El papa Jorge Bergoglio pidió perdón “por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios de América en nombre de la Iglesia” durante el cierre un encuentro de movimientos populares en Bolivia. “Nos parece alentador el mensaje porque en América o Argentina hay una mayoría católica y por eso tenemos la esperanza de que ese catolicismo no se demuestre yendo a misa cada domingo solamente sino actuando cada minuto en este momento tan crucial”, opinó el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel.

“Se han cometido muchos pecados contra los pueblos originarios de América Latina en nombre de la Iglesia y, tal como lo dijo Juan Pablo II, es tiempo que la Iglesia se postre ante Dios y pida perdón por los pecados pasados y presentes”, dijo Francisco y recordó a “millares de sacerdotes y obispos que se opusieron a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado y abundante pero allí también sobreabundó la gracia frente a esos pueblos originarios, recuerden a todos”.

Consultado por FM De la Calle, el referente mapuche Jorge Nawel afirmó que “el perdón es un primer paso fundamental para luego generar políticas de reparación, ese es el valor que tiene, se reconoce un hecho, se reconoce el daño y en consecuencia se asume y se reconoce que es necesaria una reparación. No lo veo solamente como una cuestión simbólica o redentora, cristiana, sino que tiene una connotación política muy importante. Es un mensaje para los gobiernos, en este caso, para el Estado argentino que es lo que a nosotros nos involucra”.

“La presidenta o los gobernadores, acá tenemos a Jorge Sapag que es declarado militante católico y sin embargo a la hora de respetar o de adorar están primero las multinacionales, están las extractivas y a ellos sí les rinden pleitesía y honores como corresponde. Pero después, a los mensajes que les pueda dar su pastor los ignoran totalmente y estamos como si el Estado no hubiese estado aquí en 200 años de historia”, agregó.

Nawel comentó que son “bastante escépticos” respecto al impacto del mensaje papal porque “acá hay un dios fundamental que es el que impera en este país y en todo América lamentablemente, incluidos los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, y es el sistema capitalista o neoliberal el dios que nadie se anima a desobedecer”.

“El papa lo dice claramente, no tenemos salida bajo ese modelo, sin embargo el gobierno actual proclama que fuera de ese modelo estamos perdidos. Nosotros creemos todo lo contrario, que en la medida en que se profundiza este modelo extractivista que solamente ve a la naturaleza como algo para explotar y reventar, estamos todos perdidos. Están perdidos los pueblos indígenas, está perdida la naturaleza, está perdida la sociedad en general porque no hay futuro bajo estas reglas de juego extractivista”.

Finalmente, destacó que la Iglesia Católica de Neuquén es “una excepción” y les permite enfrentar en forma conjunta algunas problemáticas: “Venimos de Las Coloradas, un pueblo que está hoy amenazado por una posible explotación de cobre que va a afectar a dos ríos que dan sustento no solo a ese pueblo sino a todo lo que hay agua abajo y uno de los sectores más movilizados en contra de la explotación minera es la iglesia a través del obispo Bressanelli”.

“La impronta que dejó De Nevares aquí décadas después continúa pero no alcanza, porque mientras tanto tenemos un gobierno declarado ardientemente católico que nos da con un caño día y noche. La lucha es muy fuerte, hay un condicionamiento, una resignación enorme de la dirigencia política de que no hay otra forma de sobrevivir que no sea matando a la naturaleza y eso nos plantea un futuro sombrío. Los pueblos indígenas por supuesto no vamos a bajar los brazos porque está en juego nuestra vida, cultura y territorio, estamos en el centro de los planes de explotación y no podemos bajar los brazos de ninguna manera”, manifestó.

Foto: Nato Cantero.

Para verificar la presencia en el padrón electoral y la mesa de votación para el las PASO del 9 de agosto ya se puede consultar las páginas web www.padron.gob.ar o a www.electoral.gov.ar. Además, la Junta Electoral de la provincia publicó las listas oficializadas para competir por la intendencia y doce bancas en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Con sólo incorporar el número de DNI y el código de validación que aparecerá en la página para enviar la consulta, cada elector o electora podrá conocer el lugar y la mesa de votación, como así también el orden en el que figura en el padrón. De esta forma, destacó la Cámara Nacional Electoral al realizar el anuncio, se podrán “evitar demoras el día del comicio”.

También, consignó la CNE, la consulta se podrá realizar de manera telefónica a través del 0800-999-7237 (padrón) o en el Juzgado Federal local donde funciona la sede de la Secretaría Electoral distrital.

El próximo 9 de agosto las ciudadanas y los ciudadanos de todo el país deberán concurrir a las urnas para participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las que se definirán lxs candidatxs que, por cada espacio político, competirán en las elecciones generales del 25 de octubre.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó las listas -ver abajo- que buscarán poner su boleta en las generales de octubre. Entre las registradas -hasta el momento- no se encuentra la del ex intendente Rodolfo Lopes, quien viajó a La Plata a resolver algunas “formalidades” en el orden de lxs integrantes que no respetaba el cupo femenino y pretendía competir con las impulsadas por el diputado Marcelo Feliú y el titular de ARBA Iván Budassi. Tampoco fue autorizada la precandidatura de Hernán González Bécares en el massista UNA, se le había señalado la falta de un concejal/a suplente y la presencia de una candidata menor de 25 años.

Por otro lado, la Cámara Nacional Electoral aprovechó para reafirmar que “todos los documentos son válidos para votar, siempre y cuando sea el último ejemplar”, con lo cual “no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral”.

