La demanda de políticas públicas que atiendan la emergencia cultural y el incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad en Bahía Blanca motivaron un pedido para intervenga la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Así lo anunciaron la Unión de Músicxs del Sur, la Asociación Argentina de Actores y los Espacios Culturales Independientes. Es por “la vulneración de los derechos culturales de la comunidad y de los derechos laborales del sector cultural de Bahía Blanca”.

“Ambos derechos fundamentales que hoy se encuentran transgredidos a consecuencia de las acciones, omisiones e incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad cultural, por parte del Departamento Ejecutivo”, afirmaron las organizaciones.

La abogada María de los Ángeles Rosón explicó a FM De la Calle que quieren “generar un ámbito de encuentro y de participación que el Municipio ha negado dese hace tiempo, no tiene que ver con la iniciación de la crisis sino que tiene que ver con una negación de la participación que viene con anterioridad. Lo que se recalama es el cuplimiento de ordenanzas que están vigentes, las que intentaron derogar”.

Reclaman que el defensor solicite al Tribunal de Cuentas información sobre la partida presupuestaria para el área de cultura en los últimos dos períodos, detalle sobre la ejecución presupuestaria y se expida informando si existe subejecución presupuestaria.

Además, demandan que se ordene al Municipio presentar actas que comprueben la existencia de las reuniones que dice haber mantenido con distintas organizaciones de la cultura y se establezca y gestione, en forma urgente, una audiencia con el intendente Héctor Gay, responsables del Instituto Cultural y el delegado de la Defensoría.

Finalmente, pretenden que se informe al ministro de Cultura provincial sobre el inicio del trámite “en virtud de la posible gravedad institucional municipal en el área de su incumbencia”.

Se cumplen 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo en el cual la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea dejaron caer toneladas de explosivos para derrocar a Juan Domingo Perón. Se estima que el ataque a la población civil dejó más de 350 muertos y centenares de heridos.

Alejandro Horowicz, doctor en Ciencias Sociales y autor de “Los cuatro peronismos”, dijo a FM De la Calle que se trató “un fenómeno tan inusitado como bombardear la Plaza de Mayo, fue un objetivo civil que no tuvo más objeto que sembrar el terror directo y mostrar hasta que punto estaba dispuesta, en este caso, la Marina de Guerra a destruir lo que haga falta para conseguir su objetivo”.

“Es un mensaje político, si la sociedad argentina no se anoticia de esto tiene el ’76 para saber cómo la ESMA es la continuación de ese bombardeo”, destacó.

Es necesario entender en qué contexto se inscribe el bombardeo: “Una sociedad que lleva sus conflictos a un punto donde ya no es posible resolverlos sino por vía militar. La oposición al gobierno legítimo del general Perón, no solo por ganar elecciones sino porque de hecho constituye un período que no por tener manchones deja de ser centralmente democrático, no niego el comportamiento del gobierno peronista con la oposición, pero conviene destacar el comportamiento de la oposición con Perón. En la misma plaza, apenas dos años antes, en un acto de la CGT y la presidencia ponen bombas donde murió mucha gente en el subterráneo”.

En relación al rol de la oposición y la Iglesia Católica en aquella jornada, Horowicz recordó que “participó un sector radical -Miguel Zavala Ortíz participó personalmente en el bombardeo, un hombre que fue canciller del gobierno ‘democrático’ del dr. Illia-. La participación de la Iglesia Católica es producto del enfrentamiento que tiene el gobierno peronista desde el ’54, enfrentamiento que llevó a terminar con la educación católica en la escuelas públicas, terminar con la proscripción de los prostíbulos y a establecer el divorcio vincular”.

“Estamos hablando de enfrentamientos delicados. Las buenas relaciones de la Iglesia con el gobierno peronista producen un nivel de enfrentamiento porque se atribuye a la aparición de la Democracia Cristiana como partido y al hecho de que Perón consideraba la constitución de este partido contra su gobierno. En rigor era una política mundial de la Iglesia contra la izquierda”, agregó.

Para el investigador el motivo fundante es que “Perón le pisa los callos a la Iglesia y tiene que ver con la educación de las mujeres. El peronismo plantea la educación física, esto a la Iglesia la sacude, en consecuencia estamos diciendo que la autopercepción que las mujeres jóvenes empiezan a tener de su propio cuerpo empieza a ser distinta a las anteriores. Las mujeres que tienen más de 60 años rara vez sepan nadar y es difícil que las chicas de menos de 30 no lo sepan. estamos hablando nada más ni menos que el uso del cuerpo y la autodefensa”.

Horowicz mencionó que la respuesta al bombardeo existió: “Fue el primer momento donde efectivamente el gobierno se planta pero empieza a quedar claro que esto avanza en una dirección de guerra civil. Perón tiene que decidir si está dispuesto a sostener la guerra civil o se retira. Luego queda claro, en septiembre del ’55, que dispone la capacidad armada para reprimir efectiva y eficazmente y que decide no hacerlo”.

Comienza la etapa de la Revolución Libertadora y esto “impone al movimiento obrero y a los sectores más duros del peronismo, a los que sobreviven. Basta comparar las elecciones de 1951 donde el peronismo gana por paliza, cuando se producen las elecciones constitucionales de 1957 el peronismo gana las elecciones pero obtiene la mitad de votos, de cuatro millones pasa a dos. Es un retroceso es enorme. Estamos hablando del costo político de la derrota de 1955, lo cual le costó 17 años remontar y no fue producto de la estrategia de Perón sino de la crisis política argentina, del Cordobazo y del Viborazo”.

