“Nos ofrecieron la mitad de la indemnización. Esperamos que recapaciten y que siga la fuente laboral o que por lo menos nos paguen lo que corresponde”, dijo Fernanda Schott empleada de heladería Vito en diálogo con el programa ¿Quién te juna? de FM De la Calle.
El conflicto se originó el sábado por la tarde cuando algunxs de lxs empleadxs no pudieron ingresar al local. “Me di cuenta que habían cambiado la cerradura, cuando miro por la ventana, faltaban computadoras. “Mañana no vengas, tomate franco” me dijeron. Ahí pensamos que había algo raro. Directamente nos autoconvocamos en la sede. Cuando vino el apoderado nos amenazó verbalmente que estábamos todos despedidos, pero hasta ese momento no teníamos ningún indicio, nunca nos dijeron nada”, señaló Schott.
El gerente, José Luis Lombardo, dice ser solamente empleado pero cuando lxs trabajadrxs recibieron el telegrama se dieron cuenta de que “quien lo firma es el padre de él”.
Veinte familias son las perjudicadas por el cese de producción, administración y venta, pero Schott manifestó que “es una cadena, porque se abrieron veinte franquicias más y dejan a esas otras familias sin trabajo”. Hacía dos meses que el personal notaba una baja en la producción de helado que nunca se normalizó.
“En este momento seguimos pacíficamente en la heladería, estamos a la espera de la audiencia de mañana (por hoy), esperamos tener una respuesta favorable a nuestro reclamo. Esperamos que hayan recapacitado y que siga la fuente laboral y si no hay posibilidad, que por lo menos nos pague lo que corresponde. 100% de la indemnización. Ellos nos ofrecieron un 50%. Yo no soy socia de la empresa, soy empleada. Si se manejaron mal, no es mi problema, ellos tendrán que hacerse cargo”, sentenció la empleada.
Hasta el momento los dueños no se han contactado con lxs trabajadorxs, solo intervinieron los abogados que los representan.
“No sabemos las intenciones verdaderas de la empresa, ellos no presentaron quiebra. Sabemos que querían vaciarla y dejarnos en la calle. Eso queda claro al ver que empaquetaron toda la mercadería, embalaron las computadoras, cambiaron las cerraduras. Yo le dije a Lombardo que tiene asegurado el plato de comida para sus hijas, a nosotros nos está cortando la posibilidad”, dijo.
Hoy a las 9 los trabajadores y las trabajadoras se concentraran frente a la sede del Ministerio de Trabajo en O´Higgins 247.
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(Por Mauro Llaneza) Valeria Mapelman y Alexis Papazian, integrantes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, participaron en Bahía Blanca del pre Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización que se realizará durante el viernes 26 y el sábado 27 en la Delegación Norte de Vieytes 2700.
En diálogo con FM De la Calle, Papazian dijo que el genocidio de los pueblos originarios “es un crimen imprescriptible que no ha tenido justicia, por lo tanto, se continúa y habilita a nuevas matanzas o a poder expropiar tierras o a desalojos o un montón de otras variables, de formas de marginalización y de generar imaginarios de amenaza con respecto a distintas organizaciones originarias”.
“Hay dos juicios por crímenes de lesa humanidad, en relación a Napalpí y a lo ocurrido en La Bomba en el ’47. Y estos dos juicios están silenciados. No están en la agenda de los organismos de derechos humanos y eso es muy llamativo. Eso demuestra también que este genocidio tiene consecuencias hasta el día de hoy”, agregó Mapelman.
Consultada sobre las causas de dicha omisión, la autora de Octubre Pilagá opinó que “todavía las víctimas de pueblos originarios son vistas como Otros, no hay voluntad política para que eso cambie. Entonces, desde los organismos de derechos humanos, desde el Estado digamos, no se les presta atención, no le dan importancia y están como demasiado ocupados en los grandes juicios, en los megajuicios (sobre hechos) que ocurrieron durante la dictadura”.
Papazian propuso pensar el genocidio “como una matriz de eliminación física, cultural, simbólica” que en el caso particular de la avanzada contra los pueblos originarios se inició hacia 1876-1878 y “luego con la Conquista avanza en el sur de la actual Argentina, en el norte, pero después se continúa y se puede ver en estudios como el que ha hecho Valeria vinculados con matanzas muy posteriores en 1947 o con despojos y procesos de erradicación de comunidades en distintas partes del país para mediados del siglo XX y hasta la actualidad con la lucha territorial que atraviesan”.
“Es interesante trabajar el término y el concepto de genocidio y nos parece que es sumamente sugestivo, y creo que va a ser un momento único, la idea del Foro que están planteando desde la Marcha de Mujeres Originarias con las diferentes organizaciones para pensar desde los mismos pueblos originarios cómo fue el devenir de su propia historia (…) e ir viendo qué continuidades y qué particularidades los atravesó a cada uno de los más de treinta pueblos que preexisten a la nación argentina”.
Mapelman afirmó que “hay una continuidad que se demuestra en estos casos que hemos podido identificar sobre todo en el Gran Chaco, que ocurren a mediados del siglo XX, es decir, la campaña militar al ‘desierto’ de Pampa y Patagonia no se termina ahí sino que después se corre hacia el norte, hasta el extremo de la frontera y lleva un tiempo todo ese proceso genocida”.
“Lo que podemos ubicar y escuchar, por parte de los abuelos y las abuelas que están vivos todavía, acerca de la masacre del año ’47 prueba que este proceso ocurrió y que fue muy extenso en el tiempo y territorialmente. Por supuesto que hay otros casos además, no es que lo que ocurre en el año ’47 ocurre aisladamente sino que vemos el caso de la masacre de Napalpí, Zapallar es del año ’33, en el ’19 también hay una represión extendida sobre todo a las comunidades pilagá durante la presidencia de Yrigoyen”.
Sobre las características del genocidio en el norte, Mapelman explicó que “la idea era disciplinar para el trabajo a una mano de obra muy numerosa, para llevarla a las industrias, ya sea Jujuy, Salta, los obrajes del Gran Chaco y entonces todo el sistema que se montó ya sea desde el punto de vista militar como desde el punto de vista del control de los cuerpos dentro de las reducciones indígenas apuntaba a este disciplinamiento laboral, a convertir en obreros, en trabajadores sedentarios y mano de obra útil y barata a una población muy numerosa”.
“En las reducciones de Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz hubo años en los que había siete mil personas cortando quebracho para el Estado y en condiciones de control policial donde el espacio estaba cerrado y controlado continuamente, donde a la gente se le pagaba con vales como ocurría en las grandes empresas azucareras o en las forestales del norte, y la Secretaría de Trabajo y Previsión a mediados del siglo XX era la que controlaba esos lugares, estaban vistos como trabajadores. Pero claro, ese trabajo estaba impuesto, estaba regulado, estaba controlado por un estado policial”.
Papazian destacó que “los genocidios siempre dejan rastros, huellas y gente que sigue con sus formas de resistencia. En muchos casos marginados, sojuzgados, pero siguen viviendo y siguen intentando reproducir sus formas culturales de existencia. Eso ha pasado con todos los pueblos originarios en la Argentina que durante la década del ’90 del siglo XX han reemergido en muchos casos, se han fortalecido en otros y no es menor, empiezan a tener presencia”.