Según se desprende del padrón definitivo, en todo el país estarán habilitados para votar en el marco de las PASO nacionales un total de 32.064.323 ciudadanxs. Los distritos con mayor cantidad de sufragantes son la provincia de Buenos Aires con el 37,01 por ciento del total, Córdoba con el 8,68 por ciento, Santa Fe que representa el 8,36 por ciento y la ciudad de Buenos Aires con el 7,95

Las listas de Bahía Blanca completas:

UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) / LINEA RENOVADORA

FRENTE POPULAR / PROTAGONISMO Y PARTICIPACION

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES / UNIDAD 2U

FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES / RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE 1 A

FRENTE PARA LA VICTORIA / LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER 6

FRENTE PARA LA VICTORIA / LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER 4

CAMBIEMOS BUENOS AIRES / 1 A AMARILLO

CAMBIEMOS BUENOS AIRES / 300 A ROJO

PROGRESISTAS / IGUALDAD Y DECENCIA

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES/ UNIDAD

La precandidata a diputada para el Parlasur por el PTS-FIT, Andrea D’Atri, visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM De la Calle y se refirió a la agenda de demandas del movimiento de mujeres trabajadoras, la necesidad de expresión política del #NiUnaMenos y la falta de respuestas estatales contra la violencia machista.

Sobre el parlamento del Mercosur, D’Atri afirmó que “la expectativa no es mucha” porque “la integración latinoamericana en manos de los gobiernos nacionales que hay en la región ha sido puro discurso” y que “se crea más casta política, el cargo implica unas dietas escandalosas para cada uno de los diputados”.

Acompañada por la precandidata a concejala Daniela Rodríguez, la fundadora de Pan y Rosas repasó los orígenes de la agrupación de mujeres con perspectiva de clase integrada por tres mil militantes en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, México, España y Alemania. La organización “pelea por los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, el derecho de las mujeres trabajadoras pero también con una perspectiva socialista, es decir, anticapitalista”.

A poco más de un mes de la histórica movilización nacional #NiUnaMenos contra los femicidios, D’Atri destacó la masividad de la denuncia y que “al día siguiente se multiplicó mil por ciento la cantidad de denuncias por violencia de género en el Consejo Nacional de la Mujer. (…) Es decir, que las mujeres que sufren violencia hayan sentido que no estaban solas, había miles, decenas de miles, centenares de miles en todo el país que acompañaban su reclamo”.

Por otro lado, por su composición social, por la participación de mujeres y hombres, por la relevancia que tuvo la convocatoria en la cotidianeidad de sus adherentes y su participación activa, para la lic. en psicología #NiUnaMenos abrió “reflexiones sobre el machismo, ¿soy o no machista? ¿en qué lo reproduzco? ¿cómo trato a mi compañera?”.

“Creo que refleja un proceso más profundo que no solamente tiene que ver con la violencia. Fue una manifestación que demostró un cierto hartazgo con ciertas condiciones de vida que implican las mujeres que mueren, una cada treinta horas asesinada, una mujer que muere por día aproximadamente por las consecuencias del aborto clandestino, que la mayoría de la población viva en situación de precarización laboral que también es una forma de violencia, el 43 por ciento de las mujeres que trabajamos lo hacemos en situación de precarización laboral, un índice altísimo después de más de diez años de un gobierno que pretende enarbolar las banderas del pueblo trabajador”, comentó.

La manifestación “expresó algo más que el problema de los femicidios” y fue “la necesidad de expresión en la política de la voz del #NiUnaMenos”. Por ello, D’Atri subrayó la conformación del listado de aspirantes a la legislatura porteña invirtiendo el cupo e integrándola con el 70 por ciento de mujeres.  “Es la primera vez en la historia institucional de Argentina donde una lista invierte el cupo femenino que es una ley de 1991 porque hasta ese entonces las mujeres casi no existían en las listas de los partidos”, dijo.

Finalmente detalló algunos aspectos del Plan de Emergencia para mujeres víctimas de violencia machista, propuesto por el diputado y precandidato presidencial de su espacio, Nicolás del Caño: creación de refugios, créditos a tasa cero del Banco Nación, licencias con goce de sueldo para las trabajadoras y licencia para las estudiantes con derecho a pedir profesorxs a domicilio.

“También plantea de dónde sacar el dinero, tocar los intereses de los grandes grupos inmobiliarios, de las grandes empresas” con un impuesto, explicó y concluyó: “No es acabar con la violencia contra las mujeres, pero es un paliativo fundamental para quien está atravesando ese límite en el cual si no abandona esta noche su casa, puede ser mañana un nuevo caso de femicidio”.

Escuchá la entrevista completa:

El ex fiscal general Hugo Cañón sostuvo, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, que la  marcha promovida ayer por “la corporación judicial” significa “una disputa de poder” impulsada por “un poder concentrado y endogámico como es el judicial, que se quiere autogobernar y quiere mantener un status quo que viene de hace muchos años sin ningún tipo de posibilidad de oxigenación”.

Lo demuestra el discurso del titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Ricardo Recondo. “Él pertenece al riñón de esa corporación judicial tradicional. Él fue funcionario como secretario letrado de la Corte en la época de la dictadura militar. Fue secretario de Justicia en la época de Alfonsín. Luego fue asesor del ministro de Justicia de Menem, Oyhanarte, que duró sólo tres meses, pero fueron tres meses en los que se dictó el indulto. Y él, como camarista en la actualidad, también ha exhibido la parálisis del poder judicial en relación al tema de la Ley de Medios, por ejemplo”, continuó.

Acerca de la campaña de reivindicación del juez apartado Luis María Cabral, Cañón dijo que “todo esto tiene que ver con mantener un ocultamiento en el manejo interno del Poder Judicial. El doctor Cabral entró en el año 1993 en el Tribunal Oral Nº 9 de Capital Federal a dedo por indicación del juez Madueño de la Cámara Nacional de Casación Penal y a los tres días asumió porque la corporación judicial funciona de esa manera”.