El fiscal Marcelo Romero Jardín requirió que el Municipio informe quién ordenó destruir o enterrar el material reciclado existente en el galpón del relleno sanitario.

Es en el marco de la denuncia de un grupo de recicladores contra el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño a la propiedad.

Los trabajadores afirman que el funcionario mandó sacar y enterrar el material reciclado que acopiaban en un galpón bajo llave. Esto habría ocurrido el 25 de marzo, sin aviso y tras haberse decretado el aislamiento obligatorio.

Según informó el abogado de los recicladores, Leonardo Urruti, el pedido de Romero Jardín apunta a conocer “si existió algún acto o autorización para que opere la Asociación 23 de Agosto y los denunciantes en el predio y para recuperar material reciclable” y “si por alguna normativa local o acto administrativo se dispuso la destrucción y/o entierro del material separado y/o reciclado que se encontraba en el galpón”.

“Creemos que es un buen primer paso en la investigación y aguardamos que la Fiscalía tenga en cuenta también las restantes medidas de prueba que se ofrecieron, entre ellas, numerosos testigos, documentación aportada sobre las autorizaciones de los trabajadores y la propiedad de lo recolectado, pedidos de informes, videos y el pliego de bases y condiciones de la licitación del relleno”, afirmó el letrado.

Agregó que “la declaración formulada por Insausti la semana pasada demostró que no tiene tapujos para afirmar mentiras y atacar sin fundamento a las víctimas. El subsecretario se ríe en la cara de los bahienses cuando dice que están haciendo un buen trabajo en Medio Ambiente. Son buenos humoristas. Todo indica que existe una pésima gestión, no les interesó enterrar toneladas de materiales reciclados; nunca tomaron medidas para cuidar la salud de los trabajadores y, desde hace tres meses, impiden que haya reciclaje en Bahía Blanca”.

Manifestó su preocupación “por la inacción de los diversos bloques del Concejo Deliberante que toman medidas de control. También creemos que las asociaciones ambientalistas deberían pronunciarse”.

Relajo ambiental en el HCD

La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, presidida por la whitense Marisa Pignatelli no se reunió desde su conformación y mucho menos la Comisión Asesora Ambiental. Está última fue creada por ordenanza e involucra la participación de diversas instituciones de la ciudad. Está desactivada -de hecho- por parte de Cambiemos desde noviembre de 2018.

El jueves pasado, el cuerpo aprobó un proyecto de Walter Larrea solicitando información al Municipio respecto a la vinculación entre la comuna y los recicladores y el rol de la empresa Ingeniería y Arquitectura -la cual gestiona el relleno-.

Además, en base a lo establecido en el pliego de la licitación de la operación del relleno consulta sobre las “autorizaciones de uso y disposición” de la Asociación 23 de Agosto del “galpón de transferencia e instalaciones complementarias con cercado perimetral a efectos de favorecer el desempeño de los recolectores” y el acuerdo requerido para generar “programas de gestión integral de residuos consolidando un marco de reciclaje con inclusión social”.

El gobierno provincial anunció la asistencia financiera a clínicas privadas. El “salvataje” será a través de un acuerdo entre empresarios y la obra social bonaerense.

El secretario de Salud de SUTEBA, Gabriel Bonfliglio, dijo a FM De la Calle que “están utilizando los fondos de la obra social, 400 millones de pesos mensuales, no se sabe por cuántos meses, prestados a empresas privadas que cuando nosotros acudimos nos cobran sobreprecios, cobros indebidos. Evidentemente la plata que aportamos está pero la desvían para otras cuestiones”.

“En salud no se trata de ahorrar dinero, todo lo contrario. Lo cual nos muestra que hay un agujero negro, ¿dónde van a parar esos fondos de todos nosotros? Es un 5% lo que aportamos todos los meses”, apuntó.

Argumentó que la situación es crítica “con prestaciones que están yendo a la baja permanentemente con sobreprecios, trámites interminables para obtener cobertura. Nos venimos a enterar como tantas veces dijimos que la plata de los aportantes está y no es utilizada en lo que tiene que ser que es garantizar la salud”.

“Sabemos de compañeros y comapañeras que acceden a prestamos para atender la salud de su familia, recursos de amparo. Y nos enteramos que hay un ahorro en IOMA, no solo es de extrema gravedad y ofensivo, durante este tiempo se estuvo jugando con la salud de compañeras, teníamos razón cuando hacíamos esas denuncias diciendo que plata había”, comentó.

Bonfliglio señaló que la situación es aún mas grave: “El maltrato que sufrimos en IOMA cada vez que acudimos por una prestación, para cualquier acceso a especialistas tenemos cobros extras. IOMA mira para otro lado, son cobros en negro, sumas altas. Ni hablar si tenés que acceder a una prestación de alta complejidad”.

El Concejo Deliberante sancionaría en su próxima sesión la creación de una comisión específica para atender temas de mujeres, géneros y diversidad.

Según lo acordado entre oficialistas y opositoras, tras su conformación, el espacio diagramará un protocolo interno para la actuación ante casos de violencia machista.

Sigue en discusión el proyecto de emergencia presentado por el Frente de Todos.

La concejala Gisela Ghigliani dijo a FM De la Calle que la creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad “la presentamos dentro de un paquete de tres proyectos antes de que comience la cuarentena. Nos parece que llegado el momento de tener una comisión para abordar las temáticas de manera específica”.

En cuanto al protocolo de actuación interno del Concejo ante Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación, la concejala señaló que es una vía para poder “definir de qué manera actuar para cualquier persona que se sintiera hostigada o discriminada por su género”.

“Es muy importante contar con estos espacios porque pueden hacer su aporte con perspectiva de género y desde los derechos humanos del tratamiento de otros temas de otras comisiones, transversalizar la mirada de género en la política pública”.

