y falta de seguridad en sus puestos de trabajo, como está flexibilizado el sistema de pruebas cada 3 meses están cambiando el laburo”.

“Existe un nivel de contención, que le asegura condiciones de vida muy diferentes a las que estamos viendo crecer en América Latina, los barrios periféricos son cada vez más grandes, se junta la población francesa con una situación de ingreso deteriorada, con las poblaciones migrantes que ingresan que son quienes pegan los trabajos mas forzados, quienes  trabajan en construcción y limpieza”, afirmó.

Comenzaron las exposiciones de funcionarios en el Concejo Deliberante para brindar detalles del Presupuesto 2020. El primer turno fue para el secretario de Hacienda, Juan Ignacio Esandi.

“Está hecho el presupuesto y no se sabe qué va a pasar con la provincia. No sabemos cuánto va a venir de transporte, de obras públicas. El secretario de Economía dijo que para dar una mano al pasajero frecuente, no hay un peso. No hay tanta voluntad de tratar de reducir al mínimo algo tan importante como el boleto”, dijo el concejal Gustavo Mandará a FM De la Calle.


El edil del Frente de Todos comentó que “aumentan (el impuesto municipal) a todos los bahienses menos a un universo muy chiquito. ¿Cuál? El que vive en barrios privados”.

“Nos dicen 39,5% de aumento general, que es más porque también se aumenta la Tasa de Salud por otro lado. Se declama la voluntad de incentivar el empleo pero se siguen haciendo de aumentos encubiertos a la Tasa de Seguridad e Higiene. Se habló de reducirla hasta un 50% para algunas PyMEs pero cuando se hila fino de quiénes son esas PyMEs las vamos a contar con dedos de una mano. Hoy por hoy un kiosco del centro, con la facturación anual, queda afuera de cualquier beneficio de este tipo”, explicó.

Mandará señaló que el presupuesto “presupone demasiadas cosas porque esas cosas están metidas en partidas. Uno descree de un presupuesto cuando ya desde el vamos discrepa con la realidad. El presupuesto no incluye pauta salarial, no está contemplada la principal variable que es el aumento de los salarios de empleados municipales”.

Este mediodía se realizaba la presentación de los números del Instituto Cultural a cargo de Morena Roselló.

El lunes concurrirían la Secretaría de Salud y la de Movilidad Urbana y Espacios Públicos. A principios de 2020, se reanudarían las visitas con Infraestructura y Políticas Sociales.

La CTA Bahía Blanca rechazó el artículo 51 del proyecto de ley de Solidaridad Social que obtuvo este viernes media sanción en Diputados. La norma, suspende por 180 días las subas previstas por la ley de movilidad previsional.

El 49% de les jubilados/as de ANSES cobran la mínima de 14 mil pesos sin cubrir el costo de la canasta básica. Otro 16% perciben entre uno y dos haberes mínimos.

El secretario general, Enrique Gandolfo, dijo a FM De la Calle que “sin dudas la gestión macrista agravó la situación de los jubilados. Ponemos en cuestión la lógica de por qué se llama solidaridad social a impedir que aumente la jubilación de quienes ganan más de 19 mil pesos, como si quienes estén entre 19 y 30 mil pudiesen ser considerados ricos, para ser solidarios con quienes cobran la mínima”.

“Esto merece una consideración integral. Si el sistema previsional está desfinanciado hay que restituir los aportes patronales que fueron reducidos durante la gestión de Menem y Cavallo y que nunca más fueron subidas. Y también que haya una campaña por la registración del trabajo precarizado que no aporta y que conforma el 35% de trabajadores de la Argentina”, aseguró.

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El dirigente se preguntó “cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos, a los grandes bancos, empresas de energía eléctrica, de gas y petróleo, que han ganado millonadas. Además, la decisión presidencial de bajar las retenciones a las mineras y al petróleo, no solamente no castigarlos sino bajarles las retenciones”.

La Sociedad Escolar Alemana realizará desde las 19 -en Moreno 540- una muestra sobre el primer episodio de la iniciativa “A los muros los tiramos juntas”.