“Ahora, cuando sale la Ley de Subrogantes que establece un mecanismo institucional y a pedido de la propia Cámara de Casación se propone que se designe como corresponde legalmente a un subrogante en ese lugar que ocupa Cabral, se genera toda esta reacción colectiva que tiene que ver, insisto, con esa corporación judicial que se auto defiende para mantener el privilegio de autogobernarse. No se quiere democratizar”.

Además, Cañón afirmó que la AMFJN, es manejada “como un lugar que es un club social. Yo soy socio desde el año 1986 cuando asumí como fiscal pero nunca utilicé los servicios de privilegio que tienen en lugares de tiro al blanco, de prácticas para hacer vuelos. Es toda una élite que me hace acordar mucho también a esas élites de los militares cuando se auto manejaban con una inmunidad que no era alcanzada por todos los demás sectores que integran la sociedad argentina”.

En casa de juez…

“El caso de la prolongación de Fayt, desconociendo la Constitución con una resolución de la propia Corte que anula la clausura de los 75 años, demuestra la actitud corporativa. Por otro lado, hay una ley que establece que paguemos impuesto a las ganancias y la misma Corte establece que no pagamos los impuestos a las ganancias porque también es una élite privilegiada la pertenencia a este poder judicial”, ejemplificó en torno de la actitud corporativa de sendos sectores judiciales.

En el caso de la movilización y acto de ayer, “se pone como excusa que haya un procedimiento que desconoce las facultades que ellos tenían y siguen teniendo para poder atacar a una ley. En Bahía Blanca siempre la lista de conjueces la elaboró la Cámara Federal y la elegían a dedo. Tomaban la lista del Colegio de Abogados y en una relación de afinidad componían la lista a dedo. Así salió Pontet designado en Bahía Blanca. Ahí no se hacían olas porque se manejaba dentro de la corporación judicial. Cuando hay una ley transparente que establece un mecanismo de propuestas que pasa por el Consejo de la Magistratura, luego va al Poder Ejecutivo quien lo remite al Senado, puede ser objetado en el Senado y de esa lista surgen las designaciones, se arma este escándalo público que, en última instancia insisto, es una movida política”.

Montezanti: paradigma de la corporación

El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra el próxima 25 de agosto.

Consultado por el rol del ex PCI en el ámbito de la justicia, Cañón sostuvo que “si hablamos de corporación judicial, el caso Montezanti es un caso paradigmático. Un personaje que ha estado vinculado a la dictadura, que fue agente de inteligencia, que además tiene denuncias de los gremios por atropellos a los empleados, que desconoció un fallo del Tribunal de Trabajo que ponía a los trabajadores en el lugar que le correspondía y por la que la Corte tuvo que ordenarle a la Cámara que acatara la resolución judicial, es una persona que merece que se ponga bajo la lupa del Consejo de la Magistratura”.

“Bahía Blanca merece tener una justicia que no esté trabada y que esté manejada como lo está en este momento por sectores vinculados al poder real”, finalizó.

La Corte Suprema ordenó que se respete la decisión de un paciente para suspender medidas que desde hacía veinte años prolongaban artificialmente su vida. Se trata de Marcelo Diez, quien falleció horas después de difundirse el fallo que confirmó una decisión del Tribunal Superior de Justicia neuquino. Diez sufrió un incidente automovilístico y se encontraba postrado desde 1995.

El máximo tribunal realizó además consideraciones relevantes sobre los derechos de lxs pacientes y remarcó que, como regla, deben evitarse judicializaciones innecesarias de decisiones relativas al cese de prácticas médicas.

“Desde hace más de veinte años no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante estímulos verbales y tampoco responde ante estímulos visuales. Carece de conciencia del medio que lo rodea, de capacidad de elaborar una comunicación, comprensión o expresión a través de lenguaje alguno y no presenta evidencia de actividad cognitiva residual. Dado su estado, necesita atención permanente para satisfacer sus necesidades básicas y es alimentado por una sonda conectada a su intestino delgado”, señalaron las pericias que ratificaron “el carácter irreversible e incurable de su situación”

El paciente no había brindado ninguna instrucción formalizada por escrito respecto a qué conducta médica debía adoptarse en una situación como la que se encontraba, sin embargo, le había manifestado a sus hermanas que, en la eventualidad de hallarse en el futuro en esta clase de estado irreversible, no era su deseo que se prolongara artificialmente su vida. Por ello, sus hermanas pidieron la suspensión de las medidas de soporte vital que se le suministraron por dos décadas.

En el fallo, la Corte Suprema consideró que la Ley de Derechos del Paciente contempla la situación de quienes, como Diez, se encuentran imposibilitadxs de expresar su consentimiento informado y autoriza a sus familiares a dar testimonio de la voluntad del paciente respecto de los tratamientos médicos que éstx quiere o no recibir.

Además, aclara que no se trata de eutanasia, que la ley autoriza solicitar el cese de la hidratación y alimentación artificial en tanto constituyen una forma de tratamiento médico y que “es indiscutible” que los derechos fundamentales de Marcelo Diez debían ser protegidos sin discriminación alguna y que, por ello, gozaba del derecho a la plena autodeterminación de decidir tanto recibir las necesarias prestaciones de salud como también cesar su tratamiento médico.