En relación a la Ley Micaela Ghigliani afirmó que “no hemos recibido capacitación. Ese proyecto también lo presentamos y se aprobó, estamos pidiendo su pronta implementación. Por eso es importante poder tener este tipo de comisiones para trabajar, se ven como cuestiones ajenas y las reacciones son generalmente ante un femicidio, que es la cara más cruenta pero no se pueden ver otras violencias como la simbólica, cuesta identificar que están ejerciendo violencia porque se ha naturalizado”.

Señaló que “no es solo el seguimiento de las políticas públicas, ni analizar el presupuesto sino incluir la perspectiva de género en el Concejo”.

La concejala comentó que desde el Ejecutivo se informó que existieron capacitaciones nConsultada acerca de si la cúpula política municipial había recibido formación en el marco de la Ley Micaela comentó que “hemos preguntado formalmente y nos han dicho que si, pero no encontramos una capacitación formal”.

El Consejo Superior Universitario aprobó “aceptar como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Sur, tanto en las producciones académicas como en la comunicación institucional, administrativa y de gestión”.

“Nos parece un paso muy importante para la construcción de una sociedad más igualitaria y de una educación con más oportunidades y más diversa”, señaló a FM De la Calle Saira Millaqueo, desde el Observatorio de Géneros y Diversidad Sexual.

Agregó que “busca visibilizar la multiplicidad de diversidades que habitan la comunidad universitaria, a partir de ahí promueve y acepta el uso de lenguaje inclusivo. No busca imponer que se hable de determinadas formas sino que se promueve que se empiecen a correr esas costumbres de relacionarnos de forma genéricamente masculina y androcentrista y se generen lenguajes en los que las diversidades se vean reflejadas”.

La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.

En caso de ser necesaria la consulta por tratarse de una variable que se requiere indagar, se debe preguntar por el género autopercibido. Cuando por necesidades externas a la UNS sea requerida esta información, se aceptará como válido lo indicado en el DNI de la persona”.

Esta resolución encuentra su fundamento en “la necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”. También se citan allí como ejemplos numeras universidades y unidades académicas del país que ya han adoptado esta media, como las de Río Negro, Cuyo, la UBA, de Rosario y otras, e incluso la del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la UNS. 

Además, se reconocer en la resolución aprobada “que existe material de referencia generalmente aceptado y de acceso gratuito, como es el caso del Manual Pedagógico sobre el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del (RAADH) del MERCOSUR” y que si bien “el intento de utilizar lenguaje no sexista, puede conllevar algunas dificultades en la búsqueda de expresiones que no resulten repetitivas o tal vez disruptivas en la expresión oral (…) las mismas son necesarias para visibilizar, desde el punto de vista político e ideológico, a la totalidad del grupo al que se hace referencia”.

Fuente: Prensa UNS y FM De la Calle.

Este fin de semana se realizará la colecta anual de Cáritas. Producto del aislamiento será de manera virtual. Los datos para colaborar se encuentra en el facebook y la web institucional. Algunas parroquias recibirán donaciones en sus sedes. Los aportes digitales se recibirán hasta fin mes.

“Más allá de que siempre ha habido la posibilidad de colaborar virtualmente, ahora lo que queda es esto solamente. Veremos cómo resulta, esperamos que la comunidad colabore, que sea un medio amigable y pueda depositar ahí su confianza”, comentó a FM De la Calle el vicedirector Miguel Vidal.

Respecto a la asistencia en los barrios en el marco del aislamiento, comentó que “el problema es sanitario y las consecuencias están asociadas a la cuestión económica y alimentaria”.

“Sabiendo que la Municipalidad iba a tratar de acompañar esos procesos, fuimos armándonos, nos fuimos encontrando con otros organismos y actores sociales que también están en los barrios y entre todos viendo cómo acompañábamos la realidad de gente que no tiene otra forma de cubrir las necesidades básicas, desde la comida hasta cuestiones higiénicas”, afirmó.

En términos de logística, Vidal comentó que “la primera instancia que pensábamos es cómo hacer que los barrios no vayan al centro de la ciudad, cómo hacer para que los barrios generen un círculo que se auto abastezca, que se abran los negocios para evitar los entrecruzamientos. Esto se ha complejizado porque no todos los barrios tienen la misma red de asistencia, hay barrios que están más desorganizados y con menos asistencia”.

Días atrás se anunció desde la comuna que harán testeos de Covid 19 en los barrios populares. “Podrían ser interesantes en la mediad que tengamos una estructura -dijo Vidal-. Vamos a suponer que se detectan 500 casos más para poner en aislamiento, ¿tiene Bahía un lugar para aislar a esa gente que no sea en sus casas? Va aparejado a un montón de cuestiones que resolver. Detrás de todo eso debe haber una contención en el caso que surjan infectados en lugares donde es imposible hacer el aislamiento”.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 498 y Resolución 260, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la Fase 4.

Es decir?

Fase 4: los municipios que presenten casos confirmados autóctonos de COVID-19 en los últimos 21 días y que no pertenezcan al AMBA.

? Mediante el Decreto se autorizaron y habilitan nuevas actividades y servicios:

?️ Comercio de indumentaria y calzado. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Comercio de juguetes. Con el correspondiente Protocolo sanitario.

? Servicio doméstico.
? Servicios de estética: tatuajes, peluquerías, manicura, maquillaje, depilación y similares.

?️ Hace 6 días consecutivos que no se registran nuevos casos positivos en la ciudad. Según los protocolos restan 15 días para pasar a la fase 5.

? Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

La Subsecretaría de Gestión Ambiental presentará la denuncia penal “luego de detectar irregularidades en el relleno sanitario”. Es por “la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar”.

El comunicado agrega que”se han registrado denuncias por acciones violentas y amenazas hacia trabajadores en el predio y hacia el propio subsecretario Matías Insausti”.

El abogado de los recicladores, Leonardo Urruti dijo a FM De la Calle que”atacar a la propia víctima es desviar la atención de la mala conducta de la administración pública. Es un argumento contra la persona en vez de admitir que tienen una responsabilidad de esto que se ha denunciado”.

Insausti no atendió a los reiterados llamados de FM De la Calle y tampoco dieron resultados las gestiones mediante la Dirección de Comunicación a cargo de José Fernández Ardaiz.

El subsecretario dijo a Radio Altos: “El galpón era un espacio sucio y lleno de roedores, es municipal y todo lo que está en el relleno es municipal. Ahí tienen que trabajar las 40 familias de manera digna por eso lo limpiamos. Había que sanearlo y más en este contexto de pandemia”.

Urruti contestó que “primero reconocieron que ellos quitaron este material que era de los trabajadores y que lo enterraron, que no les importó el medioambiente ni el reconocimiento legal”.

“Por un lado se les da la autorización de recuperar el material que querían y después dicen que es del Municipio. El material que se deposita ahí no tiene propietario porque es una cosa mueble. A diferencia de un auto, por ejemplo, estas cosas son de quien las aprecia, las recupera y le agrega valor: limpiar, compactar, pasar a una forma que se pueda recuperar. Claramente el material es de los trabajadores que lo han recuperado, no es del Municipio”, dijo el abogado.

Finalmente,afirmó que los recicladores “tenían autorización para estar en el relleno o para utilizarlo y tenían llave. El Municipio les dijo trabajen ahí y cumplan determinadas pautas. Les daban una credencial que era un burla e iba cambiando con cada gobierno y con eso ellos entraban y realizaban sus tareas”.

La asociación civil Talita Kum lanzó una propuesta para la reactivación de la economía en Villa Muñiz, Villa Buenos Aires y Oasis mediante la sistematización y difusión de servicios de diversos rubros que ofrecen vecinos y vecinas del sector.

Mariano Frola explicó a FM De la Calle que la intención es que “si una familia necesita un gasista que no llame a uno que vive lejos porque capaz tiene cinco en el barrio”.

“Hace más o menos un mes las donaciones de alimentos empezaron a caer, quizás porque la cuarentena esta más flexibilizada y la sociedad está en otra sintonía. Hay muchas familias que no tienen trabajo y un compañero tuvo la idea de hacer un registro único integral que consiste en agrupar por rubro todos los productos y servicios que se ofrecen en el barrio, construcción, logística, plomería, electricidad”, comentó.

Talita Kum está integrada por una docena de voluntaries actives que propician espacios de educación y acompañamiento a familias del barrio. “Solíamos abarcar a 60 familias y por la pandemia nos tuvimos que extender por motivos extraordinarios y llegamos a abarcar alrededor de 450. Estamos en Villa Muñiz hace más de diez años, antes era un brazo del Don Bosco y desde 2016 y 2017 nos separamos y obtuvimos la personería jurídica para darle nuestra impronta”.

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⚠️REACTIVANDO LA ECONOMÍA BARRIAL⚠️ ➡️ Las donaciones de alimentos fueron cayendo y decidimos, para seguir acompañando a las más de 450 familias, realizar un relevamiento de los barrios y tener un registro integral de los servicios que se prestan. ➡️ Este trabajo tiene como objetivo reactivar la economía barrial colaborando desde adentro (que se contraten servicios entre vecinxs) y desde afuera, difundiendo los diferentes emprendimientos al resto de la ciudad. ➡️ Tené esta guía a mano para que nunca te falte un electricista, plomero o jardinero de confianza y que siempre sepas con que acompañar los mates!! ?? #AquíNadieSeSalvaSolo ❤???

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El proyecto viene “excelente”: “Ya tuvimos muchas familias que nos agradecieron, que pudieron empezar a hacer changas y tuvo muy buena recepción de otras organizaciones que lo replicaron en sus barrios y ya están surgiendo nuevos proyectos para ampliarla. Se llegó a distintas empresas constructoras y nos pidieron si de todas estas familias que estaban en las construcción podíamos hacer un registro y curriculums”.

Frola aseguró que limitarse a la emergencia alimentaria “era tapar el sol con la mano” y que “este proyecto de generar trabajo es más sostenible”.

En cuanto a otras iniciativas de la agrupación destacó que “el invierno se está poniendo más duro que años anteriores porque quienes comparaban garrafa ahora no puede hacerlo. Por eso hacemos feria de ropa una vez por semana o cada quince días. Y, por otro lado, estamos reactivando un espacio de construcción para mejorar la infraestructura del barrio, que por ahí son familias que viven en condiciones inhumanas”.

“Sorpresa no me causó. Ahora tomó una dimensión pública y me parece saludable porque permite debatir entre todes qué hacer con esta rémora de la democracia que hemos conquistado”, dijo el economista Francisco Cantamutto a FM De la Calle tras la confirmación de que es uno de las decenas de personas espiadas por el macrismo.

La titular de la AFI, Cristina Caamaño, realizó denunció a la conducción anterior del organismo, agentes, y al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje y la inteligencia realizada contra alrededor de 400 dirigentes sociales, militantes y académicos en el marco de la Cumbre de la OMC en 2017.

Cantamutto es columnista de Economía de En Eso Estamos e integra la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y militantes que impulsaron la “Confluencia Fuera OMC” y la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante 2017 y 2018 y que actualmente conforman el Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC.

