Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.

“Queríamos saber con profundidad, solo eso.  Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.

El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.

A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.

“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.

Para comprender los delitos sexuales en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, afirmó la abogada querellante Mónica Fernández Avello durante su alegato en el juicio Armada Argentina – BNPB. La “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad” del tribunal que interpretó la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y adhirió al pedido de ampliación de la imputación realizado por la Fiscalía contra la mayoría de los represores. Resaltó la palabra de las víctimas por “la enorme valentía y entereza” de recordar situaciones traumáticas, no solo ante el jurado sino -en muchos casos y por primera vez- ante sus propios familiares.

“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.

El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.

“La familia era considerada como forma natural de organización, sus rasgos característicos eran la sumisión a la autoridad paterna por parte del obediente resto -mujeres e hijos- y la vigilancia policial constante entre todos, pero de manera especial sobre los niños, niñas y jóvenes que tanto por cuestiones ideológicas como biológicas pueden alejarse del ideal familiar. Cada familia se convierte en un eslabón fundamental del desarrollo social propuesto por el gobierno militar, ejerce una tarea sanitaria, contiene posibles desbordes de algunos de sus miembros, controla y vigila el entorno”, explicó.

La abogada citó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien afirmó en junio de 1976: “Una advertencia, padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad, sepamos defenderlas”. Según la querellante, “las pocas veces que el discurso militar se orienta de modo especial hacia la mujer, lo hace para marcar su lugar dentro de la familia en el papel de ama de casa y esposa, pero por sobre todo como madre”.

1976-006“El discurso autoritario de la dictadura trabaja para ocultar y naturalizar ciertos fenómenos sociales, sobre todo los relacionados al rol de mujer dentro de la familia y la sociedad. De esta forma el sistema autoritario se experimenta como una intensificación del orden patriarcal que representa una interpretación sumamente tradicional de las divisiones genéricas. El rol definitivo de la mujer se relaciona a la maternidad y sus autosacrificios por el bien del futuro de la Nación, donde la esfera familiar refuerza los binarismos genéricos para preservar la moralidad social”, sostuvo.

Entonces, el núcleo del funcionamiento familiar que pretendía imponer la dictadura era “la mujer”, ella debía atender los trabajos domésticos y relegarse al espacio privado, al “hogar”. “Debido a esta visión tradicionalista de la mujer y su papel en la jerarquía sociopolítica, ella no debía asociase con lo político, el activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, lo cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.

“La mujer militante que penetra esta esfera considerada pertenencia de los hombres se convierte en un monstruo, una aberración y una desviación de la regla natural. Activista equivale a mujer promiscua, la amenaza que ella representó tenía más que ver con la destrucción del patriarcado. Ya que este argumento no constituía una razón suficiente para atacar públicamente a la mujer políticamente comprometida, el gobierno militar tuvo que inventar un mito con el fin de justificar y legitimar sus acciones en contra de ellas”. Para aquellas que “desafiaron” el orden patriarcal causando “un innecesario caos en la sociedad” el Estado intervino para encerrarlas nuevamente en sus “hogares” o “eliminarlas para evitar la propagación de modelos peligrosos para la estabilidad familiar”.

“Esperaban pacientemente a que las mujeres que ya sabían que su destino era la muerte parieran para apropiarse de sus hijos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a esos hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana”, manifestó la querellante y destacó que “la historia y la vida” demostraron su error, “no solamente porque las luchas emblemáticas por los derechos humanos las han realizado mujeres” sino que “esos niños y niñas apropiadas y criadas por apropiadores o no, conjuntamente con los que sobrevivieron a la muerte de sus padres, fundaron HIJOS que junto con Madres y Abuelas están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos”.

madresFernández Avello alegó que la violencia sexual “tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. Por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. (…) Como lo expresa Carole Sheffield, la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.

“La violencia hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo un carácter rutinario y extendido desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etcétera”, describió.

La abogada expresó que “vivimos en una sociedad atravesada por la ideología del patriarcado que al decir de Judith Butler es el sistema social que se inscribe en la relación asimétrica entre los sexos y basada en la dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Y por supuesto las prácticas judiciales responden a ello e históricamente se han resistido a la investigación de estos delitos, lo que pone en evidencia -considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres- a la discriminación por género que anida en las concepciones y prácticas judiciales desde siempre”.

Sin embargo, en el juicio Armada a partir de las declaraciones de las y los testigos, fiscales y jueces avanzaron en la posibilidad de juzgar los crímenes sexuales. “No se me escapa que tanto la Fiscalía como el Tribunal está compuesto por hombres, lo que pone de manifiesto que el sistema patriarcal es una ideología política que nada tiene que ver con los sexos y no les quede duda señores jueces que este es un reconocimiento que dignifica a las víctimas”.

“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.

Siguió: “Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarle las identidades. Pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”.

Sobre el final recordó el testimonio del ex colimba Aníbal Américo Agotborde, destinado a la guardia del Buque ARA 9 de Julio, quien “nos heló la sangre” al escucharlo denunciar el nacimiento de un bebé en el centro clandestino naval. “¿Saben lo terrible que es para la familia estar buscando un nieto, un hermano, un primo? Les recomiendo vean la escena final de la película La Historia Oficial donde el apropiador descubierto llega a su casa y le pregunta a su mujer dónde está su hija y la mujer le responde: ¿Viste que terrible que es no saber dónde está tu hija? Tal vez por un segundo puedan ponerse en el lugar de esta familia y decir lo que saben”, dijo a los genocidas.

Hace dos miércoles se organizó de un día para el otro un recital del músico Fósforo, quien vive en Monte Hermoso y estaba de paso por Bahía Blanca. A la cita asistieron un grupo de músicos y músicas bluseros.

En las noches del Centro Cultural La Panadería cada persona es mecha de un horno que multiplica ideas ricas. Así es que esa noche, música y brindis mediante, lxs músicxs decidieron que los próximos miércoles el Bar Don Osvaldo será testigo de Encuentros de Blues abiertos al público.

El horno del blues

 “Vino Fósforo que es un músico de Mar del Plata. Estuvo viviendo un tiempo en Tigre, en Monte, ahora está en Sierra de la Ventana. Nos conocimos en un festival en Monte Hermoso. Lo invitamos. Ser armó algo de un día para el otro así que llamamos a amigos. Vinieron casi todos músicos. Terminando tocando todos. Se generó un clima muy lindo además el bar da para eso” contó la música y docente Cecilia Epherra a FM De la Calle.

“Empezamos a pensar esa idea de peña, o de zapada o de jam, como un espacio que está muy interesante para sostenerlo. Y, charlando con otros músicos, finalmente dijimos ‘vamos a armar un ciclo’ para que se sepa que todos los miércoles va a haber blues y estará abierto a todos los músicos que quieran venir”.

“Hay muchísima gente haciendo blues. Bandas sólo de blues hay poquitas. Creo que hay más de la zona. Pero músicos que hagan blues hay un montón. Nos encontramos muchos ese miércoles con Juan Cruz Trussi, por ejemplo”, dijo la cantante.