“La única voluntad que debe tenerse en cuenta es la del paciente”, escribieron lxs ministrxs y agregaron que “a ningún poder del Estado, institución o persona distinta” a Diez le correspondía decidir si su vida merecía ser vivida. “En este supuesto, sus familiares sólo pueden testimoniar, bajo declaración jurada, la voluntad del paciente. Por lo que no deciden ni ‘en el lugar’ del paciente ni ‘por’ el paciente ni ‘con’ el paciente sino comunicando cual es la voluntad de este”.

La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la puesta en posesión -no de la subrogancia- del juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca. El acto efectuado por el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Daniel Candis, fue para el máximo tribunal “una clara intromisión” en los poderes que tiene “como titular del Departamento del Gobierno Federal”.

Días atrás la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, explicó a FM De la Calle que luego de la designación de Ramos Padilla “le comuniqué personalmente por oficio” al presidente de la Cámara, Néstor Montezanti, y que Candis anunció el acto con dos días de anticipación. “Ramos Padilla no necesita juramento porque ya es juez de la Constitución con acuerdo del Senado y ya juró cuando fue puesto en posesión en el juzgado federal de Dolores, la Cámara avisó que estaba anoticiada y que iba a concurrir pero luego no fue, estaba presente el dr. (Santiago) Martínez y otros funcionarios y personal del juzgado”.

La Corte Suprema no esperó la existencia de un “caso judicial” para poder pronunciarse sobre la nueva Ley de Subrogancias, que pone en el Consejo de la Magistratura la designación de jueces y juezas subrogantes.

Fue a través de la Resolución 1945/15, firmada en el acuerdo de este martes por lxs ministrxs Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Ayer Lorenzetti recibió a presidentes de las cámaras federales en el marco de una nueva movilización en defensa de la “independencia judicial” y del ex camarista de Casación Luis Cabral.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, aseguró desde el escenario que “por ahí” andaba Ulpiano Martínez, uno de los artífices de la impunidad de los civiles del terrorismo de Estado en Bahía Blanca cuya subrogancia no fue renovada por la Magistratura.

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Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional concluyen esta noche un paro por 48 horas en el marco de un plan de lucha ante la falta de respuesta de las autoridades de la emisora pública a las demandas salariales y por mejoras en las condiciones laborales.

El delegado de base y secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Carlos Saglul, comentó en diálogo con el programa Tarde Piaste de FM De la Calle, que la paritaria se caracteriza por maniobras dilatorias: “Fuimos a nada menos que cuatro audiencias donde la empresa no hizo ninguna propuesta. Imaginate que se hacen en Buenos Aires donde vienen compañeros de todo el país, es una falta de respeto ser citados a una reunión paritaria que no es tal porque la empresa no hace ninguna propuesta, no sé si es para desgastar o qué”.

Tras cuatro intentos fallidos la asamblea decidió iniciar la medida de fuerza e insistir este miércoles con las demandas. “La responsabilidad del paro, tiene que quedar en claro a los oyentes porque no nos permiten por primera vez difundir ni un comunicado, que no nos corresponde a nosotros que hemos tenido mucha paciencia y somos los que hemos mantenido históricamente la radio más allá de los funcionarios de turno”.

Saglul explicó que “hay una serie de problemas que para nosotros son muy graves como la situación irregular del personal contratado, no solo en Radio Nacional Buenos Aires, es más grave en el interior del país, en condiciones de irregularidad absolutas. Por otro lado, has tenido un gran número de concursos durante estos últimos meses pero los criticamos por la falta de transparencia”.

“Primero porque no sirve para que ingrese toda esta gente que está trabajando en la radio realmente y, por otro lado, no tienen control gremial, quien hace de jurado son tres o cuatro gerentes que bien podrían ponerse de acuerdo al no existir una auditoría de tipo gremial, no te asombres que haya amigos, familiares, primos, sobrinos y no realmente quienes  necesita la radio pública”, agregó.

El dirigente aclaró que el problema excede al Sindicato de Prensa y responde a una decisión de la dirección encabezada por Tristán Bauer, María Seoane y Vicente Muleiro de no recibir a ningún gremio. “Es como que los trabajadores no existieran, tienen un discurso muy piola al aire, nacional y popular, pero por dentro la otra cara es que ni siquiera reciben a los sindicatos. Es como que los trabajadores no tienen ni voz ni voto, nosotros somos delegados de base, no somos burócratas”.

Por último, Saglul informó que en la última asamblea fueron declarados personas no gratas lxs comunicadorxs Cinthia García, Roberto Caballero y Ari Lijalad: “Nos pareció una conducta muy reprobable el hecho de que el paro se iniciaba el lunes a las seis de la mañana y vinieron el domingo a la madrugada para simular que la radio está al aire. Muchos dicen que se debían a la audiencia y por eso lo hicieron, es estafar a la audiencia decir ‘esta mañana’ cuando vos no estás en el aire”.

“Por otro lado, si te debés a la audiencia es absurdo, porque es considerar que hay una sola radio en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina donde vos podés informarte. Estos comunicadores están además en varios medios donde podrían salir tranquilamente. Esta actitud es de rompehuelgas, no se puede justificar de ninguna manera, por eso la criticamos con dureza y también con dolor porque de alguna manera se trata de compañeros que, si bien al ser conductores cobran salarios o contratos mucho más altos, son compañeros, son periodistas”.

“Son como 100% Lucha, hacen que se pelean hacia afuera, adentro negocian todo y comparten los mismos grupos de poder”, dijo el precandidato a presidente por el MST Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, en referencia al Frente para la Victoria y el Pro.

El legislador porteño visitó ayer los estudios de la FM De la Calle junto al precandidato a intendente Héctor “Pily” Zaris y Teresa Cuevas, quien encabeza la lista para disputar una banca del Concejo Deliberante.