“No es sorpresa porque nos prohibieron participar de la reunión interministerial de la OMC en el 2017 porque instábamos a la violencia. Esto llamó la atención, de dónde sacaban que nosotros hacíamos esto. Presentamos un recurso de habeas data para saberlo. Ese recurso avanzó, según las posibilidades personales de cada quien. En mi caso, junto a otras compañeras, la Cámara de Apelaciones nos dio la razón que el Ministerio de Seguridad debía responder, no así la AFI. Esto esta apelado ante la Corte Suprema”, detalló.

Según publicó Página/12, las fichas de Cantamutto y otro integrante de la Sociedad de Economía Crítica, destacan: “Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como Página/12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.

Cantamutto afirmó: “No puedo descartar ni aseverar que haya más información que esa. No hemos tenido acceso a las fichas porque nos han ido pateando con distintas excusas que han sido respondidas por la defensa que tenemos del CELS, porque más allá de la dimensión personal esto se trata de un problema de dimensión política. En un gobierno que se jactaba de su republicanismo hemos sido espiados”.

“Esto es profundamente antidemocráctico, me llama la atención ver a Bullrich defendiendo este espionaje cuando ha quedado claro que nuestras actividades no tenían nada de ilegal o delictivo sino poner en discusión de porqué venía la Organización Mundial del Comercio”.

Agregó que tras la denuncia de Caamaño “tenemos que ver si podemos anexarnos a la causa en carácter de querellante o de víctimas, tenemos que tener en claro las implicancias de cada caso. El CELS nos va a indicar los caminos posible, el recurso de habeas data ha seguido su curso en términos personales y ahora esta esta otra causa donde deberemos incorporarlo”.

Por último, mencionó que la UNS repudió la persecución ilegal a través de un comunicado.

Recicladores del relleno sanitario denunciaron penalmente al subsecretario de Gestión Ambiental, Matias Insausti, por daño a la propiedad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Señalaron que el 25 de marzo el funcionario ordenó enterrar materiales que los trabajadores acopiaron para su venta.

“Se inician dos expedientes, uno administrativo, en el que se reclama que responda por esta orden que se hizo al personal para que saquen este material y lo entierren en el relleno. Por otro lado, se hace una denuncia penal porque esta orden y este procedimiento implicó privar a todas las personas de la venta de este material, se los quitaron y lo destruyeron”, dijo a FM De la Calle el abogado Leonardo Urruti.

Agregó que “estamos hablando que se vulneran los derechos básicos a trabajar, a la dignidad humana y a la propiedad privada. El aislamiento sirvió de excusa para actuar sin control y sin ojos que los miren”.

El letrado señaló que el episodio ocurrió “cuando estábamos en la etapa más rigurosa del aislamiento. En la denuncia se hace referencia al delito de daño porque era propiedad de recolectores que trabajan hace muchos años. Este trabajo, además, es beneficioso para la sociedad porque en vez de enterrar los materiales ellos los reutilizan. A nivel social todos somos afectados cuando se perjudica el medioambiente y los derechos de todos”.

Urruti comentó que los tomó por sorpresa esta decisión: “Según todos mis clientes, no había ningún tipo de inconveniente, ellos tienen unas autorizaciones para trabajar bastante informales, un papelito y un sello. Este galpón se construyó específicamente para ellos en el 2010 y consta en un documento de la Municipalidad. El galpón es del Municipio, ellos tenían autorización y llave, si el Municipio hubiera cambiado de parecer tendría que haberles dado un aviso para retirar sus cosas. Es algo inimaginable que vengan, saquen todo y se las destruyan, sin proceso, sin ninguna garantía”.

El letrado afirmó que pedirán las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio para corroborar los hechos.

Por otro lado, destacó que una de las familias que trabaja en el relleno utilizaba un camión para transportar packs y bolsones y lo guardaba en el galpón. “Lo dejaron afuera, hasta que hace unos días lo pudieron retirar. Al haberlo dejado a la intemperie les habían robado las baterías”.

El caso tramita en la UFIJ Nº8 que deberá ser subrogada dado que se encuentra acéfala.

El hecho

Según el relato del reciclador Néstor Prieto, la denuncia describe que “el 27 de marzo de 2020, a una semana del inicio del aislamiento obligatorio, tomamos conocimiento por parte del capataz de la empresa Ingeniería y Arquitectura SRL, sr. Gonzálo Bernardo Cabrera, que dos días antes, el 25 de marzo de 2020 el subsecretario de Gestión Ambiental, dr. Matías Insausti, había dado la orden, sin ningún tipo de aviso o notificación previa, aproximadamente a las 9:00 am, de retirar todos nuestros bolsones y paquetes almacenados en el galpón utilizando las palas y retroexcavadoras de la empresa y ordenando que ENTIERREN en el relleno TODO nuestro material reciclado (CARTÓN, NYLON, TRAPO, PLÁSTICO, COBRE Y METAL) y lo compactaron con tierra haciéndolo irrecuperable. Tenía en almacenados en el galpón un total de 20.000 kg de trapo, 40.000 kg de cartón, 10.000 kg de plástico y 150 kg de nylon todos ellos de mi propiedad. Asimismo, había dos bolsones de cobre de 500 kg cada uno de propiedad de mi padre, Carlos Enrique Prieto”.

Por vía administrativa se presentó otro reclamo ante el Municipio en el cual se estima que el valor del material perdido superaría el millón 700 mil pesos.

Ante la denuncia presentada recientemente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la Justicia Federal sobre la realización de actividades de espionaje ilegal realizadas por dicha Agencia sobre académicos, dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales, el rector de la UNS, doctor Daniel Vega, expresó su máximo repudio a este tipo de prácticas ajenas al Derecho. Entre los espiados figura el doctor Francisco Cantamutto, docente del Departamento de Economía e Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS).

