Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.

La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.

“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.

Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.

Este jueves a las 12:30 el Tribunal Criminal Nº2 dará a conocer su veredicto en el juicio contra Néstor Luis Ibars, imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por el retraso madurativo de su víctima, una ex interna del Patronato de la Infancia. En 2008, el caso destapó las irregularidades y mala atención que recibían lxs menores en la institución y una innecesaria judicialización y polémica sobre el aborto no punible generada por grupos “pro vida”.

“Son tres personas denunciadas, a dos se logró imputarlos. Eran Eber Mardones, que falleció, y Néstor Ibars y Juan Esteban Mardones que está prófugo de la justicia. La Fiscalía pidió doce años de condena, nuestra abogada que es la dra. (Claudia) Gauna pidió 15 años y el dr. (Jorge) Sayago de la defensa oficial pidió la absolución porque consideró que había contradicciones en los dichos y las excusas técnicas que siempre surgen en estos casos”, dijo a FM De la Calle la madrina de la joven, Fernanda Petersen.

Al debate fueron incorporadas por lectura las declaraciones que realizó la víctima durante la instrucción. “Por eso el fiscal (Rodolfo De Lucía) al momento de alegar referenció que no hay que perder de vista que el único testimonio que hay que tener en cuenta, que es el de mi ahijada, estaba en la Cámara Gesell y que al ser un delito que se produce entre cuatro paredes todo lo que ella dice está corroborado por las pericias psicológicas, por la gente a la que ella se lo contó. Creo que este sistema favorece porque declarar en un tribunal con las circunstancias que tiene y un defensor, que tiene todo el derecho legal y técnico a preguntar, hubiese generado una situación en ella demasiado violenta”.

La abogada testificó al igual que su hermana María Agustina por ser “las primeras personas que tomamos contacto con la situación”. Luego se presentaron las psicólogas que atendieron a la chica en la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía y médicos del Hospital Penna que realizaron el aborto terapéutico.

“Por parte de la defensa estuvo el director del Patronato, Antonio López, y Verónica Godoy, que es la trabajadora social y que obviamente referenció que no recordaba nada. Ella es una pieza muy importante no dentro de este juicio sino del que se está siguiendo al personal técnico y directivo del Patronato porque ellos por parte del hermano tomaron conocimiento de que en la casa de la persona que falleció se habían dado situaciones que no eran las adecuadas. El hermano de mi ahijada es una persona alcohólica, violenta, él se responsabilizó de que esto no iba a volver a pasar y esta información nunca la acercaron a tribunales”, aseguró Petersen.

La denunciante, quien en la época de los hechos era secretaria del hogar, agregó que la justicia se enteró de los abusos “cuando con mi hermana ese lunes nos presentamos en el Patronato diciendo: ‘¿Qué pasó? ¿Quién hace la denuncia con nosotras?’. Nadie nos acompañó y ahí empezó todo este camino que llegó, después de siete años pero llegó al fin, contra Néstor Ibars, que también es una persona que trabajaba para la Dirección General de Escuelas con lo que esto implica”.

“Empezar a poner blanco sobre negro ayuda porque, más allá del tiempo que haya pasado y la sentencia que se pueda llegar a tener o no, el tema de visibilizar y de que estas cuestiones no queden en la nada y sobre todo el tema institucional del Patronato de la Infancia. Mi ahijada le contó lo que ella había vivido con todos los detalles a Susana Camblor, a Verónica Godoy y al psicólogo de la institución Esteban Godia y nadie hizo nada. No solamente que no hicieron nada sino que le dijeron que habían hecho un evatest y que como dio negativo consideraron que no era tan grave, que de eso no se hablaba”, dijo.

Petersen subrayó que “generarle a una víctima de abuso ‘de esto no se habla, esto no es bueno’, obviamente es victimizarla doblemente. Y no fue por parte de gente que tal vez no conoce este tipo de situaciones, fue por parte de personal calificado o que debería serlo, que trabaja en una institución que también es responsabilidad del Estado porque recibía becas -y lo sigue haciendo- del Estado municipal y provincial”.

Respecto a la falta de memoria planteada por la trabajadora social Verónica Godoy, Petersen afirmó que “ella está imputada penalmente por estos hechos, tiene que acordarse, se analizará en su momento si con esta cuestión comete algún delito o no y si es así la denunciaremos con mi hermana porque no vamos a permitir que esta gente siga haciendo lo que le plazca. Uno cuando va a un juicio oral tiene obligación de decir verdad de todo lo que sabe, ella hace menos de dos años declaró todo esto en la Fiscalía de la dra. Herro, salvo que haya un certificado que diga que tiene amnesia total no puede olvidarse. (…) Ella dijo textualmente: ‘De esto voy a hablar en mi juicio’, como si esto fuera una obra de teatro en la que uno tiene exclusividad y no puede hablar en otro canal”.