“Que estemos discutiendo el concepto de genocidio hoy habla de que este proceso ha sido invisivilizado durante mucho tiempo y ahora ya no está tan invisible y se va a pasar tal vez a un plano de discusión y hasta de negación”.
“Una vez que uno comprende y entiende porqué estamos hablando de genocidio -la forma sistemática con intención de destruir, se observa en el norte y en el sur, modalidades distintas en algunos casos pero se ven campos de concentración en las reducciones, en la isla Martín García, en Valcheta, en Puan-, si uno puede observar todo ese plano que habla de una sistematicidad y una centralidad ya no hay manera de volver atrás”, advirtió.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/05/mapelman-papazian.png?fit=1207%2C617&ssl=16171207FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-05-18 18:26:032017-05-19 16:37:08El genocidio indígena “tiene que estar en la agenda de derechos humanos”
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 211 votos afirmativos y giró al Senado un proyecto que busca dar marcha atrás con el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.
Consensuado por todos los bloques parlamentarios, la iniciativa nucleó una serie de proyectos en respuesta al fallo de la Corte Suprema que aplicó la “ley más benigna” en el caso del represor Luis Muiña. El debate en el recinto duró más de seis horas y contó con la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
El proyecto con media sanción establece que el beneficio del 2×1 no deberá ser aplicable a “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.
La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, consideró que se trata de “uno de los fallos más vergonzosos desde que existe la Corte”. “Por la gravedad del tema, tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país la Cámara de Diputados de la Nación dice que no vamos a renunciar a la memoria, la verdad y la justicia”, resumió la legisladora.
Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria, rechazó el fallo del máximo tribunal y manifestó: “Si en algo nos hemos insertado en el mundo fue en materia de DD.HH”. “Es bueno que haya una respuesta del Congreso hoy, a través de la Cámara de Diputados, para que el pueblo sepa que respetamos sus derechos”, añadió Recalde.
El diputado Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, aseveró que “se trabajó sobre un texto acordado con respecto a lo que consideramos un fallo vergonzoso por parte de la Corte Suprema”.
Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, dijo que “con esta ley venimos a corregir un error de este cuerpo legislativo” y consideró que el rechazo al 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad “tuvo que ser previsto mediante una ley”.
En nombre del Bloque Justicialista, el diputado salteño Pablo Kosiner dijo “que no es un momento para especulaciones políticas: este fallo es un grave retroceso de la política de DD.HH. de la Argentina”. Y recordó que presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña.
El Senado intentará hoy transformar el proyecto en ley en el marco de la concentración convocada por los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo y numerosas ciudades del país.
En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán esta tarde en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.
La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontrarán a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/05/18342043_787884388054322_6492646951054526757_n.jpg?fit=960%2C540&ssl=1540960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-05-10 02:58:112017-05-10 02:58:11Media sanción a proyecto contra el 2×1 a genocidas
El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.
“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’”, citó.
El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.
Pallero fue contratado el 17 de marzo de 1975 por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay. Integró la primera tanda del “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.
Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal, fue parte de los grupos de choque que, a instancias del diputado nacional del FreJuLi Rodolfo “Fito” Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.
Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.
Según Padilla, el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado Ponce en el ámbito gremial”.
En la causa que investiga 22 homicidios, Pallero es coimputado junto al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, docente de la UNS suspendido y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.
Al momento de responder el pedido de detención domiciliaria presentado por la defensa del represor, la Fiscalía advirtió que tanto los informes médicos y psicológicos que se le realizaron como los de la propia Colonia Penal de Santa Rosa no planteaban “imposibilidad alguna” para que sus dolencias continúen siendo atendidas dentro del ámbito carcelario.
El juez López Da Silva afirmó que el matón de Remus Tetu cumple “ampliamente con la condición etárea” -tiene 74 años- y padece “una profunda depresión con reiterados pensamientos de ideación suicida que pondrían en riesgo su vida”. Asimismo opinó que la gravedad del terrorismo de Estado y la responsabilidad internacional de juzgar sus crímenes no pueden “conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.
Y cerró con la cita al fallo de la Corte que el mundo repudia: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’ (CSJN, 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, rta. 3/5/2017)”.
Da Silva ordenó que la Dirección Nacional de Readaptación Social le coloque la pulsera de vigilancia electrónica a Pallero y al Servicio Penitenciario Federal que lo traslade “de forma inmediata” a la casa de su hijo.
El repudio en la calle
En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán la tarde del miércoles en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.
La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontraran a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/05/da-silva.png?fit=1500%2C1000&ssl=110001500FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-05-09 14:27:072017-05-09 14:27:07Otorgaron domiciliaria citando fallo 2×1
Desde la Marcha de Mujeres Originarias hacemos un llamamiento espiritual y colectivo para denunciar el genocidio sistemático. La Conquista del Desierto no ha terminado, sigue en proceso. Somos las voces de esos hermanos y hermanas que fueron desaparecidos de forma aberrante e inhumana. No solamente es genocidio matar y desaparecer; existe genocidio en las violaciones, mutilaciones de nuestra tierra y de nuestros cuerpos femeninos.
Genocidio es reducirnos a las urbes, traídos por el hambre y la desnutrición. Genocidio está en los centros de salud que no nos permiten parir libremente y nos dejan morir por ser mujeres pobres, por ser indígenas, por no hablar castellano. Genocidio cuando viene un uniformado y nos mata, nos viola, nos ultraja o nos mete presas. Genocidio introducido por el Estado a través de las drogas, el alcohol y la prostitución.
Por el desmembramiento de comunidades y familias, en cada una de las mujeres que el Estado invalida como madres y las separa de sus hijos e hijas para acentuar el colonialismo. Así, no solamente nos intentan matar físicamente sino culturalmente, espiritualmente, buscando que mueran nuestras propias lenguas autóctonas, desconociendo los derechos lingüísticos.
Existe un genocidio silencioso, en los niños, niñas y jóvenes que se suicidan, por culpa de una sociedad que los niega, y les arrebata el futuro. También al negarnos el acceso a la educación, a la salud, a viviendas y trabajos dignos. Hay un genocidio silencioso en las mujeres que matan al no dejarlas hablar y dejarlas a la deriva, lo hacen con sus palabras, considerándonos objetos.
Genocidio es la reducción de nuestros territorios, que no nos permitan sembrar, criar nuestros animales y mantener una soberanía alimentaria autónoma. El Estado Nacional y los poderes transnacionales, incluyendo las multinacionales están asentándose sobre las poblaciones indígenas provocando desplazamiento forzado, involuntario, generando condiciones para que la gente no pueda quedarse.
Está en juego nuestra existencia.
En nuestro territorio no hay fronteras, el territorio y su ancestralidad viajan con nosotras. Somos mujeres de la tierra y queremos caminar en dualidad. Las mujeres somos pilares imprescindibles, estamos pidiendo memoria, verdad, justicia y amor.
