En el marco desfavorable que sufre el sector de prensa, el 25 de noviembre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) realizó una asamblea en la que reformaron su estatuto, incorporando así a integrantes de medios comunitarios, alternativos y populares. También reclamaron la declaración de emergencia laboral. FM De la Calle habló con Agustin Lecchi, secretario de organización del gremio, quién nos contó las novedades.

El comunicador aseguró que “desde diciembre de 2015 a la fecha al menos 2500 puestos de trabajos se perdieron bajo distintas modalidades: cierre de empresas, despidos directos, retiros voluntarios compulsivos a los que muchas veces los trabajadores no se pueden oponer porque cuando se oponen son despedidos. Es un contexto muy adverso, nosotros lo caracterizamos como el peor momento de los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia”.

También explicó que no es una situación que solamente esté atravesando la prensa sino que lo sufren otros sectores de la comunicación: “los trabajadores de distintos oficios de la radio, lo mismo en la televisión con la paritaria del SAT (Sindicato Argentino de Televisión)… está siendo extorsionado con la apertura de los convenios. Los empresarios tienden a violar los convenios colectivos, el estatuto del periodista en este caso, con un Ministerio de Trabajo y un Estado que miran para otro lado”.

El dirigente refirió que el sindicato se fundó bajo el anterior gobierno, y aseveró: “siempre tuvimos una premisa fundamental: es un sindicato de trabajadores. Defendemos los intereses de los trabajadores que están en empresas de medios, (…) y que hacen comunicación en otra situación, como los autogestivos”.

Sin embargo, respecto al debate entre la real situación de los/as trabajadores/as y ‘la grieta’ dijo: “a nosotros los posicionamientos políticos de cada compañero que integra la comisión directiva, los cuerpos de delegados del sindicato obviamente que nos importan pero están en un segundo plano en relación a nuestra pertenencia de clase como trabajadores”.

Y agregó que “la cuestión de la grieta la conocemos muy bien, y conocemos la construcción que hicieron distintos empresarios de medios sobre eso. Pero sabemos que para los trabajadores no hay grieta y que la grieta en todo caso es entre nosotros y los empresarios. Esa fue una definición fundacional nuestra porque nacimos enfrentándonos a (Sergio) Szpolski, a Cristóbal López y al Grupo Clarín”.

sipreba-dyn larevanchaprograma com arEn referencia al reclamo de emergencia laboral Lecchi indicó que “la gota que rebalsó el vaso fue el cierre de la agencia DyN. De nuevo el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada”. Diarios y Noticias es una empresa que no está vinculada “al crecimiento a través de la pauta oficial de la administración anterior (pretexto rápido que utiliza el actual gobierno)”, sino que es una empresa cuyos principales accionistas eran Clarín y La Nación.

“DyN cerró de un día para el otro dejando a 96 compañeros en la calle. En ese marco, y ya que se cuentan de a miles las situaciones de pérdidas de puestos de trabajo, planteamos un anteproyecto en la comisión de libertad de expresión del Congreso de la Nación para que se declare la emergencia laboral en los medios de comunicación, que prohíba por 180 días hábiles que haya despidos para que podamos tener una navidad sin despidos y que le dé prioridad a la bolsa de trabajo del sindicato para los nuevos puestos que se generen”, arguyó.

La inclusión de medios autogestivos, alternativos y populares dentro de SiPreBA se da en el marco de una reforma del estatuto social del sindicato “que nos había impuesto el Ministerio de Trabajo y lo asumimos para poder sacar la inscripción gremial en el menor tiempo posible”. Dicha medida no incluía minorías, “no permitía que jubilados y compañeros de medios autogestivos tuvieran derecho pleno. Creemos que tenemos un estatuto más democrático que nos pone en mejores condiciones también para enfrentar esta situación”, aseguró.

Si bien a los sindicatos con inscripción gremial simple les falta un segundo estamento (personería gremial) para tener el reconocimiento estatal completo, el secretario explicó que tienen “pleno derechos excepto dos cuestiones: el tema de obra social y la paritaria a nivel cámara. Nosotros sí en algunas empresas discutimos salarios entre la comisión interna de SiPreBA de la empresa y determinada patronal”.

No obstante tres o cuatro empresas, “en un claro ataque a nuestra organización y en connivencia con el otro sindicato –Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires–, en algunos casos tratan de obstaculizar nuestra libertad sindical: no quieren que los trabajadores se organicen libremente. A esto lo estamos judicializando porque es ilegal lo que hacen”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dio a conocer esta semana los fundamentos de la sentencia del Juicio Ejército III en la cual 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

2024 páginas tiene la argumentación del fallo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en el expediente caratulado “FBB 93000001/2012/TO1 caratulada ‘González Chipont Julio Guillermo y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.144 bis inc.1) (Lesa Humanidad)’ Querellante: Secretaria de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de la Nación y otros”.

La causa incluía hechos en perjuicio de 105 víctimas calificados todos como delitos de lesa humanidad cometidos en jurrisdicción del V Cuerpo de Ejército desde donde se comandaba la Zona de Defensa Cinco, dividida entre las Suzonas 51 (Bahía Blanca) y 52 (Neuquén).