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Juliana Ramadori, coordinadora del Área Audiovisuales de los Museos de Arte, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. Entre los días 23 y 27 de septiembre se llevará a cabo en nuestra ciudad el Bafici Bahía.

“El Bafici es un festival de cine independiente internacional que se hace en la ciudad de Buenos Aires hace 17 años. Este es el quinto año que llega a Bahía. Es una versión itinerante, no sólo viene a Bahía sino que viajan por ejemplo a Rosario, Tucumán, Mendoza. Básicamente son películas que están por fuera del sistema comercial. Funcionan dentro de un circuito de exhibición de festivales”, explicó.

“Para nosotros es un placer poder contar con estas películas porque no las vamos a poder ver en otros lados”.

Hace cinco años comenzó la edición local del festival a través de una iniciativa de “Cultura y Extensión de la Universidad (Nacional del Sur). Este año los museos de arte MBA-MAC deciden sumarse a la organización”.

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Bafici 2

Trabajadorxs de la salud de la provincia realizarán un paro este miércoles en los 78 hospitales bonaerenses. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal informaron que acompañan los reclamos pero atenderán normalmente en el Municipal y las unidades sanitarias.

“Estamos pidiendo al gobierno que se produzca un nuevo diálogo en relación al tema de salarios, por lo tanto, estamos pidiendo la reapertura de paritarias. Además, el cumplimiento de unas cuantas cosas que se acordaron en principio en paritaria o fuera de ella y que no se han cumplimentado”, dijo esta mañana a FM De la Calle el presidente de CICOP Fernando Corsiglia.

El dirigente agregó que las demandas están “englobadas en una cuestión central que tiene que ver con el presupuesto para salud que se empezará a discutir en breve en la legislatura provincial”.

La medida de fuerza coincidirá con la que ya fue anunciada ATE, en el marco de un plan de lucha organizado a nivel nacional en rechazo a todo tipo de trabajo precarizado.

“Tenemos ingresos con un salario bastante bajo y eso implica que no sea atractivo para quienes van ingresando al sistema, tenemos muchas dificultades para conseguir profesionales para las guardias, inclusive para algunos sectores de planta. Las condiciones de nuestro trabajo en los hospitales no son  buenas y si a eso le sumamos los salarios y los episodios de violencia, resulta muy poco atractivo ingresar al sistema público de la provincia de Buenos Aires y eso es un problema que debe ser abordado y solucionado”, explicó Corsiglia.

Finalmente, el médico anunció que la próxima semana CICOP se plegará al paro general con movilización a la Casa de Gobierno bonaerense definido por la CTA provincial para el martes 29 de septiembre, en demanda de salarios dignos, estabilidad laboral, nombramiento de personal, más y mejores políticas sociales y mayor intervención del Estado para mejorar las condiciones laborales en el sector privado.

Con una presentación formal ante la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, que preside Ricardo Lorenzetti, los sobrevivientes y familiares de desaparecidos se sumaron al pedido del juez Alejo Ramos Padilla para que se refuerce el personal del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca. “Hoy todo el retraso y las soluciones sobre las que se está avanzando, es el resultado del esfuerzo ciclópeo que el Dr. Ramos Padilla y su secretario, junto al Dr. Pablo Vassel”, dice la nota presentada en versión impresa y digital el 10 de septiembre pasado. “Es en razón de todo esto y varios aspectos más, que entendemos que ese juzgado debe contar con mayor cantidad de personal y medios adecuados para que los resultados sean mucho más profundos para hacer justicia”, subrayaron.

La presentación está suscripta por las regionales de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el mismo día en que el Consejo de la Magistratura suspendió al camarista bahiense Néstor Montezanti —ex agente de inteligencia, imputado en la causa por los crímenes de la Triple A— y abrió un jury en su contra. Y su origen es la preocupación por un informe que el propio Ramos Padilla giró a la Corte describiendo el desbarajuste que encontró cuando asumió en el juzgado, en junio. Fue luego de que el Consejo no ratificara al secretario judicial que comandó el despacho los últimos años, Santiago Ulpiano Martínez, y al abogado Claudio Pontet, ambos denunciados por obstaculizar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

“Retrasos generalizados de todo sentido, escritos por agregar, borrado de archivos y registros de utilidad de la Secretaria de Derechos Humanos del juzgado, más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace casi dos años en expedientes donde se investiga robo de niños, actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de 1976, responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia”, describe el escrito rubricado por Eduardo Hidalgo y Alejandra Santucho, secretarios de ambos organismos. Para fundar el pedido, refieren a la antigua Acordada 42/08 de la Corte, que impone tramitar los juicios de lesa humanidad sin demoras.

El Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca es un enclave vital para juzgar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Buenos Aires. No sólo porque allí tuvo un gran protagonismo la Marina de guerra y el V Cuerpo de Ejército y se instruyen dos megacausas con 750 víctimas y alrededor de 100 imputados, sino porque los militares fueron prohijados por un variado abanico de civiles que los frecuentaban. Entre ellos está acusado el empresario mediático Vicente Massot —favorecido con una falta de mérito en los últimos meses—, ex magistrados como Hugo Sierra, Gloria Girotti y el propio Montezanti, y el ex arzobispo local a quien absolvió la muerte, Aldo Vara.

Cuando Ramos Padilla —juez federal de Dolores— ocupó el despacho para asumir como juez subrogante, se encontró con un tendal de irregularidades que hacían tambalear las investigaciones, que reseñó en un documento dirigido a Ricardo Lorenzetti. Ulpiano Martínez había dejado prisiones preventivas y sentencias vencidas, más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado, más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, muchos con municiones, desparramados por toda la sala. Incluso había detenidos alojados en la seccional de la Policía Federal desde donde se fugó el represor Julián “Laucha” Corres.

Ahora los organismos piden, en sintonía con el magistrado, más personal a su cargo “al ver cómo está funcionando hoy el juzgado prácticamente sin horario y solo con el esfuerzo fundamental de sus conductores y la colaboración de parte del personal,  frente a otra parte que ha decidido limitar su colaboración por hacer causa común tácita con los desplazados por el Consejo de la Magistratura”. Sólo así, afirman, podrá alcanzarse la Justicia que esperan hace más de treinta años.

Fuente: InfojusNoticias.

(Por Julio Gambina) Las expectativas están puestas en la visita papal a Cuba, recordando que viene de declaraciones públicas realizadas en territorio nuestro americano muy críticas al orden capitalista, y precisamente cuando en San Juan se produjo en estos días un derrame de cianuro que levantó y movilizó al pueblo de esa provincia.

Vale memorar que San Juan es un territorio donde la protesta contra la mega minería a cielo abierto estaba oculta detrás del fuerte consenso electoral que venía logrando el gobierno de José Luis Gioja, cuya familia está directamente involucrada en el negocio minero y en la gestión pública nacional del sector minero.

El tema de fondo es el agua y la contaminación, una cuestión que lamentablemente solo aparece cuando el daño es evidente, ya que la campaña previa se asienta en el efecto riqueza que generan las inversiones y la difusión de un empleo directo e indirecto que “resuelve” en el corto plazo las necesidades de ingreso para satisfacer un determinado patrón de consumo.