Caminamos por la defensa y sanación de los territorios, de la memoria y de nuestros cuerpos. Por la recuperación de nuestros ríos, lagunas y montañas llenas de conocimiento y bondades sanadoras.
Las mujeres hacemos un llamamiento a todas las naciones originarias y al pueblo argentino para fortalecer nuestras espiritualidades y territorios; por el nacer, crecer y ser libres de nuestros niños, niñas y de nuestras hermanas.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/05/mmo.jpg?fit=3264%2C2160&ssl=121603264FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-05-08 02:20:362017-05-08 02:20:36Llamamiento al Foro de Pueblos Originarios y Argentinización
El viernes, cerca de las 16, murió Dario Marillán quien trabaja en una ampliación de la empresa Cargill. Caminando hacia el merendero “se le cerró el pecho”. El joven de 32 años habría estado realizando tareas de pintura. La ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar.
“Hay que analizar si podía estar haciendo las tareas que estaba haciendo”, dijo a Ángeles y Demonios* Diego Márquez, prosecretario del sindicato de aceiteros, ya que el operario “tenía asma”. El Ministerio de Trabajo envió una inspección al respecto.
Recién luego de las 22 la familia logró retirar el cuerpo. Sus compañeros pararon la fábrica y otras empresas aledañas para reclamar que se resuelva la entrega del cuerpo lo antes posible. “No había nadie que firme”, ya que es territorio federal.
“Ya había un planteamiento de la intersindical de que adentro del Consorcio del Puerto tendría que haber ambulancias como también una sala médica apropiada para atender a los trabajadores. Si eso hubiera estado las probabilidades hubieran jugado a favor nuestro y hoy Darío estaría con nosotros”, agregó el dirigente.
Por otra parte, “no es la primera vez que pedimos una ambulancia y tarde más de treinta minutos”, aseguró. Márquez estimó que unos mil operarios y operarias ingresan diariamente al puerto. Sin embargo, no cuentan con ambulancia y sala de atención dentro del mismo.
El martes habrá una reunión intersindical y se analizarán las medidas a tomar. “Creo que el puerto tiene lo suficiente para que nosotros podamos tener un servicio de emergencia como corresponde”.
*Se emite los sábados de 10 a 12 por Continental Bahía Blanca.
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(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un insólito pero no sorpresivo fallo, aplicó la ley 24390 (del “2 por 1”) en una causa que se sigue por delitos de lesa humanidad (caso de Luis Muiña –expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).
En consonancia con manifestaciones de funcionarios y del propio presidente de la Nación, quienes niegan el genocidio, la cantidad de desaparecidos y reflotan la “teoría de los dos demonios”, el máximo órgano judicial se acopla al espíritu reaccionario de un gobierno que marca un retroceso en el avance que se evidenció en la política de derechos humanos en los últimos años cuando se logró juzgar y condenar por genocidio a varios de los más infames represores.
Hoy volvemos a estar alertas a los embates de la impunidad. Debemos impedir que este ejemplo se propague a otras causas y evitar que asome el fantasma del indulto. El discurso oficial parece ir en ese sentido, por ello es que llamamos a manifestar el repudio a esta medida a todas las organizaciones y particulares que siguen levantando las banderas que nos legaron lxs 30000 compañerxs detenídxs desaparecidxs.
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(CIJ) La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.
En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Lee el fallo completo.
Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti
En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.
Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.
Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.
A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.
En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.
Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.
Voto del juez Rosatti
En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.
Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.
Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.
Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda
Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.
Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).
Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.
Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.
Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.
Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).
Hechos de la causa y su calificación legal
En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.
Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado.
A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.
Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.
Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.
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En el día de hoy ha finalizado la asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina), cuya anfitriona fue en esta oportunidad Radio Revés 88.7 de la ciudad de Córdoba, la radio de los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Desde el sábado al mediodía funcionó nuestra asamblea de asociadas que se extendió durante dos jornadas y media de debate, balance y planificación de las líneas de acción de la red, e incluyó un taller junto a la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual.
Los principales temas abordados fueron la crítica situación de nuestro sector a raíz del incumplimiento en la ejecución de los fondos FOMECA 2015 por parte del ENACOM, la preocupación por los recientes decomisos a diferentes radios por parte del mismo organismo y la falta de información acerca del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergente impulsado por el Poder Ejecutivo.
Desde AMARC Argentina también seguimos con atención y preocupación el tratamiento de un proyecto para modificar la actual Ley de Bosques de la provincia de Córdoba, que incrementaría de forma salvaje el desmonte de bosques nativos. En la actualidad ya se vio reducida al 3% del territorio provincial, con las consecuencias ambientales y de inundaciones que se vienen registrando cada vez con mayor frecuencia y crudeza.
En el marco de una emisora universitaria como Radio Revés, que sigue reclamando el otorgamiento de su autorización por parte de ENACOM, también nos preocupa la política de desfinanciamiento que viven las Universidades Nacionales y la educación pública en general, como muestra la lucha docente de la que nos hicimos eco desde el inicio del año.
Agradecemos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y al CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) por permitirnos utilizar las instalaciones de la Casona de Villa Carlos Paz, y reafirmamos la articulación con las organizaciones de nuestro pueblo como aliados estratégicos.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/05/foto-asamblea.jpg?fit=1161%2C575&ssl=15751161FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-05-02 21:36:102017-05-02 21:36:10Declaración de la Asamblea de 2017 de AMARC Argentina
En el Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras un conjunto de organizaciones sindicales y políticas se reunieron para conmemorar esta fecha que tiene como antecedente histórico a la masacre de los Mártires de Chicago.
Con el objetivo de remarcar una larga historia de lucha del movimiento obrero en nuestra ciudad Analía Lusarreta, delegada del Suteba y coordinadora del acto, recordó -a 110 años- la huelga de estibadores de Ingeniero White, hecho que tuvo como consecuencia un “alto nivel de represión y dos compañeros muertos”. Además, la gran mayoría de los/as oradores recapitularon sobre las tres movilizaciones del pasado 6, 7 y 8 de marzo como ejemplo de la unidad de la clase trabajadora ante el gobierno de Mauricio Macri.
El acto se inició con la intervención del SUTEBA de la mano de Enrique Gandolfo quien comentó la tarea de los/as docentes en los últimos meses al salir a socializar al conjunto de la comunidad educativa el sentido de sus acciones en un marco de ajuste y reducción de salarios por parte del gobierno nacional y provincial.
“Queríamos explicar y que nos escucharan porque entendemos que vienen por mucho más”, dijo Gandolfo y agregó que el objetivo del gobierno había sido “disciplinar a los trabajadores y trabajadoras de la educación e intentar propinarnos una derrota que tuviera un efecto ejemplificador hacia el conjunto de la clase trabajadora. Por eso era tan válida esa consigna que decía: si ganan los docentes ganamos todos y todas. Ellos intentan resolver sus crisis con el ajuste y la represión, nosotros tenemos todo el derecho a pensar que como trabajadores de la educación defendemos nuestras conquistas, nuestro salario y defendemos a la escuela pública”.
