(Por Mauro Llaneza) Valeria Mapelman y Alexis Papazian, integrantes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, participaron en Bahía Blanca del pre Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización que se realizará durante el viernes 26 y el sábado 27 en la Delegación Norte de Vieytes 2700.

En diálogo con FM De la Calle, Papazian dijo que el genocidio de los pueblos originarios “es un crimen imprescriptible que no ha tenido justicia, por lo tanto, se continúa y habilita a nuevas matanzas o a poder expropiar tierras o a desalojos o un montón de otras variables, de formas de marginalización y de generar imaginarios de amenaza con respecto a distintas organizaciones originarias”.

“Hay dos juicios por crímenes de lesa humanidad, en relación a Napalpí y a lo ocurrido en La Bomba en el ’47. Y estos dos juicios están silenciados. No están en la agenda de los organismos de derechos humanos y eso es muy llamativo. Eso demuestra también que este genocidio tiene consecuencias hasta el día de hoy”, agregó Mapelman.

Consultada sobre las causas de dicha omisión, la autora de Octubre Pilagá opinó que “todavía las víctimas de pueblos originarios son vistas como Otros, no hay voluntad política para que eso cambie. Entonces, desde los organismos de derechos humanos, desde el Estado digamos, no se les presta atención, no le dan importancia y están como demasiado ocupados en los grandes juicios, en los megajuicios (sobre hechos) que ocurrieron durante la dictadura”.

Papazian propuso pensar el genocidio “como una matriz de eliminación física, cultural, simbólica” que en el caso particular de la avanzada contra los pueblos originarios se inició hacia 1876-1878 y “luego con la Conquista avanza en el sur de la actual Argentina, en el norte, pero después se continúa y se puede ver en estudios como el que ha hecho Valeria vinculados con matanzas muy posteriores en 1947 o con despojos y procesos de erradicación de comunidades en distintas partes del país para mediados del siglo XX y hasta la actualidad con la lucha territorial que atraviesan”.

“Es interesante trabajar el término y el concepto de genocidio y nos parece que es sumamente sugestivo, y creo que va a ser un momento único, la idea del Foro que están planteando desde la Marcha de Mujeres Originarias con las diferentes organizaciones para pensar desde los mismos pueblos originarios cómo fue el devenir de su propia historia (…) e ir viendo qué continuidades y qué particularidades los atravesó a cada uno de los más de treinta pueblos que preexisten a la nación argentina”.

Mapelman afirmó que “hay una continuidad que se demuestra en estos casos que hemos podido identificar sobre todo en el Gran Chaco, que ocurren a mediados del siglo XX, es decir, la campaña militar al ‘desierto’ de Pampa y Patagonia no se termina ahí sino que después se corre hacia el norte, hasta el extremo de la frontera y lleva un tiempo todo ese proceso genocida”.

“Lo que podemos ubicar y escuchar, por parte de los abuelos y las abuelas que están vivos todavía, acerca de la masacre del año ’47 prueba que este proceso ocurrió y que fue muy extenso en el tiempo y territorialmente. Por supuesto que hay otros casos además, no es que lo que ocurre en el año ’47 ocurre aisladamente sino que vemos el caso de la masacre de Napalpí, Zapallar es del año ’33, en el ’19 también hay una represión extendida sobre todo a las comunidades pilagá durante la presidencia de Yrigoyen”.

Sobre las características del genocidio en el norte, Mapelman explicó que “la idea era disciplinar para el trabajo a una mano de obra muy numerosa, para llevarla a las industrias, ya sea Jujuy, Salta, los obrajes del Gran Chaco y entonces todo el sistema que se montó ya sea desde el punto de vista militar como desde el punto de vista del control de los cuerpos dentro de las reducciones indígenas apuntaba a este disciplinamiento laboral, a convertir en obreros, en trabajadores sedentarios y mano de obra útil y barata a una población muy numerosa”.

“En las reducciones de Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz hubo años en los que había siete mil personas cortando quebracho para el Estado y en condiciones de control policial donde el espacio estaba cerrado y controlado continuamente, donde a la gente se le pagaba con vales como ocurría en las grandes empresas azucareras o en las forestales del norte, y la Secretaría de Trabajo y Previsión a mediados del siglo XX era la que controlaba esos lugares, estaban vistos como trabajadores. Pero claro, ese trabajo estaba impuesto, estaba regulado, estaba controlado por un estado policial”.