“Creo que hace falta gente que tenga a la agenda social en primer lugar. Vemos candidatos que se están intentando fortalecer a partir del enorme flujo de dinero de las corporaciones y del gobierno. Me estoy refiriendo a Macri y Scioli, que son candidatos de las corporaciones, no van a trabajar para solucionar la enorme brecha social que existe en nuestro país”, aseguró Bodart.

Agregó que pretenden “sacar al millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian de esa situación” y “discutir cómo hacer para que el joven que trabaja no lo haga en condiciones de precarización extrema como ahora”, además del “82% móvil para los jubilados, el desempleo y la necesidad de proteger a todo trabajador para que no se quede sin su fuente laboral”.

Para el precandidato se debe debatir “de dónde sacar el dinero para solucionar los problemas sociales” porque los hospitales y las escuelas “se caen a pedazos” y “prácticamente la vivienda se ha transformado en un objeto inalcanzable”.

Una fuente de recursos surgiría del análisis de la deuda externa: “Queremos discutir si hay que seguir pagando o hay que investigar para ver realmente qué de esa deuda es legal, qué llegó al pueblo y que no, estamos convencidos que la mayoría no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo es una especie de collar de melones que tenemos desde la vuelta de la democracia que nos ha impedido levantar la cabeza como Nación porque todas las riquezas se van afuera”.

Bodart opinó que el gobierno nacional “habla con un lenguaje de izquierda pero los huevos van a parar al mismo lado, por eso termina Scioli siendo el candidato del proyecto nacional y popular, un hombre hijo político de Menem. Uno de los problemas que vemos en el país es que se polarice entre Scioli y Macri porque son dos gotas de agua con estilos distintos, pero dos personeros de las corporaciones, de los grupos de poder”.

El legislador que encabeza la propuesta presidencial del MST junto a Vilma Ripoll, quien también peleará por la gobernación, apuntó contra el extractivismo “en un país donde han avanzado las  corporaciones, se le ha permitido de tal forma que en la cordillera con cianuro nos contaminan el agua para sacar oro, en el campo los agrotóxicos están contaminando a poblaciones enteras con el glifosato, en el sur y en todas las zonas petroleras nos están contaminado con el fracking, en las ciudades con la cementación, hay un desastre ambiental que tiene que ver con facilitarle ganancias rápidas a las corporaciones”.

“Son como 100% Lucha, hacen que se pelean hacia afuera, adentro negocian todo y comparten los mismos grupos de poder, en transporte los mismos grupos económicos que trabajan con el gobierno nacional trabajan con el gobierno de Macri en la Ciudad; en el negocio inmobiliario el que hace Procrear, que es el Banco Hipotecario, es el mismo que hace los shoppings en la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció.

El próximo 25 de agosto el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra.

Precisamente se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.

Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”.

Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.

La citación del camarista fue impulsada por el secretario de Justicia Julián Álvarez y acompañada por lxs legisladorxs Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes prefirieron abstenerse.

El dictamen aprobado por la comisión advierte que “la vinculación del dr. Montezanti con el terrorismo de Estado no ha culminado con el advenimiento de la democracia siendo que éste se encuentra relacionado –en la actualidad- con muchos de los que participaron del plan genocida, acuerda con la ideología y el accionar desplegado por los represores así como resulta evidente la réplica que ha efectuado de la matriz militar en los distintos ámbitos en los que se ha desempeñado”.

Esto es abonado por su permanente “utilización de terminología castrense”, la prohibición de circulación de empleadxs en los pasillos del tribunal, la implementación de medidas de avance sobre la autonomía de la Fiscalía cuando aún era su titular Hugo Cañón y la organización de un sistema de “espionaje” a fin de controlar e investigar a lxs empleadxs y/o funcionarixs de la Cámara Federal.

Además, el Consejo evalúa el perfil autoritario del camarista hacia sus subordinados y alumnxs de la Universidad Nacional del Sur, la notable intolerancia del magistrado respecto a las organizaciones políticas de izquierda y a la actividad social y su estrecha vinculación con personas sindicadas como autores y partícipes de delitos de lesa humanidad como los imputados Hugo Sierra y Francisco Bentivegna, ex secretario judicial federal y juez provincial respectivamente.

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El ministro de la Producción bonaerense confirmó que analiza un proyecto de explotación carbonífera en miles de hectáreas del sur provincial. Lo hizo ayer en una reunión con el legislador Ricardo Vago.

El diputado socialista dijo a FM De la Calle que durante el encuentro el funcionario de Scioli “confirmó la existencia del pedido de prospección y cateo para la cuenca de Claromecó por 600 mil hectáreas”.

Frente a esto, sostuvo que expresaron sus diferencias y entregaron firmas que avalan la “inconveniencia del método de prender fuego bajo tierra el carbón, ya que queda permanente encendido y va generando Syngas, que sirve, por ejemplo, para el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Los gases que genera se pueden diluir dentro de los acuíferos y el agua pasa a ser envenenada”.

A su vez, el dirigente del FAP también verificó que las firmas involucradas son Delmo Patricios,  Claromecó Energy y Delpo PTY, todas de origen australiano. El Código de Minería autoriza sólo 200 mil hectáreas por razón social y el área a explotar sería de 600 mil. Esto hace sospechar acerca del vínculo existente entre las distintas empresas. El Ministerio expresó que les pidieron que demuestren que no se trata de los mismos socios.

Para Vago, “antes de autorizarse el cateo tiene que informarse y debatirse en audiencias públicas con los distritos de las comunidades afectadas”.

Por otra parte, también preocupó al referente político que “afirmen que no hayan mirado las páginas donde las empresas dicen que ya tienen en explotación las hectáreas y que piensan instalar una usina”.