La lista de oradores y oradoras continuó hasta entrada la tarde donde algunos como Héctor Zaris del MST remarcaron en este año electoral la necesidad de “construir una referencia política y electoral, como un camino necesario a recorrer” y otros/as, entre ellos los partidos trotskistas alineados al FIT, plantearon la exigencia a las centrales trabajadoras de “un paro general de 36 horas y un plan de lucha unificado para enfrentar el ajuste como corresponde”.
Otros gremios incluyeron en sus oratorias el pedido de solidaridad con otros compañeros/as de su sector, como el caso de Néstor Allende por la AJB quien denunció la intervención del sindicato de judiciales de Mendoza y la persecución de gremialistas de Santa Cruz.
Astor Vitali por la UMSUR se refirió a la situación de los y las músicos y compartió las acciones que planean de cara al futuro: una campaña nacional solicitando a la Cámara 8 de Apelaciones de Trabajo que otorgue dictamen positivo para que los/as músicos de la región del sur de la Provincia de Buenos Aires puedan hacer efectivo el uso del derecho a la organización gremial con el otorgamiento de la inscripción gremial simple en primera instancia para conseguir luego su personería.
También estuvieron presentes los/as integrantes del sindicato de los mensajeros y cadetes ASTRAMYC; su orador Jonathan Landa expresó que “lo que tenemos que pensar profundamente es de qué manera discutimos arriba de la mesa cómo enfrentamos el plan estratégico de quienes están gobernando, porque lo que estamos viviendo es el principio del camino, no es el final”.
José Lualdi, de la Corriente Comunista “David Watu Cilleruelo”, analizó la idea de la supuesta grieta en nuestro país profundizada por “los comunicadores del sistema”, y aseguró que “nosotros no tenemos ningún problema con los trabajadores y trabajadoras que sufren sean del partido que sean. Sufren los peronistas, los radicales, los comunistas, los socialistas, los trotskistas, los creyentes y los ateos; la grieta que tenemos es con los fascistas (…) Estamos enfrentando un gobierno que nos desprecia, esa es la grieta y acá la grieta se llama Gay”.
El Colectivo Pueblo en Lucha puso especial énfasis en el papel del Movimiento de Mujeres en estos últimos años y subrayó no sólo el trabajo productivo sino también la visibilización del trabajo reproductivo. En este sentido se expresaron también Mujeres Trabajadoras Feministas con la lectura de un documento que analizaba la fecha desde una mirada feminista y antipatriarcal.
Sobre el final del acto la secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Dorrego, Ana Canullo, afirmó que el 1º de Mayo “es una fecha que unifica a la clase obrera internacional, y en este sentido creemos que comprender y tener en cuenta ésta dimensión histórica no es solamente recordar, sino contraponer nuestra historia a nuestra realidad actual y darnos cuenta que los compañeros y las compañeras que se organizaban a principios del siglo XX luchaban por reivindicaciones que después seguimos enarbolando durante toda nuestra historia en distintas épocas”.
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(Por Bahiensas Feministas) Este Primero de Mayo, mujeres trabajadoras feministas queremos poner en común nuestras demandas específicas, que están vinculadas con una explotación por partida doble: la del capitalismo y la del patriarcado.
En muchos lugares esta fecha todavía está asociada solo al mundo de los hombres y se suele hablar del ‘Día del Trabajador’ excluyendo a las mujeres trabajadoras que también fueron protagonistas de esta historia. Si bien se ha avanzado en la construcción de nuevos sentidos para pensar también el día de las trabajadoras, por ejemplo desde el lenguaje, pensamos que aún falta mucho camino por recorrer.
Las mujeres hemos trabajado desde que tenemos existencia: hemos sido costureras, sombrereras, urdidoras de telares, peinadoras, entre tantos otros oficios, muchos de ellos ligados a las actividades domésticas; pero también, hemos sido campesinas, herreras, mineras, deportistas, periodistas… aún en esas épocas donde la historia oficial mostraba que las fábricas eran sostenidas sólo por varones. Hemos luchado dentro y fuera de la fábrica y nos hemos organizado para que las imágenes de mujeres referentas aparezcan en los supuestos grandes relatos. Nuestra historia como mujeres trabajadoras está plagada de esfuerzos, sacrificios y organización, porque cuando los acontecimientos les atribuían derechos a los varones nosotras todavía batallábamos para que se nos considerara también sujetas de derecho.
El capitalismo profundizó las estructuras patriarcales, devaluando nuestros salarios en comparación con el de los varones y responsabilizándonos de las tareas de cuidado que aseguran la reproducción de la vida y garantizan la producción de los bienes y servicios en la sociedad. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todxs lxs trabajadorxs y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de los hogares, sino al interior de estos entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.
El contexto actual de precarización general de la vida consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri profundiza las desigualdades de género en diversos ámbitos de nuestras existencias. La situación de empleabilidad de las mujeres está históricamente marcada por peores condiciones laborales: en la actualidad existe una brecha salarial del 27% en sectores registrados, pero que alcanza el 39% en los no registrados, techos de cristal que nos impiden alcanzar puestos jerárquicos, o paredes de cristal que nos relegan a determinadas tareas dentro del mercado laboral, que justamente se vinculan con las domésticas. Sumado a esto, la situación cotidiana de acoso laboral ejercida por parte de compañeros varones, que sufrimos muchas mujeres en nuestros lugares de trabajo. Además, mientras los indicadores de desempleo en la argentina superan el 7% (y el 9% en Bahía Blanca), para las mujeres jóvenes este dato supera el 19%.
El recorte presupuestario que se muestra en la disminución del gasto público en servicios esenciales como el cuidado de la salud, la educación, el transporte, el alimento, delega responsabilidades del Estado y los gobiernos a los hogares, y especialmente a las mujeres que son las que se ocupan de estas tareas en la división sexual del trabajo.
El pasado 8 de marzo transformamos el Día de la Mujer en un paro internacional de mujeres. Mujeres de más de 40 países nos unimos bajo la consigna ‘si nuestra vidas no valen, produzcan sin nosotras’ para luchar por los derechos que el estado patriarcal se resiste a garantizarnos tales como la legalización del aborto, la libertad sobre nuestros cuerpos y la erradicación de las violencias económicas y los crímenes machistas.
En Bahía Blanca la fecha nos permitió a mujeres organizadas e independientes crear nuevos vínculos a través de la organización: difundimos el paro en barrios, escuelas y sindicatos; escribimos un documento común en el que plasmamos todas nuestras reivindicaciones; pintamos una bandera para encabezar la marcha con la consigna internacional y marchamos todas juntas en un día de lluvia torrencial. Organizar el paro también implicó que nos diéramos el tiempo para preguntarnos y reflexionar, por ejemplo: ¿quién para la olla cuando nosotras paramos? Ahí aprendimos que nuestra fuerza de trabajo es funcional al sistema ya que al ocuparnos de las tareas domésticas, el capital explota a los varones contemplando ese tiempo que no dedican al hogar.
Por otra parte, pudimos pensar la unidad de las mujeres en un contexto en el que nuestras vidas corren peligro cada 18 horas. Por tal motivo, participamos de multisectoriales para organizar estrategias de intervención, que incluyen la demanda al Estado en su responsabilidad sobre los femicidios y la gestión de las políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y combatir la cultura de la violación como parte fundamental de la cultura patriarcal.