“Los testigos de la defensa intentaron demostrar que mi ahijada mentía, que fabulaba, que era mentira que fuera tantas veces. Todo eso quedó más que acreditado así que esperamos con confianza el fallo”, manifestó Petersen. Mañana las juezas Eloisa Errea de Watkins y Claudia Fortunatti y el juez Eugenio Casas darán su veredicto en los tribunales de Estomba 54.

Foto: DesBandadas.

(Por Julia Giménez) No fue magia, ni pura coincidencia. Pasado más de un mes del derrame de cianuro en aguas sanjuaninas y a días de las nuevas explosiones de la Dow en Bahía Blanca, el modelo de desarrollo concentracionario y extractivo que se expande por el territorio latinoamericano volvió a causar estragos.

Siendo el Brasil tierras de procedencia de los grandes capitales que dirigen los destinos económicos de la región, no por eso queda exenta del destructivo modelo productivo.

El 5 de noviembre se produjo el rompimiento de dos represas de la minera Samarco, de las empresas Vale dos Ríos y la australiana BHP Billiton. Campeona por las denuncias de reiteradas violaciones a los derechos humanos y ambientales, la megamineradora Vale S.A. es la responsable el “tsunami” de barro que inundó el distrito de Benito Rodrigues, entre las ciudades de Mariana y Oro Preto, en la región central de Minas Gerais.

La quebradura de las represas lanzó 62 millones de metros cúbicos de residuos mineros y agua, dejando como saldo la desaparición de alrededor de 45 personas, la muerte de más de 30 vecinos y trabajadores de la empresa, y la destrucción de la localidad tapada por lodo tóxico.

Lejos de ser un accidente, como en tantas otras oportunidades, se trató de una catástrofe anunciada. O sea, que podría haber sido evitada.  El informe técnico realizado por el Instituto Prístino, a pedido del Ministerio Público durante el licenciamiento del proyecto, ya identificaba una serie de problemas insistentemente denunciados por los sindicatos y movimientos sociales. En este sentido, y como afirma la “Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale” (Otro rastro de destrucción y muerte en la historia de la minería y de la empresa Vale S.A. – Nota de la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A.), lo ocurrido es “crimen”.

En contexto en que el modelo va en marcha, sin dar un paso atrás frente a las desbastadoras consecuencias que deja a su andar, las catástrofes se convierten en efímeros videos en Facebook que retratan lo anunciado y silenciado.

Mientras esto sucede, miles de dólares siguen siendo apostados a costa del destino de los pueblos latinoamericanos, y el gobierno de Minas Gerais no descansa por acrecentar los caudales de las empresas mineras.

Al ritmo del barro que arrasó con la localidad minera, el gobernador Fernando Pimentel (PT) envió a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, el Proyecto de Ley nº 2.946/2015, que altera el Sistema Estadual de Medio Ambiente (Sisema), con la intención de dar “mas agilidad a los procesos de licenciamientos”.

Frente a las contradicciones del modelo de desarrollo, los afectados vuelven a decir: “¡BASTA!”

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.

Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.

“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.

En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.

“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.

Texto: Diego García.

El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

Sin inconvenientes, se llevaron a cabo los comicios para elegir representantes de estudiantes en distintos órganos de gobierno. La Junta Electoral informó los resultados provisorios de la elección.

Para el Consejo Superior, la Lista Unidad obtuvo 2.774 votos, y cinco cargos; Generación UNS, 2.522 y cuatro cargos; MNR Desafíos 518, sin cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda, 478 votos, sin cargo; Franja Morada, 282, sin cargos. Votos en blanco, 134.

Para la Asamblea Universitaria: Unidad 2.716 votos y 11 cargos; Generación UNS 2.539 y 10 cargos; MNR Desafíos 554 y dos cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda 480, un cargo; Franja Morada, 293, sin cargos. Votos en blanco: 134.

Fuente: Prensa UNS.

En la madrugada del domingo pasado falleció Aldo Etchegoyen, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cofundador y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y copresidente de la Comisión Provincial de la Memoria. Será homenajeado este domingo a las 19 en la sede metodista de Belgrano 355.