“Entendemos que de comprobarse el accionar ilegal denunciado, debe ser objeto del repudio de toda la sociedad que ha elegido para nuestro país la vida democrática, la pluralidad de ideas y el respeto a la libertad, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Los responsables de poner esos valores en riesgo deberán ser sancionados con la mayor severidad prevista por nuestras leyes”, indicó Vega.

“Lamentablemente, las instituciones académicas han sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de prácticas, pero en la vida democrática, las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”, agregó.

Fuente: Prensa UNS.

Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) e integra una nómina de autores con “antecedentes ideológicos desfavorables” por la obra que inaugura el nuevo periodismo: “Operación Masacre”. Del escritor al militante, criptógrafo en Cuba, jefe de inteligencia de Montoneros luego. En plena dictadura militar, desde la clandestinidad, siguió haciendo periodismo hasta el final, hasta su muerte luego de enfrentarse con una patota militar. En un homenaje por el día del periodista, la Comisión provincial por la Memoria (CPM) compartió estos documentos que le fueron entregados a la hija de Rodolfo, Patricia Walsh.

Una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, la vida de Rodolfo Walsh cambia para siempre. La historia es bien conocida, un hombre le confiesa “hay un fusilado que vive” y Walsh pide hablar con él: “Livraga me cuenta su historia increíble; la creo en el acto”. Menos de seis meses después, entre mayo y julio de 1957, se publicó por entregas en “Mayoría” la investigación sobre los fusilamientos clandestinos en José León Suárez la noche del 9 de junio de 1956.

En lo estadístico, Operación Masacre inaugura el nuevo periodismo, antes incluso de la creación de esa corriente periodística en la década del 60 y con epicentro en Estados Unidos. En lo personal, Operación Masacre es el punto de inflexión en la obra de Walsh que, desde entonces, comenzará a volcarse a temas más políticos, a la denuncia de la violencia estatal y la opresión. Y la obra fue una continuación de la militancia. O viceversa.

A partir de 1973, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) produjo, recolectó y archivó material de Rodolfo Walsh y su labor como escritor, periodista y militante. Hasta el momento de su desaparición hubo un seguimiento focalizado de sus “antecedentes” e investigaciones sobre las agencias, semanarios y diarios donde trabajó o colaboró. Después de su secuestro y muerte, la persecución ideológica sobre el periodista continuó a través de la incorporación de su obra y de su nombre al corpus de producciones culturales que los organismos de inteligencia aconsejaron prohibir.

Todos los legajos sobre Rodolfo Walsh en la DIPPBA se reúnen en tres fichas personales: la primera se creó el 20 de diciembre de 1973, tiene sólo dos datos: la profesión periodista y Diario Noticias como antecedentes sociales. Esa ficha remite al legajo de Referencia N 16.509, su carátula dice, escrito a mano, Walsh Rodolfo, y tiene una única foja que destaca la pertenencia del periodista al directorio del periódico Noticias y hace un análisis de los “lineamientos ideológicos” del medio y del escritor.

Sobre Walsh, el legajo de inteligencia describe: “Se lo considera de neta extracción castrista. Participó en el “Congreso cultural de La Habana” —1967—, en el que emanaron directivas para el control de los medios de difusión en los países latinoamericanos”.

Lo que sigue no está en los documentos. La relación de Walsh con Cuba se remontaba a 1959, cuando fue junto a Jorge Ricardo Masetti cofundador de Prensa Latina; agencia a la que renunció en 1961. Aquel paso por la isla dejó otra historia muy conocida, una proeza táctica: descifró ocho teletipos de la CIA con información sobre un plan de Estados Unidos para invadir Cuba.

El legajo de Referencia N 16.509 afirma sobre los lineamientos ideológicos del Diario Noticias: “estarían signados por el marxismo-castrismo y seudo peronista, bajo la dirección de las organizaciones subversivas autodenominadas FAR-MONTONEROS, como así también sus periodistas serían elementos insurreccionales”. Según evaluación de la DIPPBA, Walsh compartía directorio con comunistas, castristas y marxistas-maoístas.

Esa primera ficha de Walsh remite a otro legajo también de la Mesa de Referencia, N° 7880, caratulado “Diario Noticias. Editorial Hoy” que se inicia con un memorando del 12 de diciembre de 1973 y se cierra el 29 de agosto de 1974 con dos recortes periodísticos sobre la clausura del diario ordenada mediante el decreto 630/74 del Poder Ejecutivo. Eran ya los tiempos de la Triple A y la interna por la conducción de un movimiento que el 1º de julio había perdido a su líder.

Lo que ocurrió entre 1974 y 1978, cuando se crea la segunda ficha personal de Walsh en la DIPPBA, también es historia conocida: el desmoronamiento del gobierno de Isabel de Perón, la radicalización de la lucha armada, la clandestinidad, el golpe de Estado de 1976 para la ejecución de un plan de exterminio. En ese tiempo, Walsh fue el jefe de inteligencia de Montoneros y creó ANCLA, la agencia de noticias clandestinas para romper el cerco de la censura y el silencio que quiso imponer el poder militar.

El 29 de septiembre de 1976 sufre el primer gran golpe: la muerte de su hija María Victoria durante un enfrentamiento. Walsh le escribe una carta de despedida: “Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más”.

En esa carta también preanuncia, de alguna manera, el círculo que comienza a cerrarse: “Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria”. La muerte, su muerte, estaba cerca. Pero faltaba su última gran obra, un hito en la historia del periodismo argentino: carta abierta de un escritor a la Junta Militar. El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer año del golpe de Estado, Walsh la envía a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales extranjeros. La carta no fue publicada en ningún medio local.