La sentencia involucró a oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, Policía Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense y Policía de la Provincia de Río Negro. Por otra parte se abordó la metodología represiva aplicada en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio “La Escuelita”, Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “La Escuelita” de Neuquén.

Las condenasa prisión perpetua correspondieron a Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre, Enrique José Del Pino, Carlos Alberto Ferreyra, Pedro Ángel Cáceres, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Arsenio Lavayén, Andrés Desiderio González, Gabriel Cañicul, José María Martínez, Pedro José Noel y Jesús Salinas.

Además, se dispuso condenar a Jorge Horacio Rojas, Miguel Ángel Nilos y Miguel Ángel Chiesa a la pena de 9 años de prisión; Héctor Luis Selaya, a 6 años de prisión; a Andrés Reynaldo Miraglia, a 3 años de prisión; a Osvaldo Vicente Floridia, a 10 años de prisión; a Oscar Lorenzo Reinhold, a 14 años de prisión; a Osvaldo Antonio Laurella Crippa, a 9 años de prisión, y a Antonio Alberto Camarelli, a 3 años de prisión.

Alberto Magno Nieva fue absuelto por el principio de la duda razonable.

DESCARGAR FALLO

(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Desde su primer acto de disciplinamiento, el Protocolo de seguridad de febrero de 2016, el gobierno de Macri, con la anuencia de un amplio sector del Poder Legislativo y Judicial ha transitado un sendero de achicamiento de los espacios democráticos y liquidación de las garantías constitucionales transformando al Poder Judicial en un burdo instrumento de persecución política y disciplinamiento.

Con el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que luego se comprobó que fue seguida de muerte por inmersión e hipotermia en el río Chubut, denunciamos una y otra vez que se estaba liquidando el Estado de Derecho manteniendo las apariencias pero disolviendo lo importante de dichas garantías que tienen que ver con el grado de libertad en que viven los argentinos.

Es imposible no vincular estos hechos con el avance de los EE.UU. sobre Jerusalem, la sanción de una ley de Excepción en México, el fraude electoral en Honduras y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz en Colombia y de mejores relaciones EE.UU. Cuba a la que se la sigue bloqueando y saboteando.. Mucho más que diez operacones Condor.

El crimen de Nahuel, la persecución a los Mapuches y a Facundo Jones Huala, la decisión de la Corte Suprema de dar por validos los engendros jurídicos de Morales en Jujuy, los avances de las fuerzas estatales que portan armas sobre el conjunto de la vida social, la sumisión ciega a las políticas de EE.UU. de destruir cualquier espacio de autonomía a nivel mundial, son algunos de los pasos que nos traen a esta situación de intentar encarcelar a quienes defendieron un acuerdo entre naciones soberanas, que fue avalado por el Senado y que además, colmo jurídico, nunca se ejecutó y por lo tanto es nulo de toda nulidad.

Hoy Bonadio, como antes otros y muchos jueces de Comodoro Py han vuelto a la tradición genocida de los Jueces de la dictadura militar, aquellos que avalaban las desapariciones forzadas y los crímenes encubiertos como enfrentamientos. La restitución de la identidad de la nieta 126 debería servirles de advertencia que nada es para siempre y que la verdad triunfa al final de toda lucha histórica.

Convocamos a una respuesta unificad de todas y todos los que quieran vivir en una sociedad que tenga limites jurídicos y garantías de sus legítimos derechos.

Ahora es la hora.

El Concejo Deliberante analiza la propuesta oficial de aumento de del boleto de transporte público que llevaría el costo de la tarifa base de $12,50 a $17,30 y recortaría dos categorías de pasajeros frecuentes.

Mariana Guatta, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, dijo a FM De la Calle que en dicho incremento del 38% “todo lo que son impuestos nacionales y municipales no se pagaban, como por ejemplo, la Tasa de Seguridad e Higiene o el IVA que no corresponde que se aplique sobre servicios.

La usuaria explicó que la fórmula utilizada por el Municipio surge de la ordenanza por la cual se adhirió a resoluciones nacionales. “Cuando Nación manda la SUBE, también manda un proyecto de ley que tiene la tablita con todos cálculos ya hechos”.

Comentó que tuvieron una reunión el viernes pasado a la cual asistieron “los concejales que comprenden la Comisión de Tránsito y con parte del Poder Ejecutivo, que sería en este caso, Ramiro Frapiccini y Fernando Compagnoni como concejal del oficialismo”.

Guatta aseguró que los planteos que realizaron como comisión de usuarixs apuntan a “la quita de algunos beneficios como el pasajero frecuente de 40 viajes,  el de 20 viajes y la bonificación del 10% de la tarjeta personalizada; y además de eso, el aumento del boleto en sí”.

Consultada sobre la quita de dos categorías de pasajerxs frecuentes sostuvo que “hay una posibilidad. Por lo menos Fernando Compagnoni se fue con esa voluntad. La verdad que todavía no hemos hablado con él porque salió de la reunión nuestra con usuarios y se fue a la reunión con la Municipalidad”.

