Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

F&F: “Es un reconocimiento de que no podía ganar las elecciones”

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El senador provincial Andrés De Leo opinó acerca de la fórmula Fernández- Fernández y ratificó la continuidad de la Coalición Cívica en Cambiemos de cara a octubre. “Las elecciones han tenido algunos matices, se parece más al escenario del 2015 que al del 2017”, comentó.
“Está claro que es un escenario nacional dónde todavía la situación económica es bastante preponderante pero vemos que los signos e índices económicos empezaron a recuperarse. Cambiemos y el presidente se van recuperando. Creo que Cambiemos será muy competitivo”.

Respecto a la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidenta comentó que “es un reconocimiento de que no podía ganar las elecciones. Está buscando con este golpe de timón, generar una mejor expectativa, está buscando un manto de impunidad sobre las causas de corrupción que pesan sobre ella en algunos escenarios. Hace una semana que (Alberto) Fernández mencionaba que no era posible que Cristina nombrara a un candidato porque iba a ser un títere, además de la amenazas a jueces que iban a tener que revisar lo que estaban haciendo”.

En relación a Bahía Blanca comentó que “creo que el intendente ha manifestado voluntad de continuar y entiendo que eso se va ratificar en los próximos días. Yo iré (por la reelección) en tanto Cambiemos o la Coalición entienda que tenga que ser. Hasta el 21 de junio estaremos hablándolo”.
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Roucomar: “30 familias dependen de esa fuente de trabajo”

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Trabajadores y trabajadoras de la empresa Roucomar, radicada en Ingeniero White, se encuentran luchando por la continuidad de sus fuentes laborales.

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Juan Pablo Moreno, comentó a FM De la Calle que “la empresa emite una desfinanciación donde se le hace imposible continuar en estos términos si no encuentran una inyección de dinero. Esto nos movilizó entendiendo que viene saliendo del concurso preventivo de crisis, que hace más de tres años viene reestructurándose”.

“Le planteamos la necesidad de continuar, vamos a luchar por la continuidad laboral, la plaza de trabajo no es la que sobra. Hay 30 familias que dependen de esas fuente de trabajo. Creemos que tenemos que apelar a las fuerzas vivas de nuestro municipio, sobre todo porque con la tasa de interés la posibilidad de que las pymes puedan obtener un crédito es inviable”.

“Roucomar se dedicó históricamente al pescado y productos del mar. Como se viene reestructurando tiene un 10% de carne del mar y el resto son carnes vacuna, pollo, han hechos rebosados. Somos el último eslabón que es la comida. Cuando llega la crisis ahí vemos que es tremendo lo que está pasando en líneas generales. Se complica también con los aportes de la obra social porque lo primero que hacen es dejar de hacer los aportes, moratorias y cuestiones que nos complican a nosotros también”, finalizó Moreno.

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“Los indicadores de precios y salarios no son alentadores”

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Desde el CREEBA calificaron el contexto económico como “desahucio”. Señalan que la situación general de las empresas de la ciudad desmejoró considerablemente al igual que los salarios.

Andres Meiller, integrante del Centro de Estudios Económicos, comentó que “hace un año y medio que el resultado que se ve es negativo, la cantidad empresas que están peor superan a las que tienen un mejor desempeño. La situación copia los resultados nacionales”.

“El desahucio lo asociamos a la subida de canasta básica y alimentos que por ahí son menos esenciales que van perdiendo participación. Los comercios no logran aumentar su ventas por más que trabajen al costo, indumentaria y vehículos son los sectores más golpeados”, comentó el economista.

Respecto al mercado inmobiliario dijo que “la finalización de los créditos, el alza del dólar y la inestabilidad general afectaron. Hay un 60% menos de actas de compraventa que el año pasado, se nota en lo alquileres. Hay una  migración de alquiler, se tiende a bajar de categoría de alquiler, tanto la situación como las expectativas no son alentadoras”.