Papazian destacó que “los genocidios siempre dejan rastros, huellas y gente que sigue con sus formas de resistencia. En muchos casos marginados, sojuzgados, pero siguen viviendo y siguen intentando reproducir sus formas culturales de existencia. Eso ha pasado con todos los pueblos originarios en la Argentina que durante la década del ’90 del siglo XX han reemergido en muchos casos, se han fortalecido en otros y no es menor, empiezan a tener presencia”.

 “Que estemos discutiendo el concepto de genocidio hoy habla de que este proceso ha sido invisivilizado durante mucho tiempo y ahora ya no está tan invisible y se va a pasar tal vez a un plano de discusión y hasta de negación”.

“Una vez que uno comprende y entiende porqué estamos hablando de genocidio -la forma sistemática con intención de destruir, se observa en el norte y en el sur, modalidades distintas en algunos casos pero se ven campos de concentración en las reducciones, en la isla Martín García, en Valcheta, en Puan-, si uno puede observar todo ese plano que habla de una sistematicidad y una centralidad ya no hay manera de volver atrás”, advirtió.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 211 votos afirmativos y giró al Senado un proyecto que busca dar marcha atrás con el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

Consensuado por todos los bloques parlamentarios, la iniciativa nucleó una serie de proyectos en respuesta al fallo de la Corte Suprema que aplicó la “ley más benigna” en el caso del represor Luis Muiña. El debate en el recinto duró más de seis horas y contó con la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El proyecto con media sanción establece que el beneficio del 2×1 no deberá ser aplicable a “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.

La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, consideró que se trata de “uno de los fallos más vergonzosos desde que existe la Corte”. “Por la gravedad del tema, tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país la Cámara de Diputados de la Nación dice que no vamos a renunciar a la memoria, la verdad y la justicia”, resumió la legisladora.

Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria, rechazó el fallo del máximo tribunal y manifestó: “Si en algo nos hemos insertado en el mundo fue en materia de DD.HH”. “Es bueno que haya una respuesta del Congreso hoy, a través de la Cámara de Diputados, para que el pueblo sepa que respetamos sus derechos”, añadió Recalde.

El diputado Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, aseveró que “se trabajó sobre un texto acordado con respecto a lo que consideramos un fallo vergonzoso por parte de la Corte Suprema”.

Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, dijo que “con esta ley venimos a corregir un error de este cuerpo legislativo” y consideró que el rechazo al 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad “tuvo que ser previsto mediante una ley”.

En nombre del Bloque Justicialista, el diputado salteño Pablo Kosiner dijo “que no es un momento para especulaciones políticas: este fallo es un grave retroceso de la política de DD.HH. de la Argentina”. Y recordó que presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña.

El Senado intentará hoy transformar el proyecto en ley en el marco de la concentración convocada por los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo y numerosas ciudades del país.

En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán esta tarde en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontrarán a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Foto: HIJOS Capital.

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.

“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’”, citó.

El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.

Pallero fue contratado el 17 de marzo de 1975 por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay. Integró la primera tanda del “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

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Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal, fue parte de los grupos de choque que, a instancias del diputado nacional del FreJuLi Rodolfo “Fito” Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

El juez Alejo Ramos Padilla lo detuvo, procesó y embargó por un millón de pesos en 2015 por haber sido parte de “una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975”.

Según Padilla, el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado Ponce en el ámbito gremial”.

En la causa que investiga 22 homicidios, Pallero es coimputado junto al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, docente de la UNS suspendido y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.

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Al momento de responder el pedido de detención domiciliaria presentado por la defensa del represor, la Fiscalía advirtió que tanto los informes médicos y psicológicos que se le realizaron como los de la propia Colonia Penal de Santa Rosa no planteaban “imposibilidad alguna” para que sus dolencias continúen siendo atendidas dentro del ámbito carcelario.

El juez López Da Silva afirmó que el matón de Remus Tetu cumple “ampliamente con la condición etárea” -tiene 74 años- y padece “una profunda depresión con reiterados pensamientos de ideación suicida que pondrían en riesgo su vida”. Asimismo opinó que la gravedad del terrorismo de Estado y la responsabilidad internacional de juzgar sus crímenes no pueden “conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.

Y cerró con la cita al fallo de la Corte que el mundo repudia: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’ (CSJN, 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, rta. 3/5/2017)”.