Así, el circulo parece virtuoso entre inversiones externas y crecimiento de la economía y el consumo, desinteresando a la sociedad sobre el nocivo efecto de un modelo productivo depredador.

Pero no es solo el derrame provocado por la Barrick Gold en Veladero, sino que también en estos días se cumplen tres años de la campaña No a la Planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba, y dos años del bloqueo.

La movilización popular impide el intento de construir un planta de producción para abastecer el paquete tecnológico del modelo productivo en el campo. Esa iniciativa empresarial era celebrada por los gobiernos locales, el provincial y el nacional, no necesariamente convergentes en el proceso electoral en curso.

Tanto los episodios de San Juan, como el pronunciamiento del acampe en Córdoba, son señales de una opinión en la sociedad que es crítica al modelo productivo que afecta a nuestros bienes comunes y se agiganta con las declaraciones sostenidas desde el Jefe del Vaticano, tanto su encíclica Laudato Sí, como en sus mensajes a los pueblos.

Más allá de las intencionalidades de las protestas y los mensajes del Papa Francisco, lo que aparece como novedad en el debate político y económico, incluso cultural, es la crítica al capitalismo.

Nada relativo a esta preocupación aparece en el proyecto de Presupuesto 2016 presentado al debate parlamentario.

El presupuesto es un instrumento que debiera recoger el sentido de la demanda social en defensa de los bienes comunes y sin embargo persiste en sostener la promoción de la sojización, la mega minería a cielo abierto, las expectativas en los hidrocarburos no convencionales y el sistema de armaduría en la industria.

La lógica del proyecto presupuestario reproduce el sentido del orden económico social que según los propios datos del INDEC, en su Encuesta de Grandes Empresas, se reconoce la tendencia a la confirmación de una lógica de dominación de corporaciones transnacionales que privilegian el objetivo de la ganancia, y en la medida que pueden remiten sus utilidades al exterior, o alientan los mecanismos de fuga de capitales que sostienen la demanda especulativa por las divisas.

Se disputa el liderazgo y el modelo de desarrollo

El tema que pretendemos suscitar remite a las protestas masivas contra el orden neoliberal de las dos últimas décadas del Siglo XX y que motorizaron el fenómeno del cambio político en la región, incluso con gobiernos que asumieron el discurso crítico a las políticas neoliberales y en algunos casos incluso al orden capitalista.

A la cabeza de ese debate estuvo el liderazgo regional del proceso venezolano y Hugo Chávez innovando con la propuesta por un Socialismo del Siglo XXI, que luego estimuló desde Bolivia la propuesta por un Socialismo comunitario. Con Cuba y su experiencia socialista se reinstalaba el debate y la propuesta contra el capitalismo.

Pero más allá de discursos y con el peso de Brasil y la expectativa del nuevo proceso conducido por Lula se habilitó una dinámica de discusión sobre una integración alternativa, con realizaciones que todavía no terminan de materializarse y asociadas a los proyectos de articulación productiva para afirmar la soberanía alimentaria, energética o financiera.

La novedad propositiva y discursiva del Papa Francisco interviene en ese debate sobre el rumbo económico social y cultural de nuestro tiempo, reivindicando las demandas por trabajo, tierra y techo que no figuran en los proyectos del capital transnacional. Este, desde sus inversiones busca fuerza de trabajo barata y opción de saqueo sobre los bienes comunes, lo que define a los países emergentes.

Tenga quien tenga el liderazgo político en la región, lo que se hace evidente es la discusión del modelo productivo y de desarrollo, es decir, el tipo de sociedad que se pretende y quien define la situación es la dinámica social en conflicto por un nuevo orden social.

Pensemos que el neoliberalismo se ensayó en territorio sudamericano y que desde aquí emergieron las realidades del cambio político sustentadas de la lucha popular, que para afirmarse requieren de avances en el cambio económico, una asignatura aún pendiente.

Lo interesante a remarcar, más allá de quien lidere este proceso en la región y en el mundo, es que así como los cambios devinieron de la movilización social en los 80 y 90 del siglo pasado, la emergencia de protestas en defensa del agua, de la tierra, de los bienes comunes, por la soberanía del pueblo, es lo que puede aportar de nuevo a una dinámica de lucha social y si se quiere, de clases, para definir un rumbo contra la lógica del capital y su accionar contra el metabolismo social natural.

Este viernes se cumplieron nueve años desde la segunda desaparición de Jorge Julio López. Nada se supo del albañil desde el democrático día de los alegatos del juicio contra el ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, en el cual declaró sobre las torturas padecidas durante la dictadura en centros clandestinos del Circuito Camps .

“La oposición y el oficialismo en esto se pusieron de acuerdo. Todos ignoran el caso López que es un testigo que desapareció en el primer juicio de lesa humanidad, no es una cuestión menor, pero todos se pusieron de acuerdo para ignorarlo durante estos nueve años y no veo que haya interés de ninguna fuerza política de tomar este tema con más fuerza”, aseguró Werner Pertot a FM De la Calle.

El periodista es coautor del libro “Los días sin López” en el cual junto a Luciana Rosende repasan las líneas investigativas que, estando en el expediente, nunca fueron debidamente desarrolladas. “Las autoridades políticas iban detrás de lo que le decía la policía y no al revés”.

“Con Arslanián al frente de la investigación apuraban y querían resultados, querían encontrarlo vivo. Cuando vieron que ya no lo iban a encontrar vivo y era un golpe político para el gobierno encontrarlo muerto, y a medida que los medios fueron abandonando el tema, lo fueron dejando en manos del poder judicial”, comentó.

Para Pertot, “los medios más grandes sobre todo, instalaron la idea de que en la causa no hay nada, que no hay nada que hacer”. Sin embargo, destacó tres hipótesis que merecen atención.

La primera de ellas gira sobre el entorno de Etchecolatz: “Hay una serie de comunicaciones ese día que son muy llamativas entre las personas cercanas a Etchecolatz e intercambios de mails donde hablan de López el mismo día que desaparece”.

En segundo término, los policías bonaerenses del Circuito Camps: “El circuito de centros clandestinos donde pasó López, que lo tuvo secuestrado durante la dictadura y podía estar interesado en que dejara de testimoniar”.

Y por último, los penitenciarios bonaerenses condenados en 2010: “López además de en los centros clandestinos de detención estuvo en la cárcel de La Plata, podría haber declarado también en este juicio y, por lo tanto, ellos tenían interés concreto en que se frenaran los juicios”.

“Hay que recordar que el juicio en el que declaró López, en el que era querellante, es el primero de todos los juicios que se abrieron después de la anulación de las leyes de impunidad. Atacar ese juicio que era la punta de lanza de todos los que vinieron después no era solamente una cuestión de si lo condenaban o no a Etchecolatz, también se reduce muchas veces a eso. Era atacar todo el proceso de juicios, que desapareciera un testigo y querellante de este juicio evidentemente podía tener la intención de frenar todo”, recordó el periodista.

werner pertotA pesar de las sospechas contra la Bonaerense, la fuerza tuvo a su cargo la investigación durante el primer año y medio durante el cual prefirieron poner el foco sobre los organismos de derechos humanos y la familia del testigo a hacerlo sobre los represores.