Un día después, en la intersección de las calles Humberto 1º y Entre Ríos de San Cristóbal, Constitución, Capital Federal, se enfrenta a tiros con un grupo de tareas. Herido lo cargan y lo llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Tenía 50 años y continúa desaparecido.

En la DIPPBA no hay nada directamente vinculado al secuestro y desaparición. En cambio, un archivo desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos aporta algo de información: en mayo de 1977, un agente —que firma como Chaplin— informa de la detención y posiblemente muerte de Walsh. Ese cable de la Embajada entrega, además, un dato sobre otra de sus proezas: “según los reportes tenía tres mujeres oficiales de la Policía Federal que trabajaban para él”.

Walsh, después de su desaparición

Como se mencionó, Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la DIPPBA: dos son posteriores a su muerte. La primera de ellas [la segunda con su nombre] se inicia el 28 de julio de 1978 y remite al legajo de Referencia N° 17470, caratulado “Antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina ”.Walsh aparece en una “nómina de autores de obras teatrales con antecedentes ideológicos desfavorables”.

En la foja 175 de ese legajo, la inteligencia bonaerense desglosa los antecedentes del escritor y periodista. Sobre sus únicas dos obras teatrales dice: La granada —estrenada el 22 de abril de 1965 en el teatro San Telmo— constituye una aguda crítica a las institucionales militares; La batalla señala “se basa en un enjuiciamiento a los regímenes militares”.

El legajo también agrega que Walsh escribió la obra periodística Operación Masacre y fue el libretista del filme homónimo: “Dicha película constituye un alegato a la subversión”, evalúa la DIPPBA.

Esa misma foja se completa con otros tres párrafos donde cuenta de manera apretada un breve repaso de su trayectoria: co-fundador de Prensa Latina, el semanario CGT de los Argentinos, que respondía al sector de Raimundo Ongaro y, por último, agrega integró el jurado del premio “Casa de las Américas 1974”.

Si bien el secuestro de Walsh no se encuentra asentado en el libro de registro de la DIPPBA, hay un informe donde aparece tangencialmente su desaparición. El 3 de mayo de 1977, con el número de orden 1038, el Batallón de Inteligencia 601 realiza un informe de seis fojas sobre los artículos 168 a 171 del “Parte de ANCLA”. Informe que se encarga de distribuir a las distintas agencias de la comunidad informativa.

El último de esos artículos de la agencia es del 25 de marzo y se titula: “Denuncia secuestro de renombrado escritor argentino”. Sobre ese parte, el informe de inteligencia dice: “Lo describe como el secuestro de un escritor y periodista (RODOLFO J WALSH) realizado por las FFSS el 25 Mar 77. El secuestrado sería peronista de izquierda, tal como lo presenta el contexto del artículo”.

Este registro integra el legajo 280 de la Mesa DE (factores religiosos y entidades comunales), caratulado “Agencia Noticiosa Clandestina ANCLA”, que se inicia el 16 de julio de 1976 y se cierra en mayo de 1977 tras ese último informe. El legajo se trata de una investigación “estrictamente confidencial” de la DIPPBA sobre la agencia creada por Walsh.

El informe exhaustivo contiene resúmenes de partes emitidos por ANCLA desde el 6 de julio de 1976. También realiza una apreciación completa de la agencia: la ideología, para quién “opera”, cómo se distribuyen, cuáles son los temas y objetivos políticos. El primero de esos informes que se irá complementando con nueva información, producido por la DIPPBA y la SIDE, señala que ANCLA “constituye un apéndice de la OPM [organización político militar] MONTONEROS, dedicada a la difusión de noticias relacionadas con la BDS [banda de delincuentes subversivos]”.

Epílogo y justicia

La tercera y última ficha personal de Rodolfo Walsh en el archivo de la DIPPBA es del 14 de abril de 1980 y remite a sólo dos legajos que se inician para solicitar información del paradero de personas desaparecidas, entre ellas el escritor. La ficha contiene los siguientes datos: “Walsh, Rodolfo Jorge. 50 años. Matrícula Nº 4380754. Localidad: Vte. López. Antecedentes sociales: sol paradero”.

El legajo 14.274 de la mesa Ds [delincuentes subversivos] se inicia el 29 de junio de 1979 y la solicitud se cierra con respuesta negativa sobre el paradero mediante un radiograma fechado el 8 de octubre del mismo año. El segundo de los legajos, Nº 19.660 y también de la Mesa Ds, comienza con un teleparte del 26 de octubre de 1981 y cierra, una vez más, con respuesta negativa mediante un radiograma recibido casi un mes después, el 25 de noviembre.

Si bien la ficha personal no remite a otros legajos, en el archivo de la inteligencia bonaerense se encuentra más documentación que da cuenta de la búsqueda emprendida por familiares de y organismos de derechos humanos a partir de su desaparición.

Estos documentos de la DIPPBA formaron parte de un informe técnico que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en la causa Nº 1271, conocida como causa ESMA. El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal N 5 condenó a prisión perpetua a Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Oscar Montes, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice por el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, Azucena Villaflor y las monjas francesas, entre otras víctimas.
Manuel García Tallada, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevilla y Juan Antonio Azic también fueron condenados con pena de entre 25 y 18 años de prisión.

Recordamos la figura de Walsh el día del periodista aunque, como él mismo remarcó, lo que hacía no era periodismo. Fue periodista y escritor como podría haber sido cualquier otra cosa: “He sido traído y llevado por los tiempos; podría haber sido cualquier cosa”, escribió.