En marzo el salario real se contrajo un 0,7% en relación al mes anterior y un 8,2% respecto al mismo mes del año pasado. “Para la medición dejamos de lado el empleo precario o informal. Por lo tanto, seguramente la situación general es algo peor que la que se informa en el estudio. Marzo, abril y mayo van a implicar nuevos ajustes paritarios, muchos de ellos tienden a ser retroactivos, en estos próximos meses tal vez se pueda recuperar el poder de compra”, finalizó el economista.

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Contra el desguace y por los derechos culturales

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El miércoles próximo se realizará frente al Municipio una actividad contra el desguace cultural bajo la consigna “el arte en la calle en defensa de los derechos culturales”.

Cecilia Epherra, integrante del Consejo Cultural Consultivo, habló con FM De la Calle para contar detalles de la convocatoria. “Todas esas problemáticas, que son específicas en lo que afectan a trabajadores y trabajadoras de cultura, empezaron a confluir en el desguace cultural, una articulación entre precarización laboral, subejecución de partidas presupuestarias y una política donde la cultura no representa ninguna prioridad en cuanto a la inversión de fondos públicos”.

“El desguace cultural era un punto más de la Audiencia Pública Popular del año pasado. Estaba puesto mano a mano con la emergencia en niñez, con la situación alimentaria, con la subejecución del Fondo Educativo, la situación de la salud pública, la desarticulación de políticas de género. Estaba la emergencia social como un todo. Tuvimos la necesidad de reencontrarnos para pesar un balance de lo que fue el año y de cómo la audiencia fue una demostración sólida de cómo construir en un contexto difícil”.

“La actividad del miércoles será con “intervenciones artísticas y políticas entorno a los reclamos, lectura de un documento único y articulando con intervenciones escénicas musicales y del área performática que van a estar frente al Municipio, desde 9:30 hasta las 11. También invitamos a todas aquellas personas que han sentido el impacto de este desguace desde el lugar de espectadores”, concluyó Epherra.

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Rendición de cuentas: “La subejecución de partidas es la norma”

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Concejales de la oposición analizan los números de la Rendición de Cuentas 2018 que deberá tratarse en la sesión del 23 de mayo o quedará aprobada automáticamente a fin de mes.

Carlos Quiroga destacó por FM De la Calle que “la subejecución de partidas es la norma, del Fondo Educativo de 112 millones se gastaron 50 y los 60 restantes pasan, por ser recurso afectado, al 2019 pero nominalmente pierden el 40 % de inflación”.

“Se da en un montón de otras partidas sensibles del área social donde permanentemente hacen alarde de una preocupación que no existe. Partidas de alimentos, del fondo de niñez, no hay una donde no estén con subejecución. Son partidas que están destinadas a un fin específico, no se pueden gastar en otra cosa”.

Quiroga adelantó el voto negativo de su bloque y comentó que “aún cuando fuera rechazada es una cuestión de costo político, operativamente no altera al Municipio. Esto es evaluación del pasado, desde el punto de vista político los deja expuestos como quienes llevaron adelante una ejecución penosa”.

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Amas de casa: fin del reconocimiento del trabajo no remunerado

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(Por @Espacio de Economía Feminista UNICEN /Espacio de Economía Feminista en la SEC Feminista regional CABA) El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables.

La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo.

El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.

El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.

Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.

Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3.6% de trabajadores en casas particulares (en su mayoría mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).

Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad

Paradójicamente, el fin de medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.

Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida, exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridxs en la década anterior.

La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años), y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual y debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio. Este sistema lejos de ser una protección social robusta que garantice bienestar en las 110.711 personas beneficiarias provee una suma dineraria de $8.328,30, estando a un 10% de la línea de pobreza individual para la compra de alimentos y servicios básicos que asciende a $9.185 .

Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.

#JubilacionParaLasAmasDeCasa
#FinDeLaMoratoria
#EconomíaFeminista
#EsoQueLlamanAmorEsTrabajoNoPago

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FlyBondi: “Se quedan diez familias sin trabajo”

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FlyBondi deja de operar en el aeropuerto local a partir de junio. Dará de baja las dos rutas que tenía desde y hacia El Palomar. Enzo Gorosito, miembro del sindicato del personal aeronáutico, comentó a FM De la Calle que están “muy tristes y, a la vez, preocupados por la situación porque mas allá de la crítica al modelo low cost, llegó un comunicado sorpresa de la agencia y levantó la escala de un día para el otro”.