Para ejemplificar la mora de la pesquisa, Pertot mencionó un punto que hoy aparece como novedad aunque proviene de los pasos iniciales de la causa. “Hay una persona de la confianza de López, que por una serie de vínculos familiares, tenía una familia que eran policías bonaerenses, él mismo había sido policía bonaerense, tenía contactos familiares con Etchecolatz. Lo que se supo es que esta persona lo vio a López los últimos días sino el día en que desaparece”.

“La hipótesis más fuerte es que alguien lo engañó para que fuera a algún tipo de reunión -dijo el periodista-. López no era una persona que se confiara de cualquiera que le hablara. Por eso es interesante esta pista, no digo que sea segura porque hay que investigar, pero hoy aparece esta idea del presunto entregador de López sobre el cual hace nueve años que podrían haber empezado a investigar”.

El coautor de Los días sin López destacó que nadie haya propuesto conformar una comisión investigadora en el Congreso para evaluar las responsabilidades políticas.

En el caso de la Policía Bonaerense la historia muestra que fue apartada de la causa con la exculpación de una supuesta “incapacidad manifiesta”. Pertot afirmó que “entre los que fueron apartados está Hugo Matzkin, el actual jefe de la Bonaerense a quien (el gobernador Daniel) Scioli mantuvo en el cargo después que los organismos de derechos humanos de La Plata le fueron a pedir que a raíz del caso López lo apartara”.

En cuanto a la reacción del gobierno de Néstor Kirchner ante la desaparición del albañil, la reconstrucción del periodista indica que el presidente aseguró: “A este tipo lo mataron, este es un mensaje para nosotros y lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que quieren. Si quieren parar los juicios tenemos que meter presión para que avancen el doble de rápido para que vean que esto no va a funcionar”.

“Kirchner tenía todo un razonamiento que era que si le ganaban la pulseada en esto era como cuando Alfonsín ganaba la pulseada con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y después vino la hiperinflación y se cayó el gobierno. Era una cuestión de gobernabilidad. Si uno lo ve en una dimensión histórica, si los tipos querían parar los juicios no pudieron. Pero no se le puso la misma fuerza y el mismo empeño a encontrar a los que lo desaparecieron a López”.

Foto Pertot: Troyanos del sistema.

El gobierno bonaerense oficializó la incorporación obligatoria de la materia “Educación Sexual Integral” en la currícula de las escuelas públicas y privadas de la provincia. Así lo establece la ley 14.744 sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, publicada esta semana en el Boletín Oficial.

El texto de la norma dice que “se entiende como educación sexual integral al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas, y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana”.

La docente Alejandra Pavón, integrante del Suteba Bahía Blanca, comentó por FM De la Calle que “ya en muchas instituciones los docentes están empezando a trabajar el tema, están recibiendo capacitación para abordarlo”.

“Este es un contenido que forma parte del currículum como lo forman otras asignaturas, Lengua, Naturales, Sociales, va a estar dentro de nuestras planificaciones y en el corto plazo estaríamos trabajándolas desde todos los establecimientos”, explicó.

Según la dirigente, la educación sexual “en algunos casos sigue siendo un tema de desencuentro, por supuesto que depende de los niveles evolutivos de los que hablemos, de los sectores donde están ubicadas las escuelas, de la capacidad que tengan tanto los alumnos como los padres de acceder a información respecto de estos temas por fuera de la escuela. Estamos en una sociedad cambiante en relación a los temas que tienen que ver con la sexualidad y estos cambios hacen que de apoco uno tenga una mentalidad más abierta o no, pero todo lleva tiempo”.

La ley aclara que el organismo de aplicación deberá “garantizar la efectiva enseñanza y aprendizaje de la educación sexual integral a través de conocimientos científicos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, desde la perspectiva de género, promoviendo el respeto a la diversidad y la no discriminación”.

“Es absolutamente necesario que todos los niños, niñas y adolescentes conozcan su cuerpo, sepan cómo cuidarlo, cómo debe ser respetado, cómo abordar una relación con otro diferente o igual para tener un uso responsable de los métodos anticonceptivos, de las relaciones vinculares que tienen con los demás”, dijo Pavón.

Finalmente subrayó que “tiene que ver no solo con que tengamos vínculos más armoniosos con los demás y además prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, violencia de género, situaciones que realmente acarrean, por desconocimiento muchas veces, problemáticas que uno después tiene que resolver cuando con este trabajo en la escuela los podemos prevenir”.

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.

Si bien es cierto que nadie reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación[1]; ha habido en estos nueve años silencios que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad debía hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.

A nueve años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.

No hubo un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas. Así lo afirmó en abril 2011 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma: al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”[2]

Y no hubo voluntad política de investigar hasta la última consecuencia la responsabilidad de Etchecolatz, sus amigos de adentro de la fuerza policial Bonaerense y mucho menos la trama de los Servicios de Inteligencia que después del caso Nisman sabemos sin dudas que seguía trabajando con autonomía de mando. Fue el inefable Solá (el mismo que era gobernador cuando la masacre del Puente Pueyrredón del 2002) quién fundamentó que entre encontrar a Julio López y la gobernabilidad (que se vería afectada si se investigaba a fondo la Bonaerense, según él), elegía la gobernabilidad. Igual opción tomaron los Kirchner y la oposición política de derechas, solo un segmento del movimiento de derechos humanos y las izquierdas mantuvieron la lucha contra la impunidad de los secuestradores de Julio López, hasta hoy.

Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal

Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio” proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y nueve años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.

La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio que reconoce el Dr. Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio. Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a doce años de la anulación de las leyes de la impunidad, avanza la estrategia de impunidad de lograr que los represores “privados de su libertad” permanezcan en sus cómodos hogares y que se haya levantado una verdadera barrera para proteger a los responsables del Poder Económico (Massot de La Nueva Provincia, Blaquier de Ledesma, Acevedo de Acindar, los dueños de Papel Prensa, la Ford, Mercedes Benz, la banca extranjera, etc.) y los integrantes de la Triple A cuyos crímenes se mantienen casi en la absoluta impunidad.

La obstinada voluntad del Poder Judicial de no abrir paso al debate sobre Genocidio no tiene razones judiciales sino política; el Genocidio no es solo la destrucción de un grupo nacional, sino la reorganización radical de una sociedad en todos los terrenos por lo que aceptar que hubo Genocidio, que somos una sociedad post genocidio implicaría discutir las relaciones de Poder en la economía, en los medios de comunicación y en la sociedad toda; algo a lo que pocos estamos dispuestos a hacer.

Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura represora que en palabras de la Comisión Provincial de la Memoria constituye un verdadero colapso de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires por la persistencia de los crímenes del Gatillo Fácil, las causas armadas y la tortura en sede policial, penal y sitios de encierro de menores y enfermos mentales (la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga el 17 de octubre pasado, es la confirmación más brutal de todo esto) que obtienen la misma impunidad que la de los desaparecedores de Julio López.

Fue la misma Comisión la que afirmó “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”.