Este 1° de mayo exigimos:
Revalorización, redistribución y socialización de las tareas de cuidado. Esto implica más políticas públicas: hogares, jardines, formación de personal y que el Estado exija a las empresas guarderías y lactarios.
Ampliación de licencias por maternidad y paternidad.
Reglamentación de la licencia por violencia de género.
Representación equitativa en las organizaciones gremiales.
Por último queremos compartir una declaración de Flora Tristán de 1843, que a pesar del paso del tiempo continúa aún vigente:
«A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».
«La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».
¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores!
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(Por Observatorio Petrolero Sur) Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límite geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.
Vista aérea de Loma Campana, el área más desarrollada en Vaca Muerta / Fabián Ceballos
Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica..
Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.
En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.
Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.
La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.
En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.
Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.
De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.
Infraestructura del fracking en el Cono Sur
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Las rutas
En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.
Los trenes
Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.
Procesamiento y basureros
Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.
Vista aérea del basurero petrolero Comarsa en la ciudad de Neuquén / Fabián Ceballos
Gasoductos
Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.
Los oleoductos
En relación a oleductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.
La arena del fracking
El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.
Planta de tratamiento de arenas en Dolavon (Chubut) / Jorge Ariza
Pasos fronterizos y aduanas
Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.
Infraestructuras parainstitucionales
El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
En octubre de 2016 se conoció el derrame de 240 mil litros de líquido de inyección. En la fotografía, realizada pocas semanas después, se observa las líneas de árboles ya secos que fueron afectados por los químicos / Fabián Ceballos
Las zonas de preservación
El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.
En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.
El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.
En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.
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“Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda y a la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), hoy el nieto 122 puede conocer la verdad sobre su origen”, afirmaron las Abuelas de Plaza de Mayo al comunicar la restitución del hijo de Iris García Soler y Enrique Bustamante, desaparecidos el 31 de enero de 1977 durante la última dictadura cívico-militar.
Al momento del secuestro, Iris estaba embarazada de tres meses. Había llamado a sus padres para avisar que pasaría de visita, pero luego canceló el encuentro y su familia nunca más supo de ella ni de su compañero ni del niño que debió nacer en julio de 1977.
Las Abuelas manifestaron que “esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la justicia siempre vencen al olvido y el silencio. Muchos años llevó determinar la identidad de Iris y Enrique, muchos más dar con sus familiares que desconocían la existencia de un niño robado a quien le habían sustituido la identidad. El propio nieto debió esperar que le dijeran que podía ser hijo de desaparecidos para conocer su origen”.
“Este caso es la muestra de que los juicios han sido y siguen siendo una herramienta fundamental y que el Estado debe acompañar con políticas públicas el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. A la sociedad le pedimos que nos siga ayudando a encontrar a nuestros nietos. Este año cumplimos 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor rompamos el silencio y nos los dejemos con la duda a los más de 300 hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son”.
Iris Nélida nació el 15 de mayo de 1952 en la ciudad de Mendoza. Estudiaba Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA), y su familia y amigos la llamaban “Susuki”. Enrique nació el 5 de junio de 1951 y era conocido como “Bebé”. Iris comenzó su actividad en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y luego compartió su militancia con Enrique en la organización Montoneros. Allí, sus compañeros la conocían como “Tita”, “Pajarito” o “La Gallega”, y a él como “El Lobo” o “El Chamaco”.
Ambos fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Tacuarí al 400. Fueron vistos en el centro clandestino de detención “Club Atlético” y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que Enrique fue llevado a la ESMA y luego devuelto al Atlético. Iris estuvo en Atlético hasta mayo de 1977, momento en que fue llevada a la ESMA para dar a luz. Sus compañeros de cautiverio la llamaban “la Lobita”. Este hecho muestra la coordinación represiva entre la Armada Argentina con otras fuerzas de seguridad, en este caso con la Policía Federal Argentina.
Por otro lado, testimonios de sobrevivientes de la ESMA dieron cuenta de que “Tita” había dado a luz a un varón en julio de 1977, y que llegó a tenerlo en sus brazos. La diversidad de apodos y testimonios hicieron que llevara tiempo identificar que “Tita” y “la Lobita” -una secuestrada embarazada y la otra que había dado a luz en la ESMA- eran la misma persona.
La investigación
La denuncia sobre el embarazo y la desaparición forzada de Iris Nélida García había sido realizada por su padre, Manuel García. Al mismo tiempo, desde Abuelas de Plaza de Mayo, gracias al testimonio de Nilda Orazi y otras sobrevivientes de la ESMA, tomaron conocimiento de una joven embarazada apodada “la Lobita”, que había sido trasladada desde el centro clandestino Club Atlético a la ESMA para dar a luz. Pero las piezas encajarían mucho después.
En 2004, la Conadi comenzó a trabajar para dilucidar la identidad de dos mujeres. Una de ellas era apodada “Tita” y había sido vista por distintos liberados del Atlético; la otra, “la Lobita”, había sido vista en la ESMA.
A partir de la investigación, pudo saberse que uno de los sobrenombres de Iris era “Tita”, por lo que se determinó la conexión con la embarazada vista en el Atlético. Más adelante, se supo la identidad de su compañero, “el Lobo”, y se descubrió que no estaba denunciado como desaparecido. El apodo de Enrique permitió establecer que Iris era “La Lobita” vista en el ESMA.
A fines de 2004, una persona liberada de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había militado en el mismo ámbito que la pareja, pudo identificar al “Lobo” y a “la Lobita” o “Tita” como Enrique Bustamante e Iris Nélida García. De esta manera, pudo incorporarse un nuevo caso al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Sin embargo, hasta ese momento no había familiares de Enrique Bustamante para contactar, ya que no estaba denunciado como desaparecido y sus padres ya habían fallecido. Recién en 2010, una prima se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar información sobre Enrique y se pudo realizar la denuncia e incorporar el grupo familiar al BNDG.
Cabe destacar que tanto la desaparición de Iris como la apropiación de su hijo están siendo juzgadas en el juicio por los crímenes de la ESMA que comenzó en 2013, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Capital Federal.
La búsqueda
Frente a numerosas denuncias recibidas por Abuelas, la filial de Córdoba decidió contactar, a través de su equipo de acercamientos, a un joven que presumiblemente era hijo de desaparecidos. El hombre accedió a realizarse los exámenes de ADN de forma voluntaria y el 18 de abril último, el BNDG informó a la Conadi que se trata del hijo de Iris García y Enrique Bustamante.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/04/C-RXxYoXYAACrTh.jpg?fit=1200%2C675&ssl=16751200FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-04-25 15:15:262017-04-25 15:15:26Abuelas anunció la restitución de la identidad del nieto 122
(Por NiUnaMenos) No en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino ¡Ni Una Menos!
Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden más penas, no piden menos libertades. Piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia. La demanda al Estado fue muy clara y puede resumirse en políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuesta adecuada a las víctimas. Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo. Nos matan al ritmo escalofriante de una por día: cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina.