“Están dejando sin trabajo a tres trabajadoras más los servicios de pista de la empresa Intercargo. Son entre 10 y 12 familias que se quedan sin trabajo”.

“Destruyeron todo el mercado de aerocomerciales, vemos en las empresas falta de pago, Andes devolvió aviones, Macair -que incorporó Avianca- hace cinco o seis meses que no paga salarios. El modelo de la revolución de los aviones está estancado, en vez de prosperar chocaron la calesita”, comentó Gorosito.

“No se puede vender un pasaje a 500 pesos porque eso no puede cubrir los costos operacionales, es pan para hoy y hambre para mañana y puede ocurrir una catástrofe aérea”.
“Su finalidad es la rentabilidad, si una ruta no da con los números levantan y se van a las que les generan superávit como son las rutas turísticas. En cambio, Aerolíneas tiene la función de federalizar y conectar los distintos puntos del país. A Aerolíneas se le han sacado los subsidios, dijeron que a largo plazo se iba a poder sustentar sola. Ni las más grandes de empresas como American Airlines dejan de tener subsidios”, finalizó.
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“Estamos en el medio de un juego perverso”

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SUTEBA denunció atrasos en el cobro de decenas de docentes y afirmó que no fue convocado a la reunión de la Mesa Distrital encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

Gabriela Delfino comentó a FM De la Calle que “la primera acción del año fue denunciar la mesas distritales donde nos estábamos invitados ni sindicatos ni docentes porque fueron planificadas para hacerse en cada escuela. Con el correr del tiempo dieron cuenta que eran actos partidarios del gobierno y en los lugares donde se realizaron las mesas tenían prohibida la entrada”.

Respecto al atraso de los cobros, Delfino comentó que “hemos ido en medias de fuerza a reclamar por el salario de lo ya acordado, a los referentes políticos, que es el Consejo Escolar, se comprometió a llevar una nota a La Plata, lo hizo pero eso no garantiza el cobro, que va a tardar por lo menos dos meses. Siempre la misma respuesta: nosotros no podemos resolverlo desde acá”.

“Ahora aparece el SUNA (Sistema Único de Novedades de Agentes) que es todo a través de internet y muchas escuelas no tienen y en las que hay lo pagan los docentes, eso implica que el secretario va a tener que quedarse en su casa cargando en el sistema. La consecuencia inmediata de esto es el no cobro del salario, por ejemplo si alguien carga mal una letra del apellido una docente esa persona no cobra y eso lleva meses cambiarlo”, comentó Delfino.

Señaló que “me acabo de enterar de un rumor y es que las escuelas donde pusieron internet es donde se va a probar el voto electrónico. En verdad a nadie le importa los chicos, ni las comunidades”.

“Administrativamente habían desaparecidos tres escuelas, en la práctica significa que hasta el momento si se necesita una suplente no sabes dónde pedirlo porque desaparecieron y se englobaron en una secundaria virtual, porque no tiene edificio, de lugares que son con alta vulnerabilidad en la matrícula. Estamos viendo si los docentes van a cobrar o no, hasta ahora no porque no están cargados en ningún sistema”, finalizó.

 

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“Necesito que me escuchen”

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Después de un largo derrotero por diferentes instancias municipales, Marta Beatriz Giordano finalmente consiguió que el HCD le otorgara la banca 25 para exponer su situación habitacional.

“Mi problema se debe a una discapacidad motriz debido a la secuela de polio, desde hace mucho tiempo estoy tratando de que se me otorgue una vivienda, siempre alquilé y una vivienda que no es propia no se pude reformar”.

“Y yo necesito reformarla a lo que mi patología requiere. Desde el municipio no he tenido respuesta desde hace muchos años, por eso pedí la Banca 25. Después de ir y venir muchas veces logré que se votara a mi favor”, comentó a FM De la Calle.

