Es la consigna planteada para la carrera que se realizará este domingo a las 20 en el Parque de Mayo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de recaudar fondos para diferentes instituciones, en este caso DUBa.

FM De la Calle habló con Franco Cardone, presidente de DUBa, quien comentó que la inscripción es de 300 pesos e incluye “una remera, servicio de chipeo y un kit deportivo (para hidratarse)”; una vez finalizada la carrera tocará Tachame la Doble, presentaciones de murga y artistas con discapacidad; “es una alegría poner(los) arriba del escenario”.

También explicó que esta carrera es parte de una ordenanza municipal particular ya que todos los 3 de diciembre –o el domingo más próximo– se va a organizar en la ciudad una maratón “que año a año va a cambiar al beneficiario”. En esta ocasión es DUBa y su objetivo es poder comprar un colectivo usado para que se incremente la cantidad de gente que hace deporte en el club; “también van a poder realizar diferentes viajes a la zona, en el país”.

Cabe destacar que en la actualidad hay más de 120 personas en el club y “si bien no hay ningún censo municipal o provincial sobre la cantidad de personas con discapacidad que hay en Bahía”, sí estiman que “por lo menos hay una persona con discapacidad por cuadra”. Por eso es importante que “si nosotros crecemos como club haciendo un convenio con el resto de las instituciones (de la sociedad civil, del estado, empresas) y crece la estructura, va a crecer la cantidad de personas que van a poder hacer deporte teniendo discapacidad”.

DUBa funciona desde 1975 y siempre estuvo presente la idea tener un colectivo propio, “con esta maratón y si la sociedad apoya –que está apoyando un montón–, ojalá nos dé para comprar un vehículo. Es el primer paso en una serie de etapas de un proyecto grande que tiene DUBa que es tener su propio centro deportivo adaptado en el Parque Independencia donde las tierras ya las tenemos en un convenio a comodato con el municipio”.

La maratón sirve para que “la ciudad conozca que DUBa no es solo básquet sobre silla de ruedas sino que hay un montón de disciplinas; que DUBa no es egoísta con los recursos, sino que quiere compartirlo con el resto de las instituciones que trabajan con discapacidad. Se está pensando un centro deportivo adaptado (…) que sea también para las escuelas, para la sociedad civil”.

“Un montón de gente se anota para correr o caminar (8 y 3km respectivamente), mucha gente se anota para tener la remera, para colaborar, la gente se prende”, finalizó Cardone.

Hasta el 13 de diciembre inclusive alumnxs de la Universidad Nacional del Sur realizan un relevamiento de los desplazamientos que las personas realizan dentro de la ciudad.

“Es el punto de partida para empezar a discutir si es necesario rediseñar los recorridos de los colectivo, si es necesario poner más o menos líneas, si hay que cambiar el sentido de tránsito de ciertas arterias, la semaforización o la implementación de algunas otras señales de tránsito”, aseguró Valentina Viego, docente e investigadora del Departamento de Economía.

En diálogo con FM De la Calle agregó que “sin esa información sobre cuánta gente se mueve de un lugar a otro, en qué lo hace y por qué motivo se puede discutir claramente sobre las políticas de transporte pero sobre una base muy débil”.

Una de las hipótesis es que “la urbanización de la periferia ha hecho que el recorrido actual, el sistema de líneas de transporte por colectivo quede un poco desfasado porque, si bien se han hecho algunas correcciones, la red en sí no cambió. Hay barrios que están desconectados, hay varios que requerirían una mayor oferta de transporte pero también hay que tener en cuenta la infraestructura que tienen, si hay calles de tierra probablemente los concesionarios no quieran ir hasta allá”.

“Hay que poner sobre la mesa todos los factores que inciden en ese aspecto. Una política de transporte tiene que darse una política de infraestructura para atender ambas cosas”, dijo Viego y agregó que “la otra cuestión es el aumento bastante marcado del automóvil. Hace unos meses se publicó que Bahía Blanca era una de las ciudades con mayor cantidad de autos por habitantes, bueno, ¿por qué?”.

El operativo es organizado por el grupo de investigación “Logística y Optimización del Transporte” que analiza esta temática desde 2016 y cuenta con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

El relevamiento es domiciliario y cubre a 504 familias seleccionadas al azar en  Bahía Blanca, Cerri e Ing. White y garantiza la confidencialidad de la información y el anonimato de los respondentes.

(Por Mauro Llaneza)”El mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una”, dijo el periodista Adrián Moyano a FM De la Calle.

El autor de “Crónicas de la resistencia mapuche” (2008), “Komütuam descolonizar la historia mapuche en Patagonia” (2013) e “Inakyal” (2017) destacó que “la comunidad agredida tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche. Aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado” y por recomendación de quienes la están formando “debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche

“Estamos en la disputa de dos lógicas muy antagónicas. Para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para  dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi”, agregó.

-Circulan videos de una región completamente militarizada en el marco del clima represivo que ya lleva dos muertos en los últimos meses en el marco de la persecución al pueblo mapuche. ¿Cómo está la situación?

En primera instancia hay que discriminar la información. Aquí el viernes tiene lugar una reunión en el marco del G20 con funcionarios de segunda línea y el despliegue que están haciendo circular por videos tiene que ver con garantizar la seguridad de esa cumbre. Lamentablemente se superpone con este clima de militarización que bien apuntabas que se vive en la ciudad desde hace unos diez días aproximadamente cuando empezaron a verse despliegues de unidades que son de por aquí para, después supimos, propiciar el desalojo de la comunidad que intenta una recuperación en la zona de Villa Mascardi desde hace unos meses.

Pero como bien decías, la demanda o la situación de represión viene de más larga data. Una mirada de largo plazo arrojaría que esta situación tiene unos 130 o 135 años cuando se perpetró la Campaña al Desierto pero se agudizó cuando el actual gobierno llegó al poder, un gobierno que forma parte o es del sector que se benefició directamente de la Campaña al Desierto, no hace falta más que ver el apellido y el origen social de varios de sus ministros y que coincide además con esta búsqueda de lluvia de inversiones por parte de la administración actual, varias de ellas emparentadas con la profundización del modelo extractivista y varios de esos proyectos están en territorio mapuche.

Así que uno entiende que esta construcción del nuevo enemigo interno y de tender a naturalizar situaciones de represión como la que se vivió el último sábado se explica por este esquema, por esta ecuación económica del gobierno de Cambiemos.

-Hablanos de la historia de la lof Lafken Winkul Mapu y de  Parques Nacionales, más allá de la imagen que tenemos de un territorio supuestamente preservado…

Parque Nacionales históricamente sirvió para que el Estado triunfante después de la Campaña al Desierto estableciera sus marcas sobre el antiguo territorio mapuche, o sea, la gente en general, sobre todo la que viene como turista a Bariloche, a San Martín de los Andes, Neuquén, tiene una imagen bastante idílica de Parques Nacionales pero la historia de esta institución del Estado en relación al pueblo mapuche se asocia al despojo, al desalojo, inclusive a destrucción de viviendas.

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Recuerdo en 1995 cuando fue el conflicto de Pulmarí, en la zona de Parque Nacional Lanín, la gente me contaba cómo recordaba cuando era niña que guardaparques habían demolido sus casas a tiro de caballos. Esta imagen un tanto asociada al conservacionismo de esta institución del Estado hay que matizarla con lo que fue su práctica histórica. Esta relación quiso cambiar a partir del conflicto de Pulmarí cuando se establecieron las prácticas de comanejo que están vigentes, que implican que en Parques Nacionales donde hay comunidades indígenas hay comisiones de comanejo para que los propios mapuches, en este caso, y los demás técnicos de Parques Nacionales establecieran planes de manejo en las zonas a preservar.

Hubo un conflicto anterior en 2015 cuando varias personas mapuches de distinta procedencia intentaron recuperar un espacio territorial en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el lugar que se llama Ñirihuau Arriba, y ahí la reacción del Estado fue bien distinta a la actual, si bien hubo denuncias en juzgados federales hubo instancias de conversación, de diálogo con otros poderes del Estado y, más allá de situaciones que competen a la interna del pueblo mapuche, es el espacio que hoy considera como suyo la comunidad Huenu Ñirihuau.

Aquí la reacción fue totalmente opuesta, la gente que está participando de la experiencia, la comunidad agredida, tiene una particularidad porque se entronca con la sabiduría más profunda del pueblo mapuche, aquí se está formando una joven para que sea machi en algún momento determinado, es un proceso que viene de varios años y esta joven vive en un barrio castigado de San Carlos de Bariloche y, por recomendación de sus orientadores, es decir, de sus machis que la están formando en este proceso, ella debería vivir en un lugar donde estén más a disposición los lawenes, los remedios de la cultura mapuche, y se eligió un predio que está muy cerca de Villa Mascardi que es aquí a 36 kilómetros del centro de la ciudad.

Esta comunidad estaba fundamentando su proceder en esta afirmación de la cultura mapuche pero evidentemente estamos como suelo decir, en la disputa de dos lógicas muy antagónicas, para una lógica lo que prima es la propiedad, la seguridad jurídica -de ellos, obviamente- y no hay margen para, en este contexto, dialogar con una cultura donde las lógicas descansan sobre los mensajes de los newen, los pewma, los trances y los machi. No hay margen para la comprensión, como quedó en la víspera documentado una vez más a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad.

-Hasta ahí no me hablaste ni de armas, ni de la RAM, ni de un Estado propio. ¿Hay algo de eso en los discursos de las comunidades con las que tenés contacto en la región? ¿Qué opinás de la RAM y qué relación tiene con esta comunidad?

El Estado como forma de organización de lo público, es decir, como institución vertical que monopoliza la coerción y se establece a través de jerarquías es una lógica ajena a la del pueblo mapuche. El pueblo mapuche nunca, si bien desde 1550 en adelante tuvo que lidiar con las formas estatales que trajeron los españoles primero y desde fines del siglo XIX con la usurpación estatal chilena y argentina, el pueblo mapuche nunca aspiró a construir un Estado porque es ajeno a su idiosincrasia.

La manera mapuche de ejercer la política tiene que ver con la horizontalidad y la circularidad y con la ausencia de centralización política. Lo que, dicho sea de paso en opinión de quien te habla, favoreció una resistencia de 360 años aproximadamente desde la llegada del español hasta la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía.

Así que construir un Estado a la manera del Estado moderno, con fronteras, límites y organización burocrática y justamente el ejercicio vertical del poder es ajeno al pueblo mapuche. Ninguna organización mapuche activa reivindica formaciones estatales para garantizar o para arribar a la libre determinación.

Cuando me preguntan sobre la existencia de la RAM yo respondo más o menos de esta manera: el mapuche es un pueblo que sabe de 1700 y pico de comunidades del lado chileno, unas 70 en la provincia de Neuquén, unas 120 en la provincia de Rio Negro, unas 80 en la provincia de Chubut y a esa descripción hay que sumarle tres o cuatro organizaciones por ciudad en las más importantes, Neuquén, Fiske Menuco, Bariloche y demás. La RAM, si es que todavía existe, es una. Una experiencia de unos peñi y lamngen que evidentemente eligieron en su momento radicalizar su protesta pero inclusive los sectores mapuches de más trayectoria o de más representatividad han tomado distancia de la RAM, hace unos dos meses aproximadamente o más, con un comunicado que hicieron público y trascendió mediáticamente.

La descripción que ganó los grandes medios de comunicación en los últimos días sobre un grupo casi guerrillero bajando de la sierra aquí en Villa Mascardi es absolutamente una creación de vaya a saber quién, en este caso parecería ser de Prefectura con el aval del Ministerio de Seguridad. No tiene ningún correlato con la realidad, bueno, invito a la gente a que vea los diarios de la zona para que entiendan a quién mató esta bala de la Prefectura, esta bala del Estado represor y entenderá que muy lejos está de la realidad esta instalación de una amenaza a la seguridad nacional aquí en los lagos de la cordillera.

-Ayer Radio Mitre decía impunemente que la RAM es similar al ISIS…

En todos estos meses, ante inquietudes de compañeros y compañeras como en este caso, yo digo que no es nueva esta demonización del pueblo mapuche, en su momento se lo asoció a las FARC, a ETA, o sea, a la organización guerrillera que estuviera más o menos de moda en el sentido de atemorizar a la clase media argentina. No tiene ningún punto de contacto con la realidad y hablando y pasando en limpio aquí tenemos desde agosto de 2017 hasta la actualidad, un compañero muerto y un peñito muerto y los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado. Si me preguntas a mí, son las auténticas amenazas a la seguridad de la gente en estos espacios territoriales.

-¿Qué reconstrucción hiciste de lo sucedido este fin de semana con la muerte de Nahuel y cómo está ahora la comunidad y los heridos?

La reconstrucción que yo puedo confiar no es muy distinta de la que circula en los medios de comunicación. Yo sugiero que la gente que quiera informarse que lea En Estos Días, un portal de aquí de Bariloche o mismo El Cordillerano, a pesar de que es un medio comercial.