La historia lo confirmó: Sin Julio López no hay Nunca Más, sin Nunca Más no hay democracia verdadera y sin democracia verdadera no hay Patria Libre ni todos los derechos para todos que era aquello que soñaba Julio López y por lo que convocamos a seguir soñando y luchando.

Ahora y siempre.

[1] Aunque duró unas horas conviene recordar que Aníbal Fernández pretendía que Julio López no estaba desaparecido sino que se había ido a tomar el te a casa de un familiar y que Hebe de Bonafini adjudicaba su ausencia como una provocación policial, insinuando que Julio López era un infiltrado policial. Todo está guardado en la memoria.

[2] [1]http://notas.desaparecidos.org/2011/04/duro_informe_de_la_onu_sobre_p_1.html

Este miércoles se detuvo momentáneamente el tratamiento del proyecto de Ley D373/14-15. De aprobarse, la norma crearía un “Banco de Datos Genéticos Provincial”.

Según dijo a FM De la Calle el diputado socialista Ricardo Vago “es un banco genético que obliga a cada ciudadano de la provincia a registrarte y el Estado va a tener el ADN de cada uno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si hay un ilícito la policía científica determine los ADN en el lugar y pueda investigar e identificar quiénes fueron los eventuales actuantes en este ilícito”.

“Esto implica general 15600 registros de ADN en distintos ámbitos. Cuando se saca el DNI, cuando se saque el registro, cuando se nace, cuando se muere. Es una decisión totalmente insólita. No existe en el mundo un registro de toda la población con la matriz genética de ADN”, sostuvo.

La metodología actual está basada en que “se hace el registro después de que se haya producido el ilícito y previa orden judicial. Porque el ADN tiene datos personalismos. Desde las enfermedades, la matriz genética. Siempre antes en las provincias, en la nación y en otros países esto se registra en hechos delictivos bajo pedido del fiscal o del juez interviniente. Acá esto sería compulsivo. Obligaría a entregar bajo un sistema que no aparece expresado en el proyecto de ley de las células epiteliales de la yema de los dedos”.

Por otra parte, “tampoco está expresado cuál es el costo de esta medida que implicaría tener por lo menos 400 oficinas recolectora de estos datos y un registro general”.

El legislador indagó acerca de las firmas que podrían realizar el trabajo. “Hay una empresa argentina radicada en Córdoba que tiene la tecnología para hacer la huella dactilar genética, que tiene la patente en la Argentina y en Estados Unidos para este método. Y para mayor disparate la Ley, en la comisión de presupuesto, se aprobó en cuatro días sin ningún informe de cuál es el costo”.

Para finalizar, Vago afirmó que “el proyecto de Ley tiene 6 artículos. Es una simpleza total. Las leyes provinciales de Córdoba, de Buenos Aires, que están estos registros para investigaciones, identifican la norma, cómo se hace, los parámetros genéticos de investigación de la persona. Tiene un estudio científico de esto”.

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Este sábado 19 de septiembre se presentará el cuarteto de Lucio Passarelli en el Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544) a las 21 15 horas.

“Vamos a presentar a nuestro nuevo vocalista, Adrián Bonardo, un cantante de esos que no abundan en la ciudad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo pero la vida nos tira esta oportunidad en este momento de hacer cosas juntos y creo que la vamos a aprovechar muy bien” dijo el músico a FM De la Calle.

Consultado sobre el repertorio que ejecutarán, el pianista contó que “a veces mezclamos cosas que están grabadas con otras que no han tenido tanta difusión. En los temas que son cantados vamos a tener algunos estrenos con Adrián como Pasacalle, Se muere de amor y después alguno de los temas que en otra época recreaba Walter Grimaldi como Rubí o Farol”.

El cuarteto está integrado por Lucio Passarelli en piano y arreglos, Julián Mansilla en bandoneón, Pinky Fernández en contrabajo y Alejandro Cuomo en violín.

El último disco que editó la formación fue presentado este año junto a la cantante Susana Matilla y se llama Una tarde de otoño.

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“Señores jueces, a veces me pregunto: ¿cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino, mirar los hijos a los ojos, dar la mano? A veces me pregunto: ¿podrán sembrar alguna planta, acariciar un perro, cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, dar los buenos días a los vecinos? A veces me pregunto: ¿podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad en los pagos, perdonar a sus deudores, alimentar proyectos a futuro, levantar una casa?”, interrogó la dra. Mónica Fernández Avello en el cierre de su alegato, de la mano del poeta Hamlet Lima Quintana.

Con algunos de los imputados a su izquierda y otros en una pantalla, se preguntó si “¿recordarán los nombres y las fechas, verán algún rostro, sabrán qué hacían los domingos, cómo amaban la vida, cómo cantaban diariamente? A veces me pregunto: ¿podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos, olvidarán que a algunos los lanzaron al mar como sembrando peces doloridos?”.

“A otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre. Y a todos los cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá que la muerte. A veces me pregunto si lograrán el olvido. Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo y exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así se dedicaron a prostituir la vida”, culminó tras solicitar 18 penas de prisión perpetua y cinco de entre 25 y 10 años para represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval y la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses.

El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.

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La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no computó atenuantes de ningún tipo dado que “se trató, en algunos de los casos, de oficiales del Ejército de jerarquía que asumieron, aunque por la fuerza de las armas, funciones de alta responsabilidad”.

“Es obvio que no existieron condicionantes de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento, que los hubiera compelido a cometer los hechos que cometieron. Es más, como otros dignos y honestos militares patriotas lo hicieron, de no coincidir con los objetivos y los métodos aberrantes del proceso cívico militar pudieron haberse rebelado, disentido, hasta incluso ponerse a resguardo y denunciar las atrocidades. Algunos lo hicieron, quiere decir que era posible”, afirmó Fernández Avello y agregó que “quienes hoy están aquí enjuiciados y acusados no lo hicieron porque no quisieron, porque se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.

Sí subrayó agravantes sobre las imputaciones, “principalmente respecto a la extensión del daño causado”, “la ausencia de arrepentimiento” y “el silencio guardado respecto al destino de los cuerpos de los desaparecidos y también el destino que se le dio a los dos bebés nacidos en cautiverio”.

Siguiendo el camino marcado por la Fiscalía, exigió la publicación en un lugar visible y destacado del diario La Nueva Provincia de la parte resolutiva de la sentencia y la prospección por parte de Memoria Abierta en el predio de la Séptima Batería para recolectar prueba y determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos.

Además, pidió cárceles comunes para el cumplimiento de las condenas, la exoneración de los genocidas de las fuerzas armadas o de seguridad a las que pertenecen, la revocatoria de la prisión domiciliaria de quienes gozan del beneficio y que todos los imputados sean trasladados a Bahía Blanca el día del veredicto.

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Las condenas a prisión perpetua corresponderían a: Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Julio González Chipont, Carlos Andrés Stricker, Edmundo Oscar Núñez, José Luis Ripa, Tomás Hermógenes Carrizo, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Martínez Loydi, Néstor Alberto Nougués, Luis Ángel Bustos, Eduardo René Fracassi, Oscar Alfredo Castro, Enrique De León, Gerardo Alberto Pazos y Luis Pablo Pons.