Las respuestas como la que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como Ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas. El proyecto de reforma que se tratará en el Senado busca aumentar la cantidad de tiempo que tiene que estar una persona detenida para lograr salidas transitorias, libertades anticipadas y condicionales, y en algunos casos se busca incluso prohibirlas. Pedimos políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social.
Claro que hay jueces y fiscales que no toman en serio la voz de las denunciantes o que no se preocupan por la especificidad de violaciones y femicidios. Esa sospecha sobre nuestra propia voz es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan, y que está en la base de denuncias no consideradas y en las excarcelaciones apresuradas. El punitivismo no es menos machista: al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas. Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda. Hoy buscamos a Araceli Fulles en San Martín, desaparecida hace 15 días. La fiscalía de San Martín no aceptó la ayuda de la Unidad especializada de Trata de personas para descartar esa hipótesis. En otras palabras: nos ningunean, y todas las medidas que efectivamente existen para prevenir y erradicar la violencia machista son desoídas una a una.
Se elude sistemáticamente la desigualdad estructural que imponen las jerarquías de género. De esta forma no se incorpora una dimensión de análisis más necesaria para erradicar la violencia machista: el carácter particular de los delitos sexuales. Entonces nuestros legisladores optan por la respuesta fácil, aquella que no mejora nuestras vidas, y con manifiesta facilidad realizan anuncios punitivistas con una ligereza sorprendente que demuestra la falta de compromiso que tienen con el bienestar de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans.
Reformas que ya existen
En 2004, tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg y las marchas que encabezó su padre, el Poder Legislativo tuvo una respuesta igual de súbita e igual de ineficaz. El ejemplo de la actuación en este recinto hace trece años es pertinente porque ya en ese momento se limitaron las salidas de prisión de quienes habían cometido delitos: homicidios criminis causa, delitos contra la integridad sexual seguido de muerte, secuestro seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo.
Ocho años después, en diciembre de 2012, ante la conmoción que generó la violación seguida de femicidio de Tatiana Kolodziej, se promovió una extensa reforma a la misma ley 24.660, con el objetivo de restringir la posibilidad de conceder libertades anticipadas a quienes resultaran condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual. Esto mismo que se alega hoy, usando el femicidio de Micaela.
Esa reforma de 2012 reguló, además, distintos dispositivos para evaluar la situación de los condenados por violencia sexual y someterlos a un seguimiento específico, junto con el cumplimiento de su condena. Entre las exigencias previas a la concesión de una libertad anticipada para condenados por agresiones sexuales, se estableció la necesidad de elaborar un informe especial por parte de una comisión interdisciplinaria y se estableció el acompañamiento de un equipo especializado durante el periodo en que la persona se encuentre en libertad.
El proyecto que hoy se discute no dice nada de los resultados de esta reforma. No sabemos si se implementaron estos mecanismos, cuántos agresores sexuales fueron incorporados a ese régimen y si fue efectivo. La necesidad del establecimiento de políticas específicas para ofensores sexuales durante su condena resulta central a la hora de discutir el posible daño causado por los condenados al momento de recuperar su libertad. La reforma de 2012 los preveía.
Ahora, haciendo un uso oportunista y cínico del femicidio de Micaela, se busca extender prohibiciones que ya existen a un universo más vasto de delitos. El camino recorrido hasta ahora, y en el que se insiste, es el de descansar en el límite del sistema penitenciario. Se trata de un capítulo más de la banalización que hace el Estado, en este caso el Poder Legislativo, de la violencia machista y de los efectos que tiene en nuestras biografías. Si de verdad hay interés en resolver con eficacia la intervención penitenciaria, estas definiciones no pueden, no deben depender del límite del sistema penitenciario: no se trata de privilegios de quien es condenado/a sino de considerar adecuadamente cuáles son las condiciones por las que la violencia se perpetúa dentro y fuera de la cárcel.
Políticas de prevención ausentes
¿A quién le sirve responder con el Código Penal cuando estamos muertas y cuando al mismo tiempo se desmantela, desjerarquiza y desfinancia el Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Le pedimos seriedad a las y los legisladores: no disfracen con modificaciones penales la inacción estatal respecto de la prevención y el cuidado, la falta de presupuesto adecuado, el deterioro de las líneas de atención, la escasísima formación con perspectiva de género de los agentes judiciales –que evitaría la sospecha sistemática sobre la palabra de las víctimas o sus familiares o amigos–, la destrucción de los programas educativos. Les pedimos seriedad y no actos publicitarios.
Queremos traer el debate que damos en las calles, que dimos en una asamblea abierta en la Plaza de Mayo mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintos sectores nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más y sin embargo ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone. Creemos que dos años después de salir masivamente a las calles una y otra vez es hora de que llegue al Senado lo que se vive extramuros.
El femicidio de Micaela, como el de Chiara, Melina, Daiana, y las 329 jóvenes de 16 a 21 años que fueron asesinadas en los últimos 9 años son responsabilidad del Estado.
El Estado es responsable de cada voz que se apaga por una serie de faltas de acciones y omisiones. En primer lugar no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde, el 80 por ciento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación se va en ladrillos: con lo que a una necesidad real (la capacidad de resguardo y cuidado de quien debe salir del círculo de violencia machista) se la transforma en una respuesta que termina por considerarse erróneamente total cuando, como sabemos, es apenas una parte de un tratamiento integral al problema. También existe un patrocinio jurídico que aun convertido en ley no se implementa. Como si todo esto fuera poco, ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen que esta problemática es estructural. Y, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía sobre su cuerpo; pero de todo esto rara vez se habla.
Estamos acá porque no vamos a permitir que se hable en nuestro nombre ni en el de los feminismos. Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.
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(Por Carlos Iaquinandi Castro – Redacción de SERPAL) Murió en Madrid Carlos Slepoy, abogado argentino que llegó a España en 1977 como uno más de los miles de exiliados de la dictadura argentina. Lo expulsó del país el gobierno de facto del General Videla, tras un año de cárcel. Ya en Madrid, participó en todas las denuncias contra el terrorismo de Estado en su país y, luego de validar su título, ejerció como jurista en la defensa de víctimas de las dictaduras de Argentina y Chile. Defensor del concepto de Justicia Universal, reclamó que las instituciones se abrieran a los ciudadanos para que pudieran presentar sus denuncias ante violaciones de derechos fundamentales cometidos por gobiernos autoritarios. Ejerció como abogado laboralista, y defendió a delegados y activistas sindicales.
El grave incidente de 1982
En enero de 1982, intercedió ante un guardia civil que en estado de embriaguez y fuera de servicio intimidaba con su arma a un grupo de adolescentes en una plaza madrileña. El policía le disparó un tiro en la espalda que le afectó la región lumbar. Ese impacto le dejó una invalidez de la que pudo recuperarse parcialmente, aunque le quedaron secuelas que nunca logró superar. Sin embargo “Carli” lo asumió con fortaleza y tuvo entereza y sonrisas para continuar su tarea en defensa de los derechos humanos.