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Fue asesinado por la espalda este peñi en el marco del operativo que decidió el juez federal. Yo estaba en Buenos Aires cuando sucedió el episodio participando de la jornada sobre Genocidio y Política Indígena que organizó la Red y retorné el domingo por la tarde. Los compañeros y compañeras que estuvieron acompañando y cerca del proceso me cuentan que el sábado hubo mucho nerviosismo, en aquel momento el objetivo era que las fuerzas de seguridad no bajaran ningún compañero o compañera más porque era muy fácil caer en las provocaciones. Felizmente se apaciguaron un poco los ánimos, ahora hay distintas instancias mapuches y no mapuches que están reclamando un espacio de diálogo y negociación con Parques Nacionales, con las distintas dependencias del Estado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que es el gran ausente en todo este conflicto.

Desde Nación las órdenes son otras, a la luz del tenor de las declaraciones de la ministra en la víspera, parecen obviar que aquí hay gente que sufre, hay gente que llora, la insensibilidad no tiene límites porque esa conferencia de prensa tuvo lugar cuando estaba teniendo desarrollo el velatorio de Rafael, de manera que es una… estoy cerca del insulto pero es una insensibilidad a toda prueba la que está ejerciendo esta funcionaria y el gobierno al cual responde pero en definitiva por estos días se está tratando de establecer algún vínculo de diálogo más allá de que jurídicamente ya se está presentando la APDH para acceder a la causa.

-¿Y quedan dos detenidos?

Tengo entendido que hay dos peñis que están detenidos y hay peñis que están en la comunidad heridos, no quieren bajar porque hay una de ellas que es testigo presencial del asesinato de Rafael y comprensiblemente teme por su vida. Así que está tratando de establecer un marco de negociación para poder declarar, para poder brindar la información que requiera el Poder Judicial si efectivamente tiene la vocación política de investigar qué sucedió allí.

-Leía un testimonio este fin de semana que decía que en Bariloche había sectores que celebraban que se habían asesinado a un indio, ¿esto es así?

Hubo un comunicado formal de la Cámara de Comercio celebrando el desalojo o el intento de desalojo del jueves último, porque el desalojo no se perpetró del todo, pero fue datado con anterioridad a la muerte de Rafael. Lo que no quiere decir que efectivamente a nivel grupos de whatsapp o publicaciones en redes sociales haya celebraciones por este fallecimiento.

A uno le llama la atención que este gobierno que llegó al poder con el mensaje de concordia, de la alegría y del reencuentro entre los argentinos hace un rato largo que está profundizando el odio, la xenofobia, el racismo. Cuando un observa como es el proceder de las fuerzas de seguridad ante otro tipo de movilizaciones, inclusive en el conurbano bonaerense o mismo en la capital o provincias en los últimos tiempos no ha habido este despliegue. Uno tiene que recordar que hubo un operativo con 300 efectivos, policías, cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad en cercanías de donde está teniendo lugar la recuperación de Pu Lof en Resistencia en Cushamen y donde los que participan de esa ocupación o recuperación son no más que 15 peñi y lamngen y el despliegue de las fuerzas de seguridad es muy desproporcionado.

Otro tanto sucedió aquí. Evidentemente está actuando el racismo como política por parte de este gobierno con la complicidad de las fuerzas de seguridad y también del Poder Judicial. De manera que uno puede decir que es el Estado en su conjunto el que está desnudando su raigambre colonialista, su raigambre racista y sin ningún disimulo, sin ninguna sutileza, así que para los oyentes y oyentas de la radio, tengan en cuenta que no hay que aceptar acríticamente lo que dicen los grandes medios de comunicación.

Aquí lo que se está apuntalando es una lluvia de inversiones que espera hace rato este gobierno, que implica una profundización del extractivismo y varios de esos emprendimientos tienen previsto desarrollarse -ya se están desarrollando- en espacio territorial mapuche. Lo que está sucediendo es una especie de puesta en escena para naturalizar escenarios de represión y disfrutar del consenso de algún sector de la ciudadanía argentina.

Fotos: En Estos Días y El Cordillerano.

Fueron las palabras de Sergio Zaninelli, dirigente de ADUNS, en comunicación con FM De la Calle antes de la movilización que se realizará esta tarde a las 18 en la Plaza Rivadavia, en consonancia con lo que sucede a nivel nacional en capital y otras ciudades, contra la reforma laboral provisional y tributaria.

El dirigente comentó que “intenta ser una réplica de lo que va a suceder en Buenos Aires, una movilización convocada por el amplio sector del movimiento obrero organizado, encabezado por las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y algunos gremios de la CGT que, en este caso no acuerdan con ese aval del triunvirato que la conducción de la CGT nacional le ha dado al proyecto de reforma laboral que el gobierno ingresó al Congreso”.

Aseguró que “es muy importante que esos tres proyectos de reforma: laboral, previsional y tributaria no se conviertan en legislación nacional porque es un gravísimo retroceso para toda la clase trabajadora, las clases populares y los sectores más vulnerables”.

Y agregó que el jueves 30, en la sesión ordinaria del Senado de la Nación, ya con dictamen favorable, “se va a entrar a debatir parte de la reforma provisional, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria”. Y si eso se convierte en le “el padecimiento que ya tienen los jubilados y jubiladas se va a hacer más ostensible”, aseguró.

En la reunión del lunes de la cual participaron más de cuarenta referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas para organizar esta movida esta movilización, quedó establecido dónde hay que poner los dos focos de atención.

Zaninelli expresó que “uno es en los legisladores nacionales que tienen la enorme responsabilidad a partir de pasado mañana de decirle basta a estas reformas que no son reformas, sino que lo que hacen es introducir más ajuste y precarización”.

“El otro foco de atención es concientizar al pueblo. Creo que todavía la mayor parte de la sociedad no concibe el peligro directo al bolsillo que conllevan estas reformas; esto va a afectar sin discusión a millones y millones de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, titulares de asignaciones asistenciales”.

Luego expresó: “Creo que el presidente Macri cuando hizo la presentación en su discurso de este paquete de reformas el 30 de octubre, claramente le declaró la guerra a la clase trabajadora. Más aún si nos adentramos en lo que es el proyecto de reforma laboral, años de luchas y conquistas se van a ver derrotadas si esto consigue convertirse en ley”.

Finalmente aseveró que “hay otra situación que agrava el contexto, la escalada represiva contra los pueblos originarios, la estigmatización de los trabajadores, de las organizaciones, de trabajadores; todo un combo que hace que generemos estos marcos de unidad, nos referenciemos en la calle –el lugar donde hay que referenciarse–, para decirle al gobierno y a legisladores de cualquier signo político basta de ajuste y precarización, basta de represión, basta de muerte”.

El martes 1° de agosto de 2017 decenas de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) entraron con violencia al territorio que la comunidad mapuche Pu Lof reclama como propio en Cushamen, Chubut. La GNA tenía orden de la justicia federal para despejar la ruta 40 pero, con el argumento de la “flagrancia” -promovido por el Poder Ejecutivo Nacional- ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes. Santiago Maldonado era uno de ellos.

Cuando ese operativo ilegal y violento finalizó, faltaba “el Brujo”, como se conocía a Maldonado. La comunidad y la familia denunciaron su desaparición considerando la posibilidad de que hubiera sido detenido. Los organismos de derechos humanos nos enteramos de que una persona que había participado de una protesta estaba desaparecida luego de una represión. En ese momento inicial, el CELS activó dos vías de acción: visibilizar la denuncia e intentar que las dependencias oficiales buscaran a Maldonado ya que en casos como este sin presión social y sin insistencia sobre los funcionarios no hay una iniciativa estatal de búsqueda inmediata y sistemática.

En las primeras semanas, el Poder Ejecutivo Nacional respondió de tres formas. Primero, planteó hipótesis infundadas que buscaban instalar que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión. En segundo lugar, ocultó cómo había actuado la Gendarmería en el operativo. En tercer lugar, no se buscó a Maldonado de manera eficiente. Por su parte, el Poder Judicial, con una historia conflictiva con la comunidad Pu Lof, demoró en activar tanto la búsqueda como la investigación de las posibles responsabilidades de la GNA. Pasaron semanas hasta que pudo comenzar a acumular información sobre el operativo y tener una estrategia eficaz para rastrillar la zona.

Transcurría el tiempo y buscar a Maldonado no era la prioridad estatal. Diez días después, la pregunta “¿dónde está Santiago Maldonado?” ya había ocupado calles, plazas y plataformas digitales y los medios de comunicación del país y del mundo hasta convertirse en una cuestión central de la agenda política. La empatía de amplios sectores sociales con la familia Maldonado no alentó al Poder Ejecutivo a involucrarse en una solución del caso; más bien, pareciera haber ocurrido lo contrario: mientras el Estado no podía encontrar a Maldonado, la estrategia del gobierno fue intentar romper la extendida solidaridad con la demanda. Así, destinó profusos recursos a atacar a la familia, a la comunidad y a quienes los acompañaban.

Hasta ahora ningún gendarme fue ni siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, como ingresar sin orden judicial, arrojar piedras a los manifestantes o hacer una hoguera con las pertenencias de la comunidad.

El 17 de octubre Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut, en el mismo lugar en el que en agosto los gendarmes afirmaron en el sumario administrativo haber llegado persiguiendo a los manifestantes.

La constatación de que un participante de una protesta social había fallecido durante una represión llevada adelante por fuerzas federales no modificó el enfoque del gobierno nacional. En los días posteriores a los primeros trascendidos de la autopsia, numerosos funcionarios se dedicaron a instalar una nueva conjetura: si Maldonado no fue secuestrado por la GNA, tal como había denunciado la Pu Lof, no existen responsabilidades estatales y, en cambio, lo que debe ser investigado son las denuncias de la comunidad y el rol de los organismos de derechos humanos.

La comunidad fue el primer actor en denunciar la desaparición y sus primeros relatos sobre el operativo fueron ratificados por los propios gendarmes. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, por ahora se puede saber que Maldonado intentó cruzar el río para escapar y permaneció en el agua fría lo que lo llevó a una muerte por hipotermia y asfixia por sumersión. La idea de que las discordancias con parte del relato de algunos miembros de la comunidad exime al Estado argentino de responsabilidad por los hechos que culminaron con la muerte de Santiago y por la deficiente búsqueda posterior no resiste un mínimo análisis.

Santiago Maldonado murió mientras participaba de una protesta. Pasaron 78 días hasta que fue encontrado. El Estado en lugar de mostrar su voluntad de proteger a la víctima y a su familia, los maltrató con recurrencia y en ocasiones con saña. Ninguno de esos tres hechos puede naturalizarse. Ninguno de esos hechos puede ser tratado como si fuera un accidente o un incidente más de la ineficacia estatal. A continuación sintetizamos las acciones principales que en virtud de esa agenda y de las estrategias propias del trabajo del CELS llevamos adelante desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha.

La pregunta ¿qué pasó con Santiago Maldonado? aún no fue esclarecida.

1. ¿Qué acciones judiciales impulsó el CELS?

A partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, se iniciaron dos expedientes: un habeas corpus que tenía como fin encontrarlo y una causa para investigar las posibles responsabilidades penales en la desaparición, que fue caratulada como “N.N. s/desaparición forzada de persona”.

Habeas corpus- medidas de búsqueda

Los primeros habeas corpus fueron presentados por el Defensor Oficial Federal Fernando Machado y la Comisión Provincial por la Memoria el 2 de agosto. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero. El 3, el CELS sugirió en un escrito enviado al juez:

– la preservación de la zona del Pu Lof donde fue visto Maldonado por última vez
– el rastrillaje del Pu Lof
– el pedido a las morgues de información sobre el ingreso de cuerpos no identificados
– el allanamiento de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería
– la pericia de un cuello de polar de Santiago

El mismo día, el CELS aportó los datos de Ariel Garci, quien tenía información sobre una línea telefónica utilizada por Maldonado.

El 9 de agosto, el CELS se presentó como parte, debido a que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Seguridad activaban una búsqueda exhaustiva, reiteró las medidas ya sugeridas y pidió complementar con:

– el rastrillaje de las rutas 15 y 71
– la incorporación de una antropóloga forense para mejorar la estrategia de búsqueda
– la ampliación de las medidas respecto a la Gendarmería Nacional
– la convocatoria a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.

El 17 de agosto el CELS propuso al juez Otranto que convocara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que asesorara en la búsqueda. El pedido fue aceptado pero la participación del EAAF no se materializó porque el juez no le hizo ningún requerimiento.

En las semanas siguientes el CELS:

– ofreció testigos que podían relatar los últimos meses de Maldonado en El Bolsón y contar cuándo lo habían visto por última vez ya que desde el Poder Ejecutivo se ponía en duda su presencia en el lugar en el momento de los hechos
– participó de declaraciones de Claudina y Ailinco Pilquiman, Andrea Millañanco y Soraya Guitart, integrantes de la comunidad
-participó de las declaraciones de 19 gendarmes
-participó de los rastrillajes de los Escuadrones 35 y 36 de la Gendarmería Nacional realizados el 10 de agosto de 2017.
-aportó un video del momento en el que la comunidad habla con el defensor Machado sobre el procedimiento realizado por la Gendarmería y afirman que no saben dónde está una de las personas que participaba del corte y que creían que había sido detenido.