De esta forma, el ex intendente de Bahía Blanca, sin brindar mayores informaciones, confirmó que la explotación a través de métodos contaminantes de la Cuenca Claromecó es parte de las medidas que analiza en su planificación política.

A través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron estudios sobre la potencialidad de la cuenca en cuanto a la explotación del carbón.

Finalmente, el dirigente del PS aseguró que Cristian Breitenstein afirmó que “se evalúa la posibilidad de utilizar el carbón para generar energía o para realizar un gasoducto con destino al Polo Petroquímico de Bahía Blanca”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación recibió ayer a 16 dirigentes del acampe QOPIWINI. Durante la madrugada, más de cien efectivos de la Policía Federal habían impedido un corte que realizaban integrantes de las comunidades qom, wichí, nivaclé y pilagá, quienes acampan desde hace cuatro meses exigiendo diálogo con la presidenta y la restitución de sus territorios.

El dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, participó de la reunión presidida por el dr. Marín Fresneda.

“Pudieron exponer de una claridad meridiana y un respeto del que tenemos que aprender. Fueron dos horas y media o tres de reunión”, dijo el militante a FM De la Calle.

Por otra parte, la Secretaría asumió el “compromiso de que el miércoles que viene a las 10 de la mañana Martín Fresneda va a dar respuesta a los puntos en los que todos los hermanos plantearon por qué está el acampe ahí”.

“Si no hay resolución de la restitución territorial, el respeto a la consulta ante cualquier obra que se haga en territorio originario y sobre todo que termine el hostigamiento por medio de causas judiciales, (…) no se puede seguir hablando”, aseguró en referencia a los principales ejes expuestos.

No es la primera reunión en que un funcionario recibe a dirigentes de pueblos originarios. El último antecedente fue en mayo de 2011 cuando el Ministro del Interior y Transporte comenzó una mesa de diálogo. Según Pimentel, “no se cumplieron ninguna de las actas firmadas por Florencio Randazzo”.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, en diálogo con FM De la Calle aseguró  que el organismo está avanzando en la cobertura de tres vacantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el análisis de las denuncias presentadas contra su presidente, el ex PCI Néstor Luis Montezanti, y el concurso para designar al titular del Juzgado Federal Nº1 que tiene como aspirantes a Álvaro Coleffi y Santiago Martínez, dos protagonistas del “festival de subrogancias” en la jurisdicción.

“Tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso. Había denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones, un festival de subrogancias sin participación del Consejo de la Magistratura”, advirtió.

Sobre la exoneración de Coleffi, quien intervino en investigaciones contra civiles partícipes en el terrorismo de Estado, manifestó que “nunca vi una cesantía de un secretario en tan poco tiempo” y, por otra parte, calificó como “un despropósito” la participación en “política partidaria” de la Asociación de Magistrados.

Objetivo Bahía Blanca

Respecto de la no renovación de la subrogancia de Santiago Martínez, lograda por el desempate de su voto en el plenario del 18 de junio, explicó que el eje fue plantear “cuál es la función que tiene el Consejo de la Magistratura según la Constitución Nacional. El art. 114 dice que fue creado para asegurar una eficaz prestación de los servicios de justicia”.

Por ello, “cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca nos remite los oficios el 30 de diciembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 referidos a la subrogancias de los dres. Martínez y Pontet, es la misma Cámara (la que) puntualiza que es este Consejo de la Magistratura la autoridad competente para resolver sobre la designación de subrogantes y nos pide una manifestación expresa acerca de las subrogancias prolongadas que había dispuesto la Cámara sin intervención del Consejo. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de decidir”.

“Estudiamos lo que estaba pasando en la jurisdicción, escuchamos a todos los actores, al dr. Santiago Ulpiano Martínez, leímos las numerosas presentaciones que hizo Martínez, los fiscales Palazzani y Nebbia, el consejero académico Daniel Candis fue a la jurisdicción, conversó con la jueza Marrón, con la Cámara, con otros funcionarios, y la verdad que yo tengo 33 años de tribunales y en todos estos años que llevo trabajando no recuerdo que en vigencia de la democracia se haya vivido una situación de tanto conflicto, un conflicto tan prolongado y tan intenso”, repasó.

Vázquez agregó que la intervención del cuerpo que preside fue motivada por esas “denuncias penales cruzadas entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, excusaciones, recusaciones” y el “festival de subrogancias” no soló sin la participación del Consejo sino “designadas incluso por un solo camarista”.

A eso sumó “todo ese desasosiego social que hemos visto, con movilizaciones masivas y, como corolario y consecuencia, la demora y las incertidumbres en las causas de lesa humanidad que la Corte Suprema nos ha ordenado a todos los jueces y juezas que debemos sustanciar sin demoras” y los compromisos internacionales para garantizar el derecho humano de acceder a la justicia.

Luego se refirió a la cesantía  “en tiempo record” de Álvaro Coleffi, subrogante en las causas contra los represores civiles Vicente Massot, Hugo Sierra y Aldo Vara. “Tengo entendido que el funcionario Coleffi pidió una reconsideración en la Cámara Federal de Bahía Blanca que nunca le fue proveída, nunca le contestaron. Incluso hay miembros de la Cámara con denuncias hechas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en lo concreto respecto del juez Montezanti“.

Otros pedidos de juicio político contra el camarista fueron motivados por sus supuestos vínculos con la Triple A -fue comprobada judicialmente su presencia junto a la patota parapolicial en una toma universitaria en 1974-, su pertenencia al Batallón 601 del Ejército como Personal Civil de Inteligencia y su más reciente intervención en la exoneración de Coleffi tras reasumir, sin motivo justificable, funciones para las cuales estaba excusado.

