La madre de Facundo Astudillo solicitó ser particular damnificada ante la justicia provincial, a la vez que reclamo que esta decline su competencia en el fuero federal. Mientras se define la situación, exigen a la jueza de Garantías, Susana Calcinelli, que aparte a la Policía Bonaerense de la investigación.

Cristina Castro afirmó que no es su hijo el que aparece en cámaras de seguridad, ni está alojado en una pensión o fue visto vendiendo bolsas y medias en Bahía Blanca”.

La presentación contrapone las “contradicciones” y “relatos inverosímiles” de seis policías que detuvieron o dicen haber visto al joven entre Mayor Buratovich y Teniente Origone con lo dicho por tres testigos que presenciaron cómo lo subían a un patrullero en la zona de “la curva grande” cercana a Buratovich el 30 de abril aproximadamente a las 15:30.

“Principalmente echan por tierra los testimonios y actuaciones policiales que para dicho horario lo situaran a Facundo en un escenario distinto temporal y especialmente, lleno de contradicciones, relatos inverosímiles y relatados por agentes de la misma fuerza”, advierten los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

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Por ello, demandaron que independientemente de la resolución de la jueza respecto a su competencia, “se delegue en otras fuerzas (Policía Federal, Aeronáutica, Prefectura, Gendarmería) la investigación sobre la desaparición forzada de Facundo Castro”.

Cristina Castro Alaniz destacó en la presentación:

  • Que he expuesto hasta el cansancio que no es mi hijo el que se muestra en las cámaras de seguridad de la ciudad de Bahía Blanca que han sido expuestas.
  • Que se encuentra totalmente descartado que Facundo esté alojado en una pensión como le explique hasta el hartazgo al auxiliar letrado.
  • Que las personas que han ubicado a Facundo vendiendo bolsas y medias en la localidad de Bahía Blanca no han podido dar precisiones en su descripción.
  • Que todas las declaraciones recabadas carecen de sustento por no poder dar fe cierta de que se trate de Facundo.

Finalmente, el documento cuestiona los operativos “unilaterales” que desde hoy realizan efectivos de la Bonaerense en distintos barrios de la zona sur de Bahía Blanca y denuncia el incumplimiento de resoluciones de la Fiscalía General por parte del ayudante Fiscal de Médanos, Dimas García, por no haberse apartado ante “la posible participación del personal policial que cumple funciones en su jurisdicción”.

Comunicado de Fiscalía

Esta mañana la Fiscalía General informó que la causa está tramitando bajo la órbita de la UFIJ N° 20 a cargo de Rodolfo De Lucía.

Según el comunicado, “se documentó la salida del joven de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y parte de su trayecto hacia Bahía Blanca, mediante dos controles policiales donde se lo identificó, uno ellos cercanías de Mayor Buratovich y otro en inmediaciones de Teniente Origone”.

“Unos 20 días después fue visto en Bahía Blanca por una persona que lo conoce y que afirma haberlo saludado. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, se están tomando todas las medidas de prueba y testimonios para lograr dar con Facundo”.

El Frente de Todos reclamó desde su bloque en el Concejo Deliberante “nuevos y urgentes esfuerzos” ante la “fase de alta circulación comunitaria” del virus que atraviesa la ciudad.

Destacaron que el porcentaje de positividad local casi duplica al recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que se necesitan más testeos y el triple de las camas disponibles para pacientes leves.

“No hemos sido convocados a las reuniones con continuidad vinculadas al tema sanitario”, dijo a FM De la Calle la concejala Gisela Ghigliani y advirtió que “hubo un relajamiento en la comunicación y parecía que estábamos teniendo una nueva normalidad que no era tal”.

La presidenta del bloque reclamó “un seguimiento epidemiológico muy estricto, de la diaria. Había un grupo de gente trabajando para 50 o 60 casos, con esta velocidad de aceleración hay que fortalecerlo”.

“En segundo lugar, las camas extrahospitalarias. La OMS plantea 200 cada 100 mil habitantes, en Bahía estamos por debajo de ese número, queremos que se firme un convenio del Ministerio de Salud de la provincia, que paga 2000 pesos por día por cama extrahospitalaria ocupada, nos parece que es un recurso económico que no se puede despreciar”.

Por otro lado, plantean la necesidad de “hacer una búsqueda activa de los casos de Covid” mediante “testeos por pool para controlar focos de contagio y la verificación de los requisitos sanitarios y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las residencias para personas mayores”.

Ghigliani apuntó que “no retrocedimos de fase porque el sistema sanitario todavía tiene la capacidad de atender casos que se presentan, pero si no tomamos definiciones concretas esto se va a ir complejizando”.

“Hay que ser muy claro en los mensajes: la comunicación tiene que ser muy clara y precisa. No vamos a volver a una cotidianeidad como la del 20 de marzo, pero la nueva normalidad no es solo el uso de tapaboca, exige evitar salir, mantener el distanciamiento, no hacer reuniones sociales, lavado de manos e higiene de superficie. Hubo un relajamiento en la comunicación y parecía que estábamos teniendo una nueva normalidad que no era tal”, comentó.