Giordano afirmó que “se construyeron dos barrios municipales, en el Plan Federal 2 estoy inscripta  desde el 2010 y no he sido seleccionada. De cada barrio hay un cupo destinado para personas con discapacidad motriz, desde el 2008 tengo una respuesta que me envían del Instituto de Vivienda de La Plata diciéndome que la solución me la tienen que dar desde el municipio donde yo estoy viviendo, con esa carta estuve yendo a todos lados y no me han dado respuesta”.

“No me puedo quedar”. En octubre caduca el contrato de locación donde vive Marta.”Tengo silla motorizada, más allá de que no puedo pasar al cuarto de baño hay otras complicaciones importantes”.

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Cierre de “Carritos”: El Concejo recibe a damnificados

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José María Padilla, quien gestiona el “carrito” La Revancha, cerca de la Pista de Salud en el Parque de Mayo, es otro de los damnificados por la decisión del gobierno municipal de cerrar los establecimientos gastronómicos populares. En dicho emprendimiento trabajan unas cuatro personas y en temporada el plantel llega a sumar diez fuentes laborales.

A diferencia de otros locales que fueron clausurados a principios de mayo, en este caso la inspección no pudo encontrar ninguna irregularidad. Sin embargo, el municipio solicitó al gastronómico que entregue las llaves el próximo lunes porque serían licitados “todos los carritos”.

Durante la mañana de hoy, serán recibidos por representantes del Honorable Concejo Deliberante. Buscarán una prórroga “ya que me quieren quitar el derecho de trabajar, que es un derecho adquirido. Voy a pelear por lo menos por esa inversión que hice. No había nada”.

En el caso de La Revancha, la entidad beneficiaria del pago del alquiler para uso privado era el Hogar del Anciano.

Desde el gobierno le adelantaron que podría presentarse a la licitación pero no supieron informar los términos de la misma.

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Protocolo municipal para desalojos

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En el marco de las reiteradas tomas de tierra de familias que no pueden acceder a una vivienda, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sancionó un protocolo de actuación que limita el accionar judicial y policial en desalojos.

Atento a esta resolución, el bloque del PJ Cumplir elaboró un proyecto “solicitando la confección de un protocolo municipal de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Paola Ariente, una de las autoras de la iniciativa, destacó a FM De la Calle que “los desalojos deben ser de forma diferente a lo que normalmente se hace por una denuncia de usurpación. Hay que contemplar varios requisitos: notificar al defensor del Pueblo, al Ministerio de Desarrollo Social, al asesor de incapaces, pide que se haga un censo previo e informe socio ambiental de los ocupantes del predio, que las notificaciones sean en horarios diurnos, que al momento del desalojo estén presentes un servicio de emergencias”.

Ariente comentó que la Corte “pide la intervención de oficinas municipales, desde ahí es que planteamos que el Municipio también realice sus propio protocolo interno de como tiene que actuar para acoplarse a esto”.

Consultada sobre los terrenos entregados por el Municipio luego de la toma obre avda. Villa Arias, la concejala aclaró que “algunos sí tienen servicios y otros no. Yo planteé una solución a ese tema que es el derecho real del territorio en procesos de urbanización pero igualmente les dieron terrenos a través de escritura. Mientras tanto la gente sigue en situación de vulnerabilidad, se le hace dificultoso levantar su propia casa. Cuando se le da un terreno pero no se les sigue sosteniendo detrás es muy difícil”.

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“Basta de esta política de hambruna”

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La Corriente Clasista y Combativa se movilizó esta mañana en el centro de la ciudad bajo la consigna “Tierra-Techo-Trabajo”.

Los reclamos principales son la Emergencia Alimentaria, el aumento de cupos de Salario Social Complementario, el aumento en el salario de las cooperativas que dependen del Estado, la Emergencia en Adicciones y la Emergencia Agripecuaria.

“Tenemos problemas con las salitas médicas, no hay médicos, no hay pediatras. Este gobierno nos trató de vagos y planeros, los invito a que vean los talleres que tenemos y los merenderos”, dijo a FM De la Calle la coordinadora de la CCC bahiense Marisa Ganio.

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Carritos del Parque: “Nos quieren sacar a todos”

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A principios de mes el Municipio clausuró los carritos del Parque de Mayo destacando algunas falencias en los locales e inconvenientes con los permisos de venta de bebidas alcohólicas.