Causa penal- Medidas de investigación

El 15 de agosto, a dos semanas de que no se supiera nada de Santiago, el CELS pidió ser querellante en la causa que investiga qué sucedió con Santiago y la comunidad en el contexto de la represión de la protesta y las responsabilidades penales por la desaparición de Maldonado y las irregularidades del operativo. Esta causa, delegado por el juez a la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de la Fiscal Subrogante Silvina Ávila, tiene como propósito determinar la responsabilidad que le cabe a la Gendarmería Nacional por lo sucedido el 1 de agosto en Cushamen.

En el expediente caratulado como desaparición forzada, el CELS pidió algunas medidas de pruebas ya solicitadas en el habeas corpus que no habían sido realizadas. A ellas se le sumaron el registro de comunicaciones de todos los efectivos involucrados en el operativo y la  ampliación de búsqueda de ingreso de un cuerpo sin identificar en las morgues de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Luego de varias semanas, se allanaron los escuadrones de Gendarmería donde se secuestró información relevante de los discos rígidos, computadores y se secuestraron los teléfonos.

Como detectó que faltaban al menos 78 fotografías y numerosos videos, que habían sido tomados durante el operativo, algunos de los cuales se habían distribuido a los medios de comunicación pero no aportado a las causas judiciales, el CELS solicitó el 6 de septiembre que se requiriera la urgente incorporación de estas imágenes a la investigación, lo cual fue aceptado por la fiscalía. El 26 de septiembre se recibieron las fotos recuperadas, aunque quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos.

Al analizar las fotos recuperadas, se constató que muchos gendarmes habían llegado a la vera del río Chubut, que portaban escopetas y bastones, que cuatro camionetas y un camión habían ingresado a la comunidad. Estas evidencias contradijeron las declaraciones de los gendarmes que en el habeas corpus habían ocultado el uso de bastones cerca del río y el incendio de las pertenencias de la comunidad, habían afirmado que habían ingresado sólo 2 camionetas, entre muchas omisiones y contradicciones en sus testimonios respecto a qué hicieron, con quienes estaban, y cuánto permanecieron en la orilla del río.

El 29 de agosto el Ministerio de Seguridad aportó al expediente extractos de los sumarios administrativos. Lo mismo hizo el 10 de septiembre. El 15 de septiembre pedimos que fueran aportados en forma completa, lo cual fue aceptado por la Fiscalía.

En el marco de este expediente, pero también con efectos en el Habeas Corpus, el 19 de septiembre el CELS recusó al juez federal Guido Otranto. Luego de brindar dos declaraciones periodísticas al diario La Nación, quedó evidenciado que estaba adelantando opinión y que había perdido imparcialidad como juez de la causa. El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la recusación, por lo cual ambos expedientes quedaron a cargo del Juez Federal Gustavo Lleral.

2 . ¿Cuáles fueron las irregularidades del operativo de Gendarmería Nacional del 1 de agosto de 2017?

A las diez y media de la mañana del 1 de agosto, el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Pablo Escola dio inicio al desalojo del corte de la ruta 40 que los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia realizaban en protesta por la detención de Facundo Jones Huala. El juez federal de Esquel Guido Otranto había dictado la orden de liberar la ruta.

Los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta quedó liberada. Entonces, los gendarmes decidieron ingresar, sin estar autorizados judicialmente a hacerlo, con la justificación de perseguir una “flagrancia” para detener a los que cortaban y porque les estaban arrojando piedras. El uso de la figura de “flagrancia” para detener a los manifestantes fue indicado, y definido como una estrategia conjunta con las fuerzas de seguridad federales y locales, en los días previos por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Con esa excusa, cincuenta y dos efectivos entraron al territorio y permanecieron allí 5 horas. Algunos persiguieron a los mapuches y realizaron más de ochenta disparos con municiones antitumulto. Como puede verse en las imágenes producidas por los propios gendarmes, los agentes recolectaron piedras para arrojárselas a quienes huían. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla, varios de ellos portando escopetas.

Lo que sucedió en la orilla todavía no se ha dilucidado por completo pero se pudo establecer que varios gendarmes vieron a los mapuches cruzar el río, que al menos uno de los gendarmes reconoció haberles arrojado piedras y otro, haber disparado.

En las primeras semanas, decisivas para dilucidar el hecho, estas circunstancias fueron ocultadas por las autoridades.

Luego de la persecución, los gendarmes allanaron viviendas, secuestraron objetos de la comunidad; algunos fueron registrados en las actas, otros, quemados en una fogata. Dos mujeres y dos niños fueron retenidos durante cuatro horas. El allanamiento y el secuestro de elementos se hicieron sin orden judicial, pero luego fueron convalidados telefónicamente por el juzgado.

La Gendarmería se retiró del territorio a las 17 horas. Según consta en el sumario instruido por la Gendarmería, al mediodía el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, se hizo presente en el lugar del operativo y “destacó la actividad llevada a cabo por la institución”. El sumario interno se cerró sin identificar las irregularidades, ni las faltas cometidas ni recomendar las sanciones que corresponden.

3. ¿Cómo actuó el Poder Judicial en la investigación?

El origen del operativo y la conflictividad entre la comunidad, las fuerzas de seguridad y la justicia federal demoraron la respuesta judicial a la denuncia de la desaparición. Las dificultades que tiene el Estado para investigar violaciones de derechos de las que puede ser responsable se agravaron en este caso, sucedido en un lugar aislado, en el contexto de una comunidad que tiene temor y es reticente a colaborar con el sistema judicial y de la desconfianza que desde el principio tuvieron el juez y la fiscal federales.

La intervención de la GNA comenzó por una orden judicial para despejar el corte de la ruta 40 y, luego, utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar a la Pu Lof. Este operativo violento fue convalidado judicialmente con posterioridad. El 1 de agosto, el defensor oficial Fernando Machado registró el operativo y que una persona estaba desaparecida. Ninguna otra de las autoridades judiciales acudió a la comunidad ese día, aunque habían ordenado el desalojo. El 2 de agosto, el Machado y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron dos habeas corpus. El 3 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un tercero.

La primera reacción fue esquiva: el aparato judicial no le dio credibilidad a la denuncia ni intervino de inmediato para determinar si esa desaparición era, o no, una consecuencia de la represión. Por el contrario, se actuó con las hipótesis de que Maldonado no estaba en el corte o de que se había ido por voluntad propia. Como consecuencia, en los primeros días la búsqueda fue limitada y se demoraron medidas necesarias.

El 4 de agosto en la audiencia de habeas corpus la GNA negó haberlo detenido pero no dio, ni se le exigió, ninguna explicación. Recién el día 5, el juez decidió rastrillar dentro de la Pu Lof. Esta medida, por la hostilidad entre la comunidad y el juez federal Guido Otranto, se hizo mal y fue incompleta. Durante semanas, el juez no pudo resolver el conflicto con la comunidad de modo tal de destrabar la realización de medidas indispensables como el ingreso al territorio y la toma de testimonios.

En este contexto, las medidas de búsqueda fueron tardías y mal encaradas; mientras el Ministerio de Seguridad filtraba información destinada a instalar que Maldonado no había estado el 1 de agosto en el lugar de la represión.

El inicio de la investigación de la responsabilidad penal por la posible desaparición forzada también fue dificultoso: las primeras medidas sobre las camionetas de la GNA se realizaron con demoras y los gendarmes fueron avisados de que iban a ocurrir. Recién el 15 de agosto fueron allanados los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.

Cuando el Ministerio de Seguridad comenzó a aportar de manera parcial información de las declaraciones de los gendarmes en la investigación administrativa, hubo un giro en las dos causas judiciales. En la medida en la que los testimonios confirmaban que, tal como lo habían denunciado integrantes de la Pu Lof, los gendarmes habían llegado a la orilla, era preciso investigar ese lapso de tiempo en el que efectivos y mapuches se encontraron en el río.

En el habeas corpus se hicieron rastrillajes que no dieron resultado; el realizado con violencia el 18 de septiembre en el lugar en el que apareció el cuerpo tuvo deficiencias técnicas.

Paralelamente, la fiscalía recaratuló la causa penal como “desaparición forzada” y fue acumulando información y prueba para determinar cómo fue el operativo y qué sucedió con Maldonado. La fiscalía contó con la colaboración de Procuvin en la elaboración de hipótesis y en la producción y control de las pruebas. Por su parte, la fiscalía federal no fue capaz de construir un vínculo con la familia Maldonado, lo que dificultó el acceso de los familiares a la investigación.

Tras el apartamiento del juez Otranto por el pedido de recusación, le sucedió el juez federal Gustavo Lleral, quien tuvo otra estrategia hacia la comunidad que hizo posible el ingreso al territorio el 17 de octubre, día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Maldonado.

4. ¿Cómo fue la respuesta del Poder Ejecutivo?

Recién seis días después de la desaparición, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó las primeras reacciones del gobierno que se orientaron en tres sentidos: defender a la Gendarmería antes de investigar; plantear hipótesis alternativas sin correlato con el expediente y desviar el foco de la atención hacia la comunidad mapuche.

El 4 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Nación negó que GNA tuviera que ver con la desaparición de uno de los manifestantes. A tono con esta línea, en los primeros días, el Ministerio de Seguridad no se concentró en investigar y puso en marcha el sistema de búsqueda de personas como si Maldonado no hubiera estado en el lugar o se hubiera ido voluntariamente. Luego, no aportó en tiempo y forma la información con la que contaba. En un informe del 18 de agosto, haciendo propias las primeras afirmaciones de los gendarmes, aseveró que no había habido irregularidades en el operativo y que se había actuado en cumplimiento de la orden del juez. Ambas afirmaciones se demostraron falsas.

El 7 de agosto comenzaron las investigaciones internas. Un sumario iniciado por Gendarmería afirmó “la inexistencia de conductas sancionables disciplinariamente”. Por otro lado, Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación realizó encuestas y entrevistas a gendarmes. En una charla previa a la realización de las entrevistas, Barberis le dijo a los gendarmes: “En este barco estamos juntos, ¿está claro?”. En el informe señaló que algunos efectivos habrían arrojado piedras contra los mapuches y justificó esa acción como una “conducta imitativa” que había respondido a las agresiones de los manifestantes y concluye sin solicitar una investigación disciplinaria. Hasta hoy, ningún gendarme fue sancionado por las irregularidades.

La información obtenida en estas actuaciones administrativas fue aportada al Poder Judicial por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas, en representación del Poder Ejecutivo, tarde, en fragmentos y por insistencia de las querellas, entre ellas el CELS.

Recién el 29 de agosto, el ministerio aportó al habeas corpus los cuestionarios realizados dos semanas antes. Se demoró hasta el 11 de septiembre para aportar la transcripción de las entrevistas. Nunca explicó por qué esperó todos esos días para incorporar estas actuaciones mientras insistía a través de los medios de comunicación con la hipótesis de que Maldonado había fallecido el 21 de agosto en un episodio de violencia contra un puestero. Tampoco explicó por qué el comandante segundo del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, negó que los gendarmes hubieran llegado a la orilla del río. Gendarmería Nacional y la ministra de Seguridad negaron que hubiera registros audiovisuales del operativo, lo que también se demostró falso.

En simultáneo con este retaceo de información, por intermedio de Cané y Barberis, el Ministerio de Seguridad de la Nación intervino de forma directa en el expediente del habeas corpus. Y realizó una vasta tarea de filtración de las medidas de investigación y sus resultados a los medios. Otros funcionarios de alto rango fueron parte de esta estrategia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación que en un fecha  tan tardía como el 30 de agosto declaró: “Nadie puede demostrar que Santiago Maldonado estuvo en la zona de conflicto”.

Durante el tiempo en que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, el gobierno hizo reiteradas afirmaciones infundadas y ofensivas. Desde la Ministra a cargo de Gendarmería que afirmó ante el Senado de la Nación que no tiraría “gendarmes por la ventana” cuando se le demandaba que separara preventivamente a determinados agentes; hasta una de las máximas representantes políticas de la coalición de gobierno que a más de dos meses de su desaparición afirmó que había un “20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile” por propia voluntad y con motivaciones políticas.

5. ¿Por qué el CELS recurrió a las Naciones Unidas?

Para el 5 de agosto y a pesar de que ya se había presentado un habeas corpus, el accionar del Estado en materia de búsqueda y de investigación no era el que correspondía a una desaparición en el contexto de un operativo represivo.

Para que las estrategias de localización adquirieran otra fuerza, ese día el CELS solicitó una acción urgente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que instara al Estado a tomar las medidas necesarias para encontrar a Maldonado. La gravedad de la situación era tal que el 7 agosto el Comité concedió la acción urgente y le pidió al Estado argentino que adoptara una estrategia integral y exhaustiva de búsqueda y asegurara la exclusión de la GNA de la investigación, entre otras medidas. El Comité también le pidió al Estado que adoptara medidas cautelares de protección de la vida e integridad de la familia Maldonado, de sus abogados y de la comunidad mapuche y garantizara que no fueran objeto de violencia ni hostigamiento. A partir de ese momento el Estado argentino hizo presentaciones al Comité en los cuales adoptó la misma estrategia que tuvo a nivel nacional.