La edila afirmó que “se exige ser preciso, tener rigurosidad científica pero bajarlo al territorio. Me parece que Bahía tiene mucho material, personas que se suman, organizaciones políticas y sociales. Merenderos y comedores cargándose al hombro un sostén alimentario y a estas personas hay que cuidarlas, darles un protocolo, darle equipamiento de protección personal, están poniendo su cuerpo para una tarea no menor como es cocinar para personas que no pueden hacer por su cuenta”.

Por último, Ghigliani comentó que “un tema que planteamos en el Comité de Crisis Alimentaria es poder comprar el alimento fresco vinculado a frutas y verduras a productores del Sauce o de cercanía porque es una devolución de dinero”.

“Como cuando se le hizo una carga de tres mil pesos extra a la tarjeta de la AUH y lo planteamos para las tarjetas del municipio porque no solo aliviaba sino que iba a ser un dinero que se iba a invertir y gastar en comercios de cercanía”, agregó.

El médico Horacio Romano analizó su columna de FM De la Calle la teoría del “efecto o inmunidad de rebaño” que impulsan sectores anticuarentena. Por otro lado, aseguró que Bahía Blanca tendría que estar “dos fases más abajo”.

“El efecto rebaño en las enfermedades infecciosas supone que cuando hay determinado número de personas con defensas, los virus dejan de circular y la enfermedad prácticamente desaparece. Esto se ha logrado con las vacunas para la viruela, el sarampión o la poliomelitis”, explicó.

Sin embargo, advirtió que “es un concepto específicamente aplicado a la inmunización. No existe la posibilidad de que se infecte tanta cantidad de gente en corto tiempo por más que salgamos todos a tomar mates con pacientes de Covid nunca vamos a llegar a un 60 o 70% de la población”.

Esta premisa es tomada por algunos sectores con teorías “un tanto particulares”. “Un tipo como (Carlos) Pagni, periodista de La Nación, que uno puede tener una opinión u otra pero que de medicina sabe que lo mismo que yo de economía”.

“Apoya una teoría para dar basamento a lo que más le interesa que es la libertad de comercio y de infección en que un tal Lewis, un inglés que su mayor logro es militar en contra del cambio climático. Ahora el tipo se larga a decir que el efecto rebaño se puede lograr con un 20% de infectados en la sociedad. Son ideas de él porque no hay ningún estudio serio al respecto”, argumentó Romano.

“Esto me llevó a investigar y encontré que anduvo circulando una investigadora hindú, Sunetra Gupta, que plantea que la cuestión solidaria es que salgamos todos a infectarnos para que rápidamente esto se acabe. Casi con desprecio dice que los débiles se van a morir, eso es así y al que le toca le toca”.

El médico sostuvo que Gupta “está muy preocupada por el aislamiento en los países en vías de desarrollo, lo cual no deja de tener cierto grado de razón. Dice que una mujer de 82 años tuvo que caminar veinte kilómetros en su país natal para ir al mercado a vender sus juguetes”.

“El problema acá es otro, le ponemos a la pandemia cuestiones propias del sistema capitalista. Queremos dejar que la gente se infecte y se muera para que se pueda ganar el mango, cuando la solución podría llegar a ser un ingreso para todos, una redistribución de riqueza. Todo esto se publicó en Infobae, que tiene una militancia en contra de la cuarentena que llama la atención”.

Para el caso local, Romano opinó que “en Bahía Blanca tendríamos que estar dos fases más abajo, la circulación tendría que cortarse porque los casos suben todos los días, es una subida rápida que en los próximos 15 días va a saturar todo”.

“El miedo funciona un tiempo, pero después relajamos y uno podría salir de cuarentena con recaudos que parece que hay todo un sector que no termina de asumir”.

Por último, se preguntó: “¿Por qué los sectores progresistas, de centro izquierda, tendemos a realizar más las medidas de cuidado que los sectores de derecha que si no militan contra la cuarentena no son propensos a usar medidas de seguridad, barbijo, distanciamiento social, etcétera?”.

“Hay casi hay una actitud ideológica con respecto a todo esto, indudablemente tiene que ver con la respuesta individualista, a mí no me va a tocar y si le toca al otro, problema del otro”, finalizó.

El Gobierno oficializó su nueva propuesta de reestructuración de la deuda en poder de bonistas privados mediante el Decreto 582/2020 y el economista Francisco Cantamutto la analizó en FM De la Calle.

“Esta cuarta oferta se ha ido acercando a lo que pedían los acreedores, están bastante cerca de la oferta original. Para el conjunto de bonos, el valor neto -que sería cuánto valen hoy- está en 53,5 dólares cada cien. En la oferta original se reconocía un valor de 37. La mejora fue sustantiva, más del 50 de la oferta original”, afirmó el columnista de En eso Estamos.

Agregó que “en algunos bonos específicos, los del canje 2005-2010, el valor incluso llega a 57 dólares. La diferencia respecto a lo que pedían los bonistas se achicó tanto que hace muy improbable que en el corto plazo haya juicios”.

A los bonistas “se les van a reconocer intereses caídos, van a cobrar antes y, además de eso, van a tener menores quitas de capital que en la oferta anterior”.

Cantamutto acotó que para esto es necesario contar con un mínimo de aceptación en los bonos de 2005- 2010: “Tiene que llegar al 85% y el resto de bonos emitidos durante del gobierno de Cambiemos alcanza con dos tercios. Hasta alcanzar estos valores, el gobierno ofrece estas mejoras, una vez que se supere este umbral esas ofertas se caen, lo que significa que si algún bonista espera a que fracase el canje puede perder las mejoras”.