Horas después concesionarios y entidades públicas que alquilan los comercios se reunieron con el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, quien afirmó que pretenden hacer nuevas licitaciones para “embellecer” el lugar.

“Nos quieren sacar a todos, prohíben a las instituciones renovar contratos con nosotros, la mayoría dicen que están ilegales porque no tienen contrato y son ellos los que no se los dan. Entonces no se puede tramitar ni habilitación ni ReBA  ni nada de lo que exige la Municipalidad”, comentó a FM De la Calle Adriana González, administradora de “Negro el 11”.

“La Municipalidad se lo da a las instituciones y ellas lo alquilan a los concesionarios. La nuestra es Patronato de la Infancia pero también está el Hospital Municipal, Ayuda-Le, Hogar del Anciano. Pagamos un alquiler mensual y renovamos contrato todos los años, lo que exige la Municipalidad. Sin eso no podés hacer ningún trámite”, señaló.

“Me dijeron que me presente a la licitación, cosa que no puedo hacer porque es millonaria, porque planean tirar todo y hacer nuevos. Estamos desesperados, llevamos una vida en el parque. Vemos la desidia de la Municipalidad, no tenemos agua ni gas ni cloacas. Se nos caen los árboles y nos destrozan los techos. Los baños clausurados. Hoy casualmente aparecieron limpios y abiertos”.
Consultados por la reunión con las autoridades comunales, desde Ayuda-Le comentaron que “por decisión de Comisión Directiva no vamos a hacer ninguna declaración hasta que el Municipio se expida”.
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Caso Manfredini: “Esto se hizo así para ahorrar plata”

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Tras la primera jornada del juicio al empresario Marcelo Camin por la muerte del trabajador Juan Cruz Mafredini, el abogado querellante Hugo Fernández adelantó a FM De la Calle que pedirán cinco años de prisión, pena máxima para un homicidio culposo.
Juan Cruz murió en octubre de 2010 producto de las quemaduras sufridas en la deflagración ocurrida en un dúplex de Cuyo 1388 en el cual funcionaba un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.

“La empresa se dedica a guardar muestras de hidrocarburos. Eso se guarda durante tres meses por si hay algún problema con el buque cuando llega a destino. Empezaron a almacenar muestras de productos que eran incompatibles. El testimonio de uno de los especialistas de explosivos. Una de las mezclas fue la misma fórmula química con la que se hizo la bomba de la AMIA”, comentó Fernández.

El abogado detalló cómo operaba Camin Cargo: “En el único inmueble que alquiló guardó las muestras, en una habitación había cuchetas para que durmiera el personal de otros lados y, pared contigua, una estantería con estos productos. En la planta alta. Todo eso no podía estar en ese lugar. No podés tener en un barrio, pared de por medio de una familia, en una habitación, sin cartelería, esa cantidad de explosivos”.

“Uno lo piensa desde el punto de vista de la precarización laboral y esto se hizo así para ahorrar plata”, afirmó.

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Gran Barata para pagar sueldos adeudados

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Alejandra trabajó en Lucaioli durante 35 años y es una de las empleadas suspendida desde el 5 de abril cuando la empresa anunció el cese de actividades. “El viernes nos dijeron que la empresa, dada su iliquidez, va a poner a la venta la Gran Barata con productos de todas las sucursales”, comentó a FM De la Calle.

“Desde casa central, Patricios 861, a partir de este jueves se va a empezar a vender todos los productos. No es la primera vez que se hace pero esta vez el destino que se le va a dar será para pagar el sueldo de los empleados”.

“El último sueldo que nos dieron fue el viernes pasado y fueron 2 mil pesos. Nos pagaron en cuatro cuotas el mes de marzo, hay gente que está muy complicada porque alquila, porque tiene hijos chicos que van a la escuela. En mi caso mis hijas ya son grandes y trabajan, mi marido es el que está parando la olla”, señaló.

El total de personas desempleadas de todas las filiales de la firma asciende a más de 450: “Hay compañeros que están desmantelando sucursales para traer los productos a Bahía”.