Da Silva ordenó que la Dirección Nacional de Readaptación Social le coloque la pulsera de vigilancia electrónica a Pallero y al Servicio Penitenciario Federal que lo traslade “de forma inmediata” a la casa de su hijo.

El repudio en la calle

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En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán la tarde del miércoles en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontraran a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Desde la Marcha de Mujeres Originarias hacemos un llamamiento espiritual y colectivo para denunciar el genocidio sistemático. La Conquista del Desierto no ha terminado, sigue en proceso. Somos las voces de esos hermanos y hermanas que fueron desaparecidos de forma aberrante e inhumana. No solamente es genocidio matar y desaparecer; existe genocidio en las violaciones, mutilaciones de nuestra tierra y de nuestros cuerpos femeninos.

Genocidio es reducirnos a las urbes, traídos por el hambre y la desnutrición. Genocidio está en los centros de salud que no nos permiten parir libremente y nos dejan morir por ser mujeres pobres, por ser indígenas, por no hablar castellano. Genocidio cuando viene un uniformado y nos mata, nos viola, nos ultraja o nos mete presas. Genocidio introducido por el Estado a través de las drogas, el alcohol y la prostitución.

Por el desmembramiento de comunidades y familias, en cada una de las mujeres que el Estado invalida como madres y las separa de sus hijos e hijas para acentuar el colonialismo. Así, no solamente nos intentan matar físicamente sino culturalmente, espiritualmente, buscando que mueran nuestras propias lenguas autóctonas, desconociendo los derechos lingüísticos.

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Existe un genocidio silencioso, en los niños, niñas y jóvenes que se suicidan, por culpa de una sociedad que los niega, y les arrebata el futuro. También al negarnos el acceso a la educación, a la salud, a viviendas y trabajos dignos. Hay un genocidio silencioso en las mujeres que matan al no dejarlas hablar y dejarlas a la deriva, lo hacen con sus palabras, considerándonos objetos.

Genocidio es la reducción de nuestros territorios, que no nos permitan sembrar, criar nuestros animales y mantener una soberanía alimentaria autónoma. El Estado Nacional y los poderes transnacionales, incluyendo las multinacionales están asentándose sobre las poblaciones indígenas provocando desplazamiento forzado, involuntario, generando condiciones para que la gente no pueda quedarse.

Está en juego nuestra existencia.

En nuestro territorio no hay fronteras, el territorio y su ancestralidad viajan con nosotras. Somos mujeres de la tierra y queremos caminar en dualidad. Las mujeres somos pilares imprescindibles, estamos pidiendo memoria, verdad, justicia y amor.

Caminamos por la defensa y sanación de los territorios, de la memoria y de nuestros cuerpos. Por la recuperación de nuestros ríos, lagunas y montañas llenas de conocimiento y bondades sanadoras.

Las mujeres hacemos un llamamiento a todas las naciones originarias y al pueblo argentino para fortalecer nuestras espiritualidades y territorios; por el nacer, crecer y ser libres de nuestros niños, niñas y de nuestras hermanas.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

Recuperaremos nuestra memoria para llegar a la verdad. Sanando nuestros territorios.

No más silencios, nos unimos en un mismo grito, en un mismo canto.

¿Quién sino vos? ¿Cuándo sino ahora?

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El viernes, cerca de las 16, murió Dario Marillán quien trabaja en una ampliación de la empresa Cargill. Caminando hacia el merendero “se le cerró el pecho”. El joven de 32 años habría estado realizando tareas de pintura. La ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar.

“Hay que analizar si podía estar haciendo las tareas que estaba haciendo”, dijo a Ángeles y Demonios* Diego Márquez, prosecretario del sindicato de aceiteros, ya que el operario “tenía asma”. El Ministerio de Trabajo envió una inspección al respecto.

Recién luego de las 22 la familia logró retirar el cuerpo. Sus compañeros pararon la fábrica y otras empresas aledañas para reclamar que se resuelva la entrega del cuerpo lo antes posible. “No había nadie que firme”, ya que es territorio federal.

“Ya había un planteamiento de la intersindical de que adentro del Consorcio del Puerto tendría que haber ambulancias como también una sala médica apropiada para atender a los trabajadores. Si eso hubiera estado las probabilidades hubieran jugado a favor nuestro y hoy Darío estaría con nosotros”, agregó el dirigente.