Vázquez evitó hacer consideraciones sobre imputaciones que deberá analizar como consejera y se limitó a informar que “estamos sustanciando las denuncias que se realizaron”, que el camarista ya fue notificado y que la Comisión de Acusación y Disciplina debe decidir si lo cita o no a “una suerte de indagatoria en un proceso disciplinario”. Este último punto fue incluido en la orden del día que la Comisión tratará este jueves.

La presidenta del Consejo de la Magistratura afirmó a FM De la Calle que apuntan a cubrir las tres vacantes de la Cámara Federal – “ese concurso está en trámite y pronto se van a enterar cuál es la fecha de la prueba”- y que antes se resolverá la titularidad del Juzgado Federal Nº1, para lo cual resta una audiencia para “conocer” a los postulantes y pedirles opinión “sobre temas importantes que hacen a la comunidad, a la sociedad y al Derecho”.

Disputa política

Durante la primera parte de la entrevista, la dra. Gabriela Vázquez explicó lo actuado por el organismo en el caso de Luis Cabral, el juez ordinario al que no se le renovó la subrogancia en la Cámara de Casación Penal, acto que motivó la reacción de factores del poder judicial, político y mediático que denuncian al gobierno nacional por atacar la “independencia judicial” y “la república”.

Para la funcionaria, Cabral “no debió ser designado en la Casación porque no se hizo el sorteo, fue a dedo y ni siquiera entre los jueces que estaban llamados a ocupar ese lugar” y tampoco cumplía el servicio de justicia: “Era una sala que estaba produciendo muy poquito, este año sacaron 305 sentencias mientras que la Sala III donde había otro subrogante sacaron 958 y en la Sala IV del dr. Borinsky, que fue ratificada su designación, sacó 1177”.

Ante la convocatoria de la Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados a concentrarse “en defensa de la Constitución” el próximo 7 de julio, la presidenta del Consejo opinó que es “un despropósito” y que “los jueces y las juezas no debemos participar en política partidaria”.

“Me parece que la Asociación de Magistrados, sin el aval de la Lista Celeste a la que pertenezco, está haciendo reuniones con partidos políticos, se está metiendo en política partidaria y eso es un temperamento que no corresponde a los jueces y las juezas. Si bien tenemos ideologías -si no, no seríamos personas- y además diseñamos políticas públicas y las llevamos a cabo conjuntamente con otros poderes del Estado, no podemos de ningún modo intervenir en política partidaria como está haciendo la Asociación de Magistrados en este momento, sacándose fotos en febrero con Sergio Massa y hace dos días con todos los diputados de la oposición al oficialismo”.

La QOPIWINI (organización que nuclea a los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) definió realizar anoche una fogata cortando Avenida de Mayo y 9 de Julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del acampe instalado hace cuatro meses en búsqueda de diálogo con la presidenta Cristina Fernández.

El qarashe qom Félix Díaz dijo a FM De la Calle que “la policía pidió que se abriera media calzada. Se hizo. Los hermanos subieron a la vereda del acampe. Fue como a las tres de la mañana”.

Sin embargo, pese a liberar el espacio, “la policía decía que salgan de la vereda que si no les iban a secuestrar los equipos de sonido que nos prestaron anoche, o si no iban a llevar detenidas a las personas que no querían salir. Ahí avanzaron más policías, más carros de asaltos, antimotines. Era una cantidad bastante importante. Cientos de policías”.

Con el paso de las horas se acercaron al lugar diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. “Por suerte la comunidad capitalina ha respondido bastante. La policía en este preciso momento se retiró”, aseguró Díaz.

Sobre las diez y media, cuando los efectivos policiales se retiraron, estaban presentes, entre otrxs dirigentes, Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza).

Luego de este reclamo, Díaz informó que serían recibidos a las 14 por el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda “para pedir que interceda en el diálogo con la presidenta”.

La jefa de Estado, hasta el momento, se negó a recibir a los dirigentes de los pueblos originarios luego de reiterados pedidos de audiencia.

La Comisión Directiva provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) definió un paro para hoy. “El sábado 27 fue el día del trabajador estatal. En la provincia de Buenos Aires llevamos conflictos cada año porque no sabemos si va a ser asueto o no, porque el gobernador firma el decreto a último momento, de forma tal que la gente no se entera que puede tomarse el día pese a que está otorgado”, dijo a FM De la Calle el subsecretario interior zona sur de la organización, Gustavo García.

Este año el día de reconocimiento laboral “cayó sábado y tampoco tuvimos respuesta en cuanto a trasladarlo al día lunes para que la gente puede festejar su día con un asueto. Por eso desde la comisión directiva se tomó la decisión de tomarlo igual el día mediante una medida fuerza”.

Por otra parte, para tranquilidad de afiliadxs a esta organización, el dirigente aclaró que “las presentaciones legales están todas cumplimentadas en tiempo y forma”, de manera que el paro se enmarcaría en un derecho constitucional, por lo que no debería haber descuentos.

 

“El Ministerio de Trabajo de Nación ratificó el acuerdo salarial para el sector de trabajadorxs de Gas y Petróleo. El convenio consta de un 28 % de aumento  (en rigor, menos porque es un 16 % en mayo y el 12 restante en octubre). También se modificaron las categorías que implica un 3 % más, una suma fija de $ 2000 en septiembre, una modificación en el pago de las horas en días feriados”, dijo a FM De la Calle el Secretario General del Sindicato de del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo.

A su vez, el dirigente gremial aclaró que en “lo que no hubo acuerdo, pero allí va a trabajar el Ministerio, es que en caso de accidente de trabajo los muchachos no pierdan el cobro de la vianda diaria”.

Para el día de hoy ya deberían normalizarse todos los servicios vinculados al sector, incluso el abastecimiento de garrafas.