Acusación popular
En marzo de 1996, Slepoy presentó una denuncia ante los tribunales españoles contra los responsables de la represión en Chile y Argentina, patrocinando una querella de familiares de las victimas. La causa fue aceptada, y eso permitió dos años después que el juez Baltasar Garzón solicitara a la justicia británica la captura del dictador Augusto Pinochet durante su estadía en la capital del Reino Unido. Tras más de un año retenido en Londres, y a pesar de que el tribunal aprobó su extradición a España, las presiones internacionales consiguieron que finalmente el gobierno británico consintiera su regreso a Santiago de Chile, argumentando “razones de salud” y el compromiso del gobierno chileno de que allí sería juzgado. (Cosa que finalmente, nunca ocurrió). De todos modos durante esos meses quedó en evidencia judicial la responsabilidad del dictador chileno en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas.
Contra otros represores latinoamericanos
La querella presentada por Carlos Slepoy también permitió la condena del ex oficial de marina argentino Alfredo Scilingo, implicado en los llamados “vuelos de la muerte”, el lanzamiento al mar desde aviones navales de cuerpos de “detenidos-desaparecidos”. Y también la extradición y procesamiento del represor Ricardo Cavallo, oficial de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó un centro clandestino para detención y tortura de militantes políticos. Slepoy también brindó asistencia jurídica al Premio Nobel alternativo paraguayo Martín Almada cuando entregó en la Audiencia Nacional española documentación relacionada con el Plan Cóndor de exterminio de los opositores a las dictaduras sudamericanas y cuando se reclamó el juzgamiento del General guatemalteco Efraín Ríos Montt por la masacre de comunidades campesinas.
Los crímenes del franquismo
Años después, sus esfuerzos consiguieron que la justicia argentina asumiera investigar crímenes del franquismo, afirmando su criterio de universalizar esa lucha por la memoria y contra la impunidad. “Que la humanidad quede liberada de ese flagelo, que se respire mejor en el mundo” fueron sus palabras. Carlos Slepoy, consideraba que esa decisión, era una correspondencia con la de la justicia española al considerarse facultada ante los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. Tras la instrucción, la justicia argentina solicitó la extradición de ocho ex ministros de la dictadura franquista y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad. El gobierno de Rajoy no aceptó la petición, alegando entre otras cosas, la prescripción de los delitos por haber transcurrido más de 15 años. Los demandantes replicaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y que el principio de legalidad internacional obliga a cualquier estado a investigar este tipo de delitos.
El “cortafuegos” del PP contra la justicia universal
En febrero del 2014, el Parlamento español, con los únicos votos de la entonces mayoría absoluta del Partido Popular (M.Rajoy) aprobó en trámite de urgencia su propuesta de ley que limita que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Esto significó un duro golpe para el principio de justicia universal. Dejaron sin posibilidad de actuación a la justicia española para actuar -entre otros- en los casos del asesinato del cámara español José Couso por militares norteamericanos, los asesinatos cometidos en el Sáhara, los genocidios en Guatemala y Ruanda, los bombardeos contra Gaza, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura pinochetista, o las detenciones ilegales y torturas en Guantánamo por fuerzas de los Estados Unidos.
El caso de Israel
Slepoy también impulsó propuestas para que Israel fuera juzgado “por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio”, tres figuras penales que no prescriben. “En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los territorios ocupados y la instalación de colonias”, declaró entonces al diario “Público”. Los vetos de Estados Unidos a las resoluciones de las Naciones Unidas condenando a Israel y la imposibilidad de que actúe la Corte Penal Internacional porque el estado judío no forma parte de su Estatuto, llevó a Slepoy a proponer que en España o en otros países (por ejemplo latinoamericanos), se pudiera ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes.
Esta enumeración, es apenas un resumen de la entrega personal de Slepoy en la defensa efectiva de los Derechos Humanos. Su ausencia, seguramente destacará su trayectoria, su coherencia y su constancia.
Muchos hemos perdido a “Carli”, un amigo, un compañero, un luchador. Pero todos hemos perdido un ser humano especial, irremplazable arquitecto de un mundo mejor, más justo y habitable. Su ejemplo, su mejor legado.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/04/17991035_10210947458416992_5641505762437634876_n-e1492578464792.jpg?fit=943%2C477&ssl=1477943FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-04-18 15:44:472017-04-19 02:18:50El adiós a Carlos Slepoy
¿Por qué será que el fundador de la ciudad, el coronel Ramón Estomba no tiene un gran monumento visible?, se pregunta Francisco Felkar en sus Crónicas de Demóstenes, ilustraciones que acompañaron el contrafestejo Bahía Blanca desde la Calle.
“Será que los responsables de construir el mito fundacional quisieron mantener en las sombras el atormentado tramo final de su vida. Como si la gloria alcanzada por su participación en las guerras de la independencia quedara mancillada por las atrocidades que se le adjudican a partir de su adhesión a las fuerzas unitarias comandadas por el General Lavalle”.
“Pero sí existe una referencia pública. Aunque escondida de la mejor manera que se pueda esconder un objeto, ‘a la vista de todos’. Se trata de una placa de bronce en relieve, amurada en el edificio del Banco de la Nación, en la esquina de las calles ‘Estomba’ y Moreno. La cual contiene una efigie apócrifa del guerrero de la independencia sudamericana”, afirma el artísta plástico.
Dice Felkar que “Bahía Blanca, ciudad misteriosa, como en esos días de niebla, en que se la percibe de manera difusa, así también soslaya, omite, minimiza, idealiza la decadencia del accionar militar de Estomba hasta su trágico final sumido en la locura. Y así también otros conflictos locales”.
“La historia oficial difundió con mucho detalle toda su carrera militar. Su padecimiento en los calabozos del Perú, la expedición con el séptimo regimiento de Caballería a su mando y la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina inclusive. Pero las ilustraciones que componen la serie ‘Crónicas de Demóstenes’ y que pueden contemplarse como viñetas sueltas de una historieta, reflejan los sucesos posteriores y ponen de minifiesto la violencia demencial que inutilmente ha querido ser escondida bajo los supuestos beneficios de la civilización y el progreso”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_6249.jpg?fit=5149%2C2847&ssl=128475149FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-04-17 13:10:382017-04-17 13:10:38#11A: Felkar expuso a Demóstenes Estomba
(Por Nicolás Fernández Vicente) Sabemos que la documentación y los registros han estado históricamente en manos de la cultura y el poder hegemónico, razón por la cual el enunciado anterior resulta, por lo menos, grandilocuente. La influencia de la cultura africana en el tango, por ejemplo, está en constante discusión. Resulta evidente la falta de documentación sobre el tráfico de esclavos; cuando esa documentación existe, lo que aparece allí es la voz y la mano de los europeos, de los blancos. Lo mismo sucede con los cronistas de Indias respecto de la conquista de América y el genocidio de nuestros pueblos originarios. El exterminio no es sólo físico sino, por supuesto, simbólico.
Dicho esto, es muy difícil determinar si la que anunciaremos es verdaderamente la primera composición, aunque sí podríamos afirmar que se trata del documento más antiguo que atestigua la existencia de una composición musical titulada “Bahía Blanca”.
Quizás la pregunta que deberíamos hacernos en primer lugar antes de abordar lo propuesto por el título es cuántas composiciones llevan el mismo nombre de la ciudad.