Sobre la calidad del servicio, Guatta dijo que “en cuanto a frecuencias mantienen en la mayoría de las unidades, el nivel de frecuencia de hace dos años, no han mejorado. Lo que si hemos pedido hace dos años es que, la frecuencia de los domingos y los sábados la achiquen.”

“Es cierto que hay barrios con calles de tierra y la tierra que tiran no es tierra es talco, entonces vos te la pasas limpiando, eso es una verdad. Pero sacando eso, el Municipio dijo que para 2018 iban a tener todas las calles de recorridos asfaltadas, por ejemplo, la 503 es una línea que en todo su recorrido solamente transita por tres calles, y eso es simple mantenimiento por parte de las empresas”.

“En todos lados cualquier empleado de cualquier de cualquier empresa, tiene que mantener la limpieza del lugar donde trabaja (…). Acá a los choferes, el gremio no los deja limpiar el colectivo, entonces tienen que poner personal especial para hacer la limpieza del colectivo, es una locura” finalizó.

(Por Astor Vitali) Ante todo, es necesario aclarar el lugar desde el que te voy a hablar durante este comentario editorial porque soy una persona muy interesada en el tema que abordaremos. Desde hace cinco años, además de desempeñarme como periodista, los músicos y las músicas de la ciudad que se organizaron sindicalmente me han honrado con la responsabilidad de ejercer la secretaría general del sindicato de ese gremio. Por tanto, desde entonces he participado de debates con los gobiernos y de discusiones sobre la implementación de nuevas normas en el ámbito legislativo.

Vamos a hablar del “desguace cultural” y particularmente de lo ocurrido ayer en Bahía Blanca a raíz de la protesta realizada por la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. Entonces, quiero que sepas que no tengo ningún interés personal en la cuestión y que tengo la ventaja de conocer el tema de primera mano y la desventaja de ser parte de la cosa. Para el caso, no habiendo intereses particulares de por medio, a los efectos de un comentario editorial, mi posición puede constituir una virtud.

Aclarado el punto de vista vamos a la cuestión. Cuatro de diciembre de 2017. Bahía Blanca. Diez de la mañana. Sobre la vereda que guarece el palacio de gobierno de Bahía Blanca, docentes de la Orquesta Infanto Juevenil del Barrio Miramar comienzan a concentrar. Con el paso de los minutos serán acompañados/as por músicos/as que integran la UMSur, dirigentes de otras organizaciones gremiales, integrantes del Consejo Cultural Consultivo, centros de estudiantes de escuelas artísticas, Viviana Almada (Tía de Ángel Almada) y vecinas del barrio afectado, quienes acercaron copias de pedidos de reunión a las autoridades municipales en búsqueda de solución (claramente, sin respuesta).

La movilización fue anunciada “al despacho del intendente” debido a la falta de respuesta por las vías formales durante todo este año. Una decena de policías de civil colaboraban con las dos mujeres policías uniformadas que custodiaban la puerta de ingreso principal. Luego de realizar una nutrida conferencia de prensa, la movilización cumplió con lo anunciado y se dirigió hacia el despacho del intendente. “Que esperen” fue la respuesta que recibió la amable secretaria en la recepción. Los ánimos comenzaron a impacientarse con el paso de los minutos. La prensa seguía llegando para cubrir la protesta. Algunos funcionarios se asomaban y se escondían, incómodos ante la presencia de músicos y músicas en búsqueda de respuestas. “Falta que nos acusen de pertenecer a la RAM”, era el chiste interno.

Éramos invisibles. Pablo Romera, vocero municipal, dijo a regañadientes que estaban “muy ocupados” para recibir el reclamo y que había que “pedir una audiencia”. (Nota: hay al menos siete pedidos de audiencia sin respuesta). La respuesta oficial no hizo otra cosa que aumentar la afrenta y que los/as participantes de la protesta decidiéramos quedarnos hasta la conferencia de prensa anunciada por el jefe comunal para dar a conocer cambios en el gabinete y en el organigrama municipal. El objetivo fue que la ciudadanía pudiera conocer a través de la visibilización del reclamo, la falta de respuesta como única respuesta.

Para mayor sorpresa, interrogado acerca de la situación de la cultura en la ciudad, el intendente no tuvo mejor idea que afirmar que “cultura ha tenido un programa de actividades amplísima este año. Todos han sido atendidos (sic). Algunos de los que están manifestando han venido a mi despacho y lo han planteado y lo está canalizando el responsable del instituto cultural. No es cierto que haya un desguace de la cultura. Simplemente mirando el parte diario que el señor Pablo Romera les envía a ustedes de una ciudad que tiene muchísima más actividad cultural que la mitad de las capitales de provincia de la república Argentina nos damos cuenta de lo que ocurre”.

El viernes pasado hubo una movilización de la que participaron más de cien referentes de la cultura en representación de colectivos que constituyen un muestrario casi completo de las expresiones culturales existentes en la ciudad. Fue encabezada por quienes integran las ramas artísticas en el Consejo Cultural  Consultivo. Se pidió el cambio de rumbo de política cultural y, con ello, la renuncia de Ricardo Margo –director del Instituto Cultural- y sus asesores/as políticos.