Un grupo de mujeres convocadas por la institución se vincularon con internas de la Unidad Penal N°4 y empezaron a abrir puertas: ¿quiénes son y cómo viven estas mujeres privadas de libertad? ¿Qué les hace bien? ¿A qué le temen? ¿Quién las marcó? ¿Qué tienen en común entre ellas?

“Ellas se ubican y se subjetivan como grupo, en ningún momento hubo yoes ahí. Todo el tiempo hubo una conciencia de colectivo de mujeres y eso nos sorprendió tremendamente. Las condiciones son espantosas, no tienen ni para comer, ni tampones ni toallitas y se cuidan entre ellas”, aseguró Magdalena Cantamutto.

En noviembre un equipo conformado por una trabajadora social, una licenciada en arte, una psicóloga, una abogada y una socorrista se planteó ingresar al penal e invitó a grupos de mujeres en libertad que quisieran relacionarse con el pabellón de mujeres.

“Tanto las que íbamos como las internas teníamos muchos prejuicios. Generamos una correspondencia entre ambos grupos, se conocieron por relatos, charlamos sobre feminismo de manera poco romantizada y logramos grupalmente una especie de lema o frase que sintetizara lo que habían sentido”, comentó la titular de la SEA.

Agregó que cristalizaron “ese lema en un objeto, lo armaron a trazo alzado en una remera y las intercambiaron”.

La intención es proyectar nuevas acciones para el 2020. “Tenemos algunas ideas pero queremos generar el lazo con la comunidad y que se enteren qué pasa adentro y derribar algunos muros que tenemos como mujeres y con las minorías”.

Cantamutto recordó que “las mismas chicas nos decían ‘ustedes venían y seguro pensaban que nos odiábamos entre todas, que nos robábamos”.

“Una de las problemáticas más grandes que tienen es qué hago cuando salgo. La pregunta que se hacen es ‘¿a mi quién me va a dar trabajo? Es importante animarse a pensar otros laburos para las mujeres, queremos sentarnos el año que viene a pensarlo juntas. Todas tienen penas cortas, es inminente la reinserción al mundo extramuros”.

“La idea también es generar que hay una mujer que te está esperando afuera. Tal vez suene algo naif pero es con la intención de generar un lazo de contención, que sientan que no están solas”, dijo.

Integrantes del programa Envión retomaron las actividades en sus sedes luego que funcionarios municipales les “apretaran” con descontarles los días de retención de tareas y protesta en Alsina 65 por sus malas condiciones laborales.

Natalia Lunazzi, tallerista del  Envión Villa Harding Green, señaló en FM De la Calle que “sentimos que es un apriete, que si nos tocan en el bolsillo es presionarnos más en esta situación de precarización en la que estamos”.

“El viernes nuestro coordinador nos comunicó que se nos iban a descontar los días que habíamos hecho al retención de tareas, y nos pedían la buena voluntad de volver a trabajar”.

“El lunes y martes estuvimos reunidos en asamblea y allí fue que la mayoría concordamos que habían muchos compañeros que no podían cobrar menos de los 14 mil pesos que cobramos, que apenas nos alcanza para vivir. Volvimos a nuestros lugares de trabajo, pero queremos que se sepa que es por esta situación”, comentó.

Lunazzi agregó:  “Así como se nos pidió la buena voluntad de volver al lugar de trabajo, aunque siempre seguimos cumpliendo nuestros horarios laborales, esperemos que ellos tengan la buena voluntad de tomar la decisión política de volver atrás con el recorte de los días que consideran que no fuimos a trabajar”.

“Ayer nos recibió la subsecretaria de Niñez (Juliana Cerritelli). Hasta ayer era una decisión tomada el descuento. Ahora estamos a espera de que esto se revierta, seguimos organizados como para seguir llevando adelante este reclamo, veremos de qué manera. Por lo pronto volvimos a sede, dándole las pocas actividades que podemos a los chicos. Los jóvenes y familias de los barrios siempre supieron que era justo el reclamo que llevamos adelante”.