El 18 de septiembre, el CELS, en una segunda presentación al Comité, reiteró la falta de una respuesta estatal adecuada y denunció que el Ministerio de Seguridad no colaboraba en la causa judicial aportando la información que tenía y, al mismo tiempo, llevaba adelante una campaña de desinformación. El CELS también señaló que el Estado tampoco había cumplido con la solicitud del Comité respecto a la familia, que, por el contrario, recibió numerosos ataques.

El 6 de octubre el Comité dictó otra resolución en la que llamó la atención sobre las demoras de las autoridades para investigar el rol de la Gendarmería en los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado y para aportar declaraciones, fotografías y videos al expediente. El Comité solicitó al Estado: informar de los motivos de estas dilaciones, investigar y sancionar intervenciones de las autoridades que hubieran podido entorpecer la efectividad de la búsqueda y de la averiguación de la verdad y asegurar la imparcialidad, independencia y autonomía de la investigación.

El 21 de octubre el CELS informó al Comité el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.

El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otras organizaciones, sin la participación del CELS.

6. ¿Qué establece la autopsia respecto de las circunstancias de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado?

La autopsia reveló que la muerte fue un proceso que se fue dando por la permanencia en el agua helada que llevó a que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, que luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. En conclusión, se trató de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.

Si bien en la médula no se encontraron diatomeas, su presencia en las cavidades cardiacas -nueve distintas: seis en el ventrículo izquierdo, tres en el derecho, indica que se trató de una asfixia por sumersión. También son indicadores de la asfixia los cambios en el pulmón. Las transformaciones halladas en la piel son propios de la hipotermia.
La data de la muerte se estableció a través de tres métodos y dio un rango que no puede ser de menos de 53, 60 o 73 días, según cada método.

Por último, se concluyó que el cuerpo no tiene lesiones externas, por lo tanto no puede suponerse a priori que haya sufrido violencia física en otro lugar. Tampoco se encontraron evidencias de que el cuerpo haya estado en otro lugar que el del hallazgo.

7. ¿En qué consiste el conflicto que atraviesa el territorio donde tuvo lugar la protesta?

La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa desde 2015 un área en la localidad Cushamen que reivindica como ancestral, en disputa con la empresa trasnacional Benetton. Al mismo tiempo, el lonko de la comunidad Facundo Jones Huala está detenido desde el 26 de junio en una causa en la que se discute su extradición a Chile, situación que motiva protestas frecuentes.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Chubut fueron los primeros en identificar a la Pu Lof con el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que utiliza la acción directa como forma de protesta y en referirse a ellos como “terroristas”, calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes. Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal.

En 2016, el gobierno nacional promovió este enfoque que coloca el conflicto mapuche como una amenaza a la seguridad nacional. En mayo de ese año, Gendarmería Nacional (GN) y el Grupo Especial de Operaciones de Chubut allanaron el territorio de la Pu Lof con autos particulares sin identificación y efectivos encapuchados. En enero de 2017, se produjeron tres operativos violentos, uno de GN y dos de la policía provincial; tres personas fueron heridas de gravedad.

El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a los ministros de seguridad de Chubut y Río Negro y a los jefes de las fuerzas provinciales y federales para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques” del RAM. Les ordenó utilizar los supuestos de flagrancia -es decir, intervenir sin orden judicial- para detener a integrantes de las comunidades mapuches. Un día antes del operativo que desembocó en la muerte de Santiago Maldonado, Noceti declaró a Radio Nacional Esquel que los mapuches querían “generar caos y desorden y temor en la población” y que tendrían relaciones con “extremistas kurdos”. Estas afirmaciones responden al enfoque del gobierno nacional que considera que el narcotráfico y el terrorismo son parte de lo que internacionalmente se considera el “paradigma de las nuevas amenazas”, sin explicar cuál es la actividad terrorista concreta.

En este contexto, se realizó el operativo del 1 de agosto. En las semanas siguientes, la desaparición de Maldonado no generó que el gobierno nacional buscara abrir un canal de dialogo  con la comunidad: hizo exactamente lo contrario.

Maldonado desapareció en un territorio ocupado por una comunidad con fuertes resistencias a relacionarse con instituciones estatales, debido a sus convicciones ideológicas y a los antecedentes de discriminación, arbitrariedad y violencia policial. Los primeros relatos de la comunidad que activaron el reclamo social extendido por la aparición de Maldonado fueron, semanas después, ratificados por los gendarmes en sus declaraciones y por las imágenes. Luego, la comunidad no aceptó el ingreso de las fuerzas de seguridad al territorio o lo limitó y fue reticente a testimoniar. Al asumir en la causa del habeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral inició un proceso que culminó con el ingreso a la comunidad el 17 de octubre, día en el que Maldonado fue encontrado sin vida en el río Chubut.

8. ¿Por qué el CELS consideró que el hecho debía investigarse como una desaparición forzada?

Santiago Maldonado fue visto por última vez en el contexto de un operativo represivo e ilegal de la Gendarmería Nacional. Esta situación hacía necesario investigar qué participación tenía la Gendarmería en la desaparición de Maldonado a fin de encontrarlo y de establecer responsabilidades.

Investigar un episodio como una posible desaparición forzada no supone asegurar a priori que el hecho implicó la comisión de ese delito sino que en tanto hay indicios de responsabilidad estatal esa hipótesis debe ser confirmada o descartada. Ni el tipo penal “desaparición forzada” ni la figura del derecho internacional exigen que el hecho sea parte de un plan sistemático, tal como afirmó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hablar de desaparición forzada no significa asimilar estos hechos con una política de desaparición de personas y menos aún con la última dictadura.

A medida que las semanas pasaban y Maldonado no era encontrado, los testimonios, el ocultamiento de información realizado por el Ministerio de Seguridad y las imágenes del operativo fueron indicios de que había una relación entre la ausencia de Maldonado y el operativo violento en la Pu Lof el 1 de agosto. Esas responsabilidades estatales aún están siendo investigadas.

9. ¿Qué características tiene la desaparición de personas en democracia y cuáles son las dificultades para investigarlas?

En democracia, las desapariciones ocurren por motivos diversos, algunas son voluntarias y otras no. Estas últimas implican una diversidad de responsabilidades estatales. Detrás de estos casos, hay explicaciones relacionadas con redes criminales, con violencias estructurales -como la de género- y con el funcionamiento violento de las fuerzas de seguridad, entre otras. La responsabilidad estatal es distinta y específica en cada una de estas situaciones.

En todas las desapariciones suele haber, además, una responsabilidad estatal por el déficit de las acciones de búsqueda. El Estado aún no sabe actuar de manera eficaz frente a la denuncia de una desaparición. Cuando las personas o sus familias pertenecen a los sectores de menores recursos económicos está situación se agrava porque se suelen agregar la discriminación y el mal trato.

En este contexto, para resolver una desaparición se deberían formular hipótesis basadas en lo que se sabe de la vida de la persona y de las circunstancias en la que desapareció, en cuándo, dónde y por quién fue vista por última vez; en qué contacto tuvo con instituciones de seguridad o con otros grupos con capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, esto habitualmente no sucede.

Hay desapariciones que ocurren como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad, como hecho extremo de sus prácticas ilegales, violentas y de hostigamiento. En algunos casos, los policías ocultan el cuerpo para encubrir otros delitos.

También existen patrones en las investigaciones judiciales: en violaciones de los derechos humanos -no solamente desapariciones- con frecuencia el Poder Judicial toma la versión de los agentes de seguridad, la investigación y salvaguarda de evidencias se asigna a la misma fuerza denunciada y se despliegan estrategias de ocultamiento. El encubrimiento suele ser la reacción habitual frente a la denuncia de un hecho, se tenga o conocimiento de lo ocurrido. Esto habilita la introducción de hipótesis falsas y que aquellas que pueden orientar la investigación hacia el establecimiento de responsabilidades estatales sean descartadas u omitidas.

Simultáneamente, existen prácticas y omisiones estatales que hacen posible que una persona permanezca desaparecida. Entre ellas, la desidia estatal en el trato de ciertos cuerpos por parte de instituciones de salud, judiciales y de seguridad que ocasiona que una persona fallecida pueda permanecer sin ser identificada en una morgue o en un cementerio, mientras su familia la está buscando, en algunos casos durante años.

Como resultado de esta amalgama de patrones estructurales y deficiencias institucionales en los mecanismos de búsqueda e identificación, en una gran cantidad de casos existe responsabilidad estatal en la ocurrencia de una desaparición y/o en su prolongación a lo largo del tiempo aunque no se esté frente a un caso de desaparición forzada, cuando ocurre un secuestro o un ocultamiento deliberado de un cuerpo.

10. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?

Santiago Maldonado murió como consecuencia de la intervención violenta del Estado ante un conflicto con una organización social y política, que es considerado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional al que hay que responder con dureza.

El uso de la fuerza policial en las manifestaciones públicas abarca el modo en el que se diseñan y llevan a cabo los operativos y la forma en que la autoridad política responde por las irregularidades. En este caso, el Estado no sólo omitió el deber de protección y cuidado, sino que introdujo riesgos para la integridad y la vida de los manifestantes y de la comunidad, entre otros derechos que fueron vulnerados por la intervención de la Gendarmería.

La intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones está regulada por instancias internacionales, regionales, nacionales y por normas internas de las instituciones de seguridad. Estas obligaciones no ceden por el hecho de que algunos manifestantes arrojen piedras, sino que incluso estos actos deben responderse de acuerdo a principios de legalidad y proporcionalidad, de modo de que la respuesta no cause consecuencias más graves de las que busca inhibir. Para eso existen protocolos que establecen con precisión cómo debe escalarse el uso de la fuerza, quiénes pueden asumir cada decisión y con qué controles se deben llevar a cabo. La Gendarmería Nacional cuenta con normativas específicas para lo que denominan operativos “contradisturbios” que en esta intervención fueron ignoradas por completo. La actuación de la Gendarmería no se encuadró en ninguna normativa existente. Ante un operativo plagado de ilegalidades y contradicciones, la respuesta de la autoridad política responsable tampoco respondió a los principios de gobierno civil, control político y rendición de cuentas previstos. Por el contrario, afirmaciones como las de Bullrich y Barberis dejaron en claro que no habría sanciones por lo ocurrido durante la represión.

Por otra parte, este caso plantea viejas y nuevas preguntas sobre la capacidad del Estado para buscar personas, sobre todo cuando puede existir alguna responsabilidad estatal. Como desde la sociedad civil se demanda desde hace años, el Estado debería organizar los recursos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal para encarar búsquedas e investigaciones que den respuestas mejores.

Finalmente, la capacidad del Estado de encarar investigaciones judiciales serias, imparciales y efectivas también está en juego, así como el modo en el que actores puntuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo utilizan los medios de comunicación para influir sobre la investigación. En este caso en particular esta práctica recurrente ocasionó niveles altos de desinformación a la sociedad y dolor a la familia Maldonado.

La investigación debe continuar hasta determinar las circunstancias y responsabilidades por la muerte de Santiago Maldonado.

Foto: M.A.F.I.A.

Fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación asesinaron ayer a Rafael Nahuel (22) e hirieron a otrxs integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, quienes se encontraban en cerros cercanos al Lago Mascardi donde se refugiaron luego de la brutal represión del jueves.

Mujeres Originarias por el Buen Vivir y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron este domingo a una marcha que partirá a las 18 desde Plaza Rivadavia.

“Según informan desde el Lof las tres personas volvían de la montaña luego de resguardarse por días y proteger su integridad física en la ‘mega cacería’ que desplegaron el jueves 23 los grupos especiales GEOP y ALBATROS de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de gendarmería nacional”, dijo la abogada de APDH, Natalia Araya.

La noticia comenzó a viralizarse en el mismo momento en que en la localidad bonaerense de 25 de Mayo despedían los restos de Santiago Maldonado, muerto en el rio Chubut en el marco de la represión de Gendarmería a la Lof en Resistencia Cushamen el 1 de agosto.

“El primer medio local que informó sobre el asesinato titula ‘Tras el choque con fuerzas federales hay un muerto en Villa Mascardi’, como si se tratara de un nuevo ‘accidente’ o ‘fatalidad’. No ‘hay un muerto’: lo asesinó el aparato represivo del gobierno de Mauricio Macri”, aseguraron desde la Coordinadora contra la Represión Institucional.

El jueves los agentes de la Policía Federal y el grupo Albatros entraron golpeando las puertas de las casas levantadas por los Mapuche en la comunidad Winkul Mapu, en el lago Mascardi. En ese lugar, a 35 kilómetros de Bariloche, había mujeres y niños.

