El abogado Gonzalo Miño representa al imputado que se desempeñó desde 1975 como oficial principal de seguridad de la Policía Bonaerense. Está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Laura Manzo y María Emilia Salto junto a Daniel Bombara, quien falleció como consecuencia de los tormentos.