Si bien no es la primera crisis que atraviesan, es la que en peores condiciones los deja. Según Alejandra, “en el 2001, Lucaioli nos dijo que no iba a echar a nadie, que la fuente de trabajo iba a continuar porque había mucha mercadería en depósito. Esta crisis es la primera que nos agarra tan mal. Es la más grande y se vio venir en 2015 desde que asumió este gobierno que también fue el causante de este descontrol y grandes desmanes”.

“Tengo el beneficio que en noviembre me jubilo, el tema es el mientras tanto. En noviembre dejaré de tener estos sofocones, me da mucha pena que mis compañeros que son jóvenes, que les faltan muchos años para jubilarse y en esta situación está muy complicado conseguir trabajo”, finalizó.

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Despidos en concesionarias bahienses

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Siete trabajadores fueron despedidos de la firma Guillermo Simone.  Se suman a quienes perdieron sus empleos en Corcel y en la estación de servicio de Axion de Alem y Perú. La misma suerte podría correr la expendedora de combustibles que la petrolera tiene en el acceso a Walmart.

“Simone aduce que como Ford se retira del mercado mundial de la fabricación de camiones,  al ver que no tienen reposición de vehículos, llegó al cierre de la sucursal de Bahía. Mas allá del compromiso a pagar las indemnizaciones, son siete familias que se suman a la tanda de despidos”, comentó a FM De la Calle el titular de SMATA, Carlos Moreno Salas.

Agregó que “en Corcel Automotores nos enteramos que hubo algunos despidos por goteo, más los que tuvimos en Axion. Si bien va a volver a abrir porque van a reformarla, Axion se retira del mercado de Bahía Blanca, la cantidad de trabajadores que había era para cubrir un mínimo, cuando deberían ser 18 o 20. Los despedidos podrían ser reincorporados (por los nuevos dueños)”.

“La que está al ingreso de Walmart puede cerrarse. Por comentarios sería gente de Bahía (la que la adquiriría) no sé si con la idea de seguir el rubro o no”.

En cuanto a la situación general de la industria automotriz, que acumula varios meses de caída de ventas, despidos y suspensiones, Moreno Salas opinó que “a esta altura mucha expectativa no hay porque no creo que modifique, por más que el gobierno esté llamando a un acuerdo social, a los fines de comprar tranquilidad. Era algo que debería haber hecho al comienzo de su mandato si realmente quería definir las políticas de Estado”.

Finalmente destacó su apoyo a la candidatura a intendente de Federico Susbielles: “Me parece que es un hombre que tiene capacidad por el trabajo que realizó en el PAMI como en la Confederación Argentina de Básquet. Tiene la voluntad de querer manejar una ciudad como Bahía”.

 

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Desclasifican nueve decretos secretos de la dictadura

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A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.

“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.

Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.

Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.

Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.

Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.

En otros dos se celebra un contrato con la  firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.

Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.

Imagen: Infobae.

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Créditos UVA: “En dos años tengo que devolver el doble”

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Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de que el Banco Provincia cubriría la diferencia de las cuotas de créditos UVA que superen el 30% de los ingresos familiares, beneficiarios del programa advierten que aun no tuvieron novedades.

Florencia Ruppel comentó a FM De la Calle que “no hay nada oficializado. Te comunicás con el Banco Provincia en el 0810 y no hay respuesta con respecto a ver cómo tenemos que dirigirnos los tomadores de estos créditos”.

Señaló que en su caso particular “ya toca el 30% del salario pero el agravante es el capital ajustable. Para nosotros es deuda, va a aumentando todos los días. Está la desinformación en cuanto a lo que surge porque nadie menciona cómo aumenta el capital ajustable”.

“Es mucha la gente que queda por fuera del Banco Provincia, que reconoce 17 mil créditos y los tomadores de UVA son 130 mil”.

A propósito de las declaraciones del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, quien dijo que “la mora en el pago es muy baja”, Ruppel señaló que “no hay mora, porque uno está pagando la casa propia. Lo primero que pongo en el pago es mi casa, después veo si dejo de hacer o comprar cosas. Aparte que van debitados en forma automática, la mora es baja porque hay mucha gente que ni se entera cuánto se descuenta”.

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