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Los agentes irrumpieron a las cinco de la madrugada y destruyeron viviendas. La decisión judicial justificó el desalojo en un intento de impedir que el sitio se convierta en otro Pu Lof de Resistencia de Cushamen, el lugar donde apareció muerto Santiago Maldonado. Durante el operativo detuvieron a varias mujeres y niños pequeños.

“Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio”

Recién llego del Hospital de Bariloche. Desde las cinco de la tarde estamos acompañando a mujeres mapuche con sus chicxs y miembros de distintas comunidades que quieren saber quién de los suyos fue asesinado o herido en la represión – cacería en el Lago Mascardi. Hace cinco horas que nadie les informa nada.

Las mujeres corren atrás de las ambulancias que llegan a la guardia para saber si traen a sus heridos. Abogadas defensoras de derechos humanos interpusieron Habeas Corpus preventivo.

La Cámara de Comercio local celebró la represión. Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio. Hay gente en la ciudad que “quiere bala”. Ví a mujeres mapuche llorando, angustiadas, sufriendo. Las ví cortando la calle y haciendo fuego en la puerta de Parques Nacionales. Las ví correr de la policía y bajar hacia Catedral.

Ví como dos hombres de casi dos metros fueron a pegar a mujeres mapuche y a sus hijos pequeños que habían interrumpido una misa para denunciar que estaban asesinando a su gente. Ví a dos jóvenes que fueron a impedir que eso ocurriera.

Una mujer le pegó a un niño mapuche en la catedral. Lo vi llorar y a su madre, preguntar quién lo había hecho, sin que nadie respondiera. Escuché a los fieles decir que si estaban matando mapuche “algo habrán hecho”. Cinco horas esperando que alguna autoridad local, provincial, nacional informara qué estaba pasando en el Lago Mascardi.

La ciudad se llenó de policías, la ruta camino a El Bolsón estuvo horas cortada, no dejaron pasar a organismos de DDHH que iban al lugar donde se estaba produciendo la represión – cacería. Hace un rato ordenaron allanamientos en el km 7, donde vive una mujer de la comunidad, sus lamienes pedían urgente abogados y abogadas que las acompañen.

Me vine a casa a escribir éstas líneas, algunas personas y organizaciones esperaban en el hospital novedades.

La espera y el silencio, una crueldad infinita.

Susana Yappert, comunicadora, integrante de la corriente La Colectiva.

Quién era Rafa, el joven mapuche de 22 años asesinado ayer

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Alejandro Palmas, del Colectivo Al margen, del que Nahuel participaba, lo recordó con emoción y tristeza, y contó que cuando supo que Rafael Nahuel se iba al campo a participar de la recuperación del territorio mapuche, lo vivió con alegría. Palmas afirma que la recuperación fue pacífica y que le resulta inverosímil la teoría del enfrentamiento que salieron a instalar ayer rápidamente Clarín y La Nación.
La abogada Sonia Ivanoff confirmó que hay dos detenidos e incomunicados que podrian ser testigos del asesinato de Nahuel. (Por La Retaguardia)

El chico era de Nahuel Hue, una de las barriadas populares de El Alto de Bariloche y fue asesinado ayer por las fuerzas federales, en la Lof Lafken Winkul Mapu.

A Alejandro Palmas se le quiebra la voz cuando habla de Rafael Nahuel: “era un pibe joven, andaba por los 22 años, participaba de un espacio que tenemos, una organización en un barrio muy humilde del Alto en Bariloche, que lleva adelante un emprendimiento de carpintería productiva para que los pibes le puedan encontrar una salida, estamos en el barrio, compartimos el almuerzo, hacemos talleres de música, telar mapuche, boxeo…
El Rafa era uno de ellos, habíamos ido a esquiar al Cerro Catedral, le fascinaba el esquí, esas cosas a nosotros nos hacían pensar porque si hubiera tenido oportunidades hubiera podido ser instructor pero eso no es una posibilidad para los pibes de los barrios. Era propositivo, siempre con una sonrisa, colaboraba con todo ahí, con el resto de los chicos… había hecho herrería, un pibe de barrio común, que andaba con otros amigos… Un pibe bien de barrio, de origen mapuche, que a diferencia de los otros pibes sentía orgullo de ser mapuche, no se avergonzaba de su apellido”.

En su página, Al margen publicó una nota en la que relatan que Rafael Nahuel “había aprendido a soldar y se manejaba con la carpintería. Las últimas semanas reparó el arco de futbol del Ruka Che donde todos los martes y viernes nos juntamos a fabricar el proyecto de vida que la ciudad les niega”.

Hace unos días, el mejor amigo de Rafa les anunció que se había ido con su tía a la recuperación mapuche de Mascardi. Palmas nos cuenta que lo vivieron con alegría, “sus familiares son autoridades del pueblo mapuche, él se estaba empezando a reconocer en cuál es la historia del pueblo mapuche, eso siempre iba a ser mejor que el destino que les dejá aca la ciudad a los pibes de los barrios. Era una alternativa para encontrar un proyecto de vida”.

“El tiroteo comenzó en la tarde de ayer con pedradas lanzadas por una decena de mapuches ocultos en lo alto de un cerro”, dice La Nación, y tanto ese diario como Clarín hablan de enfrentamiento. Consultado sobre este supuesto enfrentamiento, Alejandro afirma: “la gente es completamente pacífica, la recuperación fue pacífica, la idea de ellos era poder volver al estilo de vida tradicional del pueblo mapuche. Veo imposible que estuviesen armados y que hubieran osado enfrentarse con la cantidad de efectivos que había. Lo veo inverosímil, pienso que tiene que ver con la construcción de los medios hegemónicos para poder justificar este asesinato. Estamos convencidos que las fuerzas de seguridad tiraron plomo, que es lo que vienen denunciando las mujeres que fueron detenidas el día jueves. Ahora van a fabricar o plantar un arma para poder justificar. No creemos que la gente que está llevando a cabo la recuperación era gente violenta, nada que ver, era gente que quería volver a tener animales, a tener una huerta, volver a un estilo de vida más cerca del campo”.

Anoche, Alejandro estuvo como tantos otros, diferentes organismos de derechos humanos, gremiales, de pueblos originarios, en la puerta del hospital: “nos congregamos ahí especulando con que si había habido heridos iban a llevarlos al hospital público, en principio sin saber qué estaba pasando, para estar juntos, para ver qué estaba pasando en la ciudad. A la una y media de la mañana llegó una ambulancia con un cuerpo de la zona de Mascardi y se trataba de Rafael Nahuel. Para nosotros sigue siendo un enigma que pasó con los heridos”.

Por lo que pudo reconstruir La Retaguardia, los heridos continúan en el territorio.
En Bariloche hay muchísima presencia de fuerzas de seguridad, Palmas lo confirma: “ayer pasamos la ruta de Mascardi a Bariloche, en la zona de la recuperación mapuche había policía federal, prefectura, gendarmería, policía de la provincia, infantería, camiones, helicópteros, retenes cortando la ruta, pedían documentos, revisaban los coches; en Bariloche lo mismo, rodeando el hospital, antimotín, con escudos”.

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A pesar de que el juez Villanueva había negado anoche que hubiera detenidos, la abogada Sonia Ivanoff, que asiste al lonko Facundo Jones Huala, preso y con posibilidades de ser extraditado a Chile, informó que hay dos personas detenidas e incomunicadas a disposición ese Juez. Son Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González. Ivanoff contó que el juez había negado que hubiera detenidos cuando recibió a abogados de Bariloche, y que ella misma constató con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) las dos detenciones.

“Es muy importante saber sus nombres porque ellos podrían ser testigos de en qué circunstancias murió Rafael Nahuel. El gobierno desde el 30 de agosto del año pasado, ha largado un plan de entender que los mapuches al intentar imponer sus ideas por la fuerza son un peligro. Ayer, mientras se velaba a Santiago, mataron al lamien Rafael Nahuel. Pedimos por favor protección para otros que hayan visto en que circunstancias mataron a Rafael”.

Compartimos la nota de Santiago Rey, del portal En estos días, sobre Rafael Nahuel, quien ayer fue fusilado en Río Negro por fuerzas federales. “Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro”.

Rafa, un pibe de barrio
Tenía 22 años. No era militante mapuche, pero estaba en Villa Mascardi para acompañar a algunos familiares en la comunidad desalojada. Participaba en actividades solidarias y comunitarias, y hacía changas para aportar a la casa. Otro joven, pobre, y del Alto, muerto violentamente en Bariloche.

A la una y media de la mañana del recién comenzado domingo, María Nahuel llegó a la humilde casa de la familia de Rafael, en el barrio Nahuel Hue. Llevaba la peor noticia: el joven asesinado por la Prefectura durante la represión en la comunidad en Villa Mascardi era Rafael Nahuel.

Los padres de Rafael y su hermano menor de sólo 12 años enmudecieron y se abrazaron. A las dos de la mañana los recibió el Juez Gustavo Villanueva, pero no los dejó ver el cuerpo.

Rafael no era militante mapuche. La rama paterna de su familia, sí. Su tía, María Nahuel fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado jueves. Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro.

Chulengos y parrillas
“Vivía en una casa y una familia muy vulnerada, muchos problemas”, coinciden en contextualizar todos los referentes de organizaciones que compartieron actividades y proyectos con Rafael Nahuel.

Flaco, hermano del medio, laburador, Rafael participaba del proyecto Semillero del Colectivo Al Margen, donde aprendía el oficio de carpintería, luego del almuerzo y el fulbito diario. Este año había comenzado a participar de esa actividad, y con la misma organización conoció el distante Cerro Catedral, bajo el programa Esquí Social.

“Hacía changas con todo lo que había aprendido”, cuenta a En estos días Alejandro Palmas, referente de Al Margen.

Fue Alejandro el que a las 22,30 horas del sábado llevó a su vivienda en el Alto de Bariloche a la familia de Rafael, luego de varias horas en la puerta del Hospital. Les compró unas empanadas y los acompañó hasta que a la 1,30 María Nahuel llegó con la noticia.

“Es un pibe re de barrio, changueaba como podía para ayudar a la familia”, recuerda Alejandro mezclando los tiempos presente y pasado. ¿Por qué estaba en la comunidad? “Iba a ir un rato al campo, le dijo a la familia, a acompañar a algunos familiares y amigos. No era militante mapuche, pero tenía clara la lucha territorial que se estaba dando. Cada tanto participaba de algunas ceremonias”, rememora Alejandro.

Hincha fanático de Boca, jugaba al fútbol en cuanto potrerito había en los barrios del Alto. Mientras caminaba por esas calles de tierra, levantaba todos los fierros que encontraba, para hacer algún chulengo o parrilla. “Era muy buen soldador”, explica Fernando Fernández Herrero, referente del San José Obrero, una fundación que trabaja en la integración de los chicos de la zona.

En 2011 Rafael se acercó a la experiencia popular denominada Alto Construcciones -que luego derivó en el San José Obrero-, un espacio para el aprendizaje de oficio, la contención y la búsqueda de una salida laboral para los jóvenes de los barrios más vulnerados de Bariloche. Con sólo 15 años, Rafael participaba de un grupo de la capilla del Nahuelo Hue, y desde allí llegó al proyecto Alto Construcciones. “Rápidamente aprendió el oficio de herrero, le ponía muchas ganas al taller”. Tantas que, sin llegar a ser un capacitador, se convirtió en un líder del grupo.

Fernández Herrero le dice Rafita. “Era muy flaquito Rafita”, dice. “Era el típico pibe de familia muy golpeada que anda por la calle solo y que se las arregla como puede. Muy buen pibe”, dice, y suma a Rafael a la larga lista de jóvenes, pobres y del Alto que murieron en los últimos años. En distintas circunstancias murieron, pero siempre son jóvenes, pobres y del Alto.

Rafa siempre andaba con Facundo, otro pibe de su edad, otra familia vulnerada, otra historia de pobreza en el Alto de Bariloche.

Facundo murió hace aproximadamente un año, luego de sufrir problema de adicciones y verse implicado en un hecho delictivo. Fue condenado siendo menor y devuelto a su familia. Allí murió.

Un año después a Rafael lo mató la Prefectura. Los pobres siguen poniendo los muertos de la grieta social.

Fuentes: Anred, La Retaguardia, www.enestosdias.com.ar

Claudia Ferrero, abogada del SITRAIC, analizó el avance de la causa que los tiene como particulares damnificados ante las amenazas de integrantes de la UOCRA, investigación que confluye con la iniciada de oficio por la Fiscalía cuando la gobernadora denunció el “accionar mafioso” del gremio sobre los empresarios.

Respecto a las denuncias, la abogada mencionó que se tramitan en la misma Fiscalía pero de forma separada, sin embargo, no impide que “los elementos probatorios que puedan haber en un expediente puedan ser utilizados en el otro”.

Sobre la denuncia realizada por integrantes de SITRAIC, aseguró que fue como “particular damnificado por una serie de amenazas y coacciones de personal identificado con el chaleco de la UOCRA cuando [SITRAIC] desempeña su actividad gremial: verificar que en las obras no  haya personal en negro, que estén las condiciones de trabajo fijadas por la ley”. Esto originó que “personas con el chaleco de la UOCRA los abordaran de forma bastante violenta” y los amenazaran.