Como respuesta Gay acaba de negar que exista “desguace cultural”. En otras palabras, según Héctor Gay el conjunto de los y las artistas locales miente. Es una respuesta contundente. Según Gay, quienes denunciamos la grave situación de la cultura somos mentirosos.

Señor intendente: o usted es un mentiroso doloso o usted se ha puesto anteojeras. En cualquier caso es un peligro ejercer así la función pública. Permítame explicarle a qué llamamos desguace cultural y por qué el estado municipal del cual usted es responsable atenta sistemáticamente contra nuestros derechos culturales y laborales.

El presupuesto de cultura es absolutamente insuficiente y viola los propios objetivos trazados por su gobierno en la justificación que figura en el documento público presupuesto. Casi no cuenta con fondos por fuera de los gastos administrativos. Poco más de un diez por ciento es lo que la ciudad cuenta como recursos para realizar inversión en derechos culturales. De esto, no todo es real ya que en el presupuesto se incluyen fondos que dependen del cobro de tasas o acuerdos con privados (FMA, Solidaridad Cultural, etc.).

Su gobierno ha desarticulado y precarizado la red de talleres barriales. En la ciudad hubo cientos de talleres culturales que, mayoritariamente, cumplen una función social relevante. Usted ha cambiado las condiciones contractuales de talleristas que se venían desempeñando bajo la figura de destajistas (con algún reconocimiento previsional) a la modalidad de contratados bajo régimen de monotributo. En algunos casos se ahorró un año de sueldos durante la transición y en otros hubo talleristas que se consideraron despedidos ya que la gestión del monotributo para cobrar retribuciones miserables con hasta un semestre de retrasos en los pagos resultaba claramente perjudicial. Usted argüirá que el CCT de municipales acordó la eliminación de la figura de destajista. Pero ese elemento es falaz ya que el objetivo del acuerdo gremial que eliminó la figura de destajista es mejorar las condiciones laborales –considerando que el destajo es una figura precarizante-. De ninguna manera un acuerdo gremial puede interpretarse como una herramienta para precarizar a los/las trabajadores/as. Si así lo han asesorado: le sugiero que comience a ajustar por ahí, ya que sus leguleyos demostrarían total ineptitud.

Usted nos llama mentirosos pero niega la realidad con la verdad sobre sus narices. Ayer se animó a decir que no hay desguace cultural mientras afuera de la Sala Estomba había ciudadanos/as bahienses reclamando por la continuidad de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar que usted ha decidido cerrar. Usted es responsable político de la vulneración de los derechos culturales de 30 pibes y pibas y de los derechos laborales de sus docentes. En cambio, niega lo que tiene sobre sus narices.

Pero usted también miente abiertamente a la ciudadanía cuando afirma habernos recibido. No solo deja sin trabajo a los/as docentes y le arranca simbólicamente los violines a los pibes y a las pibas sino que además nos miente en la cara. Usted no ha dado respuesta a ninguno de los pedidos de audiencia. Las víctimas de su política merecen al menos su respeto. Le sugiero que busque la mentira en su gabinete en lugar de en la ciudadanía que se expresa pacíficamente.

Usted debe estar al tanto –quiero creer que conoce los elementos de debate de la vida pública- de las denuncias por avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad en los cargos de dirección de espacios culturales independientes municipales.

Ha sido también el decreto que usted firmó –cuatro días antes de otorgar ilegalmente recursos del FMA a Ricardo Arjona- el responsable de cortar las horas extras en museos públicos y el teatro municipal, manifestando total ignorancia e inoperancia, usted y sus funcionarios, respecto del normal funcionamiento y la naturaleza de estas instituciones culturales. Sepa usted también que viola y contradice los argumentos establecidos en los objetivos del área cultural en los que se establece (ver presupuesto 2017) que Bahía Blanca es una ciudad “turística”. Cuénteme, a mí que soy un mentiroso, ¿cómo se compatibiliza ser una ciudad turística y cerrar los museos los fines de semana?

La postal de la boletaría del teatro cerrada por el ajuste que usted realiza es propia de los países más pobres que usted detesta. ¿Cómo convive en usted la aspiración a vivir en un país primermundista y al mismo tiempo tomar medidas administrativas que sólo podría justificar un país que declare la quiebra o se encuentre intervenido? En la guerra, es el enemigo el primero que busca destruir el funcionamiento de los valores culturales de la población.

Su gobierno ha desfinanciado al Teatro Municipal. Uno de los centros de producción cultural más importantes de Latinoamérica se ve afectado por su ineptitud para evaluar la gestión de un Ricardo Margo que volvió a la labor pública –luego de su paso en la (entonces) Secretaría de Cultura en los noventa- con saña y disposición para violar las propias normativas del Estado.