Aldo Etchegoyen era conocido y destacado por su trabajo por los derechos humanos, especialmente –aunque no solo- durante la última dictadura cívico-militar, compromiso que adquirió desde un principio con honradez y jugándose la vida en las visitas a los detenidos, reclamando por la aparición con vida de los desaparecidos, poniéndose siempre desde el lugar de las víctimas de la represión.

Esa actitud valiente de un infatigable luchador por la paz como Etchegoyen, le ha valido el reconocimiento de gente como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y otrxs. Entre ellos, del propio pastor de la Iglesia Metodista de Bahía Blanca, Aníbal Sicardi.

“Aldo, como lo llamaba la gente desde que empezó su trabajo en el Chaco junto a los pueblos originarios, y que continuó en Córdoba, Bahía y Buenos Aires, y siendo representante argentino ante el Consejo Mundial de Iglesias y presidente del Consejo Metodista de América Latina y el Caribe, era un hombre sencillo, espontáneo. Favorecía siempre el diálogo y el intercambio, aún entre quienes disentían”.

“Era ante todo un pastor. Así lo recuerda la gente”, dijo en FM De la Calle. “Junto a de Nully Brown y Pagura, es una de las figuras centrales que marcan la identidad del metodismo en Argentina”.

Una identidad signada por la lucha, que continuó en democracia en los últimos años en la Comisión Provincial de la Memoria y el trabajo con los presos que día a día sufren vejaciones en las cárceles de nuestro país.

Pueden utilizarse para rendirle un justo homenaje las palabras que el propio Aldo utilizara en una ocasión en una visita a nuestra ciudad: “Hemos andado un largo camino, pero sabemos que queda mucho por andar por los derechos de los pueblos indígenas que sufren avasallamiento por los poderosos terratenientes, empresas agropecuarias o mineras que invaden sus territorios; en poner dignidad en personas que sufren trata de personas, en mujeres, niños y marginados, mujeres que sufren violencia de género, salud, educación y tantas otras expresiones de graves situaciones humanas”.

Una nueva Marcha del Orgullo se realizará este sábado a las 16 en Plaza Rivadavia para reivindicar la lucha por la libertad sexual y los derechos LGTBI “enfrentando la impunidad, la represión y la derecha ajustadora y machista que se viene”. Durante la jornada se recordará y demandará justicia por las víctimas del odio homolesbotransfóbico como Diana Sacayán y Alejandra Galicio.

“Mientras en la provincia no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral, las compañeras trans siguen en su mayoría en situación de prostitución y con una expectativa de vida de menos de 40 años, y siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos, Scioli (Que llama a Negre de Alonso -Abiertamente del Opus Dei- para integrar la Corte Suprema) y Macri siguen representando el programa de la derecha machista, pro-Bergoglio y antiabortista de más represión, más persecución y menos derechos. La igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida en este sistema de opresión y explotación”, asegura la convocatoria.

Por otra parte, “mientras grupos de choque que apoyan al intendente electo del Pro atacan y amenazan de muerte a activistas LGTBI y de izquierda en Mar del Plata, los mismos que atacaron junto con la policía a la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en la provincia de Córdoba, en Salta, etc, siguen aplicándose códigos contravencionales que habilitan a la detención de personas LGTBI sólo por su identidad. Se suceden día a días los asesinatos de odio a compañeras trans. El más visible últimamente fue el de la activista Diana Sacayán, que denunciaba la complicidad del aparato represivo con el narco y luchaba por los derechos laborales de las personas trans”.

“En nuestra ciudad siguen falleciendo compañeras trans jóvenes y, mientras la iglesia y la policía se legitiman y ejercen su permanente violencia simbólica y física sobre las mujeres y la diversidad sexual, se cumplen 10 años del asesinato de Alejandra Galicio por ser travesti y nunca se investigó al respecto”.

Galicio tenía 33 años cuando el jueves 7 de abril de 2005 fue encontrada malherida en las cercanías de avenida Cerri al 900 en un sector de la desocupada edificación de la ex bodega Arizu lindante con las vías del ferrocarril. Ingresó al Hospital Municipal con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, contusiones varias y traumatismos de rostro, además de la existencia de un hematoma cerebral, según concluyó una tomografía computada, pero su estado no le permitió en los días de agonía, prestar declaración testimonial. Murió a las 5:45 del día 11 de abril por la brutal golpiza recibida.