Para volver al principio, a la obra que cambió para siempre y por azar su vida. Quizá, como dijo Osvaldo Bayer en el prólogo: Rodolfo Walsh no existe. Es sólo un personaje de ficción. El mejor personaje de la literatura argentina. Apenas un detective de una novela policial para pobres. Que no va a morir nunca.

Desde este viernes está disponible para su libre descarga el libro “¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadores y trabajadoras de prensa. Historias y miradas sobre el oficio”. El ejemplar reúne entrevistas a 11 trabajadoras y trabajadores de prensa de diez medios de comunicación, que “no se codean con el establishment ni salen en televisión”.

Su presentación virtual iba a realizarse en vísperas del Día de les Periodistas que se celebra este domingo aunque debió ser suspendida. DESCARGALO ACÁ.

Darío Aranda, uno de los autores del libro, dijo a FM De la Calle que “la idea surgió hace tres años, para un 7 de junio, en una movilización del SIPREBA frente a las cámaras patronales. Uno de los discurso fue de Carlos Rodríguez, histórico militante, en el que se preguntó ‘¿dónde están las grandes firmas reclamando por nuestros derechos? Acá estamos los que hacemos la noticia todos los días'”.

Si bien a los periodistas les va a interesar mucho, a cualquiera que le interese ver los diarios, las noticias y escuchar la radio le va a interesar porque hay mucho de la cocina de cómo un laburante de prensa ejerce el oficio día a día, sea en un medio comercial, estatal o un medio comunitario”, detalló.

Se trata de escuchar “las voces de a quienes les cuesta llegar a fin de mes, esos que lo hacen por militancia también, de los medios populares. Es un homenaje y un reconocerse en otros como pares y reconocer las cosas del oficio. Todos los entrevistados se reconocen como trabajadores de prensa”.

En cuanto a las fuentes a las que recurren, Aranda comentó: “Cuando voy a cubrir el tema petrolero habló no solo con el CEO de YPF sino que te cuente la gente afectada. Estamos vinculados a los que sufren, a los que luchan, a los que están en los territorios. Creo que atraviesa el libro la cuestión de clase, cuando uno escribe o llama a alguien se trata de pensar a qué fuentes estamos llamando para contar la realidad”.

El periodista mencionó que “no discutimos mucho el tema de la objetividad e independencia porque me parece que esto esta super saldado, pero si hay ciertos intocables, o referencias que me parecen o nos parece que no son nada nuevo. También la función de los auspiciantes, como silencian. Los matices que da la profesión, en algunos estamos todos de acuerdo, en otros no”.

“Algo que quedó pendiente es avanzar con medios de otras provincias y realidades. Fue hecho de manera militante y a pulmón y no nos dio el cuero pero ojalá podamos avanzar en la segunda parte”, finalizó.

El intendente Héctor Gay señaló que el Municipio espera la comunicación oficial del gobierno provincial para confirmar la fase en la cual se encuentra la ciudad en relación al aislamiento social.

Independientemente de dicha definición, se podrá hacer salidas recreativas todos los días por una hora, incluidos los grupos de riesgo. Los comercios habilitados también podrán abrir los sábados por la mañana.

“Suponemos que por lo dicho estaríamos en fase 4. El AMBA es fase 3, nosotros fase 4 y 60 distritos de la provincia que tienen cero casos estarían en fase 5 con el mayor grado de libertades. No nos quedó del todo claro anoche por la dualidad del mensaje del gobernador y el presidente”, afirmó el funcionario.

Actualmente, la ciudad cuenta con 72 casos confirmados de coronavirus, 28 activos, 40 recuperados y 4 decesos. Hay 7 personas sospechosas, 21 en aislamiento y 1646 en monitoreo diario.

“Hay un dato importante que tiene que ver con lo que consideramos positivo. A nivel nacional estamos con una media de 15.5 días para la duplicación de casos. En Bahía, afortunadamente y gracias al trabajo de todos, siempre hemos tenido una curva positiva. Pese a los casos del parque eólico y del geriátrico seguimos evolucionando y tenemos una duplicación de casos cada 35 días”.

Rubros y autorizaciones

En relación a los comercios habilitados en horario de lunes a viernes de 9 a 17, Gay afirmó que partir de mañana pueden abrir también los sábados de 9 a 13.

Respecto de las salidas recreativas comentó que “se extiende la autorización que regía para los fines de semana para todos los días de la semana durante una hora, de 8 a 12 y de 14 a 20 de acuerdo con la aplicación organiza tu salida. Agregamos la posibilidad de salidas para adultos mayores y personas de riesgo, también todos los días y ponemos 12 a 14 en el intervalo que dejamos con el resto de la gente”.

“Se solicitó la apertura de indumentaria y calzado, se incorpora la posibilidad de un paso intermedio, la compra presencial no está habilitada en ningún lugar de la provincia. Sí está la posibilidad del take away. De los gimnasios hemos recibido a las dos cámaras que ofrecieron un protocolo específico. Esto es lo que estamos esperando de la provincia”, dijo Gay.

El intendente anunció que “ayer nos aprobaron la apertura de 3 rubros: inmobiliarias, escribanías y todos los servicios jurídicos incluida la actividad de abogados. Con un protocolo ya habíamos habilitado las agencias de lotería”.

Por último, aseguró que “hay 30 profesionales de la salud trabajando en los accesos, en control de documentación, de dónde vienen, la temperatura, se toman los datos epidemiológicos y son cargados en tiempo real. Los accesos son controlados de 7 a 22. Teniendo cerrado el aeropuerto, la terminal, no hay transporte interprovincial. Esos datos son importantes”.