Por otra parte, “no es la primera vez que pedimos una ambulancia y tarde más de treinta minutos”, aseguró. Márquez estimó que unos mil operarios y operarias ingresan diariamente al puerto. Sin embargo, no cuentan con ambulancia y sala de atención dentro del mismo.

El martes habrá una reunión intersindical y se analizarán las medidas a tomar. “Creo que el puerto tiene lo suficiente para que nosotros podamos tener un servicio de emergencia como corresponde”.

*Se emite los sábados de 10 a 12 por Continental Bahía Blanca.

Imagen ilustrativa: Tecnobahía.

(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un insólito pero no sorpresivo fallo, aplicó la ley 24390 (del “2 por 1”) en una causa que se sigue por delitos de lesa humanidad (caso de Luis Muiña –expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).

En consonancia con manifestaciones de funcionarios y del propio presidente de la Nación, quienes niegan el genocidio, la cantidad de desaparecidos y reflotan la “teoría de los dos demonios”, el máximo órgano judicial se acopla al espíritu reaccionario de un gobierno que marca un retroceso en el avance que se evidenció en la política de derechos humanos en los últimos años cuando se logró juzgar y condenar por genocidio a varios de los más infames represores.

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Hoy volvemos a estar alertas a los embates de la impunidad. Debemos impedir que este ejemplo se propague a otras causas y evitar que asome el fantasma del indulto. El discurso oficial parece ir en ese sentido, por ello es que llamamos a manifestar el repudio a esta medida a todas las organizaciones y particulares que siguen levantando las banderas que nos legaron lxs 30000 compañerxs detenídxs desaparecidxs.

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(CIJ) La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Lee el fallo completo.

Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti

En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.

Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.

A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.

En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.

Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.

Voto del juez Rosatti

En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.

Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.

Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda

Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.

Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).

Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.

Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).

Hechos de la causa y su calificación legal

En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado.

A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

En el día de hoy ha finalizado la asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina), cuya anfitriona fue en esta oportunidad Radio Revés 88.7 de la ciudad de Córdoba, la radio de los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde el sábado al mediodía funcionó nuestra asamblea de asociadas que se extendió durante dos jornadas y media de debate, balance y planificación de las líneas de acción de la red, e incluyó un taller junto a la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual.

Los principales temas abordados fueron la crítica situación de nuestro sector a raíz del incumplimiento en la ejecución de los fondos FOMECA 2015 por parte del ENACOM, la preocupación por los recientes decomisos a diferentes radios por parte del mismo organismo y la falta de información acerca del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergente impulsado por el Poder Ejecutivo.

Desde AMARC Argentina también seguimos con atención y preocupación el tratamiento de un proyecto para modificar la actual Ley de Bosques de la provincia de Córdoba, que incrementaría de forma salvaje el desmonte de bosques nativos. En la actualidad ya se vio reducida al 3% del territorio provincial, con las consecuencias ambientales y de inundaciones que se vienen registrando cada vez con mayor frecuencia y crudeza.

En el marco de una emisora universitaria como Radio Revés, que sigue reclamando el otorgamiento de su autorización por parte de ENACOM, también nos preocupa la política de desfinanciamiento que viven las Universidades Nacionales y la educación pública en general, como muestra la lucha docente de la que nos hicimos eco desde el inicio del año.

Agradecemos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y al CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) por permitirnos utilizar las instalaciones de la Casona de Villa Carlos Paz, y reafirmamos la articulación con las organizaciones de nuestro pueblo como aliados estratégicos.

Villa Carlos Paz, 1 de mayo de 2017

En el Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras un conjunto de organizaciones sindicales y políticas se reunieron para conmemorar esta fecha que tiene como antecedente histórico a la masacre de los Mártires de Chicago.

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Con el objetivo de remarcar una larga historia de lucha del movimiento obrero en nuestra ciudad Analía Lusarreta, delegada del Suteba y coordinadora del acto, recordó -a 110 años- la huelga de estibadores de Ingeniero White, hecho que tuvo como consecuencia un “alto nivel de represión y dos compañeros muertos”. Además, la gran mayoría de los/as oradores recapitularon sobre las tres movilizaciones del pasado 6, 7 y 8 de marzo como ejemplo de la unidad de la clase trabajadora ante el gobierno de Mauricio Macri.

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El acto se inició con la intervención del SUTEBA de la mano de Enrique Gandolfo quien comentó la tarea de los/as docentes en los últimos meses al salir a socializar al conjunto de la comunidad educativa el sentido de sus acciones en un marco de ajuste y reducción de salarios por parte del gobierno nacional y provincial.