La Marcha del Orgullo fue organizada por la Comisión de la Mujer y LGTBI del CEHum con la adhesión de las siguientes agrupaciones: BíoCentro; Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niños; Agrupación de mujeres Pan y Rosas; Acciones Feministas; DesBandadas; Agrupación universitaria Tesis XI; Puño y Letra; Cardumen; Colectivo Pueblo en Lucha; Partido de los Trabajadores Socialistas; Partido Comunista; La Fede de Watu; Diversidad y Liberación; y Juntas y a la Izquierda.

Escuchá al docente Facundo Martínez en diálogo con FM De la Calle:

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron esta tarde “con enorme alegría” que restituyeron la identidad al hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Ogando, nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras del organismo de derechos humanos.

Virginia Ogando, hermana del nieto encontrado, también fue un actor clave en esta búsqueda. El 15 de agosto de 2011, la joven falleció, como una consecuencia más del terrorismo de Estado, pero su sangre albergada en el Banco Nacional de Datos Genéticos permitió determinar en un 99,99 por ciento el vínculo filiatorio.

“Delia recorrió toda la Argentina con el anhelo de encontrar a Martín y a los cientos de jóvenes apropiados por el terrorismo de Estado. Hace menos de un mes viajó a Europa para difundir la lucha de la Asociación en el exterior, con la esperanza de llegar a algún hombre o mujer con dudas sobre su identidad. Hoy, Delia se enteró de que su nieto vive fuera del país. La amplificación de esta búsqueda da resultados concretos: nuestros nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo”, leyó Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas agregó que “aún falta restituir la identidad de casi 400 hombres y mujeres. Ellos son presente, porque sólo con Memoria, Verdad y Justicia se puede construir un futuro democrático. Sus Abuelas, hermanos, tíos, primos y familiares necesitan saber qué pasó con ellos. Pero también, como sociedad, tenemos el deber de resolver su identidad, que es la identidad de nuestro pueblo”.

Stella Maris nació en La Plata el 3 de septiembre de 1949 y Jorge, el 28 de noviembre de 1947 en Tornquist, provincia de Buenos Aires. En 1973 nació su primera hija, Virginia. Ambos militaban en el PRT-ERP y el 16 de octubre de 1976 fueron secuestrados en su departamento por un grupo de tareas compuesto por militares y policías. Virginia quedó sola y una vecina se comunicó con Delia para avisarle lo que había ocurrido. Desde entonces, la Abuela se hizo cargo del cuidado de la niña, de apenas tres años.

Stella Maris estaba embarazada de ocho meses al momento del secuestro. Según testimonios de sobrevivientes, la pareja permaneció detenida en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, donde la joven, el 5 de diciembre de 1976, dio a luz a un niño al que llamó Martín. Luego del parto, fue llevada al “Pozo de Quilmes”.

Desde el momento de la desaparición, Delia emprendió la búsqueda de la pareja. Primero, en soledad; luego, junto a otras Madres que también habían sufrido la desaparición de sus hijos. En 1977, algunas de ellas advirtieron que además buscaban a los hijos de sus hijas o nueras embarazadas o a sus nietos secuestrados. Entonces, emprendieron juntas la búsqueda de esos niños y niñas. Recorrieron casas cuna, juzgados, comisarías e iglesias.Nieto-118-16-580x391

Delia fue una de estas doce mujeres fundadoras de lo que luego sería la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. De a poco, se fueron sumando muchas más para caminar codo a codo a lo largo de estos 38 años y crearon distintas estrategias para llegar tanto a jóvenes con dudas como a personas que pudieran aportar información sobre sus nietxs apropiadxs.

Entre 2006 y 2008, Abuelas recibió tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres. También, se indicaba que en su familia circulaba el rumor de que había nacido en un centro clandestino de detención.

El 30 de marzo de este año, este hombre se acercó a Abuelas con fuertes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Luego de ser entrevistado por el área de Presentación Espontánea, la consulta siguió los carriles correspondientes y fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), donde comenzó la investigación documental.

Como el nieto vive desde hace 15 años en el exterior, la extracción de sangre se produjo a través del Consulado del país en el que reside, el 15 de mayo de este año. Gracias al trabajo mancomunado de distintas instituciones del Estado, la muestra llegó a la Argentina y fue recibida por la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que la remitió a la CoNaDI. En junio, fue derivada al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio.

Esta mañana, el Banco informó finalmente a la CoNaDI que el joven es hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.

Fotos: Kaloian.