La composición más conocida o una de las más emblemáticas que se conocen en ese sentido es la de Carlos Di Sarli (1957). Pese a que se han compuesto letras con posterioridad a su composición, estas no han llegado a penetrar en el imaginario popular, a diferencia de lo que sí sucedió con un ejemplo paradigmático como el de “Mi noche triste”, escrita por Contursi sobre la música de “Lita” de Samuel Castriota, cuya grabación acaba de cumplir su centenario.
Otras de las muy conocidas que lleva el mismo título es la del dúo Los Visconti (1974). Desde el título, la letra de esta canción pareciera ser la justificación perfecta para el dicho popular “ciudad de Villa Mitre”, dado que el paisaje y la geografía evocados, fundamentalmente en el estribillo, hace alusión estrictamente a ese barrio, que en el universo del texto es sinécdoque de Bahía Blanca.
En un acto de justicia poética, es preciso mencionar también otra composición del Señor del Tango en la que aparece la topografía bahiense, más precisamente la del barrio Bella Vista: Nido gaucho (1942).
Según el Dr. Eduardo Giorlandini, es posible que Di Sarli le haya referido a Héctor Marcó el paisaje rural de Bahía Blanca durante su infancia (tres décadas posterior a la campaña para el desierto), para que el poeta pudiera plasmarlo en la letra de esta composición:
Yo me crié a la vuelta de la casa donde vivió Di Sarli; en una calle paralela a la entonces Buenos Aires, hoy Hipólito Yrigoyen; a pocos metros, el Napostá, hoy entubado. Mirando desde uno de los lados de la plaza Rivadavia, hacia la casa de Di Sarli se veían las lomas, todavía, hace setenta años. Trasponiendo el arroyo, estaba el campo, a ocho cuadras del centro. (Giorlandini, 31 de agosto de 2011)
Nos quedará para otra ocasión un lindo ejercicio que invita a ver cómo el paisaje rural que se describe en las dos últimas letras contrasta con el paisaje urbano e industrial presentes en las escritas por Julio Hernández y Clementina Zivano, que podrán escucharse más tarde en esta “Bahía Blanca desde la Calle”.
Para culminar, pasamos entonces a aquello que da nombre a esta intervención.
El 30 de mayo de 1887, el diario El Argentino, que dirigía Caronti, publica un aviso firmado por un tal Isidoro Guezzi (Ghezzi), en el que este señor ofrece sus servicios como profesor de piano y de violín tras haber llegado accidentalmente a esta localidad.
La página del Círculo Trentino de Bahía Blanca ofrece registros de los residentes en Bahía Blanca registrados en la Sociedad Italiana XX de Septiembre. En ellos, Isidoro Ghezzi aparece inscripto como un profesor de piano de 32 años, proveniente de la localidad de Daone. Por su parte, el archivo del Estado de Trento registra un Isidoro Ghezzi nacido en 1876 en Roncone, apenas a 8 kilómetros de Daone (casi la misma distancia que existe entre Bahía Blanca e Ingeniero White). Si para 1898 Ghezzi contaba con 32 años, se podría hipotetizar, en caso de que ambos registros refieran a la misma persona, que haya algún error en la transcripción de los datos, pues la diferencia es redonda: 10 años.
Una vez instalado en la ciudad, Ghezzi comienza a dar clases en forma privada y es recomendado por la prensa como buen profesor para niños y niñas. Primero lo hace en la casa de negocio de Francisco Iguacel, luego publicita que lo hace a domicilio y posteriomente anuncia que tiene a disposición los pianos de los establecimientos de educación pública de la ciudad (escuelas N.° 1, N.° 2 y N.° 6), en cuyos puntos dará lecciones, a todos los que se interesen, a precios módicos. La evidencia amerita el comentario: es evidente que ya en la génesis de la educación pública existen límites difusos con el ámbito privado.
Siguiendo el camino de Isidoro Ghezzi por la prensa local, nos encontramos con que en 1889 el buen pianista compone una mazurka. Para quienes se pregunten qué es una mazurka, se trata de un género europeo, polaco, que se bailaba aquí y que llegó junto con otros como el chotis, la habanera o la polka. Pero los bailarines de estas tierras lo adoptaron y lo adaptaron, con lo cual resulta también un antecedente del baile del tango, sobre todo porque esta danza ya incluía cortes y quebradas. Como ejemplo pueden escuchar la “Mazurka de Buenos Aires”.
El Porteño es el que ese año anunció a la comunidad el regalo del señor Ghezzi: la partitura de una mazurka llamada, justamente, “Bahía Blanca”. Decía el diario en ese entonces: “Esperamos escucharlas para poder dar nuestra opinión al respecto; mientras tanto agradecemos al maestro Ghezzi el galante obsequio.”
Esperamos también encontrar alguna de esas notas perdidas y, obviamente, como la dirección del periódico en aquel entonces, seguimos esperando escucharla.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_6345-e1492443159925.jpg?fit=5417%2C2558&ssl=125585417FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-04-17 12:42:482017-04-17 12:42:49#11A: Primera composición sobre Bahía Blanca
Durante su participación en Bahía Blanca desde la Calle, el poeta Mario Ortiz se refirió a la renovada alianza entre sectores políticos, empresariales y mediáticos que confluyen estos días en la FISA y calificó como un “gesto social y resistente” al contrafestejo convocado por la FM De la Calle.
Ortiz dijo que “hay una foto que pueden buscar en La Nueva Provincia que para mí es emblemática del momento en que estamos viviendo en cuanto al tramado económico y de los medios de comunicación. Y es la foto -creo que de febrero- en la que aparecen reunidos en el ámbito de La Nueva Provincia la Corporación del Comercio y la Industria, la Unión Industrial, junto con (Gustavo) Elías, el dueño de La Brújula y ahora La Nueva Provincia”.
“Todos ellos realizando un compacto núcleo económico periodístico, pensando en futuros proyectos bahienses, etcétera, en el marco del cual se está desarrollando ahora la FISA. Hay un tramado muy compacto entre el poder económico de Bahía Blanca, o una parte del poder económico o al menos de la burguesía local junto con el poder mediático ampliamente hegemónico. El mismo dueño de La Brújula es el de La Nueva Provincia y, a su vez, el vicepresidente de la Unión Industrial que está sentado en el escritorio en ambas partes”.
“En ese contexto”, concluyó el escritor, “realizar esta reflexión aquí en la FM De la Calle es verdaderamente todo un gesto social, es verdaderamente todo un gesto que no dudo en calificar de resistente. Sobre todo en una radio que fue y es resistencia. Y estoy pensando en esta radio que también ha sido a título personal una especie de casi segundo hogar en los ’90 cuando junto con Luis Sagasti y Miguel Martos teníamos Maldición llegó el verano, y que era también en ese momento un núcleo de resistencia contra el menemato. Quería poner todo esto en situación para ver dónde estamos parados y dónde tenemos que proyectarnos”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_6323-e1492148639227.jpg?fit=5430%2C2530&ssl=125305430FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-04-14 03:01:182017-04-14 03:01:18Mario Ortiz: “Hay un compacto núcleo económico periodístico”