Usted, que está acostumbrado a estar al tanto de la vida pública, habrá leído que integrantes del colectivo de artistas Los Chopen han denunciado subestimación y tratamiento discriminatorio por representantes de su gobierno. ¿Seguirá usted negando y también nos llamará mentirosos y llamará mentirosos a los/as integrantes de Los Chopen? ¡Qué vergonzoso! ¿Cómo ingresa usted a la iglesia? ¿Qué ética cristiana se lo permite?

Usted afirmó ayer, rodeado por una protesta de profesores/as, que en Bahía Blanca hay plena vida institucional. ¿Cómo se atreve? Sólo en el ámbito de la cultural, su gobierno ha violado la ordenanza de espacios culturales, la ordenanza de eventos permanentes, la que rige el funcionamiento de la Comedia Municipal y la ordenanza de creación del Instituto Cultural. Usted avala funcionarios que violan leyes municipales. Sepa que antes de llamarnos mentirosos podría usted verificar esto a través del sistema burocrático administrativo que encabeza. Vea, pregunte…. No cuesta nada. Sí, ya sé, es más rápido acusarnos a los más débiles de mentir. Pero, ¡vamos! ¡Haga un esfuerzo! ¡Usted puede!

Respecto de la cuestión de revisar la agenda para verificar cuánta actividad cultural hay lo invito a que la revise usted mismo. Compare con años anteriores y verá un objetivo declive de indicadores de la actividad cultural. De hecho, mucho se hace a pesar de las políticas de su gobierno. Si hace el esfuerzo de analizar antes de hablar podrá constatarlo. No cuesta nada.

Vea, podría explicarle muchos elementos más que objetivamente explican de qué se trata el desguace cultural pero seguramente ya se habrá aburrido. Por otra parte, no debería yo tener que explicarle cuestiones que están dentro del marco de sus funciones: saber lo que ocurre en la ciudad es su responsabilidad. Negarlo con anteojeras inexplicables es su afrenta a nuestro sector. Ya nos llamó “conflictivos” en otra oportunidad.

Por mi parte, puedo documentar palabra a palabra de lo que he afirmado. En cambio usted está flojo de papeles. Antes de llamarnos mentirosos pregunte, infórmese y evalúe. ¡Vamos! Haga de cuenta que gobierna una ciudad y que está al tanto de las cosas que en ella ocurren.

En el marco de la avanzada del gobierno nacional contra la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos dialogamos con el periodista y escritor Pablo Galfré, autor de La Comunidad (Editorial Sudestada), investigación sobre las clínicas San Camilo y San Antonio.

En estas comunidades es frecuente el uso de la violencia, el maltrato y en algunos casos la muerte: “En mí libro hay tres muertos que son Felipe, Saulo y Matías; y ahora se suma un cuarto muerto que es Franco Ruíz Díaz. Saulo y Felipe mueren en San Camilo, Matías muere en San Antonio. Ahora me enteré de un muerto, que no está en mi libro, que murió en 2013, también en San Antonio”, dijo Galfré a FM De la Calle.

“Felipe es el único que no tiene causa judicial. Las otras tres causas, de las cuatro, las tiene el mismo juez de Garantías, Ceballos, y ninguna de las causas avanza salvo la de Saulo, que es el motor del libro. Es increíble como un juez de Garantías tiene tres muertos en dos lugares y no hace nada al respecto. Los jueces de Garantías tienen las manos un poquito más atadas que un juez de la Justicia Federal”.

Respecto a las causas de las muertes ocurridas en las comunidades, Galfré aseguró que “Saulo se suicida dentro de una celda; Saulo estaba privado de su libertad dentro de la comunidad y dentro de una celda de esa comunidad. No dio para más después de un año y pico de internación, con diabetes tipo 1, a su vez que sufría de depresión, y resolvió terminar con su vida por sus propios medios, pero aclaremos que eso es un homicidio culposo, porque Saulo estaba privado de su libertad dentro de una celda de 16 metros cuadrados con un colchón tirado en el piso”.

“En el caso de Matías, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático porque era alérgico a la penicilina. Él estuvo toda la noche asfixiándose y termino muriendo asfixiado por un síndrome asfíctico y un edema pulmonar, sin nadie que lo atienda al cuidado de niños de quince años, que eran los responsables de la guardia de esa noche. Y Franco Ruíz Díaz, es la causa que todavía no me he metido del todo, si bien la he leído, aparentemente se suicida en su habitación, pero en la autopsia se describe que no tenía ningún rastro de droga en sangre, ni legales ni ilegales. Cuando era una persona que tenía que estar medicada porque aparentemente padecía de esquizofrenia”.

El modus operandi que tienen estas comunidades terapéuticas para con sus internos implican hasta patotas para ir a buscarlos a partir del acuerdo con las familias: “Axel (otro de los internos), para darte ejemplos prácticos, estaba en su casa de San Isidro durmiendo; de repente tres patovas grandotes entran, patean la puerta, se lo llevan y le dicen: ‘vení que nos vamos’. Axel piensa que es un secuestro extorsivo, ve a su madre llorando le dicen: ‘ahí está tu vecino, saludalo’, lo agarran como si nada y lo suben a un auto”.