Durante la tarde del 25 de noviembre, el tribunal oral subrogante de Bahía Blanca dará a conocer el veredicto del juicio contra 22 de los 25 represores que comenzaron a ser juzgados en julio de 2014 por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La fecha será antecedida por las audiencias de réplicas y dúplicas convocadas para el miércoles 11 y el jueves 12.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas públicas y privadas que ocuparon las últimas seis sesiones del debate oral. Los abogados solicitaron la absolución de los imputados que pertenecen a la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A casi cuatro décadas del inicio formal de la dictadura cívico militar, muchos serán lxs testigos, sobrevivientes y familiares que no podrán ver plasmado el histórico reclamo de juicio y castigo, al igual que no serán de la partida muchos de los responsables del terrorismo de Estado. En este caso, el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallado y el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli fueron apartados por problemas de salud y los ex capitanes de navío Domingo Ramón Negrete y Guillermo Félix Botto, como diría el psicoanalista Alfredo Grande, gozan de “la impunidad de los cementerios”.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani solicitaron penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los restantes. Además, pidieron que, como reparación integral a las víctimas, se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

La revocación de la prisión domiciliaria de los acusados, los trabajos de prospección en el predio de la Séptima Batería “para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos” y la baja por exoneración y/o destitución de los represores fueron compartidas por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la APDH. También por el abogado César Sivo, quien se diferenció al rechazar la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y calificarlos como delitos contra la humanidad.

Los genocidas llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios y, durante el debate, el tribunal aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de ellos. “Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio”, aseguró entonces el fiscal José Nebbia. Los jueces destacaron la “interdependencia entre el cautiverio, las torturas y los abusos de índole sexual que se produjeron en un mismo lugar de detención respecto de la misma persona”.

Para comprender estos crímenes específicos en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, la “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”, alegó la querellante Mónica Fernández Avello.

Los abogados oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez y los particulares Mauricio Gutiérrez, Luis De Mira, Gerardo Ibáñez y Sebastián Olmedo Barrios coincidieron en el pedido de absolución de sus clientes.

Los días miércoles 11 y jueves 12 la Fiscalía tendrá la oportunidad de contestar varios planteos de nulidad realizados por las defensas y luego el tribunal escuchará las réplicas y dúplicas, previas a las últimas palabras de los represores y el veredicto de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava.

El banquillo

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

Desde mañana se realizará la sexta Feria del Libro de Sierra de la Ventana en los galpones del ferrocarril. No será solo un encuentro dedicado a las Letras sino también una oportunidad de disfrutar de buena músic10rnos en la decoración y demás. El año pasado fue el agua, este es el fuego y nos dejamos guiar por el cuento de Galeano ‘Somos un mar de fueguitos’ como norte para reunirnos”, dijo ayer desde la organización Ana Clara Pérez.

La feria “nació como un impulso de la Biblioteca Mariano Moreno y su gente para poder traer libros de afuera. En este pueblo no hay librerías que vendan, tenemos a las bibliotecas populares de Sierra y Villa Ventana muy activas pero no tenemos otros espacios para poder adquirirlos”.

“Se empezó a hacer esta feria con ese fin y además en el pueblo hay muchos escritores, grupos de poetas que se juntan a escribir, a hacer talleres, a inspirarse en este lugar que nos rodea para escribir. Un poco la feria es esto, que vengan libros, que vengan editoriales de otros lados para nutrirnos, para poder abrir el espectro y que los locales tengan dónde mostrar sus obras y también es una excusa para muchísimas otras artes”, agregó Ana Clara.

cronograma feria sierra

La muestra “Arte para desnaturalizar la violencia hacia mujeres y niñas”, organizada por el Frente Julieta Lanteri y FEIM (Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer) que se desarrolla durante toda esta semana en el Centro Histórico Cultural de la UNS en Rondeau 29, tuvo como invitada a Mabel Bianco, presidenta de la organización.

“Las chicas, que son cinco artistas jóvenes, han hecho estos afiches para demostrar que no es natural la violencia hacia las mujeres. Y que hay que sacarlas del rol de la victimización para protegerse”, aclaró Bianco en conferencia de prensa.

“La violencia hacia las mujeres y niñas es una de las formas más severas, más silenciadas y menos denunciadas de violación a los derechos humanos. Impacta sobre mujeres de todas las edades, culturas y condiciones socioeconómicas con graves consecuencias sobre su integridad física y emocional así como su desarrollo personal y social. Tiene su origen en la desigualdad estructural de poder entre mujeres y hombres y en la reproducción de estereotipos de género que promueven la desvalorización y subordinación de las mujeres”, inicia el folleto explicativo de la muestra.