En tanto, la querellante reclamó 25 años de cárcel para Pedro Alberto Pila, 19 para Alejandro Lawless, 18 para Héctor Luis Selaya, 17 para Domingo Ramón Negrete y 10 para Víctor Oscar Fogelman.

“Por la memoria y la verdad…”, dijo Fernández Avello, desanudó la garganta y siguió: “por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos asesinados, en especial por las víctimas del V Cuerpo y la Base Naval Puerto Belgrano y sus familiares, solicito que se haga justicia”.

El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación debatió sobre la titularidad del derecho de huelga. Fue en el contexto de una audiencia pública para discutir en torno del expediente del caso Orellano vs Correo. La jornada fue presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. A su vez, participaron como “amicus curiae” (amigos del Tribunal) el director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli; uno de los representantes legales de la CTA-De los trabajadores, Alejandro Ferrara; el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek y la representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante.

“La Corte lo que está por decidir, habría que ver cuándo, es un expediente donde tiene que resolver si el derecho de huelga está en cabeza de los trabajadores en sí como colectivo o si solamente está previsto que la huelga sea convocada los sindicatos como organización jurídica colectiva de los trabajadores” dijo a FM De la Calle el abogado y miembro del Taller de Estudios Laborales, Guillermo Pérez Crespo.

“Es un tema bastante complejo de consecuencias que pueden llegar a ser muy importantes para los trabajadores y donde lamentablemente gran parte del movimiento sindical ha estado ausente, ha mirado para otro lado”, advirtió.

Si bien el debate se llamó por el caso mencionado, “la Corte tiene cuatro expedientes similares por despidos por una huelga en el Correo (Argentino). Tres los tiene por recurso extraordinario con respecto a sentencias que han sido favorables a los trabajadores. Y un cuarto expedientes es de la Sala 4 y el fallo sostuvo la ilegalidad de la huelga por no haber sido convocada por el sindicato. La Corte cuando resuelva, si bien convocó a uno, va a resolver para los cuatro”.

Detrás del expediente

“El tema tiene un trasfondo político de intereses muy fuertes. La Constitución Nacional en el artículo 14 bis habla del derecho de huelga en cabeza de los gremios pero en el sentido tradicional y antiguo de la palabra gremio como trabajadores de un mismo oficio, no como sindicatos. Es más, en las actas constituyentes del año 57 están las discusiones alrededor del tema, y varios de los convencionales, entre ellos Bravo, Alfredo Palacios, explican que ellos ponen la titularidad del derecho de huelga en cabeza de los gremios para dejar expresamente sentado que no está en cabeza de los sindicatos. Ellos hacen la diferenciación”, explicó el abogado.

Sin embargo, “como la palabra gremio se presta a distintas interpretaciones, no pasó mucho tiempo cuando empezaron a aparecer algunos jueces que, con cierta picardía, identificaron gremios con sindicatos y decidieron desconocer el derecho de huelga a los trabajadores. Es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo”.

En este sentido, la jurisprudencia no es homogénea y existen diferentes posiciones. “La Corte de la Nación en sus distintas integraciones tuvo posiciones ambiguas y vacilantes. En algunos momentos se les reconoció a los trabajadores y en algún otro momento, sobre todo en tiempos de dictadura, se les reconoció a los sindicatos”.

Los datos

Uno de los argumentos centrales de quienes defienden a los sindicatos burocráticos que ahogan la participación de las bases es que Argentina cuenta, comparativamente, con un número importante de delegados por empresa en relación a otros países de América Latina. Si bien es cierto que en países como Chile o Brasil las comisiones internas son impensadas, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo “el total de empresas con delegados es sólo de un 12%”.

En este sentido, Pérez Crespo sostuvo que “según el Ministerio de Trabajo en su último estudio, en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país, en establecimientos de más de 20 trabajadores, apenas si llega al 30 % la cantidad de trabajadores afiliados en el país. Si tomamos a todos los establecimientos, si tomamos los trabajadores en negro y en blanco en todo el país, es probable que no lleguen al 20 %. Decidir que el derecho de huelga esté en cabeza de los sindicatos significa excluir del ejercicio del derecho de huelga a casi el 80 % de los trabajadores en nuestro país”.

En otras palabras, “más del 70 % de las huelgas que se hacen en realizan en nuestro país de hace muchos años son convocadas por trabajadores en forma colectiva espontanea o por comisiones gremiales o por seccionales que no son propiamente sindicatos. Con lo cual eso significaría ilegalizar a la inmensa mayoría de las huelgas. ¿De qué estamos hablando? Estamos discutiendo si el 70 % de las huelgas en este país son ilegales”.

La Corte

Consultado acerca de la orientación política que puede inferirse a raíz de la conformación actual de la actual Corte respecto del tema, el abogado del TEL digo que tiene mucha preocupación “por dos motivos. El primero es que no es un momento de avance de los trabajadores en esta etapa. Desde hace un tiempo a esta parte ha habido un cierto retroceso y hay una ofensiva empresaria importante. Y porque la Corte ha perdido a dos de sus principales doctrinarios cercanos a los intereses de los trabajadores como eran (Enrique) Petracchi que falleció y (Eugenio) Zaffaroni que se jubiló. Ha quedado una mayoría distinta en la Corte”.

“Por otro lado, llamó mucho la atención que el expediente que eligió la Corte para discutir esto es un expediente que por características muy particulares y muy difíciles de explicar es de los peores supuestos para discutir la titularidad del derecho de huelga. Es uno de los expedientes que más le conviene discutir a la parte empleadora”, explicó.

De esta forma, “el expediente elegido por la Corte fue un toque de alarma. Ni si quiera necesitaba la Corte haber convocado en este expediente a esta discusión porque en realidad lo que hay en este expediente son despidos discriminatorios no por huelga sino por asamblea. Con lo cual hay una mezcla muy rara que ha llamado a preocupación a varios de los organismos”.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, desarrolló durante este martes la primera jornada de alegatos de la querella en el juicio contra 23 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

La audiencia comenzó con más de hora y media de retraso por los clásicos problemas técnicos en la videoconferencia que enlaza Colón 80 con los tribunales de Comodoro Py, donde se entretiene un puñado de imputados privilegiados por la prisión domiciliaria.

La exposición, que cuenta con la adhesión adelantada de la dra. Mirta Mántaras, continuará este miércoles desde las 8:45 en el Aula Magna del rectorado universitario.

La abogada Mónica Fernández Avello aseguró que “hemos pasado del Estado terrorista que reprimió a su propio pueblo al Estado que se sienta al lado de las víctimas para defender sus derechos” y planteó “una visión del terrorismo de Estado vinculada a la imposición de un proyecto político y económico regresivo que para su implementación requirió un disciplinamiento social profundo y extendió su vigencia más allá del período dictatorial.

Este enfoque, explicó, conduce a una nueva caracterización de los sectores intervinientes pasando de la responsabilidad limitada a las fuerzas armadas a la responsabilidad de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. “Es por ello que hablamos de golpe cívico militar, ya que permite poner de relieve no solo la participación civil sino su preeminencia, y ubicar a las fuerzas armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad que continúa activo más allá del fin de la dictadura”.