“Si una persona se fugaba la iban a buscar, si esa persona iba a la comisaría a pedir ayuda, la comisaría avisaba a la comunidad o si esa persona llamaba a sus familiares y les decía: ‘papá te espero en el peaje’, el papá avisaba a la comunidad y Martín Iribarne, el dueño de la comunidad, iba con un empleado de seguridad o con algún paciente de la comunidad que iba ascendiendo de fase, entonces la comunidad como que lo ponderaba de alguna manera y le decían: ‘bueno, ahora vos sos un operador terapéutico encargado de seguridad’, y lo llevaban como mano de obra barata a secuestrar a sus propios compañeros” aseguró.

Sobre el rol que cumplen las familias en este sistema, Galfré comentó que hay dos variables: “Está la variable del familiar que  no sabe absolutamente nada de nada y piensa que su hijo, por el mero hecho de fumar marihuana es adicto, entonces ponen en google ‘quiero internar a mi hijo’, y saltan estas páginas: San Camilo, San Antonio o Alejandro Merenzon. Y sino están los familiares de quienes, desde hace años desgraciadamente, tienen un consumo muy problemático (…) que pasaron por otros tratamientos ambulatorios y ninguno les funcionó, los familiares por la desesperación de ya haber internado a sus hijos en otras comunidades, y que se hallan escapado, terminan recalando en estas comunidades que funcionan de forma carcelaria”.

El rol del Estado

En relación las responsabilidades que el Estado tiene en estas comunidades, Galfré sostuvo que tiene que ver con “la ausencia total de políticas de drogas en este país desde siempre”. “Más allá de la implementación de la Ley de Salud Mental, que la aplaudimos, y ahora tenemos que salir a defenderla con mucha garra, creo que ya es absurdo que en nuestro país (…) rija el prohibicionismo por un lado y por otro, el abstencionismo. Y después sí, está obviamente, el no control de estas comunidades”.

“La Ley de Salud Mental yo la aplaudo, pero de 2010 a la fecha la verdad que el gobierno anterior, al que también por momentos aplaudí, a veces sentado y a veces de pie como digo en el libro, nunca se impulsó: las casas de medio camino, los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día o las internaciones en los hospitales generales. Por eso, estas comunidades se hacen el caldo de cultivo y por eso el Estado no las controla, porque las necesita de alguna manera”.

Respecto de si estas comunidades recibían algún tipo de subsidio por parte del Estado, Galfré comentó que “San Camilo y San Antonio no. San Camilo hasta el año 2010, recibía subsidios y después no”.

“La Ley de Salud Mental de alguna manera le coartó los mecanismos. Lo que sí, la última vez que yo chequé, hace dos años, la SEDRONAR subvencionaba a 110 comunidades terapéuticas. Ya no importa tanto si son comunidades abiertas o cerradas, este sistema de comunidades terapéuticas en general no funciona”, finalizó.

Entre el 10 y 13 de diciembre Argentina será sede de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este organismo integrado por 164 miembros se plantea como objetivo central ocuparse de las normas que rigen el comercio entre los países. Paralelamente, se realizará una Cumbre de los Pueblos que impulsa el Encuentro Nacional contra la OMC, una iniciativa mundial que busca articular resistencias contra el libre comercio y discutir las alternativas al sistema económico actual.

 La “Cumbre de los Pueblos: fuera OMC-Construyendo Soberanía” está integrada por redes y organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas y desarrollará su “contracumbre” a través de un extenso cronograma entre el 7 y el 13 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.

Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET e integrante de la organización comentó a FM De la Calle las confluencias históricas que hoy se retoman con esta iniciativa desde el proyecto del No al ALCA en 2005 hasta Argentina Mejor sin TLC (2016), todas ellas advirtiendo el escenario posible ante el avance de los mega-acuerdos con las grandes empresas y el libre comercio.

 “Vamos a tratar de demostrar cómo los pueblos de todo el mundo nos organizamos para decir que no estamos de acuerdo con la agenda de las grandes trasnacionales, que es la que se va a discutir esencialmente en la cumbre formal en Puerto Madero y no sólo vamos a criticar esa agenda sino que vamos a plantear una serie de alternativas”.

Además Morgendfeld caracterizó la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio como “un espacio donde se aboga la idea, principalmente en los países no potencias, de la supuesta ‘vuelta al mundo’ a cambio de que éstos tomen las agendas de los países centrales, pero de manera acrítica”.

“Ya hemos experimentado en nuestra historia muchas veces que cuando abrimos nuestra economía, cuando desregulamos al gran capital, cuando desde el gobierno se alienta una ofensiva contra las clases populares, se generan malas condiciones para la mayoría de la población, re-endeudamiento y crisis con un posterior estallido, como hemos tenido tantas veces en nuestra historia reciente”.

Respecto a casos anteriores de injerencia de la OMC en países vecinos, el investigador señaló a México como uno de los antecedentes para visibilizar las consecuencias de estos acuerdos.