La investigación sigue en proceso, se tomaron declaraciones pero la abogada espera que no terminen archivadas (como suele suceder) hasta que ocurra un hecho lamentable. “En Lomas de Zamora tenemos el caso de que SITRAIC había hecho veinte denuncias de este tipo, la justicia no había tomado ninguna medida hasta que terminó con un homicidio; ahora hay condenados pero, en 2014, por una acción en defensa de las ‘quintitas’ (‘esta quintita es mía’, una de las amenazas recibidas) mataron a un obrero, Darío Ávalos”.

Aunque las investigaciones se realicen por separado, Ferrero le manifestó al fiscal “que estas amenazas están plenamente ligadas a la otra investigación que él tiene, porque es el método de algunas personas vinculadas a la UOCRA, establecen un modus operandi en el cual la coacción es un método para asegurarse que las empresas estén adheridas a la UOCRA y no entre nadie más”.

En relación al empresariado manifestó que una parte “es totalmente copartícipe de este funcionamiento”, y que SITRAIC los ha convocado a “reuniones para animarlos a cortar con este círculo vicioso”, sin éxito. Por otro lado, “hay empresas que quieren terminar con esto y son –creo– las que se han animado a dar un paso y denunciar”. También lamentó que la Cámara de la Construcción no se haya acercado a denunciar este tipo de situaciones.

“La Cámara de la Construcción no ha aceptado ni hablar del tema”, dijo y opinó que “la intervención de un sindicato no es el camino, el camino es la organización de un sindicato de forma democrática, respetando la democracia sindical, la libertad de los afiliados como está tratando de construir el SITRAIC”.

En referencia a los casos en diferentes seccionales (Bahía Blanca, La Plata) de la UOCRA, se le consultó cómo ve la situación del secretario general del gremio, Gerardo Martínez: “Esta metodología, que estuvo instalada por años, es imposible que no tuviera un aval de arriba hacia abajo. En Lomas de Zamora por el crimen de Ávalos, está prófugo hace casi dos años Walter Leguizamón. Nadie lo busca, no hay una persecución desde el Estado, está garantizada su impunidad. Igualmente consideró que “el gobierno hace su propio juego” para “conseguir la adhesión de toda la CGT para la ley de reforma laboral”.

Caso Santiago Maldonado: Audiencia del día 24 de noviembre de 2017

En el día de la fecha se nos ha informado los resultados de los peritajes pendientes de la autopsia de Santiago.

De ellos, se infiere que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, a la que coadyuvó un cuadro de hipotermia.

Asimismo, se estimó el tiempo de sumersión del cuerpo en las aguas por tres métodos diferentes: el primero estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua; el segundo más de 60, y el tercero más de 73 días.

Sin embargo la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce y por eso continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva.

Superada la relevante etapa médico-legal, el Juez Federal Dr. Gustavo Lleral dispuso a nuestro pedido, nuevas medidas de prueba a llevarse a cabo las próximas semanas.

Al mismo tiempo que exigimos Justicia y saber la verdad, prestamos permanente colaboración en la causa para averiguar cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago.

Ratificamos que continúan vigentes las siguientes certezas:

a) que el 1 de agosto hubo una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal conducida y apoyada por las autoridades políticas;

b) que se produjeron desvíos y entorpecimientos en la causa de parte de la Justicia Federal de Chubut y el Poder Ejecutivo Nacional;

c) que es necesario contar con el apoyo de investigadores especializados e independientes para lograr conocer la VERDAD, obtener JUSTICIA y evitar la IMPUNIDAD en el caso de la muerte de Santiago.

Velorio e inhumación de Santiago:

Agotada la labor pericial sobre el cuerpo de Santiago, sus restos serán velados en la calle 6, esq. 29 de la ciudad de 25 de Mayo, mañana sábado 25 de noviembre, entre las 16 y las 22 hs. El domingo 26, el velorio continuará entre las 08.00 y las 11.00 hs, momento en que será trasladado al Cementerio Parque Paraíso para el responso e inhumación.

El velorio estará abierto a la comunidad y el entierro será reservado para los familiares y amigos. En ambos casos, se ruega asistir sin teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video a los efectos de preservar la intimidad de la familia.

Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad y apoyo recibidas sin las que esta lucha hubiera sido imposible.

Familiares de Santiago Maldonado

El 5 de mayo, un accidente de tránsito en la Ruta 3 entre un utilitario que se cruzó de carril y una moto dejó a Kevin en silla de ruedas. Su padre y su hermano de dos años fallecieron. El martes por la tarde, Florencia Quintana, mamá del nene de 11, realizó una marcha junto a familiares y amigxs frente a la Municipalidad para pedir justicia.

“Mi nene jugaba a la pelota, iba a boxeo y hoy usa pañales, sondas que le cambio cada cuatro horas, […] está en silla de ruedas; tiene un golpe en el cerebro que le perjudicó el habla. Quedó en muy malas condiciones y nadie se hizo responsable”, aseguró la madre.

Quintana pide justicia “y que este hombre pague porque está como si nada. Tengo gente conocida en White y lo vieron al hombre [manejando], no le retuvieron el carnet, le devolvieron la camioneta; él arrebató dos vidas, a una persona de 33 años, a un nene de dos años y dejó a un nenito de 11 años en silla de ruedas”.

La causa judicial la iniciaron hace tres meses pero aseguró que hay alguna “mano negra” detrás. Comentó que la pericia vehicular la hizo una oficial de Villa Rosas conocida del conductor a quien “se le rompió el foco en las manos” mientras la realizaba  porque “el impacto fue muy fuerte”.

“El hombre dijo que los chocó porque iban sin luces. Era la palabra de él contra mi nene y su padre, no había testigos pero ahora encontramos uno. Esa oficial se agarra de decir que iban sin luces, cuando ellos salieron en perfectas condiciones. Mi nene se puso el casco y me dijo ‘mañana vengo’ y terminó en terapia intensiva”, aseguró Quintana.

También se refirió a las cámaras de la zona que podrían haber grabado el momento del hecho: “Está lleno de cámaras, la del Parque Industrial, la de Pedro Pico, la rotonda de White (Vialidad), pero da la casualidad que ninguna de esas cámaras tomó nada”.

Además denunció que “cuando pasó [el accidente], al papá del nene le hicieron test de alcoholemia… todo lo que te puedan buscar, le hicieron. Y al hombre no, el hombre estuvo detenido una hora y lo liberaron porque tuvo una crisis”.

Al ser consultada sobre si recibió ayuda estatal aseguró que fue “a hablar a la Municipalidad y nadie me escucha”.

Explicó los cuidados que su hijo requiere: “Vivo en el hospital, entro a las ocho de la mañana porque él tiene todo el tiempo controles; imagináte el trabajo que me lleva mi hijo hoy en día, le cambio los pañales a cada rato, tengo que ponerle una sonda porque los riñones no le funcionan.

“Estoy luchando por una silla de ruedas, me habían prestado una pero la tuve que devolver y mi nene quedó dos días sin silla de ruedas hasta que Mara Recondo (DISER) me consiguió otra. No tengo ayuda de nadie. Quiero que haga la rehabilitación. […] El nene necesita kinesiología todos los días”.

Quintana aseguró que “se vivió un caos” durante el mes que Kevin estuvo en terapia. Si bien tuvo acompañamiento “de amigas, familiares y vecinos que iban todo el tiempo”, era “día a día esperar un parte médico”. “Apenas pasó el accidente me dejaron entrar y pasar toda la noche con él, me dijeron que ‘mi hijo no iba a vivir’ porque estaba en un estado muy grave”.

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Ella reclama que mientras su hijo “estuvo 15 días mal, no abría los ojos, estaba inconsciente”, el conductor no se acercó ni “tampoco mando a nadie a preguntar” si Kevin estaba bien. “Ya sé que puede tener miedo porque mató a su papá y su hermanito, yo entiendo que es difícil, pero aunque sea un poquito de corazón, de decir ‘le arruiné la vida a un nene de 11 años’”, pidió Florencia.

El martes, mientras reclamaban frente al municipio, la Guardia Urbana dejó de cortar el tránsito y los autos llegaron hasta donde Kevin, Florencia, familiares y amigxs cortaban la calle. Recibieron bocinazos e insultos.

Florencia le dijo a los automovilistas: “Todos somos madres, abuelos, tíos. Hoy me tocó a mí y mañana no saben si les puede tocar. […] No deseo que a nadie le toque vivir lo que yo vivo de cambiar pañales, una sonda, a una persona que estaba bien. Ojalá nunca les toque estar en mi lugar. Ellos se piensan que fui a cortar una calle porque quise”.

Ante la intención gubernamental de modificar la reglamentación de la Ley de Salud Mental, la licenciada Marcela Arzuaga, ex jefa del Hospital de Día de nuestra ciudad, dijo a FM De la Calle que “cualquier cuestión restrictiva a la hora de pensar las intervenciones en problemáticas de salud mental y de adicciones, que no tengan todo el abanico que es necesario para la inclusión de una persona en la sociedad, va a quedar resumida a una internación compulsiva”.

“La Ley de Salud Mental, es en realidad Ley de Salud Mental y Derechos humanos, este es un punto importante a tener en cuenta por lo que viene después. La ley nacional se promulga en el año 2010 y se reglamenta en el año 2013 y plantea que la salud mental ya no es solo un estado de bienestar psicosocial, dentro del marco de la salud, sino que se reconoce que hay condicionantes que son sociales, históricos, psicológicos, que trascienden el cuadro psicopatológico y, sobre todo, que la atención a las personas con padecimiento mental tiene que ser interdisciplinaria y mucho más abarcativa”, explicó.

Arzuaga agregó que “la ley nacional se promulga en 2013 teniendo en cuenta lo que fueron las 100 reglas de Brasilia, porque sabemos que en nuestros países no sólo tiene que estar la ley, sino que se garantice la accesibilidad. Porque sabemos que los grupos más vulnerados son los que no acceden a derechos (…) En el tema de la salud mental el estigma coarta todo tipo de derechos, porque uno lo tiene en lo cotidiano a esto. En la Ley Nacional de Salud Mental está abarcado en término de: el Poder Legislativo le dice al Ejecutivo que instrumente determinado tipo de políticas, más allá de las de salud, para garantizar la inclusión de estas personas.”

Respecto a la puesta en práctica de la norma, la licenciada comentó que “se fue ejecutando parcialmente, deficientemente. Entonces, los que venimos en la lucha por una salud mental en el marco de los derechos humanos lo que pedimos es, la plena implementación de la ley, que sabemos es compleja y no está instrumentada, no sólo en salud sino desde otros ministerios que es imprescindibles que se comprometan a la ley”.

“El planteo es: pidamos, exijamos la plena implementación de la ley, o la ampliación de derechos que plantea la ley. Pero no restrinjamos la ley, porque esa implementación de derechos no está. Esto es lo que nosotros venimos a decir”.

En relación a las modificaciones que planea el gobierno, Arzuaga sostuvo que este decreto “deja traslucir” la vuelta a la internación compulsiva en manicomios. “Con otro nombre, porque no habla de manicomios, sino de clínicas especializadas pero a la letra sabemos que es lo otro y que no es una cuestión voluntaria, o porque la gente es mala y quiere hacer manicomios”.

“Es porque, quienes venimos estudiando esto, tenemos los fundamentos para poder decir que cualquier cuestión restrictiva a la hora de pensar las intervenciones en problemáticas de salud mental y de adicciones, que no tengan todo el abanico que es necesario para la inclusión de una persona en la sociedad, va a quedar resumida a una internación compulsiva”.

Arzuaga comentó que en Bahía Blanca están “trabajando desde distintas organizaciones sociales, se está planteando también en la mesa del Concejo Deliberante, que ahí nos reunimos distintos organismos estatales y organizaciones no gubernamentales y estamos intentando generar, creo que el Colegio de Psicólogos también está en asamblea, para sentar una posición y fundamentarla”.

El dirigente de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Enrique Gandolfo, dialogó con FM De la Calle sobre los proyectos de reforma laboral y jubilatoria que analiza el Congreso.  El próximo 2 de diciembre –a las 9:30 en Suteba- se realizará un encuentro abierto de trabajadoras y trabajadores para analizar las medidas a tomar en el marco del debate parlamentario.

“Acá hay un análisis que es sencillo: el que se jubila a los 65, yendo a una jubilación que promete ser paupérrima, obviamente estará interesado en continuar hasta los 70 si puede, si está en condiciones y si el cuerpo le da, para no deteriorar su calidad de vida en esos últimos años de laburo y, en algunos casos  de vida también. De manera que, esto en conjunto con la reforma laboral conforma un cuadro de precarización de las construcciones de vida y de trabajo”, comentó.

Respecto de las modificaciones introducidas por la CGT al proyecto de reforma Gandolfo sostuvo que “Son algunos, pero el proyecto original sigue en pie. El banco de horas del cual se hablaba, aparentemente, se ha quitado y la cuestión de contar las horas extras para el aguinaldo vuelve a estar presente, pero son concesiones mínimas”.