La querellante destacó las dificultades que contrajo “el litigar en este juicio” en la ciudad donde vive. “Está ciudad donde a casi tres años que este tribunal, en una decisión encomiable, mandó investigar los delitos de La Nueva Provincia y todavía estamos esperando que se procese a su directivo”.

Recordó “lo que significaba encontrarse a Alfredo Astiz” sentado en una confitería frente a la cual pasaba una marcha por los derechos humanos cuando “la impunidad reinaba” en la ciudad y cómo la Madre de Plaza de Mayo Celia Jinkins -“emblema de Bahía Blanca”- decía: “Es una provocación, sigamos”. “Me imagino que en una ciudad chica como Punta Alta ha sido mucho peor ya que en ese lugar realmente conocían la cara de muchos de los que hoy estamos juzgando”.

“Es en ésta, mi ciudad, donde hasta hace unos días teníamos como integrante de la Cámara Federal a un ex PCI del Destacamento de Inteligencia 181, que ejercía tal repudiable servicio en esta casa, en esta universidad que tiene -entre estudiantes, docentes y no docentes- más de sesenta  muertos y desaparecidos. Estoy hablando de Néstor Montezanti, quien fuera presentado al Destacamento por el genocida prófugo José ‘Balita’ Riveiro (…) quien no solo fue artífice del Plan Cóndor sino también de la Triple A”, alegó.

Teniendo en cuanta las particularidades de los megajuicios de lesa humanidad que exigen la adaptación de las partes “a los tiempos que siempre nos van ganado por la impunidad biológica, ha sido muy difícil para los testigos que declararon el que una mayoría de los imputados esté con prisión domiciliaria. Me refiero a Carrizo, Castro, De León, Fracassi, Maloberti, Negrete, Nougués, Nuñez, Otero, Pazos, Pila, Pons y Ripa”.

“Ha sido muy terrible para los testigos y los familiares que los acompañaban y que se sentaron acá a relatarnos las atrocidades que vivieron en los centros clandestinos ver por el monitor de Comodoro Py una señora tejiendo, los imputados leyendo el diario o riéndose o conversando entre ellos. Debo remarcar el excesivo tiempo que ha llevado este juicio y lo que a mí criterio es perjudicial, pienso que para ustedes también, las videoconferencias que si bien en algunos casos no se pueden soslayar por vivir los testigos en el exterior, en la mayoría han sido dentro de nuestro país”, reclamó.

Por otra parte, manifestó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad de este tribunal de colocar estos hechos aberrantes de violencia sexual que hemos escuchado, otorgándoles la categoría de delitos de lesa humanidad ante la petición de los fiscales, por lo que deberán responder quienes desde un lugar u otro en el aparato estatal contribuyeron a su producción”.

En una próxima nota este sitio desarrollará los argumentos con los cuales Fernández Avello adhirió a la imputación fiscal por los delitos sexuales que formaron “parte del plan sistemático, generalizado y continuo”. Si bien “no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”.

“Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarles las identidades, pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaría represiva producía. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”, denunció.

Más información en www.juiciobahiablanca.wordpress.com

(Por Francisco J Cantamutto) Los principios de Reestructuración de Deudas Soberanas aprobados en Naciones Unidas la semana pasada fueron presentados como una victoria moral. Las severas limitaciones de esta victoria pírrica.

El pasado jueves 10 de septiembre se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención Multilateral sobre Reestructuraciones de Deuda Soberana a propuesta de Argentina. Hace un año atrás, el gobierno de Cristina Fernández desplegaba su estrategia jurídico-política, enviando este proyecto a discutir a Naciones Unidas y dando impulso a una ley contradictoriamente llamada de Pago Soberano. Ésta última supuso declarar de interés público el pago de una deuda que al mismo tiempo que juzgaba digna de investigación, componiendo una comisión ad hoc cuyos resultados se esperan conocer a la brevedad (contaban con seis meses para presentar conclusiones).

La propuesta de un mecanismo de regulación de reestructuraciones de deudas de los Estados fue una interesante jugada política del gobierno, que sometió a debate en la Asamblea General de la ONU su actual disputa con una minúscula parte del sistema financiero internacional, los fondos buitres. Con el apoyo de China y el G77 a la iniciativa, no fue difícil conseguir una mayoría para discutir el asunto. La votación finalizó con 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos en contra de los centros de poder económico (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Japón), lográndose su aprobación. Se espera que algunos países busquen aprobar leyes para incorporar la convención a sus sistemas jurídicos, como ya indicó que haría Bolivia.

El canciller Héctor Timerman festejó la conquista afirmando que las disposiciones “Ponen un límite a los piratas del siglo XXI que aprovechan la falta de legislación global para infringir daño y obtener ganancias extraordinarias.” La resolución fue muy festejada como un logro de política internacional, incluso como una victoria moral. Sin dudas, esta convención convalida la estrategia del kirchnerismo respecto del tratamiento de la deuda; pero eso no significa que se trate de un enfrentamiento abierto al capital financiero.

Dos cuestiones generales dudas sobre esta supuesta victoria, ambas reconocidas por el oficialismo. La primera es que la resolución no tiene aplicación retroactiva, con lo cual no sería de utilidad para el conflicto actual con los fondos buitres. En todo caso, sería de utilidad para una nueva ronda de endeudamiento como la que se espera, tanto si gana Scioli como si gana Macri. La segunda es que en lugar de un mecanismo claro de reestructuración, lo que se aprobó fueron nueve principios generales, de aplicabilidad no coactiva, es decir, a voluntad de las partes.

A estas dos cuestiones generales se agregan algunas dudas puntuales respecto de los principios en sí, que ya han expresado dos expertos en la materia, Héctor Giuliano y Alejandro Olmos Gaona. Más allá de declamaciones como la de inmunidad soberana (principio 6) que no estuvieron nunca en discusión (a menos que volviéramos un siglo atrás, antes de la Doctrina Drago, y permitiéramos invasiones extranjeras para cobrar deudas), la convención genera más bien suspicacias. Entre otros puntos que generan severas dudas, está el taxativo privilegio de los derechos de los acreedores sin referencia equivalente de los de la nación soberana, la obligación de los países deudores de rendir cuentas (sin equivalencia respecto de los acreedores), y la prohibición de discriminar entre acreedores (lo que convalida la práctica de los fondos buitres de comprar deuda a precio de remate para especular luego con juicios) y la obligación de las partes de someterse a negociaciones. De acuerdo con este conjunto de principios, los fondos buitres serían grandes ganadores, puesto que los cuatro puntos anteriores conforman el núcleo de sus demandas en los tribunales neoyorkinos: que, sin importar cómo obtuvieron los títulos de deuda, Argentina debe sentarse a negociar con ellos, dar explicaciones, pagarles.