“México firmó en el año ‘94 el NAFTA con Canadá  y con Estados Unidos, es decir con dos potencias de una asimetría enorme, y en mas de veinte años lo único que ha hecho México es reprimarizar su economía, depender como nunca antes de EEUU trayendo a sus  trabajadores condiciones nefastas. La idea de que se iban a igualar los salarios entre México, EEUU y Canadá se comprobó como absolutamente falaz. México tiene niveles históricos de pobreza, hay una criminalización de las clases populares enorme y desde que se inició la famosa guerra contra las drogas impulsada por EEUU, tiene un índice de asesinatos por año que son récords históricos; es decir una situación gravísima producto de subordinarse a las grandes potencias”.

La “Cumbre de los Pueblos: fuera OMC-Construyendo Soberanía” tendrá su apertura el 7 de diciembre en la Plaza de Mayo con una Marcha de las Resistencia de las Madres Línea Fundadora. Los días siguientes habrá paneles, mesas/debate que tendrán como ejes programáticos a la situación de los trabajadores y trabajadoras, la soberanía sanitaria, el poder corporativo y la deuda, bienes comunes, soberanía energética, entre otros.

Además se realizará el lunes 11 de diciembre un Foro Feminista contra el libre comercio que concentrará a mujeres, trans, lesbianas, gays, mujeres migrantes, campesinas e indígenas retomando el antecedente del 2005 cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata este colectivo se sumó al reclamo ¡Fuera Bush! ¡No al Alca!

(Por Paula Ércoli) El escenario que propició el gobierno al comunicar las propuestas de reformas en las condiciones laborales, previsionales y educativas en el último mes, empujó a un conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales y políticos a analizar el panorama integral que se desataría si el Congreso las aprueba.

“En este momento de una ofensiva tan brutal hacia la clase en su conjunto, el tema es poder confluir, aglutinar esas luchas que están y que se van a ir multiplicando, en ese sentido es que convocamos a este encuentro. Los que estamos acá, estamos  convencidos que la única forma de enfrentar esto es con lucha, unidad y organización”, dijo Ana Canullo, secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, al abrir un encuentro abierto de trabajadores/as el sábado en SUTEBA.

Analizar, discutir las consecuencias y acciones conjuntas si el Congreso da el visto bueno a estas reformas, fueron los objetivos, ya que vendrían a profundizar las medidas de ajustes, tarifazos, despidos y ataque a los gremios.

La iniciativa se suma a la lista de acciones conjuntas realizadas en los últimos meses: movilizaciones, actos y convocatorias que muchos espacios organizados están impulsando para aunar fuerzas y tácticamente construir unidad de acción.

Con la asistencia de casi 60 trabajadores y trabajadoras el intercambio analizó el estado actual de algunos sectores.  Respecto al sector cultural, el panorama es de una cerrazón por parte del estado. El desguace cultural propiciado por el cierre de los museos locales durante los fin de semana, la persistente precarización de los y las artistas locales y su falta de promoción, el cierre de hecho de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, la utilización ilegal del Fondo Municipal de las Artes y el congelamiento del Fondo de “eventos permanentes”; fueron algunos de los puntos mencionados por integrantes de la Unión de Músicos/as del Sur y del Centro de Estudiantes de Artes Visuales.

Las intervenciones vinculadas al sector educativo resaltaron la precariedad de las instituciones y su consecuente falta de presupuesto, el peligro de la privatización de la formación docente por parte del Estado, la profundización de la precariedad económica de la comunidad educativa, entre ellos no sólo los y las docentes, sino también el conjunto de las familias trabajadoras.

El sector estudiantil terciario puso sobre la mesa su preocupación y refirió a la necesidad de pensar nuevas formas de expresar los reclamos, apostando siempre a los esfuerzos por la reconstrucción necesaria del movimiento estudiantil. De esto último emergió la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las escuelas terciarias artísticas, instrumento construido para otorgar mayor amplitud y unidad a los reclamos del sector, con el arte como herramienta comunicacional.

En el ámbito judicial la situación va en consonancia con el resto, pero las dificultades fueron profundizadas por el desgaste de la base de trabajadores/as en el marco por la disputa salarial.

La necesidad de encontrarse para poner en común, busca obtener consensos en las diferencias y ampliar los marcos de discusión; la cultura organizativa siempre aparece cuando los sectores de poder y algunas connivencias, intentan avasallar derechos conquistados. Es en este marco donde resurgió la necesidad de pensar la nueva configuración del poder, unificar disputas que se dan ante la vertiginosidad del contexto de manera parcial con vocación real de victoria.

Estas reformas “son la validación de una política que en los hechos ya estaba sucediendo”; el desafío ahora es seguir discutiendo cómo se gana la conciencia subjetiva y de clase para constituir una resistencia contra-hegemónica firme y persistente que les ponga freno. El jueves 30 de noviembre el Senado, donde Cambiemos es minoría, aprobó con 43 votos afirmativos el proyecto previsional acordado previamente con los gobernadores; la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal también se encaminaron hacia Diputados.

Existen puntos en cada uno de los anteproyectos que si bien “oficializan” situaciones de precariedad existentes incorporan otras que se suman a deteriorar aún más la configuración social actual.