Bianco también habló acerca de los candidatos a presidente que al parecer no tienen planeado incorporar los temas de las mujeres en la agenda política y mucho menos en el debate. “Tener una gobernadora mujer no alcanza, es más que nada la intensión que tenga. Tampoco podemos pensar que porque hay una mujer en el gobierno se arregla todo”.

¿Qué hace falta para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia?: “Falta articulación entre las diferentes áreas (policial, judicial, de salud) falta acción conjunta con la familia y los amigos. No alcanza con el botón de pánico o la exclusión del violento (…) porque igual la encuentra”.

Además, Bianco mencionó el problema que existe con los protocolos de atención y como dificulta la tarea: “Se podrían mejorar las cosas si los tuviéramos y todas fueran tratadas de igual manera, que no las rechacen, que no le pida esto o aquello, o que sigan los casos”.

Respecto a la educación sexual, la presidenta de FEIM, aclaró que es una deuda del Estado que “el Ministerio de Educación no ha hecho programas de educación curriculares para la erradicación de la violencia para que lxs niñxs tengan una formación. Tampoco se hacen campañas de difusión”.

El viernes a partir de las 16, dos de las artistas que exponen esta muestra (Clara Desimone y Florencia Miguel) realizaran visitas guiadas para grupos de estudiantes de secundario o terciaron que deseen ir. La entrada es libre y gratuita.

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Ayer a las 14 10 una explosión sacudió Ingeniero White y barrios lindantes. Tres trabajadores fueron hospitalizados. Según informó la empresa DOW, donde se produjo el hecho, la situación estuvo fuera de peligro hacia las 15 30.

Sin embargo, el Comité Técnico Ejecutivo emitió un comunicado recién a las 20 30, es decir, seis horas después del siniestro.

Hoy a las 13 vecinxs de White llevarán a cabo una “sentada pacífica en la rotonda de PBB”. Una de las preocupaciones es cómo actuar en caso de emergencia. Durante la tarde de ayer fuimos a recorrer la vecina localidad. En general, lxs vecinxs manifestaron su preocupación por la falta de información y, en función de eso, la incertidumbre respecto de qué hacer ante una situación donde la desinformación y la incertidumbre van de la mano. “Si hay una situación de emergencia no tenemos vías de salida” de la localidad. Sostienen que “el proceso apell” no sirve.

“Ayer estaba tranquila en casa durmiendo a mi hijo. Más que la explosión sentí un temblor. Como estoy acostumbrada me quedé escuchando a ver si volvía a escuchar ruido. Automáticamente empezó a sonar la sirena de los bomberos. Ahí me empecé a preocupar y a averiguar. No salí, busqué en las redes sociales”, dijo Cintia, vecina de White, a FM De la Calle.

“Es la segunda vez que pasa en el mismo reactor. La primera vez pasó a mediados de octubre. El mismo reactor”, agregó.

“Lo que hice fue dirigirme al CTE. En ese momento (Cesar) Pérez (responsable del organismo) no estaba, obviamente. Me atendió uno de los chicos que está de controlador y me explicó más o menos la situación. Así me enteré. Pero realmente fue un caos porque después te vas enterando de todo. En ese momento no tenía a mi hijo en el jardín pero padres que tenían chicos en los jardines empezaron a llamar desesperados y tengo entendido que los propios maestros confinaron a los chicos después de escuchar el ruido. La onda expansiva se escuchó hasta Villa Nocito. Esto fue muy grave y no lo digo yo, me lo dijo gente del CTE”.

Preocupada por la participación vecinal en pos de la búsqueda de salidas a la problemática, Cintia remarcó que “esto sigue. No se sabe por qué explotó la primera vez ese reactor. Todavía están esperando las pericias. Por lo tanto, si pasó en octubre vamos a saber por qué pasó esto el año que viene”.

Escuchá la nota completa:

Por su parte, esta mañana la empresa DOW informó a través de REX Comunicaciones lo siguiente:

A menos de 9 horas de ocurrido el evento,  reportado el 3 de noviembre, en la planta de polietileno de baja densidad (LDPE), compartimos  información reunida, luego de un análisis aún preliminar del incidente, con la intención de aportar algunas aclaraciones, en la medida de nuestras posibilidades actuales:

–       A las 14.10 hs se produjo una pérdida de etileno seguida de incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

–       Por el momento no estamos en condiciones de definir las causas, las que están siendo investigadas mediante un proceso que involucra a especialistas locales e internacionales.