“Hace trece años que no tenemos justicia y los responsables políticos de los asesinatos de Maxi (Kosteki) y Darío (Santillán) siguen estando impune” dijo a FM De la Calle Vanina Kosteki, hermana de una de las víctimas de la masacre de Avellaneda.

“En este año en particular tenemos que lamentar de que sean candidatos a gobernador tanto Solá como Aníbal Fernández. Es muy lamentable que los responsables políticos se sigan reciclando y los gobiernos, tanto de Cristina como en su momento el de Néstor, sigan defendiendo y apañando a los funcionarios responsables de la masacre. Desde Duhalde hasta el último responsable de la SIDE que era Soria”, expresó.

Respecto del rol de la justicia, Vanina informó que siguieron presentando “peticiones para investigar. Lo último que hicimos fueron las cadenas de mando y saber quiénes son los que dieron las órdenes para reprimir. Hemos pedido las escuchas y las respuestas siempre han sido negativas”.

A su vez, “ahora ha asumido una nueva fiscal. Nos reunimos la semana pasada con la procuradora general Gils Carbó, y nos ha prometido tratar de tener un diálogo con la fiscal para poder avanzar. Pero nosotros vemos que no hay interés de seguir avanzado”.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido efectuado por el Consejo de Defensores Generales provinciales en el que solicitan revisar la situación de superpoblación en cárceles y comisarías. En una presentación, la funcionaria reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.

La Defensora Graciela Cortazar dijo FM De la Calle que “esta fue una presentación que hicimos intentando en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, llevar esta realidad que estábamos viendo de superpoblación carcelaria para ser tratada en el marco de aquel habeas corpus que lleva el nombre de Horacio Verbistsky. Hace muchos años la Corte de la Nación, ante una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le ordena a la provincia de Buenos Aires que revea, no solamente las políticas carcelarias, sino también la cuestión normativa, y demanda a los jueces no utilizar excesivamente la prisión preventiva. El relevamiento que se había hecho por entonces ponía en severo riesgo de responsabilidad institucional por violación a los derechos humanos a la nación Argentina”.

En esa oportunidad, “lo que hizo la Corte de la Provincia de Buenos Aires fue dejar abierto el habeas corpus del CELS en lo que significaba cumplir con lo que la Corte de la Nación había dicho. Algunas cosas se hicieron”.

Sin embargo, Cortazar expresó que “a lo largo de estos años, después de un primer momento en donde hubo una modificación legislativa favorable y alguna merma en la cantidad de población carcelaria, luego de este primer momento, todo volvió a ser peor”.

Ante esta situación verificada por las defensorías, realizaron la presentación ante “la Corte de la provincia para que vea como desde aquel caso Verbitsky, y no solamente que nada cambió sino que las cosas han empeorado. Un poco en sintonía con lo que ahora planteó la Comisión Provincial por la Memoria”.

La defensora explicó que finalmente la corte provincial respondió que “el fallo Verbistky ha sido cerrado y ustedes tienen que ir por la vía ordinaria en lugar de una acción colectiva”.

Frente a la negativa, “nos fuimos a la corte de la Nación y ahí surge este dictamen (de Gils Carbó) que nos llena de muchísima esperanza porque lo que hace es ordenarle a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) que se aboque a analizar que esta acción colectiva y resuelva verificar qué es lo que está pasando nuevamente en la Provincia de Buenos Aires con los lugares de encierro”.

En el distrito que ocupa a la Defensoría ubicada en Bahía Blanca “tenemos un observatorio”. Allí se constata que “las únicas intervenciones que el Estado hace es en realizar más espacios para alojar gente. Es cierto que la provincia está interesada en que no se produzcan violaciones o falta de atención de derechos en las cárceles y comisarías. Pero lo cierto también es que, en la medida que los jueces y los legisladores sigan produciendo resoluciones que lleven al encierro, no vamos a poder encontrar una solución porque la superpoblación nos va a volver a superar en estas intenciones de no afectar los derechos de las personas. Lo que hay que bajar son los niveles de prisionización”.

Según Cortazar, “hay que buscar alternativas. El encierro preventivo debe ser usado ocasionalmente y aquí se lo usa como regla. Y esto no solamente es una afectación de los derechos sino que es generadora de reincidencia (delictiva). En este sentido me parece que el Estado se está equivocando reincidiendo en la idea de encerrar como respuesta al conflicto penal”.

José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, analizó el proceso político que derivó en el pedido de pase a retiro de César Milani como jefe del Ejército, aceptado por el gobierno argentino.

“Que renuncie Milani siempre es una buena noticia. No hay una información trasparente de qué es lo que pasó. Lo concreto es que renunció. Sea cual sea la razón, no lo sabemos, como tampoco nunca supimos por qué se empecinaron en defenderlo contrariando lo que había sido durante diez años una conducta que era ‘militar impugnado, militar que no seguía ascendiendo’. Su carácter de hombre de inteligencia estuvo presente en todo su mandato y parecería que va también a sellar su retirada”, afirmó el dirigente.

Schulman destacó que “nadie podría despegar la resistencia de los familiares, los abogados de La Rioja, la parte del movimiento de derechos humanos, de su renuncia. Es indiscutible que si Milani no hubiera sido impugnado y no hubiera seguido la resistencia después que terminó el debate legislativo, hoy seguiría siendo el jefe del Ejército”.

“La otra cuestión es que me parece que el gobierno vuelve a perder otra oportunidad de dar una señal de que quiere producir algún cambio verdadero en el Ejército”, expresó el titular de la LADH refiriéndose a la designación del ex comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ricardo Luis Cundom como sucesor de Milani.

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