En el caso de la reforma previsional, uno de los puntos que más rechazo genera es el cambio de la fórmula de movilidad, lo cual encubre un recorte de las jubilaciones en comparación con el régimen vigente. Respecto a la laboral las críticas son variopintas, ya que vendría a derribar conquistas históricas. Lo inusitado de todo esto es que “la CGT no hizo nada para pararlo, por el contrario le facilitaron el camino al gobierno”, concluyó una docente antes de dar cierre a la jornada.

Luego de tres horas de intercambio las y los trabajadores que formaron parte de este encuentro arribaron a las siguientes propuestas:

-Expresar la voluntad de construir la mayor unidad para rechazar la reforma integral, laboral, previsional, educativa y de salud, como así también el Pacto Fiscal entre el gobierno nacional y lxs gobernadorxs.

-Resistir las iniciativas para desconocer y fragmentar la organización sindical. Defensa de los sindicatos como herramientas de lucha de la clase trabajadora.

-Ampliar la mirada y la convocatoria a otros sectores, como movimientos sociales, movimiento de mujeres, pueblos originarios.

-Condenar los hechos represivos y a la criminalización de la protesta. Denunciar la persecución a los pueblos originarios y la política del gobierno, en favor de las grandes empresas dueñas de miles de hectáreas en la argentina. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

-Organizar una campaña de información, dirigida a trabajadorxs en general, especialmente a quienes no están organizadxs sindicalmente.

-Rechazar el decreto municipal de congelamiento de vacantes y la política de desguace cultural.

-Apoyar las demandas de los movimientos sociales para declarar la emergencia alimentaria y social.

-Repudiar los tarifazos en gas, energía eléctrica y el aumento del boleto de colectivo.

-Aprobar e impulsar las acciones de lucha en unidad de trabajadorxs comenzando por la jornada de lucha del 6 de diciembre.

El gobierno de Bahía Blanca propuso una nueva ordenanza para instalar antenas emisoras de radiofrecuencias denunciadas por especialistas de diferentes ámbitos por su riesgo para la salud. Desde la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca invitan a asistir a la audiencia pública el 13 de diciembre a las 9 en el Concejo Deliberante. Las inscripciones cierran el 5 de diciembre.

FM De la Calle habló con Gladys Girotti, integrante de la ONG, quién aseguró que leyeron el documento y pusieron “a disposición todos los profesionales que nos asisten permanentemente, a fin de sacar una ordenanza lo más protectora posible y al mismo tiempo que asegure las comunicaciones”.

Sin embargo reveló que no fueron consultadxs a la hora de redactar el documento. De todos modos, “desde el Ejecutivo dicen que este es un primer proyecto, que irá a debate y a comisión del Concejo Deliberante el año que viene” con los aportes que se realicen en la audiencia pública.

“Por eso pusieron el proyecto a consideración online donde las personas pueden entrar a la pagina, dar una opinión de cada uno de los artículos de la ordenanza, una opinión general y elevar una propuesta”, explicó.

Girotti manifestó que la propuesta del oficialismo “es paupérrima”, a pesar de que “la ordenanza anterior dice que no se podían instalar [antenas] en escuelas, centros de salud y demás, nunca se hizo cumplir”.

Además, “el tema es que no resolvemos nada con que te instalen una antena terreno por medio de una escuela si no bajamos la potencia a la que emite. También [la ordenanza] tiene en cuenta bajar la altura de las torres, quedarán bastante más lindas pero estamos acercando más la radiación a la cabeza de la gente”. El proyecto propone que los soportes sean compartidos por más de una empresa, por lo que “estamos sumando más cantidad de antenas en el mismo soporte”.

Girotti aseveró que el documento “no habla de principio precautorio, no habla de salud, no habla de medio ambiente, no habla de contaminación, no se hace cargo de lo que son las mediciones”. A modo de ejemplo mencionó el Polo Petroquímico que “se puede comparar en el sentido de que el municipio tiene que tener elementos de medición para luego reclamar ante los organismos que correspondan sobre la contaminación que está generando”.

Sin embargo, manifestó que “el municipio tiene que realizar mediciones”. La ordenanza anterior tenía prevista participación ciudadana porque las mediciones si están hechas en puntos fijos o en puntos donde no hay radiación –la radiación de una antena no es pareja alrededor de la antena, tiene puntos muertos donde no hay señal– la medición no va a dar un resultado acertado. “La radiación hay que medirla de acuerdo a un protocolo”, explicó Girotti.

Reiteró la importancia de opinar y participar sobre el proyecto: “Es muy importante que lo hagan, sabemos que las audiencias no son vinculantes y que tenemos un Concejo Deliberante formado de doce contra doce, […] pero es una batalla que tenemos que dar. […] Quisieron dar un primer paso de debate, y esta bueno que se arranque por algún lugar, pero hay mucho para construir encima de esta ordenanza”.

La inscripción y el debate online se puede realizar hasta el 5 de diciembre en: www.bahia.gob.ar/dialogos/antenas y la audiencia pública está programada para el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana en el Concejo Deliberante.