–       A las 14.12 hs las autoridades del CTE recibieron el primer llamado de la empresa, reproduciendo la información que dentro de las plantas se estaba transmitiendo por radio a través del canal de emergencia.

–       La emergencia fue categorizada Nivel 1 dentro del marco del Proceso APELL. Esto significa que el evento estuvo confinado, acotado en todo momento dentro de los límites de la unidad operativa en cuestión y sin implicar riesgos para la comunidad cercana. Para este tipo de categorización, no está previsto que se active la sirena comunitaria, ubicada en Ing. White.

–       La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de dos dotaciones de bomberos de Ing. White y una de Prefectura.

–       El final de la emergencia se declaró a las 15.30 hs. En total participaron unas 50 personas, utilizando equipos propios y de los cuerpos externos.

–       Los sistemas automáticos de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

–       Dentro del conjunto de empleados propios y contratistas, hubo 3 personas afectadas. Una de ellas, que se encontraba cerca del lugar del evento, fue atendida por aturdimiento y retirada en camilla para estudios más completos en el Hospital Privado del Sur. Las otras dos, que se encontraban en edificios linderos dentro del complejo, fueron asistidas por contusiones en sus manos. Los exámenes posteriores no revelaron lesión alguna. Los accidentes fueron catalogados como casos de primeros auxilios y ninguno de ellos se encuentra hospitalizado.

–       La planta se encuentra parada, en condición segura. El resto del complejo está en operación normal.

–       Se están evaluando los daños, comenzando las tareas de limpieza y remoción necesarias para proceder con la investigación del incidente.

–       Las autoridades de control fueron debidamente informadas y puestas en conocimiento de las acciones tomadas. Se hicieron presentes en la planta y realizaron las inspecciones visuales pertinentes.

–       Los medios de comunicación locales recibieron información a requerimiento.

–       En principio podemos reportar daños materiales localizados en la planta, laboratorio de control de calidad y sector de logística.

–       Queremos destacar y felicitar públicamente la capacidad de respuesta y  el profesionalismo del personal propio que participó en el control de la emergencia,  como así también a los grupos de Bomberos Voluntarios de Ing. White y de la Prefectura Naval Argentina.

–       Asimismo ponemos énfasis en que todas las barreras de protección y los sistemas de detección y respuesta se activaron de acuerdo con lo previsto con el objetivo de minimizar impactos a la seguridad de personas, instalaciones, medioambiente y comunidad cercana.

–       Entendemos que eventos de estas características generan preocupación en nuestra ciudad y seguimos a disposición para aportar y completar todas las aclaraciones que resulten necesarias.

–       Continuaremos compartiendo el estatus de la situación a medida que progresemos en la investigación y en las acciones necesarias hasta reanudar la operación normal de la planta.

Alrededor de las 14 se registró una explosión y posterior incendio en la planta DOW del Polo Petroquímico. Las instalaciones fueron evacuadas. Una persona fue hospitalizada por aturdimiento y otras dos sufrieron traumatismos en sus manos.

Vecinxs de la zona y trabajadorxs de plantas linderas salieron a la calle preocupadxs porque “temblaban los vidrios y volaban fierros por el aire”, según sostuvieron distintos testimonios a FM De la Calle. Mientras tanto, personal de la firma, Bomberos de White, Defensa Civil y Prefectura Naval se trabajan para apagar el incendio.

Cabe recordar que el 9 de octubre el CTE infraccionó a PBB POLISUR S.A (DOW Argentina) por falta de aviso inmediato de un evento de fuego ocurrido en la misma planta de producción de polietileno de baja intensidad.

Actualizaciones:

Para este miércoles a las 13 fue convocada una SENTADA VECINAL en la ROTONDA de PBB y el CORTE PACÍFICO de una de las ENTRADAS MÁS IMPORTANTES a la EMPRESA DOW.

La información brindada por el CTE a las 20:30

12212431_899071810170581_1471977689_nLa Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) actuó inmediatamente ante la explosión e incendio ocurrido en la planta de Polietileno de Dow Argentina, hoy a las 14:10 hs.

A través de Defensa Civil se activó el Plan de Respuesta a Emergencia Tecnológica (PRET) categorizando a la emergencia de nivel 1. No fue necesario activar las sirenas comunitarias ni enviar los mensajes masivos de texto, debido a que no se preveían consecuencias que pudieran afectar a la población, tal como es indicado en el Proceso Apell. Cabe aclarar que tanto las sirenas comunitarias como los SMS alertan a los vecinos y los llaman a confinarse y a tomar distintas medidas de autoprotección.