Asimismo agregó: “Son 145 artículos los del proyecto de reforma laboral, de los cuales hay solo uno solo que favorece al trabajador que es el aumento de los días por paternidad. Todos los demás tienen un carácter regresivo”.

Mario Romero, secretario general de APINTA, dijo a FM De la Calle que un informe d el Ministerio de Modernización asegura habría un “sobrante” de 1057 trabajadorxs del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

“En principio habían comunicado al consejo directivo del INTA que eran 750 trabajadores que, a criterio del Ministerio, sobraban. Ahora han hecho un informe final y dicen que sobran 1057 trabajadores. Ante esta situación el gremio está en estado de alerta y movilización, y tenemos planteado un plan de lucha que va a ser analizado el 6 de diciembre en Mar del Plata en un congreso extraordinario”, afirmó.

El dirigente explicó que “el Ministerio contrató una consultora que estuvo trabajando seis meses en el INTA de Buenos Aires, visitaron la [estación] experimental de Pergamino y un instituto de investigación en Castelar. En base a esos dos relevamientos que hicieron en el terreno, aplicaron un criterio para todo el país”. Si los despidos se hacen efectivos “ponen en riesgo el funcionamiento institucional”.

Según Romero, “es poco serio el trabajo que se ha hecho, sin relevar en el terreno y conocer la actividad que hace el INTA en cada una de las estaciones experimentales y los centros regionales del país. La metodología utilizada no es la correcta”.

También aseguró que “el fondo de la cuestión es que hay una decisión política del gobierno de hacer un ajuste del 15% en las plantas de personal. Cualquier estudio que hagan estas consultoras privadas el objetivo es llegar a que en cada uno de los organismos sobra el 15% de la planta”.

Respecto a cómo era la situación del INTA en años anteriores Romero manifestó que no hubo despidos más allá de “alguna incertidumbre el año pasado sobre los contratados” y que en los últimos cinco años la plantilla de personal sumó a 250 agentes.

El INTA tiene “7100 trabajadores que desarrollan su tarea desde la Quiaca hasta Ushuaia” y un recorte de estas características “pondría en serio riesgo el desarrollo institucional, uno de siete trabajadores perdería su puesto de trabajo”.

En un organismo donde hay proyectos que se trabajan sobre el territorio, “generaría una merma muy importante del funcionamiento institucional, además del impacto social que tendría en cada una de las regiones que se queden 1000 trabajadores sin su fuente de trabajo”, ratificó.

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El secretario general de APINTA explicó que el nuevo presidente del INTA, el ingeniero agrónomo Juan Balbín, ya está al tanto de “la situación que está viviendo el INTA en el tema presupuestario y en la posibilidad de achique del personal”.

Respecto a la reciente asunción del nuevo ministro de Agroindustria, Romero detalló: “La asunción de Etchevehere nos preocupa […]  por conocer cómo piensa él y qué es lo que piensa la Sociedad Rural. Tienen un pensamiento de un Estado mucho más chico y un INTA trabajando para un solo sector de productores, los grandes productores. Nosotros […] tenemos que trabajar con los grandes, con los pequeños, con la agricultura familiar, con todos los productores del país. Esa es la preocupación y por eso estamos en estado de alerta y movilización”.

Matías Peralta, psicólogo del equipo técnico del programa Envión, se refirió en FM De la Calle a la manifestación realizada el viernes frente al Municipio contra la discontinuidad y la precarización laboral.

“La gota que rebalsó el vaso” fue la finalización del contrato de diez de los diecisiete talleristas, por lo que algunos meses en el cierre del año se van a quedar sin talleres. Sin embargo, esta situación no es la primera que la padecen.

“El reclamo de fondo sucede desde que se inició el programa en el 2010. El programa nació precarizado”, aseguró. Al ser “mitad de provincia, mitad del municipio, no terminaba siendo de nadie”. El tema “ahora es puntualmente esto pero de fondo es la falta de recursos que viene hace siete años, las condiciones nuestras de contratación (monotributo)”. A modo de ejemplo dijo que “un psicólogo de planta, por la misma cantidad de horas, cobra 10 mil pesos más que nosotros”.

El pago de los talleristas también afecta a los chicos, el vínculo que se forma “y la revinculación, que es tan importante”. “La rotación de los equipos técnicos hace que los profesionales renuncien” al poco tiempo “por las condiciones de contratación”. “Luchamos porque hay precedentes en varios municipios que el municipio ha decidido adoptar [este tipo de programas] como una política pública, y se ha municipalizado”.

Envión está en seis barrios estratégicos y los equipos trabajan (aproximadamente) con mil chicos. “El programa está focalizado en el adolescente como protagonista de cosas positivas y no por ahí la mirada más estigmatizante. Algunos barrios no solo atienden adolescentes sino también a los hermanos menores. […] Se trata de talleres recreativos, apoyo escolar y distintas intervenciones”.

“Realmente es muy importante el alcance y por ahí hubo dichos esta última semana de que los talleristas iban a ser reconvocados en febrero/marzo y que se los daba de baja ahora porque empezaban las vacaciones”. El psicólogo explicó que jóvenes de 15 años ya no acceden a una colonia, como mucho pueden ir al balneario local pero “nos vacían de talleres en una época en que el chico no tiene clases y tiene tiempo libre; la gente no se va de vacaciones como salieron a decir, no dicen ‘bueno me voy la primera quincena’”.

Peralta resaltó la importancia del programa ya que “es una edad clave en la que ellos tiene que verse desde lo positivo que pueden hacer, por eso se llama Envión; es un empujón para el adolescente, para que vea todo lo que puede hacer”.

Peralta destacó que “el progreso es muy bueno”, los pueden acompañar “en todo su crecimiento”, desde que vienen a los 12 hasta que ya son padres y vuelven con sus hijxs. También comentó que es un trabajo “en red con la familia, con las escuelas, (…) el vínculo que se ha creado con los jóvenes es increíble. Es emocionante verlo y acompañarlos en lo que vayan haciendo”.

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Otra de las quejas es la falta de recursos que los obliga a improvisar. “Se rompe y no se repone, no llegan recursos para el taller y eso le baja la calidad. La calidad de los materiales, cosas mínimas que hemos dejado de tener, como la comida para la merienda que es importante. Hemos tenido que pelear hasta por la gestión de galletitas para los chicos”, aseguró.

Para tener una dimensión presupuestaria, lo que cuesta el mantenimiento de talleres en tres sedes es equiparable al dinero que Cultura invirtió en el hospedaje de los músicos de Arjona. Mientras tanto, Peralta explicó “los talleres no tienen mayores gastos. Estamos hablando de talleres de serigrafía (donde solo es necesario comprar las tintas) y en costura (muchas veces las máquinas de coser son donadas)”.

El psicólogo enfatizó la importancia de mantener los talleres durante el verano, a pesar de que las autoridades dicen que “en esta época del año los chicos van menos a los talleres, es al revés, se avocan a ir a Envión. Se quedan todo el día, vuelven a la casa a almorzar y después regresan”, detalló.

Comunicado de lxs trabajadorxs de ENVIÓN:

LOs/As ChicOs/As no se van de VaCaciOnes

Los talleristas y Equipos Técnicos de Envión queremos responder los dichos de la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, Letizia Tamborindeguy, de la misma manera que desde el municipio han respondido a nuestro reclamo: por los medios de comunicación.

El viernes 17 los trabajadores de Envión nos manifestamos en las puertas del palacio municipal ante la suspensión de los Talleristas a partir del 30 de este mes.
En primer lugar, repudiamos la INTIMIDACIÓN que recibimos por parte del personal POLICIAL uniformado y “de CIVIL” hacia los trabajadores y manifestantes. Pidieron nombres y apellidos de responsables y anotaron en sus libretas, nos interesaría saber POR QUÉ pedían nuestros datos si estábamos manifestamos pacíficamente.
En segundo lugar, creemos que CERRAR LAS PUERTAS DE LA MUNICIPALIDAD y evitar el ingreso nuestro y del resto de los/as ciudadanos/a fue innecesario, ya que la gente tiene derecho a demandar los servicios que brinda el Estado en ese espacio.

Ahora sí, responderemos algunas cuestiones a las que hizo referencia la Subsecretaria en sus declaraciones a los medios de comunicación locales:

Durante los meses de diciembre, enero y febrero (como en julio y agosto) no disminuye la concurrencia de los jóvenes a las sedes y por el contrario aumenta, dado que los/as jóvenes están en receso escolar. Como, en la mayoría de los casos, NO SE VAN DE VACACIONES fuera de la ciudad, el espacio de contención y esparcimiento que los/as recibe es el Envión.
El despido de los/as 11 talleristas fue comunicado POR TELÉFONO, a cada uno/a de manera distinta y con distintos argumentos. Y en ningún momento se les mencionó alguna “REORGANIZACIÓN DEL STAFF”, incluso a varios/as se les comunicó que la desvinculación se debía a un AJUSTE PRESUPUESTARIO del Municipio, ya que la plata de la partida presupuestaria para ese fin habría sido utilizada para otras cosas.
Los/as Talleristas no estaban comunicados/as de que su contratación duraría tres meses, sino que ésta se renovaría automáticamente cada tres meses. Esta es la forma en la cual vienen funcionando los espacios en el Programa Envión, de hecho, es lo que ocurrió en el mes de octubre. Por lo que sería la primera vez que despiden a talleristas de esta manera.
No creemos que se mezclen reclamos anteriores con éste. Se trata de LA MISMA PRECARIZACIÓN que venimos atravesando quienes trabajamos en ENVIÓN desde hace muchos años. Y el reclamo siempre es el mismo: LA REGULARIZACIÓN Y EL SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA; de sus trabajadores y trabajadoras, de sus talleres y los insumos para los mismos, del mantenimiento de las sedes que cada día, en cada uno de los seis espacios que funcionan en la ciudad atienden a cientos de jóvenes de manera integral y en coordinación con muchas otras instituciones. En este caso puntual se ven interrumpidos procesos de aprendizaje y construcción en cada taller, en el espacio de apoyo escolar en momentos de rendir materias en la escuela, y un vínculo con los y las talleristas que no siempre es fácil de construir y sostener y por el que se trabaja con mucha dedicación.
La tarea del Municipio de Bahía Blanca no se reduce al acompañamiento del Programa Envión. El convenio firmado con la Provincia de Buenos Aires hace responsable al Municipio de la gestión de recursos tales como talleres y materiales para llevarlos a cabo.
Habiendo entregado una nota de pedido de REUNIÓN CON EL INTENDENTE hace DOS MESES, otra carta a la subsecretaria el lunes 13 de noviembre para que se revierta la situación, sin respuestas, y habiéndosenos negado el acceso y la atención el viernes 17 de noviembre en el Palacio Municipal; nos parece un DESTRATO habernos anoticiado de las respuestas al reclamo a través de los medios de comunicación.

Por todos esto SOLICITAMOS LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LOS/AS 11 TALLERISTAS DESPEDIDOS/AS
Y QUEDAMOS A LA ESPERA DE LA REUNIÓN CON EL INTENDENTE HÉCTOR GAY..

Talleristas y Equipos Técnicos – Envión Bahía Blanca

 

Esta mañana dirigentes sindicales de diversos gremios realizaron una conferencia de prensa para expresar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el macrismo a nivel nacional. “El jueves pasado tuvimos una reunión entre la CTA, organizaciones de jubilados y la Corriente Federal, en conjunto hemos tomado posición frente a esta reforma laboral y a la reforma previsional que van de la mano”, dijo Enrique Gandolfo, de la CTA local.

“Macri dijo que todos debemos ceder algo pero ocurre lo inverso. Los únicos que estamos cediendo somos quienes vivimos de un salario o de una jubilación” agregó.

Durante la conferencia, el dirigente gremial en representación del espacio antes mencionado dijo que “el proyecto de reforma previsional está contemplando una modificatoria del haber jubilatorio a la baja que conduce a quitar 100 mil millones de pesos del ANSES para el año que viene. Pero además trae aparejado la reducción de los aportes patronales. También buscan aumentar la edad jubilatoria”.

También condenaron “la anuencia de una parte de la dirigencia sindical” porque la reforma “está hecha a medida de los grandes empresarios”.

“Vamos a oponernos y creemos que nadie debe hacerse el distraído frente a esto. Propiciamos un encuentro amplio de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas hacia el dos de diciembre”. Aún no se puso hora y lugar para este encuentro. Será en formato de plenario, buscando la participación de trabajadores/as sin distinción de afiliaciones sindicales.

Se trabajará en estado de alerta en función de convocar a nuevas antisindicales si el proyecto avanza en curso de aplicación.

Finalmente, el docente sostuvo que “acá no hay que mirar a qué sindicato o central estamos afiliados. Creemos que es el momento de la unidad para luchar en nuestros lugares de trabajo pero también en las calles”.

Las trabajadoras y los trabajadores de INCOB celebraron esta semana dos años de “gestión obrera plena” con jornadas de debate sobre autogestión y cooperativismo. “Mientras esto crezca, crecemos todos y por eso pedimos que Bahía Blanca apoye la expropiación, así podemos pensar en el futuro y seguir autogestionándonos como hasta ahora”.

María del Carmen Dauphin aseguró que el ataque de integrantes de la gestión anterior, ocurrido el 17 de noviembre de 2015, ya es un hecho “anecdótico” y destacó el crecimiento logrado en los últimos meses.

“Hemos podido presentar nuestros primeros balances, tenemos una autogestión muy buena de la cual nos ha hecho crecer día a día como personas y como cooperativa. Gracias a esto se fueron realizando muchísimas mejoras, ya sea en la parte laboral como en la nueva carnicería que estamos tratando de abrirla para el mes de diciembre”, dijo el en conferencia de prensa.

La carnicería solidaria que proyectan es para “que la sociedad de Bahía Blanca pueda comprar y consumir un alimento básico a bajo precio. Por eso es que lo estamos haciendo con muchísimo cariño y, obviamente, con mucha responsabilidad para que todos puedan acceder a nuestra cooperativa”.

Además del trabajo diario del frigorífico, INCOB tiene en marcha una escuela primaria de adultos y el próximo año abrirá una secundaria con el apoyo de la Universidad Nacional del sur. También ofrecen apoyo escolar y talleres de música. En 2018 sumarán un taller de depostador y charqueador que permita a jóvenes contar con una salida laboral.

Por otro lado, están trabajando junto a técnicos del INTA en la gestión de residuos producidos por la actividad del frigorífico. “Queremos transformarlos en algo energético para no contaminar el medio ambiente. Una de las cosas es un biodigestor y la otra sería abono”.

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“Ahora vamos por la expropiación definitiva, queremos que Bahía Blanca se haga dueña de INCOB y más que nada para lo que es la cuestión trabajadora, de que toda la sociedad pueda tener acá un lugar de trabajo”, dijo Dauphin.

Orlando Acosta, agregó que “la expropiación es un permiso temporal para que uno a título oneroso pueda trabajar en las instalaciones. Lo que uno tiene que lograr para tener una expropiación definitiva es hacer el pago del inmueble a la provincia que es la que tiene que negociar con las partes, con la quiebra o con la persona que haya adquirido la quiebra de Paloni”.

“Venimos viviendo todo el tiempo la autogestión y vemos la posibilidad que hay delante de la quiebra, no es el final, desde nuestra experiencia vimos la necesidad y lo productivo que podía llegar a ser un encuentro de cooperativas de trabajo donde se pudieran compartir experiencias, con cooperativas locales como de otras provincias e incluso con personas que han llegado desde el extranjero para participar de este primer encuentro”, manifestó Acosta sobre las Jornadas Sentimiento Latinoamericano.

Participaron INTA, UNS, FASINPAT, Cáritas, FM De la Calle, Hotel Bauen, Movimiento El Grito, Cooperativa La Poderosa, Cooperativa Las Morenas, Cooperativa Bahía Blanca, Cooperativa El Progreso, Escuela Primaria de Adultos Nº72, UMSur y José Miguel Gómez de la Comunidad Internacional de Economía Social de Cooperativas.

 

Hace tiempo distintos sectores de la cultura local denuncian el desguace del área municipal que conduce Ricardo Margo. En ese marco, Mónica Oliver, integrante del “Bahía Blanca Che” explicó días atrás que el Instituto Cultural no iba a otorgarle ningún tipo de ayuda para el Salón Mil Miradas.

“Somos una Asociación Civil sin fines de lucro que defendemos todo lo que tenga que ver con el arte y las artesanías locales y regionales. En ese sentido, hacemos un salón para incentivar a la gente a que produzca, que cuente, para que nos contactemos y estemos en cercanías, que este ya es el noveno año que lo hacemos. El salón se llama ‘mil miradas’ y tiene dos particularidades que son: que no se rechazan obras y además de un jurado especializado, hay un jurado de público”, dijo a FM De la Calle.

Agregó que “este año, el día anterior a inaugurar, nos llaman desde el Instituto, el señor Valverde, y nos dice que no va a ver un solo peso para el salón. Después de que todos los años nosotros nos reunimos a principio de año y acordamos, no es que lo pedimos de un día para el otro, y además nosotros estamos en la ordenanza de Eventos Permanentes, o sea que es realmente es una cosa increíble”.

Consultada sobre los argumentos que le dieron desde el Cultura para negarle el dinero, Oliver comentó que les manifestaron que “hay que ahorrar y yo le dije que me parecía que había que ahorrar en sueldos de funcionarios que son absolutamente altos y desmedidos para la situación”.

Oliver explicó cómo funciona la ordenanza de Eventos Permanentes: “Hay una cantidad de eventos en Bahía Blanca que se hacen con permanencia, a los cuales se pueden agregar y se podrán bajar los que ya no se sigan haciendo. A los que ya se le tiene que destinar un determinado monto de dinero. Hay un dinero que ya está específicos para esos eventos, que son muchos en Bahía”.

A pesar de estos embates, el Salón de hizo igual y recibió dos ofertas de subsidios de los legisladores Jaime Linares (GEN) y Federico Susbielles (Unidad Ciudadana). “Supongo que con eso vamos a poder pagarle a la gente”, comentó Mónica Oliver y agregó: “Nosotros igual no vamos a bajar los brazos, porque entendemos que ese dinero nos corresponde, que hay que pelearlo y que tenemos que juntarnos con todas las demás entidades y ver qué es lo que sucede”.

La semana pasada Bahía Blanca Che se reunió con la Comisión de Cultura del HCD y solicitó una reunión con el intendente Héctor Gay. “La reunión la tuvimos el martes pasado (con el HCD), aunamos algunos criterios y ellos bueno, también están pidiéndole motivos y razones al señor Margo. Pareciera que esto es un castillo impenetrable”.

Preguntada sobre la actual gestión Ricardo Margo en comparación con su desempeño en los ’90 en el mismo cargo, Oliver sostuvo que “hay muchos puntos de contacto”. “Recordemos que él fue una de las personas que permitió que no se pudiera continuar con la Feria de la Cultura, de alguna manera la cerró al no darle más el apoyo y también cerró el Museo. O sea, yo no creo que no tenga política cultural, tiene una política cultural desastrosa que los bahienses no nos merecemos”.

“Bahía es una ciudad con una cantidad de energías y de trabajos y de producciones originales que son fantásticas. No tenemos por qué envidiarle nada a ningún espectáculo de ningún lado, realmente tenemos un potencial extraordinario y lo demostramos todo el tiempo. Yo pensaba sinceramente que este hombre había reflexionado, pero se ve que no”.

Olga Corrales: “No vamos a tener absolutamente nada”

Por otra parte, el Municipio tampoco cumpliría con lo acordado con las organizadoras del 8° Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs que se realizará el próximo sábado 25 de noviembre en la Plaza Rivadavia. Olga Corrales explicó que “el encuentro se viene realizando hace 8 años, es un evento autogestivo, independiente”.

Además, detalló cómo fueron las conversaciones con Margo: “Solicitamos todos los años al Instituto Cultural los recursos que nos corresponden como artistas para poder llevar a cabo el encuentro, ya que implica muchísimos gastos como el escenario, sonido, baños químicos y el fondo que está destinado a los Eventos Permanentes. Pero nos han avisado a días del Encuentro que no vamos a tener absolutamente nada. Así que por esta política que está teniendo el Instituto Cultural de ‘ahorrar’, que ‘no hay dinero’. Existe “una desvalorización a la cultura y a los artistas locales”.

“El Encuentro es un trabajo que estamos haciendo porque faltan las políticas públicas necesarias. Tiene un fundamento de concientizar y de prevención que lo hacemos porque no existen políticas públicas que se estén ocupando de manera correcta para trabajar estos temas”.

Durante la sesión de hoy el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad dos pedidos de informe respecto del posible uso ilegal de fondos públicos por parte del director del Instituto Cultura, Ricardo Margo.

Una minuta de comunicación solicita al Departamento Ejecutivo que “informe respecto a las solicitudes de pedido Nº 4946 y Nº4915 y Nº5132 que en RAFAM aparecen como imputadas a la cuenta correspondiente al Fondo Municipal de las Artes”.

La edil del Frente para la Victoria, Betiana Gerardi, explicó que “tiene que ver con una erogación de gasto relacionada a hotelería para el artista Arjona. A raíz de esa orden de compra se evidencia que no solamente está imputada a la cuenta del Fondo Municipal de las Artes sino que hay dos más”.

Según el artículo 2 de la actual ordenanza que rige el funcionamiento de esta cuenta especial, “el destino del Fondo Municipal de las Artes será definido por el Consejo Cultural Consultivo”. Sin embargo, el ex animador de eventos salteó la ley y dispuso a su antojo para pagar el hotel de su tocayo Arjona.

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La artista plástica señaló que “hace muy poco fueron aprobados treinta expedientes” mediante el mecanismo de selección que dispone la norma, basado en el funcionamiento institucional del Consejo Cultural Consultivo. Las tres erogaciones mencionadas no figuran entre las resoluciones oficiales.

Por su parte, otra minuta de comunicación solicita “informe respecto a los gastos que registra el Instituto Cultural en conceptos de hotelería y catering para espectáculos”.

El oficialismo realizó una pobre defensa enumerando fríamente procedimientos de rutina del Instituto Cultural, evidenciando amplio desconocimiento de la vida cultural bahiense. Mencionó números aislados pero olvidó señalar la cantidad de festivales desfinanciados y programas desarticulados.

Gustavo Mandará (FpV) sostuvo que “casi nunca” dan respuesta a pedidos de informe como este. Dijo que Margo debería dar respuesta como hacen las entidades intermedias –en referencia a un integrante de Bomberos que rindió cuentas a través de la Banca 25-  “en lugar de andar dando vueltas por los medios, confundiendo, tomando el tema con sorna, haciéndose el interesante. Como todos lo conocemos mucho… Pasa que cuando a los payasos o a los magos uno ya los vio muchas veces  y les conoce los trucos y dejan de divertir, cansan, aburren”.  También cuestionó la política de Héctor Gay en materia cultural, representada por quien ya había oficiado de referente municipal del área en los 90.

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Arjona se presentó el 3 de noviembre en el estadio de Liniers. La erogación de más de cincuenta mil pesos para costear los gastos de hotelería de la productora privada que gira con el guatemalteco se da a tres días de que el municipio diera a conocer un decreto que recorta el 70% de las horas extras. Esta medida tiene como consecuencia el cierre de museos en Bahía Blanca durante el fin de semana, así como el normal funcionamiento del Teatro Municipal, incluida su boletería.

En el mismo sentido, durante este año Margo negó fondos públicos a realizadores de diferentes festivales sin fines de lucro, incumpliendo la ordena N° 19038 de “Eventos Artísticos y Culturales de Organización Regular y Continuidad” cuyo presupuesto para ejercicio 2017 es de más de un millón de pesos. Sin embargo, fue otorgado menos del 10%. Margo tampoco ha explicado qué hizo con el resto de los recursos asignados a esta partida al mismo tiempo que niega fondos a los encuentros, eventos y jornadas locales.

Por último, en co responsabilidad con Morena Llanca Rosselló (Educación), cabe recordar que no dio respuesta ante los reclamos de la Orquesta Infanto Juevnil del Barrio Miramar durante 2016, organismo que ha pedido audiencia con el jefe comunal, luego del maltrato sistemático recibido por parte de Margo. El gobierno de Bahía Blanca dejó sin clases a más de 30 niños, niñas y adolescentes en el marco de este ajuste y los docentes no firmaron contrato en todo lo que va del 2017.

En cambio, Arjona duerme tranquilo.

 

Todo esto se verá reflejado en la primera muestra individual de la escultora y activista feminista, Olga Corrales. “Manos Mugrientas” quedará inaugurada este viernes a las 18 en la Casa de la Cultura (Avda Alem 925) en el marco del VIII Encuentro Nacional de Artistas por la No Violencia hacia las Mujeres y Niñ@s.

“Será una muestra retrospectiva donde se sumarán nuevos trabajos y la presentación del proyecto colectivo de mail art (movimiento del arte postal) ‘Miradas y Postales’, luego de la muestra itinerante internacional que tuvo entre el 2013 y 2016”.

La artista explicó que “refleja todo su trabajo de años de activismo” y hace referencia a los dichos del intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, cuando dijo que Corrales “tenía las manos mugrientas” por haber hecho un graffiti diciendo ‘Vivas nos queremos’ en Punta Alta durante el último Ni Una Menos. “Hubo un abuso de poder de parte de esa persona” y a raíz de ese suceso “tuve amenazas”, manifestó.

“Varias invitaciones del evento se han realizado por arte postal” y “forman parte de la muestra sólo el día de la inauguración ya que luego serán devueltas a sus dueñes” explicó Olga.

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La escultora busca que sea “una muestra que impacte”. “Manos Mugrientas” es una muestra que refleja las manos que se tiñen de arte, manos que vivieron las injusticias, manos rudas, fuertes, empoderadas y… orgullosamente mugrientas”.