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“Queríamos explicar y que nos escucharan porque entendemos que vienen por mucho más”, dijo Gandolfo y agregó que el objetivo del gobierno había sido “disciplinar a los trabajadores y trabajadoras de la educación e intentar propinarnos una derrota que tuviera un efecto ejemplificador hacia el conjunto de la clase trabajadora. Por eso era tan válida esa consigna que decía: si ganan los docentes ganamos todos y todas. Ellos intentan resolver sus crisis con el ajuste y la represión, nosotros tenemos todo el derecho a pensar que como trabajadores de la educación defendemos nuestras conquistas, nuestro salario y defendemos a la escuela pública”.

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La lista de oradores y oradoras continuó hasta entrada la tarde donde algunos como Héctor Zaris del MST remarcaron en este año electoral la necesidad de “construir una referencia política y electoral, como un camino necesario a recorrer y otros/as, entre ellos los partidos trotskistas alineados al FIT, plantearon la exigencia a las centrales trabajadoras de “un paro general de 36 horas y un plan de lucha unificado para enfrentar el ajuste como corresponde”.

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Otros gremios incluyeron en sus oratorias el pedido de solidaridad con otros compañeros/as de su sector, como el caso de Néstor Allende por la AJB quien denunció la intervención del sindicato de judiciales de Mendoza y la persecución de gremialistas de Santa Cruz.

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Astor Vitali por la UMSUR se refirió a la situación de los y las músicos y compartió las acciones que planean de cara al futuro: una campaña nacional solicitando a la Cámara 8 de Apelaciones de Trabajo que otorgue dictamen positivo para que los/as músicos de la región del sur de la Provincia de Buenos Aires puedan hacer efectivo el uso del derecho a la organización gremial con el otorgamiento de la inscripción gremial simple en primera instancia para conseguir luego su personería.

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También estuvieron presentes los/as integrantes del sindicato de los mensajeros y cadetes ASTRAMYC; su orador Jonathan Landa expresó que “lo que tenemos que pensar profundamente es de qué manera discutimos arriba de la mesa cómo enfrentamos el plan estratégico de quienes están gobernando, porque lo que estamos viviendo es el principio del camino, no es el final”.

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José Lualdi, de la Corriente Comunista “David Watu Cilleruelo”, analizó la idea de la supuesta grieta en nuestro país profundizada por “los comunicadores del sistema”, y aseguró que “nosotros no tenemos ningún problema con los trabajadores y trabajadoras que sufren sean del partido que sean. Sufren los peronistas, los radicales, los comunistas, los socialistas, los trotskistas, los creyentes y los ateos; la grieta que tenemos es con los fascistas (…) Estamos enfrentando un gobierno que nos desprecia, esa es la grieta y acá la grieta se llama Gay”.

El Colectivo Pueblo en Lucha puso especial énfasis en el papel del Movimiento de Mujeres en estos últimos años y subrayó no sólo el trabajo productivo sino también la visibilización del trabajo reproductivo. En este sentido se expresaron también Mujeres Trabajadoras Feministas con la lectura de un documento que analizaba la fecha desde una mirada feminista y antipatriarcal.

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Sobre el final del acto la secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Dorrego, Ana Canullo, afirmó que el 1º de Mayo “es una fecha que unifica a la clase obrera internacional, y en este sentido creemos que comprender y tener en cuenta ésta dimensión histórica no es solamente recordar, sino contraponer nuestra historia a nuestra realidad actual y darnos cuenta que los compañeros y las compañeras que se organizaban a principios del siglo XX luchaban por reivindicaciones que después seguimos enarbolando durante toda nuestra historia en distintas épocas”.

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(Por Bahiensas Feministas) Este Primero de Mayo, mujeres trabajadoras feministas queremos poner en común nuestras demandas específicas, que están vinculadas con una explotación por partida doble: la del capitalismo y la del patriarcado.

En muchos lugares esta fecha todavía está asociada solo al mundo de los hombres y se suele hablar del ‘Día del Trabajador’ excluyendo a las mujeres trabajadoras que también fueron protagonistas de esta historia. Si bien se ha avanzado en la construcción de nuevos sentidos para pensar también el día de las trabajadoras, por ejemplo desde el lenguaje, pensamos que aún falta mucho camino por recorrer.