Cantamutto destacó que “el propio Luis ‘Toto’ Caputo salió a saludar la oferta” y que “el gobierno cuenta con el apoyo de un fondo, viejo acreedor de la Argentina: Fintech”.

“Es un fondo de inversión copropietario del grupo de Telecom Cablevisión. Es amigo de los muchachos de Clarín, esto tuerce la información que circula. Este fondo no tiene gran cantidad de bonos pero actúa como carril de negociación entre Argentina y el resto de los bonistas”.

El obstáculo principal

“Blackrock, el titán de las finanzas y del poder político, está diciendo que no quiere entrar al canje y dice tener alrededor de un tercio de los bonos, por lo cual lo pone en riesgo”, comentó.

“Lo que queda claro es que esta nueva oferta de mejora cuenta con el aval del FMI, del estabishment de Washington y de gran parte de los bonistas que dicen: no solamente me estás ofreciendo un seguro de cobro sino que me mejorás la oferta”.

El economista señaló que “Blackrock, aparte de negociar con Argentina, es un acreedor de decenas de países del mundo. Después de lo que pase con Argentina va a tener que seguir negociando con otros países, entonces, no quiere que se pudra el negocio en todo el mundo”.

Última oferta con cierre en agosto

Cantamutto comentó que “el 4 de agosto esto se cierra con default o con acuerdo y se habilita la discusión del presupuesto. Lo que pasa es que se ponen las mismas condiciones para la deuda local y empieza la negociación explícita con el FMI”.

“El FMI está diciendo ‘muy bien muchachos pero no vamos a tomar correponsabilidad porque prestamos plata sobre el límite de la cuota para financiar la fuga de capital'”, adelantó.


“Me puse a disposición de la madre para tratar difundir y de hacerle llegar el mensaje a los que tienen la potestad de actuar y que se encamine un poco. Que no caiga en las mismas trampas aunque se van renovando, sin embargo, siempre la matriz es la misma”, afirmó Sergio Maldonado.

El hermano de Santiago dialogó con FM De la Calle luego de comunicarse con la mamá del Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril.

“Ningún familiar tiene que pasar por tener a un hijo desaparecido. A las personas no se las traga la tierra. Cuando hable con la mamá escuchaba a mi viejo y a mi vieja reflejado, con este pedido para que no ocurra más y vuelve a pasar y pasar”, agregó Maldonado.

Sergio llamó a las autoridades a responsabilizarse por el accionar de las fuerzas policiales. “Por suerte aparecieron testigos y dijeron lo que saben. Hay que empezar a investigar a los policías que estuvieron en eso, hay que investigar al Estado porque es una desaparición forzada”.

“Puse un tweet en los que etiqueté a Berni y Kicillof que son los responsables y cabezas de eso, tiene que venir una línea de arriba y que se abra una investigación y se avance. En 15 días hubo dos desapariciones: la de Espinoza que fue el 15 de mayo y la de Facundo que fue el 30 de abril”.

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El nombre de Santiago Maldonado volvió a ser utilizado políticamente por dirigentes de Juntos por el Cambio en el marco de la investigación del homicidio del ex secretario de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez.

Patricia Bullrich respondió declaraciones del presidente Alberto Fernández mencionando que “fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado” y que “no tuvo ningún empacho en decir que había sido un crimen de Estado”.

“Una de cal y una arena, no es que soy obsecuente, así como digo las cosas de Berni también tengo que salir a darle la razón a lo que dice Alberto Fernández, no porque esté contra Bullrich, sino porque hacen un uso de muertos desde el PRO y la derecha que es asqueroso. Ya viene desde lo de Luis Espinoza, que sacaron un comunicado con una soberbia e hipocresía que me cuesta encontrar personajes que actúen de esta manera, eso es Bullrich”.

“No les importan los familiares, ahora usan a Gutiérrez, no les importó cómo estaba su familia, salen a pisotear cadáveres haciéndose los paladines de la justicia y hablando de investigaciones imparciales cuando justamente no lo hicieron ellos”.

Maldonado comentó: “El año pasado, la madrugada del 8 de julio, murió mi abuela diciéndome que se quería morir para saber que había pasado con Santiago. Uno va quedando con dolores sin saber qué le pasó a sus familiares, no tenemos todo el tiempo del mundo para esperar que con Bullrich sea justicia”.

“Existen elementos en la causa que hacen indudablemente tener que empinar la línea de investigación en la desaparición forzada de Facundo. Facundo no está ausentado ni incomunicado porque quiere ni por enojo, a Facundo algo el pasó”, dijo a FM De la Calle Luciano Peretto.

Se trata del abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, quien desapareció el 30 de abril en cercanías a Teniente Origone, cuando se dirigía a dedo desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca.

“Acá hay mucha gente que tiene que dar explicaciones respecto de cuáles fueron los momentos últimos en los que lo vieron. Creemos que la discusión tiene que darse en la justicia federal y que nos da la objetividad y seguridad para poder desplazar de la investigación a la Policía Bonaerense porque son ellos los que tiene que dar explicaciones”, argumentó.

Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 68 días. La mañana del 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.

“Hay un montón de inconsistencias en la investigación en manos de policía, estábamos esperanzados de que sea más rápida la intervención de la justicia federal y a casi diez días de la investigación preliminar y todavía no tenemos número de causa. Pensamos que esto pronto se tiene que resolver, contamos con el acompañamiento de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y queremos llegar a la verdad real. En esa lucha estamos”, señaló el letrado.

A Facundo todavía “lo busca” la Policía Bonaerense

Peretto señaló que “durante cincuenta y pico de días, manejamos la información de que la última vez que se lo vio a Facundo era en un retén policial que lo infraccionó por violación al artículo 205 de Código Penal. Al momento de hacer el rastrillaje con los K9 de Punta Alta -los perros parten del último lugar donde se lo vio-, nos llega que se estaban agregando dos testimonios más que lo habían visto a Facundo”.

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Se trata de dos efectivos policiales, “una policía que lo infracciona por cuarentena que después lo lleva desde Buratovich hasta Origone y, después, otro efectivo policial que lo ve en cercanías de Origone. Nos hablan de cambiar esta investigación por averiguación de paradero, acá Facundo no está escondido, a Facundo algo le pasó”.

Hostigamiento policial

“Facundo es un morochito de clase humilde, laburador, que ha hecho de todo, ha trabajado en un lavadero, ayudante de albañil, mozo, tocaba en una batucada y en su estilo de vida tan simple y humilde tuvo un hostigamiento, particularmente con sus compañeros de Envión. Un día por decirle ‘vos sos igual a tu hermano’ se baja un efectivo policial y le da una cachetada y le cargan una moto a un patrullero y se la rompen toda”, relató el abogado.

Peretto destacó que “todos estos detalles no escapan a la realidad de que nos hacen constituir en esta línea de investigación. Estamos convencidos de que hay que apartar a la bonaerense de la investigación, el hecho de que Facundo no aparezca amerita todo lo que se está hablando”.

El rastrillaje de los perros K9 “dio resultados muy vagos”, comentó el abogado. “Indican la presencia de Facundo en algunos puntos, hay que pensar que la actividad se realizó cincuenta y pico de días después, el día de mayor viento de los últimos meses, la banquina estaba removida porque Vialidad había realizado limpieza, hay rastro de Facundo pero no con la certeza para ser conclusivos respecto de si Facundo estuvo ahí”.

Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.

La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.

Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.

“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García. 

La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”. 

García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.

A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.

“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.

“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.   

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.

Se realizó este jueves la primera audiencia testimonial en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Por falta de acceso al sistema del Centro de Información Judicial el encuentro no fue transmitido en vivo oficialmente.

Horas después, la Universidad Nacional del Sur puso a disposición del público la grabación de la audiencia en la cual declararon José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Marta Bustos y Juan Díaz.

Dante Patrignani pidió la postergación de su testimonio para poder hacerlo con transmisión en directo. Será durante una próxima audiencia, cuya fecha dependerá -según informó el presidente del tribunal Roberto Amábile- de la solución del problema generado en el CIJ y el análisis para permitir el ingreso de público a la sala con las correspondientes medidas de prevención en el marco de la pandemia.

Sin transmisión ni público en la sala comenzó esta mañana la primera audiencia testimonial del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

El primer testigo fue José Luis Santagada. Hubo interrupciones por inconvenientes con la conexión con algunas de las partes que siguen el debate por videoconferencia.

Luego se presentaron Daniel Esquivel y Marta Bustos. Tras una primera negativa, los jueces aceptaron postergar la declaración de Dante Patrignani para que pueda ser transmitida en vivo en la siguiente audiencia.

Más temprano, Patrignani comentó a FM De la Calle que “este es un parche porque seguramente habrá mucha gente que estará esperando ver esto a través del sitio del Ministerio de Justicia y no va a poder escuchar en directo. De todas maneras lo voy a plantear ante el juzgado y seguramente voy a tener que declarar porque si no después no lo voy a poder hacer”.

Consultado respecto a si estos desperfectos condicionan las declaraciones, el testigo mencionó que “seguro afecta, más que nada por el estado de indignación que tengo por esta última “desprolijidad” cuando en realidad si esto lo hubiera comunicado con tiempo se podría haber resuelto de otra manera, pero seguimos con nuestro compromiso con la memoria a través del testimonio”.

En relación a la postura de la CTA, el secretario de Derechos Humanos dijo que pretendían “que el Tribunal decidiera la suspensión para la semana que viene, lunes, martes o miércoles. La Universidad está en condiciones de hacer la transmisión pública y hay tiempo para propagandizar esto para quienes quieran seguirlo de manera directa, esa postura no prosperó”.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El Tribunal Oral Federal no garantizará la prometida transmisión en vivo de la audiencia que abrirá este jueves la etapa testimonial de la causa Triple A. Argumentó que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema vio afectadas sus funciones por el cambio a Fase 1 en el AMBA.

Cabe destacar que el reinicio del debate será con una modalidad mixta con presencia de las partes en Colón 80 y la posibilidad de testigos e imputados de participar por videoconferencia. El público no podrá ingresar a la sala, por ende, no habrá alternativas de publicidad en directo.

Algunos de los testigos convocados y la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca reclamaron la postergación de la audiencia. La Universidad del Sur está en condiciones de grabar la sesión aunque depende de permisos del Poder Judicial para transmitir en vivo, es por ello que ofreció subir el material a internet una vez concluida la jornada.

“Teniendo en cuenta que los responsables de la transmisión están en conocimiento de la convocatoria a la audiencia desde hace tiempo y que el cambio de fase en el AMBA fue anunciado el viernes pasado es vergonzoso que no se hayan previsto los inconvenientes técnicos ni la comunicación de los cambios a los testigos convocados”, manifestaron desde la CTA.

La Comisión que tiene como referente a Dante Patrignani, uno de los citados a declarar este jueves, agregó que “los juicios por crímenes de lesa humanidad no solo buscan condenar a los represores con todas las garantías que ellos violaron sistemáticamente durante el terrorismo de Estado sino además cumplen una función reparatoria para las víctimas y educativa para que la sociedad sepa lo que ocurrió en nuestra ciudad y no permita la continuidad y reiteración de las prácticas genocidas”.

Por su parte, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca afirmaron que “rapidamente debería solucionarse y buscar las herramientas adecuadas para ‘garantizar de manera plena el principio de publicidad del debate’ como planteó el mismo tribunal, cuya responsabilidad es la de realizar los juicios de manera oral y pública y con pleno acceso a la divulgación del mismo”.

El inicio de la audiencia está anunciado para las 10 en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

Cinco jóvenes que integran el emprendimiento expresaron en un comunicado que el gobierno local intentó sacar “rédito político” y luego les quitó la “única fuente de ingresos” .

“El Municipio nos facilitó una máquina y empezamos a vender nuestros bloques al público libremente y creciendo poco a poco. Cuando vieron que el proyecto funcionaba y tenía futuro nos ofrecieron la entrega del cemento y un pago a cada trabajador por una cantidad de bloques fija para ayuda social”, relataron.

Destacaron que “a partir de ahí, todo empezó a empeorar. Las entregas de cemento se complicaron cada vez más (..) Pretendían que trabajemos por $6000 en el 2019, cuando todos sabemos que eso no es un sueldo digno”.

Luego una de las máquinas se averió y el Municipio la retiró para su posterior arreglo. Sin embargo nunca la devolvió. “Las respuestas, por parte del municipio fueron amenazas de denuncia en caso de que la tomáramos para seguir trabajando.La secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, desde que asumió dijo desconfiar de nosotros, pero nunca nos concedió una reunión para explicarnos las razones de su desconfianza”.

“El golpe final llegó a principios de 2020. El Coordinador del Programa Envión, Fernando Paolucci, citó a un trabajador de Envión para decirle que no se nos iba a pagar más y que el proyecto estaba dado de baja, sin dar ninguna explicación y sin posibilidad de que se diga nada. Nosotros nunca pudimos tener una reunión ni con él ni con nadie. No nos dejaron vender y nos sacaron nuestra única fuente de ingresos en un momento en el que es imposible conseguir trabajo”, concluye el comunicado.

Transcurridos más de cien días de aislamiento en el marco de la pandemia, Horacio Romano analizó en FM De la Calle el estado del sistema de salud y el rol de las Unidades de Cuidados Mínimos Ambulatorios (UCMA). El Municipio anunció que en las próximas horas comenzará a funcionar una de ellas en el Club Liniers.

“Contamos ya con la experiencia de muchos países. En Italia, a mediados de marzo, en una prestigiosa revista se dijo ‘tenemos que invertir en hospitales pero más en lo que es ambulatorio’. Se repite que el 80% son cuadros leves a moderados y un 20% requiere internación”.

“Hay muchas personas que cursan esta enfermedad con fiebre, algo de tos, dolor de garganta y se queda en su casa. Pero quedarte en tu casa implica que tengas las condiciones económicas, sociales, habitacionales para que lo puedas hacer”, explicó el médico en la columna de Salud de En Eso Estamos.

Respecto a las UCMAS, Romano analizó: “Hay muchos sospechosos y menos confirmados. La relación debería ser 10 sospechosos por uno o dos confirmados. Tal como está la cosa tendrías que internar a las 10 por 48 horas, que es el tiempo que tarda en hacerse el análisis. El sistema de internación es enorme y, por otro lado, en un ámbito hospitalario de aislamiento también se complica incluso hasta psicológicamente”.

El Municipio cuenta con 137 camas ambulatorias: 60 en el Dow Center, 52 en el Centro de Jubilados Cono Sur y 25 en Liniers.

“Es una inversión que el Estado debe hacer. (Según datos de CABA) cada paciente de los moderados a graves internados cuesta un millón de pesos, es lo que podría salir una UCMA entera. Ese es el tema que está en discusión y que ya debería estar tomado. Es necesario a los fines de que la gente conviviente no se contagie y en costos de dinero. Es necesario desde todos puntos de vista y debió haber empezado hace 20 días atrás”, comentó.

Romano agregó que “se necesitaría el doble para andar más o menos seguro. Si uno piensa que el presupuesto municipal son 9 mil millones de pesos, un millón y medio para el municipio es un vuelto”, refirió respecto a la suma invertida por la comuna según Gobierno Abierto. “Hay partidas que se pueden retocar sin que se modifique mucho, esto no tiene que entrar en la cuenta de Salud porque implica a todos los órdenes”.

Finalmente, el médico anunció que se está trabajando en la creación de “un software hecho en el Hospital Municipal en combinación con la UNS con seguimiento telefónico de los pacientes. Va a ser usado en la parte privada también. Es mucho más efectivo llamar al paciente todos los días y seguir a los contactos antes que internarlos. Si pudiéramos llegar a controlarlos sin tener que internar es un beneficio para todos”.

¿Cómo se distribuye la pauta oficial local? ¿Qué medios o personas concentran mayor porcentaje del dinero público presupuestado? Estos interrogantes son algunos de los que se plateó Guadalupe Ceña en una investigación realizada para la cátedra de Estadística Aplicada de la carrera de Comunicación de la UNISAL.

“El análisis de datos es acotado en relación a la cantidad de datos que están disponibles. Lo que hicimos es un recorte para tratar de comprobar una hipótesis sobre el hecho de que no existe una normativa vigente en materia de pauta oficial, lo cual permite que el Estado local la ejecute de una manera desproporcionada y arbitraria”, dijo a FM De la Calle.

Opinó que “no puede ser que el alcance de un medio sea el único motivo por el que se paute, se debe garantizar el acceso a la comunicación a toda la sociedad”, aseguró.

Ceña comentó que “en relación a lo presupuestado y ejecutado (en 2018 y 2019) hay un aumento terrible, puede llegar a tener que ver con la variable inflacionaria. Sin embargo, haciendo cálculos queda explícito que además de la variable inflacionaria el gobierno municipal decide invertir más plata, hubo un aumento de dinero que fue voluntario”.

“De un año a otro aumentó la lista de proveedores: en 2018 cobraron 80 y el 2019 93 proveedores: 42 empresas y 51 personas”.

¿Quién cobra más por pauta municipal?

Ceña describió que “tanto en 2018 como 2019, entre el 42 y 35% de lo ejecutado fue a parar al Grupo Elias, propietarios de tres medios: La Nueva Provincia S.R.L y la empresa Radio Bahía Blanca S.A que reúne a LU2 y FM Ciudad. Y Elías y Martín, en sociedad con Maximiliano Di Federico, son propietarios de La Brújula 24”.

“Se llevan casi el 42% anual. A este grupo mediático le sigue Canal 7, que más cerca o lejos es propiedad de grupo Clarín, entre un 7 y 8%. A este le sigue Telefé que cobra entre un 6 y 7% y le sigue Germán Sasso, periodista de La Brújula que cobra entre el 4 y 4,5% de presupuesto ejecutado”, afirmó.

Mencionó que ante la consulta, el Concejo Deliberante le hizo llegar un expediente de 2016 “que contiene un estudio de audiencias de medios que es utilizado como criterio de repartición de pauta. En ese momento había un HCD conformado en su mayoría por Juntos por el Cambio, que vota por lo que dice este estudio”.

“Como único criterio se sostiene el alcance de los medios pero excluye un montón de factores que hacen a la integridad de una política pública en materia de comunicación un poco más democrática. No puede ser el alcance de un medio el único motivo por el que se paute, se debe garantizar el acceso a la comunicación a toda la sociedad”, aseguró.

Por último, reflexionó que “evidentemente es una repartición arbitraria porque no hay criterios para establecer quién recibe más y quién recibe menos. Habrá que hacer un análisis de cómo está asociado a los contenidos que generan esos propios medios”.

“Sabemos que no hay mapa de medios, quiénes son los dueños, quiénes participan, salvo que estemos en los medios eso no se sabe. El Estado establece política pública sobre algo que no queda claro o que se sabe pero puertas para dentro”, sentenció.

El ex intendente Rodolfo Lopes y el ex concejal Raúl Ayude rechazaron la posibilidad de que Enrique Iommi sea designado como delegado del Ente Nacional de Comunicaciones a instancias del massismo.

“Poner a Iommi a cargo del ENACOM es un retroceso total, es una vergüenza. Ver que la oposición tiene una actitud corporativa con el sector poderoso que nos viene gobernando los últimos 15 años da vergüenza ajena. Ninguno responde, ni los concejales, ni los dirigentes, ni los que tienen cargos legislativos. El peronismo deberá asumir su responsabilidad, unirse en serio”, dijo a FM De la Calle Rodolfo Lopes.

Agregó que “Enrique Iommi es un periodista que ha demostrado muchas falencias en su accionar, no solamente como periodista sino como persona. Ha tenido actitudes misóginas, homofóbicas, antipolíticas y antidemocráticas. No por casualidad ha pasado el casting de LU2 y La Nueva Provincia. No cualquiera llega ahí, no quiero decir que son todos iguales pero son bastante parecidos”.

El ex intendente comentó que “este muchacho ha sido tomado de ese lugar. Me llama la atención la orfandad en la dirigencia política que hoy tiene cargos de preponderancia. Una vez que ha cambiado el gobierno gorila, antidemoráctico y oligárquico del PRO los dirigentes que ostentan algún cargo no han dicho ni dicen absolutamente nada”.

Por su parte, ante los tweets de arrepentimiento del conductor radial por los dichos vertidos contra la comunidad LGTBIQ, Ayude respondió vía Twitter.

Lopes continuó: “Cuesta mucho creer, todas las luchas para lograr determinados cambios desde el peronismo y muchos otros partidos que se adosaron al peronismo para llegar y hoy usan los cargos para mirarse su propio ombligo, alimentarse su propio bolsillo y no pensar en los cambios que se deben llevar adelante”.

“Desde la 14 de Septiembre nuestro más inmenso repudio a la decisión de designar Enrique Iommi a cargo del ENACOM, que no es por él en particular sino por lo que representa. No es echarle la culpa a un sector político sino a los dirigentes que dejan que se haga lo que haga con tal de que a ellos les vaya bien”, sentenció.

Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde Monte Hermoso hasta Capital Federal para hacerle llegar al presidente el reclamo de justicia por el femicidio impune de su sobrina Katherine.

Hoy se reunirá en La Plata con la conducción del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Esto ha tomado mucha repercusión, ha hecho ruido. En cierta manera hemos logrado el cometido, si bien en cierta medida era entrevistarnos con el presidente tuvimos que apurarnos porque tomaron nuevas medidas, el miércoles vuelven a fase 1”, comentó a FM De la Calle.

Agregó: “Venimos con un mensaje y un pedido claro, lo que esperamos es comprometer a esta gente con la que nos vamos a entrevistar, tenemos muy presente que hemos hecho avanzar mucho el caso por parte de la querella. Hemos aportado pruebas, hace tres meses que denunciamos a 22 personas, al ex intendente Marcos Fernández, dos patovicas, el ex secretario de Seguridad, bomberos, a todos los fiscales de Bahía Blanca excepto a (Chirstian) Long. De hecho, ahora la causa está radicada en Azul”.

Moscoso mencionó que desde que presentaron las pruebas ante la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul -hace tres meses- no tuvieron respuesta.

Respecto a la caminata hacia la Capital, afirmó que “cuando salimos de Monte hasta Dorrego nos sentimos amenazados, hemos tenido miedo por nuestras vidas, nos habían llegado mensajes de que nos iban a levantar en la ruta, que estábamos regalados. Levantamos campamento en Dorrego y fuimos hasta Tres Arroyos y después llegamos hasta Azul. Producto de que se acercaba la fase 1 (en el AMBA) tuvimos que llegar con auto”.

Respecto de los dichos del indentende de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, advirtiendo que les dejaría volver mientras dure el aislamiento, Moscoso señaló: “Yo no he tenido trato con el intendente pero hemos gestionado que vamos a hacer la cuarentena en Monte con el protocolo que se debe”.

Un nuevo caso de violencia policial ocurrió en Tucumán. Walter Ceferino Nadal fue asfixiado por la policía con una técnica que emula la de los asesinos de George Floyd en Minneápolis, quienes desataron una ola de manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos.

“Esto es el último episodio de una larga lista. El 29 de junio pasado a este hombre lo detuvo la policía en la calle y usaron la misma técnica que contra George Floyd. Los testimonios muestran que el policía le puso la rodilla en la nuca y que esta fue la causa de la muerte por la asfixia que revela la autopsia”, comentó a FM De la Calle Pablo Jeger, integrante de la APDH Tucumán.

Días atrás fueron procesados con prisión preventiva más de una decena de policías y civiles por la desaparición forzada seguida de muerte del peón rural Luis Espinoza.

Respecto al caso de Nadal comentó que “en principio están identificados quienes intervinieron pero hasta donde sabemos hay bastante hermetismo por parte de la fiscal. No había, hasta el viernes, detenidos”.

El vicepresidente de la APDH Nacional agregó que “hace pocos días por una causa casi fortuita nos enteramos que el Ministerio de Seguridad, había organizado y había comenzado un curso para formación de penitenciarios dictado por Enrique Stel”.

El ex militar participó durante el genocidio en el Operativo Independencia en Tucumán y luego en la represión en la zona de Bahía Blanca como integrante del Batallón de Comunicaciones 181.

“En estos momentos está esperando juicio por secuestros, desapariciones forzadas y una violación ocurrida en el marco de la última dictadura. Los responsables de la organización del curso no pueden negar su origen. Esto se supo por un informe periodístico que fue tomado por los compañeros de HIJOS, ellos lo denunciaron y finalmente se suspendió”.

Jeger destacó la escasa intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en estos casos dado que dentro de la dependencia “hay un Consejo de Derechos Humanos de la Nación donde está la representante tucumana que ante estos hechos no ha hecho absolutamente nada. Debería tener un rol más activo”.

Respecto del caso de desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, señaló que es algo que sucede “constantemente en la provincia de Tucumán”. Mencionó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU radicado en América del Sur quiere tomar lo sucedido como un caso testigo sobre la violencia institucional.

“Hemos tenido buenas noticias porque ha intervenido un cuerpo que se llama ECIF, Equipo Científico de Investigación Fiscal, hacen un trabajo muy técnico y específico, con independencia del Ejecutivo, su intervención ha tenido mucho que ver con que se haya podido investigar y dar con el cuerpo de Espinoza, ademas de las pruebas recogidas”, agregó.

Los organismos demandan que la policía provincial no participe en las investigación de los hechos de violencia institucional y, a su vez, “que la policía local tenga una división de asuntos internos que se encargue de investigar el funcionamiento irregular que muchas veces es base de estos delitos”.

“Por ejemplo en el caso de Espinoza se habla de que en el lugar donde lo matan se estaba desarrollando una carrera clandestina de caballos donde se apuesta. Hasta allí llegaron los policías de civil en vehículos propios, con lo cual esto demuestra que por detrás de la muerte había también negocios turbios en los cuales interviene la policía”.

A 51 años de la revuelta de Stonewall Inn y con motivo de la Marcha virtual contra los Travesticidios, la economista feminista María Julia Eliosoff analizó las condiciones de vida del colectivo trans y travesti en su columna de FM De la Calle.

“La lucha por la identidad y pensar al orgullo como respuesta política tiene consecuencias muy concretas en las cuestiones materiales. Hay que entender que las condiciones de vida de las personas LGBTIQ implican violencia, no estamos pensando solamente en un golpe sino en la violencia en sentido amplio, la violencia económica”, afirmó.

Eliosoff agregó que “ayer, cuando se dieron los datos de salud, estaba la secretaria de Políticas por la Diversidad Alba Rueda y habló de un transfemicidio social”.

“El promedio de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años, son personas que no tienen los mismos derechos. Su vida están fuertemente vulneradas, son ciudadanías de segunda o tercera. El aislamiento las expone a situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Las estadísticas que tenemos a nivel nacional son siempre binarias, siempre hay datos de mujeres y varones, es muy difícil conocer oficialmente lo que pasa porque ni siquiera hay datos”.

Eliosoff explicó que “la información con la que en general contamos proviene de investigaciones de organizaciones y de una prueba piloto del INDEC que se hizo en 2012 en La Matanza. Los datos arrojan que más del 60% expresa su identidad de género entre los 13 y 17 años y hay muchos investigadores que identifican que allí comienza el proceso de desciudadanización”.

“Empiezan a atravesar un proceso de exclusión, quedan fuera del colegio, de vínculos familiares. El 80% tiene el secundario incompleto, no tienen cobertura de salud y están bajo tratamientos hormonales. Solo el 14% tiene controles médicos de esos tratamientos”, comentó la economista.

Otro determinante tiene que ver con el acceso a una fuente de ingreso: “El 77% dice no recibir ninguna ayuda del Estado, sin embargo, el 81% manifiesta que hace actividades con las cuales obtiene un dinero aunque 7 de cada 10 personas trans nunca tuvo una entrevista laboral”.

“Más del 80% en ambos informes habla de que están o estuvieron en situación de prostitución o trabajo sexual. Sin embargo, el 72% de ese total manifiesta buscar otra fuente de ingreso”.

Respecto a las condiciones de vivienda, “más del 55% vive en viviendas que se caracterizan como deficitarias, no cuentan con acceso a condiciones habitacionales y solo el 7% pudo acceder a un contrato de alquiler”.

¿Qué respuestas da el Estado?

“Gracias a la organización de los movimientos feministas y personas travestis trans existe hoy un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el cual tenemos una subsecretaría para pensar estas problemáticas. Existen proyectos vinculados a la Ley de Cupo Trans que hablan al menos de 1% de personas trans en lugares de trabajo estatal. Otra respuesta es el POTENCIAR Trabajo, 4100 personas trans accedieron a este programa. Por otro lado, están las miles de respuestas que dan las organizaciones, cooperativas de trabajo, etcétera”, comentó.

En cuanto al proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans que discute la Cámara de Diputados, mencionó que “los proyectos son a nivel nacional en los tres poderes. En la provincia de Buenos Aires está aprobado desde 2015 pero nunca se reglamentó. Lo mismo en Bahía, en septiembre del año pasado se aprobó la ordenanza pero no hay información de cuánto ha avanzado el cupo, si han ingresado compañeres”.

¿Qué falta?

Si bien ha habido avances en materia de política pública aún resta mucho. Algunas reivindicaciones de las organizaciones son:

*Producción nacional y del Estado de hormonas y prótesis para garantizar la continuidad en los tratamientos y no depender de importaciones o laboratorios privados.

*Garantizar provisión en todos los Centros de salud.

*Formación y capacitación para profesionales de salud y frenar la violencia en la atención a personas TTT en los Centros de Salud.

*Extender redes de cuidado a personas TTT.

*Garantizar acceso (hay faltantes) a medicación para atención del HIV.

*Actualización de la Educación Sexual Integral (más contenidos no binario).

*Que se reconozcan en el RENAPER identidades no binarias, travas y travestis.

Se cumplieron 51 años de la revuelta de Stonewall Inn, en Nueva York, inicio de la lucha histórica del movimiento LGTBIQ+.

En Argentina, hace cinco años que el 28 de junio se organiza la Marcha contra los Travesticidios.

Debido al aislamiento, ayer se realizó una movilización virtual en el aniversario de los disturbios newyorkinos para reivindicar los logros del movimiento de travas y trans en los últimos años.

La lucha colectiva nunca deja de reclamar el derecho a una vida que merezca ser vivida.

“El tiempo de la revolución es ahora porque a la cárcel y al closet no volvemos nunca más”.

Lohana Berkins.

Producción: Giuliana Crucianelli

Edición: Astor Vitali