A las 16:10 luego de concluida la emergencia y previa recorrida por la zona afectada, Defensa Civil dio por finalizada la emergencia.

Se recibieron 80 llamados de vecinos de distintos puntos de la ciudad al teléfono de emergencias 911. Personal del CTE se comunicó con ellos a fin de informarles sobre lo ocurrido y lo actuado por el organismo.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos.

La planta se encuentra parada, se solicitó a la empresa un informe técnico completo de  las causas que originaron el incidente,  como así también informar previamente a la puesta en marcha para realizar una inspección.

La versión oficial de la empresa difundida a las 16:30

Dow cumple en informar que en el día de la fecha a las 14.15 hs, por causas que aún no se pueden determinar, se produjo una explosión con un incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de los cuerpos de bomberos de Ing. White y de Prefectura, declarándose el final de la emergencia a las 15.30 hs. Los sistemas de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos por pérdida de estabilidad. El resto del complejo está ajustando su operación debido a la posible afectación de áreas comunes. Las autoridades de control fueron debidamente informadas y en conocimiento de las acciones
tomadas.

El sábado pasado familiares y amigxs de Juan Cruz Manfredini festejaron su cumpleaños con música al aire libre. Se trata del joven que murió trabajando para la empresa Camín Cargo Control Argentina S.A., contratista del polo petroquímico, en 2010.

“Recordar a Juan de lo que a él le gustaba hacer. Para toda la música él se prestaba siempre”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá de la víctima.

DSC07129Refiriéndose al espíritu de la convocatoria, sostuvo que “es un slogan que yo puse: de estar con nosotros para a estar entre nosotros. Cada uno que lo ha vivido y lo ha conocido lo lleve dentro de él”.

Por su parte, Gino Manfredini dijo que ”hoy cumple 31 años mi hermano Juan Cruz, que falleció en el año 2010 en un explosión que sucedió 5 días antes, laburando para una empresa extranjera que precarizaba gente. Pero esa es otra historia porque lo que estamos haciendo acá es conmemorándolo como si estuviera en vida”.

La actividad se desarrolló en la Plaza Rivadavia y contó con la colaboración técnica de la Feria de Artesanxs de Bahía Blanca.

También grupos y solistas colaboraron a través de su participación. Fueron Willy Traversa y su banda, La Wafflera, Pulmotor y Anestecia. De la última banda participó Juan Cruz y en la tarde del sábado estrenaron una canción escrita por él, que no había sido tocada aún.


(Por Comisión por la Memoria) Con mucha tristeza compartimos con ustedes la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aldo Etchegoyen, presidente de la CPM, guía, amigo, compañero. A sus 87 años seguía militando, poniendo el cuerpo, su voz, sus ideas y su compromiso en cada causa que lo convocaba, ahí donde había una injusticia. Fue uno de los forjadores de la Comisión, su paso es nuestra huella, nuestro camino.

Ha sido un privilegio haberlo conocido, tenerlo de maestro, con esa humildad y sencillez de los grandes, capaz de jugarse entero por los otros, siempre, sin espera de otro reconocimiento que no sea aliviar el sufrimiento.

Aldo: el pastor, el obispo, el hombre de esa otra iglesia que se comprometió, que denunció y acompañó aún en los momentos más difíciles. Un incansable luchador por la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la vida.

Ya en los años previos a la dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea militante contra las violencias desplegadas desde el estado, abriendo sus puertas para proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. Y siempre siguió firme en sus convicciones: en el presente junto a los pueblos originarios, acompañándolos en cada reclamo, estando aquí y allá, sin tener en cuenta sus ochenta y tantos.

Fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y entre 1979 y 2001 fue obispo de la Iglesia Metodista y Presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe.

Deja en el movimiento de DDHH una huella imborrable y un legado profundo: su sensibilidad para escuchar y acompañar, su calidez humana, su claridad y convicciones, su fortaleza.

Lo despediremos en la primera Iglesia Metodista (Corrientes 718 CABA) a partir de las 18 hs y una ceremonia a las 20.

Acompañamos con un abrazo fuerte y fraternal a toda su familia.

Lo vamos a extrañar porque siempre nos daba un poco más, pero su ausencia será firme presencia, más que nunca.

Siempre en nuestras memorias, seguirá presente en la lucha.