El principio 9 sería el más favorable a las intenciones de Argentina, que indica que “una minoría no representativa de acreedores (deberán) respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. He aquí la gran conquista del argumento kirchnerista: una vez reestructurada la deuda con la mayoría de los acreedores (93% para el caso argentino post 2001), una minoría (MNL Capital tiene menos del 2% de los bonos) no puede obstaculizar la normalización financiera. El berrinche judicial de Singer y Griesa no tendría sostén de acuerdo con este principio.

Sin embargo, antes de cantar victoria, deberíamos apelar a la memoria –tan cara al oficialismo- y el estudio de la arquitectura financiera internacional. Desde que el siglo XXI comenzó, la posición oficial de Estados Unidos y del FMI ha sido impulsar un sistema de reestructuraciones de deuda soberana semejante a una convocatoria de acreedores. Luego de que el conservador Meltzer presentara su informe en el Congreso estadounidense, fue la temible neoliberal Anne Krueger quien impulsó esta idea justamente a raíz del default argentino de 2001. La razón es sencilla: si se permite que un pequeño grupo de fanáticos obstaculice las reestructuraciones, se impide que el país deudor pueda renovar su voluntad de seguir pagando y tome nueva deuda. Es decir, la avaricia de unos pocos complica el negocio de otros muchos. Los fondos buitres son una lacra del sistema financiero internacional, que ponen palos en la rueda para que el poder financiero real pueda continuar su expoliación.

Fue por este motivo que ni el organismo ni la potencia dificultaron el canje de Argentina de 2005, sino más bien al contrario lo apoyaron. Tenían dos motivos más para esta actitud, y es que la propuesta de Néstor Kirchner renovaba la jurisdicción extranjera en la materia y no cuestionaba el origen de la deuda. Los tres puntos se vieron ratificados con la Convención aprobada en la ONU: no investigar la deuda; mantener la jurisdicción fuera del país deudor; y negociar por mayorías.

Junto al principio ocho que declara abiertamente la intención de estabilizar el sistema financiero internacional, y el segundo que explica que el propósito es “restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera”, queda palmariamente claro que la preocupación y voluntad de la Convención –al igual que la declarada por el kirchnerismo una y otra vez- es sostener el sistema de endeudamiento permanente de los países dependientes. Garantizar el negocio de deudas ilegales e ilegítimas para todas las partes.

No debe confundir al análisis político serio los votos negativos de las potencias: presentándose como la encarnación misma del mal, dan la excusa perfecta para presentarlo como una conquista. Era evidente que la Convención –insistimos, no coactiva- se aprobaría igual por mayoría; si las potencias hubieran querido bloquearlo, tienen mecanismos políticos y económicos para hacerlo.  La Convención de la ONU es un fiasco que continúa la política estratégica de volver a endeudar al país.

Este jueves 17 a las 21.30 horas se presentarán Facundo Mazzulli y Julián Ahumada en el marco del Ciclo de Solistas de la UMSur en el bar Don Osvaldo del CC La Panadería (Lamadrid 544). Se trata del decimoquinto encuentro y el segundo que la asociación gremial articula con el Centro de Estudiantes del Conservatorio.

El ciclo “Solistas en el Don Osvaldo” que organiza la Unión de Músicxs del Sur tiende a generar un lugar de encuentro con músicos y músicas que ejecutan sus instrumentos de manera solista. De esta forma, cantautores, instrumentistas e intérpretes de canciones pasan jueves tras jueves por el bar del Centro Cultural la Panadería desde hace tres años.

Según la organización, “se trata de una oportunidad para encontrarnos en un buen clima y compartir nuestra actividad desde una perspectiva singular”.

El dúo conformado por Mazzulli y Ahumada, ambos en guitarras y voces, visitó esta mañana el Estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle con sus instrumentos y cantaron dos canciones. Cabe destacar que la propuesta de la formación está basada en un repertorio integrado por canciones propias.

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(Por Astor Vitali*) Sin duda el dato político de mayor relevancia por estas horas a nivel local es la renuncia de Dámaso Larraburu a su candidatura para el cargo de intendente municipal, a la que suma la de los cinco primeros candidatos a concejales de la lista massista más votada.
Desde el punto de vista de la política nacional, horas atrás, La Nación publicó que Sergio Massa tomó la decisión de pedir la renuncia a diferentes candidatos a jefes comunales, basado en mediciones que le acercan sus asesores. Según la publicación de los Mitre no conviene tener un candidato que mida 10 puntos para otro candidato, Massa, que tiene un 58 por ciento de imagen positiva en la ciudad, en una rara mezcla analítica entre imagen e intención de votos. Sin embargo, según este análisis, no termina de comprenderse qué candidato mediría mejor para la propuesta del Frente Renovador.
Por otra parte, a nivel local, la jugada del histórico armador de listas parecería tener como principal beneficiario al candidato peronista Marcelo Feliú. A su vez, Larraburu adelantó que votará por el candidato del Frente para la Victoria.
El Frente Renovador obtuvo más de 20 mil votos en Bahía Blanca, de los cuales 16 mil fueron emitidos en favor de Larraburu. Parte de la respuesta al interrogante de los motivos profundos de la dimisión larraburista deberían encontrarse en la especulación, un tanto temprana, del destino de esos votos que el candidato ahora renunciado supo cosechar.
Sin demasiados datos duros, imposibles de obtener si pensamos en decisiones tomadas en reducidas mesas, la decisión de Dámaso Larraburu no parece diferente a la conducta histórica del dirigente peronista. Esto es, el juego a varias puntas, la capacidad de articulación con diferentes sectores para, en última instancia, alinear la dirección del barco a como dé lugar con el objetivo de que no sea otra la tripulación que lo dirija. En otras palabras, los lugares de poder real no deben ponerse en riesgo por aspiraciones electorales. Y en Bahía Blanca existe la posibilidad cierta de que el candidato Gay ocupe el lugar de tripulación en el barco institucional. El peronismo que aspira a la continuidad a través del candidato Scioli, si no hace las cosas bien, perdería el gobierno de esta importante ciudad en términos económicos y políticos.
Importancia que Scioli se ocupó de destacar en la jornada de hoy, rememorando viejas promesas de trabajo y prosperidad a través de las inversiones a cargo de empresas trasnacionales. Iguales promesas recibió la comunidad bahiense treinta años antes. Sin embargo, los datos duros muestran de manera insoslayable que la riqueza que generan esas inversiones son mayormente capitalizadas por las mismas multinacionales, dejando un pasivo ambiental flagrante, ofreciendo a cambio en concepto de puestos de trabajo un número que no supera el dos por ciento del total.
Mención aparte merece la actitud rastrera del intendente Bevilacqua quien no sólo recibió hoy, como protocolarmente corresponde, al embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, sino que además le entregó una copia del Decreto Oficial que lo declara Huésped de Honor de la Ciudad de Bahía Blanca. Es decir, el Jefe Comunal decretó que esta ciudad, y sus representados y representadas, consideramos que el embajador del Estado Multinacional Terrorista es merecedor de ser recibido como Huésped de Honor.
Cabe un juego de palabras. Tan al revés está el mundo, o tan cada vez es el mundo del revés nuestro medio, que se menciona como Huésped de Honor a quien forma parte de las Huestes del Horror.

* Editorial Programa Tarde Piaste (14 09 15)