Las mujeres hemos trabajado desde que tenemos existencia: hemos sido costureras, sombrereras, urdidoras de telares, peinadoras, entre tantos otros oficios, muchos de ellos ligados a las actividades domésticas; pero también, hemos sido campesinas, herreras, mineras, deportistas, periodistas… aún en esas épocas donde la historia oficial mostraba que las fábricas eran sostenidas sólo por varones. Hemos luchado dentro y fuera de la fábrica y nos hemos organizado para que las imágenes de mujeres referentas aparezcan en los supuestos grandes relatos. Nuestra historia como mujeres trabajadoras está plagada de esfuerzos, sacrificios y organización, porque cuando los acontecimientos les atribuían derechos a los varones nosotras todavía batallábamos para que se nos considerara también sujetas de derecho.

El capitalismo profundizó las estructuras patriarcales, devaluando nuestros salarios en comparación con el de los varones y responsabilizándonos de las tareas de cuidado que aseguran la reproducción de la vida y garantizan la producción de los bienes y servicios en la sociedad. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todxs lxs trabajadorxs y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de los hogares, sino al interior de estos entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

El contexto actual de precarización general de la vida consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri profundiza las desigualdades de género en diversos ámbitos de nuestras existencias. La situación de empleabilidad de las mujeres está históricamente marcada por peores condiciones laborales: en la actualidad existe una brecha salarial del 27% en sectores registrados, pero que alcanza el 39% en los no registrados, techos de cristal que nos impiden alcanzar puestos jerárquicos, o paredes de cristal que nos relegan a determinadas tareas dentro del mercado laboral, que justamente se vinculan con las domésticas. Sumado a esto, la situación cotidiana de acoso laboral ejercida por parte de compañeros varones, que sufrimos muchas mujeres en nuestros lugares de trabajo. Además, mientras los indicadores de desempleo en la argentina superan el 7% (y el 9% en Bahía Blanca), para las mujeres jóvenes este dato supera el 19%.

El recorte presupuestario que se muestra en la disminución del gasto público en servicios esenciales como el cuidado de la salud, la educación, el transporte, el alimento, delega responsabilidades del Estado y los gobiernos a los hogares, y especialmente a las mujeres que son las que se ocupan de estas tareas en la división sexual del trabajo.

El pasado 8 de marzo transformamos el Día de la Mujer en un paro internacional de mujeres. Mujeres de más de 40 países nos unimos bajo la consigna ‘si nuestra vidas no valen, produzcan sin nosotras’ para luchar por los derechos que el estado patriarcal se resiste a garantizarnos tales como la legalización del aborto, la libertad sobre nuestros cuerpos y la erradicación de las violencias económicas y los crímenes machistas.

En Bahía Blanca la fecha nos permitió a mujeres organizadas e independientes crear nuevos vínculos a través de la organización: difundimos el paro en barrios, escuelas y sindicatos; escribimos un documento común en el que plasmamos todas nuestras reivindicaciones; pintamos una bandera para encabezar la marcha con la consigna internacional y marchamos todas juntas en un día de lluvia torrencial. Organizar el paro también implicó que nos diéramos el tiempo para preguntarnos y reflexionar, por ejemplo: ¿quién para la olla cuando nosotras paramos? Ahí aprendimos que nuestra fuerza de trabajo es funcional al sistema ya que al ocuparnos de las tareas domésticas, el capital explota a los varones contemplando ese tiempo que no dedican al hogar.

Por otra parte, pudimos pensar la unidad de las mujeres en un contexto en el que nuestras vidas corren peligro cada 18 horas. Por tal motivo, participamos de multisectoriales para organizar estrategias de intervención, que incluyen la demanda al Estado en su responsabilidad sobre los femicidios y la gestión de las políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y combatir la cultura de la violación como parte fundamental de la cultura patriarcal.

Este 1° de mayo exigimos:

  • Revalorización, redistribución y socialización de las tareas de cuidado. Esto implica más políticas públicas: hogares, jardines, formación de personal y que el Estado exija a las empresas guarderías y lactarios.
  • Ampliación de licencias por maternidad y paternidad.
  • Reglamentación de la licencia por violencia de género.
  • Representación equitativa en las organizaciones gremiales.

Por último queremos compartir una declaración de Flora Tristán de 1843, que a pesar del paso del tiempo continúa aún vigente:

«A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».

«La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».

¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores!